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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 126 | Mayo 1992
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Nicaragua

¿Institucionalización del poder de veto sandinista?

Los acuerdos entre el gobierno y los sandinistas, además de buscar una solución realmente nacional, levantan la pregunta sobre quién está más desgastado, si el gobierno de Violeta Chamorro o el FSLN..

Equipo Envío

Abril transcurrió entre sobresaltos. A principios de mes el Ministerio de Salud declaro el estado de alerta nacional ante la propagación del cólera y el peligro de que, varios centenares de nicaragüenses podrían contraer la enfermedad durante las vacaciones de Semana Santa, a consecuencia de los desplazamiento y aglomeración de muchas personas en los balnearios, junto con la falta de higiene y coincidiendo con los días más calurosos del año.

A mediados del mes se declaró otra emergencia nacional por la erupción del volcán Cerro Negro, que obligó al desplazamiento de miles de humildes pobladores de sus cercanías, y lanzó toneladas de arena sobre la ciudad de León, arruinando los planes vacacionales de los leoneses que esperaban lidiar con la arena de mar en la playa de Poneloya y no con arena volcánica en su propias casas.

Estas emergencias pusieron nuevamente de manifiesto los niveles de organización gubernamental y social: el cólera aún no ha ocasionado ninguna muerte; y la evacuación y los cuidados que se facilitaron a los refugiados de la erupción tuvieron lugar de forma ordenada; asimismo, la alimentación y requerimientos básicos de los desplazados se analizaron de manera relativamente eficiente. Sin embargo, los observadores políticos no pudieron pasar por alto el hecho de que, gran parte de la efectividad en la administración de ambas emergencias, son producto del apoyo prestado al gobierno por la fuerza sandinista organizada o institucionalizada: el movimiento comunal y las brigadas populares de salud en apoyo a la campaña contra el cólera; y el Ejército y la Policía, que asumieron la organización principal en los trabajos de rescate y reubicación de los afectados por la erupción volcánica.

Y a medida que se multiplicaban las protestas públicas y las tomas de pequeños poblados y carreteras por parte de recompas, recontras y "revueltos" en el Norte, también era el FSLN quien intercedía con los recompas o con el gobierno, para evitar que las protestas produjeran muertes y para que las promesas gubernamentales, principalmente con respecto a la tierra, fueran cumplidas.

El FSLN, al asumir la defensa del orden político insistiendo en el recurso al diálogo se convirtió en los hechos en el principal sostén del gobierno. Pero para sorpresa de muchos observadores, la Asamblea Sandinista en su conjunto, en reunión extraordinaria a finales de marzo, dio su aval a la Dirección Nacional para negociar acuerdos específicos y generales con el gobierno con el fin de fomentar la estabilidad nacional, mediante la creación de mecanismos institucionales en los que las decisiones serían tomadas por consenso con participación del FSLN.

Un aval desesperado y un co-gobierno evidente

Desde antes, el Gobierno estaba de acuerdo con la necesidad de llegar a entendimiento institucionales son el FSLN, por lo que el aval de la Asamblea Sandinista fue muy bien recibido. Sin embargo, la comisión mixta Gobierno-FSLN aún no existe. En cualquier caso, el Secretario General del FSLN, Daniel Ortega, anunció el domingo 12 en Matagalpa, que su partido está elaborando un plan de modificación a la política neoliberal del gobierno, el que estaba previsto a ser planteado por la Dirección Nacional a fines del mes.

Asimismo, Ortega señaló que un grupo de economistas sandinista preparan una propuesta social y económica que se elevará al Gobierno a más tardar, en los primeros días de julio se admite que ésta propuesta tendrá como objetivo inmediato ajustar las políticas gubernamentales y no será una alternativa total cuya elaboración necesitaría demasiado tiempo y el pueblo nicaragüense no puede esperar.

Ortega también anunció que la propuesta será "un proyecto de envergadura nacional para que sean consultados todos los sectores sociales y económicos de la nación dentro y fuera del sandinismo. Sin embargo, Ortega aseguró que su partido no mantiene una política de co-gobierno, sin o respaldado para contribuir a la captación de recursos que se puedan distribuir entre los diferentes programas sociales.

Algunos observadores consideran que, el FSLN adquiere de este modo un poder de veto en la política económica al participar en comisiones de carácter gubernamental. Esas comisiones, explicó Ortega, controlarían el cumplimiento de los acuerdos nacionales que surjan una vez que el FSLN, en consulta con las fuerzas sociales, presente propuestas de ajuste al plan macroeconómico imperante. Sin embargo, para que el mecanismo funcione, el FSLN debe "poner a un lado la mentalidad partidista", ya que no se está actuando con "la mezquindad de proteger su capital moral y político, sino de acuerdo a lo que hay que hacer para que no se hunda el país y no se siga afectando a los trabajadores".

Aunque Ortega lo niegue, la apariencia de un "co-gobierno" es inconfundible. "¿Porqué no un gobierno, con cargos ministeriales y todo, de una sola vez"?, le preguntó un reportero en una rueda de prensa. La respuesta es que el mecanismos de las comisiones institucionales se presenta como lo más viable y razonable. La noción de co-gobierno no debe ser rechazada, aclaró el Secretario General, pero en las condiciones actuales, ni el gobierno ni el FSLN favorecen esa modalidad de entendimiento.

Doble desgaste: del gobierno y del FSLN

La otra gran sorpresa es que la Asamblea Sandinista en su conjunto, - y no únicamente la deteriorada Dirección Nacional -, decidió, después de dos días de debate intenso en presencia de periodistas, el paso trascendental de "impulsar un diálogo entre el gobierno y todas las fuerzas nacionales, demandando la búsqueda de acuerdos concretos de carácter nacional para orientar la política económica en beneficio de los sectores populares y contribuir con ellos a la estabilidad nacional".

Unas semanas antes, también el Ejecutivo se había pronunciado a favor del diálogo nacional y de "entendimiento", pero al igual que en el comunicado del FSLN, quedaba entendido que el diálogo y los acuerdos son de carácter bilateral, excluyendo a las fuerzas políticas que adversan al gobierno desde la derecha.

La pregunta básica para los observadores es cuál de las dos fuerzas está más gastada y más necesitada de la otra, porque la aparente celeridad y resolución con que ambos marchan al acuerdo tomó a todos por sorpresa.

Los olvidados

Entre tanto, los partidos políticos que integran la alianza electoral que hace dos años triunfó en las urnas, pero todavía sigue denominándose Unión Nacional Opositora tienen su respuesta: los sandinistas nunca han sido oposición sino co-gobierno. Primero, a través del Protocolo de Transición y, ahora, mediante el denominado Acuerdo Nacional. En consecuencia, la UNO amenaza con hacer "verdadera oposición" a la Presidente Chamorro para hacer justicia al nombre oficial de la coalición mientras califica al gabinete de "tecnócrata".

Así lo declaró Wilfredo Navarro, presidente del Partido Liberal Independiente: "La UNO, después de que su Programa de Gobierno fue traicionado, tiene que convertirse en una oposición clara, porque no está en el Gobierno". En realidad, el Presidente de la Asamblea y los diputados de la UNO están en el gobierno, como también lo está el miembro de su partido y Vice-Presidente Virgilio Godoy, pero efectivamente no gobiernan, porque las decisiones y el poder se centran cada vez más en el Ejecutivo y, de manera concreta, en el Ministro de la Presidencia Antonio Lacayo a quien la Presidente tiene confianza ciega. En muchos sentidos, este fenómeno también es atribuible al sandinismo porque la Constitución elaborada por el FSLN es altamente Presidencialista. Además, no es un secreto que existe una fluida comunicación humana y política entre Lacayo y los líderes sandinistas y, especialmente, con el Jefe del Ejército Humberto Ortega.

Por su parte, los líderes de la UNO también llegaron a la conclusión de que el gobierno, si no se somete en cuerpo y alma al sandinismo, llevará al país al caos. Entre estas dos alternativas, la extrema derecha opta por la última que, al menos, no les cierra totalmente el futuro. En Miami, el Vice-Presidente Godoy afirmó que "nadie apuesta a que el gobierno de la señora (Barrios de Chamorro) vaya a llegar hasta el final", pronosticando que, muy pronto, los empresarios "tendrán que contratar guardaespaldas por docenas para hacer frente a una situación caos social".

El acuerdo se impone

Lo que la UNO denomina como "un matrimonio ilegítimo e inmoral" entre el sandinismo y el Ejecutivo, tuvo otra manifestación desagradable para los derechistas cuando se anunció repentinamente el despido del Ministro de Gobernación Carlos Hurtado. El mismo Hurtado aclaró a la Presidente y al público que no se trataba de una renuncia por motivos de salud, como había asegurado Lacayo. Su gran pecado consistió en tomar demasiado literalmente la palabra al Secretario de Estado, James Baker y a la Embajada estadounidense, cuando insistieron en la depuración y re-organización de la Policía, para sustraerla a la influencia sandinista. Apoyado por sus asesores extranjeros, Hurtado había elaborado el plan exigido por Estados Unidos para desmembrar la policía y crear nuevos cuerpos independientes, incluyendo una unidad élite para efectos de inteligencia y lucha anti-droga.

El plan fue presentado como un hecho consumado al Departamento de Estado, al parecer sin la aprobación del Ministro Lacayo. El resultado fue la destitución de Hurtado. Para el Ejecutivo, sin embargo, tampoco se trataba de entrar en contradicción con el Departamento de Estado, sino de proceder a la reorganización del cuerpo policial con modalidades y ritmos que le permitieran maniobrar ante el sandinismo y ante Washington.

Para Lacayo se trataba de comprar tiempo y espacio político a cualquier costo, incluso al punto de establecer un mecanismo consultivo "de facto" con la dirigencia del sandinismo y de declarar en Washington, ante el asombro de los presentes, que el gobierno de la Sra. Chamorro es "una continuación" del gobierno sandinista. "Antonio Lacayo ha ido más allá de los cauces normales y civilizados para defender su tesis de gobierno, y ha caído en la audacia maligna y el descaro contagioso de los comandantes sandinistas" vociferaba desde Miami un ex-columnista de La Prensa.

En efecto, el apoyo sandinista permite al gobierno darse el lujo de relegar políticamente a los partidos de la UNO, especialmente en la Asamblea Nacional, y gobernar al país de manera más coherente, -y casi dictatorial dicen algunos-. Para Lacayo se trata de comprar el tiempo necesario para el repunte de la producción que contempla el plan neoliberal de reactivación económica, en que el gobierno deposita su suerte histórica.

Los confundidos

Todo esto saca nuevamente a relucir el dilema del FSLN. ¿Hasta dónde se puede permitir que un plan económico neoliberal y antipopular tenga éxito? El sandinismo ha logrado que el gobierno se comprometa a aceptar las recomendaciones de técnicos económicos sandinistas, que pretenden paliar los efectos de la política económica. Pero el peligro es caer en la tecnocracia que ya parece empezar a afectar a algunas figuras del sandinismo que defienden demasiadas de las medidas "inevitables" implementadas por el gobierno.

Más difícil es responder a la pregunta acerca de si la política económica neoliberal, de naturaleza antidemocrática, puede ser reformada sin dejar de ser neoliberal. La Asamblea Sandinista ha llegado a la conclusión de que la política gubernamental conlleva la agravación "a niveles intolerables, de la miseria y el sufrimiento de grandes sectores del pueblo".

Ante estos hechos, el FSLN debió reconocer sus propias limitaciones y las del gobierno, ya que tampoco estaba en los planes (ni en el record administrativo del sandinismo en el gobierno) la confrontación con los organismos internacionales. Por otro lado la misma situación del país no está para que el FSLN se quede con los brazos cruzados, ya que el desplome del gobierno -o la división de Lacayo- podría desatar una confrontación violenta en el peor de los casos. El peligro no es la oposición derechista al gobierno, -debilitada pero con alguna capacidad desestabilizadora-, sino la situación social que, aparentemente, escapa al control del gobierno y del FSLN.

Como afirmó un dirigente sandinista, a partir de las informaciones recibidas de diferentes lugares del país, ya no cabe duda de que Nicaragua está frente a una situación explosiva y que ni el FSLN ni el gobierno pueden hacerse cargo por separado de la situación. Ante estos hechos, la dirigencia sandinista, incluyendo sus principales cuadros regionales y sindicales, ha llegado a un consenso inédito aceptando la invitación del Ejecutivo para forjar un acuerdo entre las dos principales fuerzas del país.

Algunos sandinista, sobre todo los intelectuales de izquierda, han expresado sus dudas respecto al radical replanteamiento de actitud del FSLN de cara al pueblo y al gobierno. Pero aparte que muchos consideraban que no hay otra opción, la realidad es que el sandinismo no cuenta con ninguna alternativa coherente y, quizás ni quiere contar con ella mientras no esté preparado para asumir las riendas políticas del país. Y el mismo FSLN admite que no es el momento. No está preparado para gobernar antes de superar la confusión provocada por la pérdida electoral la corrupción de altos dirigentes y el enigma que significa continuar constituyendo la fuerza política más importante del país. La lucha por el poder aún no está a la orden del día. Al contrario representa un gran alivio tanto por razones internas como por la coyuntura internacional, el hecho de que las elecciones no tengan lugar hasta 1996.

Tampoco pudo el FSLN ignorar la realidad de que en muchas comunidades y zonas del país, la influencia y liderazgo del sandinismo supera a la del gobierno, tanto por la ineficacia de las autoridades locales afiliadas a la UNO como por la autoridad que gran parte de la población otorga al FSLN y en particular al ex-Presidente Ortega. Amplios sectores del pueblo llevan sus problemas y angustias al FSLN sin ánimo de derrocar al gobierno, con el único fin de gestionar respuestas a problemas de sobrevivencia; y también porque tienen la correcta presunción de que Ortega cuenta con más influencias en el gobierno que muchos Ministros y autoridades regionales.

O, dicho de otro modo no sólo desde el "centro" del sandinismo, sino también desde "abajo", se desarrollan fuertes presiones a favor del "cogobierno". Sin embargo, solamente 6 miembros de la Asamblea se manifestaron a favor de continuar la negociación hasta llegar a un co-gobierno. Pero, al otro extremo, la opción de mantener una postura de oposición frontal, no contó si quiera con el apoyo de los líderes sindicales representados en la Asamblea.

¿Neoliberalismo revolucionario?

No se trata, del clásico arreglo de cúpulas. Al contrario, se rechazó la opción de la negociación pura o entendimiento estratégico con el gobierno si previamente no se garantiza la modificación del plan de ajustes económicos en función de las mayorías.

Visto desde afuera, parece imposible que una fuerza social y revolucionaria, comprometida políticamente con el sector popular de la sociedad y organizada como partido, entre en acuerdos institucionales para compartir responsabilidades políticas con un gobierno neoliberal, comprometido con el capital y con la gran empresa. Los esquemas se apartan para dar lugar según algunos a un "neoliberalismo revolucionario", pese a la incompatibilidad teórica entre los dos proyectos y los riesgos implícitos en una estrategia política que los encubra, tanto para el gobierno como para el sandinismo; pero ello, sin dejar de afirmar que la teoría, especialmente en estos tiempos, no siempre ha sido la mejor guía para la acción y que, como decía Trotsky, es más fácil prever los grandes movimientos históricos que los sucesos y situaciones que se materializan coyunturalmente.

Daniel Ortega insistió en que no hay otro camino y que la decisión es impostergable para asegurar la estabilidad del país. En otros términos, la lucha popular reconocida como justa y "consecuencia del agravamiento de la crisis económica", debe librarse de manera organizada, sin que lleve "al caos ni la anarquía". Pero a lo largo del debate en la Asamblea Sandinista, que en esta oportunidad se realizó abiertamente en presencia de periodistas, se insistió en que el entendimiento incluyera a las fuerzas sociales. "No podemos caer en la trampa", dijo un dirigente, "de que solo beneficien a una cúpula, sino que se trata de tomar en cuenta a los sectores populares". Por ello se llegó al acuerdo de "meterle alma" al Plan económico del gobierno".

Al conocer los resultados de la deliberación sandinista, Lacayo reiteró que estaba dispuesto a llegar a acuerdos "de fondo" con el FSLN para superar la crisis, ya que el "entendimiento" también había sido buscado desde hace un tiempo por la Presidencia. El gobierno se propuso ofrecer al FSLN lo que no quiso ofrecer a la bancada UNO: la posibilidad de modificar el plan económico, en la medida en que las propuestas sandinistas de reforma fueran "bien vistas" por los organismos financieros, en cuyo caso, "las incorporamos al plan y las llevamos adelante", afirmó.

Meter alma

¿Se trata entonces de un acuerdo nacional para "meterle alma" a los organismos financieros? En el debate nadie niega la necesidad de llegar a un entendimiento con las agencias multilaterales de financiamiento. Pero ¿qué tipo de entendimiento? Ya quedó demostrado que el gobierno está lejos de confrontar a la banca en Washington con la misma firmeza que aplica a los huelguistas en Sébaco. El FSLN está tratando de conseguir que el gobierno demuestre mayor firmeza ante a banca y sea más flexible con las reivindicaciones populares, a la vez que insiste en que los recursos prometidos por la comunidad internacional no se reduzca a meras operaciones contables para el pago de la deuda y, posteriormente, buscar un arreglo revolucionario dentro de un marco neoliberal tanto de cara a la banca como con la población, para lograr la estabilidad y amortiguar los niveles de sufrimiento.

Pero en todo esquema de estabilidad, unos ganan y otros pierden. No sólo está en juego la estabilidad del momento, sino la de la próxima generación y, bajo las reglas de estabilidad neoliberal, la izquierda y los sectores populares son conducidos a aceptar su subordinación institucionalizada, independientemente de cual sea el signo del gobierno que asuma el "poder". De aquí el peligro de toda estrategia política que pretende oponerse a las políticas de ajuste por un lado, pero que por otro, apoya políticamente al gobierno mediante Concertaciones o Acuerdos. La estabilidad político-partidaria, en este contexto, no puede asegurar la estabilidad social; más bien lleva a divorciar las luchas sociales de la lucha partidaria.

Por otro lado, la democratización de la economía, esencia de una propuesta revolucionaria, resulta incompatible con las reglas del juego neoliberal: independientemente de lo que se disponga en términos jurídicos respecto de la propiedad, la reconstitución de los grupos económicos ligados a la banca y al comercio es un hecho, y la inclinación del gobierno hacia ellos es clara. Bajo el esquema neoliberal, son ellos los sujetos económicos, por lo que la mayoría de los nicaragüenses pobres trabajadores y campesinos "sobran" de explotados pasan a excluidos de los programas económicos y sociales; y de la exclusión, se pasa a la protesta. De donde se deduce que toda estabilidad neoliberal necesariamente conllevará un mayor recurso a la fuerza policial.

FSLN: problema de identidad

El FSLN se dirige hacia una nueva definición estratégica, pero no se puede presumir que lo acordado con el FSLN sea asumible por los organismos sindicales o movimientos sociales que responden a la dinámica de sus bases. Sin embargo, más que de una contradicción, se trata de una complementación de esfuerzos, ya que el FSLN como partido, se compromete a avanzar en la negociación con el gobierno para lograr nuevos niveles de acuerdos, pero no por ello se congela la lucha popular. De este modo, se busca neutralizar la táctica gubernamental consistente en atizar el fuego hasta donde sea posible en aras de la estabilidad capitalista, para luego negociar con el FSLN cuando se producen los estallidos y rebeliones.

Dejar de lado la "mentalidad partidista", como dijo Ortega, conlleva ciertos riesgos. Principalmente, el de la identidad. Pero quizás los líderes sandinistas calculen que el riesgo de no asumir nuevas mentalidades y estrategias partidistas con un horizonte nacional, es mayor.

Queda la pregunta clave: ¿cuál de las dos fuerzas logrará hegemonía? Sin duda, el estrecho espacio de maniobra ofrecido por los organismos internacionales favorece al proyecto neoliberal gubernamental; pero el grado de resistencia organizada y no organizada, cívica e ilegal, a la implementación de las medidas, resta espacio de maniobra al mismo gobierno.

Una espera imposible

Es cierto que la elaboración de un modelo alternativo al neoliberalismo continúa siendo necesario, pero cada vez más se perfila como un proyecto de largo plazo. Por otro lado, el calendario de las fuerzas políticas populares no puede esperar e insiste en arrancar todas las concesiones posibles para asegurar la sobrevivencia física. Eso significa negociación o confrontación, o bien la combinación de ambas, quieran o no los partidos.

Negociar, en este contexto, es una forma de resistir. De hecho, el proyecto neoliberal no ha podido avanzar en Nicaragua al grado evidenciado en Costa Rica o en Honduras, precisamente a partir de los niveles de movilización popular que si bien no manifiesta una estrategia coherente de largo plazo, tampoco tolera el hambre o el avance impune del proyecto impuesto por el Norte. El empobrecimiento de la sociedad ha llevado al FSLN a priorizar la definición de cambios concretos en la política gubernamental como una necesidad más urgente que la elaboración de un proyecto alternativo de economía y sociedad.

Con un pie en la sociedad civil popular, el otro pie en el campo gubernamental, y sin una alternativa clara en la cabeza, el sandinismo se encuentra en una encrucijada. En el mejor de los casos, podrá mantener su espacio lo que, en estos momentos, podría ser equivalente a salir adelante. Seguramente, esta consideración estuvo presente en la mente de la gran mayoría de los miembros de la Asamblea Sandinista cuando aprobaron que el FSLN haga su solicitud formal de ingreso a la Internacional Socialista. En este contexto, los acuerdos nacionales o internacionales no causaron la reacción visceral e ideológica de unos meses atrás cuando algunos habían insistido en que dichos acuerdos equivalían a una pérdida de identidad histórica; muy al contrario, se demostró la capacidad del sandinismo de alcanzar algún grado de cohesión a partir de las exigencias del momento y de discusiones a fondo.

Los políticos, intelectuales y analistas continúan cifrando sus esperanzas e intereses en el proceso de concertación política aunque desde la perspectiva de César o del FSLN difícilmente podría significar una reconciliación entre ellos. Pero nadie puede permanecer insensible ante el espectro del hambre, que ha comenzado a ser realidad. A pesar de la miseria o, mas bien como producto de ella, se conforma otro tipo de concertación desde abajo: la de los desesperados, cada vez menos influenciados y menos incorporados por los partidos políticos y los organismos sociales y sindicales.

Reclaman el derecho a la sobrevivencia, a vivir con menos hambre y menos miseria; no pretenden derrocar al gobierno; simplemente, exigen una profunda reorientación de la políticas nacionales. No están en capacidad de aguantar "de tres a cinco años más" y rápidamente pierden la paciencia ante los llamados gubernamentales y sandinistas a servirse de la negociación. No porque menosprecien el diálogo, sino porque los espacios políticos están reducidos como consecuencia del incumplimiento gubernamental y la obsesión por garantizar un "despegue" económico que nunca termina de llegar para ese 86% de la población rural y 55% de la urbana que no satisface sus necesidades mínimas.

Por todo esto, los dirigentes sindicales advierten que "la movilización de los trabajadores no termina con un simple acuerdo, sino hasta que las demandas estén satisfechas". Dámaso Vargas, de la CST, considera que "un acuerdo entre el FSLN y el gobierno, no apacigua la lucha sindical, porque los trabajadores defienden otros intereses".

Al fin y al cabo, ni el FSLN ni el gobierno tienen la capacidad de cumplir con todo lo planteado por sus respectivos. Los sectores populares asumen posiciones propias. Todo el apoyo que estén dispuestos a brindar a los acuerdos políticos dependerá de su capacidad de convencerlos de que pueden traducirse en el mejoramiento de su nivel de vida y en nuevas esperanzas para sus hijos y esta capacidad se puso a prueba hacia finales del mes, al materializarse la más fuerte oleada de conflictos locales en diversas partes del país, con la participación no sólo de recompas y recontras, sino también de cooperativas, demandantes históricos de la tierra y desempleados. Todos ellos con acceso a armas y con un mínimo de coordinación, bloquearon carreteras y se toman diversos poblados.

Las mismas demandas

Las demandas no eran nuevas: hambre, desempleo, falta de tierra, carencia de crédito y de titulación. Pero lo que enfurecía a los manifestantes era que el gobierno ya se había comprometido, probablemente a la ligera, a conceder lo demandado pero que la práctica, pero o nada había hecho para cumplir con sus compromisos.

"Da la impresión," dijo Barricada, "y esto es cada vez una percepción más compartida, de que el gobierno se compromete a satisfacer demandas que no puede cumplir, o bien carece de los mecanismos ejecutivos para hacer valer su voluntad política".

Y nuevamente fueron Daniel Ortega y las estructuras locales del FSLN los llamados a apaciguar los ánimos exaltados por incumplimiento de las promesas gubernamentales. A una nueva crisis se agregaba una nueva ronda de negociación, pero si lo acordado en la negociación tampoco se cumple esta vez, es esperar que la nueva crisis cuando estalle será más grave y que los afectados tendrían menos inclinación de volver a la negociación y de confiar en la palabra del gobierno.

De una manera u otra, también quedaba empeñada la palabra del FSLN que representa, para los revueltos y todos los campesinos sin tierras o sin título, la última instancia de influencia y por lo tanto de diálogo con el gobierno. Esto también lo sabe y probablemente, lo explota el gobierno ya que por un lado, el FSLN da su respaldo a las demandas de los revueltos pero, pro otro, coincide con el gobierno en desaprobar los métodos utilizados. Esta dinámica no se puede mantener indefinidamente, toda vez que ya nadie garantiza que los estallidos espontáneos no generaran violencia como ocurrió en el caso de Estelí donde pereció un manifestante en enfrentamientos con la policía.

De nuevo, en otra encrucijada

El FSLN también critica la creciente tendencia del gobierno de recurrir al Ejército y la Policía lo que se traduce en enfrentamientos entre hermanos provenientes del mismo tronco revolucionario. De esta manera, FSLN llega a una encrucijada al ver su capital político empeñado tanto con las demandas de los revueltos, como con la insistencia gubernamental en el acato a la legalidad. El "co-gobierno" y el acuerdo nacional, apenas en vías de perfilarse, comienza a ser sometido a prueba por un pueblo no muy preocupado por el calor de las banderas políticas, pero si cargado de necesidades y que muestra la pervivencia de una revolución más grande que el partido que la condujo.

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