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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 125 | Abril 1992
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El Salvador

Tierra y militares ¿hacia el primer plano?

Si los acuerdos de Chapultepec no implicaran tansformaciones radicales en la tradicional estructura de poder, no encontrarían obstáculos para su aplicación. El fin de la negociación y el logro de acuerdos de paz el 31 de diciembre de 1991, y los primeros pasos en la implementación de los acuerdos muestran a una derecha poco convencida de la necesidad de las transformaciones, pero presionada para llevarlas a cabo.

Equipo Envío

El problema de la tierra se ha convertido en un potencial eje de conflictos para el proceso de implementación de los acuerdos de paz y para la misma estabilización democrática del país. Los conflictos ya en marcha quedaron sólo "congelados" tras la visita a El Salvador del principal responsable de la ONU para la verificación, Marrack Goulding.

Aunque en los Acuerdos de Chapultepec el tema agrario no fue tratado tan profunda y detalladamente como el cese del enfrentamiento armado, los mínimos elementos acordados fueron precisos.

1) El Estado debe asegurar la transferencia de tierras que excedan del límite constitucional de 245 hectáreas y de las tierras estatales, así como implementar satisfactoriamente la transferencia voluntaria por medio de la compra-venta de tierras a través del Banco de Tierras.

2) Respetar el actual estado de tenencia de las tierras en las zonas conflictivas - lo fueron zonas bajo control del FMLN - hasta llegar a un acuerdo satisfactorio por medio de una comisión especial de COPAZ.

3) Respetar el acuerdo del 3 de julio de 1991 con las organizaciones campesinas.

Desde fines de febrero, los grandes empresarios privados de ANEP, ASI y la Cámara de Comercio iniciaron una campaña sobre el problema de las tierras enarbolando la bandera de la legalidad y el orden. Llegaron incluso a condicionar su participación en el Foro de Concertación - previsto en los acuerdos - a la solución del problema y a la estabilización de la situación.

Campaña por las tierras

Su campaña se centraba en una supuesta ola masiva de tomas de tierras en todo el territorio nacional. A ellos se sumó el gobierno a través de la Financiera Nacional de Tierras (FINATA). La campaña y el conflicto tuvo un pequeño compás de espera tras la instalación en COPAZ de la Comisión especial que abordará los temas agrarios.

La empresa privada retomó pronto la ofensiva llamando al gobierno a aplicar la ley por medio del desalojo y montando oficinas en San Miguel y San Salvador para que los legítimos propietarios pudiesen denunciar la ocupación de sus propiedades, lo que era una franca usurpación de las funciones propias de la Comisión especial de COPAZ.

Según un censo realizado por el Ministerio de Agricultura, serían unas 7 mil manzanas, en un total de 57 propiedades, las afectadas por las tomas. Pero la intención de ANEP era censar todas las tierras "ocupadas ilegalmente", entre las que incluían las tierras de zonas conflictivas, desconociendo así lo acordado en Chapultepec. ANEP Buscaba movilizar y manipular los supuestos interesados en recuperar sus tierras. Pero la sorpresa para ANEP fue que la mayoría de los que se presentaron a sus oficinas eran pequeños propietarios que tenían título de propiedad en las zonas conflictivas y terratenientes, ambos grupos deseosos de vender sus propiedades más que de recuperarlas.

Ciertamente, se han dado algunas tomas de tierras en lo que va del año. Algunas, fruto de la necesidad del campesinado de trabajarlas. Otras, como respuesta a la desafiante iniciativa de ANEP. Los desalojos llevados a cabo han sido fruto de la presión de ANEP y de algunos terratenientes sobre los jueces de paz de la zona. Aquí se enmarca la expulsión del país del sacerdote jesuita norteamericano Stephen Kelly.

Kelly llevaba casi un año trabajando en la zona de Jiquilisco, departamento de Usulután. EL juez de paz de Jiquilisco ordenó el desalojo de las tierras que trabajaba la Cooperativa "El Campeche", tomada en agosto/91. Al lugar se presentaron la Policía Nacional, paramilitares y los antiguos dueños, procediendo a la destrucción de las champas de los pobladores. El P. Kelly fue detenido tras negarse a abandonar una champa que iba a ser destruida y remitido posteriormente a los juzgados. En breve tiempo se ordenó su libertad; sin embargo fue enviado a la Policía Nacional de San Salvador, de donde fue deportado a Guatemala, por orden expresa - según las autoridades - del presidente Cristiani.

Los Acuerdos de Paz y la cuestión agraria

Hay que recordar lo que dicen los Acuerdos de paz sobre la cuestión agraria: "El Estado debe asegurar la transferencia de tierras rústicas con vocación agrícola que exceden el límite constitucional de 245 hectáreas. (art. 105 y 267 de la Constitución). Asimismo debe asegurar la transferencia a los beneficiarios de la reforma agraria de las tierras que son propiedad del Estado y que no constituyen reservas forestales art. 104 de la Constitución).

Se acuerda dar preferencia a los ex-combatientes de ambas partes. A la par, el Estado procurará adquirir y transferir las tierras voluntariamente ofrecidas en venta por sus propietarios (función del Banco de Tierras de reciente creación gubernamental). Esta primera parte no es en principio producto de la negociación. Es tan sólo la obligación del Estado por cumplir lo estipulado constitucionalmente. Sí es compromiso de las partes el procurar atender a los campesinos sin tierra y a los ex-combatientes, así como el procurarles mecanismos de pago y asistencia de crédito."

Tierras en zonas conflictivas y tierras ocupadas

Según el acuerdo de Nueva York, recogido en los acuerdos de Chapultepec, "se respetará el estado actual de tenencia de tierras, dentro de las zonas conflictivas, mientras se da una solución legal satisfactoria al régimen de tenencia definitiva. En consecuencia, los tenedores de tierras no serán desalojados". Los acuerdos entienden por "actuales tenedores" "los actuales pobladores y/o trabajadores de estas zonas". Para la puesta en marcha de este acuerdo, el FMLN entregó su inventario de tierras. El gobierno debe procurar una solución legal por medio de la compra-venta de las tierras, entre el legítimo propietario y el tenedor actual. En caso de negativa de venta del propietario, el gobierno está obligado a reasentar a sus tenedores. Dentro de este ámbito se crea la Comisión especial de COPAZ, aunque COPAZ sea la instancia verificadora de estos dos puntos

Según el acuerdo entre el gobierno y las organizaciones campesinas que venían realizando ocupaciones de tierras 3 de julio de 1991 el gobierno se comprometió a solucionar el problema de la tenencia de la tierra a favor de las organizaciones campesinas. Las ocupaciones posteriores al 3 de julio se consideran ilegales. Aunque el Gobierno se reserva el derecho de aplicar la ley en estos casos, el FMLN exhorta a la búsqueda de solución del problema por las vías de la concertación y por los mecanismos propuestos por los acuerdos de paz.

La interpretación que la derecha hace de estos acuerdos

Según editorial de "El Diario de Hoy" del 4 de marzo: "Cualquiera que haya sido la letra de los "acuerdos de paz", estos deben, por encima de toda otra consideración, ceñirse a las leyes fundamentales de la República. Lo esencial del proceso de paz es devolver la seguridad jurídica y acatar las leyes, no repartir propiedades o conceder espacios políticos. Si bien y por presión externa se acordó entregar a los "combatientes" del FMLN algunas tierras que pertenecen al Gobierno, eso fue en el entendido de que también los miembros desmovilizados del Ejército gozarán del mismo derecho, pero en ningún caso pudo aceptarse que volveríamos a los robos del tiempo de la Junta de facto y de Duarte. Lo que está ocurriendo es una monstruosidad que sólo una cabeza enferma intentará justificar.

Las razones son claras, irrefutables: Lo primero, que ningún grupo negociador, por más poderes que reciba del Gobierno, puede arrogarse las facultades de pasar por encima de disposiciones explícitas y contundentes de nuestra Constitución política. Lo segundo, que aun la adjudicación de propiedades gubernamentales debe seguir un proceso de ley. Lo tercero, que si el objetivo es asegurar un modo de vida a los miembros comunes del FMLN, al socavar la seguridad jurídica y debilitar las instituciones básicas del estado se destruye uno de los sostenes esenciales de la prosperidad del país."

La desmilitarización: otro gran eje de conflictos

El segundo gran eje de conflictos se dio en torno al proceso de concentración de las fuerzas militares de ambos bandos. La primera fase de esta concentración de fuerzas - tanto las del FMLN como las del ejército - se realizó sin ningún incidente. Pero el inicio de la segunda fase tuvo sus retrasos y sus incidentes. Varios factores complicaron el proceso: los misteriosos vuelos de aviones militares y civiles sobre territorios del FMLN, la pseudo-disolución de los cuerpos de seguridad, el problema agrario y otros problemas de logística.

El último día de febrero, el FMLN denunció una serie de vuelos de naves A-37 y F-5 sobre Perquín (Morazán) y Las flores (Chalatenango) y de aeronaves civiles sobre las zonas de Guazapa y Usulután. Todas son zonas de concentración de guerrilleros del FMLN. Aun cuando no fue ONUSAL quien primero denunció el hecho -a pesar de que sus observadores militares permanecen en las concentraciones guerrilleras - sí constató que los aparatos no habían despegado de la base militar salvadoreña de Ilopango. Tardíamente, el gobierno protestó ante el gobierno de Honduras y declaró que aeronaves civiles bolivianas habían sido contratadas por el Instituto de Cartografía para la confección de mapas nacionales. Es conocida la coordinación existente entre Cartografía y el Estado Mayor de la Fuerza Armada durante todos los años de guerra.

Honduras negó que aviones suyos hubiesen hecho las incursiones, pero anunció el despliegue de tropas hacia puntos fronterizos especialmente hacia los territorios en litigio ante la Corte de La Haya. EL pretexto para este despliegue era que - según fuentes de inteligencia hondureñas ,- se habían producido enfrentamientos entre fuerzas del FMLN y del ejército salvadoreño, lo que fue desmentido por ONUSAL y los pobladores de la zona. La última variación del discurso hondureño fue que el FMLN estaba realizando tomas y reparto de tierras que se encuentran en las zonas fronterizas en litigio.

La disolución real de los cuerpos de seguridad es un imperativo del proceso de desmilitarización. La disolución de los cuerpos de seguridad (Guardia Nacional y Policía de Hacienda) estaba programada según los acuerdos de paz para el 2 de marzo. Para esa fecha, el gobierno anunció la transformación de la Guardia Nacional en Guardia de Fronteras y de la Policía de Hacienda en Policía Militar, tras su incorporación al ejército y su virtual "disolución" como cuerpos de seguridad pública. Ciertamente, los acuerdos de paz contemplan el derecho de la Fuerza Armada y del Gobierno a reorganizar las fuerzas militares según su misión constitucional. Lo que no dicen los acuerdos es que estos cuerpos militares permanezcan intactos, cambiando solamente de nombre. Mucho menos, que sigan en sus instalaciones militares. En resumidas cuentas, esto equivaldría a no cumplir con la concentración de los elementos del ejército en los lugares estipulados. La disolución real de los cuerpos de seguridad es un imperativo dentro del proceso de desmilitarización.

Hubo también asesinatos al estilo de los realizados por los escuadrones de la muerte a lo largo de estos años. El más significativo fue el asesinato de Nazario de Jesús Gracias en el local FEASIES. Era ex-sindicalista del IRA, empresa estatal comercializadora de granos básicos, cerrada en agosto del 91.

Las causas del retraso

Estas realidades, unidades a la problemática agraria y a problemas logísticos, causaron retraso en el proceso de concentración de las fuerzas del FMLN. El FMLN argumentó que no podía concentrar sus fuerzas en los 15 lugares estipulados, mientras se realizaban observaciones aéreas sobre sus zonas. Y aunque la posibilidad de un bombardeo sobre los campamentos guerrilleros no era probable, sí se lograba tensionar militarmente el proceso. Tampoco se podía avanzar en el proceso mientras no hubiesen respuestas simultáneas en el proceso de concentración de la fuerza armada y en la disolución efectiva de la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional, mientras no se diesen medidas mínimas de seguridad para la población y los combatientes del FMLN que se desmovilizaran. Por último, no era factible concentrar varios cientos de guerrilleros -cerca de mil en algunos casos - mientras no se aseguraran mínimamente las condiciones de salud y de alimentación.

Se reabre el proceso

Hacia mediados de marzo el proceso parecía haberse estancado lo suficiente como para temer desenlaces negativos. Sin embargo, la visita de Marrack Goulding logró la distensión y puso algunas cosas en claro.

En primer lugar, acordaron congelar temporalmente el problema de las tierras para que no frenase la totalidad del proceso y se pudiese avanzar en la convocatoria del Foro de Concertación. De hecho, el FMLN y el gobierno se comprometieron a abandonar la dinámica ocupación-desalojo, y a trabajar hasta el 28 de marzo en la re-interpretación de la problemática agraria. En segundo lugar, se ratificó ante Goulding que la Policía de Hacienda y la Guardia Nacional no tendrían tareas de seguridad pública ni jurisdicción sobre la población civil. Se reconoció el derecho de la Fuerza Armada a su re-organización, pero eso no implicaría la transformación de los ex-cuerpos de seguridad en cuerpos militares. A la vez, se determinó que su incorporación al ejército exige su concentración en los lugares señalados por los acuerdos y el abandono de sus actuales cuarteles.

Tras la firma de los acuerdos de paz el 6 de enero, y tras el cambio del secretario general de la ONU, el proceso de paz en El Salvador había quedado internacionalmente abandonado. ONUSAL inició sus gestiones, incluso, un poco desamparada de la ONU y los Países Amigos. Ahora con Goulding, las Naciones Unidas y retoman su gestión designando a Goulding como el principal responsable de la ONU para el seguimiento y la mediación del proceso de paz. Se llena así un vacío que estaba a punto de ser capitalizado por la derecha salvadoreña.

Porque ciertamente, el proceso tuvo momentos de gravedad con el conflicto de las tierras y la no concentración de las fuerzas militares, aunque, en general, el proceso no ha llegado a niveles de crisis. Los retrasos en el calendario son reales. Algunos, a causa de la propia dinámica de funcionamiento de COPAZ. Una prueba ha sido el largo proceso de selección y depuración de las listas de candidatos para las nuevas instituciones como el Tribunal Supremo Electoral o la nueva Academia de Seguridad Pública. Otros retrasos son indiscutiblemente parte de una estrategia de la derecha que busca dificultar ciertos aspectos del proceso. Con todo, hay muestras de que en algunos puntos se avanza consensuadamente. El Plan Nacional de Reconstrucción es una muestra. Las diferentes versiones del plan muestran una evolución positiva en las propuestas. Hay una reestructuración en la partidas de inversión, las ONG tomaran parte en la ejecución de los proyectos, y el FMLN tendrá una representación en la comisión nacional de reconstrucción.

Los pasos de la ultraderecha

Si los acuerdos de Chapultepec no implicaran una serie de transformaciones radicales respecto a la tradicional estructura de poder en el país, éstos no encontrarían obstáculos para su apliacación. El sorpresivo fin de la negociación y el logro de acuerdos el 31 de diciembre de 1991, y los primeros pasos en al implementación de los acuerdos mostraban a una derecha poco convencida de la necesidad de las transformaciones, pero presionada para llevarlas a cabo.

Hacia finales de febrero, se rumoró un nuevo intento de golpe de estado. Ciertamente, se llevaban a cabo encuentros entre prominentes dirigentes de asociaciones empresariales y miembros del ejército en el cuartel de Caballería y en la sede del Batallón Atlacatl.

Lo que intenta la derecha más radical es una renegociación y reacomodo de los acuerdos a su perspectiva de poder. Aún cuando la totalidad de los acuerdos no les dan espacio para este reacomodo, buscan aprovechar y exagerar los focos de conflictos para desestabilizar el proceso. Los retrasos deliberados que se producen en COPAZ en el cumplimiento del calendario son favorables a su estrategia.

Por medio de la ANEP, la Cámara de Comercio y la Asociación de Industriales, la derecha ha pretendido usurpar el papel de la Comisión especial de COPAZ para el problema de las tierras, y ha levantado toda una campaña que falsea y exagera el problema de las tomas de tierras agotándolo en el discurso de la "legalidad". Suman a esto las medidas que exigen en torno al problema de la seguridad pública, ante la real insuficiencia de la actual Policía Nacional para contrarrestar el problema de la delincuencia común.

El asunto del delito común les ofrece dos vertientes. Por un lado, se lamentan por la pérdida del control sobre los cuerpos de seguridad y plantean el intento de recuperarlos tarde o temprano. Por otro lado, les sirve como contexto para hacer aparecer el asesinato político como simple delito común. Así, los escuadrones de la muerte pueden operar veladamente, no atacando figuras públicas reconocidas o dirigentes de organizaciones, sino al ciudadano común, - que ha vuelto a expresarse políticamente -, para frenar la participación popular en el proceso político.

El gobierno participa de esta estrategia con su pasividad. Ni ha tomado medidas contra los empresarios de la fábrica de calzado ADOC -que cerraron su empresa sin ningún procedimiento legal- ni ha obstaculizado el trabajo del a ANEP en el asunto de las tierras.

Denuncian también el incumplimiento de los acuerdos sólo por el FMLN. Sólo tras la visita de Goulding asumieron posiciones distintas. Días después, ANEP habló ya de la posibilidad de participar en el Foro de Concertación. ONUSAL y la verificación internacional se constituyen por ahora en el elemento de contención a las intenciones de la derecha y por esto, no sería raro que retomen las campañas pasadas en contra de ONUSAL y de la solidaridad internacional.

Un caso entre muchos

El caso de Rodolfo Matarollo es un buen indicador. Matarollo, reconocido especialista argentino en derechos humanos, había colaborado de cerca con el Instituto de Derechos Humanos de la UCA en el caso de los jesuitas asesinados. Posteriormente, fue incorporado como asesor y especialista en la división de derechos humanos de ONUSAL. Durante un seminario sobre derechos humanos para los diputados de la Asamblea Legislativa, se le impidió a Matarollo disertar, aduciendo que se encontraba ilegalmente en el país y, por tanto, se le invitó a abandonarlo. El suceso provocó la protesta y retirada de los diputados de la oposición y la suspensión del seminario. Hasta ahora el gobierno no ha dado explicaciones claras en torno a la situación legal de Matarollo y la Cancillería invocó el derecho a guardar secreto sobre el caso, indicando que se estaba tratando el caso directamente con ONUSAL.

Se va constituyendo así un bloque opuesto a los acuerdos y a su implementación: lo forman los terratenientes - la ANEP y el ejército, clásica e histórica oposición a cambios profundos en el sistema - A ellos hay que sumar el "sector duro" de ARENA, que tras la muerte de su líder D'Aubuisson pugna por retomar el control del partido. Este bloque seguirá intentando quebrar el proceso de la implementación de los acuerdos renegociándolos a su favor y utilizando todos los medios a su disposición.

La defensa del proceso y la movilización popular

Lo que está en juego es la desvalorización del poder tradicional del bloque dominante con la implementación de los acuerdos. Las fuerzas a favor del cambio tienen a su disposición dos herramientas para lograrlo: la fuerza guerrillera en vías de reconversión político-civil y la movilización popular. Las fuerzas guerrilleras, aunque estacionadas, separadas y, supervisadas por ONUSAL, funcionan como un elemento de disuasión ante la posibilidad de incumplimiento de los acuerdos o de su distorsión.

Ganar la transición

De hecho, en medio de la grave situación generada a partir de la campaña de ANEP en el caso de la tierra, la no disolución de la Guardia y la Policía de Hacienda y el asesinato de simpatizantes del proceso, Joaquín Villalobos advirtió que la reconversión de la fuerza militar del FMLN podría encontrar retrasos en caso de que no hubiese simultaneidad en los acuerdos y no se garantizaran medios de vida para sus combatientes y respeto de la vida de todos los salvadoreños.

La movilización popular constituye la segunda fuerza que defiende los acuerdos. Aquí están presentes dos retos. Por un lado, el movimiento popular debe ir ganando en amplitud más que en radicalismo, precisamente porque la derecha está más urgida por la confrontación que por el diálogo y la concertación. A la vez, sólo movilizando e incorporando los amplios segmentos de población que se han mantenido al margen de lo político durante los diez años del conflicto, se puede lograr una presión política eficaz sobre las fuerzas opuestas a la implementación de los acuerdos.

¿Derechos adquiridos?

Una pauta la puede dar la incorporación de los intereses de los pequeños propietarios de tierras en las zonas de conflicto. La mayoría de las propiedades de estas zonas, son minifundios. Algunos propietarios ciertamente desean volver, otros tan sólo vender. La disputa se centra así entre los antiguos propietarios de minifundios y los actuales repobladores y debe resolverse adecuadamente. "María ", dirigente del FMLN en la zona de Chalatenango se expresaba así en un pequeño encuentro entre antiguos propietarios y repobladores en la población de Nueva Trinidad: "Por un lado es justo la petición de ustedes de volver a su lugar y a su tierra.

Pero también es justo que los actuales tenedores no se muevan hasta que se resuelva a su actual situación". Resolver con justicia esto es precisamente la labor de la Comisión especial de COPAZ para el problema de las tierras en zonas conflictivas.

La dinámica general del proceso está provocando las primeras aproximaciones a los grandes problemas crónicos del país en medio de la oposición del bloque dominante. En palabras de María, "seguimos con una gran carga en el lomo, pero ya no vamos subiendo cerro: hemos parado la guerra, hemos pasado al plan".

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