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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 125 | Abril 1992
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Nicaragua

¿Debe el FSLN sostener la debilidad del gobierno?

¿Debe el sandinismo sostener al gobierno cuando la situación se le hace ingobernable? Y aún más, ¿cuando esa ingobernabilidad es producto de sus propias medidas, de su propia corrupción?

Equipo Envío

De "histeria colectiva" calificó un sicológo el estado de las familias nicaragüenses. Durante varias semanas, todos los medios de comunicación y seguramente la gran mayoría de las conversaciones en el país se referían al hallazgo del cuerpo decapitado y violado de una niña pre-adolescente en un cauce de un área transitada de Managua. En familias y escuelas cundió el pánico frente a los ataques sexuales contra menores.

Aunque éste no fue un caso excepcional de violación y asesinato de menores, sí ha sido el más repulsivo y publicitado. Mientras la policía buscaba infructuosamente no sólo al criminal sino la misma cabeza de la víctima, lo que más hondo calaba en la conciencia social era el hecho de que pasaban las semanas y nadie se presentaba para indagar si el cadáver podía corresponder a alguna niña desaparecida o raptada en su familia. Aparentemente, la niña no tenía padres o hermanos ni nadie que velara por ella. Algunos medios especularon sobre la nacionalidad de sus padres: ¿sudamericanos (¿peruanos?) sin documentación que utilizan el territorio nicaragüense tratando de ingresar a Estados Unidos?. Era la interpretación más benévola. Había otras. La sociedad en su conjunto se rehusaba a creer que un niño, independientemente de su extracción social y pobreza, careciera hasta tal punto del cariño de otros seres humanos.

Y así, esta niña hija de nadie se hizo "hija de todos", como lo expresó un periódico de Managua. Y tan culpable aparecía el misterioso asesino como un ambiente social en el que las normas mínimas de convivencia humana y de penalización efectiva de crímenes como éstos parecen haberse desvanecido.

Crisis de las esperanzas

Tanto la víctima como el victimario aparecían también como un reflejo aberrado y perverso de un medio social en descomposición, donde la violencia ya ha sido incorporada a la cultura política y social de la nación, donde a cualquier legalidad se impone la supervivencia física y donde la disolución de valores y la crisis de las esperanzas depositadas en los partidos o en el gobierno y en la política es generalizada.

En dos años de nuevo gobierno el nivel de vida de una gran cantidad de nicaragüenses ha descendido a grados pocas veces conocidos. Para un dirigente sandinista se trata de "la peor crisis vivida por Nicaragua en su historia".

Estos niveles de desesperación han promovido concertaciones inusitadas en las que se borran por la base las fronteras políticas y se crean otras nuevas, las que separan al pueblo de las superestructuras políticas. A inicios del mes de marzo, grupos de recontras y recompas ocuparon Ocotal, en el norte nicaragüense, unidos en una protesta pacífica por la creciente situación de hambre y desempleo que viven en el campo y que se agrava en algunas zonas por la sequía del pasado invierno o el abandono del cultivo del algodón. A mediados del mes, los conflictos volvieron a centrarse en Managua con la huelga de los trabajadores de los ingenios azucareros, que se trasladaron a la capital para acamparse frente a las oficinas de la Presidencia exigiendo soluciones y contando con el apoyo de otros sectores sindicales que también amenazaron con una huelga más amplia.

Más unidad y más distancias

A diferencia de crisis anteriores, esta encrucijada estaba marcada por dos fenómenos aparentemente contradictorios, aunque quizás coincidentes en el fondo. En todo caso, indicativos de los nuevos momentos. Por un lado, diversos sectores populares en crisis -incluyendo algunos no ligados históricamente al sandinismo - unificaban sus demandas y compaginaban sus acciones para confrontar al gobierno. En marzo nació la Coordinadora Nacional Campesina integrada por los productores de la UNAG y los desmovilizados del Ejército y de la ex-Resistencia. Se organizó también un nuevo movimiento popular llamado Coordinadora Nacional Popular (CNP), que agrupa a los obreros del FNT, a desmovilizados, a los recompas, a víctimas de guerra y comerciantes y a una asociación de desempleados.

Tienen esperanza de integrar también a los líderes de Yatama en la Costa Atlántica y a los de la ex-Resistencia, para defender todos juntos reivindicaciones que son comunes. Por otro lado, sin embargo, se incrementaba la distancia entre los movimientos de base y la dirigencia partidaria sandinista, provocando nuevas confusiones y discusiones de las que se espera surja un nuevo modelo de oposición que vincule nuevamente lo popular y lo partidario y sea capaz de hacer rectificar al gobierno por medios pacíficos.

Ante las crisis y los crímenes, ni los políticos ni las policías daban respuesta y a las puertas de una confrontación violenta entre trabajadores del azúcar y policías en el centro de Managua, la Presidenta Chamorro subía en un avión hacia Brasil declarando que dejaba el gobierno "en manos de Dios". Con diferencia de horas, Antonio Lacayo y Daniel Ortega - los dos dirigentes de más influencia en el país - viajaban juntos a Washington a solicitar ayuda de los países ricos del Norte.

Armas y hambre

Pero en Washington tenían ya una versión acerca de Nicaragua a partir de noticias de revueltas y violencias aparecidas en los medios norteamericanos, que algunos no desvinculaban de la misma política económica que Lacayo llegaba a defender.

Existe una dramática contracción del crédito que, sumada al colapso en los precios internacionales del algodón y del café y al impacto de la pasada sequía, ha agudizado la situación de la mayoría de los productores campesinos, haciéndoles prácticamente imposible acceder a nuevos créditos, que los bancos no están dispuestos a concederles. Según estadísticas de la Asociación de Trabajadores del Campo, 35 mil campesinos se encuentran hoy en el desempleo pasando hambre junto a sus familias. En Las Segovias y otras zonas se reportan ya como rutina muertes de niños de hambre y consumo generalizado de raíces para satisfacer el estómago vacío. A la par del hambre, los reclamos campesinos crecen demandando cada vez con mayor vehemencia la inmediata legalización de todas las propiedades que adquirieron por la reforma agraria.

No sólo son sandinistas los que denuncian la crisis y la pasividad gubernamental. Y ya no sólo coinciden recompas y recontras, sino también los diputados locales de la UNO con los diputados sandinistas. Todos piden al gobierno ayuda alimentaria de emergencia. Las Iglesias protestantes y la Católica se han unido también a este clamor, evidenciando una creciente impaciencia ante la insensibilidad gubernamental. El Obispo de Estelí Juan Abelardo Mata llamó al gobierno a responder con urgencia a las necesidades de las comunidades más empobrecidas, denunciando la situación del campesino: «su único alimento es tortilla con sal y esto lo comen en algunas ocasiones, un tiempo al día, ya no digamos la situación del vestido y las viviendas infrahumanas en que muchas comunidades están».

En el campo muchos de estos hambrientos tienen acceso a más de un arma, lo que explica fácilmente por qué el gobierno no termina nunca de "desarmar" a recompas y recontras y por qué después de cada anuncio de que el "último" grupo alzado ha entregado sus armas, aparece otro - quizás formado por las mismas personas - exigiendo más dinero a cambio de más fusiles. Es como un teatro: el gobierno aparenta cumplir y los alzados aparentan desalzarse. Según la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV) de la OEA, más de 17 mil personas han entregado armas después de la desmovilización de la Resistencia en julio y agosto de 1990. Probablemente, una buena parte de estos nuevos "desalzados" nunca formaron parte de la contra o del EPS. Se trata de "combatientes de última hora": campesinos con acceso a armas, dispuestos a entregarlas a cambio de dinero.

Graves problemas latentes

Algún éxito tuvo el proyecto de compra de armas, en el que el gobierno, con apoyo internacional, ha gastado unos 3 millones y medio de dólares, a razón de 200 dólares por arma, sin contar otras "bonificaciones especiales": camionetas Land Cruiser o visas para entrar a los Estados Unidos entregadas a algunos "comandantes". Permanece así latente en el Norte la peligrosa combinación de hambre y armas.

Buena prueba de esto fue la operación realizada por 2 mil recompas y recontras - los "revueltos" -, que con el apoyo de parte de la población se tomaron pacíficamente la ciudad de Ocotal mientras la Policía y el Ejército permanecían en sus cuarteles. No hubo intención de provocar violencia por ninguna de las partes: todos entendieron que se trataba de un claro mensaje dirigido al gobierno. Al cabo de 72 horas, los armados y el gobierno acordaron la desmovilización a cambio de tierras, materiales de construcción y créditos y de algunas obras de infraestructura para la población de la zona.

Sindicalismo y sandinismo: relaciones conflictivas

Los trabajadores de la industria azucarera declararon un paro que afectó a todos los ingenios del país, ya iniciada la zafra. 10 mil de los 13 mil trabajadores del azúcar se unieron a la huelga, paralizando completamente cuatro de los ingenios y parcialmente los otros tres. Los cañeros se fueron a la huelga y viajaron a Managua con el mismo reclamo que planteaban en noviembre/91 y que entonces ya ocasionó otro paro.

Su demanda principal es el derecho al 25% de la propiedad de los ingenios, que serán privatizados, y que fue establecido en los acuerdos de Concertación de agosto/91. Los acuerdos firmados por el gobierno con los trabajadores y que pusieron fin al paro de noviembre no fueron cumplidos, y en algunos casos hasta eran desconocidos por las autoridades. Es ya evidente la táctica gubernamental de ganar tiempo a su favor en éste y otros casos de negociación relativos a la privatización, con la esperanza de desgastar y debilitar la posición de los trabajadores y así favorecer a quienes serán los nuevos "dueños privados" de los ingenios. "Quebrar" o cerrar empresas para luego reconstruirlas sin los trabajadores es una de las tácticas que más emplea el gobierno durante ese tiempo que "gana".

Aunque el punto fundamental de los reclamos era el de la participación obrera en la propiedad privatizada, el gobierno planteaba que no podía negociar porque la representación obrera estaba dividida entre varios sindicatos rivales y que por esto el patrimonio que correspondía a los trabajadores debía ser dividido. Pero la Central Sandinista de los Trabajadores (CST) coordinaba sus posiciones y acciones con la Central de Trabajadores de Nicaragua (CTN) y todos trataban en el fondo de defender el derecho de los trabajadores a la propiedad.

Mientras los cañeros y el FNT confiaron en las promesas del gobierno respecto a la privatización, la empresa estatal administradora de los ingenios había comenzado a recortar beneficios sociales, a despedir trabajadores y a limitar el financiamiento estatal a los ingenios, todo en aras de reducir costos, pero también - según el probado estilo del gobierno - buscando debilitar a las empresas que van a ser privatizadas para reducir su valor en el mercado y así incrementar su atractivo entre los inversionistas privados.

Otras demandas de los cañeros eran sobre ajustes salariales, financiamiento para la empresa y estabilidad laboral. Reclamos justos y no distintos a los exigidos por otros sectores sindicales. Trabajadores de las aduanas, de los bancos, de las comunicaciones, de la electricidad, amenazaron iniciar una ola de paros escalonados, afirmando que los primeros afectados serían los funcionarios del propio gobierno, comenzando por los de la oficina de la Presidenta.

¿Con quién está el FSLN?

El Frente Nacional de los Trabajadores encabezó todas estas protestas, pero la convocatoria resultaba más amplia que puramente sandinista y hasta nuevas agrupaciones obreras surgieron, desprendiéndose de sus liderazgos. El líder del recién formado Sindicato Democrático de los Cañeros declaró que "si estamos unidos al FNT es porque ellos son los únicos dispuestos a pelear por la reivindicaciones y aquí no hay banderas.

Lucío Jiménez, principal representante del FNT y miembro de la Asamblea Sandinista, criticó públicamente el hecho de que los líderes del FSLN brillaban por su ausencia en el paro de los cañeros. En nombre de ellos y de los empleados bancarios, Jiménez dio a conocer un plan de acción que de llevarse a cabo paralizaría al país entero en tres semanas. Respondiendo sin duda a una presión de sus bases, Lucío llamó a la dirigencia sandinista "a definirse", tildándola incluso de colaboracionistas con el gobierno. En una alusión cuyo significado no escapó a nadie, Jiménez dijo saber que el gobierno tiene «respaldo en la lucha contra los trabajadores» en partidos políticos y organizaciones sociales y que «los trabajadores vamos a buscar a quienes nos apoyan en esas mismas organizaciones». La advertencia también fue lanzada a las Fuerzas Armadas. O estaban con los trabajadores o estaban con el gobierno: debían definirse, dijo el líder del FNT.

Responsabilidad y oficialismo

Al día siguiente, Tomás Borge respondió al emplazamiento de Lucío pidiendo un mínimo de respeto y sensatez política y explicando que los sandinistas serían "unos irresponsables, populistas baratos y demagogos" si alentaran a la inestabilización social del país. "En mi opinión -dijo- sería muy fácil cosechar aplausos y hasta, si se quiere, incrementar los índices de popularidad en las encuestas si nos sumáramos a los llamados a la anarquía y la violencia".

Tras una larga reunión entre el FNT y Daniel Ortega, Secretario General del FSLN, se convino en que el conflicto con el gobierno debía ser conducido estrictamente por la vía pacífica y cívica, no sin dejar de advertir Jiménez que era el gobierno el que estaba por la violencia al despedir a miles de trabajadores, al ponerse de acuerdo con el FMI para sofocar las aspiraciones de los trabajadores o al ordenar un persistente patrullaje de las temidos policías antimotines. "Somos enemigos del caos y de la inestabilidad", insistió Daniel, afirmando que el problema se había generado a partir de una falta de comunicación.

Pero ¿en qué consiste precisamente la "sensatez política"? ¿Era el gobierno o eran los trabajadores los que provocaban el "caos y la inestabilidad"? Por esta ambigüedad evidente y diaria, el llamado de la Dirección Nacional no dejó de incomodar a numerosos sandinistas, particularmente a los que sufren en carne propia el desempleo y el hambre, y a todos los que sienten que no pueden permanecer callados presenciando los estragos que está causando el plan económico del gobierno.

Estas suspicacias fueron alimentadas por la reunión a puertas cerradas, el día 14 de marzo, entre la dirigencia sandinista y las más altas autoridades gubernamentales, en la que se acordó que Daniel Ortega acompañaría a la delegación del gobierno a Washington a una reunión con los organismos financieros internacionales y con representantes de gobiernos que prestan cooperación económica a Nicaragua. El FSLN negó que en la reunión con el gobierno se hubiera llegado a acuerdos concretos con el gobierno y que fue solamente un intercambio de puntos de vista. De antemano, la dirigencia sandinista había decidido que las propuestas que hiciera el FSLN el gobierno debían ser consultadas con la Asamblea Sandinista previamente a cualquier respuesta.

FSLN: ¿esquizofrenia política?

La aparente dualidad de la dirigencia partidaria fue explicada por Ortega aduciendo que el FSLN no podía llegar a una confrontación total con el gobierno sobre su programa económico "porque se nos hubiera acusado de estar entorpeciéndolos". Independientemente de que las políticas gubernamentales son de carácter anti-popular y de que las apreciaciones críticas de los economistas en la oposición son compartidas por los dirigentes sandinistas, la dirigencia partidaria ha llegado a la conclusión de que el sandinismo en su conjunto no puede salir ganando políticamente de una confrontación. "Seguramente hubiéramos ganado la cohesión del sandinismo, pero no el respaldo del pueblo", explicó Ortega en una asamblea de militantes del FSLN.

De por medio está una distinción entre militantes sandinistas y el resto del "pueblo", reflejada en el discurso de Ortega y también en la actuación política de la dirigencia del FSLN. Efectivamente, en el crecientemente poderoso sector comercial - se agrupa e informal - son una considerable parte del pueblo cuya supervivencia se vería perjudicada con el recurso o la amenaza de una huelga generalizada. Se explican también las divergencias entre el FSLN y el FNT al tener en cuenta que la distinción se extiende a la que existe entre sindicalistas y "pueblo". Pero, ¿del "pueblo" quedan excluídos los recompas y recontras que se tomaron pacíficamente Ocotal o los miles de campesinos que marcharon sobre Managua el 10 de marzo clamando a gritos por empleo y comida? Lo que los medios de comunicación oficial califican y censuran como un "caos" en el sandinismo no está siendo otra cosa que la realidad de trabajadores - con o sin empleo - actuando y reclamándole al gobierno por su propia cuenta, "sin intermediarios". Como dijo un dirigente del FNT, es a los propios sindicatos a quienes corresponde negociar los problemas laborales con el gobierno.

Ciertamente, el FSLN es más que el FNT, y la lucha y estrategia sindical no equivale simétricamente a la lucha y estrategia partidaria o política. El FSLN siempre se propuso y mantiene con insistencia el tener en cuenta a los sectores no-sindicales, incluyendo a los que oponiéndose a los paros, no pueden ser tildados de grandes burgueses o de capitalistas. Pero ¿hasta donde abarca social y políticamente la "responsabilidad" del FSLN? Como la fuerza política más importante y poderosa del país, ¿debe también el sandinismo hacerse cargo de sostener al gobierno cuando la situación se le hace ingobernable y todavía más, cuando esa ingobernabilidad es producto de sus propias deficiencias, de su corrupción o de su ideología? ¿Debe el FSLN cargar con los errores del gobierno en aras de la estabilidad social y desgastarse encauzando los estallidos sociales por la vía cívica? ¿Hasta qué punto son reconciliables la identificación con los trabajadores por un lado y el compromiso con la estabilidad nacional por el otro?

Divide y vencerás

No fue otro que Daniel Ortega el que calmó personalmente los ánimos de los "revueltos" en Ocotal y de los cañeros en Managua, trasmitiéndoles el apoyo oficial del FSLN y no una convocatoria a ampliar los conflictos hasta llevarlos a una huelga general o a la toma de otras ciudades, tal y como tenían planificado los "revueltos".

La dirigencia sandinista trata de razonar tanto con el gobierno como con los trabajadores, todo en aras de la estabilidad nacional y también de la equidad social, asumiendo la dirigencia el papel de despolarizadores de la sociedad, aun a riesgo de confundir su propia identidad política. Se le habló duro a Lucío Jiménez y también al gobierno.

Pero los dirigentes sandinistas no ignoran el dramático hecho de que el gobierno viene contraponiendo la demanda de empleo a la demanda salarial, publicitando así la "injusticia" y exageración de los reclamos salariales en momentos en que una mayoría de 700 mil nicaragüenses en el campo y las ciudades están desempleados.

La pretensión del Ejecutivo no es solamente dividir el frente sindical -sindicatos sandinistas y no sandinistas- o dividir a la dirigencia sindical sandinista de la dirigencia partidaria sandinista, sino también presentarse ante la opinión pública como una administración sensible a los reclamos de empleo y comida que formulan los desempleados obreros del campo, pero que fustiga como "desestabilizadoras" y "violentas" las demandas salariales y las demandas de participación en la propiedad de los obreros empleados, para los que se reserva el calificativo de "traidores". Se trata de dividir a los trabajadores entre "violentos" que cuentan privilegiadamente con un empleo y desprotegido sin empleo, que serían la prioridad de este "sensible" gobierno.

Ley y orden

De esta manera se preparan las condiciones para una posible escalada represiva gubernamental contra los "cabezas calientes", en opinión de los dirigentes de la CTN. Al hablar así, el gobierno decía hacerlo por el pueblo e incluso por grupos de sandinistas, como los del llamado "grupo de centro", que han insistido este mes en que la estabilidad debe ser defendida a toda costa haciendo cumplir la ley y el orden, en busca de la paz que anhela toda la ciudadanía, cansada de huelgas, violencia y inestabilidad.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, pero también desde la de algunos sandinistas, lo más "político" consiste en asegurar que el pueblo - ¿o sólo la población urbana televidente? - no les responsabilice de ser responsables de la inestabilidad social sino que por el contrario, tenga de ellos la imagen de defensores de los intereses nacionales y populares. Con esta perspectiva, se trata de diseñar un nuevo tipo de partido y de experiencia política que enlaza con la necesaria rearticulación del sandinismo después de la derrota electoral. No por la vía del debate - como ha sido característico a lo largo de la historia del sandinismo.

¿El FSLN es un partido de oposición?

En este contexto, el FSLN ha dejado de ser un partido opositor, porque no es oposición la que sale en defensa del gobierno cada vez que asoma una crisis social o económica. Pero tampoco es un partido que co-gobierna. La mayoría de los sandinistas insiste en que el FSLN no debe co-gobernar, exceptuando a los del nuevo "grupo de centro", que aspiran a cargos políticos.

El FSLN es "otra cosa". Pretende estar por encima del gobierno y casi de la nación misma al arrogarse la responsabilidad de continuar evitando que el país caiga en el caos y en niveles de violencia que pongan en peligro la posibilidad de que las fuerzas populares vuelvan a estar directamente representadas en el poder.

El riesgo de esta estrategia consiste en sobreestimar la paciencia y la capacidad de sacrificio de los trabajadores y de los sectores más oprimidos. Y por otro lado, en presumir que su actuación "madura" le abrirá paso políticamente al FSLN entre sectores que se enardecen con los trabajadores huelguistas y que nunca aceptarán al sandinismo, o entre un segmento de población apático e individualista o demasiado preocupado por su sobrevivencia como para tener posiciones políticas definidas.

También está clara la estrategia del Ejecutivo, que implora la colaboración del FSLN solamente en los momentos de crisis y no a la hora de definir las políticas que las pueden provocar. Es el mismo Ejecutivo el que pretende una y otra vez arrinconar al FSLN como partido y una y otra vez convertirlo en mediador, o peor aún, en el apologista del gobierno ante los trabajadores. Terminar con las protestas obreras se logra o por la vía de la represión, o por la vía de la neutralización de su dirigencia sindical o política. Para el Ejecutivo resulta siempre más fácil el recurrir al FSLN invocando el compromiso patriótico sandinista con la estabilidad de la nación y su sentido de responsabilidad como la fuerza política más organizada del país. Es una permanente y recurrente invitación que el FSLN no puede rechazar ni como partido ni como fuerza política preocupada por su imagen interna e internacional.

Favores políticos: ¿a cambio de qué?

Por lo demás, existen favores políticos que cobrar. En el haber del gobierno, el Ministro Lacayo tiene su virtual incondicionalidad con el Jefe del Ejército Humberto Ortega y la disposición de frenar todo intento de Alfredo César y de los partidos de la UNO de reformar la ley orgánica militar que protege a los mandos sandinistas. Las cuentas no salen tan claras teniendo en cuenta que en el otro lado está la política económica y el proceso de privatización, de las que son excluidas las grandes mayorías. Según Roberto Moreno, dirigente del independiente CPT, la Presidenta tiene más confianza en el ex-Presidente Ortega que en sus propios ministros para resolver los conflictos y recurre a él "para que convenza al FNT de que abandone algunos métodos de lucha y algunos reclamos".

Aunque no es tan simple el asunto, apunta a una nueva relación que se viene forjando entre los sindicatos y el partido, que propicia una creciente autonomía de ambos. A pesar de esta novedad, los sectores de la extrema derecha culpan a Ortega y al FSLN de toda acción de los trabajadores, independientemente de que esta autonomía es cada vez más palpable. Culpan también al Ejecutivo por permitir que el FSLN "co-gobierne" mediante los acuerdos de Concertación y los periódicos entendimientos a puertas cerradas con el Ministro Lacayo.

La táctica del gobierno es más compleja. Lucha hábilmente procurando dividir a todos los sectores, enfrentándolos entre sí o abocándose a pláticas directas con la dirigencia sandinista en nombre de la "estabilidad nacional" y la "no violencia" que pueden provocar confusión y divisiones en el sandinismo. Haciendo caso omiso de la inestabilidad y la violencia engendrada por sus propias políticas, el Poder Ejecutivo está volcado a una permanente campaña en los medios de comunicación masivos en defensa de sus posiciones y de su plan, resaltando únicamente el logro de la estabilidad monetaria y el del apoyo externo al ajuste estructural. En esta campaña de imágenes se responsabiliza a "los otros" de cualquier fallo del plan. Este mes la culpa cayó sobre los empleados del Banco Central, acusados oficialmente de sabotear la entrega de los créditos que exigían los productores, aún cuando el problema de fondo era que la entrega real de esas habilitaciones retenidas era sólo una fracción de lo que se les había concedido históricamente a los productores.

¿Más tregua?

El gobierno continúa pidiendo tregua a todos los sectores, a pesar de que ya ha acumulado los recursos externos necesarios para estabilizar la economía y la moneda. Insiste en que la fragilidad del momento económico no permite incrementos salariales, aunque un trabajador del campo gane el equivalente a 30 dólares mensuales, un maestro 70 y un médico de un hospital público entre 120 y 160 dólares.

El estancamiento en la producción y el deterioro en las condiciones de vida de la mayoría de la población ya no se puede atribuir a la carencia de recursos externos y hasta los gobiernos y organismos donantes atribuyen este estancamiento a las propias deficiencias administrativas del gobierno "tecnócrata" y a su falta de ejecución de los proyectos. En la misma reunión del día 14 de marzo entre el gabinete económico y el FSLN, el gobierno admitió contar con 70 millones de dólares para dar respuesta a los problemas puntuales del desempleo mediante programas de emergencia. Es también innegable e inocultable la corrupción gubernamental en todas sus variantes.

Propiedad y privatización

A la incapacidad administrativa gubernamental hay que agregar la incapacidad política de dar solución definitiva al problema de la propiedad. Existe consenso entre todas las fuerzas políticas y las numerosas misiones técnicas de los organismos internacionales de que mientras no exista un régimen de propiedad que garantice estabilidad y seguridad en el campo, no habrá producción y por lo tanto, no habrá tampoco ni estabilidad social ni económica. Sólo los grandes empresarios del COSEP, representados por los partidos políticos de la UNO que lidera Alfredo César en la Asamblea Nacional, no participan de este consenso.

Tanto el gobierno como el FSLN plantean que la estabilidad pasa por el reconocimiento jurídico y la titulación de la gran mayoría de las tierras y lotes distribuidos durante el gobierno sandinista, así como de las tierras estatales concedidas por el gobierno de la Presidenta Chamorro a los desmovilizados del Ejército y de la Resistencia.

El FSLN carece de estrategia sobre la privatización

El asunto de la propiedad y la defensa de la reforma agraria son un tema de principio y una prioridad para el FSLN, pues son un millón de personas las que han sido beneficiadas por la redistribución revolucionaria de la propiedad. También es este asunto cuestión de principio para los sectores ultraderechistas, entre los que se incluye nicaragüenses que obtuvieron la ciudadanía norteamericana y que hoy son acuerpados en sus reclamos por la embajada de Estados Unidos, que no deja de insistir en que se restituya lo "robado" a sus legítimos dueños.

A diferencia de los grandes empresarios capitalistas, de fuera y de dentro del gobierno, el FSLN y el FNT carecen de una estrategia concreta sobre la privatización. Habiendo ganado en los acuerdos de Concertación el derecho al 25%, se les hace difícil explicar a los trabajadores qué significa esto en la práctica. El gobierno tiene su propia explicación, que en muchos casos la reduce a argumentar que el 25% de una empresa quebrada equivale a cero. En la realidad, la interpretación y el porcentaje en disputa varía de una empresa y otra y cada negociación y cada industria tiene sus particularidades. Esta situación compleja, a veces confusa, es hábilmente aprovechada por el gobierno, apoyado a veces por algunos economistas y empresarios sandinistas, que coinciden con él en la inviabilidad de la participación obrera o en la inviabilidad de la empresa misma.

Por otra parte, el Presidente de la Asamblea Nacional, Alfredo César, en un nuevo acto de confrontación con el Ejecutivo y el FSLN, volvió a la carga el 18 de marzo al insistir que aún están en vigencia las partes de la "ley César" (ley 133) que anulan las leyes 85 y 86 mediante las que el sandinismo concedió derechos de propiedad sobre lotes y viviendas después de la derrota electoral. Se vuelve así a introducir la zozobra en la amplia población afectada, no obstante la validez política y jurídica que se dio en los acuerdos de la Concertación a las leyes 85 y 86 y el veto que la Presidenta hizo a la ley 133 en diciembre/91, cuestionando su legitimidad y legalidad y reafirmando la irreversibilidad de la transferencia de propiedades hechas por la revolución.

Coincidencias FSLN - Gobierno y responsabilidad del gobierno

Las coincidencias del FSLN con el Ejecutivo no deben disminuir la responsabilidad que tiene el gobierno Chamorro por la falta de resolución del problema de la propiedad, que ha venido siendo demandada en términos "pragmáticos" por los mismos organismos financieros internacionales. Al igual que en los conflictos con los cañeros, con el FNT, o con recompas y recontras, los funcionarios del gobierno firman y luego no cumplen. No contribuye a la "estabilidad" demandada por el FSLN el hecho de que el gobierno demore la entrega de certificados a los beneficiarios urbanos de las leyes 85 y 86, tal como había sido convenido en los acuerdos de Concertación. A partir de sus propias deficiencias administrativas, o como parte de un juego político para extraer concesiones al sector popular alrededor de un tema tan sentido, el Ejecutivo ha retrasado una y otra vez las entrega de estos certificados, exigiendo trámites engorrosos, lo que al fin y al cabo contribuye también a la desestabilización.

Cinco años de tregua

Las deficiencias en el cumplimiento de los compromisos del gobierno significan un costo político para el FSLN y, en el fondo, debilitan el marco político de negociación que supone ser partido-base del orden "post-revolucionario". El FSLN continúa insistiendo en que la concertación es el instrumento fundamental de la lucha popular, pero no contesta a esta pregunta: ¿qué se hace cuando la concertación no funciona o no se cumple con los compromisos firmados? Al no haber respuesta, no es extraño que las bases crean que la concertación es un instrumento que sólo sirve al gobierno y que el FSLN, al insistir en ese mecanismo, no hace más que apoyar al gobierno.

Los procedimientos del gobierno para hacer efectivos los derechos de propiedad en el campo y la ciudad parecen así obedecer a una estrategia más global, la de buscar quedar bien con Dios y con el Diablo. Se trata de mantener la estabilidad, pero también se trata de contentar a quienes en el COSEP o desde otras perspectivas denuncian los procedimientos de privatización como "vehículo para la piñata del chamorro-sandinismo".

La legalización de los títulos de propiedad que exigen los trabajadores del campo y la adjudicación del 25% de los derechos de propiedad a los trabajadores de las empresas en vías de privatización, son objetivos centrales del sandinismo. Porque se trata de evitar la reconcentración de la propiedad y las riquezas en manos de nuevos grupos económicos con capacidad de aplastar financieramente a los pequeños y eventualmente, de competir políticamente con el FSLN. Ante esto, el gobierno mantiene la posición de que la privatización no se puede ver "como botín", que no hay nada o casi nada que repartir en las empresas, y que es deber del FSLN educar a la clase trabajadora en perspectivas más acordes con los tiempos.

La concepción de "desarrollo" y la paciencia del pueblo

El problema radica en la concepción neoliberal del "desarrollo" y en la aceptación mecánica de que no existe otra alternativa para lograr desarrollo en Nicaragua que no pase por el sacrificio de los más pobres. A punto de entrar a su tercer año de gestión, el gobierno continúa pidiendo "treguas" al movimiento popular a fin de que las actuales políticas llevan al "despegue" y a la tierra prometida, haciendo de Nicaragua un país "interesante", como expresó Lacayo en Washington.

Pero ni los bancos ni los pueblos tienen como virtud la paciencia. Después de dos años de "democracia", la producción continúa estancada y la estabilidad no es más que un mito, afectando con ello las posibilidades de inversión, pequeñas o grandes, nacionales o internacionales. Y aún cuando exista realmente la pregonada estabilidad - ni gobierno ni oposición han explicado en qué consiste-, tampoco se ve en el horizonte ningún capital implorando invertir en Nicaragua. Tal vez fue en reconocimiento de esta preocupante realidad que el gobierno, en su reunión del 14 de marzo con la dirección sandinista, pidió nuevamente tregua, aunque esta vez por un período "de dos a cinco años". Dadas las condiciones internacionales, hubiera sido más honesto pedirla "por tiempo indefinido". O en otras palabras, pedir a la izquierda y a los sectores populares que acepten resignada y permanentemente su papel de marginados sociales y políticos.

El sandinismo, desprovisto de un programa alternativo, reconoce la necesidad del ajuste estructural, aunque se le hace difícil pagar el costo político-partidario y social de ser visto por el pueblo como colaborador del gobierno en este plan tan anti-popular.

A cambio de su "colaboración" y compromiso con la estabilidad nacional y, de hecho, con la continuidad política del modelo político actual, los dirigentes sandinistas reclaman algo: las bases para una estabilidad de mediano y largo plazo que favorezcan los intereses populares e institucionalicen el cambio revolucionario iniciado en la década pasada. La pregunta del millón es si el gobierno o los dictadores económicos del "nuevo orden internacional" están en capacidad de concederle ese "algo".

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