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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 124 | Marzo 1992
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Centroamérica

¿Se puede administrar progresistamente el modelo neoliberal?

El neoliberalismo concentra propiedad y riquezas en cada vez menos manos. ¿Provocará esto un estallido social? Lo que hay es cada día más descomposición social. Es altamente improbable que el modelo neoliberal pueda ser administrado progresistamente.

Equipo Envío

Centroamérica está unida. La unen hoy similares programas de ajuste (PAE), impuestos por el Banco Mundial. Centroamérica ha cambiado. Tanto, que la CEPAL evalúa que ya se han sentado las bases para un cambio duradero en la región.

Se quiera aceptar o no, estos programas de ajuste estructural han generado también actitudes homogéneas en los pueblos de la región. Existe una tenaz resistencia popular a la aplicación de los ajustes, lo que introduce un nuevo horizonte de ingobernabilidad en un área que lleva mucho tiempo siendo inestable.

El reciente intento de golpe militar en Venezuela debe mirarse como un capítulo más dentro de la corriente de malestar social que generan estos programas de ajuste en toda América Latina. En el caso venezolano, desde los inicios de la aplicación del ajuste hubo revueltas sintomáticas como el "caracazo" de marzo/89.

Para todos los gobiernos latinoamericanos que están aplicando las recetas del Banco Mundial, lo sucedido en Venezuela no deber ser algo lejano o ajeno . La fuerte tendencia a la marginalización social de las mayorías que promueve la aplicación de los programas de ajuste hace que esta historia se refiera también a ellos.

Pero, pese a todas las evidencias de los enormes costos sociales y políticos de estos ajustes, se ha ido consolidando un punto de vista conservador respecto a la estabilización económica y a las oportunidades de desarrollo, recubriéndolo todo con la bandera de un mayor realismo político. Los diferentes gobiernos, con ayuda de los millones otorgados por el Banco Mundial, han disuadido incluso a sus propias oposiciones políticas, hasta hacerlas coincidir con ellos en un tratamiento "pragmático" de ambos problemas, el de la estabilización y el del desarrollo. Este pragmatismo ha sido proclamado como una disposición a negociar que reclama una "descontaminación ideológica" de las relaciones políticas. Se afirma que lo que importa es la realidad y no los prejuicios. Por encima de todo, estaría la Nación, la Eficiencia y el Mercado.

Las ideas simples que se manejan, muy cercanas al sentido común pero desgraciadamente muy lejanas de la realidad, contienen una dosis de ilusiones extremadamente peligrosa. Porque empantanan socialmente las alternativas populares y facilitan la reestructuración conservadora de la sociedad, sin crear condiciones para resolver los problemas que aquejan a las mayorías de todos nuestros países.

Las dos caras del proyecto neoliberal

El ajuste neoliberal no es sólo un programa económico. Tampoco puede ser enfrentado únicamente con "parches económicos" que disminuyan sus costos sociales se trata de un fenómeno globalizador de modernización conservadora, de un proyecto de refundación social.

Hay que rasgar el velo ideológico que cubre este proyecto de la nueva derecha regional, porque tras la fachada de fatalismo y realismo que acompañan las propuestas técnicas de los gobiernos, se esconde un filo político que debe ser advertido. Eso intentamos hacer examinando los resultados del proyecto neoliberal en Centroamérica y delineando algunos ejes alternativos para enfrentar la oleada neoliberal.

¿Es una salida para todos?

A fuerza de repetir hasta el cansancio de inevitabilidad, el ajuste neoliberal se acepta como algo inevitable. No como una salida entre otras a la crisis, sino como la única salida global. Se habla también de que en este camino inevitable hay un trecho de sufrimiento transitorio, pero al final del túnel todos accederán a una mayor igualdad y a un bienestar con eficiencia económica. Después de haber logrado la estabilización, la tarea fundamental, sería el desarrollo, el hacer "crecer la torta". Pero el guión de esta película está reñido con los hechos. Desde 1989 hasta hoy las tendencias indican que los cambios introducidos por el ajuste apuntan a un nuevo modelo de crecimiento excluyente. Y no son nada seguras las estrategias productivas con las que se articula.

La contracción de la economía y su creciente y acelerada liberalización va sacando del camino a los sectores considerados ineficientes y condenados a desaparecer, sin darles alternativas de reinserción productiva y social. Al mismo tiempo, el desempleo y los bajos salarios se convierten en instrumento de ajuste permanente en nombre de la de pretendida competitividad.

El repliegue del Estado ha continuado disminuyendo su capacidad de regulación y debilitando los servicios públicos. La privatización continúa su labor transformadora en la producción y en los grupos sociales, reforzándose con la creciente transferencia de tierras y de empresas,lo que estimula la tendencia a la concentración de la propiedad en menor número de manos.



La liberalización financiera contribuye a la formación de grupos empresariales que a corto plazo manejan recursos en actividades especulativas y comerciales, facilitando además la fuga de capitales. El mercado de capitales en formación no está reforzando la base productiva, mientras se sigue debilitando la banca estatal. No se ha producido la esperada repatriación de capitales y la sustitución de la inversión pública por la privada. La burguesía y parte de la clase media obtienen beneficios de crédito y de consumo, pero al precio de que se reduzcan las transferencias hacia otros sectores sociales y productivos, que son los mayoritarios.

Por el lado de la estrategia productiva, el ajuste se plantea un crecimiento basado en el sector exportador, pero este enfoque no convierte realmente a este sector en un motor eficaz para el desarrollo. En efecto, aunque sea beneficiado con una transferencia masiva de recursos, con un bajo costo de la mano de obra, con la disponibilidad de recursos naturales y de tierras, el enfoque basado en enclaves competitivos de productos de exportación ni persigue ni tampoco logra arrastrar al resto de la economía en un proceso de industrialización y de seguridad alimentaria para toda la población del país.

La explotación primaria de los recursos no difunde la tecnología y no califica a la mano de obra. En cambio, la competitividad basada en los bajos salarios, refuerza las desigualdades sociales. Todo esto promueve en nuestros países un tipo de crecimiento desigual y extremadamente vulnerable por su exclusiva dependencia del mercado externo, a diferencia de lo que ha sucedido en las recientes experiencias industrializadoras (Japón y Sudeste Asiático), basadas en la transferencia de tecnología y en una mayor calificación de la mano de obra. Por su parte, las alternativas de exportaciones no tradicionales y de maquila, no constituyen un relevo económico suficiente, como se demuestra en la experiencia centroamericana. Esto sucede mientras en el corto plazo el sector exportador tradicional (algodón y café) es cada vez más inviable. Las estrechas oportunidades de inserción externa e interna que deja el enfoque productivo del ajuste, conducen a una "salida de la crisis" cuyo eje social está en las fracciones más internacionalizadas de la burguesía. Sólo ellos se salvan.

En la búsqueda de una nueva inserción externa del país y determinados a que sobreviva en el mercado interno "lo que aguante", tras la total apertura al libre mercado, el ajuste sólo beneficia realmente a los sectores más transnacionalizados de las burguesías locales.

El ajuste neoliberal y las transformaciones que lo acompañan no constituyen una salida para todos los ciudadanos de nuestros países. No es el ajuste un tratamiento técnico de la inflación ni tampoco un plan económico neutro, utilizable por cualquier otro gobierno que represente intereses sociales diferentes. El ajuste es un proceso de refundación social y económica del país con intereses bien definidos.

¿Se puede administrar progresistamente este modelo?

Otra idea clave en la propaganda neoliberal es la fe ciega en que el mercado estabilizará la economía, y luego podrá retomarse la senda del crecimiento. Eventualmente, se podrá incorporar a los excluidos con una administración progresista del modelo. Pero hay que estar claro: este modelo no se puede administrar posteriormente en sentido progresista, pues arrasa con las posibilidades en que puede desarrollarse una integración social.

Aun cuando el ajuste tenga "éxito", éste se basa en un crecimiento reducido y excluyente, en la generación de un desempleo estructural, en la disminución de la capacidad de regulación social a través del Estado, en una inflación baja pero ajustada permanentemente con desempleo y bajos salarios, y en el sacrificio de la base productiva nacional.

Por último, el ajuste implica una profunda modificación en la correlación de fuerzas sociales, lo que debilita, con consecuencias duraderas, a los sectores populares, reduciendo estructuralmente la posibilidad de incorporar un componente de mayor igualdad en el modelo.

El espacio social, y por lo tanto el económico y el político, queda cerrado para una administración progresista del modelo. Esto lo revela, por ejemplo, la experiencia chilena. En Chile, la coalición centrista en el gobierno no ha podido modificar el modelo heredado de la era pinochetista. Al punto de que un tibio intento de reforma tributaria progresiva se quedó en el tintero de los diseñadores de política económica.

¿Queda tiempo para contener la ola neoliberal?

Las oposiciones políticas moderadas y "centristas" caen en la ilusión de que dentro del neoliberalismo se dispone de tiempo para construir nuevos espacios políticos, Mientras, los sectores populares logran sobrevivir reinsertándose laboralmente como vendedores ambulantes informales o acudiendo al asistencialismo de políticas de compensación social. La realidad es que la resistencia popular al nuevo modelo no ha logrado articularse, ha perdido fuerza y se ha fragmentado a medida que crece el sector informal, el desempleo y la descomposición social.

Todo esto va diluyendo los intereses colectivos y sustituyéndolos por un feroz arribismo, fruto de una desesperada lucha por la sobrevivencia individual o familiar, generando apatía y yo-que-pierdismo . De esta manera se abona el terreno para la cooptación de los individuos con el discurso populista o con la perspectiva de una "democracia" reducida al voto aislado, desligando así a los pobres de la búsqueda de posibles soluciones colectivas basadas en sus propias necesidades e intereses.

Por otro lado, los conflictos sociales no aceptables por el ajuste no son reconocidos y son calificados por "fuera de la institucionalidad", dividiéndose así a los sectores populares más organizados. Esto facilita la cooptación de los que todavía pueden obtener algunas concesiones en materia de salarios, de empleo o de propiedad. Ejemplo de esta división es la contradicción entre los intereses corporativos de la dirigencia de la UNAG y los de su base campesina, ahogada por la falta de crédito y la indiscriminada apertura comercial a productos extranjeros.

Todo esto se refuerza el corporativismo y disminuye las posibilidades de alianzas entre los sectores populares. Los excluidos, que son la mayoría, quedan forzados a una sobrevivencia aislada y disponibles para la cooptación por métodos políticos como el clientelismo o el populismo. Los programas asistenciales -los "fises" y los "fasos"- y la restauración de la influencia de caudillos o notables locales que manejan programas municipales como prebendas facilitan el auge de estos tradicionales métodos políticos.



Consecuencias económicas del neoliberalismo: la debilidad de atarse al capital extranjero

Algo positivo en 1991 fue que, gracias a la recesión de los países del Norte, las tasas de interés real bajaron, permitiendo la afluencia de capitales a la región centroamericana, a la vez que se reducían las erogaciones en concepto del pago de intereses por la deuda externa. Con una política financiera conservadora, el sostenimiento de las tasas de interés nominales en un contexto menos inflacionario -como el que tienen hoy los países del área- elevó los tipos reales de interés en la región y esto reforzó el flujo de capitales.

Pero esta bonanza no dejo de traer sus adversidades. La crisis del Norte implicó también una disminuida demanda por nuestras exportaciones regionales, a la par que los precios de los bienes centroamericanos volvieron a perder poder de compra por otro año consecutivo. A la vez, el mayor flujo de capitales permitió aumentar la demanda de importaciones, la que excedió el umbral de lo requerido por la levísima reactivación. Estos hechos expresan, sobre todo, los procesos de expansión de la oferta global mediante el recurso a la importación, que son propios de los programas de liberalización comercial promovidos por el neoliberalismo. De una situación como ésta se derivan varios inconvenientes:

1) El flujo positivo de capitales puede hacer estallar el apretado corsé de la política financiera conservadora, ya que amplía la oferta monetaria interna mediante la acumulación de reservas internacionales.

2) La mayor disponibilidad a importar y el sostenimiento de la oferta global requiere de un flujo continuado de capitales.

3) La característica del actual flujo de capitales es su "volatilidad", tiene rasgos de "dinero ansioso", que es atraído por los diferenciales positivos de las tasas de interés reales en la región. Cualquier cambio en este precio clave haría que el actual flujo de capital escapara nuevamente de los circuitos regionales.

La paradoja más importante de esta nueva situación es que, pese a los esfuerzos del ajuste neoliberal por reducir la vulnerabilidad externa fortaleciendo un sistema de precios que favorecen al exportador, el resultado ha sido el contrario: existe una notable apreciación de los tipos de cambio reales efectivos. Esto implica que se pierde competitividad externa y que el dólar se abarata, con la consecuencia de que los costos de producción por insumos y bienes importados es mayor. Al encarecerse la producción que utiliza componentes importados, resulta "más barato" desarticular el aparato productivo nacional.



El manto neoliberal cubre toda la región

El ajuste neoliberal se ha abatido con la fuerza de una tormenta tropical sobre el istmo centroamericano. Los países de la región estuvieron envueltos, en su mayoría, en procesos de estabilización y ajustes económicos de una particular intensidad en 1991. A nivel global, después de un largo período recesivo en la década pasada, en estos últimos dos años se ha vivido una situación de estancamiento, pese a los leves crecimientos de la producción en el 91. Incluso, como lo indica el comportamiento del producto por habitante en 1991, la economía continuó virtualmente estancada en El Salvador y Guatemala o fue claramente recesiva en Costa Rica, Honduras y Nicaragua.

Es notorio que en el caso de estos tres países, los procesos de estabilización fueron particularmente drásticos y combinados con programas de liberalización comercial dentro de un paquete de ajustes estructurales acelerado. En el caso de Honduras y Nicaragua, la implementación imperativa de las recetas de los organismos financieros internacionales se ha dado sin una negociación soberana de los respectivos gobiernos y, en consecuencia, la celeridad de las medidas implementadas ha sido simplemente vertiginosa.

Para Costa Rica, que hasta ahora había seguido un ritmo gradualista en la implementación de las reformas estructurales, la aceleración de 1991 empezó a socavar las bases materiales del pacto social tico, basado en la provisión de una amplia red de servicios públicos y en la estabilidad laboral. En el caso de Guatemala, el embarcarse en el proceso de ajustes desaceleró su tasa de crecimiento del año pasado. El caso de Panamá es especial, porque muestra una recuperación después de la abrupta caída del 18% de la producción en 1988, que no logra compensar el crecimiento positivo acumulado entre 1990 y 1991. De hecho, el crecimiento acumulado en estos dos años no da para restablecer los niveles de producción que existían en una fecha tan cercana como 1987.

En todos los casos, hubo consecuencias políticas: la implementación de las reformas neoliberales introdujo o agravó los problemas de gobernabilidad en todos los países. La fuerte reducción de la inflación en casi todos los países -exceptuando a Costa Rica y Panamá-, se obtuvo a un increíble costo social y comprometiendo el desarrollo a futuro de la nación. El relativo aumento de las exportaciones en 1991, con un incremento del 10% en su valor, se produjo en un marco externo cada vez más adverso. Por un lado, está la caída de los precios del café y del azúcar, rubros importantes de las ventas externas de los países del área.

A comienzos de 1992, se sumó a esto el desplome del precio de la fibra de algodón, con lo que los rubros tradicionales que constituyen la base del modelo agroexportador centroamericano están en una crisis que se perfila como terminal. Por otro lado, el valor de las importaciones aumentó en casi 7%, aunque con grandes diferencias entre los países. Esto hizo que en el trienio de 1989 a 1991 el déficit en cuenta corriente aumentara en Honduras, Nicaragua y Panamá, mientras que se redujo para Costa Rica, El Salvador y Guatemala.

En este período, sin embargo, el saldo regional de la cuenta corriente logró reducirse. En cambio, para 1991 el déficit regional en cuenta corriente mostró una disminución de 350 millones de dólares, gracias a los descensos registrados en Costa Rica y El Salvador y a la considerable ampliación que tuvo el superávit de Panamá. En Guatemala, Honduras y Nicaragua en cambio, el déficit aumentó.

En Costa Rica, el valor de las exportaciones de bienes aumentó un 10%, gracias al aumento de los precios internacionales del banano -que compensó ampliamente las pérdidas en la producción ocasionada por el terremoto en Limón- y al incremento del tipo de cambio real. Las compras externas declinaron un 7%, debido a las medidas de ajuste aplicadas para superar los problemas de balanza de pagos, tales como la imposición de una sobretasa y el incremento del depósito previo a la importación y una devaluación más pronunciada, principalmente en la primera mitad del año.

En Guatemala, destaca el escaso crecimiento de las exportaciones, en parte por la disminución de los precios internacionales de varios productos tradicionales. A esto contribuyó también la menor producción de café y el descenso de los inventarios de ese producto ocurrido en el año anterior tras la eliminación del sistema de cuotas. Sin embargo, las exportaciones no tradicionales (hortalizas y otros productos agropecuarios), continuaron mostrando tasas significativas de crecimiento. Hubo un aumento del 15% de las importaciones por el incremento de la actividad económica y de la demanda interna. Los bienes intermedios y de consumo fueron los que empujaron el alza de las importaciones.



En El Salvador, el sector exportador mostró una evolución favorable (7%), por los productos no tradicionales, en particular vendidos a otros países de Centroamérica. En los productos tradicionales, hubo una leve disminución en el valor de las exportaciones de café, mientras que las de azúcar tuvieron un fuerte incremento. Las importaciones aumentaron en un 15%. En esto incidieron especialmente las compras externas de bienes intermedios y de capital.

Las exportaciones de Nicaragua cayeron un 10%, agravando la depresión que registran en los últimos años. Esta caída fue el resultado de los problemas de la oferta interna en pleno proceso de reestructuración y de la desfavorable evolución de los precios de los productos tradicionales de exportación. Las importaciones siguieron deprimidas como consecuencia del severo programa de ajuste para controlar la inflación.

En Honduras, el valor de las exportaciones cayó -por segundo año consecutivo- casi un 2%, por la disminución en los volúmenes de los principales productos de exportación (banano y café). Las compras externas se contrajeron por las medidas de ajuste aplicadas para enfrentar los desequilibrios macroeconómicos.

En Panamá, continuó la vigorosa recuperación de las exportaciones (21%), con lo que se alcanzó un monto casi 80% superior al de 1980. Por otra parte, continuó una vigorosa expansión de las importaciones, como producto de la normalización de la situación política y la suspensión del bloqueo económico por parte de los Estados Unidos.

Centroamérica registró en 1991 una transferencia neta de recursos levemente positiva. Hay que recordar que el conjunto de países de la región ha recibido tradicionalmente transferencias netas del exterior.

A diferencia de 1990, cuando la reducción de la transferencia neta de recursos al exterior se debió principalmente al elevado aumento del monto de los atrasos en el servicio de la deuda, en 1991 la mejor situación de la mayoría de los países de la región provino principalmente del ingreso de capitales voluntarios, de carácter no crediticio, en la forma de inversión extranjera directa y en colocaciones financieras. Pero, una parte significativa de estas corrientes está constituida por capitales de corto plazo, que son fácilmente reversibles.

En 1991, Honduras y Nicaragua disminuyeron su deuda. Las menores obligaciones de estos países reflejan en gran medida los efectos de la cancelación de sus deudas. El gobierno de Estados Unidos acordó condonar más del 90% de su deuda bilateral con Honduras y Nicaragua. Esta cancelación tuvo tal magnitud que neutralizó sobradamente el efecto de la nueva acumulación de deuda -incluidos los intereses atrasados- y contribuyó a una disminución absoluta del total de obligaciones extranjeras. Los atrasos fueron un factor importante que contribuyó al crecimiento de la deuda en Guatemala y Panamá.

Pero es real que se lograron algunos progresos en la regularización de los pagos de la región. En una negociación para eliminar parte de los atrasos del país con la banca internacional, Nicaragua organizó un paquete de refinanciamiento para eliminar los atrasos con el BID y el Banco Mundial. También regularizó sus pagos con los gobiernos del Club de París a fines de 1991.

En resumen, mientras los países de la región se debaten entre el estancamiento y la débil base productiva heredada, el ajuste neoliberal promueve una mayor desnacionalización de la economía y una creciente desintegración social. Todos los países han sido abandonados a su propia suerte, reintegrándose al circuito financiero internacional. La "ayuda" que se les da la actualidad viene atada a que adopten por fuerza los programas de estabilización y ajuste recomendados por estos organismos financieros internacionales.



En este muy restringido marco, algunos países como Nicaragua han reducido sustancialmente su deuda externa, pero sólo hasta niveles en los que logran una estrecha capacidad de pago real. La capacidad de pago, sin embargo, queda comprometida por el adverso marco externo que enfrentan todos los países de la región. Pese a los esfuerzos por lograr un marco nacional de estabilidad macroeconómica, y a pesar de que los diferentes países han logrado en los últimos tres años pocas depreciaciones reales en sus tipos de cambio, esto no se ha traducido en una mayor competitividad de sus exportaciones. Sucede así porque la búsqueda de la competitividad y la eficiencia la asientan sobre bases falsas: la reducción del salario real y la desnacionalización de la economía.

En tanto la oposición popular no se articule como una opción alternativa para contener y rediseñar el ajuste neoliberal, los escenarios que se derivan de las tendencias en curso son dos.

El primero sería "a la chilena". Se trata de crecimiento a base de islotes o enclaves, que aunque sí son competitivos, son insuficientes para integrar socialmente al país. El modelo está acompañado de la marginalidad de grandes sectores de la población, pero hay estabilidad política y diferentes dosis de represión interna.

El segundo escenario seria "a la boliviana": estabilización combinada con estancamiento, descomposición social y narcotráfico. Este modelo podría incluir islotes de crecimiento. Aunque no es posible obtener todo a la vez, sí es urgente comenzar a fabricar otro escenario. Se trata de detener la descomposición social, de contener el ajuste y la imposición del neoliberalismo, y de abrir espacios para un modelo de desarrollo con justicia y con igualdad.

La característica del nuevo modelo político regional es que combina la democracia formal con un alto grado de autoritarismo económico, cuando no de represión política. Esto convierte la estabilización política del país y la democracia en un orden formal, basado en una mayor eficacia institucional pero que no tiene compromisos que se sustenten en las mayorías. Los compromisos de gobernabilidad que se asumen en torno a este tipo de estabilización política, bloquean aún mas a los sectores populares, generando el trueque de libertades públicas formalizadas a cambio de la imposición del modelo neoliberal.

Ejes alternativos al neoliberalismo

Aunque con esta fórmula quizás se normalice el país, no se asegura ni la estabilidad ni la democracia ni más igualdad social. El ajuste y las transformaciones estructurales necesitan de orden y estabilidad pero, por lo estrecho de la base social beneficiada con este modelo y por la amplitud de los sectores que afecta, produce altos grados de conflicto e ingobernabilidad. Esto exige fuertes dosis de represión interna si no logra subordinar los intereses de los afectados. En estas condiciones, una estabilización política formal refuerza las exigencias represivas pues, por la misma definición del modelo, no se pueden canalizar los conflictos dándoles soluciones económicas que favorezcan a una base social amplia.

Para los gobiernos neoliberales de la nueva derecha no hay mejor situación posible. El modelo les permite extorsionar a las oposiciones políticas y, a través de éstas, a los sectores populares. Todo movimiento por fuera del estrecho escenario diseñado, cubierto además por la legitimidad electoral del gobierno y justificado con la estabilización política del país, se presenta como un atentado a la democracia y a la estabilidad nacional, marginando a quienes se quieren oponer a la lógica de una estrategia económica que no les favorece. Esta dinámica política implica el empantanamiento de la oposición.

Cualquier oposición al ajuste y a este modelo de crecimiento excluyente, debe distanciarse de sus premisas políticas y económicas, tomando como eje central los intereses populares. Es a través de los intereses de las mayorías populares que se debe construir la integración nacional, base real de la estabilidad política y de la democracia. La construcción de la Nación debe hacerse desde la perspectiva de quienes han sido históricamente postergados. En caso contrario, la "salida de la crisis" sería política en el corto plazo por la subordinación de todos al modelo neoliberal, pero se dejaría abierta la puerta para que a mediano plazo se reanuden las crisis sociales. La ansiada "paz duradera" que proclaman los mismos gobiernos neoliberales estaría muy lejos de conseguirse.



Cualquier alternativa debe diferenciarse necesariamente del pasado reciente y del viejo modelo agroexportador oligárquico, remozado ahora por el Banco Mundial. Ni la parálisis ni la confusión generada por la crisis de los paradigmas asociados a los modelos de industrialización de la CEPAL y a los modelos de cambio social inspirados en el llamado socialismo real deben condicionar la búsqueda de alternativas.

El futuro no está cerrado por la falta de alternativas teóricas. Estas se construyen en los procesos sociales y en las relaciones de las distintas fuerzas sociales, las únicas capacitadas para cerrar o abrir el futuro.

La propuesta alternativa busca explícitamente la transformación productiva con igualdad. Un modelo de desarrollo con igualdad debe comenzar por reconocer la desigualdad existente y el bloqueo de las capacidades productivas por falta de recursos. La equidad no debe concebirse al estilo neoiberal de hoy y de siempre: "igualdad de oportunidades" para quienes tienen riquezas e ingresos desiguales. Las diferencias en el punto de partida al iniciar la carrera,además de significativas, son estructurales. Esto exige re-distribuir la riqueza y habilitar productivamente a quienes están castigados por las tendencias concentradoras del modelo neoliberal. Si la región necesita una inserción externa más eficaz, también necesita de una inserción interna para la mayoría de su población.

La alternativa debe tener en cuenta al campesinado y a la pequeña y mediana industria

Es vital para esto garantizar amplias y reales posibilidades de acumulación al campesinado y a la pequeña y mediana industria. La opción alternativa tiene dos exigencias:

1) establecer una clara prioridad en favor de los sujetos económicos populares y

2) constituir un sujeto social y político capaz de impulsar este proceso. En un período de democracia formal y de economía de mercado, se puede por lo menos ampliar la democracia y regular el mercado. Y hay que hacerlo en la medida necesaria para no continuar postergando estratégicamente a los sectores populares y para contener su exclusión del modelo. En el marco del modelo neoliberal, tanto las estrategias de sobrevivencia individual, como las estrategias empresariales, sectoriales y locales, constituyen una respuesta parcial e insuficiente. Aunque sean necesarias, se corre el riesgo de convertir estas adaptaciones atomizadas en una virtud. No lo son, son un espejismo de solución.

¿Qué hacer en el corto plazo?

En lo inmediato, los ejes clave para enfrentar la descomposición social y la desarticulación productiva son:

1) Recuperación del sector salud y educación. Para ello es vital un programa consistente de ampliación de la cobertura y de la calidad de los servicios de salud y la elaboración de un programa de formación técnico-educativo que califique a la población. A diferencia de la propuesta neoliberal, que quiere limitar la calificación de la fuerza de trabajo a la educación primaria, es vital para el desarrollo la calificación de recursos humanos aptos para asimilar e incorporar el progreso técnico y adecuadas capacidades empresariales y de gestión.

2) Programas de empleo productivo y de construcciones públicas. Son de suma urgencia para lograr una reactivación inmediata. Estos programas deben orientarse esencialmente a la rehabilitación de los sectores productivos, la vivienda y servicios sociales y la infraestructura básica. A causa de las grandes necesidades sociales, las condiciones de los organismos financieros internacionales dejan un estrecho margen de maniobra a la política económica, que se sienten especialmente en El Salvador y Nicaragua, donde se viven situaciones de post-guerra. Adicionalmente, por lo limitado de los recursos en relación a las necesidades, se deben eliminar los gastos no esenciales.

3) Reorientación inmediata de los recursos de crédito para la reactivación y el potenciamiento productivo de los pequeños y medianos productores. Esto es clave y debe hacerse privilegiándolos sobre sectores de la gran producción que tienen capacidad de autofinanciamiento.

De hecho, el crédito en manos de productores pequeños y medianos es más eficiente. Genera más empleo y más producto por unidad de capital.

También deben priorizarse las empresas estatales y con participación de los trabajadores en la propiedad, que han estado siendo víctimas de un sistemático bloqueo financiero por parte del gobierno. La asignación de los recursos externos, disponibles por muy poco tiempo, exige que las inversiones públicas y la asignación de crédito deban articularse claramente con una estrategia inmediata de reactivación productiva. Pero la reactivación no debe limitarse al corto plazo, sino empalmarse simultáneamente con una estrategia productiva concertada y de largo plazo. En caso contrario, el cortoplacismo reactivador tendría bases frágiles.



¿Cómo encontrar una salida para todos?

Una estrategia de desarrollo con igualdad es lo suficientemente amplia como para integrar al mayor número de sectores.

La capacidad reguladora del Estado, integrando en dicha estrategia y privilegiadamente los intereses populares en su abigarrada diversidad, es un elemento indispensable. Esto ha de ser compatible con el restablecimiento y el respeto de un marco macroeconómico consistente.

En lo que respecta a las fuentes para financiar el esfuerzo de un crecimiento con igualdad, el ahorro externo debe ser un importante complemento y no un sustituto del ahorro interno. Cuando se busca elevar el nivel de autonomía en las decisiones económicas fundamentales, e impulsar un modelo económico sustentable, resulta imprescindible consolidar la capacidad de ahorro nacional. Este esfuerzo se hace aún mas necesario si se tienen en cuenta las condiciones restrictivas de los mercados internacionales de capital.

La estrategia alternativa, aun cuando da prioridad al consumo de bienes básicos, apunta a un estilo de desarrollo austero, reconociendo de manera explícita la necesidad de limitar el consumo de lujo y de imitación de otros modelos culturales, apoyándose para esto en los instrumentos fiscales y otras medidas.

Se debe asumir que niveles de consumo más allá de las posibilidades económicas de un país sólo se consiguen, temporalmente y comprometiendo el futuro de la nación.

Eje económico y social de la estrategia de desarrollo

Los sujetos económicos que deben ser priorizados en la recuperación son la pequeña y mediana producción agrícola e industrial, bajo las diferentes formas de propiedad individual, cooperativa o participativa.

De hecho, todos estos sujetos han iniciado, aun en medio de la crisis y a duras penas, su reestructuración, abandonando el esquema de subsidios del gobierno anterior y fortaleciendo su eficiencia técnica y capacidad de respuesta productiva eficiente. Lo que la política económica debe propiciar es que los recursos que posibiliten su plena reconversión productiva y su mayor eficiencia lleguen a estos sujetos.



El eje de la transformación persigue el establecimiento de crecientes eslabones productivos entre la pequeña y mediana producción y otros sectores de la economía, para lo que deben adecuarse los programas de infraestructura, de financiamiento, de acopio-procesamiento y de comercialización. La pequeña y mediana producción debe tener una fuerte incidencia y participación en estos eslabonamientos, apoyándose en el estímulo al mercado interno para generar empleo productivo. Las exportaciones deben financiar la recuperación, al mismo tiempo que deben realizarse esfuerzos para generar un nuevo y dinámico sector exportador que se integre crecientemente con la estructura productiva del país, a través de cadenas cada vez más densas de producción y servicios.

Esto no requiere ni de producciones de enclave ni de concentración de la propiedad y la riqueza. Por el contrario, requiere tanto de una creciente democratización de los recursos financieros y técnicos, como de una política social de acompañamiento. Significa esto una inversión masiva en capital humano a través de servicios de educación, salud y calificación técnica.

Cualquier proceso de reactivación y desarrollo económico implica necesariamente la intervención consciente y planificada del Estado. Debería ser obvio. El control estatal en la asignación de recursos productivos y financieros es vital para promover y favorecer la inserción productiva eficiente de los variados sectores sociales y productivos que hoy padecen marginalidad y pobreza. La disyuntiva entre control y descontrol del Estado es falsa. De lo que se trata es de ser pragmático e identificar dónde controlar y dónde no, favoreciendo un esquema de desarrollo democrático.

El eje político y social

Para introducir los cambios que necesita la economía, una estrategia de desarrollo nacional y democrático debe partir de un amplio consenso nacional entre los sectores involucrados. El mecanismo institucional para lograr esto son los procesos de concertación entre los sectores laborales, los empresariales y el gobierno. Pero no hay que hacerse ilusiones sobre la voluntad de cooperación de los sectores dominantes en este tipo de negociaciones. La experiencia enseña que estas negociaciones sólo son posibles en una correlación de fuerzas donde la confrontación tiene un alto costo político y donde cada parte no puede imponer simplemente su voluntad a la otra.

Una realidad así implica la existencia del conflicto en la base de estos procesos de concertación. De lo que se trata es de fortalecer un esquema de gobernabilidad sobre la base del manejo del conflicto y no sobre la base de su represión o de su ampliación. La capacidad ejecutiva del gobierno debería de disponerse para legitimar los acuerdos surgidos del foro de concertación, confiriéndole así al sistema político la credibilidad y estabilidad necesarias para introducir los cambios sociales y económicos aceptados por las partes.

Para que esto sea efectivo, no debe seguirse la fórmula de la consulta bilateral impositiva más las acciones de hecho y la presión, para terminar aplicando de cualquier modo el punto de vista del gobierno. El verdadero liderazgo del gobierno debe fundamentarse en la coordinación de la búsqueda del consenso al interior de las instituciones participativas. Los procesos de concertación restringidos a lo coyuntural pierden legitimidad porque la evolución real del modelo en curso los desmiente y el marco de informalidad y pobreza mayoritaria los pone en cuestión.

Neoliberalismo y participación democrática

El neoliberalismo conlleva tendencias concentradoras y excluyentes que reducen estructuralmente las posibilidades de que un país alcance un desarrollo con igualdad y justicia. Por esta razón, la participación de los sectores populares necesita ser permanente y no esporádica y coyuntural. La irrupción del pueblo en la vida política del país necesita de una prolongación de esa participación en la vida económica y social, asegurando así su presencia progresiva, tanto en la ampliación de la democracia como en el desarrollo de la nación.

Esto requiere de una institucionalidad socioeconómica que legitime y haga posible la participación popular. La estrategia alternativa es imposible de concebir sin una discusión de fondo sobre la asignación de los recursos y su articulación con estrategias productivas que constituyan efectivamente una salida económica y social para la mayoría de los ciudadanos del país.

Para ello es vital la unificación de los intereses populares por encima de las fronteras organizativas y sectoriales, incorporando a la mayoría de los marginados en una alternativa común. La participación requiere de institucionalización para regular su funcionamiento y garantizar la solidez de los compromisos que se elaboren en torno a la estrategia de desarrollo. De esta manera se introduce un horizonte previsible en base a metas económicas y sociales para todos los sectores, reduciendo la incertidumbre y canalizando los conflictos en dirección a esas metas.

Se reduce así la ingobernabilidad creada por los sucesivos conflictos, provocados a medida que el mercado va marginando y/o eliminando a diferentes sectores sociales y genera más focos de desigualdad.



La búsqueda de un consenso negociado en torno al nivel de los servicios públicos, del bienestar social y de la orientación de los esfuerzos productivos que se está dispuesto a aceptar, constituye el primer paso para elaborar un horizonte previsible.

Los ejes mencionados, serían los verdaderos cimientos a partir de los cuales los países centroamericanos podrían llegar al fin de siglo construyendo un desarrollo que resuelva el horror de la pobreza. Sólo así se puede avanzar hacia una paz social y económicamente auténtica.

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