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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 124 | Marzo 1992
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Costa Rica

Se empieza a romper el silencio

"Calderón prometió eliminar a los pobres y lo está haciendo, nos está eliminado por hambre". Este chiste que repite a diario el pueblo costarricense ilustra la principal contradicción que enfrenta el gobierno. Después de años aplicando gradualmente el proyecto neoliberal, en los últimos meses, éste se ha acelerado. La sociedad costarricense empieza a reaccionar.

Equipo Envío

El Presidente Rafael Angel Calderón Fournier a casi dos años de gobierno: continuar la aplicación de los programas de ajustes estructurales (PAEs) ante el creciente consenso de amplios sectores de la sociedad de que esto significa incrementar la desigualdad social y el empobrecimiento de las mayorías. La verdadera cara neoliberal se ha revelado, mostrando los desequilibrios estructurales que contiene y la nueva y mayor dependencia a la que conduce.

Por primera vez, políticos del opositor Partido Liberación Nacional (PLN) y del gobiernista Partido de Unidad Social Cristiana (PUSC) coinciden con sectores de la empresa privada, sindicatos y campesinos en señalar que tras tantos años de implementación de los PAEs han sido un fracaso. Calderón Fournier tuvo la mala suerte de llegar al poder un mes después de que Violeta de Chamorro asumiera la presidencia de Nicaragua y al inicio de los cambios internacionales que pusieron fin a la guerra fría.

El "modelo" de Costa Rica ya no es útil a los Estados Unidos

Con la derrota electoral de los sandinistas, el fin de la guerra de los contras, y la conversión del FSLN en partido opositor, se le acabó a Costa Rica el vivir de las rentas de la «neutralidad perpetua», con el oportunismo de gobiernos como el de Monge y Arias y bajo la presión y chantaje de Estados Unidos. El modelo de la Costa Rica pacífica, "desmilitarizada", vulnerable y democrática ya no es útil a los intereses de Estados Unidos, que ahora debe preocuparse más por consolidar las otras incipientes democracias de la región y por diseñar un nuevo tipo de relación interamericana.

De la noche a la mañana desaparecieron para Costa Rica los altos niveles de ayuda económica internacional, principalmente la que le otorgaba directamente Estados Unidos, que en los momentos más duros de la agresión diplomática y militar contra Nicaragua y para comprar el apoyo de los gobiernos costarricenses -de 1982 a 1986- alcanzó la suma de 681.9 millones de dólares. «Mientras los sandinistas estén en el poder, Costa Rica tiene garantizados por lo menos 200 millones de dólares anuales en ayuda del gobierno norteamericano», había dicho Oscar Arias.

Un rápido desgaste

Ahora, Costa Rica tiene que competir en un plano de igualdad -o tal vez desde una posición menos privilegiada- con el mísero apoyo que Estados Unidos ha destinado para Nicaragua, El Salvador, Panamá, Honduras y Guatemala. E incluida dentro del marco regional, debe competir con los nuevos miembros de la comunidad internacional, los países de Europa del Este y las repúblicas de la ex-Unión Soviética. A pesar de las promesas recibidas en diversos foros, todo indica que la ayuda financiera que recibirá la región centroamericana y cada uno de sus países será limitada.

Otro elemento para explicar la actual situación es que el socialcristiano Calderón heredó de dos administraciones socialdemócratas consecutivas, 8 años de implementación de planes de ajustes, con la firma del PAE I en 1985 y el PAE II en 1989. El sometimiento de Costa Rica, a partir de 1982, a las exigencias de la AID fue la condición impuesta para que los gobiernos de Liberación Nacional recibieran ayuda económica, sentaran las bases para implementar el proyecto neoliberal y superaran la crisis económica de 1979-82, período en el que el Presidente Carazo Odio rompió con los organismos financieros internacionales, por no estar dispuesto a someterse a sus directrices antisociales.

También tocó a Calderón iniciar el desmantelamiento del estado de bienestar social creado por anteriores gobiernos de Liberación Nacional y el modelo "distributivista-estatizante" desarrollado por ellos. Todo esto ha desgastado rápidamente a Calderón.

Las cifras de la crisis

Aunque los indicadores macroeconómicos de la década de los 80 señalaban una recuperación sostenida del crecimiento del Producto Interno Bruto, un incremento sustantivo de las exportaciones -principalmente las no tradicionales- y los indicadores no apuntaban hacia un deterioro significativo de las condiciones de vida ni a la necesidad de reducir del aparato estatal, con los años se fue evidenciando un crecimiento de la desigualdad social, un empobrecimiento de la clase media, un deterioro de los servicios públicos y un aumento de la corrupción gubernamental, la delincuencia, el desempleo y la violencia.

Frente a este panorama, las promesas electorales de Calderón se tuvieron que basar precisamente en una conclusión que ya era dolorosamente obvia para la mayoría del pueblo: los sectores populares no seguirían pagando las consecuencias de los PAE. La mayoría de los sectores empobrecidos le dieron por eso el voto a Calderón, para sentirse de inmediato decepcionados, al optar el nuevo Presidente no por estabilizar los precios y aliviar la crisis social sino por medidas correctivas de "shock".

Casi todos los indicadores económicos en 1990 fueron negativos, a excepción del crecimiento de 3.5% del Producto Interno Bruto (el segundo más alto de América Latina después de Venezuela, pero muy por debajo del alcanzado en 1989). En los números se anunciaba ya la crisis. Los cambios a nivel regional y mundial y sus consecuencias sobre la ayuda económica externa, la desigualdad social y el empobrecimiento causado por 8 años de ajuste neoliberal y la crisis económica de 1990 se combinaron finalmente en 1991, para sacudir al pueblo costarricense y hacerlo responder al engaño de Calderón y del proyecto neoliberal bipartidista.

La tendencia conservadora y conformista asumida por los costarricenses durante la década de los 80, comienza ya a diluirse ante la triste realidad de que existe un elemento común que los une cada día más al resto de los centroamericanos: la pobreza. El "caballo de troya" para los pobres de la región -el modelo costarricense- comenzó a cuartearse y las calles de San José se convirtieron en zonas de combate, desde la marcha en enero en respaldo a las empleadas de los comedores escolares, pasando por la violenta resistencia de los vendedores callejeros en junio, hasta la protesta de rectores y estudiantes universitarios, que junto a los sindicatos y otros sectores populares, enfrentaron la falta de voluntad política del gobierno para dar respuesta a la crisis social y lograron forzar a Calderón, casi a finales de año, a dar marcha atrás y suspender las medidas más nocivas del PAE II.

Alarma sobre un estallido social

El desgaste de Calderón, que para septiembre 91 contaba con sólo el 26% de apoyo popular -el mismo nivel de apoyo con el que cuenta Carlos Andrés Pérez después del intento de golpe militar-, ha tenido como consecuencia y por primera vez, un serio cuestionamiento del proyecto neoliberal bipartidista hecho por amplios sectores de la sociedad.

La dimensión de este cuestionamiento provocó que las divisiones observadas ya en el gabinete desde que asumieron el poder en mayo/90 desembocaran en la renuncia de varios ministros -los más preocupados por los aspectos sociales-, hizo sonar la alarma sobre un estallido social si no se hacía un alto en el camino, comenzó a preocupar a políticos del PUSC sobre sus posibilidades electorales en 1994, hizo que el PLN optara por la actitud oportunista de comportarse como oposición para no pagar el costo social de la implementación del PAE II y finalmente, alentó a sindicatos, organizaciones populares y pequeños y medianos agricultores a presionar sobre demandas alternativas.

Tanto el PLN como el PUSC -que imitando a Estados Unidos en el mejor ejemplo de colonialismo cultural integran el sistema bipartidista que controla el Ejecutivo y Legislativo costarricense- están comprometidos con el futuro del proyecto neoliberal y convencidos de que es el mejor -o el único- camino a seguir. Aunque los ticos no han sido los primeros y más enérgicos impulsores de los planes de ajuste, sí desean tomarle la delantera a los otros países de la región en relación a la apertura del mercado con la firma de acuerdos de libre comercio con México, Venezuela, otros países latinoamericanos y en el futuro con la Iniciativa para las Américas promovida por la administración Bush. Según el Ministro de Planificación en el gobierno de Oscar Arias, Otón Solís, "el neoliberalismo se convirtió -para el PLN y el PUSC- en una ideología. Para ellos es un dogma de fe que la competencia aumentará automáticamente la eficiencia y la productividad de las empresas".

Por esto, las fuertes críticas de políticos del PUSC y del PLN responden en gran medida a intereses políticos electoreros. Para algunos políticos del PUSC, la crítica tiene ribetes partidistas: buscan evitar un mayor deterioro del partido antes de 1994, para mantener vigente la posibilidad de alguna candidatura presidencial. Sin embargo, algunos diputados del PUSC han hecho señalamientos contundentes. Entre ellos, Roberto Tovar Faja, quien expresó que los programas de ajuste impulsados desde 1982 no han hecho nada por Costa Rica, ya que los indicadores económicos continúan siendo negativos y a nivel social sólo han provocado más pobreza. Otros plantean que los PAEs no van a conformarse con eliminar la función social del Estado sino que tienen un objetivo más amplio: someter todas las relaciones sociales a las leyes del mercado.

A los socialcristianos siempre les han tocado los años difíciles y en esta ocasión el "afortunado" fue Calderón. Sin embargo, aunque el PLN haya sacado ventaja política de que el cuestionamiento al proyecto neoliberal haya salido a flote durante una administración socialcristiana, el Partido Liberación Nacional comienza a mostrar sus propias divisiones internas, provocadas en parte por el distanciamiento de las bases que se produjo durante la década de los 80. Un grupo, hasta el momento mayoritario, sostiene la línea neoliberal. Otro busca regresar a los principios y plantea una corriente "socialdemócrata", de mayor compromiso -aunque sea retórico- con la justicia social.

Para Rolando Araya Monge, líder de esta corriente, los PAEs están acabando con las economías centroamericanas y "al pueblo se le ha mentido sobre sus efectos reales". La tendencia neoliberal del partido es acusada por las otra tendencia de derechista, oportunista, de olvidarse de los sectores populares y de limitarse a dar su apoyo incondicional a la política económica del gobierno.

La izquierda sigue débil

1991 es el año en el que por fin el proyecto neoliberal fue cuestionado por amplios sectores sociales, incluso por algunos empresarios que, aunque apoyan la implementación de los PAEs, cuestionan el ritmo de la desgravación arancelaria y el poco financiamiento que dan los organismos financieros internacionales a cambio de sus imposicones.

Pero ni la izquierda ni el sindicalismo logran ponerse a la cabeza del amplio descontento que surgió en 1991. En parte, porque ambos sectores salieron de los años 80 completamente desgastados. Para ellos la década no fue sólo "perdida". Casi los lleva a la extinción. Ni el Partido Vanguardia Popular, ni el Partido Revolucionario de los Trabajadores, ni la Coalición Pueblo Unido lograron alcanzar en 1990 el 1.5% mínimo de votos que requiere la ley electoral para participar en futuras elecciones, con lo que el ámbito político costarricense ha quedado reducido a un sistema bipartidista, que como el que conforman republicanos y demócratas en Estados Unidos, hace que cada vez sean mas idénticas las posiciones políticas de los partidos y más frecuente su involucramiento en casos de corrupción, entre ellos captar altas sumas de dinero proveniente del narcotráfico para las campañas electorales.

En el caso de los sindicatos, el movimiento solidarista los supera en número de afiliados y en dar respuesta a las necesidades de sus miembros, a través del financiamiento de multinacionales y empresas privadas que se benefician del proyecto neoliberal. El movimiento sindical sufre también una gran dispersión, al representar 7 centrales sindicales a menos de 150 mil trabajadores. Por otra parte, el 91% de los miembros sindicados están en el sector público. Si Calderón logra la meta de despedir a 30 mil empleados estatales, el sindicalismo en Costa Rica habrá desaparecido prácticamente.

El avance de los movimientos revolucionarios en Centroamérica en la década de los 80 no provocó una mayor politización de las masas costarricenses. Al contrario, afianzó una tendencia conservadora, reforzada en parte por la crisis de la izquierda a nivel internacional y local. Ni los sindicalistas ni la izquierda reaccionan adecuadamente al proyecto neoliberal, o reaccionan tardíamente, sin fuerzas, sin capacidad de potenciar el descontento popular y dar una respuesta coherente y cohesionada que modifique el rumbo actual.

Una notable efervescencia social

Sin embargo, a pesar de su propia debilidad o decadencia y de los esfuerzos gubernamentales para mediatizar su capacidad organizativa, los sectores sindicales exigieron en 1991 un cambio en la implementación de la política económica: cese a los despidos de empleados públicos, resistencia a la privatización de empresas y la negociación de las medidas económicas que impulsa el gobierno.

Esta efervescencia social respondió a un crecimiento de la pobreza, del desempleo y del sector informal. Según la Oficina de Estadísticas del Gobierno, la mitad del ingreso es acaparado por el 20% de la población, mientras que el 20% de los más pobres recibe el 5%. Las esperanzas de un mejor futuro se han evaporado para la mayoría de los ticos y, aunque las protestas no fueron lo suficientemente contundentes para hacer que el gobierno cambiara el actual rumbo, sí lograron que Calderón hiciera un alto en el camino y suspendiera temporalmente las medidas más nocivas del plan de ajuste.

Para él, que había llevado a cabo negociaciones secretas con el Banco Mundial e ignorado el costo social del despido masivo de los empleados públicos, de la liberación de los precios y de una política salarial restrictiva -para el costarricense con ingreso medio significa gastar el 94% de su salario en alimentación-, dar "marcha atrás" en algunas medidas de su programa económico significó ganar tiempo y reconocer que no iba cumplir con las metas asignadas por el FMI: la inflación debería haberse reducido al 12% y se quedó en 25% y el PIB en sólo el 1%.

Aún más importante que lo conseguido -la recuperación del presupuesto universitario y la disminución del ritmo de despidos de empleados estatales y de la privatización-, es la presentación a la Asamblea Legislativa del documento denominado Programa Económico Costarricense I (PEI), por parte del recién creado Frente Nacional contra la Privatización.

Un documento-símbolo

La importancia de este documento radica más que en su contenido, en el hecho, simbólico si se quiere, de que se busca recuperar la soberanía nacional ante la sumisión gubernamental a los organismos financieros internacionales. El documento fue presentado en la manifestación convocada contra el plan de ajustes neoliberal del 20 de noviembre. Las 16 organizaciones populares que integran el Frente Nacional contra la Privatización, además de manifestar su desilusión con el proyecto neoliberal, rompieron el acuerdo de tres meses de tregua firmado entre el gobierno y el Consejo Superior del Trabajo, demostrando así también la capacidad organizativa independiente, fuera del control sindical.

El mismo día de la presentación del PEC I, el gobierno y la Coordinadora Nacional Agraria (CNA), que aglutina a pequeños y medianos productores, firmaron un acuerdo de 20 puntos que rescata, según los campesinos, la soberanía alimentaria nacional y es una respuesta concreta a los PAEs. Con esto se busca pasar "de la protesta a la propuesta" y se implementa el concepto de desarrollo del sector campesino, que considera el agro como el "motor de la economía nacional." La firma de este acuerdo es considerada una victoria para el campesinado, que en la última década tuvo un crecimiento organizativo impresionante, pasando de 24 organizaciones en 1980 a 193 en 1991 y de 7 mil 600 miembros a 50 mil 432.

La importancia política de este acuerdo es que ante el peligro de ser exterminados por los PAEs, cuyo primer impacto fue incrementar los precios de los productos de la canasta básica y tratar de desmantelar la producción campesina, los pequeños y medianos productores agrícolas pasan a formular y a defender un proyecto nacional que abarca a todos los sectores de la sociedad.

No se trata sólo de defender reivindicaciones específicas, sino de defender la soberanía alimentaria de toda la población y de garantizar la producción y comercialización agraria, pues los programas impuestos por la AID ya han causado que la mitad de la alimentación del país sea importada. El número de familias que se beneficia con este acuerdo es superior al número de miembros afiliados a los sindicatos y garantizan al sector agrícola la participación en definir medidas compensatorias y protectoras en el agro, por lo menos hasta 1993.

También, el participar en las negociaciones que se llevan para la integración regional y para restablecer el Mercado Común Centromericano. Esta propuesta, que reorganiza el sector agrícola constarricense y responde a una larga lucha del campesinado contra los PAEs, se convierte en una gran señal en momentos en que se lucha por una alternativa que sea una intermedia entre la economía de libre mercado y la responsabilidad social del Estado y que logre detener la carrera desenfrenada del Estado costarricense por convertirse en paradigma de las economías de mercado en la región.

Escándalos y debates sobre democracia y neoliberalismo

1992 comenzó con una serie de escándalos y debates sobre la democracia y el neoliberalismo. El PAE II tenía como objetivos reducir el déficit del sector público, bajar la inflación, consolidar el programa de movilidad laboral -o despido de empleados públicos- completar la aprobación de la reforma tributaria y mantener las importaciones al mismo nivel de 1990.

El PAE III, que se estuvo negociando en 1991 y se implementará en 1992 profundizará aún más las medidas neoliberales a través del "retiro voluntario" de 30 mil trabajadores estatales para "convertir al Estado en un aparato pequeño y eficiente" e impulsará la privatización de casi todas la empresas estatales para lograr a corto plazo una reducción del déficit fiscal y a largo plazo la reestructuración del sector público, independientemente de su rentabilidad. El tercer elemento es la desgravación arancelaria hasta un tope máximo del 20%, según acuerdo con los otros países centroamericanos.

Estas medidas, acompañadas de la no intervención del Estado en la fijación de precios y la liquidación de la mayoría de exenciones fiscales, agudizaron probablemente no sólo el descontento social sino también el cuestionamiento sobre qué significa la democracia: ¿un ejercicio popular cada cuatro años que beneficie a unos pocos o la participación del Estado en garantizar las necesidades básicas de las mayorías? El intento de golpe de Estado en Venezuela forzó por primera vez a Calderón y a su gabinete a considerar seriamente la situación económica y a analizar un plan contra la inflación, que incluye subsidios para el 30% más pobre de la población, considerados dentro del PAE III.

Al igual que en Venezuela, estos fondos destinados a "aliviar" la situación social se habían contemplado en las negociaciones con el FMI para evitar en el último minuto una explosión social, pero ahora se acelerará su entrega para así superar cualquier obstáculo a la implementación del proyecto neoliberal. Como lo indica el reciente viaje del Presidente Calderón a Colombia y a Chile, éste busca situar a Costa Rica a la vanguardia del acceso a financiamiento fresco en mercados fuera del área centroamericana.

Descomposición social e incertidumbres

La descomposición social en Costa Rica se ha manifestado en el involucramiento del PLN y el PUSC en la obtención de fondos provenientes del narcotráfico para el funcionamiento de sus actividades, en uno de los mayores índices de América Latina en suicidios, alcoholismo y embarazos de adolescentes. Y de fondo, el creciente militarismo.

¿Por qué, a pesar de los planes de ajuste, el presupuesto de los aparatos de seguridad se incrementó en un 33% durante 1990? Oscar Arias había prohibido el uso de rangos militares para así centrar la atención sobre la amenaza del "militarismo" sandinista, pero Calderón volvió a implantar los rangos militares entre los 31 mil miembros de las fuerzas armadas, que se disfrazan con los nombres de Guardia Civil y Guardia Rural, en vez de llamarse Ejercito Nacional. ¿Será que entrenando al 40% de esa Guardia Civil y esa Guardia Rural con los carabineros de Chile, los kaibiles de Guatemala o las fuerzas de seguridad israelíes se estará preparando la respuesta que habrá que dar al pacífico pueblo costarricense cuando se atreva a cuestionar el ritmo de implementación de los ajustes?

De hecho, no es ningún secreto para los pequeños y medianos productores que gran parte del ejercito secreto de 15 mil policías de los cuerpos privados de seguridad han sido contratados por terratenientes para amedrentarlos y hostigarlos en la lucha reidividicativa que hasta ahora llevan a cabo con éxito.

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