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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 124 | Marzo 1992
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El Salvador

Primeros pasos en el nuevo país

Con los acuerdos de paz y con la muerte del máximo líder de la derecha, Roberto DAubuisson, se cerró una etapa de la historia salvadoreña y se abrió una nueva. Arrastrando aún las mismas contradicciones sociales, el país se enfrenta a un proceso de cambios, prácticamente revolucionario.

Equipo Envío

Después de negociaciones en las que ambas partes -también las Naciones Unidas- se esforzaron por llegar a consensos serios, se trata ahora de ejecutar en el escenario de las contradicciones lo que hasta el primero de febrero no eran más que papeles firmados y mucha emoción popular por los logros alcanzados.

Cristiani: un gobierno de transición

En esta nueva etapa, el gobierno de Cristiani es realmente un gobierno de transición al que, tras la implementación de los acuerdos, le quedaría sólo enfrentar la última prueba del proceso: las elecciones del 94. Por un lado, ONUSAL -responsable internacional para la verificación de los acuerdos- tiene "intervenidos" al ejército y a la seguridad pública. Por otro lado, COPAZ -principal instancia responsable de llevar adelante los cambios acordados- ha "intervenido el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial para ponerlos en marcha.

Desde esta perspectiva, el actual gobierno no puede ser visto más que como un gobierno de transición. Tiene responsabilidad del Estado y de la sociedad, pero no es el sujeto activo de las transformaciones que están modificando Estado y sociedad.

La nueva etapa arranca con una nueva metodología: la búsqueda del consenso y la concertación, que intenta sustituir las acciones de confrontación, tanto de la izquierda como de la derecha. El conjunto de las transformaciones políticas acordadas -un proceso muy delicado- sólo podrá llegar a término si se evitan innecesarias confrontaciones. Hoy, más allá de un tradicional análisis de la izquierda y la derecha, hay que considerar más que nunca las tendencias pragmáticas y las radicales de ambos sectores.

Tanto izquierda como derecha tratan de habituarse a este nuevo escenario, después de varias generaciones acostumbradas a las acciones de fuerza. Hasta el momento, son los sectores políticos -más que el movimiento popular y los sectores empresariales- quienes hacen un mayor esfuerzo para llegar a acuerdos por la vía del consenso. Por su parte, el pueblo va tomando conciencia de la profunda transformación política con que se ha iniciado esta nueva etapa al confirmar la presencia del FMLN y de sus dirigentes en actividades públicas, en el trabajo de las comisiones de COPAZ, en debates o en noticieros y en los campamentos donde se concentran sus hombres. El FMLN ha dejado de ser una fuerza clandestina y censurada abiertamente por el gobierno, para ser definitivamente un protagonista de la vida del país reconocido socialmente.

Los acuerdos y los cambios políticos-sociales buscan también que las grandes mayorías sean protagonistas y se expresen pública y libremente, sometido el poder militar al poder civil y abiertos los espacios políticos que les pertenecen.

El cese del fuego

Del conjunto de los acuerdos, los que se refieren a la implementación y supervisión del cese de fuego son los que parecen avanzar con más normalidad, a pesar de algunos retrasos en el cumplimiento del calendario establecido, retrasos reconocidos por ONUSAL como involuntarios, propios de un proceso de esta complejidad y que hasta ahora no afectan esencialmente la ejecución de los acuerdos. El proceso de cese de fuego se coordina por medio de un grupo conjunto de trabajo formado por el jefe de los observadores militares de ONUSAL, el General del ejército español Víctor Suanzes Pardo y representantes de la Fuerza Armada y del FMLN. La división militar de ONUSAL en El Salvador estaba integrada por 332 miembros (latinoamericanos y europeos) en las dos primeras semanas después del inicio de la paz.

La primera fase establecida en los acuerdos de cese de fuego se dio prácticamente por ejecutada. El FMLN concentró sus fuerzas en 50 lugares previamente establecidos, fundamentalmente en zonas de control y presencia guerrillera. La Fuerza Armada -63 mil hombres- se concentró en 100 cuarteles, centros de interés económico y militar y en bases fijas. El FMLN presentó su inventario de armas y de fuerzas a ONUSAL: la fuerza guerrillera se estableció en 8 mil 600 hombres y el equipo en 4 mil fusiles y artillería.

La primera objeción en el proceso de cese de fuego vino de la Fuerza Armada y del propio Cristiani, que consideraron imposible que el FMLN tuviese más hombres que armas. El FMLN calificó de "juicio especulativo" el hecho por Cristiani, reiterando que el tema del armamento es un compromiso adquirido por el FMLN con la ONU y no con el gobierno. La cuestión, aunque bastante delicada, no logró interrumpir la ejecución de los acuerdos.

En la segunda fase del cese de fuego, que se inició el primero de marzo, las fuerzas del FMLN se concentran en 15 posiciones y las del ejército en 62 posiciones, las mismas que ocuparán en tiempos de paz.

La presencia del FMLN, desde el inicio formal del cese de fuego en zonas cercanas a núcleos de población y a carreteras, ha hecho que numerosos y variados grupos, entre simpatizantes y curiosos, visiten los campamentos del FMLN, convirtiéndolos en lugares de turismo y aprendizaje político. La denuncia del FMLN sobre el vuelo de aviones militares sobre estas sus zonas de concentración de fuerzas y el anuncio de que los derribarían si continuaban los vuelos, creó un tensionamiento entre el gobierno salvadoreño y el hondureño, al tener que admitir el gobierno de Cristiani que eran aeronaves de Honduras las que violaron el espacio aéreo de El Salvador.

#Tabla1#

Trabajos de la COPAZ

La Comisión para la Consolidación de la Paz (COPAZ), instalada el primero de febrero, es la institución que más actividad ha tenido en la nueva etapa. COPAZ es la instancia más cualificada en la búsqueda del consenso político, por estar integrada por 6 representantes de los 6 partidos políticos con diputados en la Asamblea Legislativa, por 2 miembros del FMLN y 2 del gobierno, y contando con la presencia, en calidad de observadores, del jefe de la delegación de ONUSAL, Iqbal Riza -quien fue jefe de ONUVEN en Nicaragua- y de un representante de la Iglesia Católica, Monseñor Gregorio Rosa Chávez.

Si las decisiones en COPAZ se tomasen por mayoría y teniendo en cuenta las tendencias políticas, las votaciones quedarían virtualmente empatadas, dificultándose los acuerdos que COPAZ debe tomar prácticamente a diario. Por eso se definió ya en México que COPAZ tomaría sus decisiones por consenso. De este modo, las decisiones y propuestas de COPAZ a los poderes del Estado adquieren una dimensión consensuada por todos y la calidad de las acciones de COPAZ puede ser mayor.

A pesar de ciertos retrasos, reconocidos por todos los miembros de COPAZ, en los calendarios de ejecución de los acuerdos, el engranaje está aceitado y se mueve. COPAZ ha definido ya sus propias subcomisiones de trabajo: la subcomisión encargada de la organización de la Policía Nacional Civil (PNC) y la subcomisión especial para el tema económico-social. Logró también consenso para la propuesta de los integrantes del nuevo Tribunal Supremo Electoral, que sustituirá el Consejo Central de Elecciones, incorporando a un representante de Convergencia Democrática y a un representante de la Corte Suprema de Justicia, que será quien presida el Tribunal.

La Asamblea Legislativa, tras elegir a los miembros del nuevo Tribunal entre los propuestos, procedió a juramentarlos, a excepción de los representantes de la Corte Suprema -propietario y suplente-, que declinaron la elección del cargo.

La nueva Policía Nacional Civil y la seguridad pública

El coordinador general de la PNC, el abogado Ernesto Arbizú Mata, fue elegido en enero y con el consenso de las comisiones negociadoras. Le corresponde dar los primeros pasos en las organización de la nueva policía e iniciar las gestiones para su financiamiento.

La total falta de fondos para la PNC ha sido uno de los concretos obstáculos al proceso de paz en su primer mes. COPAZ ha nombrado ya a los integrantes de la subcomisión encargada de implementar los acuerdos sobre la PNC.

Esta funcionará como comisión consultiva para Arbizú, estando aún pendiente la propuesta de la terna para el cargo de Director de la PNC, que debe ser nombrado por el presidente Cristiani.



#Tabla2#

El gran logro: el inicio de la desmilitarización

La creación de la PNC, que sustituye a la Guardia Nacional, a la Policía de Hacienda, a la Policía Nacional y a las defensas civiles en las zonas rurales, en sus funciones de garantizar la seguridad pública, y la exclusión constitucional de la Fuerza Armada de los asuntos de seguridad pública, es el gran logro de los Acuerdos de Paz y el principal mecanismo de desmilitarización y pacificación de la sociedad salvadoreña.

Esto no elimina la pobreza, que va seguir siendo el problema central a resolver. Pero en esta nueva etapa, la lucha por salir de la pobreza no estará acompañada de represión.

Los cuerpos de seguridad y las defensas civiles constituían el pilar fundamental del militarismo y el mecanismo esencial para el sometimiento del pueblo por la represión.

A partir del primero de marzo, los actuales cuerpos de seguridad fueron disueltos, pasando sus miembros a formar parte del ejército y estando por esto sometidos al control militar de ONUSAL, a los procesos de reducción y depuración que se establecieron para el ejército y excluidos constitucionalmente de las funciones de seguridad pública.

Sólo la actual Policía Nacional continuará transitoriamente con sus funciones, bajo el mando del Presidente Cristiani, y mientras se organizan los primeros cuadros de la PNC y ésta se va organizando y desplegando por todo el territorio nacional.

El control sobre las fuerzas de seguridad pública es, sin lugar a dudas, el acuerdo que más han lamentado los sectores de derecha y el ejército. Por eso, hacen todos los esfuerzos y maniobras posibles para distorsionar este acuerdo o evitar la creación de la PNC.

Estos esfuerzos no son del todo ajenos a la importancia de primera plana que los medios de comunicación social gubernamentales están dando al tema de la delincuencia y la inseguridad ciudadana.

Si es cierto que desde el fin de la guerra puede haberse incrementado la delincuencia, cosa muy lógica en un país acostumbrado a la violencia, con gran cantidad de armas y explosivos dispersos y con una agravada crisis económica, no llega a entenderse cómo, entre enero y febrero, cuando los cuerpos de seguridad pública han dispuesto supuestamente de la totalidad de sus efectivos para la vigilancia y el orden público, la delincuencia y los robos pequeños o grandes se hayan incrementado tanto. Lo único que podría indicar este supuesto incremento sería que los cuerpos de seguridad pública han sido y son incapaces de cumplir con la misión de garantizar el nivel más primario de la seguridad de los ciudadanos.

La derecha y el ejército siguen soñando con controlar nuevamente los cuerpos de seguridad. Incluso, el ex-General Onecífero Blandón, miembro por el PCN de la subcomisión para la nueva Policía Nacional Civil, llegó a proponer el traspaso de los miembros de la disuelta Guardia Nacional a la actual Policía para reforzarla en su labor de vigilancia del orden público. Hicieron eco a esta propuesta otras figuras y elementos derechistas.

Focos desestabilizadores

El conflicto laboral en la fábrica de calzado ADOC y la puesta en marcha de los acuerdos respecto al tema agrario, han sido ocasión, para que la gran empresa privada por medio de la ANEP y ASI, la derecha latifundista e instituciones gubernamentales como FINATA, llamen la atención al gobierno para que evite desórdenes y garantice la seguridad pública. Han formulado también llamados el ejército, con campos pagados en los periódicos, donde le piden a los militares que asuman un papel activo en la seguridad pública, cuando según las reformas constitucionales acordadas, al ejército no le compete en ningún caso ninguna tarea de seguridad.

El caso de ADOC, fábrica de calzado que domina mayoritariamente el mercado nacional, con una cuota elevada de exportación al extranjero, y con instalaciones en Costa Rica, constituye un elemento disonante en la tónica general que lleva el proceso en sus primeras semanas. El clima de protestas radicales generado por el sindicato de la empresa, y en respuesta, el cierre "definitivo" de las instalaciones, sienta un mal precedente cuando aún no se ha implementado el Foro económico-social.

Un futuro de mejores relaciones obrero-patronales y el matiz de concertación que requieren los acuerdos han encontrado en este conflicto una traba, que demuestra que hay sectores en los que aún predomina un estilo poco pragmático.

El segundo y más grave foco de desestabilización está en el problema agrario. En general, tanto el FMLN como sectores de la empresa privada han coincidido en afirmar que, comparado con otros puntos de los acuerdos, el que se refiere al tema económico-social fue el menos trabajado. Quedaron muchos vacíos y ambivalencias que hacen difícil su implementación. Hasta mediados de febrero la derecha latifundista montó una campaña denunciando "tomas de tierra" en distintos lugares del país. Cristiani habló de 260 "tomas ilegales". El FMLN negó que se hayan dado tomas y afirma que se trata de "re-tomas" de antiguos propietarios de tierras, principalmente en zonas de control del FMLN, que las abandonaron durante la guerra y que intentan hoy recuperarlas.

El problema de la tierra, el más delicado

Aunque sí se han dado algunas tomas, son fundamentalmente en las tierras contempladas en los acuerdos: las propiedades que sobrepasan el límite constitucional de 245 hectáreas y las que no estén siendo cultivadas actualmente deben pasar a manos de campesinos sin tierra. Los acuerdos de Chapultepec contemplan otras transferencias de tierras: las que están en zonas que estuvieron bajo control del FMLN, las estatales que no sean reservas forestales y las que sus dueños vendan voluntariamente al Estado. Las que están en zonas afectadas por la guerra, zonas de control militar del FMLN, deberán pasar por medio de compra-venta de los antiguos propietarios a los actuales tenedores campesinos que fueron base social de la guerrilla. El FMLN presentó ya a COPAZ el inventario de estas tierras, que abarcan el 38% del territorio agrícola de todo el país.

El tema de la distribución de la tierra es el más delicado, está en la misma raíz de la guerra civil que acaba de concluir y es de esperar que genere continuos conflictos. "Es para nosotros un asunto de vida o muerte", han dicho los máximos dirigentes del FMLN. Al conflicto que un cambio en la tenencia de la tierra está produciendo al interior de la sociedad salvadoreña, hay que añadir el generado entre Honduras y El Salvador. El gobierno hondureño ha denunciado que el gobierno salvadoreño está entregando tierras en disputa entre ambos países a familias de combatientes del FMLN. Estas tierras son unos 400Km² ubicadas en los llamados "bolsones en litigio" en la frontera de ambos países. El gobierno de Cristiani negó que hubiera tales entregas. El de Honduras pidió la intervención de "cascos azules" de la ONU. Y no puede descartarse que la ultraderecha salvadoreña se esté apoyando en los hondureños -sobrevuelos de aviones y conflictos de tierras- para desestabilizar el proceso.

Consenso y confrontación

A pesar de tantos años de guerra y duras confrontaciones y acciones radicales por ambas partes, la puesta en marcha de los acuerdos no tuvo el primer mes mayores problemas, aunque muchos de los principales conflictos ya se anunciaron.

Izquierda y derecha han tomado conciencia de que sin una seria flexibilidad política y sin un pragmatismo realista, la ejecución de los acuerdos se transformaría en una prolongada confrontación que desvirtuaría por completo el proceso de paz. Pero de la toma de conciencia a los hechos pueden haber muchos trechos.

#Tabla3#

La exactitud del calendario, establecido también por el mecanismo del consenso, ha tenido variaciones en la práctica. Conflictos como el de ADOC y el que se deriva del problema agrario y la cuestión de la seguridad pública, podrían generar más retrasos en la ejecución de los acuerdos o ciertas condiciones para su implementación. El 27 de febrero, por ejemplo, los grandes empresarios privados de ANEP anunciaron públicamente su participación condicionada en el Foro de Concertación, que debía haber sido convocado por COPAZ el 16 de febrero, según el calendario, en este caso no cumplido. ANEP sólo participaría en un marco de estabilidad y con una pronta solución del problema de las tierras.

A pesar de todo, el proceso es irreversible. Muchos conflictos irán surgiendo según el momento político de la ejecución de cada acuerdo, pero la dinámica del consenso y la concertación ha empezado a consolidarse.

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