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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 122 | Diciembre 1991
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Nicaragua

Lecciones del estallido del 9 de noviembre

Fueron sólo 24 horas y aunque ya el 10 de noviembre las cosas volvieron a la normalidad, el panorama político del país había variado.

Equipo Envío

El 9 de noviembre será recordado como un punto de referencia importante en la etapa de cambios que vive Nicaragua. Al igual que en las huelgas de mayo y julio de 1990, amplios sectores de la población recurrieron a formas de lucha que recordaron las empleadas en la guerra insurreccional contra la dictadura de Somoza. La rebelión tuvo su centro en Managua y en las ciudades y, a diferencia de los continuos brotes de violencia que se vienen dando en el campo y que han ocasionado muertos, esta violencia en Managua -sin muertos- sacudió las estructuras del gobierno, las de los partidos, las de esferas de poder de los Estados Unidos y las de ciertos ambientes internacionales.

Sacudió también las del FSLN, porque aun cuando la extrema derecha insistió -como siempre- en que las acciones fueron teledirigidas por Daniel Ortega, una vez más la verdad fue que las instancias superiores del Frente Sandinista no fueron ni siquiera consultadas por los exaltados militantes y simpatizantes sandinistas que se volcaron espontáneamente ese día a las calles.

24 horas reveladoras

A diferencia de la violencia de mayo y julio de 1990, la de noviembre de 1991 no surgió de las fuerzas sindicales. El 9 de noviembre salieron al terreno otras estructuras organizativas, que encabezaron la indignación y furia que todo sandinista, activo o inactivo, empleado o desempleado, alejado o no de la Dirección Nacional, sintió la mañana de ese sábado al enterarse de que la tumba del héroe nacional y fundador del FSLN, Carlos Fonseca Amador, había sido profanada y parcialmente destruida con un explosivo.

Sólo unas horas antes, el pueblo sandinista había conmemorado el 15 aniversario de la muerte en combate de Carlos Fonseca. Según la costumbre, sandinistas de toda índole, acompañados de sus hijos, pasaron el día desfilando ante la tumba de su Comandante en Jefe para depositar en ella una flor. Por la tarde, hubo una concentración en la plaza. El número de asistentes fue menor que el de otros años, pero rebasó con creces el que cualquier partido o la misma Presidenta Chamorro son capaces de convocar o movilizar.

Algunos observadores señalaron también que el número de personas que desfilaron de manera individual por la tumba de Carlos Fonseca a lo largo del día fue superior al de los que llegaron en la tarde al acto de la plaza. Fue una señal de que tuvo mayor fuerza el llamado del Comandante Carlos desde su tumba que el de los dirigentes sandinistas desde sus oficinas. Así, la convocatoria del "muerto que nunca muere" era el llamado de un símbolo que estaba por encima del debate y la complejidad coyuntural, el símbolo que recordaba la época de o vencer o morir, muy distinta a la actual, en la que se busca algo intermedio entre estos extremos. Un símbolo que llamaba a luchar y a resistir, haciéndole saber al gobierno que el sandinismo se niega a morir o a aceptar un "nuevo orden", que aceleradamente adquiere o tolera características del viejo orden somocista, el de quienes habían matado al Comandante Fonseca. Con esos símbolos no se jugaba.

"Tocaron a Dios con las manos sucias", dijo una anciana que como centenares y luego miles de sandinistas de toda extracción social, comenzaron a llegar a la plaza al conocer la noticia de la profanación. Pero lo ocurrido ese día fue más que la suma de una serie de actos individuales de desagravio. Mientras unos se dedicaban a la limpieza y reparación del mausoleo, otros comenzaron a agruparse para castigar a los responsables. Así lo describía un simpatizante sandinista, no sin añoranza: "La iniciativa individual cobró fuerza, se hizo grupo, pasó a la acción y recorrió de arriba a abajo la capital en busca de un culpable. El premiado fue el más odiado de los somocistas y todo aquello que lo recordara. Los destrozos y las demás secuelas no estaban seguramente en los planes de nadie, simplemente ocurrieron. Se fueron escalando los niveles, impulsados por la rabia que causaba la afrenta. Fue, como dicen los políticos, un estallido".

Arnoldo Alemán, Alcalde de Managua, acérrimo anti-sandinista y obvio aspirante a la Presidencia de la República, había desatado desde hacía un tiempo una campaña para quitar, borrar o destruir monumentos, símbolos, murales, colocados por el gobierno sandinista y el pueblo durante los últimos diez años. Ya la Alcaldía había apagado la llama que iluminaba de forma permanente la tumba de Carlos Fonseca, y en abierto gesto de desprecio a este gran símbolo sandinista, había colocado -dándole la espalda al mausoleo de Fonseca- el busto del liberal Luis H. Delgadillo, autor de la letra del himno nacional de Nicaragua.

El PLC, Partido de Alemán, fue el que a principios de noviembre anunció su intención de llevar a juicio a Daniel Ortega acusándolo de terrorismo e incitación al mismo. Cuando la noche del 7 de noviembre el busto de Delgadillo amaneció mutilado, algunos trabajadores municipales escucharon decir en las oficinas de la Alcaldía: "!Monumento por monumento!".

Después del atentado contra la tumba de Carlos Fonseca, la furia -y la organización- de los manifestantes se dejó sentir contra el Alcalde de Managua. A la par que a pocos metros de la plaza -donde está el mausoleo- fueron incendiados camiones de la Alcaldía, otros camiones de la municipalidad fueron utilizados para trasladar grupos de manifestantes enfurecidos "dispuestos a todo", que incendiaron oficinas de la Alcaldía y destruyeron los estudios de la Radio Corporación, emisora defensora de Alemán y principal vocera del anti-sandinismo. En Matagalpa y en León los manifestantes se tomaron también las calles, incendiando llantas y atacando otras emisoras anti-sandinistas. Durante estas largas horas, la Policía se concentró en dar protección física a altos funcionarios del gobierno, no tomando parte en las acciones populares.

En lo que algunos interpretaron como otra señal al gobierno, la Comandancia del Ejército Popular Sandinista anunció horas después del atentado que se harían cargo de la reparación del mausoleo, pero para ese momento la tumba ya había sido reparada por la población, lo que también interpretaron algunos como un mensaje del pueblo sandinista al Ejército.

Un gran resentimiento acumulado durante meses

El estallido del 9 de noviembre respondió a un resentimiento acumulado durante varios meses en la población sandinista a partir de las abiertas amenazas y provocaciones de la extrema derecha, a las continuas noticias de sandinistas asesinados en el norte por la recontra, a la frustración sentida al presenciar batallas campales entre policías antimotines y trabajadores en huelga, a la ausencia de una línea clara de la dirección del FSLN, y al incremento en los niveles de desempleo y de miseria.

Por todo esto, aunque la Dirección Nacional del FSLN hubiera querido dirigir o frenar las acciones de protesta del día 9, no lo hubiera conseguido, pues su legitimidad ha estado íntimamente ligada durante estos meses a la legitimidad de sus métodos, orientados a la no-desestabilización del gobierno central. Y aunque los dirigentes han insistido en que el pueblo tiene derecho a defenderse con todos los medios posibles si la derecha le amenaza, esto no puede interpretarse como una justificación sin más de acciones ofensivas y violentas, que incluso le hacen el juego al gobierno y a la derecha, que realmente no sufren con los enfrentamientos entre policías y trabajadores, pues saben de las tensiones que estos conflictos originan en el seno del FSLN.

El 9 de noviembre, el sandinismo demostró al resto de los nicaragüenses, al mundo, y sobre todo a sí mismo, una dimensión relativamente nueva, producto de su propio desarrollo en los últimos meses y también de años de experiencia en la lucha "desde abajo". Los dirigentes de los grupos populares que se apropiaron de las calles eran ellos mismos y surgían de los mismos barrios populares. Eran nuevamente "los muchachos", esta vez con mayor estructura y organización. No fueron los antiguos dirigentes de las debilitadas estructuras partidarias sino otros, mucho más jóvenes, a quienes el gobierno ha desempleado, y entre ellos, los retirados de las Fuerzas Armadas, del aparato estatal y antiguos dirigentes comunales. Todos salieron de sus barrios, con sus propias estructuras políticas y organizativas, y por vez primera actuaron en un plano "ofensivo".

Alemán y los alcaldes ultraderechistas, organizadores de grupos paramilitares, fueron también los que generaron estas nuevas organizaciones de "recompas urbanos", nacidas para defenderse ante la ofensiva ultraderechista, que amenaza abiertamente con barrer con todo lo que huela a sandinismo. Otros factores que propiciaron el surgimiento de esta auto-defensa organizada fueron las limitaciones financieras y políticas que el gobierno ha impuesto a la Policía Nacional en su contienda contra la delincuencia económica y política.

Convencido de que sólo el pueblo salva al pueblo, el 9 de noviembre los pobladores organizados salieron de sus barrios, no para atacar a "La Prensa" o a la Presidencia, ni para lanzarse contra la Policía, ni para saquear los lujosos supermercados que propician la nueva ola de consumismo que el gobierno llama "mejoría económica". Se organizaron para "pasarle la cuenta" a Alemán y a los suyos y para hacerlo de una manera precisa, sin destrucción indiscriminada: monumento por monumento, símbolo por símbolo.

Pero, aunque Alemán y los elementos más ultraderechistas fueron los blancos de la ira popular, también resultó golpeada la imagen del gobierno central. Replegados durante todo ese largo día, los gobernantes "dejaron de ser gobierno", presos del pánico y temerosos ante el estado insurreccional que se vivía y que no se sabía hasta dónde podía llegar. Sintieron tal vez demasiada realidad en la broma que afirmaba que "a este gobierno lo puede botar un radio patrulla". Las paradójicas realidades políticas que prevalecen en Nicaragua quedaron nuevamente demostradas al verse el gobierno obligado a pedirle al FSLN que frenara los actos de violencia y llamara a sus protagonistas a regresar a sus hogares.

Las expresiones políticas del somocismo

En la tarde del día 9, la Dirección Nacional del FSLN convocó a toda su militancia a la Plaza de la Revolución. El número de los que asistieron era más del doble de los que allí mismo habían estado el día anterior. Entre camiones en llamas y llantas humeantes los sandinistas se congregaron en Managua para escuchar a Daniel Ortega, a quien acompañaba la Dirección Sandinista en pleno.

En un discurso calificado como radical por la derecha, pero que buscaba apaciguar a los sandinistas radicales, el Secretario General del FSLN recordó a la población que el atentado contra la tumba de Carlos, así como el asesinato de campesinos sandinistas en las montañas del norte del país o los intentos de ilegalizar al FSLN o de enjuiciarlo a él mismo, eran todos indicios claros de que el somocismo intentaba radicarse nuevamente en Nicaragua, y que el somocismo, con sus expresiones políticas, económicas y militares tenía como fin el exterminio del sandinismo. Daniel acusó directamente al Vicepresidente Godoy, al Presidente de la Asamblea, Alfredo César, y al Alcalde Alemán de alentar actos contra los sandinistas, incluida la profanación de la tumba de Carlos Fonseca.

Llamó a la conformación de una alianza entre todos los sectores opuestos al regreso del somocismo, que promueven estos tres dirigentes ultraderechistas. En el análisis de Daniel, el sandinismo no tiene interés en desestabilizar o derrocar al gobierno, sino que es la ultraderecha -el somocismo- el único sector interesado en estos objetivos. El FSLN busca la estabilidad nacional -dijo- pero exige del gobierno que no continúe permitiendo avanzar a una extrema derecha cada vez mas envalentonada.

Y si los trabajadores, y el sandinismo en general, están dispuestos a trabajar por la estabilidad nacional, también lo debía hacer la derecha, no insistiendo en posiciones de fuerza, en el recurso a la represión policial, en la conformación del cuerpo de policías municipales -que promueve Alemán-, en la devolución de propiedades a somocistas y a terratenientes, y cumpliendo con los acuerdos de privatización en favor de los trabajadores y atenuando las políticas económicas anti-populares. De lo contrario -insistió Daniel- la ira del pueblo continuaría desbordándose.

A la mañana siguiente, los episodios de violencia fueron menores y llegaron a desaparecer. El mensaje de la Dirección del FSLN constituyó una válvula política de escape conscientemente organizada para apaciguar los ánimos y evitar un desenlace insurreccional y un baño de sangre. Pero, aunque el mismo 10 de noviembre las cosas volvían a la normalidad, el panorama político había variado.

La ultraderecha provoca un gran susto a la derecha

Al igual que la Embajada de Estados Unidos y que diversos sectores del gobierno central, la oposición ultraderechista ha propagado la tesis de que el FSLN es un partido en vías de desintegración. Esta premisa quedó seriamente cuestionada después del 9 de noviembre y ha obligado a la derecha a replantear su estrategia. Porque ese día quedó demostrado que la dispersión organizativa no se traduce en la incapacidad de tomar las calles y paralizar a la nación, dejando al mismo gobierno como espectador.

La explosión del 9 de noviembre provocó efectivamente un gran susto entre los sectores más derechistas. Se sintieron amenazados y reclamaron protección y entendieron que la decisión que tomaron en octubre de medir fuerzas con el sandinismo, para ver hasta dónde podían llegar, les salió errada. Quedaron a la defensiva.

Pudo existir relación entre la explosión del 9 de noviembre y la pérdida por parte de Alfredo César del control absoluto de la bancada de la UNO que hasta entonces había tenido en la Asamblea Nacional, aunque ya venía produciéndose la desintegración del bloque que lo apoyaba. Actualmente, al menos 10 diputados de la UNO abandonaron el bloque de César para apoyar en el Legislativo las posiciones del Ejecutivo. Esos 10 votos, agregados a los 39 votos sandinistas, enterraron eficazmente el intento de César y de la Embajada estadounidense de llevar a cabo un "golpe de Estado técnico" contra el Ejecutivo, trasladando a la Asamblea Legislativa las decisiones fundamentales de la vida política y económica del país, empezando por cuestiones tan básicas como la propiedad, la privatización, el presupuesto y las reformas a la Constitución y a las Fuerzas Armadas.

No obstante el recurso a presiones directas y personales hechas por el Presidente de la Asamblea, Alfredo César, a los diputados de la UNO, éstos rehusaron rechazar el veto de la Presidencia, y así fracasó la "Ley César", que tanto apoyaron el COSEP y la Embajada norteamericana. El Ejecutivo logró organizar su propia Comisión (UNO-FSLN-Gobierno), para examinar las reformas a la "Ley César" sobre la propiedad, que había aprobado en agosto la Asamblea, y que fue vetada después por la Presidenta Chamorro. Es evidente que en esta Comisión, que apoya el FSLN, mejoran las posibilidades de compatibilizar cualquier acuerdo sobre la propiedad con los compromisos firmados en la Concertación y así asegurar los intereses mínimos del proyecto popular en un tema tan estratégico como es el de la estructura de la propiedad en el país.

El intento de "golpe de estado" de César fracasó con la combinación de las formas de lucha del sandinismo: furia popular dirigida por las masas en las calles, y mesura negociadora con el gobierno central para llegar a compromisos en defensa del esquema político ya contemplado tanto en el Protocolo de Transición como en los Acuerdos de la Concertación. El aparente entendimiento entre el FSLN y el Ejecutivo llegó a tal punto que el propio Alfredo César se lanzó a denunciar que se fraguaba la declaración de un Estado de Emergencia que permitiera a la Presidenta disolver la Asamblea Legislativa -el poder de César- y gobernar por decreto con el apoyo del sandinismo. Lacayo reaccionó con dureza a esta denuncia de César. Y en realidad, no había necesidad de llegar a este extremo, pues la oposición cesarista en la Asamblea contaba solamente con los votos necesarios para vencer a la bancada sandinista, pero no para imponerse sobre el sandinismo y el Ejecutivo juntos.

Alfredo César y su plan marginados

A fines de noviembre, los partidos de la UNO buscaron un nuevo acercamiento con el Ejecutivo implorándole hacer causa común contra el FSLN en un Diálogo Nacional en el que la UNO no fuera tratada como una "tercera fuerza" sino como parte del gobierno. Sin embargo, fracasaron en el intento de imponerle al gobierno los puntos de agenda aceptando el Ministro Lacayo sólo aquellos que juzgaba permisibles y coincidentes con los intereses del Ejecutivo.

Aunque poco se pueda esperar del Diálogo Nacional, lo crucial fue la marginación de César y de la Asamblea Legislativa como tal, lo que amplía los espacios negociadores y políticos del Gobierno y del FSLN. Para los sectores de la ultraderecha representados por Alemán, el repliegue es temporal, quedando a la espera de una mejor oportunidad para volver a su carga anti-sandinista.

Por el momento, la furia post-9 de noviembre de estos sectores se hizo sentir contra el Gobierno y contra el "chamorro-sandinismo" imperante, llegando a atacar abiertamente hasta a la misma Presidenta, comentando públicamente un vocero que "Doña Violeta no debe continuar sólo disfrutando el poder, cumpliendo con actos protocolarios intrascendentes, viajando, vistiendo elegantemente y delegando la administración en gente de negocios. O asume el mando directamente -decía- para ejercerlo patrióticamente, o lo más sabio, sería renunciar. Nicaragua necesita un Presidente con personalidad propia, que el pueblo escuche de sus labios análisis y soluciones. No queremos un Presidente leyendo cuartillas, queremos un presidente con la mirada adelante".

Algunos observadores políticos no descartan que la ultraderecha comience a montar una campaña que responsabilice directamente a la mandataria del "vacío de poder" causado por la "pasividad gubernamental" y la "anarquía" reinante y que exija su renuncia, capitalizando así la realidad de que su sucesor por la sería el Vicepresidente Virgilio Godoy.

Desde hace un tiempo es un secreto a voces que se estudian las vías para reducir el período presidencial de la Presidenta Chamorro, por ejemplo, con un referéndum sobre nuevas elecciones para una Asamblea Constituyente que elija a un Presidente provisional -César- y prepare una nueva Constitución. La próxima aparición de un nuevo periódico propiedad de César y financiado por la AID, indica que Estados Unidos no descarta la posibilidad de un recambio para terminar así con el "chamorro-sandinismo".

El Ejecutivo resultó ganador en la crisis

Mientras Managua estallaba, el Ministro Antonio Lacayo se encontraba en Miami tratando de convencer a exiliados nicaragüenses más o menos recalcitrantes de las bondades de su política de reconciliación y concertación con el FSLN. Aun cuando la falta de autoridad gubernamental y de verdadera capacidad represiva se demostraron el 9 de noviembre, y el Ministro de Gobernación que llego a presentar incluso su renuncia, el Poder Ejecutivo resultó ganador de esta última contienda.

Ante la ultraderecha, el gobierno pudo insistir con mayor sustento que nunca en la inviabilidad política y social de algunas de las propuestas más anti-sandinistas de estos sectores extremistas. Para Lacayo, los episodios del 9 de noviembre revelaron quizás una vez más la necesidad de gobernar por mayoría y no necesariamente por consenso. Sin la derecha no podía haber consenso, pero sin el FSLN no podía haber ni consenso ni mayoría en términos de fuerzas políticas reales. La extrema derecha había perdido efectivamente parte de su capacidad de presión contra el Ejecutivo. El gobierno central, obligado continuamente a obtener y a hacer concesiones, tanto al sandinismo como a la extrema derecha, en aras de contener "los dos extremos", a partir del 9 de noviembre y de la neutralización momentánea de César, veía quizás cómo la balanza se inclinaba a favor del sandinismo, siempre más dispuesto que la extrema derecha a lograr un real entendimiento con el gobierno.

Reforzaba también la autoridad gubernamental el hecho de que en el campo se estuviera avanzando en acuerdos entre Ejército, Policía, desmovilizados de la Resistencia Nicaragüense y del EPS, Recompas y Recontras, integrándose incluso en Matagalpa la primera Brigada de Desarme, conformada por 280 miembros de todos estos grupos bajo el mando del Ejército.

A finales de noviembre parecía que rendirían sus frutos los arduos esfuerzos del gobierno y del Ejército para desactivar el conflicto armado en el campo: los recontras y los recompas, representados por sus respectivos "Estados Mayores", estaban ya dialogando y sólo un grupo recontra -unos 30 hombres- liderado por "El Indomable" -a quien la derecha elogió y mitificó en los inicios de su "alzamiento"- permanece posiciones y actividades agresivas y violentas, con características más delincuenciales que políticas.

El desarme total es una imposibilidad política

Finalmente, el gobierno parecía aceptar la realidad de que un desarme total en el campo era una imposibilidad política y que, en esta etapa, lo posible se reducía a acordar treguas entre los grupos y a ir dando respuesta a las demandas sociales y económicas de los grupos rearmados. No obstante, la integración de la Brigada Especial y los acuerdos alcanzados entre los diferentes grupos armados contribuyeron también a aislar políticamente las posiciones desestabilizadoras de la ultraderecha a nivel nacional y resultó más fortalecida la autoridad del gobierno -y la del Ejército- como promotores del consenso en el campo. Una vez reconcentrada la recontra en los puntos acordados por ellos mismos, difícilmente alguien podrá oponerse a la acción de las Fuerzas Armadas contra otros elementos armados, enemigos de cualquier negociación.

A este desenlace, que es precario mientras "el Indomable" y grupos menores continúen provocando muertes y destrucción, habían contribuido sin duda las exigencias del FSLN y su respaldo a la autodefensa popular en el campo, lográndose así que los recompas sirvieran como interlocutores locales y representantes democráticos de las demandas de los pobladores sandinistas en el campo, alcanzando incluso con su rebeldía un trato igual al que el gobierno da a los recontras.

Una vez sentados en la mesa negociadora, recompas y recontras llegaban rápidamente a acuerdos, demostrándose que no había grandes diferencias entre lo que planteaban: que el gobierno cumpliera con los compromisos asumidos con los desmovilizados de la Resistencia y con los retirados del EPS y del Ministerio de Gobernación, y también seguridades legales sobre las propiedades que les fueron asignadas o sobre cooperativas establecidas durante el anterior gobierno. El punto de divergencia fundamental es quién entregará primero sus armas.

Al igual que en la ciudad, la existencia en el campo de los recompas -estructuras armadas autónomas identificadas con el sandinismo, pero sin estar controladas por el FSLN- venía a reducir la influencia política ejercida por los recontras y por la ultraderecha, frenando así también las voces que en determinados momentos han planteado el desarme total y la disolución del Ejército o una intervención de organismos internacionales armados como única solución. La lección ha sido clara: el gobierno responde a la presión únicamente cuando va acompañada de posiciones de fuerza. En esta ocasión, la "fuerza" sandinista vino a fortalecer la mano de la Presidencia, mientras ésta se mantenga fiel al marco constitucional.

Lamentablemente, aunque el efecto político de las dos violencias "extremistas" -la de la ultraderecha y la sandinista- pueda ser catalogada como similar, los costos no se parecen. El 9 de noviembre no se reportó muerte alguna en Managua, mientras que en las semanas anteriores al estallido de Managua fueron asesinados aproximadamente 50 campesinos o cooperativistas sandinistas.

Antes del estallido del 9 de noviembre, se dio un estallido en el FSLN

Tres días antes del estallido en Managua, se había dado otro estallido en el seno del FSLN. El incremento de las protestas sindicales y el recurso a la represión policial apuntaban a una nueva escalada confrontativa. Esta vez, el gobierno asumió la iniciativa y convocó a la Dirección Nacional del FSLN a una larga reunión, de la que sólo se anunció a su término que ambas partes insistían en la necesidad de buscar solución dialogada y negociada a los conflictos.

En la reunión se llegó a importantes acuerdos sobre la privatización en favor de los trabajadores, negándose la dirigencia sandinista a negociar en nombre de los trabajadores, como pretendía el gobierno, insistiendo el FSLN que este tema debía abordarlo el gobierno con la dirigencia sindical. Sin embargo, el gobierno salió de esta reunión informando a la opinión pública que el FSLN había acordado suspender las huelgas.

A poca distancia del local donde la dirigencia sandinista dialogaba con el gobierno, la Policía acataba "órdenes superiores" de desalojar por la fuerza a trabajadores que protestaban en las cercanías del Ministerio del Trabajo. Una vez más, fue excesivo el nivel de violencia empleado por el cuerpo de policías antimotines. Ante esto, algunos dirigentes sindicales se sintieron traicionados por la dirigencia sandinista, llegando el Secretario de la Federación de Trabajadores de la Salud a rechazar el llamado hecho por Daniel Ortega a insistir en la vía del diálago.

En realidad, este llamado a la negociación y al diálogo se hacía a ambas partes involucradas en los conflictos laborales -gobierno y obreros-. Por su parte, los trabajadores insistieron en que se veían obligados a tomas de edificios precisamente porque los patronos o los ministros preferían mandar a la policía que sentarse a dialogar. No obstante, el gobierno y algunos trabajadores interpretaron que la dirigencia del FSLN ordenaba la capitulación en aras de no dar la imagen de que el sandinismo desestabilizaba el país.

El gobierno había señalado incluso que el desorden laboral impactaría en la voluntad de los Estados Unidos y la banca internacional de aportar los fondos prometidos para 1992. Y según una fuente noticiosa, el gobierno habría advertido a los miembros de la Dirección Nacional del FSLN que si las huelgas proseguían y no se aceleraba la privatización, el gobierno norteamericano atrasaría la ayuda esperada para el despegue económico de 1992.

Aunque el FSLN no podía mostrarse incomprensivo ante estas presiones económicas externas sufridas por el gobierno ni arriesgarse a asumir la responsabilidad por un nuevo colapso económico, tampoco podía aceptar que fuera el pueblo la víctima del chantaje de la extrema derecha, de los Estados Unidos y de la banca internacional con sus programas de ajustes estructurales. Tampoco podía quedarse de brazos cruzados ante el atentado contra el mausoleo de Carlos Fonseca, como llegaron a pensar seguramente algunos derechistas y sectores del gobierno, precisamente porque los sandinistas estaban negociando en esos días un acuerdo con el gobierno para enfrentar juntos la versión ultraderechista de la Ley de Propiedad.

Tres días después de la reunión conjunta Gobierno-FSLN, que culminó con un mensaje distensionante, ocurrió la provocación contra la tumba del fundador del FSLN, lo que desató la ira popular.

La controversia sobre los métodos de lucha en el FSLN

En este marco crítico se abrió una vez más la controversia sobre la naturaleza de la conducción sandinista y sobre los métodos de lucha, sobre la compatibilidad del compromiso de un proyecto nacional con el proyecto popular, sobre la naturaleza de la relación del sandinismo con los sindicatos y con la Policía -que demandaba mayor comprensión ante la difícil posición en la que la realidad la colocaba.-

El estallido del 9 de noviembre no puso fin a esta permanente controversia pero, en ocasión de la reunión de la Asamblea Sandinista, pocos días después, se hizo pública la posición asumida por el FSLN. Se trata de compromisos que culminan un largo debate, en el que se recogen difíciles equilibrios entre los "radicales" que exigían convertir la furia demostrada por el pueblo en combatividad permanente- y los "moderados", preocupados de la relación con el Ejecutivo y de la necesidad de no asustar demasiado a otros sectores sociales cuyos votos serán determinantes en las próximas elecciones. Se reveló importante que los trabajadores no caigan en las trampas montadas por el gobierno, orientadas a alimentar las contradicciones en el sandinismo. En este contexto, las acciones de fuerza alejan la búsqueda de consenso y llevan a confrontaciones violentas con la Policía, considerada todavía un cuerpo con influencia popular.

El Comunicado de la Asamblea Sandinista reflejó una posición matizada: "En la lucha para defender la democracia, la paz y la estabilidad, el FSLN regirá su conducta política por la búsqueda del consenso de la mayoría de los nicaragüenses y la creación de condiciones favorables para retornar al poder político a través de elecciones en 1996. No promovemos el uso de la violencia como método de acción política y respaldamos el diálogo y la concertación en el marco de la Constitución de la República".

Pero en este mismo comunicado, la Asamblea del FSLN condena el uso de la represión gubernamental y se compromete a combatir los extremos de las políticas de ajuste, que afectan los derechos fundamentales de los sectores populares. A partir de la defensa firme de los intereses populares, debemos actuar con flexibilidad para atraer a otros sectores. De hecho, el FSLN no ha podido dejar de reconocer -ni de retribuir políticamente- el papel clave jugado por el Ministro Antonio Lacayo al asegurar la derrota en la Asamblea Legislativa de Alfredo César y de las leyes revanchistas que ha tratado de impulsar en el pasado o pensaba lograr en el futuro.

Pero tampoco por esto podía el FSLN dejar de insistir en el cumplimiento cabal de todos los acuerdos de la Concertación y sobre todo, el de la participación de los trabajadores en el proceso de privatización de las empresas estatales. Aquí es donde está la contradicción del "chamorro-sandinismo". La divergencia de intereses entre estas dos fuerzas se clarifica a medida que se evidencia la táctica del gobierno de negarse a negociar con el FNT en su conjunto, prefiriendo abordar bilateralmente con cada gremio aspectos relativos a salarios y a la privatización, o bien "cobrar" a la dirección sandinista a expensas de los trabajadores. Con la misma lógica seguramente, el gobierno premia económicamente a la ultraderecha cuando le arranca concesiones políticas.

Las reglas de juego no las pone el FSLN

En fin, aun cuando el FSLN redescubrió ocultas energías, continúa a la defensiva: las modalidades y momentos de su movilización y de sus ofensivas las sigue marcando la oposición. Las dicta también el ambiente político de la sociedad, que es adverso. La misma dirigencia sindical admite la incoherencia de una convocatoria a huelga general, tanto porque una mayoría de trabajadores ya están en "huelga" por el desempleo que padecen, como porque un sector importante de la sociedad nicaragüense rechaza más violencia e inestabilidades. En este contexto, la dinámica y las posibilidades de la lucha sindical no siempre calzan con las de la lucha política electoral, que exige una mínima estabilidad.

¿Hasta qué punto y hasta qué momento se podrán mantener estas distinciones? ¿Caben diferenciaciones entre el somocismo económico condenado por el FSLN y las políticas de capitalismo salvaje defendidas por Antonio Lacayo? Precisamente, porque el neo-somocismo se había asomado en cuerpo entero fue que el pueblo lo reconoció y lo enfrentó. Pero ¿qué hacer con el somocismo que ahora aparece disfrazado con máscara neoliberal? La reaparición del nuevo y del antiguo somocismo provocan respuestas en forma de nuevos y antiguos métodos de lucha. Evitando al máximo legitimar la violencia como única forma de lucha y buscando desesperadamente nuevos senderos que tengan eficacia política y se sustenten en la energía popular, se encuentra hoy el proyecto popular. No es hada fácil el reto. Como indicaba una pinta aparecida en un muro el 10 de noviembre: "Nuestra lucha es cívica, pero...

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