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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 121 | Noviembre 1991
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El Salvador

Caso jesuitas: un juicio plagado de interrogantes

Se cumplen dos años de la masacre de la UCA de San Salvador. Ha terminado una etapa judicial del caso, con la celebración de la vista pública, con un resultado que dejó perplejos a casi todos. Quienes deseen la paz con justicia no dan por cerrado el caso.

Equipo Envío

Entre el 26 y el 28 de septiembre se celebro en la Corte Suprema de Justicia de San Salvador la vista publica del caso jesuitas, con la que formalmente se da por concluida la fase judicial de un crimen que concentro sobre El Salvador las miradas internacionales. Nueve militares - cuatro oficiales y cinco soldados rasos - fueron formalmente procesados por este crimen. Solamente ocho estaban en la sala, pues uno de los soldados se encuentra prófugo de la justicia desde el comienzo de las investigaciones.

El militar de mayor graduación, Coronel Guillermo Alfredo Benavides, negó en todos los interrogatorios su participación en los hechos. Los otros 7 militares, en confesiones extrajudiciales hechas ante la Policía, admitieron haber participado en el crimen y relataron con lujo de detalles la operación que concluyo con la masacre de los jesuitas. Mas tarde, ante el juez negaron todo lo que habían afirmado antes.

De estas confesiones extrajudiciales se podía establecer con exactitud quienes de los nueve procesados fueron los autores materiales de cada uno de los ocho asesinatos. Por ejemplo, el raso Oscar Amaya Grimaldi, alias "Pilijay" (en náhuatl, verdugo), declaro haber disparado a la cabeza de Ignacio Ellacuría, Ignacio Martín Baró y Segundo Montes con un AK-47 de fabricación soviética, que le fue entregado para la operación, porque así esta parecería hecha por "subversivos".

La Fuerza Armada presentaba a un único autor intelectual: Benavides

Desde un comienzo, la Fuerza Armada salvadoreña - quien fue la que, tras casi dos meses de silencios, omisiones y acusaciones contra el FMLN como autor del crimen, presentó en enero 90 a los nueve procesados - propuso implícitamente como único autor intelectual de los asesinatos al Coronel Benavides, presentando el crimen como fruto de una decisión individual tomada unilateralmente por el.

Claras contradicciones en las declaraciones de altos oficiales de la Fuerza Armada, destrucción de evidencias, falta de colaboración de los militares con la justicia, etc. pusieron rápidamente a todos los observadores del caso en la pista correcta: los autores intelectuales eran otros y eran varios, estaban muy arriba en la cúpula militar y estaban dispuestos a no ser ni señalados ni tocados por la justicia, todo esto con la clara complicidad del gobierno de Estados Unidos.

Con estos antecedentes, el veredicto dado por los 5 ciudadanos que integraron el jurado de conciencia en la vista publica resulto sorprendente. Fueron declarados culpables el Coronel Benavides y el Teniente Yusshy René Mendoza - ex-asistente suyo en la Escuela Militar -, al que se acuso únicamente por decidir la muerte de Celina, la hija de la cocinera, a pesar de ella y su madre murieron juntas y por las mismas balas. Los otros procesados - confesos autores materiales y participantes en el operativo - fueron absueltos de toda responsabilidad.

Para interpretar este inesperado resultado recogemos, en primer lugar, la parte sustancial del informe y la reflexión critica que elaboro al termino de la vista publica el Instituto de Derechos Humanos de la UCA de San Salvador (IDHUCA), que dirigió el P. Segundo Montes, uno de los jesuitas asesinados.

Texto del Informe - análisis de IDHUCA

"Después de la vista publica en el caso jesuitas, durante aquellos tres largos días que a veces parecían una prueba de resistencia para todos los directamente involucrados, el veredicto dejo perplejo a mas de un observador. Un coronel es condenado como autor intelectual de los ocho asesinatos; un teniente, que estuvo al mando del operativo, es condenado por un asesinato; los autores materiales confesos son absueltos; y por supuesto, no se toca a quienes, desde arriba, presuntamente planificaron y ordenaron la masacre. Aunque advertimos de antemano que la vista publica no era propicia para que surgiera la verdad completa, quizá esperábamos un poco mas de ella. Al final, quedamos con una cuota de verdad, dentro de un proceso deficiente desde cualquier punto de vista, y con el anhelo de justicia mayormente insatisfecho.

Por el momento, sin pretender emitir la ultima palabra, pero externando algunas reflexiones sobre lo sucedido y las lecciones que nos deja, queremos revisar la situación actual del proceso, para después resaltar dos aspectos: al aspecto ejemplificante del juicio y la falta de lógica jurídica del resultado.

La situación actual de los imputados

El coronel Guillermo Alfredo Benavides Moreno fue condenado por el asesinato de las ocho victimas, mientras que el teniente Yusshy René Mendoza Vallecillos fue condenado únicamente por el asesinato de Celina Ramos. Los otros siete militares, todos miembros del batallón Atlacatl, fueron absueltos por los asesinatos y ninguno fue condenado por actos de terrorismo ni actos preparatorios para el terrorismo. Los dos oficiales condenados fueron dados de baja y, según informes, serán recluidos en celdas especiales en el penal de Santa Ana. Los cuatro elementos de tropa absueltos (dos subsargentos, un cabo y un soldado) ya salieron libres y, según los defensores, seguirán de alta en la Fuerza Armada.

El juez tiene 30 días después del veredicto para dictar sentencia a los condenados, que puede ser de 30 años. El veredicto del jurado no admite apelación. Únicamente se puede alegar su nulidad según los casos expuestos en el articulo 390 del Código Procesal Penal. En términos prácticos, resulta muy difícil impugnar el veredicto, y mas aun en un caso que ya ha corrido todas las instancias de la justicia salvadoreña. Para establecer la nulidad del veredicto habría, por ejemplo, que comprobar que hubiera sido procedente dictar sobreseimiento o que uno o mas de los votos del jurado se obtuvieron por soborno, intimidación o violencia. Mientras la Compañía de Jesús ha declarado que respeta el veredicto del jurado, la defensa de los imputados ha advertido que pedirá causales de nulidad.

¿La vista pública y el veredicto servirán de ejemplo?

Por primera vez en la historia salvadoreña se ha condenado a un oficial de alto rango por ordenar el asesinato de civiles. No se puede negar que es un hecho importante. La imagen televisada por todo el país, de ocho militares en el banquillo de los acusados, tiene un valor simbólico que no se debe subestimar. Y el mensaje del jurado a través de su veredicto parece reforzar la convicción de que hay que buscar responsabilidades por arriba, estableciendo un nuevo marco de referencia e impulsando la búsqueda de los autores intelectuales.

Según la Compañía de Jesús, se entiende el veredicto del jurado como "una condena para quienes dieron la orden de matar a los jesuitas de la UCA y no dejar testigos. Al condenar al coronel Guillermo Alfredo Benavides y al teniente Yusshy Mendoza, su ayudante, el jurado ha querido señalar que la responsabilidad de este asesinato hay que buscarla hacia arriba en el seno de la Fuerza Armada. Permanece, pues, como tarea, la investigación de los autores intelectuales que planificaron la masacre de la UCA". Por muchas razones, incluso una presión internacional sin precedente, el caso jesuitas se convirtió en un caso "test" y su desarrollo y resultado pueden ser vistos como la excepción que comprueba la regla.

Si bien la condena de dos oficiales representa una pequeña e importante brecha en el muro de impunidad imperante, el camino para llegar a esta mínima ruptura parece de muy difícil repetición. La instalación de la vista publica en la Corte Suprema de Justicia, con el cuarto piso especialmente adaptado; la presencia del cuerpo diplomático y de observadores internacionales; de periodistas nacionales e internacionales; la presentación de todo el juicio en televisión; los jurados que dictaron el veredicto, anónimos y ocultos, sin poder ser vistos por nadie en la sala, subrayaron lo extraordinario de este caso y el hecho de que ha recibido un tratamiento tan fuera de lo común que ni la investigación, ni el proceso judicial, ni la misma vista publica podrían sentar un precedente significativo para casos posteriores. Obviamente, no se va a hacer todo esto para el próximo caso, donde las víctimas sean menos conocidas y donde la ayuda militar estadounidense no este en juego.

Salta a la vista, entonces, la diferencia entre este caso y los de miles de salvadoreños asesinados en estos últimos años. De modo que surgen las dudas sobre el efecto disuasivo del veredicto condenatorio en el caso. ¿Hará mas fácil la condena de otros militares en otros casos? Y, por otro lado, ¿que efecto podría tener en la actuación futura de los militares?

Sin negar la importancia de los esfuerzos realizados por algunos representantes del órgano judicial y el valor de los jurados en acudir al tribunal y emitir un veredicto condenatorio, es difícil decir que fue el funcionamiento del sistema judicial salvadoreño lo que produjo el resultado. Como dijo un observador: "Esto no puede ser considerado como un triunfo del sistema de justicia en El Salvador. El sistema vehiculizó una decisión política". El caso, que representaba una oportunidad para demostrar que existía voluntad política para enjuiciar a militares, solo vino a confirmar la falta de un sistema judicial imparcial, independiente y funcional.

O sea, desde el principio la decisión de hacer una investigación - aunque limitada y con muchos defectos -, de admitir la responsabilidad militar y de llevar a un numero limitado de militares ante la justicia, fue una decisión política y han sido mas que todo presiones políticas, factores ajenos al sistema judicial, los que han determinado los logros y los limites del caso. De hecho, el sistema judicial salvadoreño quedo bastante descalificado ante los ojos de la población y del mundo. El observador de la Comisión Internacional de Juristas estimo: "El principal defecto del juicio radico en el propio sistema de administración de justicia, en las leyes que lo regulan y en la practica judicial".

El rol de la Fuerza Armada

Cualquier evaluación de la vista publica tiene que tomar en cuenta los vicios de la investigación policial, especialmente por la falta de colaboración de la Fuerza Armada. Aunque inicialmente la Fuerza Armada identifico a los nueve procesados por medio del misterioso trabajo que hizo la Comisión Especial de Honor y así dio vida al proceso judicial, la falta de colaboración posterior en proporcionar pruebas limito la evidencia disponible. Los vicios de la investigación policial se hicieron presentes, excluyeron la posibilidad de un juicio realmente justo y pueden haber influido en el resultado final.

Después de la presentación de las declaraciones extrajudiciales de los procesados a la Comisión de Investigación de Hechos Delictivos (CIHD) los días 13 y 14 de enero de 1990, la Fuerza Armada evito que aparecieran otras pruebas para confirmar la participación de los imputados en los hechos y mucho menos, pruebas contra otros responsables. La Comisión de Investigación de Hechos Delictivos ha sido objeto de critica por su falta de independencia de la Fuerza Armada, dado que el jefe de su Unidad Ejecutiva es un oficial de alta en la Fuerza Armada y sus detectives miembros de los cuerpos de seguridad. Frente al encubrimiento militar y sin completar las pruebas contra los imputados, el juez Zamora elevo el caso a plenario en diciembre del año pasado. Los esfuerzos de la acusación particular, recién entrada en el juicio, para encontrar nuevos elementos durante el período de prueba de la fase plenaria tampoco consiguieron mucho.

Como consecuencia de la falta de colaboración militar, el juicio sufrió el defecto común en el medio: depender casi enteramente de las confesiones extrajudiciales como prueba. La actitud de la Fuerza Armada al identificar a los acusados por medios extrajudiciales y todavía oscuros, mientras hacia todo lo posible para asegurarse de que no existieran pruebas de su participación en el crimen, imposibilitó la realización de un juicio real con garantías de debido proceso para las dos partes, aun en el supuesto de que el sistema de justicia fuera capaz de hacerlo. Por necesidades políticas se determino, en algún momento de enero de 1990, entregar algunos militares al sistema judicial, pero no se tomo la decisión de someter la institución castrense al poder civil, ni tampoco la de colaborar en la investigación judicial del caso.

La vista pública

La vista publica empezó con la lectura de la minuta durante unas 15 horas, con muchos elementos reiterativos, por lo cual resulto sumamente tediosa. Después de leer la declaración extrajudicial de un imputado, se leían las dos declaraciones judiciales de los testigos de esas declaraciones, lo que implicaba prácticamente tres lecturas de cada declaración. Sin explicación ninguna, el significado de cada lectura resultaba de difícil comprensión. Además, la minuta no incluía las declaraciones judiciales de los imputados, en las que negaron sus declaraciones extrajudiciales y no se hicieron cargo de su participación en el crimen investigado. Este procedimiento se convirtió, según las palabras de un observador internacional, en "una maratónica serie de lecturas con un impacto que debe presumirse agotador y confuso para los jurados".

Después de la lectura de la minuta empezaron los debates entre fiscales y defensores - no hablaron los acusados ni tampoco ningún testigo -, con un resultado calificado por un observador como una "indigestión total de papeles". No se señalo a los jurados lo que se debía tomar en cuenta y lo que no, situación que se torno aun mas grave al dejar a los jurados que decidieran en base de su "íntima convicción". La "promiscuidad" de los debates, sin limites visibles, permitió a los defensores insultar al publico presente, a la Compañía de Jesús, a la directora de Tutela Legal, María Julia Hernández, al gobierno español y aun a Obdulio Lozano, esposo y padre de las mujeres víctimas; lanzar amenazas veladas a los jurados y a los observadores internacionales; y usar un lenguaje chauvinista, xenófobo y ofensivo, recordando la misma mentalidad y las calumnias que condujeron al asesinato de los jesuitas.

La "ilógica" del veredicto

A estas alturas no queda claro si las deficiencias en la prueba afectaron mucho al resultado. Por razones desconocidas, o de convicción, o porque así tenía que ser, el jurado decidió responsabilizar a los de arriba. Si bien había prueba contra el coronel Benavides, era la prueba mas difícil de apreciar fuera de una mentalidad militar, que siempre asigna la responsabilidad al mando. Además, condenar a un coronel, miembro de la poderosa "Tandona", parecía lo menos probable en el medio salvadoreño. Según un observador: "El resultado fue el mas inesperado y las especulaciones de los observadores no consideraron esta posibilidad".

Parecía mucho mas probable la condena de los demás y la absolución de Benavides, quien nunca había confesado nada. Para fijar la responsabilidad en Benavides y Mendoza, el jurado tenía que tomar en cuenta las cuestionadas declaraciones extrajudiciales, además de la responsabilidad jerárquica. Quedan las preguntas. ¿Por qué no se tomaron en cuenta esas declaraciones a los hombres de Atlacatl? ¿Es posible que el jurado tuviera la "íntima convicción" de que si bien fueron ellos quienes ejecutaron el crimen no lo debían pagar porque simplemente tenían que cumplir ordenes superiores? Se ha mencionado también otra posibilidad: que los jurados tenían miedo de tocar al batallón elite, notorio por sus violaciones a los derechos humanos y seguramente considerado mas peligroso que la Escuela Militar, que dirigió Benavides. Aunque el jurado no podía verlo, el coronel León Linares, jefe del Atlacatl al momento de la masacre, estuvo presente en la sala y escucho con suma atención su veredicto.

Si el jurado aplico el concepto de "obediencia debida" a los miembros del batallón Atlacatl, ignoro un principio claramente establecido a nivel internacional desde los juicios de Nuremberg e incorporado en la legislación salvadoreña, que dispone que la obediencia jerárquica no es una causa de inculpabilidad cuando lo ordenado "revista manifiestamente el carácter de hecho punible".

Si el jurado hubiera entendido este principio, no podría haber llegado a su veredicto sin hacer lo que le invita la ley salvadoreña: decidir basado en su "íntima convicción" sin tomar en cuenta las disposiciones legales. Peor aun, en este caso había circunstancias concretas que daban a entender que los autores materiales tuvieron tiempo para reflexionar antes de cumplir la orden y que la cumplieron de una manera excesivamente brutal. Solo hay que recordar la confesión extrajudicial del soldado Amaya Grimaldi, "Pilijay", quien reconoció haber asesinado a tres sacerdotes, dado el tiro de gracia a otros dos, robado un reloj de una de sus víctimas, tomado una cerveza y haberse unido voluntariamente a otra patrulla para disparar contra el Centro "Monseñor Romero". "Pilijay" ya sabia manejar un fusil AK-47 y, según un asesor norteamericano, los comandos del Atlacatl solían usar esta arma precisamente para hacerse pasar como guerrilleros. Además, los comandos del Atlacatl son soldados profesionales que han optado por quedarse en el ejército, no reclutas recién llegados.

Al absolver a los hechores materiales, presuntamente por haber cumplido ordenes superiores, el veredicto ha dejado un mensaje peligroso: podría ser malinterpretado como una seguridad para la tropa, que puede cumplir cualquier orden sin temer las consecuencias, siempre y cuando actúen dentro de la estructura militar. En otras palabras, el veredicto de absolución de siete autores materiales del crimen deja intacta gran parte de la estructura de impunidad. La misma arbitrariedad del resultado lo hizo mas difícil de aceptar, porque no se podía entender como fue posible condenar a Benavides y Mendoza, y absolver a los demás. En especial, la condena de Mendoza por el asesinato de Celina no tiene explicación racional: si tuvo responsabilidad por la muerte
de Celina, la tuvo también por la muerte de su madre, quien murió en el mismo acto, sin contar a las otras seis víctimas, dado que la participación de Mendoza fue como comandante de la operación en el terreno.

La difícil lucha contra la impunidad militar

Nunca en la historia de El Salvador tantos testigos han verificado con tanta claridad la debilidad del sistema judicial. Los observadores internacionales constataron nítidamente que el problema no es solo este caso en particular y su resultado tan extraño, sino las disposiciones y los procedimientos que no garantizan el debido proceso, ni para la defensa ni para la acusación, y permiten un resultado arbitrario e inesperado (que puede ser positivo o negativo pero no deja de ser arbitrario) y por ende peligroso.

Sin hacer la menor referencia a todas estas reservas, el Departamento de Estado de Estados Unidos expreso inmediatamente su complacencia total por la condena de Benavides, sin duda complacido por el impacto positivo en el Congreso al momento de considerar la petición para mas ayuda militar para el ejército salvadoreño. Para otros, mas interesados en ver la realidad, este veredicto de difícil comprensión ha dejado claro que desafortunadamente en El Salvador no se entiende o no se acepta que no se deben cumplir ordenes manifiestamente ilegales en tiempo de guerra. Sin embargo, la vista publica y el veredicto hicieron recordar que hay otros mas arriba que dieron ordenes y
que no se encontraron en el banquillo de los acusados.

Desde el momento del veredicto, el Padre Provincial, José María Tojeira ha sido claro en señalar la necesidad de seguir el camino del jurado y buscar responsabilidad por arriba, o sea, establecer la verdad completa y, en base de ella, buscar la justicia real. Hay pistas dentro y fuera del proceso que no se han podido seguir, mas que todo por la falta de colaboración de la Fuerza Armada y de Estados Unidos. Sin embargo, no se puede descartar la posibilidad de otro juicio.

No se puede tampoco ver el caso fuera del contexto actual de las negociaciones entre el gobierno y el FMLN, que en estos momentos tienen que encarar el espinoso problema de la depuración de la Fuerza Armada. ¿Que hará la Comisión para la depuración de los militares, acordada por el gobierno y el FMLN, con los imputados absueltos en el caso jesuitas y, mas importante aun, los autores intelectuales que andan libres y con mandos dentro de la estructura de la Fuerza Armada y los centenares de oficiales y elementos de tropa que han sido parte del encubrimiento en el caso? ¿Qué hará la Comisión de la Verdad, también acordada, después de haber revisado todas las deficiencias del proceso de investigación y tomando en cuenta toda la evidencia de encubrimiento desde el momento del crimen hasta la misma vista publica? ¿Tendrán estas dos Comisiones la autoridad y poder suficientes para iniciar un proceso irreversible de cambio en las estructuras de impunidad?

En la dura lucha contra la impunidad, hasta ahora el caso jesuitas ha mantenido viva una esperanza importante. Pero si lo logrado en la condena de dos oficiales no se complementa con el esclarecimiento total de la verdad en la búsqueda de los autores intelectuales atrás de Benavides, será un logro muy limitado. Y si las deficiencias del sistema judicial demostradas a lo largo del proceso no se superan, el caso jesuitas seguirá siendo puramente excepcional, francamente político, y de muy difícil repetición judicial. Si no se ha podido llegar mas que a una verdad "oficial" y a una justicia parcial en el caso de los jesuitas, que ha gozado de tanta atención nacional e internacional, ¿que sucederá con el mismo anhelo que existe por los miles de otras victimas de la injusticia?"

Más interrogantes que soluciones

Hasta aquí el análisis critico de IDHUCA. El veredicto del jurado en la vista publica del caso jesuitas provoco también criticas unánimes entre todos los juristas internacionales que siguieron el proceso y estuvieron presentes en la vista publica. También la prensa internacional, y especialmente la de Estados Unidos, cuestionó el resultado.

"Plantea mas interrogantes que las que soluciona", afirma Michael Posner, Director Ejecutivo del Comite de Abogados para los Derechos Humanos con sede en Nueva York. Una de las cosas que mas llamo la atención de Posner fue un incidente ocurrido durante el juicio. "No se debió - afirma - haber permitido la interrupción que se produjo cuando mas de 200 simpatizantes de los acusados y miembros del ejército, dirigidos por un oficial, realizaron una manifestación a las puertas de la Corte. Con la abierta intención de intimidar al jurado, pusieron altoparlantes a todo volumen, tocando el himno nacional de El Salvador y música militar, en dirección a la sala del jurado, lo que envió un mensaje inequívoco a todos los que se encontraban dentro".

Según Linda Drucker, abogado en la compañía Heller - Ehrman-White and McAuliffe y Noami Roht-Arriaza, profesora de Derecho Internacional en la Escuela de Derecho de Boalt Hall de la Universidad de California, presentes en la vista publica en nombre la Asociación de Abogados de San Francisco, el veredicto "envía un mensaje al soldado raso de que no será castigado si viola los derechos humanos de los ciudadanos, con tal de sostener que estaba actuando bajo ordenes, aunque estas sean ilegales" y "también ayudara a reducir las tensiones entre la vieja guardia y los oficiales jóvenes, quienes sintieron que iban a tener que pagar los platos rotos por sus superiores". Se refieren ambas profesionales a "la retórica altamente provocadora y tendenciosa" que usaron los abogados defensores, que entre otras cosas llegaron a contar a los miembros del jurado - como un argumento para absolver a los militares - que un hijo del Coronel Benavides había sido curado de una enfermedad por un milagro de Dios y que por esto el Coronel no podía ser un hombre malo...

Para Cynthia Arnson, Directora Asistente de Américas Watch -también presente en el juicio -, "el hecho de que prácticamente todos los soldados enjuiciados hayan recibido entrenamiento militar de los Estados Unidos representa una condena rotunda de la política estadounidense" en El Salvador. Una profesora de la UCA presente en el juicio lo juzga así: "Parecía la escena de un sainete. Todos estaban representando su papel, pero todos sabían de antemano el resultado. Los acusados sabían que no todos iban a ser condenados, el juez había hecho su tarea hasta donde había podido... El publico no éramos nosotros, el publico para quienes estaba destinado este sainete era el Congreso de Estados Unidos y la opinión internacional".

El duro juicio del congresista Moakley

Especial interés tiene el juicio que del juicio hizo el congresista demócrata Joe Moakley, que ha seguido desde hace dos años paso a paso el caso jesuitas para informar a ese Congreso de los Estados Unidos, ante quien se representaba "el sainete". Esto dice Moakley:

"El resultado del jurado en el caso de los jesuitas en El Salvador me dejo profundamente decepcionado y creo que también a muchos otros que sienten preocupación por el desarrollo de un sistema de justicia independiente en ese país. No tengo pruebas, pero tampoco puedo descartar la posibilidad de intromisión por parte de la fuerza armada en los resultados de la vista publica. El veredicto es demasiado inconsistente para permitir una explicación racional, y alimenta las sospechas acerca de una posible manipulación de los miembros del jurado. Mis sospechas están fundamentadas en una conversación que sostuve con oficiales militares salvadoreños de alto rango antes de la vista pública, en la cual opinaron que el jurado condenaría al coronel Guillermo Benavides y absolvería a los demás imputados.

Por otra parte, las pruebas existentes no presentan justificación alguna para la decisión del jurado de condenar al teniente Yusshy Mendoza por el asesinato de la hija de la empleada doméstica de los jesuitas, y a la vez absolver al hombre que admitió haberla matado a ella y a su madre.

Externo mis reservas en relación al jurado, a pesar del respeto profundo que siento para el juez, Dr. Ricardo Zamora, así como para el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Dr. Mauricio Gutiérrez Castro. Ambos hombres trabajaron largas horas para garantizar una investigación profunda y un juicio justo a pesar de los perjurios cometidos, la destrucción de pruebas, la retención de pruebas y la negativa a declarar por parte de algunos oficiales militares de alto rango. Yo se que algunos han expresado satisfacción ante la condena de un coronel por el cargo de asesinato por primera vez en la historia de El Salvador.

También estoy de acuerdo con que esto sienta un precedente. Sin embargo, no me cabe duda de que la fuerza armada estaba consciente de que un veredicto absolutorio en el caso del coronel Benavides habría provocado el corte inmediato de la ayuda militar. Además, la fuerza armada no ha escatimado recursos para atender al coronel, proporcionándole alojamiento cómodo, continuar pagándole su salario acostumbrado y cubrir todos sus gastos legales. Se sigue especulando también en el sentido de que a los dos oficiales condenados les será otorgado un indulto o incluso una amnistía en el futuro próximo.

Además de la decepción que siento ante el resultado del jurado, siento indignación ante la manifestación escandalosa dirigida por oficiales militares y sus familiares frente a la Corte el último día de la vista pública. Según los informes que me llegaron, entre los dirigentes del incidente se encontraban un coronel del ejército de alto rango y las esposas de otros oficiales. Nadie cuestiona el derecho que tienen los oficiales militares y sus familias a expresar sus opiniones, pero yo también tengo derecho a externar las mías. Y siento asco al ver a una fuerza armada, que ha sido beneficiaria de mas de mil millones de dólares en ayuda militar, pretender intimidar a un jurado en un caso de asesinato a sangre fría de seis sacerdotes y dos mujeres indefensas, cometido por oficiales militares.

Me tengo que preguntar: ¿Que clase de gente es ésta? ¿Y que valores, tenemos en común, si es que hay alguno?. También me siento decepcionado ante el silencio del Departamento de Estado estadounidense y del Presidente Alfredo Cristiani acerca de esta vista publica. No basta con decir: "Esta bien, se ha condenado a un coronel", o "El sistema judicial ha funcionado". Todos sabemos que hay mas que eso.

Se ha cometido una terrible injusticia. Los autores materiales del asesinato, los que ordenaron a estos hombres de Dios -hombres respetados y valientes - tenderse sobre la grama para luego dispararles en la cabeza, los que ordenaron acribillar a dos mujeres mientras gemían heridas en el suelo, abrazadas una con otra, han escapado de la justicia. ¿Dónde esta la indignación? ¿Dónde esta el liderazgo - Reza un viejo - y verdadero? refrán, que para que triunfe el mal solo hace falta que los buenos no hagan nada.

Han pasado casi dos años de que el presidente de la Cámara de Representante, Tom Foley, me pidiera que encabezara una comisión especial sobre El Salvador para monitorear la investigación del caso jesuitas. Ahora, después de concluida la vista publica, tengo que hacer estas observaciones y demandas adicionales.

· En primer lugar, insto a que se investiguen a fondo las evidencias que indican que uno de los imputados había amenazado con decir todo, implicando así a otros oficiales militares de alto rango, si hubiera sido condenado. La absolución de dicho militar fue "providencial" para la fuerza armada.

· En segundo lugar, insto al Presidente Cristiani a que ordene a la fuerza armada que de baja a los seis imputados que fueron absueltos. También pido al Departamento de Estado que tome medidas para garantizar que estos individuos nunca tengan permiso para ingresar a Estados Unidos.

· Tercero, insto al Departamento de Estado a que niegue la entrada al país del ex-comandante retirado de la Fuerza Aérea, el general Juan Rafael Bustillo, hasta que se concluya una investigación a fondo acerca de su posible involucramiento en la instigación al asesinato de los sacerdotes jesuitas.

· Cuarto, reitero la solicitud que formule hace mas de un mes al Presidente Cristiani, en el sentido de que se niegue a considerar cualquier amnistía para los asesinos de los jesuitas como parte del proceso de paz.

· Quinto, insto al juez Zamora a que aplique su juicio mas honesto al considerar los cargos menores que quedan pendientes contra algunos oficiales en relación a este caso, incluyendo el perjurio, el encubrimiento real, y la proposición y conspiración para actos de terrorismo.

· Finalmente, pido a las autoridades tanto estadounidenses como salvadoreñas recordar que la ley de Estados Unidos requiere que se suspenda toda la ayuda militar si el presidente Bush determina que el gobierno de El Salvador no lleva a cabo una investigación profesional y a fondo del asesinato que tuvo lugar dentro del recinto de la universidad Centroamericana el 16 de noviembre de 1989. Hoy, después de la conclusión del jurado, creo que el presidente debería revisar nuevamente todos los hechos pertinentes a la investigación con el fin de tomar dicha determinación".

¿Cuál es el próximo paso?

Aunque la vista pública significa el fin formal del caso jesuitas, los interesados en una verdad y en una justicia autenticas y plenas, no lo ven así. Después de conocerse el veredicto, el Provincial de los jesuitas en Centroamérica, José María Tojeira, en entrevista transmitida por la televisión salvadoreña después del juicio, anuncio lo que la Compañía de Jesús - que no da el caso por cerrado - piensa hacer a partir de ahora. "Hay un grupo de poder que ha estado tratando de ocultar las cosas. Esto judicialmente no constituye una prueba, pero lógicamente si constituye una prueba.

A nosotros se nos ha dicho: Si ustedes tienen pruebas sobre la autoría intelectual, entréguenlas a los juzgados. Nosotros no tenemos pruebas judiciales sobre la autoría intelectual, pero si tenemos pruebas que consideramos lógicas y hasta ahora no nos las han desmentido ni nos las han botado abajo. Lo que pedimos es que ya que hay pruebas lógicas, que se haga una investigación mas a fondo. Y eso es lo que vamos a hacer: vamos a organizar estas pruebas lógicas, a redactarlas con la ayuda de algunos técnicos en Derecho de la Universidad Centroamericana.

Vamos a redactar un documento en el que primeramente, se demuestre a través de las pruebas lógicas que ha habido autores intelectuales. En segundo lugar, ese documento señalara todas las deficiencias de la investigación hecha. Y en tercer lugar, las pistas que consideramos importantes para una nueva investigación. Nosotros no podemos comenzar un nuevo juicio, por que no tenemos pruebas judiciales y no podemos empezar una nueva investigación porque no somos investigadores, pero si podemos exigir que se abra una nueva investigación o que se profundice y se corrija la investigación que ya se ha hecho. Este es el siguiente paso que nosotros pensamos dar".

En ese siguiente paso, acompañará a los jesuitas una gran mayoría de la sociedad salvadoreña, que entendió perfectamente lo ocurrido: condenar a Benavides era una necesidad política del ejército, era el mínimo necesario para satisfacer al gobierno norteamericano y así salir de la "pesadilla" del caso jesuitas. Algún precio tenían que pagar los militares salvadoreños por un crimen tan sonado, después de haber disfrutado de 60 años de impunidad cometiendo tantos crímenes que no tuvieron jueces ni fiscales, ni veredictos, solo lágrimas.

La sociedad salvadoreña ira mas lejos, convencida también de que "quien hace la ley hace la trampa", y que en esta ocasión todo el sistema legal y judicial fue ocupado por los militares para hacer la "trampa" de un juicio "perfecto" que dejara intacta e impune a la institución militar. "Pasitos - no pasos - hacia adelante" se han dado, concluye el teólogo Jon Sobrino, sobreviviente providencial de la masacre de 1989. "En este sentido - dice - el paso no ha sido tanto el que un coronel haya sido condenado, sino el que la misma fuerza armada tuviera que presentar como acusados a nueve de sus miembros en enero de 1990".

Este paso y otros mas irán escribiendo la difícil historia salvadoreña, en la que los mártires de la UCA mezclaron ya su sangre.

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