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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 121 | Noviembre 1991
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Nicaragua

Los pies de barro del plan económico

El centro de investigación Nitlapán-UCA mide los efectos del plan económico y sugiere algunas alternativas para detener la recesión de la industria nacional.

Equipo Nitlápan-Envío

En nuestro primer análisis del Plan Lacayo (julio 91), nos preguntábamos si después de la derrota de la hiperinflación no se encontraba la economía nicaragüense, tanto en el campo como en la ciudad, en un callejón sin salida. Nuestra respuesta entonces fue que la magnitud de la contracción monetaria y de la liberalización comercial en que estaba basada la estrategia de estabilización, conducían a la descapitalización y quiebra de los sectores productivos y de servicios de la ciudad y del campo, con la consiguiente desnacionalización de la economía nicaragüense. Esta descapitalización y la quiebra de los sectores productivos y de servicios conduciría a una mayor concentración del capital a costa del deterioro de la economía popular.

Advertíamos también del alto costo humano de las medidas por la agudización del desempleo, lo que a su vez propiciaría el aumento de la inestabilidad social, la delincuencia y la migración hacia Estados Unidos. Y señalábamos que al problema del desempleo se le iba a sumar el deterioro acelerado de los servicios públicos básicos de educación y salud, como consecuencia de los drásticos recortes al presupuesto nacional.

No hay cambio de rumbo y crece el desempleo

A ocho meses de la puesta en marcha del Plan Lacayo, no hay ninguna señal de que estas tendencias negativas se reviertan y tampoco se aprecia ningún cambio en el rumbo de la política económica del gobierno. Por el contrario, el desempleo abierto y el subempleo, según el Ministro del Trabajo, pasó de 45% en 1990 a 58% en 1991. El salario promedio, que cubría antes del inicio del plan (febrero/91) un 92% de la canasta básica, sólo alcanza ahora a cubrir un 72%. En un seminario organizado recientemente por el gobierno y Naciones Unidas, se reveló que el 70% de la población vive en la pobreza y que al 40% de esta población pobre hay que ubicarla en niveles de indigencia.

Sin embargo, el acelerado deterioro económico y social que experimenta el país no ha servido para modificar ni un ápice la política económica del gobierno. Desde su punto de vista, este deterioro es el costo que debe pagar el país para poder reestructurar la economía y hacerla competitiva en el mercado internacional. Por tanto, la descapitalización y quiebra de importantes sectores de la producción industrial y agrícola son el resultado natural e inevitable de su falta de competitividad y de eficiencia en el mercado. En este sentido, el rol que juega la liberalización comercial que acompaña a las medidas de estabilización consiste precisamente en contribuir a que la libre operación de las reglas del mercado vaya seleccionando a los sectores productivos "buenos" y eliminando a los "malos". Argumenta también el gobierno que el elevado costo social que se está pagando es también inevitable, aunque sostienen que para paliarlo el gobierno está desarrollando iniciativas como el Fondo de Inversiones Sociales de Emergencia (FISE) y el Fondo de Acción Social para los Sectores Oprimidos (FASO).

No hay ambiente ni estímulo para que nacionales o extranjeros vengan a invertir a Nicaragua, aunque el gobierno ofrezca vender a precios ridículos todas las empresas estatales. El Ministro Lacayo y su gabinete parecen estar más convencidos que nunca de las bondades de la receta del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial y proclaman a los cuatro vientos que 1992 será el año del "despegue" económico. Su optimismo se fundamenta, por un lado, en el éxito conseguido al frenar la hiperinflación y reducir significativamente los déficits fiscal y financiero del país y, por otro lado, en el respaldo de financiamiento externo con que cuenta el gobierno.

Optimismo oficial a pesar de la recesión

A pesar de este optimismo, seguimos sosteniendo que la política económica del gobierno camina con pies de barro. El nivel de contracción monetaria que se está aplicando a la economía nacional, combinado con el ritmo acelerado de la liberalización comercial, ha tenido un efecto recesivo desproporcionado y va a continuar propiciando la profundización de la recesión y de la inestabilidad social en lugar de conseguir la reactivación y el crecimiento económico.

A su vez, el actual ambiente económico recesivo y la inestabilidad social no constituyen ningún estímulo para los inversionistas privados nacionales o extranjeros, por más que el gobierno les ofrezca en venta a precios ridículos todas las empresas estatales que se formaron con el impulso del gobierno sandinista.

Por otro lado, la esperanza gubernamental de que la contracción de la actividad económica en el mercado nacional va a ser compensada con creces por el aumento de las exportaciones no está basada ni en la actual situación del sector exportador ni en las tendencias del mercado internacional.

El sector agroexportador tradicional está afectado principalmente por la incapacidad de reestructurar y/o sustituir el cultivo del algodón en la zona agrícola de mayor importancia del país. Durante décadas el algodón fue el principal producto de exportación de Nicaragua y no se ha podido reponer de la crisis de rentabilidad que lo azota desde los años 80. El café y la carne -los otros dos productos importantes de exportación tradicional- están iniciando apenas un lento proceso de recuperación y sus precios internacionales no tienen perspectivas de mejorarse, mientras que el desarrollo de nuevas actividades agrícolas de exportación es sólo una idea en la mente de algunos funcionarios del gobierno y empresarios. Igual cosa sucede con el cacareado anuncio de inversión extranjera taiwanesa en maquila industrial, empresas cuya materialización no ha pasado de las especulaciones periodísticas.

Por último, los montos "récord" de la ayuda externa han sido utilizados para financiar un "boom" de importaciones de bienes de consumo y no para desarrollar los sectores productivos nacionales. El uso de parte de estos recursos para la cancelación de la mora de Nicaragua con la banca multilateral marca el paso definitivo de la reinserción del país en el sistema financiero internacional y el prematuro fin del corto período de ayuda concesional -ayuda en donaciones o préstamos a bajos intereses o largos plazos- que recibió el país durante estos años.


Pasando revista al plan

Este análisis está dividido en tres partes. En la primera parte, abordamos hasta qué punto y por cuánto tiempo es sostenible la estabilización económica lograda hasta ahora por el gobierno. Repasamos las contradicciones que han generado en la economía nacional la "represión" de precios ejercida por el gobierno, la reducción del déficit fiscal y la contracción del crédito. Se analiza también el impacto de la maxi-devaluación del córdoba en el comportamiento del sector externo de la economía, examinando en particular el rol de la ayuda externa.

La segunda parte hace un balance del actual ciclo agrícola y de las perspectivas de reactivación del sector agropecuario. El enfoque de este balance pone de relieve la influencia de factores extra-económicos en la producción agropecuaria de este año: el retorno de miles de refugiados y desmovilizados de la contra y el clima.

La tercera parte evalúa el impacto de la liberalización comercial y de la contracción de la demanda interna sobre la industria manufacturera nacional. El énfasis está puesto en la capacidad mostrada por un número significativo de empresas industriales nacionales para hacerle frente a una política irracional de destrucción de este sector clave de la economía nacional.

¿Se podrá sostener la estabilización económica?

El gobierno ha continuado aplicando la misma política anti-inflacionaria que inició en marzo de este año, basada en el control de los precios de la canasta básica, la reducción de los déficits fiscal y financiero, y el mantenimiento de una tasa de cambio estable. Los resultados de esta política muestran que los índices de inflación mensual han disminuido sensiblemente en relación a los primeros meses del año (Cuadro 1), por lo que el gobierno ha desplegado una intensa campaña propagandística que intenta convencer al pueblo de que la inflación ha desaparecido para siempre y de que ya es parte de la historia del país.

Cuadro 1


Sin embargo, el control de la inflación logrado en tan corto plazo por el gobierno puede romperse por las contradicciones que esta misma política genera en la economía nacional. En primer lugar, el control de precios de la canasta básica ha dependido de importaciones de alimentos y de subsidios a empresas estatales de servicios que difícilmente se podrán sostener a mediano plazo. En segundo lugar, la reducción de los déficits fiscales y financieros ha sido hecha a costas de una profunda recesión de la actividad económica del país, cuyas consecuencias sociales son desastrosas. Por último, el mantenimiento de una tasa de cambio estable no se puede prolongar indefinidamente sin disminuir la rentabilidad de las exportaciones y abaratar las importaciones, contribuyendo así a agrandar aún mas la brecha en la balanza de pagos.

¿Por cuánto tiempo podrá seguir funcionando la "represión" de precios?

El control de precios de la canasta básica ha dependido principalmente de la "represión" que el gobierno ejerce sobre el mercado utilizando sus recursos externos para importar alimentos y el presupuesto nacional para financiar subsidios a las empresas estatales de servicios. Los casos mas "sonados" de importaciones de alimentos han sido los de la carne de pollo y el arroz, mientras que el mayor subsidio a empresas estatales de servicios ha sido el recibido por ENABUS para mantener la tarifa de transporte urbano en Managua.

Las importaciones de alimentos están siendo traspasadas gradualmente del Estado a grandes comerciantes privados y calladamente se autorizaron en junio alzas de precios. Paralelamente, el gobierno propagandizó una nueva disminución del impuesto a la gasolina para contrarrestar el que emergieran de nuevo expectativas inflacionarias.

El problema estriba en determinar cuál es la capacidad del gobierno para poder mantener esta "represión" de precios y por cuánto tiempo. Algunas señales preocupantes aparecieron en las últimas semanas de octubre con el alza en el precio del pollo y del arroz por la falta de importaciones de estos productos por el gobierno. La política gubernamental genera su propio círculo vicioso por cuanto los bajos precios de las importaciones conducen a la quiebra de productores nacionales, lo que a su vez vuelve al país cada vez más dependiente de importaciones que sólo pueden ser financiadas con ayuda externa, dado el enorme déficit de la balanza de pagos. No hay pues, una política de control de la inflación a mediano plazo, pues ésta implicaría el apoyo financiero y técnico a los productores nacionales para hacerlos más competitivos.

Por otro lado, como parte de su estrategia de reducción del déficit fiscal, el gobierno planea reducir sustancialmente las transferencias del presupuesto nacional para financiar subsidios. Dicha reducción se haría mediante la privatización de las empresas estatales de servicios que actualmente reciben estos subsidios. ENABUS, que juega un rol clave en el servicio de transporte urbano en Managua, es una de las empresas incluídas en estos planes. La consecuencia inmediata de la privatización de ENABUS y de la liberalización de los precios del transporte urbano será un aumento de estos precios, con un fuerte impacto sobre los escuálidos bolsillos de los sectores populares urbanos y consecuencias políticas imprevisibles.

¿Será posible "apretar" más la reducción del déficit fiscal?

Los límites de la política anti-inflacionaria del gobierno se aprecian también en la capacidad que tenga para poder seguir reduciendo el déficit fiscal. En nuestro primer análisis del Plan Lacayo (julio/91), explicábamos que el impacto inicial del "shock" de marzo había sido ampliar el déficit fiscal, por lo que la dependencia de recursos externos para financiar los gastos del presupuesto nacional se había profundizado.

El gobierno ha logrado revertir parcialmente esta tendencia consiguiendo financiar con la recaudación de impuestos el 69% de sus gastos en el período marzo-septiembre de 1991, mientras que el año pasado apenas logró financiar el 49% de esos gastos. Si se examina la tendencia de la evolución de las cifras de los últimos meses, la proporción de autofinanciamiento llega a ser hasta del 80% (Cuadro 2), cubriéndose la diferencia con recursos externos. Sin embargo, el haber alcanzado una proporción tan alta, tiene también razones estacionales, por ser ésta la época del año de mayor recaudación de impuestos.

Cuadro 2


La clave de este "éxito" ha sido un impresionante aumento del 30% en las recaudaciones de impuestos, en relación con el año pasado. El aumento ha sido posible por la reforma fiscal ejecutada por el gobierno, que modifica la estructura de impuestos del país. La modificación consiste en rebajar los impuestos al capital y en aumentar los impuestos indirectos al consumo, particularmente los de la llamada industria fiscal (cigarrillos, cerveza, ron y gaseosas).

La inflación está controlada hoy y tal vez mañana. Pero todo indica que pasado mañana escapará de control, porque no hay apoyo a los productores nacionales. El peso en los ingresos tributarios totales de los impuestos al capital ha disminuido en un 25%, mientras que el peso de los impuestos indirectos al consumo ha aumentado en un 29%. En otras palabras, los sectores de la población de mayores ingresos pagan ahora menos impuestos y los de menores ingresos pagan más impuestos.

¿Cómo ha hecho el gobierno para aumentar las recaudaciones fiscales provenientes de impuestos indirectos al consumo si la economía está en recesión y el poder adquisitivo de la población está seriamente afectado? Hay varios factores que lo explican. En primer lugar, existe un efecto benéfico del control de la inflación sobre la recaudación de impuestos. El año pasado, las altas tasas de inflación se "comían" los ingresos fiscales y estimulaban el retraso en el pago de impuestos, mientras que este año los ingresos han crecido por el mero hecho de que hay muy poca inflación.

En segundo lugar, la devaluación incrementó sustancialmente el precio en córdobas de las importaciones, por lo que las recaudaciones del impuesto general sobre las ventas provenientes del importante sector de comercio importador crecieron considerablemente. También ha sido clave el rol del gobierno en el otorgamiento de crédito para importaciones, lo que le facilita la recaudación de impuestos. Además, el gobierno tomó medidas represivas contra el contrabando y disminuyó significativamente los aranceles, lo que ha estimulado a los comerciantes a tramitar sus importaciones por las vías legales.

En tercer lugar, hubo un incremento en la recaudación de impuestos de la llamada industria fiscal (cigarrillos, cervezas, gaseosas y ron), causado por la expansión del consumo de estos productos nacionales, que desplazaron del mercado nacional a los mismos productos importados, que entraban generalmente de contrabando. Esta sustitución fue posible porque la devaluación encareció los productos importados y, además, porque el gobierno redujo al inicio del plan los impuestos que gravan estos productos, mejorando sensiblemente su competitividad. Después de la maxi-devaluación de marzo, los precios de cigarrillos, cervezas y gaseosas subieron en promedio la mitad de lo que subieron el mismo tipo de productos importados.

El aumento del volumen de ventas de estos productos de la industria fiscal compensó con creces la rebaja de impuestos por unidad vendida, consiguiendo el gobierno de esta manera incrementar sus ingresos. Además, el gobierno proporcionó a la Coca-Cola un crédito blando de dos millones de dólares para la rehabilitación de su planta industrial, mientras que el ron Flor de Caña presionó y consiguió evitar que se otorgaran créditos para la importación de ron.

Pero la reducción del déficit no solo ha sido producto del aumento en las recaudaciones fiscales, sino que también ha habido una reducción del 6.4% de los gastos fiscales en relación al mismo período de marzo-septiembre/90. Esta reducción es aún mayor si tomamos en cuenta que, como parte del gasto fiscal, se incluye ahora el nuevo programa de reconversión ocupacional, cuyo monto representa el 9% de dicho gasto. A todo esto hay que añadir que, según el memorándum del FMI, el gobierno ha reiniciado los pagos de los intereses de su deuda pública externa. Estos pagos ascendían a 18 millones de dólares hasta septiembre y representan el 7% del gasto fiscal.

En resumen, si le restamos al gasto fiscal las partidas correspondientes al programa de reconversión ocupacional y al pago de los intereses de la deuda externa, el resultado es una contracción del 22% de los recursos disponibles para el funcionamiento del gobierno central en relación al año pasado. No hay que extrañarse entonces de los diarios informes en los medios de comunicación sobre el desastroso estado de los sistemas nacionales de salud y educación, que han provocado que hasta el Cardenal Obando, e indirectamente el propio Ministro de Salud, se sumen a las críticas ante esta situación. Tampoco hay que extrañarse porque los empleados del poder judicial hayan decidido lanzarse a la huelga, o porque la policía no pueda hacer frente al aumento de la delincuencia por falta de recursos mínimos para operar o por tantas otras y continuas señales de deterioro social.

El actual control de la inflación se basa, en cuanto al control de precios, en hacer más y más dependiente al país de importaciones extranjeras que se financian con ayuda extranjera. ¿Hasta cuándo se podrá seguir actuando así?

A la crisis de los servicios públicos hay que sumar el aumento del desempleo, como resultado de la aplicación del programa de conversión ocupacional. Según la propaganda gubernamental, este programa iba a facilitar la transformación de miles de empleados públicos y militares en pequeños empresarios. Más de 11,500 empleados estatales, 3 mil empleados del sistema bancario nacional, 2,700 trabajadores de las instituciones de servicios públicos básicos (agua, energía eléctrica y telecomunicaciones), y alrededor de 5 mil miembros de las fuerzas armadas se han acogido al plan.

Empleados, trabajadores y militares fueron atraídos al plan por la relativamente jugosa indemnización que se les ofrecía, a cambio de dejar puestos de trabajo en los que tenían bajos salarios. La propaganda gubernamental se orientó a enfatizarles la posibilidad de convertirse de la noche a la mañana en nuevos pequeños empresarios ("Ya me veo yo con mi salón de belleza..."). Pero en realidad, la mayor parte de los "reconvertidos" invirtieron su indemnización en micro-proyectos orientados al superpoblado sector del pequeño comercio, fracasando rotundamente en poco tiempo por el deprimido mercado interno y por una feroz competencia en ese sector.

En conclusión, la "factura" de la reducción del déficit fiscal ha sido costeada por los sectores populares. Por un lado, están pagando más impuestos y, por otro lado, están recibiendo peores servicios y perdiendo puestos de trabajo. Sin embargo, a pesar de sus desastrosos resultados sociales, el gobierno planea continuar con esta política haciendo nuevos recortes y privatizando servicios públicos. Los informes de las misiones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial presagian que se mantendrán las políticas contractivas del gasto público y del crédito a los sectores productivos y de servicios, aun cuando esto signifique una mayor recesión de la actividad económica del país.


¿Habrá reactivación con contracción del crédito ?

La política anti-inflacionaria se ha apoyado también en una reducción sustancial del crédito neto que el sistema bancario nacional proporciona a los sectores productivos y de servicios. El monto total del crédito neto a estos sectores (entregas menos recuperaciones) durante el primer semestre de 1991, se redujo un 47% en relación con el primer semestre de 1990 (Cuadro 3). Es obvio que una contracción de esta magnitud ha causado una aguda falta de circulante.

Cuadro 3


La contracción del crédito neto se explica en parte por un enorme aumento de las recuperaciones de crédito del sistema bancario nacional. El alto nivel de recuperaciones de crédito es el resultado de la aplicación estricta de las normas y procedimientos propios de la banca comercial privada en el otorgamiento de créditos que hace la banca estatal. El gobierno sandinista, aunque formalmente había empezado a dar pasos en esta dirección como parte de su programa de ajuste, continuó en la práctica usando el crédito como subsidio.

El impacto de una política estricta sobre los diferentes sectores productivos y de servicios ha sido muy diferenciado, aunque congruente con la estrategia anti-inflacionaria del gobierno. El crédito ha sido redistribuido en beneficio del comercio estatal y privado y de la industria fiscal, y en detrimento de la agricultura y de las empresas estatales de comercio exterior (Cuadro 4).

Cuadro 4


El gran ganador de esta redistribución ha sido el sector comercial estatal y privado, precisamente por la orientación de la política anti-inflacionaria del gobierno. Las empresas estatales de comercio interior han sido el instrumento clave para el control de precios de la canasta básica vía importaciones, mientras que el comercio privado se ha beneficiado de la drástica rebaja de aranceles decretada por el gobierno (Cuadro 4).

En el otro extremo está el sector agrícola, que registró por primera vez en la historia del país un flujo neto negativo. Este se produjo al superar las recuperaciones de créditos agrícolas del año pasado a las nuevas habilitaciones para el presente ciclo. Es decir, la agricultura nacional, en lugar de recibir recursos del sistema bancario, está siendo descapitalizada. La ganadería presenta una situación diferente, con un flujo de recursos un poco mayor que el año pasado, posiblemente por ser una actividad de menor riesgo y mayor rentabilidad.

Otro sector muy golpeado ha sido el de las empresas estatales de comercio exterior, cuyas funciones han sido privatizadas desordenadamente, propiciando la especulación de intermediarios privados con la producción de agroexportación de origen campesino. Estas empresas absorbieron el año pasado más de la mitad del crédito, mientras que actualmente sólo absorben un poco más de la cuarta parte.

En conclusión, la fuerte contracción del crédito neto del Sistema Financiero Nacional se ha hecho a costa de la descapitalización de la agricultura nacional y del desmantelamiento de las empresas estatales de exportación. La actual tendencia en la asignación de los recursos crediticios se orienta a la priorización de las actividades comerciales sobre las productivas, con la excepción de la industria fiscal.

Las exportaciones, ¿motor de la reactivación económica?

El gobierno ha tratado de compensar los efectos recesivos de la reducción del déficit fiscal y la contracción del crédito bancario con un fuerte estímulo a las exportaciones a través de la modificación de la estructura de precios. En este sentido, la maxi-devaluación de marzo abarató los precios de la mano de obra e incrementó los precios en moneda nacional de las exportaciones. De esta manera, el gobierno esperaba iniciar un proceso de reactivación económica basado en el crecimiento del sector exportador.

Sin embargo, durante el primer semestre de 1991 las exportaciones cayeron un 37% con respecto al mismo período en 1990. Los rubros principales de exportación -café, algodón, carne y azúcar- experimentaron una disminución del valor de sus exportaciones, con excepción del azúcar (Cuadro 5). El café registró menores volúmenes de producción por factores climáticos adversos y menores precios internacionales a causa del exceso de oferta existente a nivel mundial. En cambio, el algodón, a pesar de expandir su producción, también registró una caída del valor de sus exportaciones por los bajos precios que prevalecen en el mercado internacional. La contracción de las exportaciones de carne está vinculada a un proceso más estructural de descapitalización del hato ganadero nacional durante más de una década. En particular, hubo en los últimos dos años una sobre-matanza de ganado para aprovechar a corto plazo los estímulos ofrecidos por la política de ajuste iniciada por el gobierno sandinista en 1988.

Cuadro 5


El único rubro de exportación que aumentó sus volúmenes de producción y tiene mejores precios internacionales es el azúcar. Su expansión se debe a las cuantiosas inversiones hechas en los últimos años por el gobierno sandinista en los dos principales ingenios azucareros del país -San Antonio y Timal-, y al mejoramiento de los precios por la reapertura a Nicaragua de la cuota azucarera de Estados Unidos.

Realmente, la caída de las exportaciones no es atribuible al fracaso de las medidas económicas del Plan Lacayo. El comportamiento de las exportaciones, por su origen agrícola y su carácter cíclico, refleja más bien los efectos de las condiciones climáticas y de las políticas ya vigentes durante anteriores ciclos agrícolas. Por esto, la respuesta de las exportaciones a estímulos de política económica se produce con cierto desfase y, en este sentido, los ingresos por exportaciones del primer semestre de 1991 reflejan en gran medida los efectos de las políticas económicas y condiciones climáticas vigentes durante 1990. El otro factor clave son los precios internacionales, cuya determinación está totalmente fuera del control del país.

La reducción del déficit fiscal la han pagado los más pobres. y les ha costado cara. Por un lado, están pagando más impuestos que nunca.

El problema reside en la "ingenuidad" neoliberal de atribuir virtudes milagrosas a una estrategia de reactivación económica basada exclusivamente en el sector exportador, a sabiendas de las tendencias depresivas de los precios internacionales de productos primarios y de las condiciones inestables del mercado mundial. En el Cuadro 6 se aprecia claramente la caída de los precios internacionales de nuestros principales rubros de exportación durante los últimos diez años.

Cuadro 6


Además, el gobierno no ha sido ni siquiera consistente con su lógica pro-exportadora. No existen programas de fomento a las exportaciones que provean a los productores crédito de inversión a costos razonables, así como capacitación y asistencia técnica para mejorar su productividad y sus estrategias de mercado. Pareciera que el gobierno piensa que la "magia" de la liberalización del mercado y de la privatización de la economía son suficientes para desarrollar la capacidad exportadora del país. El contraste es agudo si se compara la política nicaragüense con la estrategia exportadora de Costa Rica, cuyos gobiernos -también con el financiamiento de la AID- han promovido durante décadas programas de crédito subsidiado, de capacitación y de asistencia técnica para diversificar y ampliar la capacidad de exportación del país. Por otro lado, los pobres reciben peor servicio de salud, peor educación y pierden sus puestos de trabajo.

Por otro lado, no ha sido posible obtener datos sobre el nivel de importaciones que ha habido después de la implementación del Plan Lacayo, para conocer su impacto sobre la balanza de pagos. Las tendencias del primer trimestre de 1991, según cifras del Banco Central, mostraban una disminución del valor de las importaciones, con una contracción muy fuerte de las importaciones de bienes intermedios y de capital para la industria y la agricultura.

El único rubro que registraba expansión era el de los bienes de consumo duradero (electrodomésticos, televisores, etc.). Este comportamiento es congruente con la recesión de la producción nacional, cuyos efectos se manifiestan también en una disminución de la demanda de importaciones de bienes intermedios (insumos y petróleo) y de bienes de capital (maquinaria y equipo). Asimismo, también es congruente con el "boom" importador de bienes de consumo que se ha observado a partir de la drástica reducción de los aranceles aduaneros.

Es posible prever pocos cambios en estas tendencias en los últimos meses del año, pues la producción nacional continúa en recesión y la política de reducción de aranceles a las importaciones de consumo se ha profundizado. Además, el gobierno ha realizado su control de precios con el apoyo de importaciones masivas de bienes de consumo, financiada con la relativamente abundante ayuda externa que ha recibido.

En conclusión, la balanza comercial del país (exportaciones menos importaciones) podría mejorar no por el esperado aumento de las exportaciones, sino más bien por la disminución de las importaciones de insumos y maquinaria causada por la recesión de la producción nacional. Sin embargo, esta "mejoría" podría esfumarse por el aumento de las importaciones de bienes de consumo que se ha realizado con recursos externos para apoyar la política anti-inflacionaria del gobierno.

Montos récord de ayuda externa ¿Para qué se ha usado?

Los recursos externos que el gobierno recibió en 1991 ascienden a unos 504 millones de dólares y provienen mayormente de Estados Unidos (38%), Europa Occidental (29%) y Taiwan (12%). La disponibilidad real de fondos ha sido mayor este año que el pasado, debido a la baja ejecución de la ayuda externa en 1990. Casi la mitad de la ayuda está destinada a financiar directamente las importaciones que respaldan la estrategia de estabilización del gobierno. En consecuencia, el monto de esta ayuda le permite al gobierno poder enfrentar el déficit de la balanza de pagos, aunque éste empeorase como consecuencia de los factores mencionados anteriormente.

La estructura relativamente diversificada de la ayuda externa se origina, por un lado, en que los países europeos que habían empezado a dar ayuda financiera al país en la década de los 80 por gestión del gobierno sandinista han continuado su cooperación (Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, España, Italia). Por otro lado, el gobierno de la UNO ha conseguido restablecer la ayuda de Estados Unidos, Alemania Occidental y ampliar considerablemente la ayuda de Taiwan y en menor medida de Japón. La cooperación de los ex-países socialistas, como era de esperarse, ha desaparecido casi por completo después de jugar un rol preponderante desde la segunda mitad de los 80.

Adicionalmente, el gobierno ha logrado cancelar la mora que tenía el país con la banca multilateral y con ello ha reinsertado a Nicaragua en el sistema financiero internacional. La cancelación incluye la condonación de 360 millones de dólares y el pago de 444 millones de dólares con la ayuda de préstamos "puente" de varios países.

En realidad, estos préstamos "puente" son un artificio de la banca multilateral, que consiste en recibir inicialmente como pago de la mora nicaragüense dichos préstamos. Una vez realizada esta parte de la operación, Nicaragua es nuevamente sujeto de crédito de la banca multilateral y recibe préstamos de la misma para pagarles los mismos préstamos "puente" a esos países. Al final, lo que se ha producido es una reprogramación del pago de la deuda de Nicaragua con la banca multilateral.

En conclusión, la "normalización" de relaciones con las instituciones financieras internacionales significa que a partir de 1992, la mayor parte de la ayuda externa provendrá de esas fuentes y estará condicionada al seguimiento de las pautas de política económica que dichas instituciones consideren convenientes. Antes de que esto sucediera, el monto extraordinario de recursos externos concesionales -donaciones o créditos blandos- de los que se dispuso este año, ha sido empleado en financiar un "boom" de importaciones, en lugar de usarlos para facilitar la recuperación de la industria y agricultura nacional.

Frutos de ocho meses del Plan Lacayo sobre el sector agropecuario

La evolución del sector agropecuario a 6 meses de haberse iniciado el Plan Lacayo da todas las señas de una recesión y la tan esperada reactivación del sector anunciada por el gobierno parece una fantasía. Por segundo año consecutivo - tras la expansión que se dio en 1989 - las perspectivas del PIB agropecuario del año 1991 son de contracción, y se estima que las exportaciones para 1991 decrecerán en relación al año pasado en aproximadamente un 10%.

Las exportaciones que evaluamos son resultado de la producción del ciclo anterior, pues en el caso del sector agropecuario los rubros de agroexportación se venden al año siguiente de su ciclo de producción. Mientras las exportaciones de 1990 crecieron en casi 18% en relación al año 1989, debido a la mejoría de los precios internacionales y en respuesta a las señales de la política económica sandinista del 89, el descenso de las exportaciones en este año 91 se explica básicamente por la desastrosa cosecha cafetalera del ciclo pasado y la fuerte contracción de la producción de carne. Por otro lado, a pesar del aumento de áreas destinadas a granos básicos que se ha dado en 1991, la tendencia en el sector de rubros destinados al consumo interno es por tercer año consecutivo de contracción. Esto explica la contracción del PIB que se espera para el 91.

El estancamiento del sector agropecuario en el 91 es el resultado de una evolución diferenciada según las regiones del país, que se gestó desde el inicio de la implementación de los planes de ajuste en Nicaragua.

En el Occidente y en el Centro Seco se dan ya las primeras señales de una recesión profunda, tanto por la crisis del campesinado como por la falta de alternativas viables económicamente para la gran producción, en particular para la algodonera.

En el Interior del país tenemos una doble evolución: focos de despegue económico en torno a la reactivación de la gran caficultura y de la ganadería extensiva -que no han dado aún sus frutos- al lado de amplios territorios campesinos de montaña que experimentaron un "boom" de producción de granos básicos este año, pero que tendrán un ritmo de crecimiento muy lento en el futuro.

Con un apoyo crediticio mayor que los otros sectores sociales del agro, la burguesía ha dado este año repuestas débiles de corto plazo en términos de crecimiento de la producción agroexportable o de valor agregado. Tres factores lo explican básicamente. Primero, la no reestructuración o sustitución del algodón, rubro principal en las planicies de Occidente. Segundo, los plazos que requiere el proceso de reactivación de la caficultura y de la ganadería. Tercero, la sobrevaloración del córdoba a partir de abril y la reducción de los impuestos a los insumos, que no han incentivado la reconversión de los sectores menos eficientes, sorgueros y arroceros por ejemplo.

El sector de la pequeña y mediana producción ha sido impactado negativamente por la política económica. No solamente se ha profundizado la recesión en segmentos importantes del campesinado dedicado a la producción de consumo interno, sino que también ha tocado a fracciones del campesinado involucrado en la producción de agroexportación, y particularmente los ajonjoliceros.

Las causas principales han sido la aguda iliquidez, originada en la maxi-devaluación de marzo y en un crédito neto mucho menor que en los años anteriores. La producción de consumo interno ha sido adicionalmente afectada por una competencia aguda, promovida por importaciones y donaciones masivas de productos agropecuarios, -maíz, arroz, pollos- en un contexto de mercado interno con poco poder de compra.

La expansión del sector de los granos básicos en 1991 en relación a 1990 no es resultado del Plan Lacayo. Es consecuencia de factores de orden extra-económico. Entre ellos destaca principalmente una nueva disponibilidad para la economía rural de la fuerza de trabajo desmovilizada y repatriada que acompaña la pacificación de los antiguos escenarios de la guerra. Y una amplia redistribución de tierra impuesta por el campesinado pobre, particularmente en el Interior del país y en los últimos 18 meses, que hizo que 600 mil manzanas cambiaran de manos. Finalmente, una sequía de envergadura menor que la que afectó al país en 1990.

Para el año 1992, las perspectivas no son muy alentadoras. Las primeras apreciaciones indican que las exportaciones seguirán bajando. Si bien los volúmenes de azúcar y de café esperados para este ciclo 91-92 -a exportarse el año próximo- muestran un incremento notable, es dudoso que éste logre compensar una producción de algodón, de carne y de ajonjolí en descenso. Además, se esperan tendencias desfavorables en los precios internacionales, especialmente del azúcar y del algodón.

Menos crédito y para menos productores y una iliquidez desigualmente compartida

A diferencia del año pasado, el crédito disponible para la producción agropecuaria ha mostrado una drástica reducción con el Plan Lacayo. Si bien las entregas de crédito al sector se mantuvieron prácticamente al nivel de las del año pasado en términos reales -contrastando con la contracción crediticia del 15% que se dio en el 90-, la evolución de las recuperaciones de crédito por parte del Banco indican un hecho novedoso, al incrementarse en casi un 200% entre el 90 y el 91. Por primera vez, el Banco recuperó cantidades significativas del crédito entregado, teniendo esto como consecuencia un elevado grado de iliquidez para los productores. En lo que va de 1991, estimamos la contracción del crédito neto -diferencia entre crédito entregado y recuperaciones del Banco- en un 40 % en relación a 1990 (Cuadro 1).

Cuadro 1


Una espectacular producción de granos básicos

Ha habido un espectacular crecimiento en la producción de granos básicos en las zonas montañosas del interior. El fin de la guerra y la reforma agraria impuesta "desde abajo" explican este crecimiento.

A su vez, la restrictiva política crediticia de este año ha tenido como resultado una concentración de la distribución del crédito de corto plazo en favor de los grandes productores privados. Entre el año 1990 y 1991, el monto total asignado al sector APP, al cual se suma casi la mitad del crédito para granos básicos que absorbía el campesinado, se ha transferido a la gran producción ganadera privada, la cual aumentó su utilización de crédito en un 260 % (Cuadro 2). A esta redistribución de la masa crediticia hay que agregar los efectos de una política de recuperaciones que se ha traducido en el hecho de que la pequeña y mediana producción ha resultado ser "mejor pagadora" que la gran producción. El miedo a perder la tierra que quedó como prenda este año - símbolo claro para el campesino -, así como la intervención del Banco mediante medidas administrativas, explican esta situación. De ahí que el sector de la pequeña y mediana producción sea el que realmente sufrió por la política de contracción crediticia de este año.

Cuadro 2


En este ciclo agrícola hemos asistido a un nuevo capítulo de "la muerte anunciada" del algodón. A pesar de todas las ventajas que le concedió el gobierno, la producción de algodón no mejora.

Esta evolución refleja un cambio radical en el papel que juega el crédito en el sector agropecuario. Los criterios de mercado en la asignación del crédito han tendido a prevalecer. Esta política tuvo un grave costo en términos de reactivación global del sector, al mermar las capacidades de producción de importantes segmentos de productores. Es el caso, por ejemplo, de pequeños productores de agroexportación - cafetaleros de montaña o ajonjoliceros del Pacifico - afectados este año por una fuerte iliquidez.

En cuanto al crédito de largo plazo, se observa también una tendencia a la concentración a favor de la gran producción, que en este año 1991 pasa a absorber dos tercios de los montos totales, cuando hace dos años alcanzaba apenas el 30 %.

¿Después del algodón?

Reformas impostergables en Occidente

La primera parte del ciclo 91-92 indica una reducción del área cultivada para agroexportación en casi un 9 % en relación a 1990. (Cuadro 3). Por otra parte, la evolución previsible de la producción de agroexportación para este ciclo 91-92 es de contracción en el caso del algodón, del ajonjolí y de la carne, y de aumentos de producción en el café y el azúcar.

Cuadro 3


En cuanto al algodón, asistimos a una nueva etapa en su "muerte anunciada" después del efímero "respiro" del ciclo pasado. Se sembraron solamente unas 50 mil manzanas, lo que representa una baja de 10 mil en relación al año pasado y un retorno a las áreas del ciclo 89-90. Siendo las primeras estimaciones de rendimientos esperados menores a los 10 qq oro, se prevé que los volúmenes de producción serán muy inferiores a los que el gobierno se propuso, afectando negativamente las exportaciones del año próximo.

A pesar de la reestructuración muy favorable de la deuda algodonera del año pasado y de un componente importado abaratado por la nueva política arancelaria y por la sobrevaluación del córdoba, no se ha podido mejorar sustancialmente la rentabilidad del rubro. De hecho, los productores no modificaron suficientemente sus paquetes tecnológicos y al igual que lo que sucedió el año pasado, sólo una fuerte devaluación del córdoba en el momento de la cosecha pudiera revertir esta situación. Esto significa que la política de mantener "artificialmente" el algodón a punta de subsidios inicialmente y después con una devaluación, tiene un costo cada vez mayor para el país y hace impostergable la necesaria reconversión productiva de Occidente. Al igual que con el algodón, la producción de soya y de maní con los actuales patrones tecnológicos, no es ninguna alternativa viable para la gran producción.

En cuanto a la caña de azúcar, se espera la mejor cosecha de los últimos 10 años (5.7 millones de qq), producto de las inversiones realizadas en años pasados en el Ingenio San Antonio y en el proyecto Timal. Después de haber tenido una cuota de 860 mil qq (un 37% de las exportaciones nicaragüenses) a 21 dólares en el mercado de los Estados-Unidos -que aumentó el precio promedio del azúcar de exportación a 15 dólares en el 91- las tendencias para el 92 son a la baja, tanto por la reducción esperada de la cuota azucarera a los Estados Unidos (550 mil qq) como por bajas en el mercado internacional. A pesar del aumento en los volúmenes exportados, el valor de esas exportaciones no crecerá mucho. Las perspectivas de ampliar la producción cañera parecen muy reducidas y este año no se incrementaron más las áreas.

El ajonjolí muestra una caída importante en las áreas sembradas después de haber crecido continuamente desde el ciclo 88. Se estima que este año se habrán sembrado apenas unas 35 mil manzanas, frente a más de 50 mil en 1990. Esta reducción en un rubro típicamente campesino se debe a la aguda iliquidez sufrida por este sector. La baja de su rentabilidad a causa de la baja de precios y por el control privado del comercio externo, pone en situación crítica a uno de los rubros que más divisas generaba al país.

La gran producción "monopoliza" la reactivación de la ganadería y de la caficultura

Los ejes mas vigorosos de la reactivación agroexportadora actual, la caficultura y la ganadería, indican tendencias favorables para el mediano plazo, aunque se diferencian en lo inmediato.

En cuanto al café, la cosecha prevista será superior a la del año pasado (950 mil qq frente a 860 mil qq), recuperando así los niveles de producción de los últimos años. Este aumento se explica porque los cafetales recuperados y renovados por la gran producción a raíz del ajuste sandinista están dando ahora sus primeras cosechas y también porque ya se notan los primeros pasos dados en la recuperación de los cafetales abandonados durante la guerra. Estos aumentos compensaron la baja de producción que se espera en el sector estatal del APP, afectado por el proceso de privatización y por el bajo financiamiento recibido.

Este año, con niveles de financiamiento prácticamente idénticos a los del año pasado y con precios de insumos relativamente más bajos, los patrones tecnológicos de la gran caficultura han evolucionado poco en la sustitución de bienes importados por recursos locales. A pesar de la sobrevaluación del córdoba, el rubro sigue siendo muy atractivo y el proceso de inversión en la caficultura, apoyado este año por significativos fondos de crédito de largo plazo (4.600 manzanas de renovación financiadas) se ha acelerado en relación a los años anteriores. Sin embargo, esta reactivación ha tendido a concentrarse en la gran producción privada, y poco en el campesinado, marginado de la política crediticia y sin suficientes recursos propios por el estado de descapitalización en el que está. Particularmente en las montañas del Interior, la rehabilitación de la pequeña caficultura podría ser mucho mas rápida si tuviera apoyo crediticio.

En cuanto a la ganadería, ha seguido en el 91 la tendencia del año pasado de reducción de la matanza y de la producción de carne. Esto se explica por el grado de "descapitalización" del hato ganadero, que se traduce en crecientes dificultades de la cadena ganadera en proveer animales machos para el engorde (Cuadro 4). La diferencia con 1990 es que esta baja en la producción de carne ha afectado también los niveles de exportación, que muestran una contracción significativa.

Sin embargo, las tendencias de la ganadería reflejan la continuación de un lento proceso de reactivación, iniciado el año pasado, que combina la reconstitución del hato nacional y la recuperación de las áreas de pastizales perdidas con la guerra. Evidencia esto la retención que hacen los productores de las hembras para uso reproductor, lo que se manifiesta en su peso decreciente en la matanza total (Cuadro 4).

En el desarrollo y en el engorde, y también en la producción de leche y de carne, se está produciendo un proceso de concentración de la actividad ganadera en pocas manos, en las manos de los ganaderos más grandes.

Cuadro 4


Ante la escasez de animales, este año el precio de los novillos de engorde se ha incrementado marcadamente, y el crédito de corto plazo se ha destinado en mayor medida que en años anteriores a financiar el desarrollo de animales mas jóvenes, que los campesinos tuvieron que vender por problemas de iliquidez. El desarrollo de los terneros, llevado a cabo en gran medida en fincas campesinas de cría y producción de leche y de manera "autofinanciada" tiende a ir pasando así a manos de estratos ganaderos superiores (Cuadro 5).

Cuadro 5


Aunque la reconstitución de los hatos de crianza tiene efectos negativos a corto plazo sobre la producción de leche y carne, posibilita a mediano plazo el crecimiento de un hato nacional que estaba diezmado, y es ésta la tendencia actual. Sin embargo, al igual que en el desarrollo y engorde, se observa un proceso de concentración de la actividad ganadera en manos de los estratos más fuertes. Los medianos y grandes ganaderos siguen comprando a precios baratos vientres de los estratos campesinos y a la vez se benefician de la mayor parte del crédito de largo plazo para vaquillas y vacas (Cuadro 6). Al no ser aprovechado el potencial que tienen los criadores campesinos de la frontera agrícola -actualmente en grave desacumulación-, podría resultar frenado el ritmo de recuperación de la ganadería nacional.

Cuadro 6


La expansión de los granos básicos encubre mas recesión campesina

La cosecha de primera del ciclo 91-92 se caracteriza por una expansión del área agrícola de rubros de consumo interno con un aumento de casi un 15% según datos oficiales. Este crecimiento resulta principalmente de un aumento de las áreas sembradas en las montañas del Interior del país, lo que este año logra compensar la contracción que se ha dado en áreas del Pacífico y del Interior seco.

El reasentamiento en los antiguos escenarios de la guerra de numerosas familias campesinas repatriadas o desplazadas que han regresado, y la reactivación de la reforma agraria que ha tenido lugar en los 18 meses del nuevo gobierno, son las dos principales palancas que han provocado la rápida expansión de los granos básicos. Con la privatización de las tres mayores corporaciones estatales del agro (Hatonic, Cafenic y Agroexco), y la ocupación o negociación de fincas privadas o de cooperativas, se estima que mas de 600 mil manzanas pasaron a manos de unas 23 mil familias de desmovilizados de la contra y del EPS, de obreros agrícolas y de otros campesinos que se han tomado tierras (Cuadro 7). De estas 600 mil manzanas, dos tercios se ubican en las regiones interiores del país.

Si a estas 23 mil familias les sumamos las que retornaron a sus tierras abandonadas durante la guerra o las que están recolonizando la frontera agrícola, podemos estimar que aproximadamente 40 mil familias más que el año pasado han accedido a la tierra y son ahora nuevos sembradores de granos. Esto explica el espectacular crecimiento de la producción de granos básicos, que comenzó en la pasada siembra de apante.

Cuadro 7


En oposición a este "boom" de granos en la montaña, el sector campesino del Pacífico y de la franja seca del Interior da señas cada vez más claras de su agotamiento. El elevado nivel de descapitalización y un apoyo crediticio que se ha reducido en 46 % en termino de áreas financiadas y mas de 60% en término de montos reales (Cuadro 8), han sido las principales causas de una iliquidez mas seria aún que el año pasado, que afectó su capacidad de producción e implicó una reducción en las áreas sembradas.

Además, ante la escasez de capital, los rubros escogidos tendieron a ser tubérculos o sorgo-millón, porque aunque sus resultados económicos no sean los más atractivos tienen costos de producción menores. Asimismo, la menor capacidad de inversión ha incidido en la calidad del manejo de los cultivos (control de plagas, fertilización, desyerbe), lo que se suma a los efectos negativos de la sequía. Todo esto explica rendimientos generalmente bajos.

Sólo las franjas de campesinos mas "acomodados", que tuvieron posibilidades de restringir su consumo para financiar el nuevo ciclo, no enfrentaron esta recesión. Tampoco la enfrentaron los sectores empresariales de las planicies del Pacífico, gremios históricos de sorgueros y arroceros de secano y algodoneros recientemente reconvertidos, que han mantenido áreas de sorgo y arroz de secano similares a las del año pasado, accediendo para ello a financiamiento bancario. Este sector de productores, obligados a reajustarse ante su poca competitividad en un mercado abierto, tienen la esperanza de obtener buenos precios por sus cosechas.

Los sorgueros negociaron con el gobierno medidas para mantener artificialmente el precio del sorgo, reduciendo al menos temporalmente las importaciones de maíz amarillo. También el precio del arroz se mantuvo alto en comparación al de años pasados, debido a una escasez relativa, como resultado de importaciones inferiores a las de años anteriores. Si en las próximas semanas no caen estos precios, este sector habrá aprovechado tanto la sobrevaluación del córdoba y la baja de los precios de los insumos como los precios nacionales protegidos en cierta medida respecto al mercado internacional. Esto les ha proporcionado un año más de respiro.

Cuadro 8


En contraste con esta situación, la drástica contracción del mercado interno y la invasión de productos agropecuarios provenientes del extranjero, incentivada por la sobrevaluación del córdoba, han hecho caer los principales precios campesinos (Cuadro 9). Frutas, verduras y guineos del área centroamericana han penetrado el mercado nacional a precios bajísimos, y a veces con mayor calidad, desplazando la producción nacional. Los precios del maíz y del frijol se han caído por la situación de iliquidez o por el crecimiento de oferta proveniente de zonas del interior del país.

Cuadro 9


Esta caída de los precios tiene un impacto negativo sobre los ingresos campesinos, que se expresa en la caída de la rentabilidad de los principales rubros de producción campesina.

En la zona del Pacífico y en la franja seca del Interior es donde los efectos a corto plazo de esta situación son más marcados (Cuadro 10). Desde ahora se observa que el campesinado está adoptando cada vez más una estrategia de repliegue hacia el autoconsumo y de reajuste forzoso de sus tecnologías y que sus niveles de productividad van decreciendo. Asimismo, la reconversión de su producción hacia la exportación -y lo ilustra el caso de la contracción del ajonjolí- requiere de un capital del cual no dispone en la actualidad. Estas tendencias pueden anunciar una recesión aún mas fuerte en los años venideros.

Cuadro 10


Entre los campesinos del Pacifico, el sector cooperativo beneficiado por la reforma agraria sandinista ha dado señales de recesión particularmente marcadas este año: tierras ociosas, trabajo en mediería, venta de tierras... El cierre del crédito para muchas cooperativas que tenían un alto nivel de endeudamiento, ha reducido aún mas las estrechas posibilidades de realizar los reajustes técnico-productivos que requieren para alcanzar la viabilidad económica sin subsidios (diversificación productiva, parcelización, abandono de las técnicas costosas...). El proceso de recuperación -por parte de antiguos dueños- de las tierras de las cooperativas que no se reajustaron a tiempo, avanza ahora sobre un terreno cada vez más despejado.

Otro sector del Pacífico, el de los pequeños campesinos intensivos y minifundistas, ha sido particularmente golpeado. Después de una década en la que sobrevivieron gracias a la expansión de la demanda de frutas y hortalizas, han entrado por primera vez en una profunda crisis y tenderán a presionar por más redistribución de tierras o a emigrar hacia las ciudades.

Aun en las montañas del Interior del país, con la caída de los precios de los granos básicos, las posibilidades de un desarrollo basado en las rentas diferenciales de los granos básicos -proceso histórico de acumulación en la frontera agrícola- hace prever que la acumulación será limitada en la medida en que el excedente sea acaparado por el comercio privado. Tras el "boom" de granos de este año es previsible que las áreas de granos no se ampliarán mucho en el futuro. Esto tendrá un impacto negativo para las otras actividades productivas, específicamente para la recuperación de la caficultura y de la ganadería, que se haría a ritmos muy lentos.

La recesión en la economía urbana: una alternativa para contenerla

Hace cuatro meses juzgamos que el proceso de concentración de riqueza y recesión global en la economía urbana provocado por el Plan Lacayo era el talón de Aquiles del programa de estabilización y reactivación.

A ocho meses del inicio del plan, la recesión urbana se ha profundizado, no sólo en la pequeña industria y sobre todo en el Sector Informal Urbano, sino también en más de un 45% de las empresas de la mediana y gran industria. Desde 1990, cuando la suerte de los comerciantes pobres, los artesanos y las microempresas de servicios fue subordinada a la marcha de la economía empresarial, cada nueva reducción del empleo y de los salarios reales en la industria y en el sector público realimenta y profundiza la recesión del Sector Informal Urbano. Los efectos negativos de esta recesión urbana sobre el Producto Interno Bruto del país no serán estimables hasta principios de 1992.

Caracterizando el proceso de "bonanza para unas pocas empresas y quiebra para las demás" en la mediana y gran industria, queremos sugerir una alternativa para contener las olas recesivas con las que el sector industrial está contagiando al conjunto de la economía urbana.

Creciente tensión y conflicto en las ciudades

Las tres causas principales de la recesión urbana están claramente expresadas en los crecientes niveles de tensión y conflicto urbanos. En primer lugar, la reducción de moneda en manos de las mayorías y el incremento del desempleo y de la pobreza no sólo significaron una disminución en la demanda de productos industriales sino un incremento de un 20% en los delitos registrados por la policía con respecto a los que hubo en el primer semestre de 1990.

En segundo lugar, el deterioro del salario real y la reducción drástica del empleo se han reflejado durante septiembre y octubre en un auge de las huelgas y las tomas de fábricas y oficinas por los trabajadores. La lucha obrera tiene dos causas principales: reclamos sobre la ruptura de los acuerdos de la Concertación en cuanto al proceso de privatización -caso en El Caracol, la Plywood, Gallo y Villa y los Supermercados de Nicaragua- y demandas para detener el deterioro de los salarios reales y para defender a trabajadores despedidos -casos de Enaves, Prego, Ministerio de Justicia, Intercasa, los ingenios azucareros y la empresa E. Chamorro-, donde los conflictos se han dado con altos niveles de violencia. La toma de uno de los planteles de la empresa E. Chamorro por sus obreros y el apoyo que éstos recibieron de los trabajadores de los ingenios, la toma de los ingenios y los sucesos sangrientos en los mismos, son un fiel reflejo del incremento de tensión social que acompaña la victoria del gobierno contra la inflación.

En tercer lugar, se han iniciado las tensiones en el seno de la clase empresarial, entre industriales y comerciantes. La Cámara de Industrias de Nicaragua (CADIN) ha entrado en contradicción abierta con la política gubernamental de reducir los niveles de protección arancelaria y abrir nuestras fronteras a la competencia de la industria extranjera, lo que beneficia al comercio y perjudica a la industria. CADIN pide levantar de nuevo los niveles de protección y está exigiendo concesiones del gobierno en materia de impuestos.

Pero ni las concesiones a CADIN ni los robos ni las huelgas son solución para poner freno a la recesión urbana. Hasta ahora, el gobierno sólo ha intentado apaciguar y paliar las tensiones sociales producidas por la recesión a través del programa de conversión ocupacional -pagando 15 mil córdobas a los empleados públicos que renuncian a su empleo- y gastando un porcentaje mínimo del presupuesto en los proyectos del FISE. Estos programas no logran neutralizar el impacto del plan económico como lo muestran los brotes de protesta obrera de septiembre y octubre. El FISE y otros mínimos programas de apaciguamiento del Plan Lacayo no alcanzan para ofrecer empleo a miles de trabajadores que son despedidos por el quiebre de las empresas.


¿Qué hacer con la industria?

El debate de fondo

Tras del debate contra el Plan Lacayo en las calles -descomposición social, robos, huelgas, tomas de fábrica, antimotines y bombas lacrimógenas-, hay otro debate de cuyo resultado depende la reactivación de nuestra economía.

Por un lado, el sector más desnacionalizador del gobierno, lidereado por el Ministro de Finanzas Emilio Pereira, y un segmento de la tecnocracia y dirigencia sandinista, mantienen que la reactivación -y mucho más la reconversión- del sector industrial son imposibles. Argumentan que solamente deben sobrevivir las empresas capaces de competir internacionalmente.

Según este enfoque, que confía en la benevolencia del mercado internacional, el Plan Lacayo y el control sobre el proceso inflacionario están generando por sí solos reactivación en las empresas más importantes. La creación de nuevos puestos de empleo vendrá después con la inversión extranjera. De hecho, el gobierno prometió crear 2 mil nuevos empleos industriales por los mecanismos del libre mercado.

El sector más desnacionalizador del gobierno mantiene que la reactivación -y mucho más la reconversión- del sector industrial son imposibles. Sólo deben sobrevivir las empresas capaces de competir internacionalmente.

Por el otro lado, se encuentran en el debate grupos bien heterogéneos -entre los que se incluyen desde las voces más críticas a la concertación del sandinismo con el gobierno y los sindicatos y algunos miembros del gobierno, hasta la Cámara de Industrias de Nicaragua-. Lo que los une en sus críticas al Plan Lacayo es la convicción de la urgente necesidad de un programa público para promover y facilitar la reactivación y una mínima reconversión de nuestra industria.

Los que propugnan por una política levemente expansionista para la industria no esperan ningún milagro industrial, ni siquiera en el mediano plazo, pero sí argumentan que el sector debe jugar un papel en la estabilización y reactivación de la economía. El hecho de que Nicaragua haya quedado atrás del resto de la región en el reto de mejorar su eficiencia industrial durante los años 80, no es ninguna excusa para aceptar, así no más, el estatus de ser ciudadanos económicos de segunda categoría en Centroamérica, una especie de hermanos pobres agrarios que tienen que importar de los otros países bienes de consumo de la canasta básica y tienen que aceptar que sólo sirve para el comercio porque que no pueden mejorar su capacidad administrativa y tecnológica industrial.


La cuestión de fondo gira alrededor de la importancia y viabilidad de la mayoría de nuestra industria en la nueva coyuntura centroamericana. En otras palabras: "¿Dejamos que las empresas sigan quebrando, confiando en la inversión extranjera como respuesta, o buscamos una alternativa de carácter nacional que no nos cierre nuestras opciones futuras?"

Francisco Laínez, Presidente del Banco Central bajo Somoza, critica al Plan Lacayo por "favorecer la importación y consumismo, dejando a su suerte a la producción. ¿De dónde van a a salir las divisas? La ayuda externa no será indefinida, la fiesta está próxima a terminar." Este debate tendrá su importancia, sobre todo en la discusión del programa crediticio del gobierno y del presupuesto para 1992 -si a la oposición le interesa mantener los niveles de empleo urbano-, porque sin un impulso desde la inversión pública no habrá salida de la recesión que agobia la economía urbana.

Cualquier propuesta de reactivar la industria por la vía de programas de inversión pública debe partir de un análisis del tipo de recesión que el Plan Lacayo ha significado para nuestra industria.

El impacto del Plan Lacayo: reactivación ficticia y recesión real

El impacto del Plan Lacayo sobre la industria ha tenido consecuencias muy complejas, produciendo espejismos de reactivación en el corto plazo, a la par que todos los síntomas de una recesión real. La propaganda gubernamental realza los espejismos del enorme crecimiento de la embotelladora de gaseosas MILCA-Coca-Cola, la Tabacalera, las aceiteras, y la producción de harina para pan. Son espejismos.

La recesión se caracteriza por su efecto concentrador y desigual. Como tendencia general favorece a la gran empresa industrial y castiga a las medianas y a las pequeñas. Impacta más negativamente en los niveles de empleo de la clase obrera que en los niveles de producción de los empresarios. El efecto recesivo -como en los anteriores ajustes económicos- está reestructurando el sector industrial a favor de algunas ramas de producción y en contra de otras, reduciendo drásticamente la diversificación del sector industrial y concentrando la producción sobre pocas ramas, que no son necesariamente ramas que tienen efectos multiplicadores.

El motor de esta recesión es el comportamiento de la demanda privada -lo que el pueblo puede comprar- y de la demanda pública -lo que el gobierno decide comprar o invertir-. El impacto de la demanda sobre la industria es, en nuestra hipótesis, tanto o más importante que el efecto de la política de desprotección arancelaria y de apertura de nuestras fronteras a la competencia de productos de El Salvador, Guatemala y Costa Rica. Si nuestra hipótesis es correcta, se podría reactivar la mediana y gran industria sin levantar de nuevo los niveles de protección.

El impacto concentrador y desigual: la mediana y gran producción vs. la pequeña

La producción industrial en su conjunto cayó en un 1% durante los primeros seis meses del Plan Lacayo con respecto a los mismos seis meses de 1990. El gobierno informa sobre un crecimiento superior, pues sólo evalúa a la mediana y gran industria y no toma en cuenta a la pequeña industria. Como se puede apreciar en el Cuadro 1, mientras que la mediana y gran industria se expandió en un 6%, la pequeña industria -cuya producción está centrada en las rama vestuario, muebles y calzado-, sufrió una recesión de más de un 55% en sus niveles de producción. Según CONAPI, un 45% de las empresas que atiende han cerrado completamente.

Aun dentro de la mediana y gran industria, el impacto de seis meses del Plan Lacayo ha sido muy desigual. Sólo un 53% de las empresas aumentaron su producción, mientras que el otro 47% padecieron recesión. De las 160 líneas de producción analizadas, un 59% experimentaron recesión, y en más de las dos terceras partes de esas líneas, el decrecimiento de la producción fue mayor de un 50%, es decir con grandes posibilidades de cierre en el futuro. Al agregar a esto la recesión de la producción artesanal del Sector Informal Urbano (SIU) durante el Plan Lacayo, el conjunto de producción urbana industrial e informal registra un decrecimiento aún más fuerte en los primeros seis meses del plan.

Cuadro 1



Cuadro 2



El ritmo de desempleo industrial más alto de Centroamérica

En el centro de la coyuntura urbana está la crisis de empleo. Las quiebras de empresas y la recesión en casi un 60% de las líneas de producción han producido en sólo un semestre la reducción más fuerte de empleo que jamás ha experimentado la mediana y gran industria de Nicaragua. Como se puede ver en el Cuadro 2, casi 4 mil personas han perdido su trabajo en el sector industrial.

La Rama Textil ha sido la rama más afectada, con una reducción de 2,048 puestos de trabajo, lo que significa un 58% del empleo en la rama. Las otras ramas más afectadas son la de bebidas, con una reducción de 373 empleos (15% de la rama); la metal-mecánica, con 343 desempleados (21% de la rama), la quimica, con 278 desempleados (16% de la rama); y calzado, con 170 desempleados (34% de la rama). Todas las ramas experimentaron reducción significativa, con la excepción de transporte y tabaco.

El movimiento sindical tendrá que acompañar sus protestas con la búsqueda de un planteamiento de reactivación industrial si no quiere sufrir más desempleo en sus filas.

Cuadro 3


El Cuadro 2 ilustra cómo los sindicatos fueron capaces de mantener el nivel de empleo durante el Ajuste Mayorga, que fue en realidad una desarticulación del ajuste anterior. Bajo el plan Mayorga la industria no se expandió, pero hubo un leve crecimiento del empleo: un 3%. La reducción del empleo bajo el Plan Lacayo fue el doble de lo que fue bajo el ajuste sandinista de 1989 y ha dependido básicamente del quiebre de empresas y de líneas de producción donde la presión sindical ha perdido su filo. Por esto, el movimiento sindical tendrá que acompañar sus protestas con la búsqueda de un planteamiento de reactivación industrial si no quiere sufrir más desempleo en sus filas.

Mientras que la productividad de la mano sube, los salarios reales de los obreros bajan. Con los despidos masivos, la productividad de la mano de obra de la industria ha subido sustancialmente. En 1990, cada obrero producía mil córdobas mensuales. En 1991, está produciendo 1.600 córdobas por mes. Es cierto que había supernumerarios, pero el miedo del obrero a perder su trabajo da un nuevo poder al empresario para incrementar su tasa de ganancia. Esto pasa en todas las ramas, con excepción de la metal-mecánica y el plástico, donde la recesión y la competencia externa han sido más profundas.

Finalmente, una parte muy sustancial de la recesión industrial se debe al tratamiento particularmente negativo que recibe el conjunto de las empresas estatales en cuanto a créditos y contratos de producción con el gobierno. Es el caso, por ejemplo de las empresas PRODEMASA, METASA y El Caracol. Las afecta aún más el clima de inseguridad frente a las amenazas de reprivatización.

Como se puede apreciar en el Cuadro 3, el comportamiento de las empresas estatales y de las empresas mixtas (capital privado y estatal) muestra un declive en su producción de más de un 10%, mientras que las empresas privadas muestran un crecimiento superior a un 30%, lo que se debe fundamentalmente al crecimiento espectacular de la tabacalera, de las bebidas gaseosas, de las aceiteras y, en menor grado, de las cervecerías y la licorera. Cabe destacar que el comportamiento de las empresas estatales y mixtas fue mejor que el de las empresas privadas tanto en 1989 como en 1990. La recesión más profunda en las empresas estatales tiene sus consecuencias en cuanto al empleo. Un 76% de la reducción del empleo industrial se ha dado en las empresas estatales, primordialmente por el quiebre de las textileras y empresas de metal-mecánica estatales, pero también por los factores políticos señalados arriba.

Cuadro 4


Las empresas reprivatizadas muestran un crecimiento de un 75%, cantidad en la que influye totalmente el comportamiento de la MILCA-Coca Cola. Las dos empresas que han experimentado más altos niveles de conflicto por la situación de su propiedad -Prego y El Caracol, al igual que la E. Chamorro de Granada- muestran la recesión más profunda de toda la muestra de empresas, con un decrecimiento de un -46% en su producción.

Reestructuración deformante e irracional del sector industrial

La reducción del poder de compra del pueblo ha tenido un impacto muy marcado sobre el sector industrial, achicándolo y concentrándolo cada vez más sobre unas pocas ramas mientras reduce otras. Esta reestructuración de la industria significa una seria disminución de su nivel de diversificación. Como se puede apreciar en el Cuadro 4, los primeros seis meses del Plan Lacayo han reforzado la tendencia de concentración sobre las ramas de Alimentos, Bebidas y Tabaco y la progresiva destrucción de la capacidad industrial en las ramas de Textiles, Metal-Mecánica, Materiales no metálicos de Construcción y Química, que todavía representaban un 37% de la producción industrial en agosto/91 y que fueron el grupo de industrias más importantes en 1988.

El cuadro 4 demuestra también que son las ramas de tabaco y bebidas (ron, cerveza y gaseosas) las que tienen una tendencia ascendente en el sector. El proceso de estabilización está reduciendo y deformando la industria nicaragüense a una industria de cigarrillos y tragos, reforzando y retrocediéndonos aún más al modelo colonial de los estancos de tabaco y de aguardiente, que eran fuente de impuestos para el mantenimiento de la burocracia colonial, y siguen siendo hoy la fuente más importante -y creciente- de ingresos del gobierno.


Quizás el dato más importante para la reactivación de la economía urbana es que los rubros que crecen más (como las gaseosas y cerveza) tienen mucho menos efectos multiplicadores productivos en la economía que los rubros que decrecen, como los materiales de construcción (minerales no metálicos) y la metal-mecánica. Además, la productividad de la mano de obra del grupo de ramas en recesión no es inferior a la del grupo concentrador.

Hemos retrocedido al modelo colonial de los estancos de tabaco y las ventas de aguardiente, que eran fuente de impuestos para mantener a la burocracia española
y criolla. Cigarros y bebidas siguen siendo la fuente más importante de ingresos del gobierno. Por ejemplo, en la rama de Química, cada obrero está produciendo en 1991 casi 3 mil Córdobas por mes, mientras que en las ramas de Alimentos y Bebidas cada obrero está produciendo 2,250 y 2,500 córdobas respectivamente. En la rama de Metal-Mecánica, la rama que más sufrió con el Plan Lacayo, la productividad de cada obrero fue de unos 1,100 córdobas por mes. En 1988, esta rama tuvo una productividad por obrero de 2 mil córdobas mensuales, muy por encima de la rama de Bebidas, con sólo 750 Córdobas por obrero. En la rama de Metal-Mecánica se ha despedido a tantos obreros en 1991 como en la rama de Bebidas. La diferencia en productividad se explica por la recesión urbana y no por la eficiencia de la industria metal-mecánica.

Cuadro 5



Una reactivación industrial ficticia y la restricción del consumo

La falta de poder de compra del pueblo y la ausencia de un programa de gasto público a favor de la reactivación de la economía es la variable que más explica el comportamiento de la industria bajo el Plan Lacayo. En períodos de recesión, la incrementada pobreza de las mayorías les obliga a concentrar el gasto de los pocos recursos que les quedan en los productos superbásicos y no reemplazables de su canasta de consumo.

Así, en nuestra industria los productos que más crecen son harina y manteca para el pan, aceite para el gallo pinto y gaseosas -entre los superbásicos-y ron, cerveza y cigarrillos entre los productos no reemplazables. La gente come pan en vez de tortilla, Coca-Cola en vez de frescos de frutas nacionales y aumenta su consumo de aceite para los frijoles y el gallo pinto, porque sus ingresos no le alcanzan para completar su dieta con carnes, hortalizas, frutas y mucho menos, para mejorar la ropa de sus niños o para seguir mejorando sus viviendas.

Los productos no reemplazables, aún en momentos de pobreza incrementada, son los cigarrillos, el ron y la cerveza. En el caso de los cigarrillos, para el fumador, dejarlos es más difícil que reducir el consumo alimenticio. En el caso del ron y la cerveza, los hombres -conforme a las arraigadas tradiciones machistas- no entregan todo lo que ganan a su esposa para así tener esa "reserva estratégica" para sus "vicios". Las mujeres y los niños pagan el precio. La mortalidad infantil aumentó en un 24% en relación al año 1990, aunque esto no se debe sólo a la mala nutrición sino también al deterioro de los servicios públicos de salud.

En la mediana y gran industria, estos siete productos superbásicos y no reemplazables muestran una reactivación espectacular -de hecho, explican el crecimiento del sector-, mientras que los bienes básicos y no básicos de consumo están en recesión. El incremento del valor bruto de la produción de los siete productos superbásicos y no reemplazables en el consumo popular fue de unos 1,735 millones de córdobas. Pero el avance de estos siete productos fue casi neutralizado por la recesión en otros centenares de productos básicos y no básicos, que suman un decrecimiento de -1,019 millones de córdobas. Así, el incremento de la producción total en la mediana y gran producción fue sólo de 700 millones de córdobas.

Hace cuatro meses afirmamos que la reducción del poder de compra del pueblo explicaba la evolución desigual del sector industrial. La tendencia de la industria en los segundos 100 días del Plan Lacayo confirma ese juicio, como se puede apreciar en el Cuadro 5. Mientras que los siete productos crecen -representaron la mitad de la producción industrial en 1991-, la otra mitad de la industria padece una profunda recesión.

El crecimiento de los siete productos tiene además un carácter ficticio. En el caso del aceite y la manteca, su expansión es algo ficticio porque en una significativa parte de su producción las empresas aceiteras están sólo embotellando el aceite neutro que está siendo importado con préstamos de la AID. Lo mismo puede decirse de la harina para el pan. La importación de aceite y harina de trigo, en base a los prestamos PL-480 de la AID explica una parte sustancial del "crecimiento" de estas dos líneas de producción industrial. En vez de reactivación productiva, lo que hay es hay más importación comercial, lo que sigue siendo el rasgo principal del Plan Lacayo.

Cuadro 6


La lógica del Ministro de Finanzas no es recuperar los niveles de producción, sino sólo los niveles de ventas y también proyectar a las capas medias la imagen de que ahora hay de todo en Nicaragua.

Las empresas que producen bienes fiscales han gozado de políticas favorables bajo el Plan Lacayo porque el mismo gobierno depende para su presupuesto en una tercera parte de los impuestos que le generan estos bienes. Con mucha inteligencia, el Ministerio de Finanzas, redujo los impuestos sobre tabaco, gaseosas, cerveza y ron para así poder enfrentar la competencia extranjera. Vender muchos más productos fiscales con un poco menos impuestos por unidad ha sido un negocio redondo para el gobierno.

En el caso de los cigarrillos, cuya producción subió un 49% durante los primeros seis meses del Plan Lacayo con respecto a los mismos meses de 1990, no hay una reactivación verdadera en la economía urbana sino que la nueva política fiscal de impuestos más bajos ha hecho de la Tabacalera unas de la pocas empresas protegidas de la competencia extranjera. Su producción incrementada sólo ha significado un desplazamiento del flujo de cigarrillos que entraron por Choluteca (Honduras) durante 1990.

En el caso de las gaseosas y la cerveza, paso algo similar. La MILCA -cuya producción creció en 136% en el período mencionado- ha gozado de privilegios en materia de impuestos, lo que hace que la Coca-Cola nacional sea más barata que la Coca-Cola hondureña. Además, el gobierno facilitó un crédito de 2 millones de dólares a la MILCA para que expandiera su red de comercialización y eliminara el comercio buhonero de pequeña escala que venía de Choluteca. Mientras que las otras empresas industriales no tienen acceso al crédito, la MILCA, que contribuye a los ingresos fiscales del gobierno goza de privilegios. Lo más grave es que de manera creciente la MILCA se está convirtiendo en una comercializadora, pues está trabajando con grandes cantidades de gaseosa importada, a la que ya no hay que hacer ningún proceso industrial. El gobierno ha incentivado esto permitiendo la importación masiva de Coca-Cola hondureña sin ningún impuesto de introducción con el interés de una mayor recaudación de fondos por los impuestos selectivos de consumo.

Estos impuestos selectivos de consumo de Nicaragua siguen siendo los más altos de Centroamérica. Así, aunque el gobierno renunció a los impuestos de introducción, ganó inteligentemente por la vía de los impuestos selectivos de consumo. Pasa lo mismo con la Cervecería Toña, donde el Ministerio presionó por la misma fórmula de importación para re-etiquetar, como hizo con la Coca-Cola. Aunque La Victoria está al tope, la Toña puede producir más. La Toña negó esto al Ministerio de Finanzas y luego el gobierno dio el visto bueno a la importación de la cerveza norteamericana Miller.

La lógica del Ministro de Finanzas no es recuperar los niveles de producción, sino sólo los niveles de ventas y también proyectar a las capas medias la imagen de que ahora hay de todo en Nicaragua. Mientras que los impuestos a la industria siguen siendo los más altos en Centroamérica, los impuestos selectivos para el whisky son los más bajos de la región: su consumo por una élite no significaría mayores impuestos para el gobierno, pero su precio bajo sí significa facilitar whisky barato para la élite.

Existe también un cambio en los patrones de consumo y la gente deja de comprar frescos nacionales porque la Coca-Cola es más barata y más higénica. Esto significa un desestímulo a la economía nacional, porque el fresco nacional lleva insumos nacionales, particularmente frutas, de cuya venta dependen los campesinos pobres de Masaya y Carazo. Lo mismo ocurre con la enorme expansión de la venta de pan, que ha significado subempleo y más miseria para las miles de tortilleras de nuestras ciudades.

Perspectivas para la industria: más desnacionalización y más recesión

Además de la restricción del poder de compra del pueblo, que afecta a nuestra industria, hay otros factores que han significado la quiebra de muchas empresas. El Plan Mayorga devaluó el dólar haciendo más barato todos los insumos importados de la industria. El Plan Lacayo hizo que el dólar recuperara su valor real, aumentando los costos de los insumos importados en alrededor de un 45% en términos reales. Dentro de su programa de eliminación de las barreras al libre comercio internacional y regional, el gobierno rebajó los Derechos Arancelarios de Importación (DAI), que gravan los insumos importados, con lo que se mediatizó el impacto de la revaluación del dólar.

Sin embargo, para un 87% de las 160 líneas de producción analizadas, la reducción fue inferior al aumento del costo de sus insumos importados. Hubo una alta correlación entre el nivel de reducción de los DAI y la suerte de la producción durante los últimos seis meses. La mitad de las líneas de producción con reducción de los DAI superior al 25%, expandieron su producción, mientras que sólo una cuarta parte de las líneas de producción con reducción de DAI inferior al 25% lograron incrementar su producción.

Asimismo, Nicaragua tiene las tarifas eléctricas más altas de la región. Este alto precio tiene dos causas: el alto componente de energía que Nicaragua produce con petróleo y la forma de cobrar a las industrias por cada corte y reinicio de servicio. La energía representa uno de los costos principales de la industria y la política fiscal para ese servicio público hace a nuestra industria menos rentable.

El año pasado, el gobierno redujo algunos de los Impuestos Selectivos de Consumo (ISC), que protegen nuestras industrias de la competencia centroamericana en casi todas las ramas industriales. La reducción promedia para la industria fue de un 15%. En julio de este año, el Ministerio de Finanzas rebajó de nuevo la protección de nuestra industria, reduciendo los ISC en un promedio de 19% más, lo que profundizará la recesión industrial en los próximos meses. Sólo los productos cuyos costos de transporte desde Guatemala o El Salvador son demasiado altos -papel higiénico, materiales no metálicos de construcción-, podrán aguantar la nueva avalancha de competencia de la industria centroamericana.

No creemos que las nuevas medidas de desprotección, por la reducción de los ISC, puedan haber tenido un impacto tan rápido sobre la industria. Más bien, la reactivación industrial del Plan Lacayo tiene los pies de barro, como los tiene todo el conjunto del plan económico. El incremento de la producción de cigarrillos, Coca-Cola o cerveza tiene sus límites, porque ha sido un crecimiento hecho a costa de reemplazar los productos extranjeros. También el aceite y la harina para el pan van a llegar a un tope. Su crecimiento ha dependido, en gran parte, del hecho de que los pobres dejaron de consumir otros productos básicos y no básicos para concentrar su consumo en estos productos superbásicos. O sea, hubo incremento pero por reemplazo de productos nacionales. En ninguno de los casos hay un crecimiento verdadero basado en la expansión de la economía.

Es preciso recordar que la producción industrial cayó durante 1988 en un 25% con respecto a 1987. La actual y supuesta reactivación del sector industrial entre abril y julio no alcanza siquiera los niveles de 1988, que eran de recesión industrial profunda. Sin una política de expansión para aumentar el poder de compra del pueblo a través del gasto público y/o programas de inversión pública dirigidos a reactivar la economía urbana, las perspectivas del sector industrial son desastrosas. Al igual que en la industria, el ritmo de crecimiento del comercio está mostrando que su rápida reactivación durante 1990 y el primer semestre de 1991 empieza a perder ímpetu. Sin incremento de la producción y del empleo, la economía urbana seguirá sumida en la más profunda recesión de la historia del país.

Sólo hay incremento en la producción industrial de 7 productos, que son los que siempre tienen mayor demanda en tiempos de recesión y de pobreza generalizada: harina, manteca, aceite, gaseosas, ron, cervezas y cigarrillos. Las industrias que crecen (cerveza, ron, gaseosas y tabaco) tiene muchos menos efectos multiplicadores en la economía que los que tienen las industrias que están en crisis (materiales de construcción y metal-mecánica).

La necesidad y la posibilidad de reactivación y reconversión industrial

Con la producción industrial de Nicaragua caída en un 30% de sus niveles de 1986-87 y con el creciente nivel de desempleo en nuestras ciudades -con la secuela de descomposición social que esto trae-, la necesidad de reactivar a la industria es obvia. Lo que está en duda es la posibilidad de reactivar este sector.


¿Cuáles son las posibilidades de nuestra industria? Los sectores más desnacionalizadores mantienen que la reestructuración actual de la industria, analizada aquí como deformante e irracional, es positiva por la poca competencia que tienen las empresas que quiebran. La política de éstos es esperar la respuesta inversionista del sector privado, principalmente extranjero. A nuestro juicio la deformación y concentración del sector sobre pocas líneas de producción no es sino el producto de la falta de una política industrial coherente y de la restricción monetaria que el país ha sufrido desde hace cinco años. A nuestro juicio, resulta ingenuo y costoso seguir esperando la inversión extranjera, cuando aún ésta no aparece en el horizonte.

Creemos que el comportamiento de la mediana y gran industria bajo el Plan Lacayo es la mejor prueba de fuego para medir la capacidad de nuestra industria, sometida a las peores condiciones por la repentina competencia extranjera y a políticas fiscales no favorables. Después de sugerir una política alternativa, analizaremos la factibilidad de su implementación.

La reactivación de la industria será mucho más fácil que su reconversión y tiene dos líneas fundamentales

* Un amplio programa de construcción pública, con proyectos de emergencia para los meses de enero a abril de 1992 y programas de construcción de nuevas viviendas populares a formularse en el primer semestre de 1992 y a realizarse en 1993.

* Incrementos del gasto público en educación y salud, no sólo para satisfacer estas necesidades del pueblo sino para aumentar los salarios de los trabajadores de la salud y los maestros y porque los costos operativos de las escuelas y hospitales ejercen una renovada demanda de productos industriales, reactivando así el sector.

En el Cuadro 7 se puede medir la factibilidad de estos posibles impulsos públicos para la reactivación de la industria frente al comportamiento de 160 líneas de producción durante los primeros seis meses del Plan Lacayo.

Los programas de construcción pública han sido siempre la fórmula utilizada para salir de recesiones profundas en países afectados por guerras. La industria de la construcción nicaragüense tiene el efecto multiplicador más importante de nuestra economía. Por efecto multiplicador se entiende que la reactivación de una actividad estimula el movimiento económico en muchas otras actividades. La construcción tiene un efecto multiplicador grande por demandar de muchos insumos, tanto del sector primario (minería y madera) como de otras industrias. Además de reactivar de manera directa las industrias dedicadas a la fabricación de materiales de construcción, genera mayor capacidad de consumo entre los trabajadores de este sector, reactivando de manera indirecta otras ramas de la industria. (Hay que recordar el efecto reactivador que tuvieron en la economía nacional las labores de reconstrucción emprendidas después del terremoto de 1972).

Un programa de construcción, tanto pública como privada, ayudaría mucho a la reactivación de la economía nacional. Este programa tiene que contemplar varios niveles. En cuanto a proyectos de emergencia que tendrían un impacto económico mucho más positivo que los actuales programas del FISE, podrían iniciarse estos proyectos de verano:

Cuadro 7


- Bancos de materiales para el automejoramiento y autoconstrucción popular. En estos bancos se podrían vender materiales básicos de construcción a precios módicos y con condiciones de crédito muy favorables (cemento, bloques, clavos, adoquines -cuya producción actualmente es activa y se incrementaría- y láminas de zinc y de asbesto cemento, losetas bardas y vigas -cuya producción sería reactivada-). Estos materiales representan actualmente el 11 % de la producción industrial, como se ve en el Cuadro 8 y con un proyecto de banco de materiales podría reactivarse todo el conjunto de este 11% del sector industrial, tanto las líneas industriales que han sobrevivido al Plan Lacayo como las líneas perdedoras, porque los costos de transporte de estos materiales son muy altos.

Estos bancos estarían dirigidos a la autoconstrucción y al mejoramiento de viviendas de los sectores populares y también ofrecerían planos standard gratis con varios modelos a escoger, para contribuir al ordenamiento urbanístico. La autoconstrucción o construcción informal ha mostrado ser mucho más dinámica que los programas habitacionales formales (privados y estatales) y a nivel latinoamericano ha sido la repuesta de los sectores populares a la problemática de la vivienda.

-Proyectos infraestructurales de emergencia con prioriadad en el campo y también en la ciudad. Las funciones de este programa serían las de facilitar la realización de obras de desarrollo comunal (mejoramiento de caminos, letrinificación, instalación de agua potable, etc.), a efectuarse especialmente en el período de verano, para así paliar el problema de ingresos económicos de amplios sectores populares en la época de baja actividad productiva en el campo y la ciudad. Este proyecto reactivaría una parte del mismo 11% de la estructura industrial que reactivarían los bancos de materiales, además de proveer empleo al campesinado más empobrecido por el Plan Lacayo.

Un amplio programa de vivienda popular y bancos de materiales para proyectos de autoconstrucción reactivarán una quinta parte de la industria nacional.

- Programas de viviendas populares. Este tipo de programa responde a la acuciante necesidad de construir nuevas viviendas frente al agudo déficit habitacional. Tiene mayor efecto en la generación de empleo que los bancos de materiales. Además de los materiales anteriores demandaría otro grupo de materiales de construcción, que representan el 7.33% del PIB, con lo que demandarían en total productos que representan el 18.33% de la producción industrial.

Reactivación de la industria por el mejoramiento de salud y educación

Un incremento del gasto público en salud y educación incrementaría la demanda de productos básicos y no básicos, los cuales sufren recesión por el declive tan fuerte del poder de compra del pueblo. Como se indica en el Cuadro 7, las líneas de producción que han sorteado las presiones del Plan Lacayo podrían responder positivamente a este incremento en la demanda de sus productos. Es posible que las líneas productivas que sufrieron más recesión en los últimos seis meses respondan también, aunque no hemos considerado que su reactivación estaría asegurada con un incremento del gasto público.

Como se puede apreciar en el Cuadro 8, los productos de consumo básico mínimamente reactivables representan un 25% de la producción industrial nacional y los productos de consumo no básico mínimamente reactivables representan otro 5%. Es decir, una política expansiva en salud y educación podría estimular un 30% de nuestra industria. Estos dos programas de reactivación por la vía de la intervención del Estado podrían iniciar una verdadera recuperación de nuestra industria, sumida en una crisis profunda desde 1988.

El difícil camino de la reconversión industrial

El rezago tecnológico de nuestra industria y el problema estructural que tiene al requerir de muchos insumos importados plantean la necesidad de una reconversión industrial en Nicaragua. La reconversión industrial es un tema que debe ser ampliamente debatido y que debe ser profundamente reflexionado.

Hay muchos criterios en torno a la misma, pero indudablemente uno de los que deben prevalecer es el de hacer mayor y mejor uso de materia prima nacional, el de conectar la industria con el sector agropecuario, y el de buscar la forma de incorporar mayor valor agregado en nuestra producción. El efecto multiplicador dentro de la misma industria y en la generación de empleo es otro criterio primordial en la estrategia de reconversión industrial a desarrollar. Este efecto multiplicador no sólo debe limitarse a la producción y al empleo industrial sino que debe tener una onda expansiva en la pequeña y mediana industria.

Un programa de reconversión así tendría tres niveles:

- Reconversión tecnológica modernizante. Empresas que requieren de una renovación de su estructura productiva (renovación de maquinaria y tecnología). Esta reconversión es muy costosa, prohibitiva en nuestra industria textil, pero quizás aconsejable en nuestra industria de cuero, que ha mostrado un auge de exportación en los últimos seis meses. Habría que estudiar su factibilidad en otras ramas.

- Reconversión barata, que prioriza recambios administrativos con mínima inversión modernizante. Empresas que requieren de una reestructuración administrativa, de mejoramiento de personal técnico, de una renovación de sus líneas, en cuanto a presentación y control de calidad para mejorar su competividad nacional e internacionalmente. Es el caso de empresas como METASA, que tiene adecuada tecnología, pero cuyos problemas organizativos son enormes. De la Rolter, que sigue produciendo artículos con el mismo diseño de hace 15 años, y de CECALSA, que merece ser estudiada para este tipo de reconversión. Nabisco Cristal es un ejemplo de empresa que ha expandido su producción en un 25% durante los últimos seis meses por haber empezado este tipo de reconversión hace más de un año.

En la muestra de 85 empresas estudiadas, hay otros 15 casos que tienen algún grado de efecto multiplicador sobre la economía urbana y que por esto merecen un análisis para su reconversión. De unas 40 empresas con menos integración en la economía nacional, hay 8 empresas que deben cerrar operaciones por su nivel de rezago tecnológico o por sus efectos nocivos sobre el medio ambiente. En las otras 32 empresas, hay varias que podrían beneficiarse del apoyo de un programa de crédito para su reconversión dentro de este esquema. Hace falta mencionar que toda la agroindustria de Nicaragua, con las cuantiosas inversiones hechas en los años 80, es la candidata número uno para este tipo de reconversión.

- Inversión en nuevas industrias. Aunque esto no es reconversión, contribuirá a la diversificación y modernización del sector. Hay casos - demasiado pocos - de inversiones por iniciativa privada en nuevas plantas de producción de agua destilada, de bicicletas motorizadas, etc. El Estado debe promocionar esta actividad en vez de confiar totalmente en las iniciativas empresariales.

La pequeña y mediana industria: ¿candidata para una reconversión?

Es necesario también tratar de desarrollar un modelo que trate de integrar varias ramas de la industria en las distintas etapas del proceso productivo, de manera que se maximice el incremento del valor agregado de nuestros productos. Un ejemplo de esto sería el de la industria de cuero-calzado, donde a partir de una renovación estructural de las tenerías se posibilite la producción de cuero mejor procesado y de mayor calidad, que proporcione insumos a la sub-rama de calzado y marroquinería, tanto a nivel industrial como artesanal.

Esta renovación tendría que acompañarse con una reconversión en los diseños y en el control de calidad en la producción de estas sub-ramas, no sólo a nivel industrial sino también a nivel de la pequeña industria artesanal a través de programas que capaciten a los artesanos en diseño, les faciliten la adquisición de hormas modernas, maquinaria nueva, catálogos actualizados, etc. Así, el calzado artesanal nicaragüense podría recobrar el prestigio internacional del que gozó antaño y aprovechar el alto precio que tienen los productos de cuero en el mercado internacional.

Otra área a fortalecer por su gran efecto en la generación de empleo y la poca inversión que requiere es la pequeña industria de muebles, a la que se le deben brindar facilidades para la adquisición de maquinarias e insumos y apoyarla con cursos tendientes al mejoramiento de la calidad de sus líneas tradicionales y a la creación de nuevos diseños. De esta manera se cubriría el mercado nacional y se podría exportar.

Además de apoyar la comercialización internacional, facilitando la exportación y la búsqueda de nuevos mercados, es necesaria la participación en ferias internacionales. A

nivel interno se debe retomar la experiencia comercializadora en el mercado interno de ARCAL (Asociación de Artesanos del Calzado), que en el pasado logró una comercialización exitosa del calzado artesanal a través de una cadena de tiendas nacionales, extendiendo sus servicios al abastecimiento de los insumos que requerían los zapateros afiliados.

Puede haber una política económica alternativa

La urgencia de modificar la actual política económica recesiva queda reforzada con la evidencia de que existe una posibilidad real de reactivar la industria nacional y con ello la economía urbana, y también porque existe un potencial de crecimiento de la producción agrícola que está siendo desperdiciado al excluir del acceso al crédito al campesinado.

El gobierno ha repetido hasta la saciedad que no puede modificar su política porque el país no tiene otra alternativa. Señala también que un cambio del rumbo actual podría significar la pérdida del respaldo del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial, con consecuencias negativas para la obtención de la vital ayuda externa que el país necesita. Importantes sectores de la dirigencia sandinista concuerdan con esta apreciación y de ahí el "solapado" respaldo del principal partido de oposición a la política económica actual.

La propaganda oficial ha venido sosteniendo que su programa de estabilización económica está creando el "clima" adecuado para una reactivación que se iniciará en 1992 basada en la inversión del capital privado y extranjero. También ha afirmado sistemáticamente que el "enorme" tamaño del Estado está absorbiendo los ahorros que el sector privado invertiría más eficientemente en la reactivación del país y que por ello hay necesidad de recortar drásticamente el gasto público y rebajar los impuestos al capital. La realidad está probando ser distinta y cada vez resulta más difícil sostener que estamos a las puertas de un flujo masivo de capitales nacionales repatriados y de inversión extranjera. Ningún capitalista criollo o extranjero va a arriesgarse en Nicaragua mientras el ambiente sea de recesión e inestabilidad social.

Tímidamente, el gobierno está reconociendo este hecho al anunciar un programa de inversiones públicas cuyo monto equivale al 11% del PIB y que va a ser financiado fundamentalmente con recursos externos. Las magnitudes de este programa son completamente insuficientes si los comparamos con el esfuerzo inversionista que hizo el país después de la guerra de liberación de 1979, cuando el monto del programa de inversión pública superó en promedio el 20% del PIB, pudiéndose lograr en tres años una reactivación económica aceptable.

El raquítico esfuerzo inversionista del gobierno se contradice abiertamente con la disponibilidad de recursos externos que proclama tener. El problema estriba en el uso que el gobierno hace de estos recursos. La prioridad en la política económica oficial sigue siendo financiar con la ayuda externa los altos costos económicos y sociales de la acelerada transición hacia la inserción total de la economía nicaragüense en el mercado mundial.

El supuesto básico del gobierno es que por obra y gracia del mercado "libre" y de la privatización de la economía, el país se va a desarrollar con una su especialización exportadora en aquellos productos en que tenga "ventajas comparativas" e importando los productos en que no las tenga. Esta especialización tiene otros supuestos: que tenemos un acceso sin restricciones a los mercados de los países desarrollados, particularmente al de Estados Unidos, por nuestra cercanía geográfica y que esa "ventaja comparativa" va a estimular el flujo de capitales nacionales y extranjeros hacia nuestro país.

En realidad, la integración total al mercado mundial no va a estimular por sí misma el flujo de capitales, ni tampoco va a garantizar el acceso sin restricciones de nuestros productos al mercado de Estados Unidos y sí va a arruinar a un sector importante de la producción nacional agrícola e industrial. Ni siquiera las exportaciones tradicionales de azúcar y carne de Nicaragua tienen hoy acceso libre al mercado de Estados Unidos, ya que ambos productos están regulados por cuotas para no afectar a los productores norteamericanos.

En contraste, el gobierno usa los recursos externos de la ayuda norteamericana para financiar la libre entrada de pollos norteamericanos al mercado nacional, arruinando así, a la pequeña y mediana producción avícola del país.

La protesta de los sectores mayoritarios del país contra la actual política económica no es una reacción "irracional", como lo intenta hacer aparecer la propaganda oficial. Desde nuestro análisis, la necesidad del cambio de rumbo de la política económica no sólo tiene un fundamento político-social, sino que también tiene una lógica económica coherente con los intereses nacionales.

A corto plazo, la lógica de una propuesta alternativa descansa precisamente en la necesidad de movilizar y aprovechar al máximo los recursos que el país tiene, en vez de pagar el altísimo costo de mantener a más de la mitad de la población desempleada o subempleada y una proporción significativa de tierras, fábricas y pequeños talleres ociosos. La movilización de los recursos ociosos y/o desempleados en la economía nacional puede hacerse con una política fiscal y crediticia expansiva. En el corto plazo el Estado es el único agente económico capaz de ejecutar las inversiones necesarias para liderear y estimular el proceso de reactivación económica y con ello la inversión privada.

Hay dos ejes principales de reactivación. El primer eje de reactivación es la expansión selectiva del gasto y de la inversión pública, mientras que el segundo eje es el abaratamiento y ampliación del acceso al crédito por parte de la pequeña y mediana producción agropecuaria e industrial.

Más inversiones públicas, más empleos, más créditos

El primer eje de reactivación se apoya en la expansión selectiva del gasto y la inversión pública partiendo de dos criterios fundamentales:

1) maximizar empleo
2) aumentar el ingreso o salario "social" de los sectores populares.

El énfasis de la expansión del gasto debe estar en el aumento de la cobertura y calidad de los servicios públicos de educación y salud, lo que implica la creación de nuevos puestos de empleo en estos sectores y el mejoramiento salarial para los trabajadores de ambos sectores.

Por otro lado, la inversión pública se aumentaría sustancialmente y se orientaría a reactivar la industria de la construcción con programas de desarrollo de infraestructura mínima en el campo y la ciudad, como los mencionados. Esto implicaría campañas masivas de letrinificación, mejoramiento y expansión de los servicios de agua potable; mejoramiento de caminos y calles; rehabilitación de centros de salud y escuelas; bancos de materiales de construcción para mejorar las viviendas populares y construir nuevas unidades, etc. La priorización de este tipo de programa obedece a que produce un efecto en el empleo e ingresos populares de forma mucho más rápida y efectivo que otro tipo de inversiones públicas también necesarias, como son la ampliación de la capacidad energética o de la red de telecomunicaciones del país.

El segundo eje, de abaratamiento y ampliación selectiva del crédito a la pequeña y mediana producción agropecuaria e industrial, implica la fijación de las tasas de interés por parte del Banco Central a un nivel sustancialmente inferior al actual. Esto significa posponer indefinidamente los planes del gobierno para liberalizar totalmente el mercado financiero.

Asimismo, la ampliación del acceso al crédito supone también que serán reestructuradas en condiciones favorables la deuda, tanto del campesinado como de la pequeña y mediana industria y que estos sectores serán nuevamente sujetos de crédito. También deben ser sujetos de esta ampliación las nuevas empresas del APT (Area Propiedad de los Trabajadores), que enfrentan por lo general una difícil situación financiera.

La selectividad en la ampliación del acceso al crédito significa que la banca estatal debe ser fortalecida para poder administrar eficientemente programas de crédito dirigido, acompañados de capacitación y asistencia técnica en estrategias de producción y comercialización. El fortalecimiento de la banca estatal significa que una parte importante de los recursos externos tendrán que ser empleados en re-capitalizarla.

Es necesaria "otra" concertación económica

La expansión fiscal y crediticia puede generar presiones inflacionarias y también un aumento de la demanda de importaciones. Las presiones inflacionarias pueden ser combatidas con una reforma fiscal que aumente la carga de impuestos que tienen los sectores medios y ricos del país. En el marco de esta reforma se pueden incluir medidas como el restablecimiento del impuesto a la gasolina, impuestos sobre bienes suntuarios y un nuevo impuesto a las propiedades agrícolas mayores de mil manzanas. Estos impuestos van a tener también un efecto benéfico en la reducción de la demanda de importaciones por parte de esto sectores, quienes han sido los mayores beneficiarios del "boom" de importaciones financiado con los recursos externos concesionales que ha obtenido el país.

La demanda de importaciones también puede ser aliviada mediante restricciones a la libre convertibilidad del córdoba, similares a las que han operado para el colón costarricense durante los últimos años y que han sobrevivido varios programas de ajuste. Otro mecanismo será frenar la liberalización indiscriminada de los aranceles para todo tipo de importaciones que se ha venido efectuando aceleradamente en los últimos meses. En su lugar, se debe implementar un sistema arancelario flexible que tenga como objetivos la protección de la reconversión industrial y agrícola del país y su inserción armónica en el mercado regional centroamericano.

La estrategia de desarrollo a largo plazo del país está ligada precisamente a su integración al mercado regional centroamericano. Dicha integración es lo que sí puede proporcionar un espacio económico para el desarrollo de los sectores productivos, no sólo de Nicaragua sino también del resto de los países de la región. El problema estriba en que el proyecto neoliberal predominante en la región prioriza la integración al mercado mundial sobre la construcción del espacio económico regional.

Por último, esta política económica alternativa de carácter expansivo es la única base sobre la cual puede desarrollarse una verdadera concertación entre los sectores sociales y productivos del país. Los enormes esfuerzos del gobierno y de la oposición en lograr una concertación política se están resquebrajando por falta de una concertación económica que tome en cuenta los intereses de toda la gama de agentes económicos y el interés de la nación de salir de la recesión. La base de esta concertación tiene que ser una política orientada hacia la recuperación de la producción y del empleo, cuyos límites serán empujados al máximo por la oposición, mientras que el gobierno deberá tratar de preservar sus objetivos económicos básicos de control de la inflación y de reducción del déficit de la balanza de pagos.

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