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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 121 | Noviembre 1991
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Nicaragua

¿Pierde el control el gobierno?

¿Crisis de legitimidad? ¿Crisis de autoridad moral? ¿Crisis de control social? La crisis del gobierno Chamorro afecta también al FSLN como oposición a ese gobierno.

Equipo Envío

En octubre, factores estructurales y coyunturales coincidieron para sacudir nuevamente el esquema político de Nicaragua, rectoreado por el Ejecutivo desde arriba y por el sandinismo desde abajo. Así, este esquema, calificado por la derecha y también por la izquierda como "ni chicha ni limonada", ni contrarrevolucionario ni revolucionario, se vió de nuevo en crisis.

A simple vista se pudo apreciar como se reducían los espacios de maniobra del Ejecutivo, presionado por exigencias de la extrema derecha - por frustradas, cada vez mas peligrosas y provocativas y por esto, con necesidad de ser atendidas oficialmente -, presionado por exigencias populares igualmente frustradas y teñidas crecientemente de desesperación y de una descomposición social que se manifiesta en el "irrespeto" a la autoridad, ya no solo del gobierno sino también de la policía y del ejército.

Presionado también por las exigencias del capital nacional e internacional y finalmente, por la conmoción provocada por revelaciones públicas sobre manejos ilícitos de la Uno, tanto durante la campaña electoral como en lo que ha transcurrido de su gestión gubernamental, lo que ha desatado nuevas luchas por el poder en el seno del gobierno.

Salud fiscal y salud popular

Un documento interno del Banco mundial, destapado por los medios de comunicación sandinista a principios de octubre, recomendaba al gobierno mantener una política de controles rigurosos sobre el gasto estatal, insistiendo en restringir al máximo las inversiones, aun cuando para finales de 1991 se pronosticaba la inyección de nuevos prestamos externos.

Lo que el Banco mundial recomendaba era, de hecho, aumentar el desempleo y reducir aun más el gasto en los servicios sociales, a la vez que acelerar a toda costa el proceso de privatización, dejando al margen la creciente demanda popular de que se mejoren los servicios de educación y salud, ya de por sí en estado crítico.

Es evidente que el drama que vive hoy la mayoría de los nicaragüenses no figura en los cálculos de los banqueros ni de los tecnócratas del gobierno, que han procurado seguir las recomendaciones del Fondo monetario internacional (FMI) y de la Agencia estadounidense para el desarrollo internacional (AID) al pié de la letra, siempre y cuando el sandinismo lo vaya permitiendo. Por esto, las protestas ante la insensibilidad social del gobierno han ampliado su espectro, viniendo de sectores no sospechosos de sandinismo. El Cardenal Obando ha lamentado en varias ocasiones desde el púlpito la creciente pauperización del pueblo, los "salarios de hambre", el desempleo, y los síntomas de descomposición social - violaciones, asesinatos y delincuencia rural y urbana -. Al igual que el FSLN, el Cardenal ha insistido en que para 1992 se incremente el presupuesto para la salud y la educación publica.

Contras, recontras, compas y recompas reclaman justicia

En muchos sentidos, la actual ola de violencia no obedece ya a posiciones ideológicas sino a la desesperación. Docenas de familias pobres ocuparon terrenos baldíos en el area central de Managua para construir sus viviendas de cartón o de lata, importándoles poco si los dueños de esas tierras son capitalistas, son otras comunidades o es el Ejército. Miles de retirados del Ejército han hecho causa común con campesinos o pobladores pobres y con ex-contras por la similar situación de desamparo que comparten y a la espera de promesas no cumplidas por el gobierno. Son decenas de miles los nicaragüenses - entre los que se incluyen contras, recontras, compas y recompas - que exigen tierra, lotes, empleos y créditos. Lo que reclaman en una palabra, justicia.

Pero, cada vez son menos los recursos que ofrece el Estado y aquellos que el sandinismo había logrado mantener a duras penas al alcance de los más necesitados en medio de la guerra, están desapareciendo.

La información sobre nuevos recortes presupuestarios coincidió con otras informaciones: las que daban cuenta de muertos en los hospitales por la indiferencia o la incapacidad del personal médico o porque se carece de las medicinas o equipos básicos para atender a los pacientes, que se resignan a morirse en las bancas de las instalaciones o regresan moribundos a sus casas porque nada pueden hacerles. Las autoridades del ministerio de Salud no niegan el dramático cuadro que existe en los hospitales ni los incrementos en los índices de mortalidad por falta de medicamentos y abastecimiento esencial - jeringas, agujas, gasas, anestesia - o por los recortes de personal promovidos por el mismo gobierno. Nada se niega, pero nada parece poder hacerse para mejorar la situación.

A pesar de todo esto, en su informe interno al gobierno, el Banco mundial insistía en que el problema de Nicaragua radicaba en «una política de no cobrar por servicios y por medicamentos, lo que ha llevado a una sobreutilización y a una excesiva demanda tanto de equipos como de medicamentos». «Se debe analizar el asunto - dicen - del gran aumento en los gastos ordinarios del Ministerio de Salud y hay que implementar un sistema de cobros al usuario en los hospitales».

En sus recomendaciones, el Banco mundial propone el debilitamiento, en la practica, de la educación superior - bastión histórico del sandinismo - para dar prioridad a la educación primaria y preescolar «sin aumentar el nivel de desembolso general». Recomiendan también «diseñar los cobros al usuario» para «recuperar» los gastos en otras areas y «aumentar el tamaño de las clases, pues así habría menos necesidad de maestros y escuelas».

En los mismos días en que se hizo público este informe, el gobierno daba a conocer que en 1992 no se incrementarían los presupuestos de salud y educación, a pesar de que se anunciaba la llegada al país de nuevos recursos externos. Dentro de la filosofía económica neoliberal, la "salud financiera" y la extirpación de la "enfermedad" de la inflación tienen prioridad sobre cualquier gasto social "no productivo", entre los que incluyen naturalmente, los gastos en salud.

La "empresocracia" en el poder

Aunque para muchos la política económica del gobierno resulta incompatible con una autentica democracia y con la sensibilidad social que esta implica, para organismos empresariales como el Consejo superior de la empresa privada (Cosep) no existe contradicción alguna. Al alabar las políticas pro-empresariales del gobierno, el Cosep, en palabras de su presidente Ramiro Gurdián, insistía en que se continuará adelante con una política fundada en el hecho de que «al empresario le gusta hacer reales, y por ello hay que eliminar todo lo que perjudique a la propiedad, como es el tener empleados supernumerarios».

Un problema - cada día se hace más complejo - de la nueva democracia nicaragüense es que a los funcionarios del gobierno también les gusta "hacer reales" y no siempre de manera lícita. Desde el mismo cambio de gobierno, pero especialmente en las últimas semanas, los medios sandinistas han dado a conocer, episodio tras episodio, hechos de corrupción, negociados ilícitos y abusos de poder atribuibles a miembros del Ejecutivo. Las acusaciones no pueden tildarse de "propaganda sandinista" en la medida en que muchas de ellas aparecen detalladamente documentadas y embajadas de países occidentales, autoridades de la Iglesia y hasta el diario La Prensa y empresarios privados perjudicados por "competencia desleal" han denunciado esas mismas irregularidades, producto de luchas al interior del gobierno por los recursos que llegan al país, que son fuente de mayores cuotas de poder económico y político.

Entre septiembre y octubre salieron a relucir muchos "casos oscuros":
- Los altos funcionarios de Ministerios y empresas estatales gozaban de altísimos salarios en dólares pagados mediante planillas secretas. Supuestamente, esto tenía una "justificación legal" en el financiamiento de la AID para la "repatriación de cerebros".

- Las licitaciones para la fabricación de placas de vehículos, edición de pasaportes o de estampillas de correo tenían un carácter semi-clandestino y resultaban otorgadas a firmas cuyos dueños o representantes estaban vinculados a altos funcionarios del gobierno.

- Licitaciones para la venta - privatización - de las empresas estatales más rentables apenas eran anunciadas o se declaraban desiertas para beneficiar así a determinados grupos económicos vinculados al gobierno. Otros consorcios capitalistas, cuyas conexiones con el gobierno eran menos efectivas, ratificaban con sus quejas estas denuncias.

- En Roma, los medios locales dieron a conocer como el Gobernador de la Región Atlántico Sur y diputados liberales y socialdemócratas del partido de Alfredo César eran interceptados por la policía italiana en el momento en que iban a ser estafados por un delincuente internacional conocido en el mundo de las finanzas, que había ofrecido sospechosas donaciones al gobierno de Nicaragua.

- En las aduanas entraban furgones con contrabando de todo tipo y cantidad, desde pollos hasta relojes y cocacolas, revelándose que la liberalidad respondía a orientaciones superiores de los principales responsables en Managua, incluyendo a funcionarios del gabinete, que favorecían así a familiares y amistades.

- En la línea aérea estatal Aeronica, se hacían públicas una serie de irregularidades, que iban desde la exoneración del pago de pasajes y carga por recomendación de la gerencia y de miembros del gabinete, hasta el aseguramiento de libre introducción de mercadería para abastecer a nuevos establecimientos comerciales de Managua, propiedad de funcionarios influyentes o de sus amigos.

Un diario acusó al mismo ministro Antonio Lacayo de estar lucrando con los recursos de la aerolínea. Irónicamente, fue el diario La Prensa: la "línea de Alfredo César" dentro del diario acusaba a Lacayo. Posteriormente, la misma esposa de Lacayo - hija de la Presidenta - se encargó de aportar, en el mismo diario, más pruebas sobre negocios oscuros y abusos ocurridos en Aeronica, que limpiaban la imagen de Lacayo - se especula que en este caso puede tratarse de la ya utilizada práctica de arruinar a una empresa estatal para así facilitar y justificar su posterior privatización y que la lucha por el control de esta empresa aérea entre el grupo Cesar y el grupo Lacayo, fuente de ganancias y de poder, está ya en su fase culminante -.

- En el recién creado Banco de los Productores, cinco de los nueve miembros de su Junta Directiva son funcionarios públicos y entre los socios están ministros, viceministros y embajadores del gobierno, además de personas estrechamente vinculadas a las actividades gubernamentales, incluyendo algunas muy allegadas a Antonio Lacayo.

- Los sindicatos de la acopiadora y distribuidora estatal de granos básicos Enabas denunciaron a su director por la compra a precios elevados de granos, incluyendo un arroz que fue rechazado por el gobierno de Haiti como insalubre, haciendo caso omiso de las recomendaciones de especialistas y de los procedimientos establecidos. Contadores de esa institución presentaron también evidencias de contratos "amarrados" por el director con empresas extranjeras abastecedoras, con las que funcionarios del gobierno tienen intereses.

- En todas partes se comentó que a la pugna política entre Alfredo César y Antonio Lacayo se ha agregado una pugna entre sus respectivos grupos financieros para la adquisición de la empresa estatal pesquera de la Costa Atlántica, de rentabilidad y ganancias muy prometedoras.

La lista es larga, pero - incluyendo a la Iglesia y al cuerpo diplomático acreditado en Managua - no hay quien no se refiera a los continuos e increíbles actos de confusión que se dan entre intereses privados y públicos, actividades en las que los nuevos políticos continúan velando prioritariamente por sus antiguos intereses empresariales y abriendo también, a partir de sus cargos públicos, nuevos y muy rentables negocios privados.

Fuerzas Armadas y protesta social

La creciente inclinación del gobierno a recurrir a la fuerza pública para enfrentar las manifestaciones obreras en las ciudades no tiene ninguna contraparte en el campo, donde el ejército parece tener ordenes de hacer caso omiso de la delincuencia, a veces disfrazada políticamente con la etiqueta de los llamados recontras. Esta indulgencia acordada por el gobierno con la jefatura del ejército llegó al colmo cuando en la Región V una patrulla del EPS, cumpliendo ordenes de no atacar, fue capturada y despojada de su armamento por un contingente de recontras.

El EPS ha compartido durante todos estos meses con el gobierno el criterio de que los problemas de violencia en el campo son, fundamentalmente, de índole social y económica y que la solución debe de ser fruto de la negociación. Por eso, a las provocaciones y a los ataques de los recontras en los poblados del norte y en la Región V no se les respondió, por lo general, con planes de guerra o de persecución y, menos aun, de exterminio. Irónicamente, hasta los terratenientes derechistas de la zona pidieron mayor beligerancia para hacer frente a los recontras e incluso el obispo de la Región V, monseñor Pablo Vega - expulsado de Nicaragua en 1986 por el gobierno sandinista - llamó a la población a tener más respeto a la institución armada del Estado.

Aunque la extrema derecha sospecha que la pasividad del Ejército responde a una estrategia orientada a callar las voces que abogan por la disminución radical o la eliminación del EPS, los sandinistas de esas zonas han denunciado que sus vidas están en peligro por la impunidad con que operan en muchos poblados los grupos recontras y sus simpatizantes. A finales de octubre, sindicalistas de Estelí denunciaron que mientras los ataques recontras contra las instalaciones de Enabas no habían sido repelidos, la toma de este plantel por los trabajadores, exigiendo una auditoría de la institución, llevó a las autoridades a ordenar la intervención de la Policía apoyada por el Ejército.

Pocos días después, se informó de un grupo de 80 "recompas" que se habían tomado un tramo de la Carretera panamericana, cerca del mismo plantel de Enabas, declarando que apoyaban a los trabajadores de la institución e indicando que estarían vigilantes ante posibles acciones represivas del ejército y la policía contra ellos. Posteriormente, los dirigentes sindicales entraron en negociaciones con las autoridades del ministerio de Gobernación. Es solo un ejemplo de la compleja situación de violencia y contra-violencia que se está viviendo, especialmente en el interior del país.

Ejecutivo: neutralizar los grupos armados desarmándolos

El cálculo del Ejecutivo ha sido permanente: por la vía de la negociación y del desarme de la población civil serán neutralizados los grupos rearmados. Una pieza muy especial en estos conflictos es la CIAV, el órgano de verificación de la Organización de Estados americanos (OEA) que, con plena inmunidad y privilegios, ejerce el mandato de velar por la "seguridad" física y económica de los desalzados de la contra.

En la medida en que se han multiplicado y coordinado los grupos de recontras, la CIAV también ha estado velando por ellos, asumiendo el papel de instancia protectora y mediadora entre ellos y el gobierno y desconociendo las fechorías - de delincuencia común y no de carácter político - cometidas por algunos de estos grupos. Así, grupos de ex-contras se movilizan en distintas zonas rurales con protección de la CIAV; incluso, la CIAV es la que brinda "protección" a las delegaciones gubernamentales que han viajado a la montaña a negociar con los recontras.

La CIAV argumenta que su mandato está estrictamente y únicamente dirigido a los desalzados de la Resistencia y que el gobierno le ha solicitado ayuda para establecer contactos con los nuevos insurgentes, que no siempre son ex-contras.

A finales de octubre, el Ejército aseguró contar con la autorización del Ejecutivo para actuar militarmente contra las bandas recontras que en la Región V venían operando impunemente. El ministro Antonio Lacayo defendió públicamente el papel constitucional del Ejército, señalando con fuerza que desafiar a la autoridad militar equivalía a desafiar al propio gobierno. Aun así, hasta finales de octubre no se habían producido más que esporádicas escaramuzas y los desplazamientos, tanto del Ejército como de los recontras, han tenido, sobre todo, el objetivo de hacer sentir en las distintas zonas sus respectivas fuerzas, mientras el gobierno sigue priorizando la vía de la negociación.

Sin embargo, en el campo, sectores sandinistas han calificado esta actitud como complaciente, pues continúan sintiéndose desprotegidos y amenazados por los recontras. A esta realidad responde básicamente la conformación de unidades de "recompas", que son mayoritariamente campesinos armados para dar respuesta a las intimidaciones de los recontras.

El hecho es que nuevos grupos de recontras y de recompas continúan apareciendo, aduciendo ambos las amenazas de la otra parte. En las Regiones I y V, 200 sandinistas han conformado una llamada Columna de Recompas para contrarrestar la escasa presencia del ejército y de la policía en zonas donde los recontras han obligado a muchos campesinos a abandonar sus casas por temor a ser asesinados. En otras zonas del sur del país, bandas de recontras, sin mayor vinculación entre si, utilizan pañuelos rojinegros como señal y haciéndose pasar por recompas sandinistas se dedican al robo de ganado, alimentos y ropa.

La mayoría de todos estos grupos recontras rearmados reclaman al gobierno el cumplimiento de sus promesas de tierras y abastecimiento, por un lado, y por otro, exigen se les garantice seguridad física aduciendo que los cooperativistas sandinistas permanecen armados. Por su lado, estos cooperativistas aducen que sus tierras son codiciadas por los ex-contras y en estas circunstancias rehusan atender las demandas del gobierno de desarme.

Pero la situación es más compleja, dependiendo esta complejidad de las diferentes zonas rurales. Porque en algunos casos se trata de cooperativistas, ex-contras, ex-miembros del ejército o campesinos sin tierra que han entrado en conflicto por la propiedad y en otros casos se han producido también ejemplos alentadores de cooperativas conformadas por ex-militares que han cedido parte de sus tierras a desmovilizados de la Resistencia que aseguran haber "sido engañados por el gobierno".

¿Policía nacional o policías municipales?

En un ambiente tan confuso y tan complejo, surge una y otra vez la ya histórica pregunta: ¿que formas de lucha son las más eficaces? ¿Las cívicas?parlamentarias, la desobediencia civil, los paros y las huelgas...- Y si el gobierno continua recurriendo al uso de la policía contra los manifestantes - como viene haciéndolo, cada vez con mayor confianza - ¿que posición deben asumir los manifestantes? La misma realidad y los ritmos de los acontecimientos han ofrecido respuestas.

A mediados de octubre, por ejemplo, la policía recibió instrucciones de disolver una manifestación de obreros de la fabrica de jabones "E. Chamorro" en Granada que protestaban por el ilegal despido de un grupo de obreros sandinistas. En el choque, la policía recurrió a niveles de violencia sin precedentes desde el cambio de gobierno: lanzaron docenas de bombas lacrimógenas, golpearon con cachiporra y a patadas a los ocupantes, detuvieron a siete de ellos y giraron orden de captura contra otros dos dirigentes locales del FSLN. Todo indica que los dueños de la fabrica exigieron la intervención de la Policía para asegurar la no conformación de un sindicato de afiliación sandinista en su empresa.

El episodio llevó a un hecho también inédito: el Comité del FSLN en Granada denunció al jefe de la Policía en Granada, viejo militante del FSLN, por ponerse al servicio de las autoridades, que únicamente resguardan los intereses de la familia Chamorro. El Comité hacía un llamado público a la Policía nacional «a comportarse según lo que establece la Constitución de la República».

El mismo secretario general del FSLN, Daniel Ortega recordó públicamente a toda la Policía que su papel era resguardar el orden y combatir la delincuencia y «no puede ser utilizada como instrumento al servicio de los somocistas, ricos y explotadores». Por su parte, los trabajadores respondieron a la violenta acción policial tomándose la fábrica para obligar a la administración a dialogar y para exigir el reintegro de los dirigentes sindicales y obreros despedidos. Durante toda una semana trabajadores de toda la ciudad de Granada y pobladores del Movimiento comunal se tomaron las calles quemando llantas y haciendo "vigilias" frente a las casas de los dueños de la fábrica jabonera, apoyando así a los trabajadores que se habían tomado el plantel y que prometían salir de allí solo muertos o por la vía de una justa negociación de sus demandas. El FSLN envió al miembro de la Dirección nacional Sergio Ramírez a dialogar con los dueños de la empresa para tratar de lograr un acuerdo.

La actuación del sandinismo en este conflicto - no concluido al cierre de este articulo - no significa una ruptura con la Policía -uyos mandos continúan siendo militantes sandinistas - sino una medida de contra-presión a la presión que tan insistentemente viene sufriendo este cuerpo armado por parte del gobierno, usándolo para hacer frente a la también insistente presión social. La contra-presión tuvo sus efectos puntuales. De fondo, queda el verdadero problema. Porque, si la Policía es el instrumento legal del gobierno para imponer el orden y el gobierno es defensor - ¿o víctima? - de una política económica neoliberal cuya viabilidad, en ultima instancia, depende de la capacidad represora del régimen para someter a los descontentos, la relación entre policía y gobierno y entre Policía y FSLN solo puede tender a complicarse más y más.

Este problema de fondo y no fácilmente resoluble no escapa a nadie y ha llevado, tanto al gobierno como al FSLN, a amenazar con la creación de sus respectivas fuerzas paramilitares. A principios de octubre, se produjo un sorprendente anuncio del ministerio de Gobernación, que autorizaba la conformación de policías municipales, tal como lo venían demandando desde hace tiempo los alcaldes más derechistas, liderados por el alcalde de Managua, Arnoldo Alemán. Aunque el ministro Hurtado insistió en que estos nuevos cuerpos armados estarían bajo la dirección de la Policía nacional, a nadie se le ocultaba que los reclutados por los alcaldes para integrar esas fuerzas serían ex-integrantes de la Contra y hasta de la Guardia somocista, o en cualquier caso probados anti-sandinistas. La propuesta del alcalde de Managua ha sido crear un cuerpo de inspectores municipales subordinado totalmente a él, lo que según los sandinistas, resulta inconstitucional, al establecer la Constitución que no pueden existir en el territorio nacional más cuerpos armados que los establecidos por la ley, el Ejército popular sandinista y la Policía sandinista - ya llamada Policía nacional -.

Independientemente del debate jurídico en torno a esta propuesta, no cabe duda de que la creación de nuevos cuerpos armados bajo ordenes directas y en el terreno de alcaldes ultraderechistas que han tenido abiertas posiciones anti-sandinistas, es vista como una amenaza a la seguridad de los sandinistas y de sus familias.

Lo más grave es que el poder ejecutivo - o al menos el ministerio de Gobernación - parece estar dando su consentimiento a esta confrontación. Resulta altamente sospechoso que mientras el ministerio de Gobernación se ha empeñado en asegurar un proceso de desarme de civiles en el campo - afectando con él principalmente a las cooperativas sandinistas -, esté dispuesto a autorizar la creación de nuevos grupos armados de todo tamaño, en dependencia de la capacidad financiera de cada alcalde de contratar reclutas, lo que en el caso de Managua desembocaría en una fuerza considerable, si se tiene en cuenta que el alcalde Alemán maneja abundantes recursos, tanto por la recaudación de impuestos como por sus conocidos vínculos con el exilio cubano en Miami.

Las intenciones de los alcaldes y del ministerio de Gobernación fueron denunciadas con gran vehemencia por Daniel Ortega, que las calificó como «una de las acciones mañosas y tramposas que suele hacer el ministro Carlos Hurtado», llegando hasta a acusar a este ministerio de ser dirigido por la Cia. Frente a decenas de delegados de la solidaridad internacional que se reunieron en Managua para conocer de la situación del país y readecuar sus estrategias, Ortega reiteró esta posición del FSLN, de llamar a la organización armada del pueblo en milicias en caso de que se llegara a producir la creación de las policías municipales «conformadas por somocistas y ex-contras». Aunque el secretario general del FSLN insistió en que el sandinismo no busca derrocar o desestabilizar al gobierno, si afirmó que defendía el derecho a la rebelión cívica e incluso armada como «principio inalterable» de los nicaragüenses.

El diario Barricada hizo eco de la advertencia de Ortega en estos términos: «La represión somocista empujó al pueblo martirizado a organizarse en milicias populares para enfrentar a la dictadura. La guerra de agresión llevó al pueblo a elevar su nivel organizativo en los batallones de reserva para defender su vida y sus bienes. Y será el neo-somocismo que se está implementando - el gobierno lo sigue consintiendo - el único responsable de que el pueblo una vez más busque formas de organización adecuadas para defender sus derechos».

Ante las fuertes protestas del sandinismo por el anuncio hecho por Hurtado y la beligerancia del movimiento sindical, que multiplicaba sus acciones exigiendo una mejoría en la situación salarial, los ministros Lacayo y Hurtado parecieron echar pié atrás, asegurando ambos que cualquier policía municipal estaría bajo las ordenes de la Policía nacional.

Sin embargo, el alcalde Alemán ha mantenido la posición de que su "Cuerpo de inspectores" estará únicamente bajo sus propias ordenes y ha declarado que tiene ya listos a 250 hombres - de una plantilla prevista de 500 -, muchos de ellos seleccionados personalmente por Alemán y que ya estarían siendo entrenados en instalaciones del ministerio de Gobernación.

El movimiento sindical

Mientras todo esto ocurría, las señales de descontento social se han multiplicado en todos los sectores y se han agudizado, no solo con confrontaciones violentas entre obreros y policías como sucedió en Granada o en el ministerio de Trabajo, sino también porque continua la indefinición en el tema de la propiedad. A principios de octubre, el sandinismo y la extrema derecha lograron neutralizar sus respectivas propuestas. Ante la amenaza del veto presidencial, César se vio obligado a retirar su proyecto de ley re-confiscatorio y el FSLN, a su vez, a aceptar el integrarse a una nueva comisión (Uno-gobierno-FSLN), en la que se daría alguna marcha atrás con respecto a lo estipulado sobre la propiedad en los acuerdos de la Concertación del mes de agosto.

Pero, de esta nueva etapa en la contienda por la propiedad tampoco salió ganador el gobierno. Tanto el sandinismo como la bancada derechista de la Uno se sentían incómodos ante el aparente entendimiento entre Lacayo y César, cada uno maniobrando para contener las críticas que se les hacían, a César por haber abandonado la "Ley César" - y por tanto, los intereses de la ultraderecha - y a Lacayo, por darle la espalda a la Concertación - y por tanto, a los intereses sandinistas -. Aunque a nivel de la cúpula gobernante, la "solución" parecía estar a mano mediante la conformación de la comisión Uno -gobierno - FSLN, los jefes políticos de los partidos de la Uno insistían en que toda alteración de la ley de la propiedad no debía cambiar el objetivo básico de revertir la "piñata sandinista", mientras los movimientos sociales insistían en que los acuerdos de la Concertación tampoco podían ser alterados.

En el campo y en los barrios los acontecimientos no esperaban por los políticos. Muchos terratenientes - incluso afectados por ser allegados de la familia Somoza y otros que ya habían sido indemnizados legalmente - continuaban insistiendo, a veces violentamente, en el retorno de sus propiedades. Y aun cuando la ley no se los permite, la indulgencia del gobierno - y a veces de la misma policía - los alentaba en el uso de la fuerza contra pobladores y campesinos.

Ante esta situación, el FSLN - y especialmente Daniel Ortega - ha redoblado los llamados a la población a organizarse para resistir todo intento de desalojo, insistiendo con vehemencia en que el FSLN estará al frente de las luchas por la defensa de los lotes, viviendas, tierras, fábricas, salud, educación y el derecho de todos a un mejor salario. Hacia finales de octubre, las cinco confederaciones sindicales y las dos gremiales que conforman el Frente nacional de los trabajadores (FNT) hicieron un llamado a sus 300 mil afiliados a desarrollar las acciones «que estimen correctas para frenar las políticas económicas que el gobierno está imponiendo a la
población sin considerar sus dramáticos costos sociales».

Una nueva ronda de confrontación laboral se avecinaba, centrada en las exigencias de los trabajadores de que se revise el monto del salario mínimo, se libere a sindicalistas detenidos por la policía, terminen los despidos arbitrarios y sean entregados a los trabajadores los activos correspondientes a su participación en la propiedad estatal privatizada, tal como fue acordado en la Concertación. Según los trabajadores, el gobierno está haciendo caso omiso de los tribunales y de los acuerdos de la Concertación y solo busca como devolver sus antiguas propiedades a empresarios legítimamente expropiados - incluyendo a somocistas - y a quienes son amigos y familiares del grupo gobernante.

Los dirigentes obreros han hecho énfasis en el dramático deterioro de los salarios, señalando que mientras la canasta básica de productos tiene un costo de 735 córdobas mensuales, el gobierno ofrece un salario mínimo de 150 córdobas (30 dólares) en el campo y 234 córdobas (47 dólares) en la ciudad, con lo que los trabajadores no alcanzan a cubrir más del 30% de la canasta.

A partir del plan de ajuste económico iniciado en marzo, el precio de un plato de comida se ha elevado en un 100% y en los centros de trabajo productivos y gubernamentales se han ido eliminando los subsidios para el transporte y la alimentación de los trabajadores, a la vez que se ha incrementado el costo de los servicios de electricidad, educación y salud. A todo esto, hay que agregar el notable incremento en la tasa de desempleo que, según datos del mismo ministerio del Trabajo, es del 58 por ciento de la población económicamente activa. Es decir, son casi 800 mil los nicaragüenses desempleados o subempleados en la deteriorada economía informal.

Según el representante de la FAO en Managua, un 70% de la población está viviendo en condiciones de pobreza, siendo notable el deterioro en la calidad de vida. Otra entidad no-gubernamental, la FIDEG, dio a conocer una encuesta que indicaba que en Managua el consumo de alimentos había descendido en un 30,7%, que un 27% de los residentes en el casco urbano se encuentran imposibilitados de pagar los recibos de agua y luz y que en los hogares encuestados, por lo menos uno de sus miembros había perdido su puesto de trabajo.

La crisis de legitimidad

La legitimidad y la mayoría conseguidas por la presidenta Chamorro en las elecciones tienen su base en dos fuentes. Por un lado, en la preocupación social por las condiciones de pobreza del pueblo que la Uno proyectó a lo largo de su campaña electoral y que han tratado de prolongar los asesores de la presidenta en sus presentaciones públicas -relativamente distanciadas de la politiquería cotidiana -; y, por otro lado, en el reconocimiento en Nicaragua y en todo el mundo de la limpieza del proceso electoral.

A pesar de esto, fue el sandinismo el que convenció a sus militantes y simpatizantes de que el nuevo gobierno debía contar con reconocimiento y respeto, como consecuencia de un proceso electoral que fue organizado por la revolución y de una victoria electoral conseguida libremente, y como consecuencia también del hecho de que Antonio Lacayo manifestaba con firmeza su compromiso con la Constitución y con el Protocolo de Transición, lo que suponía la seguridad de que se respetarían las organizaciones e intereses populares promovidos por el sandinismo.

Desde hace unos meses, la incapacidad o la falta de voluntad del Ejecutivo de cumplir con sus compromisos políticos y con los Acuerdos de Concertación viene restándole también al sandinismo voluntad y capacidad para continuar con el discurso y la practica de respeto a la legalidad y constitucionalidad del gobierno.

La contradicción entre las dos caras de este - autoritarismo económico y formalismo democrático - se hace cada vez más evidente. Tampoco pueden ocultarse las crecientes diferencias entre las posiciones asumidas por las Fuerzas armadas, por el FSLN, y más aun, por los movimientos populares, con respecto a la política y naturaleza del gobierno. Críticas abiertas al ejército por su falta de beligerancia frente a los recontras, o a la policía por su excesivo y permanente recurso a la fuerza frente a los obreros, se han venido escuchando en todos los medios sandinistas, los más radicales y también los más moderados.

En este convulso contexto, la revista Newsweek (edición del 21 de octubre) profundizó la crisis de legitimidad del gobierno al confirmar que la CIA había canalizado fondos para la campaña de políticos de la coalición Uno, siendo el principal señalado, el presidente de la Asamblea legislativa, Alfredo César. La noticia no fue el hecho en si - prácticamente conocido en Nicaragua desde los tiempos de la campaña - sino la confirmación por fuentes norteamericanas del papel jugado por César siguiendo las orientaciones de Estados Unidos.

Aunque el único nombre mencionado en el artículo era el de Alfredo César - quien no negó haber recibido los fondos pero sí que fueran utilizados violando la Ley electoral -, el golpe político principal fue contra la presidenta y contra Lacayo, quien fuera su jefe de campaña. Lacayo negó vehementemente haber recibido «ni un centavo» de los 600 mil dólares destinados por la CIA para los contras exiliados en Miami que regresaban al país a organizar la campaña electoral de la Uno. Al admitir que había recibido los fondos, César declaró que estos fueron utilizados para gastos de repatriación y no para la campaña de la presidenta Chamorro y en una posterior conferencia de prensa que le exigieron los partidos de la Uno, acusó al sandinismo de contar "con amigos" en la revista Newsweek, lo que provocó la risa de corresponsales extranjeros.

Los medios afines a la Uno y muchos políticos de la Uno se preguntaron públicamente quienes habían recibido el dinero del que hablaba Newsweek y a donde había ido a parar, provocándose una serie de acusaciones y contra-acusaciones que revelaron una vez más la naturaleza de esta coalición política. De hecho, informes de la Controlaría del gobierno estadounidense (GAO) señalaban serias «irregularidades» cometidas también con los fondos legales - y no sólo con los ilegales de la CIA - asignados por el Congreso para organismos supuestamente no partidarios y que también habrían sido utilizados para gastos de la campaña electoral en violación de la Ley electoral de Nicaragua. También Alfredo César aparecía implicado en este escándalo, junto a varios altos funcionarios del gobierno. El FSLN exigió del Consejo supremo electoral una urgente investigación, llegando Daniel Ortega a señalar que si las revelaciones de Newsweek se comprobaban las elecciones habrían sido fraudulentas.

El FSLN no era el único que se sentía engañado. Los desilusionados están en cualquier rincón de Nicaragua y se multiplican a diario en la medida en que los compromisos fiscales asumidos por el gobierno ante los banqueros internacionales resultan incompatibles con las promesas electorales de mejoría económica y con los compromisos asumidos en la Concertación. El gobierno - tanto el Legislativo como el Ejecutivo - enfrentan hoy una crisis de legitimidad que resulta inocultable. Pero esta crisis también afecta al FSLN, en cuanto que es el principal partido de oposición a este gobierno en crisis. Lo afecta concretamente en lo que concierne a su papel de oposición que se ha comprometido con las formas de lucha legalistas, negociadoras y parlamentarias.

El actual deterioro afecta profundamente la viabilidad de las posiciones "moderadas" en el sandinismo, en tanto que estas, en ultima instancia, habían venido justificándose en la supuesta voluntad del Ejecutivo de cumplir con una serie de compromisos sociales y políticos. De poco valor, sin embargo, resultan la voluntad o las promesas oficiales a la luz de una política económica claramente anti-popular, a la vez de las imposiciones de la banca internacional y de la Aid, del abierto peculado que afecta todas las esferas oficiales, y del colapso o la privatización de los servicios básicos que exige y requiere más que nunca una población cada vez más pauperizada.

Nada de lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo contribuye a crear confianza en la gestión gubernamental. Y surge la pregunta de cual debe ser el papel del sandinismo como oposición legal, cual el papel de la misma Constitución política del país ante la corrupción institucionalizada o ante el autoritarismo económico impuesto legalmente por los ejecutores criollos e internacionales de la política neoliberal. La agudización de una pobreza ya generalizada - plasmada en la falta de posibilidades de empleo y en la descomposición social que se observa en las ciudades y en el campo - resulta incompatible con la democracia, sea esta formal o real. Los intereses sociales de las grandes mayorías quedan excluidas de una política económica neoliberal que es autoritaria, una autentica dictadura económica. Por esto, el sandinismo y los movimientos sociales han de seguir insistiendo para que lo político predomine sobre lo económico, la justicia social sobre las fuerzas del mercado, las personas sobre el capital, la nación y la democracia sobre la banca internacional y la "empresocracia" gobernante.

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