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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 119 | Septiembre 1991
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Nicaragua

¿Está definida la estrategia de la ultraderecha?

Está más clara que nunca la contradicción entre el Legislativo y el Ejecutivo. Y aparecen cada vez con trazos más ciertos los objetivos de la estrategia del gobierno de Estados Unidos.

Equipo Envío

A finales de julio, los diputados de la UNO liderados por Alfredo Cesar daban los toques finales a la llamada "Ley Cesar", un proyecto de legislación que plantea revertir la redistribución de propiedades urbanas y rurales que hizo el gobierno sandinista beneficiando así a casi millón y medio de nicaragüenses en todo el país.

Legislativo en contradicción con el Ejecutivo

Tanto representantes de los pobladores que serían afectados como dirigentes sandinistas catalogaron el proyecto de ley como una monstruosidad política y jurídica, por la inconstitucionalidad de muchos de sus planteamientos y por invadir las atribuciones de los poderes Ejecutivo y Judicial.

A la par que los legisladores planificaban la "Ley Cesar", el Poder Ejecutivo preparaba su veto a la misma basándose fundamentalmente en su inconstitucionalidad. Pero como el problema de fondo era mas político que jurídico, el sandinismo se aprestaba a resistir la imposición de la bancada de la UNO al precio que fuera necesario. El Frente de Lucha Popular, asumiendo una agresividad verbal inusitada acuso al gobierno norteamericano de fomentar un clima de guerra "a través de sus títeres, Cesar, Godoy y Alemán, para después presentarse como salvadores". "Se hace imprescindible apartar a estos señores de sus puestos", decían.

A la par que el FLP endurecía sus posiciones publicas amenazando incluso con promover la realización de un referéndum para llamar a nuevas elecciones parlamentarias, los trabajadores organizados en el FNT llegaban a un entendimiento con el gobierno al firmar acuerdos en la segunda fase de la Concertación.

Sin embargo, este nuevo Acuerdo de Concertación era un marco general que requería ser traducido en leyes y ejecutado mediante un complejo procedimiento de revisión legal de la titulación de propiedades hechas por el gobierno anterior para discernir los reales o supuestos abusos cometidos al amparo de las leyes 85 y 86, ultimas leyes que sobre la propiedad elaboro el gobierno sandinista en el período de transición. Lo que en principio parecía un acuerdo que llevaría a una nueva etapa de estabilidad relativa, significo de hecho una prolongación y profundización de la crisis, pues la cuestión de la propiedad se había ido transformando en una crisis institucional entre los poderes del Estado y esto obstaculizaba precisamente la ejecución de los acuerdos de concertación. Mas allá de la cuestión de la propiedad estaba la cuestión del poder y su legitimidad, llegando la misma Presidenta a censurar abiertamente al Poder Legislativo, que insistió en imponer su voluntad no solo al Poder Ejecutivo sino también al Poder Judicial y, naturalmente, al sandinismo en la oposición.

Lo que algunos juristas calificaron como un "golpe de Estado técnico" vino a restar viabilidad al marco político que el sandinismo entrego al nuevo gobierno y también a la lucha parlamentaria cívica y legal a la que el sandinismo esta apostando desde el cambio de gobierno para canalizar así eficazmente las demandas populares de justicia.

Los Acuerdos de Concertación no son una victoria sandinista

La firma de estos segundos Acuerdos de Concertación no podía ser catalogada como una victoria sandinista. Aunque empresarios miembros del COSEP llegaron a acusar al gobierno de aceptar los "planteamientos sandinistas" del FNT, la realidad era que el balance de fuerzas a nivel de la Concertación - como la misma estabilidad de la nación - dependía de las concesiones o de los aportes de los sandinistas. Para evitar la explosión social y el caos, para afianzar el orden constitucional y el marco político, el sandinismo ha visto necesario el fortalecer la autoridad del gobierno e imprimirle viabilidad al mecanismo de la Concertación como el medio mas idóneo para superar la excesiva polarización de la Asamblea Nacional y mas todavía, para neutralizar eventuales negociaciones directas del gobierno con la recontra.

En aras de frenar las pretensiones de la Asamblea, el FNT flexibilizó sus posiciones en la Concertación alrededor del neurálgico punto de la privatizacion de las empresas estatales, reduciendo el monto de lo que demandaba fuera privatizado en favor de los trabajadores. Una contradicción, aparentemente de procedimiento, entorpeció las negociaciones en la Concertación. El COSEP exigía la devolución de todas las propiedades para luego pasar a la privatización, insistiendo en que las leyes 85 y 86 eran "inmorales". El FNT insistía en el reconocimiento de estas leyes para posteriormente pasar a la privatización de la propiedad estatal y a la devolución en los casos en que se probaran abusos.

Por su parte, el gobierno abogaba por una posición intermedia de reconocimiento y revisión simultanea, a la vez que prometía garantizar una opción de hasta un 25% de participación a los trabajadores en la propiedad de las empresas a privatizar. Con respecto a las viviendas entregadas por la Ley 85, el gobierno propuso respetar la legitimidad y gratuidad de todas aquellas que no excedieran de determinado valor. Pero para los diputados de la UNO en la Asamblea ninguna flexibilidad era aceptable. Aproximándose a la posición del COSEP, la "Ley Cesar" planteaba la expropiación masiva de prácticamente todo lo entregado bajo las leyes 85 y 86. Los autores del proyecto de ley planteaban que era necesario revivir los mecanismos expropiatorios como el "único procedimiento jurídico idóneo para revertir la piñata sandinista". El proyecto de ley Cesar afectaría bienes muebles e inmuebles e incluía a los beneficiados con condonaciones de las hipotecas de sus casas, de lotes de terreno y de vehículos de todo tipo - incluidos tractores para campesinos -.

Según los defensores del proyecto de ley, esta estaba dirigida únicamente contra una minoría de aproximadamente 5 mil sandinistas, que serían los únicos afectados por las nuevas expropiaciones y por decretos de devolución ya dictaminados indiscriminadamente por la disuelta Comisión Revisora de Confiscaciones, creada por el Ejecutivo con el cambio de gobierno. Siendo la intención del gobierno revisar la aplicación de las Leyes 85 y 86 para corregir abusos cometidos, los diputados y el COSEP iban mas lejos. Su objetivo era imponer un cambio estructural en el esquema de la propiedad para revertir la democratización económica que se había impulsado en la década pasada y así negar los derechos adquiridos por los trabajadores, particularmente el proceso de privatizacion de empresas estatales.

Las contradicciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo se hicieron evidentes una vez más. La Asamblea pretendía ser quien determinara la venta y la privatización de los bienes estatales, lo que es facultad del Ejecutivo. En declaraciones a un diario extranjero, el Presidente de la Asamblea Alfredo Cesar llego a advertir a la Presidenta que si recurría al veto entraría en contradicción con quienes la eligieron. Los funcionarios del Poder Ejecutivo insistieron en que el termino "expropiación", abiertamente defendido por los parlamentarios de Cesar, tenía una connotación negativa para un gobierno democrático y progresista.

La misma Presidenta rehusó reunirse con los representantes de la Asamblea, que buscaban presentarle su proyecto de ley poniendo al descubierto con esta negativa las grietas existentes entre Ejecutivo y Legislativo sobre el tema de la propiedad. El clímax llegó a finales de agosto cuando doña Violeta hizo un llamado de atención a Cesar por haber enviado a publicar en "La Prensa" el texto de la "Ley Cesar" aprobada por la Asamblea el 23 de agosto, antes de que la Presidencia hubiera concluido de examinarla.

El sandinismo, el Ejecutivo y la extrema derecha tienen capacidad

El fondo del problema era la existencia de tres fuerzas - sandinismo, Ejecutivo y extrema derecha - y las tres con la capacidad de obstaculizar todo entendido entre las otras dos. En la Asamblea se legislaba por consenso sino por mayoría, y la mayoría estaba en manos de Alfredo Cesar. De esta manera, el modelo político definido en el período post-electoral y reflejado en el Protocolo de Transición entraba en una crisis institucional, pues la Asamblea Legislativa forma parte del gobierno y de la estructura legal de la nación y, por encima de la voluntad de la Presidencia, buscaba como imponer la voluntad de la mayoría electa, no aceptando la co-gestión entre vencedores y vencidos. Los sandinistas insistían en que no se pueden dejar de reconocer los cambios reales ocurridos en la sociedad nicaragüense en la ultima década ni tampoco desconocer la fuerza política representada por el FSLN.

Para la Asamblea, en contraposición con la voluntad de la Presidencia representada por Lacayo, no contaba lo que los sandinistas llamaban su "superioridad cualitativa", es decir su estatus como la fuerza política mas importante del país. La contradicción entre fuerza social y fuerza electoral del sandinismo amenazaba con hacer de Nicaragua un país ingobernable. El gobierno de Estados Unidos y Cesar pretendían no darle al sandinismo ni una cuota mas de poder que las que técnicamente le correspondían. Pretendían poner al FSLN contra la pared tomándole la palabra sobre su compromiso de actuar de conformidad con las leyes y el marco político vigente. En otras palabras, pretendían someter al sandinismo a la voluntad y al proyecto de la mayoría electa, cohesionada - con el apoyo de la Embajada de Estados Unidos - primero a nivel de Legislativo, sometiendo después al Ejecutivo a este proceso ultraderechizante, aun cuando esto significara desestabilizar a la nación. "Rectificar" el cuadro político depurándolo de la excesiva influencia sandinista era el objetivo.

En este contexto, el FSLN era quien hacia las concesiones en nombre de su "responsabilidad" y de la "estabilidad" de un marco político que asegurara la paz y un espacio a las fuerzas populares. De la inestabilidad solo podían beneficiarse aquellos que se sentían excluidos de ese marco. Y la irresponsabilidad constituida el arma mas eficaz de la extrema derecha: poco importaba, o hasta podía resultar conveniente, que sus leyes y sus intenciones desestabilizaran el país y provocaran el caos, pues la anarquía o la amenaza de esta servirían para asegurar la "rectificación" del rumbo del gobierno y, concretamente, el desplazamiento de Antonio Lacayo y del sandinismo de las esferas del gobierno.

Por su parte, los partidos de derecha achacaban al gobierno la responsabilidad por la situación de "anarquía" que según ellos prevalece en el país. Según ellos, una mayoría del pueblo nicaragüense se siente "inseguro" y no tendrá confianza en el gobierno mientras las Fuerzas Armadas continúen en manos de sandinistas. Aun cuando el Ejecutivo señalaba que las leyes aprobadas eran inconstitucionales y que serían vetadas, los diputados insistían en que la responsabilidad por la confrontación entre los dos poderes del Estado recaía sobre la Presidencia por desacatar el programa de gobierno, entendiendo este como el programa de revertir todo lo actuado por el gobierno anterior.

El más acusado de todos era el "Primer Ministro" Lacayo. Para los diputados, doña Violeta era "víctima" de un doble chantaje, tanto por parte del FSLN, que amenazaba con desatar la "violencia", como por las imposiciones de su yerno Antonio Lacayo. Según Wilfredo Navarro, Presidente del Partido Liberal Independiente, godoyista: "Doña Violeta esta secuestrada y chantajeada familiarmente, además de por la violencia y el terror frentista por su yerno. El Primer Ministro prácticamente la tiene secuestrada. Y es el que decide en este país las cosas mas importantes, violentando la voluntad popular que se dio el 25 de febrero. En Nicaragua desgraciadamente los que fueron electos para gobernar no están gobernando".

De hecho, el proyecto de "Ley Cesar" y la propaganda de la derecha envalentonaba a los sectores terratenientes mas recalcitrantes en el campo para iniciar desalojos de campesinos y se multiplicaban las acciones preventivas y defensivas, tanto de campesinos y de cooperativas sandinistas como de desmovilizados para que no les quitaran sus propiedades, aun cuando no tuvieran aun su titulación formal.

En opinión de Daniel Ortega, la aprobación por los diputados en la Asamblea de una ley "altamente conflictiva" formaba parte de una estrategia para sentar las bases de un clima de inestabilidad y así vender en el exterior la imagen de una situación de ingobernabilidad y de incapacidad de la Presidenta Chamorro, para acortar de esta forma su período presidencial. Efectivamente, en esto podían coincidir la Embajada norteamericana, Cesar, Godoy y Alemán, basándose en supuestas encuestas privadas que revelaban que el índice de popularidad del FSLN no superaba un 35%.

El sandinismo, supuestamente acorralado, debía así ceder ante las pretensiones estratégicas, no solo de la empresa privada sino del mismo gobierno y de sus designios neoliberales. Algunos sandinistas alertaban sobre el peligro de toda estrategia que terminara por exagerar las diferencias entre Lacayo y Cesar, entre la derecha y la extrema derecha. La misma Miriam Argüello, ex-presidenta de la Asamblea Legislativa y dirigente conservadora, señalaba que esa contradicción no era tan grande, pues la mayor parte de las autoridades del Partido Social Demócrata de Alfredo Cesar están colocadas en posiciones gubernamentales y que así como Cesar había agitado el tema de la propiedad para socavar a Godoy y a su grupo de diputados en la Asamblea, Lacayo también podía jugar un papel similar, una vez que Cesar cumpliera con su función.

El escenario buscado por la extrema derecha era forzar, aun a costa de la estabilidad política nacional una nueva medición de fuerzas electorales, obligando al Ejecutivo y al sandinismo a acortar constitucionalmente el período presidencial para que Cesar pudiera postularse como candidato de la "nueva derecha".

Aparece la "Recontra" como una pieza fundamental

Mientras esto se discutía en Managua, la situación en el campo se volvía mas y mas explosiva. En el norte del país existe una situación de virtual anarquía al multiplicarse, a lo largo de julio y agosto, ataques y atracos protagonizados por grupos de los llamados recontras. Se estaba formando así nuevamente un circulo vicioso de violencia y contra-violencia que amenaza con generalizar un conflicto armado. Grupos de ex-contras han retomado las armas aduciendo que son perseguidos por las autoridades y por cooperativistas sandinistas armados y estos plantean que solo se están defendiendo y rehusan acatar los llamados a entregar sus armas mientras su seguridad no este garantizada.

Las Fuerzas Armadas y la Policía, con limitaciones de recursos para actuar - gasolina, vehículos, personal -, y aun cuando la mayor parte de las víctimas han sido sandinistas, no son proclives a redoblar su presencia en las áreas conflictivas, pues esto podría provocar un incremento de la acción de los recontras. Plantean que el problema de la recontra y su solución debe ser social y económico, y no militar.

Pero para nadie es un secreto que la violencia en el campo, así como el repunte de la actividad delictiva en todo el país, son también un producto del enorme desempleo (45-50% de la población económicamente activa), de la disminución del crédito a los pequeños agricultores - muchos de ellos arruinados con la sequía que azota a todo el país - y del desastroso estado de los caminos que obstaculiza la comercialización de lo poco producido - lo que se logra cultivar y transportar no encuentra precio justo en el mercado -. En la Región VI el resultado de estos problemas son decenas de miles de personas desesperadas, sin medios de subsistencia, en búsqueda de nuevas tierras donde vivir o dispuestas a matar o a robar para sobrevivir.

Al problema objetivo de la recesión económica, de la inseguridad física y de la confusión jurídica sobre la tenencia de la tierra se agregaba ahora el impacto político de los conflictos entre Ejecutivo y Legislativo y las posiciones de abierta simpatía con los recontras asumidas por diputados y políticos de extrema derecha que estaban yendo al campo con sus discursos confrontativos para capitalizar así el descontento existente. Algunos diputados de la coalición derechista llegaron a proponer formalmente la intervención en Nicaragua de fuerzas de las Naciones Unidas para resolver el problema de los recontras, lo que fue rechazado como violatorio de la soberanía nacional, tanto por la Presidencia como por el FSLN. Organismos como la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), de la OEA, se han hecho ya a estas alturas sospechosos, tanto para policías como para campesinos, que los señalan como parciales en favor de los recontras, legitimando sus exigencias.

El grado de descomposición en el norte amenazo con extenderse al resto del país cuando a principios de septiembre se produjeron acciones intimidatorias de los recontras y los primeros ataques contra cooperativistas desarmados en el departamento de Boaco, dejando como saldo tres muertos, incluyendo a dos niñas. El gobierno insistía en que la solución debía ser negociada, lo que en opinión de algunos provoca que los alzados en armas mantengan actitudes mas exigentes, llegando a presentar virtuales ultimátums al gobierno. De manera sorpresivamente tolerante, el gobierno respondió a los recontras asegurando el desarme de todos los civiles, medida que tiene el apoyo del FSLN siempre y cuando se comience por desarmar a las bandas armadas. El Ministerio de Gobernación calcula que entre 30 y 80 mil armas están aun en manos de civiles. El calculo del ejército es de 30 a 50 mil.

El problema se multiplicaba al multiplicarse el numero de bandas armadas. A finales de agosto el Ministro de Gobernación informo que existen en el país 32 grupos rearmados. Delegados de la CIAV declararon que nuevos grupos aparecían casi diariamente. Los informes de inteligencia indican que los grupos operan en distintos puntos del país con una integración de sus miembros que es fluctuante y por tiempo parcial, pues muchos recontras también se dedican a cultivar sus parcelas.

Existía, pues, un conflicto entre la intención gubernamental de desarmar a algunos civiles y la de llegar a acuerdos con algunas bandas siendo así que algunos grupos realzados han lanzado acciones militares ofensivas precisamente contra localidades donde los civiles ya no cuentan con armas para su autodefensa. En estas circunstancias, han ido surgiendo múltiples iniciativas entre pobladores de diferentes zonas para integrar unidades de auto-defensa, a la vez que se conocía también de la conformación de unidades paramilitares integradas por militares retirados del Ejército y del Ministerio de Gobernación.

Gobierno: ¿pasivo ante los recontras?

En algunas partes del país, particularmente en las que fueron zonas de guerra, los grupos recontras constituyen la única autoridad y actúan impunemente. En actitud similar a la de los legisladores de la UNO y a la del COSEP, las bandas de recontras se burlan así del Poder Ejecutivo y algunos sectores comienzan a preguntarse si también la recontra estará siendo beneficiada por los programas para la "promoción de la democracia" que financia la Embajada estadounidense.

El FSLN acusó al gobierno de asumir una actitud demasiado pasiva, manteniendo al Ejército al margen de la crisis, e insistiendo en una solución dialogada, aun a costa de sacrificar su propia autoridad como gobierno. Todo esto pone al Ejército y a la Policía en una situación difícil, haciéndoles cada vez mas complejo el cumplir con las instrucciones superiores que les señalan no imponer soluciones de fuerza y recurrir al dialogo. Pero sin concertación entre las fuerzas políticas de Managua, pocas posibilidades habrá de lograr entendimientos en el campo entre las fuerzas militares.

Pesaban también sobre las autoridades militares y sobre el FSLN las demandas de las cooperativas y de los pobladores sandinistas, que piden protección ante las amenazas y las tomas de tierra que protagonizan tanto los recontras como los antiguos latifundistas. En tanto que la situación se deteriora y que el gobierno continua dándole largas al asunto, poniendo atención a las innumerables demandas de los realzados, la preocupación es que nuevos grupos se sientan estimulados por esto a lograr ventajas con acciones de violencia, lo que, de hecho, ya comienza a ocurrir. En estas condiciones, se le hace cada vez mas difícil al FSLN el mantener su compromiso con la política de desarme de los civiles.

La derecha interpreta las acciones de la policía y de los sectores campesinos organizados como provocaciones. Aun cuando ha habido casos de abusos policiales contra ex-contras, la campaña derechista insiste en que se trata de una política generalizada y acusa al Ejército y a la Policía de lanzar "cacerías humanas" en las áreas rurales contra los desmovilizados contras persiguiendo a sus ex-dirigentes. Otros sectores ultraderechistas, incluyendo algunos medios de comunicación, comenzaron a respaldar las demandas de la recontra, y en particular las de los destacamentos lidereados por Juan Angel Moran Flores, "El Indomable", que exigía que la misma Presidenta Chamorro llegara a negociar con el en la montaña. Moran demanda la destitución de los jefes regionales de la policía y de los delegados regionales del Ministerio de Gobernación y el desarme de las cooperativas sandinistas.

Otros grupos de realzados avalaron las demandas del "Indomable" justificando sus acciones como "respuesta lógica a los abusos y constantes violaciones de sus derechos humanos de parte de los miembros del EPS y fuerzas del Ministerio de Gobernación, principalmente ex-integrantes de la nefasta Seguridad del Estado, hoy Policía Nacional", pidiendo a la Presidenta Chamorro y al Cardenal Obando su inmediata intervención para resolver el problema.

Morán tenía juicios pendientes por la muerte de dos policías en un ataque realizado contra la población de Quilalí y estaba ya calificado como un peligroso delincuente. En agosto, el gobierno, que había sostenido que no dialogaría con delincuentes armados, se retracto de esta posición unos días después. Esta tendencia a la debilidad en el Ejecutivo no ha dejado de preocupar al sandinismo por considerarla auto-desestabilizante. Sobre la tendencia a abrir negociaciones con todo grupo alzado que deriva en concesiones gubernamentales, señalan los sandinistas que esto podría incluso alimentar el recurso a la removilización como medio eficaz para asegurarse respuestas por parte del gobierno. El diario "Barricada" denuncio al gobierno duramente:

"Las bandas armadas, además de sembrar el terror y el crimen, pretenden no solo quedar en la impunidad, sino erigirse en juez, ley, parte y autoridad omnipotente en la vasta zona que aspiran quede bajo su control absoluto, fuera de lo que prescribe la Constitución y pretendiendo convertirse de hecho en un segundo ejército. Mientras la Resistencia opto hace mas de un año por la vida cívica y la reconciliación nacional, hoy el gobierno le tiende la mano a malhechores que matan, van a la vela, beben café y luego van al entierro amparándose en la impunidad oficial. Estaría por verse (!Dios no lo quiera!) cual seria la actitud del Cardenal, de la CIAV-OEA, de los Alcaldes, de los diputados de la UNO y del gobierno, el día que llegase a aparecer un grupo armado, no de recontras, sino de guerrilleros sandinistas o el día que los agraviados, ante la falta de ley, se organicen para la autodefensa".

A finales de agosto, tras una emboscada a personal de la policía y del ejército, y ante la inoperancia del ejército, surgieron los llamados "Grupos de Autodefensa". Para el sandinismo ya no cabía mas tolerancia con la actitud del gobierno frente a las acciones de los recontras y con la actitud de diputados que secundaban al "Indomable" en sus demanda de desmantelar o retirar el Ejército y a la Policía en el norte del país.

La estrategia estadounidense se ha ido perfilando cada vez más

Acosado el sandinismo por las demandas de seguridad física y económica que plantean los sectores populares, peligraba su capacidad de mantenerse leal a un Ejecutivo, gobierno o esquema político que, sea por su naturaleza, sea por la coyuntura, o sea por la agresividad de la derecha armada o desarmada, se mostraba incapaz de garantizar esas seguridades al pueblo. El problema es que ese esquema político, simbolizado en la Constitución y en el Protocolo de Transición, es también una creación del sandinismo. Se había presumido que el sandinismo le daría viabilidad popular y real autoridad a ese esquema, y mas concretamente al Ejecutivo. Al menos, suficiente viabilidad como para resistir los embates de la extrema derecha y los de Estados Unidos. Se había presumido que las fuerzas representadas en la sociedad por los "hermanos Ortega" y en el gobierno por Antonio Lacayo y la Presidenta Chamorro serían lo suficientemente fuertes como para asegurar el marco que permitiera no solo estabilidad y paz sino también la incidencia de los organismos populares en la conducción del gobierno.

Pero resultaba evidente que si bien la extrema derecha no podía contar con una base de poder similar a la de sus contrincantes en el Ejecutivo y en el sandinismo, los hechos venían demostrando que si tenía un poder de veto, fuera a través de legisladores o de recontras que se revelaban contra el esquema y terminaban obligando al gobierno a negociar. Si el Ejecutivo era incapaz de suministrar protección legal y física a las mayorías, ¿qué posición debía de asumir el FSLN como partido una vez agotadas las instancias de persuasión-

La estrategia norteamericana se ha ido perfilando con mayor claridad. Por un lado, subordinar al Ejecutivo (Antonio Lacayo) al Legislativo (Alfredo Cesar), si fuera necesario mediante la reducción o de los poderes o del período presidencial de la Presidenta Chamorro imponiendo una especie de "dictadura parlamentaria" durante la transición. Por otro lado, subordinar al Ejército y a la Policía a posiciones asumidas por instancias internacionales - la CIAV - ante el realzamiento, dando así una nueva cuota de poder a estos grupos rearmados con su nombramiento para cargos de autoridad policial que respaldarían los representantes derechistas municipales y regionales de la UNO.

Estados Unidos: doble presión para alcanzar lo que no logró ni con la guerra ni con las elecciones

Con esta doble presión se trata de lograr lo que Estados Unidos no ha podido alcanzar ni con la guerra ni con las elecciones: la extirpación de la influencia del sandinismo como fuerza política significativa en la sociedad y en el gobierno. Cesar ha mantenido sus nexos con congresistas republicanos y demócratas, buscando respaldo en los mas conservadores para mantener una presión sobre los "pragmáticos" de la Embajada de Managua y del Departamento de Estado.

En términos generales, el plan norteamericano esta ya diseñado y no se han ocultado sus trazos a quienes visitan la Embajada norteamericana en Managua. Debilitar al FSLN al máximo utilizando al Poder Legislativo como instrumento principal - primero con la ley de propiedad y después mediante otros proyectos de ley preparados por la bancada UNO -, reformando la legislación que ya regula las actividades y estatutos de la Policía y del Ejército, condicionando la asignación presupuestaria al nombramiento de un civil como Ministro de Defensa y a la depuración de los mandos del ejército, recomponiendo la composición de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral para desplazar o marginar a los sandinistas, asegurando la hegemonía de la influencia de la UNO y chantajeando al Ejecutivo en sus proyectos de ley a fin de asegurarse concesiones. Estos son los trazos principales del plan norteamericano.

En este contexto, el rearme de la contra y su insistencia en desplazar a la Policía como autoridad coercitiva en determinadas regiones del país, venia a darle una base militar al "golpe de estado" gradual que se fraguaba contra el Ejecutivo y contra las cuotas de poder en manos del sandinismo. A esto hay que agregar los ingentes esfuerzos desarrollados por la AID para promover organizaciones de base paralelas a las sandinistas, particularmente en el campo, donde funcionarios de la Embajada hablan de la necesidad de "quebrar el monopolio de la UNAG". Estados Unidos debe suministrar a Alfredo Cesar toda la cooperación legal, social y militar requeridas para ejecutar una "contrarrevolución", sea de manera gradual o preparando el terreno para desplazar a Antonio Lacayo como candidato en las próximas elecciones.

Pero la estrategia norteamericana tiene fallas. En primer lugar, no esta asegurada la capacidad de la Embajada de mantener aglutinada a toda la oposición derechista alrededor de la figura de Alfredo Cesar. Derechistas tradicionales como Virgilio Godoy y Arnoldo Alemán, así como dirigentes conservadores, desconfían del Presidente del Parlamento y de su partido, el Socialdemócrata, que tiene una base muy limitada. Tanto Godoy como Alemán hacen ingentes esfuerzos para asegurarse apoyo interno y externo - incluyendo a la comunidad de ex-somocistas de Miami - para sus respectivas candidaturas presidenciales. En segundo lugar, la Embajada sigue subestimando la fuerza real del FSLN como la organización mas poderosa y de mayor influencia en la sociedad nicaragüense. Las ultimas encuestas presentadas por el diario "La Prensa" confirman esta realidad.

Se hace difícil, además, para Estados Unidos y para Cesar, atacar frontalmente al Ejecutivo presidido por doña Violeta, que no ha visto menguada su popularidad. Mas importante: tampoco pueden incorporar a sus proyectos a las mayorías descontentas con la situación económica. Por el contrario, tanto Washington como el Legislativo se ven obligados a dar su apoyo al programa económico del gobierno. Y de hecho, toda estrategia contrarrevolucionaria se topa con la necesidad de no incurrir en acciones que desestabilicen el programa económico, que por su naturaleza neoliberal se hace merecedor del apoyo de la banca internacional.

Para complicar más las cosas, el apoyo a la estrategia económica del gobierno aleja a los ultraderechistas de sectores como los sindicatos no sandinistas, y hasta del mismo Cardenal Obando, quienes uniéndose a las posiciones del sandinismo catalogaron como inaceptable la propuesta de salario mínimo ofrecida por el gobierno, equivalente a 40 dólares mensuales, cuando la canasta básica cuesta 140 dólares. Reclamaron también los sindicatos derechistas y el Cardenal acciones mas decididas frente al incremento de la prostitución, del consumo y trafico de drogas, o a la falta de atención a la salud popular, en momentos en que el país esta a la expectativa de la llegada del cólera.

Tampoco el tiempo juega a favor de Cesar en términos políticos y económicos. Las posibilidades de provocar divisiones en el FSLN son cada vez menores y el desgaste del gobierno a causa de la situación económica puede comenzar a reflejarse con fuerza en solo unos meses. Habiendo logrado cancelar, mediante nuevos prestamos, la mora con las agencias financieras multilaterales, el Ministerio de Cooperación Externa pronostico la llegada de 700 millones de dólares al país en concepto de asistencia externa. De ser cierto, seria una cifra récord en la historia del país.

Por otra parte, Cesar no puede confiar totalmente en los Estados Unidos, por su conocida tradición de utilizar y luego desechar a los políticos derechistas nicaragüenses en función de sus intereses superiores. Lacayo y Cesar cuentan con sus respectivos apoyos en Washington - se dice que los de Lacayo están en el Departamento de Estado y los de Cesar en la Agencia Central de Inteligencia -. La "sensatez" del sandinismo y su compromiso con la estabilidad del gobierno, así como la promoción que ha hecho en favor de una negociación política en El Salvador, han causado una impresión favorable en algunos círculos del gobierno de Estados Unidos, de manera que, a pesar de las presiones de la extrema derecha norteamericana no hay señales de condicionamiento de la ayuda oficial del gobierno norteamericano al de Nicaragua.

El FSLN se ha visto obligado de nuevo a apelar, tanto al pueblo como al Ejecutivo, para enfrentar el reto contrarrevolucionario que encabeza hoy la bancada de la UNO en la Asamblea Nacional. Mientras el FLP amenazaba con campañas masivas de desobediencia civil, Sergio Ramírez, nuevo miembro de la Dirección Nacional del FSLN, apelaba a la Presidencia para adelantar una serie de medidas que frenaran el golpe anti-constitucional que pretende llevar a termino la Asamblea Nacional insistiendo en un proyecto de ley que restaura la antigua y superada estructura de propiedad.

Resulta palpable de nuevo y para todos que el chantaje de los diputados derechistas pone en peligro la política de reconciliación impulsada por el gobierno Chamorro. Y si las concesiones hechas por el sandinismo no ablandan la posición de la extrema derecha ni fortalecen la voluntad del gobierno de encontrar una solución concertada, va quedando únicamente el recurso a los métodos anunciados por el FLP.

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