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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 117 | Julio 1991
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Nicaragua

¿Qué esperar del Plan Económico: reactivación o recesión?

Después de derrotada la hiperinflación y estabilizada la moneda, ¿no está la economía nicaragüense, tanto en el campo como en la ciudad, en un callejón sin salida?

Equipo Envío

El fracaso del primer plan de estabilización económica de la UNO, conocido como Plan Mayorga, ampliamente propagandizado en la campaña electoral como la receta mágica que iba a frenar la inflación en 100 días, obligó al gobierno a cambiar un año después de rumbo en su política económica y a iniciar un nuevo plan de estabilización, conocido como Plan Lacayo.

Plan Lacayo: estabilización heterodoxa con más ortodoxia monetarista que el Plan Mayorga

Los cambios mas significativos de política económica que ha traido el Plan Lacayo han sido: el papel clave del Estado y de sus empresas para regular los mercados y "reprimir" la inflación y la intensa campaña publicitaria para generar respaldo social al plan. El rol clave asignado al Estado contrasta con el discurso económico inicial de la UNO, cuyo contenido ideológico enfatizaba la liberalización de los mercados de toda intervención estatal como base del éxito de su política económica.

El gobierno ha intervenido los mercados utilizando sus recursos externos para abastecer de bienes de consumo básico importados a la cadena de supermercados estatales y así convertirla en un poderoso competidor del sector informal urbano, que tradicionalmente ha tenido un peso preponderante en el abastecimiento de dichos productos. Además, ha rebajado los impuestos selectivos de consumo y de ventas, haciendo los productos importados mucho mas competitivo. La protección arancelaria para la producción nacional ha bajado de 80% a principios de 1990 a solamente 20% en 1991, teniendo un fuerte impacto recesivo sobre la producción industrial nacional.

Otras medidas "deflacionarias" han sido la rebaja y/o congelamiento de los servicios públicos básicos y la reducción de impuestos a los productos de la llamada "industria fiscal", como los combustibles, cigarrillos, rones, cervezas y gaseosas. A los servicios públicos básicos - energía eléctrica y agua potable - les fueron fijadas y congeladas sus tarifas después del alza que registraron con la maxi-devaluación. En cambio, la tarifa del servicio de transporte público urbano fue rebajada después del ajuste inicial ocasionado por esta. En total, el Estado controla 25 precios claves de los 53 bienes y servicios que conforman la canasta básico.

La regulación de los precios de la canasta básico le ha permitido al gobierno el defender frente al movimiento sindical el congelamiento de los salarios. El argumento es que el plan es "neutral" en términos de la distribución del ingreso, porque el Estado garantiza a la par el poder adquisitivo del salario de los trabajadores y las ganancias de los empresarios.

Además, el gobierno ha utilizado la privatización del sector estatal como arma de negociación para neutralizar al movimiento sindical. Tanto la Central Sandinista de Trabajadores como la Asociación de Trabajadores del Campo han priorizado en sus negociaciones con el gobierno, por sobre sus reivindicaciones de salarios y empleos, la obtención de una proporción significativa de las antiguas empresas estatales para la conformación de la llamada Área Propiedad de los Trabajadores (APT).

Las medidas del Plan Lacayo han sido acompañadas de un despliegue propagandístico para convencer a la población de que el gobierno no devaluara nuevamente la moneda, no cederá a presiones salariales e intervendrá para asegurar que los precios controlados no se inflen. Como parte de su esfuerzo propagandístico, el gobierno impuso inicialmente un estricto control del acceso a la información estadística sobre la economía nacional, particularmente la referida a las encuestas y métodos para determinar el índice de precios al consumidor. El objetivo era poder manipular la información para poder transmitir a la población una visión de relativa estabilidad económica y conseguir así su respaldo pasivo o activo al plan.

El nuevo enfoque que se hace del control de la inflación se aproxima mucho mas al tipo de estrategia anti-inflacionaria que tuvo el gobierno sandinista que a la planteada en el programa económico original de la UNO y a la aplicada en su primer año de gobierno, y que se basaba en la creencia de que la estabilización se iba a dar por el funcionamiento libre del mercado y con el acceso a la información.

Las semejanzas con la política económica sandinista se dan tanto en el tipo y forma de aplicación del plan, como en la retórica que acompañó la explicación de las medidas. Al igual que en los planes de estabilización sandinista, se logro un impacto "shock" sobre la economía con la maxi-devaluación del córdoba. Esto redujo masivamente el valor real del dinero que estaba en manos de la población y provoco una aguda iliquidez que freno bruscamente la inflación.

Por otra parte, la retórica del Plan Lacayo tuvo como ejes el ataque a la especulación con los precios y la necesidad de unidad nacional alrededor del plan como única alternativa de salvación económica para el país. Son los mismos ejes que el sandinismo empleo en sus planes de estabilización . El ex-ministro de planificación del gobierno sandinista manifestó su total acuerdo con el diseño del plan señalando que su única preocupación era el monto de los recursos externos disponibles para respaldarlo.

En síntesis, la receta "ortodoxa" del libre mercado propugnada por el Plan Mayorga durante el primer año de gestión del gobierno de la UNO ha dado paso a la versión "heterodoxa" del Plan Lacayo, basada en una fuerte intervención estatal en la regulación de precios y en la concertación con la cúpula sandinista. Sin embargo, hay también elementos de continuidad entre los dos planes implementados por el gobierno de la UNO. Los ejes clave siguen siendo por un lado, el control de las fuentes monetarias de la inflación y por otro el sesgo exportador que se le imprime a la estructura de precios. Ambos ejes si están enmarcados en la ortodoxia monetarista y reflejan la confianza en la magia del mercado para resolver los problemas económicos.

El control de las fuentes monetarias de la inflación consiste básicamente en suprimir la emisión inorgánica de moneda nacional para financiar el déficit fiscal y el déficit del sistema bancario nacional. La estrategia para controlar el "agua sucia" - como le llamo Lacayo a la emisión inorgánica - guarda mucha similitud con la del Plan Mayorga y la de los planes sandinistas.

En primer lugar, se esta recortando nuevamente el gasto publico. Este recorte se ha dado principalmente a través del impacto que tuvo la maxi-devaluación sobre los salarios de los empleados públicos. Paralelamente, el gobierno ha desarrollado una agresiva campaña para que los empleados públicos renuncien a sus puestos de trabajo incorporándose al Plan de Reconversión Ocupacional, destinado a recortar el tamaño del sector publico, cuyas instituciones mas importantes son las que prestan servicios de salud y educación.

En segundo lugar, nuevamente se imponen restricciones fuertes para el acceso al crédito bancario. Esta vez las principales restricciones son los nuevos requisitos legales para poder ser sujeto de crédito y las todavía mas altas tasas de interés bancario - las mas altas de Centroamérica -. A la par, el sistema bancario ha realizado intensas campañas publicitarias para captar el dinero en manos de la población a través de planes de ahorro que ofrecen ganancias altas a cortísimo plazo, un mecanismo ya utilizado en los planes anteriores. El objetivo es doble: captar liquidez y recuperar la capacidad de intermediación financiera.


La lógica de la contracción del gasto público y del crédito bancario es "desinflar" el mercado interno. El efecto recesivo que estas medidas han tenido sobre la producción nacional se ha tratado de compensar con un fuerte estímulo a las exportaciones a través de la modificación de la estructura de precios. La maxi-devaluación del 3 de marzo pretendió, al igual que las anteriores, abaratar los precios de la mano de obra e incrementar los precios en moneda nacional de las exportaciones. De esta misma manera se ha conseguido en los últimos años aumentar la rentabilidad de las exportaciones.

El sesgo pro-exportador del Plan Lacayo y de todos los planes anteriores responde a la concepción dominante del FMI y del Banco Mundial sobre el modelo de desarrollo mas adecuado para Centroamérica y el Caribe.

El significado concreto que este modelo tiene para Nicaragua es que el eje de su reactivación económica tiene que ser el sector agroexportador tradicional, apoyado por la diversificación hacia otras exportaciones agrícolas no-tradicionales, así como por la inversión extranjera en maquila industrial y en la explotación de pesca, madera y minas. La condición necesaria para conseguir poner en marcha este modelo es la privatización del sector estatal agroexportador y la apertura a la inversión extranjera. En otras palabras, se trata de ofrecer mano de obra barata en condiciones ventajosas y estables para que los capitales nacionales repatríen sus recursos y para atraer al capital extranjero.


Según Lacayo, la diferencia clave entre las posibilidades de éxito de este plan en relación al fracaso de los anteriores, reside en que esta vez el gobierno si dispone de los recursos externos para respaldarlo. A esto es a lo que Lacayo llama el "agua limpia", que proviene mayormente de la asistencia financiera del gobierno de Estados Unidos. El "agua limpia" es supuestamente suficiente para financiar este el déficit fiscal, los créditos bancarios y las importaciones. De ahí el optimismo de los funcionarios del gobierno acerca de los resultados del plan.

Los éxitos relativos de los primeros 100 días

El gobierno proclamó el éxito del plan de estabilización al lograr por primera vez en muchos años una tasa de inflación negativa de -6.7% en el mes de mayo, según sus propias estadísticas. Independientemente del intenso debate nacional sobre la manipulación de las cifras que ha venido haciendo el gobierno, el hecho real es que todas las fuentes coinciden en que la inflación ha dado muestras de reducir su ritmo después del impacto de la maxi-devaluación en marzo, tal y como se muestra en el Cuadro 1.

Cuadro 1


Sin embargo, la desaceleración brusca de la inflación en mayo solo fue posible por una intervención directa del gobierno sobre precios claves de alimentos y combustibles. La intervención fue forzada por las fuertes presiones inflacionarias registradas en abril, cuando el gobierno esperaba una tasa de inflación del 5% y, de acuerdo a sus propias cifras, la tasa se cuadriplico alcanzando el 20%.

Las presiones inflacionarias de abril se originan en factores estacionales de la producción de alimentos y en la estructura de producción y distribución existente en la economía nacional. En el Cuadro 2 se intenta caracterizar dicha estructura, clasificando los precios de los bienes y servicios de la canasta básico en tres grupos: 1) competitivos, 2) no-competitivos privados, y 3) no-competitivos estatales.

Los precios competitivos corresponden a aquellos bienes y servicios que son producidos y comercializados por un gran número de pequeños productores y/o comerciantes, mientras los no-competitivos, tanto privados como estatales, corresponden a bienes y servicios que son producidos por un grupo reducido de empresas relativamente grandes (oligopolios). Los competitivos son productos como tortillas, frijoles, queso, plátanos, tomates, pan, etc., mientras que los no-competitivos son productos como huevos, leche, carne de res, jabón, etc., y servicios como energía eléctrica y agua potable. Se incluyeron en el grupo de los no-competitivos estatales aquellos productos en los que el gobierno recurrió a importaciones y/o donaciones alimentarias. Es el caso de la carne de pollo, aceite, arroz y leche integra.

Cuadro 2


El comportamiento de los tres tipos de precios del Cuadro 2 muestra claramente que son los productos pertenecientes al grupo de no-competitivos estatales los que crecen menos, registrando una fuerte reducción entre abril y junio. Esto refleja que el Estado esta sacrificando la rentabilidad de sus empresas y utilizando sus recursos externos para bajar precios.

En cambio, los no-competitivos privados se disparan en abril y crecen casi en la misma magnitud que la maxi-devaluación, a pesar de que sus costos de mano de obra fueron sensiblemente disminuidos. Esto muestra que la lógica inicial de los oligopolios privados fue aprovechar la devaluación para elevar su tasa de ganancia. Sin embargo, el impacto de la recesión y de la importación masiva de productos por la cadena comercial estatal, los forzó a bajar sus precios. Por ejemplo, el precio de la pelota de jabón de lavar había subido en abril exactamente un 400%, igual que la maxi-devaluación. En junio, su precio había bajado de forma tal que su incremento respecto al precio que tenía antes de la maxi-devaluación es de un 300%.


Por otra parte, los precios competitivos han estado afectados por el factor de estacionalidad del ciclo agrícola, ya que productos perecederos como cebollas, tomates, plátanos, suben de precio por la escasez que tradicionalmente se presenta en esta época del año. Esto hace que el incremento de precios aparezca inflado, ya que si sacáramos del promedio a los perecederos, el incremento de los precios competitivos seria hasta junio de únicamente 255%. En realidad, estos precios han sido reducidos a costa de la descapitalizacion de miles de unidades familiares de producción y comercialización, como se vera después al hablar de la economía urbana.


Sin embargo, el relativo control de la inflación y la intervención directa del Estado en los precios de la canasta básico no han frenado el deterioro acelerado de los salarios, a pesar del discurso oficial sobre la "neutralidad distributiva" del plan. Los salarios han permanecido prácticamente "congelados" desde el reajuste inmediato que siguió a la maxi-devaluación y su poder adquisitivo, medido en términos de su capacidad de cobertura de la canasta básico, se redujo en mas de un 20% en relación a febrero, según los datos oficiales.

Cuadro 3


La repercusión inmediata que ha tenido esta reducción en los asalariados ha sido la reestructuración de su consumo hacia aquellos alimentos y servicios "superbásicos", disminuyendo drásticamente su nivel de vida y "abaratando" los costos de su reproducción.

Por otro lado, el costo de la intervención estatal para regular los precios de la canasta básico se esta reflejando en un incremento considerable de las transferencias de recursos del gobierno central hacia sus empresas, como son la cadena de supermercados o instituciones de servicios básicos como INE. En el Cuadro 4 se aprecia que las transferencias han pasado a representar casi el 40% de los gastos del gobierno, llegando a tener en mayo un monto mayor a los 13 millones de dólares.

Cuadro 4


El alto costo de la política de regulación de precios es a su vez uno de los factores determinantes del ensanchamiento del déficit fiscal después de las medidas del 3 de marzo. Uno de los objetivos principales del plan de estabilización era precisamente reducir a cero el déficit fiscal para lograr que el aparato estatal se autofinanciara. Sin embargo, esto no ha sido posible porque además de los altos costos de la intervención estatal para regular precios, el gobierno ha tenido una caída significativa de sus ingresos. En el Cuadro 5 se muestra que los ingresos del gobierno en mayo apenas alcanzan para cubrir dos tercios de sus gastos.

Cuadro 5


La caída de los ingresos fiscales es el resultado de la contracción de la actividad económica que ha provocado el mismo paquete de estabilización , pues los ingresos del gobierno dependen fundamentalmente de los impuestos indirectos sobre consumo y producción. En 1990, la recaudación obtenida por estos impuestos represento casi la mitad de los ingresos totales del gobierno. Adicionalmente, el gobierno en su afán de "desinflar" la economía elimino el impuesto sobre los derivados del petróleo, cuya recaudación represento en 1990 la décima parte de sus ingresos fiscales.

La reducción de impuestos a los combustibles y a una gran cantidad de bienes importados, ha redistribuido recursos a favor de las capas medias y en detrimento de las finanzas publicas y de los servicios públicos básicos de salud y educación. Los signos mas sobresalientes del deterioro de estos servicios han sido el agudo desabastecimiento de medicinas y de instrumental médico en la red de hospitales y centros de salud del país y la falta de materiales y mantenimiento mínimo del sistema educativo nacional.

El ensanchamiento del déficit fiscal como resultado de esta caída en los ingresos y el aumento que mencionábamos antes de los gastos, ha obligado al gobierno a utilizar una proporción considerable de la ayuda norteamericana para poder financiar el déficit . El monto mensual promedio del déficit es de 12 millones de dólares aproximadamente y ha sido financiado en su totalidad por donaciones externas.

Los fondos de contrapartida generados por los recursos donados por la AID para importar petróleo son los que han jugado el rol clave, el mismo que tuvieron los generados por el petróleo soviético durante el gobierno sandinista. El monto de los "petrocórdobas" ha representado mas del 60% del total de recursos donados que han sido utilizados para financiar el déficit fiscal. Además, la ayuda norteamericana (AID PL-480) ha sido decisiva para abastecer con alimentos básicos a la red comercial estatal y sus fondos de contrapartida han sido utilizados también para financiar el déficit fiscal. Este mecanismo también fue utilizado por el gobierno sandinista con la ayuda alimentaria que donaban los países de Europa Oriental y Occidental.

Por ultimo, los fondos de AID están financiando el programa de conversión ocupacional para reducir el tamaño del Estado, mientras que el gobierno sandinista tuvo que recurrir a sus propios recursos para dar una pequeña compensación a sus "compactados". Dicho programa consiste básicamente en ofrecerle una cantidad relativamente atractiva de 2 mil dólares a los empleados públicos que renuncien "voluntariamente" a su puesto de trabajo. El ofrecimiento es atractivo porque el salario promedio de un empleado publico en mayo era de 75 dólares. Esto explica el éxito del programa, que hasta ahora ha incorporado a 9 mil empleados públicos de una meta total de 20 mil.

El "éxito " relativo del programa de conversión esta afectando seriamente la capacidad del aparato estatal para prestar sus servicios. Los trabajadores mas calificados son generalmente los que se acogen mas rápido al plan porque tienen otras posibilidades de empleo. El resultado ha sido un descenso significativo de la calidad de los servicios públicos, especialmente en instituciones claves como las del sector salud.

En resumen, el gobierno esta utilizando los recursos externos para subsidiar precios claves de productos y servicios básicos y para compensar la caída de sus ingresos por los efectos recesivos de su misma política de estabilización. También los esta utilizando para financiar el recorte del aparato estatal. De esta manera ha evitado la emisión inorgánica de moneda nacional para financiar el presupuesto estatal. En consecuencia, aunque ha sido incapaz de eliminar el déficit fiscal si ha logrado "esterilizar" con "agua limpia" (financiamiento norteamericano) la fuente monetaria de la inflación. La otra fuente monetaria de inflación que el Plan Lacayo se proponía eliminar era el déficit financiero. Durante los primeros 60 días del plan, el gobierno aplico una fuerte contracción del financiamiento del Banco Central al Sistema Bancario Nacional, cuyos créditos son vitales para las actividades agropecuarias, industriales y comerciales. En realidad, durante marzo y abril el Banco Central recibió mas recursos del Sistema Bancario Nacional por pago de deudas que los que le entrego para nuevos créditos, como muestra el Cuadro 6.

Cuadro 6


La clave de este flujo negativo de recursos esta en el comportamiento del financiamiento agropecuario, alrededor del cual giran mas del 70% de las actividades bancarias. El Sistema Bancario Nacional recupera tradicionalmente los créditos de agroexportación en esta época del y al mismo tiempo inicia las nuevas habilitaciones para la siembra de granos básicos, agroexportación y ganadería. Este sucedió que las recuperaciones se dieron normalmente, pero los nuevos créditos se mantuvieron contraídos hasta mayo. Es decir, que el gobierno opto por restringir y demorar la entrega de crédito mientras el efecto "shock" de las medidas de estabilización hacia efecto.

Fue a partir de mayo que las restricciones empezaron a flexibilizarse y se recurrió otra vez a los recursos externos para financiar la transferencia de recursos del Banco Central al Sistema Bancario Nacional. La opción de restringir el crédito agropecuario en una etapa crucial del tiene un costo muy alto e innecesario para el país. Según datos oficiales de la primera quincena de junio, el área agrícola habilitada con financiamiento bancario es algo mas de la mitad de lo que fue el pasado a la misma fecha. Esto significa que habrá recesión en la producción nacional de alimentos básicos, con la consiguiente descapitalización y desempleo del campesinado. También quiere decir que se profundizara la dependencia de ayuda alimentaria norteamericana para poder alimentar al país, cuando el país - apoyando la producción nacional - podría lograr la autosuficiencia alimentaria.

La contracción del crédito agrícola también esta influida por los requisitos legales adicionales que se están exigiendo para tener acceso al crédito bancario y por la decisión de mantener indexado al dólar el valor de los créditos. Ambos factores han afectado especialmente el acceso al crédito del campesinado, que enfrenta problemas legales en cuanto a la tenencia de la tierra y que no quiere correr el riesgo que otra maxi-devaluación lo deje endeudado con el banco.

Por otro lado, el gobierno también implemento la política de ofrecer intereses muy altos para estimular a las empresas y a la población a depositar dinero en el Sistema Bancario Nacional, logrando casi duplicar los depósitos a plazo fijo e incrementar en mas del 20% el dinero en cuentas corrientes en los primeros dos meses del plan. De esta manera, se le resto liquidez a la economía y el Sistema Bancario Nacional redujo su demanda de crédito del Banco Central.

En síntesis, la combinación de contraer el crédito y de atraer ahorro le permitió al gobierno restarle liquidez a la economía y apoyar el efecto "shock" de las otras medidas. Una vez conseguido este objetivo, se "aflojo" relativamente el crédito para evitar una recesión todavía mayor de la producción nacional, mediante créditos del Banco Central al Sistema Bancario Nacional que estaban respaldados por recursos externos. Estos recursos externos provienen también del financiamiento de la AID para respaldar el programa de estabilización . El gobierno ha sostenido que dispone de suficientes recursos externos para su plan de estabilización durante 1991. El cálculo oficial se fundamenta en que el déficit externo de la economía nicaragüense (exportaciones menos importaciones básicamente), va a ser de aproximadamente 437 millones de dólares, mientras que los recursos externos ya asegurados para respaldar el plan llegan a 433 millones de dólares.

En realidad, el balance es tenso y se podría complicar más por la aguda dependencia de importaciones que el mismo gobierno ha promovido en el marco de su política anti-inflacionaria. Un signo concreto que apunta en esta dirección es que el promedio mensual de importaciones en el período enero-abril fue de 76 millones de dólares, lo que daría un monto aproximado de 915 millones de dólares para todo el . Este monto es muy superior a la estimación de importaciones del gobierno, cuyo valor es de 778 millones de dólares.

Los limitados recursos externos disponibles para el plan provienen principalmente de Estados Unidos, cuya ayuda representa dos tercios del total. El tercio restante se los distribuyen en partes iguales Europa (principalmente Italia y los países nórdicos) y Taiwan. Asimismo, tres cuartas partes de las deudas pendientes con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo fueron pagadas con donaciones norteamericanas (75%) y lo restante con donaciones de Suecia y Holanda. El pago de estas deudas permite que Nicaragua pueda ser otra vez sujeto de crédito de ambas instituciones.

La lógica de esta asignación de recursos por parte del gobierno de Estados Unidos es apoyar la reinserción de Nicaragua en 1992 en el proceso "normal" de acceso a recursos externos que siguen los países pobres del Tercer Mundo, y abandonar el tratamiento "excepcional" que por circunstancias políticas ha tenido el país. La "normalización" de Nicaragua significa que el gobierno recibirá ayuda externa en la medida en que se sujete a las pautas de política económica del FMI y el Banco Mundial, tal y como tienen que hacerlo la gran mayoría de países pobres del Tercer Mundo desde la crisis de la década de los 80.

La reinserción de Nicaragua en el sistema crediticio internacional significa también que el gobierno dejara de recibir el mismo monto de ayuda concesional de parte de Estados Unidos, cuyos aportes serán menores y ligados a proyectos específicos, en vez de estar orientados al respaldo del plan económico global. Esto quiere decir, por ultimo, que el impacto negativo de la disminución de la ayuda externa solo puede ser compensado con una rápida y vigorosa reactivación económica del país. El problema estriba en que el impacto del plan de estabilización esta dañando las posibilidades futuras de reactivación económica y profundizando la dependencia de ayuda externa.

El costo de este tipo de estabilización es la desnacionalización de la economía: sus sectores productivos, tanto en la ciudad como en el campo, no pueden enfrentarse a la avalancha de importaciones de productos manufacturados y de donaciones de alimentos. El ritmo acelerado de descapitalizacion y quiebra de los sectores productivos nacionales tampoco tiene ni tendrá como contrapartida el esperado y rápido crecimiento de las inversiones nacionales y extranjeras para desarrollar el sector exportador. El resultado es una agudización del desempleo, que alcanza ya al 45% de la población económicamente activa, de acuerdo a los datos oficiales, lo que se ha traducido en un aumento de la delincuencia y en un éxodo mayor hacia Estados Unidos.

Las dificultades de reactivación del sector exportador están vinculadas a factores estructurales que afectan a la agroexportación tradicional y a la falta de "atractivo" de Nicaragua para la inversión extranjera en maquila (zona franca) industrial y recursos naturales. Los factores estructurales que afectan a la agroexportación tradicional son por un lado, la caída de los precios internacionales del algodón y del azúcar desde la década de los 80 y por otro lado, el lento proceso de maduración de las inversiones en café y ganado, que requieren por lo menos de 5 años para dar resultados tangibles. La falta de "atractivo" de Nicaragua para la inversión extranjera radica en la existencia de un movimiento sindical relativamente fuerte y en el control sandinista del aparato represivo - policía y ejército -.

Ambos factores hacen que Nicaragua sea menos "competitiva" que otros países de la región que también ofrecen mano de obra barata a los inversionistas extranjeros pero con mínimos niveles de sindicalización y un aparato represivo al servicio del capital.

La recesión económica esta afectando en forma diferenciada a los diferentes sectores sociales y productivos del país, originándose así un proceso acelerado de concentración del capital a costa de la economía popular, tanto en la ciudad como en el campo. En realidad, el tipo de plan de estabilización a que la economía nicaragüense esta siendo sometida genera de hecho un profundo reajuste estructural. Resulta falso creer que se puede apoyar el plan de estabilización como algo "neutral" y en beneficio del interés nacional de frenar la inflación.

En la ciudad, los pequeños comerciantes han sido duramente afectados por la contracción del poder adquisitivo de la población y por el acelerado crecimiento del sector comercial empresarial, que es favorecido por créditos y contratos del gobierno. Los artesanos y pequeños industriales han sido los más afectados en la recesión de la producción industrial manufacturera, ya que no disponen del mínimo capital de trabajo para producir y no pueden competir con la avalancha de productos importados. Ambos sectores populares emplean a mas de la mitad de la población urbana, que no tiene otra alternativa de empleo ni a corto ni a mediano plazo.

En el campo, hay un proceso de reconcentración de la propiedad agraria, del crédito y de la intermediación de los productos agrícolas a favor de la burguesía agroexportadora, especialmente ganaderos y cafetaleros. Los campesinos beneficiarios de la reforma agraria se encuentran endeudados y, al igual que el resto del campesinado, están enfrentando fuertes restricciones para acceder al crédito . La situación es mas difícil para el campesinado del Pacifico y de las zonas del interior seco del país por su gran dependencia del crédito , mientras que en el interior del país se esta dando una lenta reactivación de la producción campesina de frontera agrícola con la vuelta de los campesinos desplazados por la guerra.

Finalmente, los asalariados de la ciudad y el campo no solo han perdido poder adquisitivo en sus salarios sino que también ha habido una drástica reducción de los puestos de trabajo disponibles. La recesión golpea particularmente el empleo en el Occidente del país por la contracción algodón era y en Managua, por la reducción del sector publico y la contracción en la industria manufacturera.

El impacto del Plan Lacayo en la ciudad: recesión y concentración de riqueza en la economía urbana

La economía urbana es el talón de Aquiles de la formula económica central del Gobierno de Violeta Chamorro. Es el epicentro de la recesión económica que amenaza su programa de reactivación y la estabilidad económica a mediano plazo. La lógica anunciada del Plan Lacayo es "Estabilización monetaria a cualquier costo hoy, reactivación económica mañana." Es mas que evidente que la hiperinflación es un mal económico y que el Plan Lacayo ha logrado un éxito en frenarla en sus primeros cien días. Lo que no queda claro es como el logro de las metas anti-inflacionarias garantiza la reactivación económica. El costo de Plan Lacayo ha sido el incremento de la recesión industrial-urbana y el eslabón entre el éxito monetario y la salida de la recesión parece estar perdido.

El frenazo de la inflación ha sido acompañado por un traspaso del excedente económico desde el sector productivo hacia el sector comercial. La restricción de la demanda induce mas recesión y se cubre la falta de oferta nacional con importaciones utilizando las abundantes divisas líquidas de ayuda externa, al igual que esa ayuda encubre el persistente déficit fiscal.

Es desde la ciudad desde donde se percibe más claramente el carácter cortoplacista y desnacionalizante del programa económico. Los primeros resultados del Plan Lacayo en la ciudad no dejan dudas de que el gobierno, en búsqueda de obtener sus metas anti-inflacionarias, esta dispuesto a correr los riesgos de una recesión profunda y a borrar los rasgos fundamentales que la revolución sandinista imprimó en la economía urbana.

A pesar de todos los errores sandinistas de una política económica de subsidios malamente dirigidos con una estructura de precios que catalizaba la especulación y finalmente la hiperinflación, la revolución determino una profunda democratización de la economía urbana. Entre 1980 y 1983, hubo una expansión importante de la pequeña y mediana industria nacional, logro que no pudo mantenerse con el predominio que también existió de las empresas monopólicas y oligopólicas del sector industrial.


Quizás mas importante aun, en términos de redistribución del ingreso, fue la creación de casi 100 mil nuevos microempresarios con el "boom" del Sector Informal Urbano. Aunque el debilitamiento del Estado sandinista a partir de 1985 y los programas de estabilización y ajuste desde 1988 minaron esa democracia económica urbana, el sandinismo nunca logro subyugar la economía informal urbana a los dictados del Estado y del Sector Formal Empresarial.

En un callejón sin salida

Los conflictos sobre los decretos 85 y 86 y los intentos de revertir la reforma urbana son apenas la punta del iceberg. Lo que le tocara enfrentar a la economía urbana es mucho mas grave, es un ataque que viene con la fuerza con la que vino el ajuste al estilo Pinochet en Chile, productiva y de la oferta urbana en su conjunto, con altos niveles de desempleo, con cambios bruscos de los patrones de consumo y con incrementos de extrema pobreza para las masas urbanas.

A diferencia del ajuste de Pinochet, no hay ningún contrabalance productivo nacional al monetarismo del programa de estabilización . No se espera en Nicaragua el milagro de cuadruplicar las divisas generadas por el sector agroexportador ni las inversiones extranjeras y nacionales -marginales pero complementarias - en nuevas industrias internacionalmente competitivas, como las que hubo en el Chile de Pinochet. La verdad es que el Plan Lacayo carece de una estrategia productiva capaz de llenar el vacío que dejara el fin del flujo de las divisas internacionales de apoyo por la excepcionalidad de la situación. En este aspecto, la ciudad esta menos atendida que el el campo. En el campo, se puede hablar de incoherencias en la estrategia de estimular las exportaciones. En la ciudad, el programa de estabilización mas bien parece conducir nuestra economía hacia un callejón sin salida.

La clave para entender el impacto del programa de estabilización en la economía urbana es, por un lado, la profunda recesión producida en los sectores de la pequeña y mediana industria y el conjunto del sector informal urbano y, por el otro, la concentración de riqueza en las pocas empresas grandes del sector industrial y en los sectores empresariales de comercio y servicios, con la consecuente desnacionalización de la economía. La tendencia es un rápido desplazamiento de las empresas pequeñas del espacio económico, espacio ya achicado por la restricción de la demanda, y la reocupación - y reconcentración - de ese espacio reducido por los empresarios capitalistas. Sin garantizar nuevas fuentes de oferta de bienes y servicios, los costos en términos de destrucción de la capacidad productiva urbana pesan mucho mas que los beneficios. El Plan Lacayo abre un abismo entre los empresarios y la economía urbana popular.

El sector industrial: ¿reactivación o recesión?

La fórmula de bajar los salarios y de abrir las fronteras

El Ministro Lacayo ha proclamado el éxito del plan en reactivar la industria. El Ministro de Finanzas y otros representantes del gobierno utilizan siempre los mismos ejemplos del aumento de producción en la Coca-Cola y en las aceiteras. Aunque pudieran haber incluido también en su propaganda a las empresas tabacaleras, a las cerveceras y a las licoreras - que se reactivaron también - no lo hicieron por razones obvias.

El hecho de que el Plan Lacayo haya producido buenos efectos en una docena de empresas y la propaganda gubernamental sobre este hecho esconde la verdad de la continuación y empeoramiento de la recesión industrial en el conjunto del sector. Desde 1986, el empleo generado en el sector industrial ha bajado un 40%. Solo en 3 s, entre 1988 y 1990, la producción del sector industrial bajo en un 29.4%. Con semejante crisis, cuesta creer la propaganda gubernamental de que el plan de estabilización haya hecho un milagro en menos de 3 meses. Durante los últimos 4 s, todos los programas de estabilización y ajuste han partido del juicio de que "no hay nada que hacer con el sector industrial, no es reconvertible." Lo sucedido en 1990 y los primeros indicios del 1991 indican que el nuevo gobierno no plantea una reactivación del sector industrial sino que seguirá olvidándolo, a la espera del milagro de la inversión extranjera.

No faltan expertos que intentan justificar el Plan Lacayo en términos de sus efectos positivos sobre nuestra industria, pero los efectos de una necesaria devaluación no deben confundirse ni pueden sustituir el trabajo practico entre el gobierno y los agentes económicos a nivel subsectorial e incluso a nivel de empresa, trabajo que se requiere para reactivar la industria nacional desatendida durante tantos s.

Según los economistas del gobierno, el éxito del Plan Lacayo en la supuesta reactivación industrial reside en 3 factores:

- En primer lugar, la devaluación del córdoba y la rvalorización del dólar ha mejorado la competitividad y las posibilidades de la industria nacional. La política de Plan Mayorga de sobrevaluar ficticiamente el córdoba oro llenaba el Mercado Oriental con ropa salvadoreña y las esquinas de las ciudades con cocacolas hondureñas mientras que la industria nacional de bebidas gaseosas y de textiles entraba en recesión. Por un lado, la política del córdoba oro no solo permitía que los buhoneros compraran un dólar devaluado a 50 centavos en las casas de cambio para traer un dólar de Coca-Cola. Por otro lado, la misma política encarecía artificialmente los costos de la industria nacional, porque la industria tenía que cancelar sus créditos al gobierno para insumos importados en córdobas sobrevaluados, lo que significo que pagaba mas de un dólar por cada dólar de insumos importados. Según el gobierno, la devaluación ha bajado los costos de producción en la industria y esto significa mas producción y menos inflación. El gobierno arguye que las empresas industriales no multiplicaron por 5 los precios de sus productos sino que aumentaron sus precios en un 20% menos que la devaluación, lo que probaría que el Plan Lacayo hace nuestra producción industrial mas competitiva frente a los productos industriales de otros países.

- En segundo lugar, el gobierno alaba los beneficios de bajar los salarios porque los costos de mano de obra como componente de los costos totales de las empresas han bajado, y eso mejoraría las ganancias estimulando a la industria.

- En tercer lugar, la maxi-devaluación del córdoba habría sido tan positiva que el Plan Lacayo ha podido reducir significativamente la protección arancelaria de la industria nacional y abrir nuestra industria a la competencia extranjera. Los niveles de protección de la industria nacional se redujeron en aproximadamente un 60% con respecto a 1990. El argumento del gobierno es el siguiente: la eliminación de mas aranceles no solo baja los precios a consumidor de los productos importados sino que obliga a nuestra industria a ser mas competitiva, además de estimular la inversión extranjera, atraída tanto por la apertura de nuestras fronteras como por los bajos salarios. La lógica monetarista de los que pregonan los éxitos del Plan Lacayo parece impecable, pero el pelo en la sopa es la incrementada recesión industrial.

El siguiente cuadro ilustra la recesión industrial en las empresas con mas de 60 obreros, que es el segmento del sector que más ha podido sortear los efectos del Plan Lacayo.

Cuadro 7


Como se puede observar en el cuadro, en vez de reactivar la industria grande, el Plan Lacayo ha producido mas recesión, con un decrecimiento global de un -8.3%. Incluso en los primeros dos meses de 1991, antes del anuncio del plan, la industria había evolucionado satisfactoriamente, creciendo a una tasa de un 4.8% por encima de lo que lo hizo en 1990.

El sector industrial: recesión profundizada excepto para los que tragan más pinol

El gobierno no miente cuando propagandiza la evolución positiva de algunas empresas, pero la verdad es que el Plan Lacayo ha tenido un impacto muy desigual en el sector industrial. Solo hay reactivación en las empresas mas grandes y solo en ciertos tipos de empresas grandes. Sin tomar en cuenta el impacto del plan sobre la pequeña y mediana industria, donde la recesión ha sido mas pronunciada que en la gran industria, en el Cuadro 7 se puede apreciar el avance del proceso de concentración de riqueza (reactivación de algunos pocos y recesión de la mayoría) aun dentro del sector de la gran industria.

En el cuadro se analizan cuatro tipos de industria según el tipo de necesidades que satisfacen. En primer lugar, están las industrias fiscales de ron, cerveza, tabaco y gaseosas, que no satisfacen las necesidades básicas del pueblo pero si las del Estado para financiarse. Mas de un 60% de los ingresos fiscales proviene de este tipo de industria, básicamente por los impuestos cobrados al pueblo sobre las ventas. El segundo tipo de empresa, de bienes básicos, atiende a las necesidades esenciales del pueblo: aceite, jabón, la industria vestuaria de camisetas, pantalones, calzoncillos, camisolas, azulones, la industria del cuero en la producción de calzado, industrias de alimentos variados como el café molido, el pinolillo y el pinol y la industria que abastece a la construcción.
El tercer tipo de industria es el de las que producen bienes no básicos, a veces llamados bienes incentivos, como los embutidos, cierta producción para los vehículos, como acumuladores para autos y motos, la metal-mecánica etc.

El cuarto tipo es la industria con posibilidades de exportación como la INCA, con varillas y alambre, la Penwalt, con cloro y soda cáustica, las galletas finas de Nabisco, el ron de
exportación y las cajas de cartón para banano.


Cuadro 8


Como se puede ver en el cuadro, solo las industrias del tipo fiscal se han reactivado bajo el Plan Lacayo con respecto a los mismos meses del anterior. Su crecimiento fue de un 4.7%. Esta es la razón del entusiasmo del gobierno con la reactivación industrial: el fisco ha sido casi el único ganador de la evolución industrial.

Por otro lado, los tipos de empresas que atienden a las necesidades básicas del pueblo muestran una recesión en su producción de un -16%. Son el segmento de la industria que ha sido mas afectado por el Plan Lacayo. Las industrias que producen bienes no tan básicos revelan un descenso en su valor bruto de producción de un -5.8%. Las industrias de exportación se mantuvieron estancadas con un crecimiento de menos de un 0.1%, lo que no significa ni un aumento de 100 mil dólares en nuestras exportaciones. ¿Cómo se explica este impacto tan desigual del Plan Lacayo en el sector industrial?

Reducción y cambio de los patrones de consumo y falta de competividad de la industria nacional

La causa principal que explica el éxito de la industria fiscal y la recesión profundizada en las industrias de producción básico y no básico es la combinación de la reducción de la demanda del pueblo empobrecido y la falta de competitividad de nuestra industria nacional ante la eliminación de la protección arancelaria.

Con la reducción de los salarios y la reducción de los ingresos del Sector Informal Urbano, el pueblo no tiene dinero para comprar otra cosa que lo superbásico. Esto induce recesión en el resto del sector industrial. Lo superbásico para el pueblo post-Plan Lacayo no incluye muchos productos industriales fuera del aceite, el azúcar, el jabón, y los "productos fiscales" que, aunque no son superbásicos, son un hábito y una necesidad cultural muy enraizada. La mayoría del pueblo no tiene suficiente plata para satisfacer sus necesidades de ropa, de alimentos variados - como café molido o pinolillo -, y mucho menos de adquirir los bienes incentivos - como embutidos - o de mejorar su vivienda. Se detecta incluso una reducción significativa en el consumo de azúcar.

Esta reducción del poder de compra, junto con la baja competitividad de nuestra industria vestuaria y de calzado y la fuerte reducción de la protección arancelaria, explica la recesión en una amplia gama de nuestra industria nacional. El problema no es nuevo. La reducción del poder de compra que se viene dando desde 1986 y la carencia de un programa para mejorar la competitividad de la industria nacional han sido las causas de la crisis de nuestra industria. En este sentido, el Plan Lacayo es tan solo más de una misma medicina, que parece matar en vez de curar al concentrar nuestra actividad industrial sobre cada vez un menor numero de industrias.

Existe una segunda causa de la recesión industrial. El Plan Lacayo, con su política de control de los precios superbásicos, agrega un nuevo factor que ha acelerado el cambio de los patrones de consumo popular a favor de los superbásicos y otros productos considerados de primera necesidad, aunque no sean mas que vicios. Se ha dado no solo una reducción de la demanda efectiva en términos cuantitativos sino la reestructuración cualitativa de la demanda, que prioriza los productos superbásicos porque los pobres no pueden costear un paquete de consumo mas amplio.

Nos encontramos con la cruel paradoja de todas las crisis económicas: mientras mas deprimidos están los salarios e ingresos de los pobres, mas aumentan las ventas de pan. Durante el ajuste en Chile, el gobierno de Pinochet controlo los precios del pan y el vino y la población mas pobre se vio obligada a satisfacer sus necesidades con estos dos productos. El Plan Lacayo abre el camino para dos paquetes de consumo bien diferenciados: el "paquete Miami" para las minorías y el "paquete Lacayo" para las mayorías: gallo pinto, tortilla, guaro, cerveza, cigarros y cocacola. Una parte de este paquete se satisface con importaciones de arroz, frijol, maíz, etc., controladas por el Estado y la otra parte se satisface con la oferta de las industrias mas grandes del país a través de los convenios del nivel de precios, con la industria aceitera y con las industrias fiscales de gaseosas, cervezas, ron y cigarros.

Este nuevo paquete de consumo popular prioriza el aceite para el gallo pinto, el azúcar para la Coca-Cola y la Pepsi - que salen a reemplazar la venta de frescos de tantas empresas callejeras, en vías de quiebra -, y el ron y la cerveza, que permiten olvidar el negativo impacto del Plan Lacayo.

Las empresas que se benefician de esta recomposición de la demanda o nuevo patrón del consumo son precisamente las empresas monopólicas u oligopólicas de la industria fiscal, grandes empresas colocadas en los primeros lugares de consumo en la nueva "dieta Lacayo".

La meta anti-inflacionaria: tensiones Estado - industria fiscal

No debe entenderse que existe un pacto feliz entre el gobierno y los empresarios privados y administradores públicos de las industrias fiscales. Al mismo tiempo que se redujo la protección arancelaria, el gobierno fijo los precios de la industria fiscal con un aumento de un 10% en términos reales con respecto a febrero. También subieron las tasas de impuestos indirectos sobre productos de la industria fiscal en un rango entre 9 y 25%, alcanzando los impuestos a la venta un 40% en el caso del ron, un 35% en el caso de la cerveza y un 20% para las gaseosas.

El objetivo central del gobierno era aumentar los ingresos del gobierno. La industria fiscal reacciona diciendo que lo que se dio por aumento del precio a la industria se quito por los nuevos impuestos al publico, porque los nuevos impuestos reducen la demanda efectiva del pueblo. A pesar de la recuperación de los niveles de producción en las industrias fiscales por la concentración sobre su productos de la poca demanda, nacen tensiones entre el Estado y este segmento de la industria. En el fondo de la tensión entre el Estado y la industria fiscal esta por un lado el deseo del Estado de reducir la inflación y financiarse y por el otro, las tasas de ganancias de la industria fiscal. Este problema de las tasas de ganancias y la eficiencia de las empresas monopólicas de la industria fiscal se refleja también en la estructura industrial en su conjunto.

La estructura oligopólica de la industria: tensiones inflacionarias en abril

Son las empresas oligopólica s las que contribuyen mas a la inflación de la canasta básico de 53 productos frente a las otras industrias, que tienen que competir con otras empresas nacionales. La estructura oligopólica y la falta de competencia de estas empresas determina que su precios no se ajusten completamente a las intenciones del paquete monetarista. A pesar de las primeras reacciones optimistas del gobierno afirmando que la industria había ajustado sus precios por debajo de la devaluación del 400%, parece que la gran industria no hizo otra cosa que multiplicarlos por 5. El alza del índice de precios industriales en marzo fue de un 396%. Además, parece que su comportamiento durante el mes de abril ha sido el de buscar mas ganancias a costa de aumentar sus precios. La lógica monetarista que pretendía que uno de los efectos de la devaluación fuera el mejorar la competitividad de nuestra industria queda debilitada por la estructura oligopólica de nuestra industria. Cuando hay reducción de la demanda, la empresa oligopólica puede subir sus precios y mantener su nivel de ganancias, mientras que las industrias competitivas están obligadas a bajar sus precios y a buscar como mejorar su eficiencia, intentando incrementar su oferta a precios mas bajos.

El cuadro 9 muestra la diferencia entre los sectores competitivos y los oligopólicos, que actúan en Nicaragua como empresas monopólicas. El único tipo de producto en el que la gran industria enfrenta la competencia de la mediana y la pequeña industria son productos básicos como la ropa, los zapatos, los alimentos variados, etc. Como se puede apreciar en el cuadro, solo la industria de bienes básicos redujo sus precios en abril en un -9%, mientras que la industria fiscal, la no-básico y la de exportación subieron sus precios en 19%, 9% y 13% respectivamente.

El otro factor que el cuadro revela claramente es la diferencia entre el sector publico y el sector privado. En todas las ramas de producción nacional, la inflación de precios industriales ha sido muy superior en las empresas privadas. La intención del Estado de controlar la inflación a expensas de la rentabilidad de sus empresas se refleja claramente en la industria fiscal. Mientras que el sector publico subió sus precios en un 10%, el sector privado lo hizo en un 26%. Además de vender a precios más altos, las empresas privadas solo aumentaron su producción en un 2%, mientras que las industrias públicas incrementaron su producción en un 8%.

En los bienes básicos, donde la industria grande enfrenta competencia y no puede actuar en forma oligopólica , las empresas públicas bajaron sus precios en un -13%, mientras que las privadas mantuvieron sus precios al mismo nivel de marzo. Este sector de la gran industria tuvo al pueblo como cliente antes del Plan Lacayo y el impacto del declive de la demanda popular registro los más altos niveles de decrecimiento del sector industrial.

En el tipo de industria de bienes no-básicos se ve claramente el fenómeno del comportamiento monopólico. Las empresas privadas incrementaron sus precios en un 19% y redujeron su producción en un - 27%. La industria con mercado monopólico puede protegerse frente a la competencia extranjera y frente a la reducción de la demanda con el sencillo mecanismo de cobrar precios mas altos y producir menos.

Cuadro 9


Los salarios y la estructura de costos del sector industrial nicaragüense

Aunque es cierto - como argumenta el gobierno - que la reducción del costo de la mano de obra beneficia a todos los empresarios y podría estimular alguna reactivación industrial, no tiene mayor impacto en la estructura de costos de la gran industria. Como se puede apreciar en el Cuadro 10, los salarios representan menos de un 10% de los costos en la gran industria. La reducción de los ingresos reales de los asalariados en un 34% durante los primeros 60 días del Plan Lacayo solo significó un cambio de un poco mas de un 1% en la estructura de costos de la industria. Es decir, la participación de los costos de mano de obra en la estructura de gastos de la gran industria es tan mínima que por mas que se
incrementa el sufrimiento de la clase trabajadora poco estímulo se obtiene en el mejoramiento de la tasa de ganancia. Por eso, la alternativa mas facial para las empresas oligopólica s es sencillamente subir sus precios.

Cuadro 10


Como ilustra el cuadro, la participación de la mano de obra en la pequeña y mediana industria es mayor, pero en ellas no pudo tener un impacto positivo por los niveles de descapitalización que estas empresas han sufrido durante los últimos 4 s y por las incrementada competencia de producción extranjera que fluye por la fronteras que el Plan Lacayo ha abierto reduciendo los niveles de protección de la industria nacional. Ser oligopólico significa mas una mala distribución de los recursos productivos que la eficiencia de la gran empresa, sea esta estatal o privada. Mientras que la pequeña y mediana industria, que agregan mas valor al producto final en bien de la economía nacional se descapitalizan, las empresas oligopólicas ocupan cada vez mas espacio en la estructura industrial.

Dada esta estructura monopólica de la gran industria publica, los programas de privatización no van a aumentar significativamente sus niveles de eficiencia. Sin embargo, eso es lo que espera el FMI y presionará sobre este punto en el acuerdo que firmara con el gobierno de Nicaragua en agosto.

Desde 1988 y particularmente durante 1990, la falta de liquidez era uno de los problemas mas serios que afectaba a la mayoría de la industria nacional. Como signo evidente de la intención de reducir la industria en vez de reactivarla, el Plan Lacayo ha hecho aun mas restrictiva que el pasado la política crediticia hacia la industria, estableciendo una tasa de interés de un 18%, en vez de un 15%.

En lugar de una verdadera reactivación del sector industrial, encontramos las mismas tendencias del pasado, la creciente concentración de actividad en las grandes empresas oligopólico s y una recesión incrementada en las otras empresas. Pero parece que este fenómeno no es un error de calculo o el fruto de un desconocimiento del impacto redistributivo de las políticas macroeconómicas dentro del sector industrial, sino que se trata mas bien de algo intencional. El juicio de fondo es igual al de los programas de estabilización iniciados en 1988: "No hay nada que hacer con la industria nacional." El

resultado es su creciente desaparición y la desnacionalización de nuestra economía. Se acepta que el comercio debe desplazar la industria y se esperan sin fundamento inversiones extranjeras en nuevas industrias.

La pequeña y mediana industria: más recesión y más desempleo

Si la recesión afecta tan seriamente a la madera verde de la gran industria, las consecuencias son devastadoras en la madera seca de nuestra pequeña y mediana industria. Aunque no se ha podido medir el impacto inmediato del Plan Lacayo en la pequeña y mediana industria, se mantiene la hipótesis de que ambas han experimentado una recesión mas profunda que la gran industria desde 1984 y particularmente desde 1988. El impacto del Plan Lacayo ha sido mas negativo para estos segmentos de la estructura industrial como muestra el cuadro 11. La pequeña industria emplea casi la mitad de los obreros industriales y la mediana industria otro 10%. Por eso, la recesión mas pronunciada que afecta a estos estratos y que se ve en el cuadro, tiene un impacto mas fuerte en cuanto al desempleo que el deterioro del empleo que se experimenta en la gran
industria.

Cuadro 11


La pequeña industria, especialmente la cooperativizada, en vez de beneficiarse con la devaluación del córdoba, fue descapitalizada por ella. Sus cuentas corrientes en cordobas se vieron disminuidas en un factor de 5. Tanto la mediana como la pequeña producción han sufrido desde antes niveles de descapitalización mas pronunciados que los de la gran industria. El programa de estabilización ha acentuado esa descapitalizacion. En varios casos se detecta un traslado del capital de los pequeños y medianos empresarios de la industria hacia el comercio, donde las tasas de ganancias son varias veces mayores.

La recesión en la pequeña y mediana industria no solo tiene costos sociales altos en términos de creciente desempleo sino que la eliminación de su oferta ejercerá también mas presiones inflacionarias en la economía urbana, una vez que el Estado desista de su intervención en el mercado por el mecanismo de importaciones de bienes extranjeros, reemplazando con ellos la oferta perdida por la recesión en el conjunto del sector industrial.

Parece que este gobierno, al igual que el anterior, no capta o no quiere captar la importancia de la estructura del sector industrial y sus distintas clases sociales. Tanto en la ciudad como en el campo, la estructura económica de nuestro país antes, y aun mas después de 10 años de transformación social, esta bien marcada por la presencia de la producción popular, del artesanado, del campesinado y de la pequeña y mediana producción . Hace falta un plan para reactivar el sector industrial, que requerirá un trabajo mas exigente y de mediano plazo para identificar las fuentes reales de crecimiento económico independiente de la clase social del productor.

El sector comercial: desnacionalización y priorización del buhonero empresarial

Nunca han sido mejores las perspectivas para el comercio empresarial. Es el sector económico priorizado por el gobierno. La inconsecuencia de priorizar el comercio es que, en términos de la base económica, el gobierno se pone en manos de su oposición de derecha, fortaleciendo las posiciones de Godoy y de Alemán y se debilita frente a la presión de Estados Unidos. Una economía desnacionalizada es la base económica que socava la soberanía política.

Esta tendencia empezó en 1990 con el Plan Mayorga. Con el Plan Lacayo, se profundiza la aguda recesión de la industria nacional en líneas de producción que ya no abastecen ni a la canasta supermínima.

La resurrección del gran comercio privado camina por dos vías: el auge de economías de escala comercial mayor y la introducción de líneas de comercio muy especializadas para satisfacer la demanda de los estratos privilegiados de la población.

La primera variante es el reemplazo de los comerciantes pobres que sacaron provecho de las tres monedas y de Choluteca durante 1990, vendiendo mercancías como jabón, ropa y electrodomésticos por nuevos capitales comerciales, como el consorcio OCAL, financiado con dólares de la AID en términos mas blandos que otros. Asimismo, se nota el predominio de un comercio mas formal en el incremento notable de los furgones de El Salvador que llegan al Mercado Oriental. El capital comercial mas pudiente, nacional y extranjero, logra poner estas mercancías a disposición del publico a precios mas bajos que el comerciante pobre a causa de la escala de sus operaciones.

Los que han sido reemplazados son los comerciantes pobres y no la pequeña burguesía buhonera. Las tasas de ganancia siguen altas en el comercio internacional de los buhoneros que tienen posibilidades de viajar a puntos mas lejanos que Honduras o El Salvador, tan altas que la pequeña burguesía buhonera no tiene problemas para adquirir crédito del BANIC en dólares a una tasa del 25% mensual, porque sus ganancias comerciales dentro del período de una semana y media andan por encima del 110-130%, es decir el 250% mensual con dos viajes o encargos. Tanto el gran comercio como el comercio pequeño-burgués están ocupando el espacio dejado por los comerciantes pobres. La descapitalizacion producida por la devaluación y la restricción de la demanda hacen prohibitivos los costos del viaje para un comerciante pobre con su pequeño bulto desde Guatemala, Panamá o Miami, que son los puntos de abastecimiento mas típicos de la pequeña burguesía buhonera.

El gobierno ha eliminado trámites burocráticos y esta facilitando el crédito a la pequeña burguesía comercial para hacer frente a la recesión en muchas ramas de la industria nacional y para garantizar a través de ellos un flujo de importaciones. Mientras que los trámites se incrementan para la inversión productiva, las puertas están abiertas para el comercio. La única razón para este tipo de anomalía es la priorización de la lucha anti- inflacionaria y el miedo del gobierno a que sin este flujo de importaciones se desate otra ola de hiperinflación.

La segunda variante del comercio empresarial es la especialización. Esta variante de reestructuración del comercio formal privado responde a la baja en la demanda agregada y a los cambios en la estructura de esa demanda. Una gran parte del mercado ha desaparecido por el declive de los ingresos de las mayorías populares y de un apreciable sector de las capas medias. Es necesario especializarse para captar el poco dinero que circula. La estrategia caracteriza tanto al gran comercio como a la pequeña burguesía comercial, pero en formas distintas. La pequeña burguesía busca los puntos de escasez momentánea en el mercado.

El gran comercio se acoge a la lógica mas capitalista: en momentos de crisis, invertir en nuevas actividades. Dentro de esta lógica, el gran comercio apunta al mercado mas sofisticado con importaciones de equipos de oficina, electrodomésticos mejores, repuestos de vehículos, etc. respondiendo a los gustos norteamericanizados del nuevo gobierno y de las capas empresariales que están repatriando sus capitales desde Miami. La táctica es lograr un monopolio o casi monopolio sobre estas áreas del mercado por llegar primero y por el mayor dominio de los canales de abastecimiento en el exterior.

Finalmente, hay indicios de que el capital comercial ha empezado a especular con los productos controlados por el Estado. Esta actividad, que era un campo del comercio popular antes de 1988, va pasando a manos de la pequeña burguesía comercial.

El sector de servicios

Los dinamismos en el sector de servicios empresariales son similares a los que se dan en el comercio. Lo que distingue a los dos sectores son los costos de la inversión inicial en maquinaria y tipo de instalaciones. Sin embargo, el paquete de consumo "tipo Miami" esta en plena expansión y existe mucha competencia en ese mercado restringido y especializado. Por ejemplo, hay varios grupos compitiendo por las licencias para ocupar los territorios mas probables para el servicio de televisión por cable que reemplaza a la parabólica privada. Actividades como el revelado de películas, que antes eran servicios monopólicas, enfrentan ahora mucha competencia, lo que ha bajado las ventas de los ex-monopolios, pero no afecta su tasa de ganancia.

Servicios aun mas especializados, como los de radio-teléfono - que ofrecen nuevas líneas de teléfono como alternativa a TELCOR -, ocupan un espacio seguro por los costos de inversión involucrados y están también en expansión. La estrategia de los servicios de menor especialización depende de buscar puntos de venta ventajosos e inversiones para atender a una clientela con poder de compra.

En el resto de 1991 las perspectivas para la economía son de una continuada recesión. El resultado de la imposición de un paquete monetarista tras otro será mas desnacionalización de la economía, recesión mas profunda en la oferta nacional y mas limitaciones para reactivar nuestra economía. La formula actual funciona bien para borrar cualquier forma de competencia productiva popular, para rehacer el mapa productivo de la ciudad a favor de los mas pudientes, pero no para mejorar la situación de la economía
nacional en términos de su reactivación. Con el monetarismo, se puede esperar la consolidación de la clase empresarial urbana. Si estamos esperando otra cosa de este tipo de programa, estamos perdiendo el tiempo. Los resultados iniciales del Plan Lacayo ya lo demuestran.

La economía popular urbana: se aprieta nuevamente la tuerca al SIU

Aunque el Sector Informal Urbano voto mayoritariamente por la UNO, ha sido el sector mas negativamente afectado por el programa de estabilización . La resignación del sector al notable deterioro de sus ingresos a causa del Plan Lacayo es un signo claro de las esperanzas ilusorias que aun mantienen de volver al pasado, a los niveles de consumo que tuvieron antes del ajuste sandinista. Aparte de lo que ocurre con los comerciantes de pollos y de granos básicos del Mercado Oriental - afectados directamente por las estrategias del gobierno de socavar sus ganancias al competir con ellos con importaciones y donaciones - reina la resignación mas que la ira entre los informales urbanos.

El SIU es un termómetro del éxito político del Plan Lacayo. La falta de protesta muestra la aceptación de las mayorías urbanas del plan y de su lógica anunciada: "Estabilización y sufrimiento hoy para reactivación económica y mas consumo mañana". Durante casi tres s el sandinismo predico el mismo mensaje y, en gran parte, es responsable por la pasividad del pueblo frente a los costos sociales y productivos del plan. Lo que existe es un pueblo desarmado ideológicamente frente a los programas monetaristas, especialmente frente a este paquete, que es el primero que cuenta con amplios recursos externos para su realización.

Pero, aunque han venido los dólares y se ha frenado la inflación, el plan no garantiza a los mercaderes del Oriental, a los artesanos y al sector de pequeños servicios la vuelta al pasado feliz. Estabilizar la economía no produce mágicamente, ni en si mismo, una reactivación económica. Mas bien, la recesión urbana producida por el Plan Lacayo lleva en su dinámica un progresivo empobrecimiento de la economía popular urbana.

El efecto inmediato del Plan Lacayo ha sido apretar la tuerca aun mas que el ajuste sandinista de junio/88, que fue el mas dañino para el SIU hasta la llegada del actual paquete. En junio/88, después de dos meses de aplicación de los ajustes, se dio un decrecimiento en la capacidad de cobertura de la canasta básico de un 26%. En los primeros dos meses de su ejecución, el Plan Lacayo ha significado un deterioro de un 46% en la capacidad adquisitiva del SIU, casi el doble del deterioro causado por el plan sandinista.

La restricción sobre los ingresos de las microempresas del SIU ha sido mas amarga por el relativo desahogo que, en la práctica, ocasiono la desarticulación del ajuste económico bajo el Plan Mayorga. La política del córdoba oro y el alza de los salarios que se dio durante el Plan Mayorga significaron un respiro para el SIU, en especial para los sectores comerciales y de servicios, que crecieron positivamente en un 51% y un 27% en su cobertura de la canasta básico. El Plan Mayorga beneficio a los estratos superiores y aumento el proceso de diferenciación social al interior del SIU, en el que las microempresas más acomodadas avanzaron, mientras que las empresas más pobres, particularmente las del subsector productivo, se descapitalizaron.

En cambio, bajo el Plan Lacayo, todos los estratos del SIU han sido afectados por igual, sufriendo una sensible disminución en sus ingresos y en su capacidad de cobertura de la canasta básico. Incluso, después de dos meses del Plan Lacayo, los estratos acomodados parecen haber sufrido un desgaste en sus ingresos levemente mayor que las empresas mas pobres. El cuadro 12 muestra el cambio en los ingresos de los distintos subsectores del SIU y el decrecimiento drástico de su capacidad de cobertura de la canasta básico en abril respecto a febrero.

Cuadro 12


Dentro de los estratos acomodados, el impacto del Plan Lacayo ha sido más negativo para los subsectores de producción y servicios, con una reducción en su poder de compra de mas de un 60%. Dentro de los estratos mas pobres, son los comerciantes pobres los que han sentido mas el efecto de las nuevas medidas, con un deterioro de su cobertura de la canasta básica de un 72%. Los artesanos y los proveedores de servicios más pobres experimentaron menos merma en el poder adquisitivo de los ingresos provenientes de sus actividades, aunque eso se debe a los niveles de ingreso que estaban ya sumamente deprimidos en febrero.

Antes de analizar mas detalladamente los distintos estratos es preciso comparar los ingresos del Sector Informal Urbano en su conjunto con el Sector Formal de la economía urbana.


El SIU: bolsón de miseria y subempleo Subordinado al sector formal de la economía

"Ya no puedo vivir con mi negocio. Busco cualquier pegue asalariado, pero no hay." Frases como esta hubieran parecido una excepción antes de 1988 y aun en 1990. Pero en las encuestas que Nitlapán realizo en mayo para evaluar el impacto del programa de estabilización en el Sector Informal Urbano eran una canción que se repetía. Por primera vez en casi una década, emplearse en el Sector Informal Urbano ya no es tan atractivo como el empleo en el sector formal de la economía urbana.

Los medios de comunicación han dado una gran cobertura a los efectos del Plan Lacayo en la reducción del empleo en el sector publico y a la merma del poder de compra de los asalariados. Estas dos realidades han sido también banderas para la movilización del sandinismo. No obstante, aunque de forma mas desapercibida, la reducción del empleo y de los ingresos han sido mas pronunciadas en el SIU. Según cifras oficiales, la merma en el poder de compra de los asalariados fue de un 34% y el deterioro en el poder de compra en el SIU fue de casi un 50%. Es decir, los asalariados han perdido con el Plan Lacayo, pero el Sector Informal Urbano ha perdido casi un 40% más que ellos.

La brecha entre los ingresos de los trabajadores del SIU y los de los asalariados del Sector Formal ha estado cerrándose desde 1988, pero todavía existía un trecho pequeño en el caso del SIU Popular y mas apreciable en el caso del SIU Acomodado en el mes antes de la implementación del Plan Lacayo. A dos meses del Plan Lacayo, la tortilla se dio vuelta y el poder de compra de los asalariados del Sector Formal supero el del SIU Popular, que es la inmensa mayoría del SIU. Como se ve en el cuadro 13, el poder de compra de los asalariados del Sector Formal fue muy superior al de los asalariados contratados por los microempresarios en febrero y la brecha se ensancho en abril.

Cuadro 13


El gobierno anunció como un logro de su Plan que la cobertura de la canasta básica de los asalariados del Sector Formal había mejorado en el mes de mayo. Con el control de la inflación, el salario medio nacional cubrió en abril un 70% de la canasta básica , en vez de un 63%. Lo que el gobierno dejo de señalar es que el avance del poder de compra de los salarios en el sector formal ha sido en gran parte logrado a costa de los trabajadores del SIU, que pesan mas en la Población Económicamente Activa Urbana que los asalariados del Sector Formal.

El Plan Lacayo esta borrando las estructuras básicas que han caracterizado la economía urbana durante la ultima década, subordinando el SIU al Sector Formal y creando un inmenso ejército de desempleados y subempleados en el SIU. El deterioro mas rápido en el SIU Acomodado sobre el SIU Popular es una clara señal del futuro: un bolsón de miseria en el Sector Informal Urbano con poca diferenciación social y condiciones estructurales de desempleo crónico que facilitaran las ganancias de los empresarios. Con la fuerte restricción de la demanda, el mercado se ha achicado y los que ocupan el espacio que queda son los empresarios.

Incremento del subempleo en el SIU

El SIU actúa como un gran cajón de resonancia del sector formal de la economía. El declive en los ingresos de los 200 mil asalariados produce una disminución casi inmediata en las actividades, empleo e ingresos de los 300 mil microempresarios y trabajadores empleados en el SIU, que al disminuir su capacidad adquisitiva afectan aun mas al SIU en su función de consumidores y demandantes de servicios del mismo. Es un circulo vicioso.

Una de las estrategias básicas del Sector Informal Urbano ha sido la diversificación de sus actividades: el artesano, el rumbero de servicios y los comerciantes agregan a sus actividad principal alguna actividad secundaria. El Plan Lacayo ha empezado a eliminar esa estrategia de resistencia del SIU al ajuste económico y el resultado ha sido un nuevo clima de depresión y de desesperanza, donde se acrecientan las quejas sobre problemas emocionales y de salud, síntomas típicos del desempleo y el subempleo y de una dieta inadecuada.

Según las encuestas de Nitlapán, la capacidad de diversificación de las microempresas que se potenciaron entre 1988 y 1990 se ha agotado y la tendencia creciente es al abandono de las actividades secundarias y en algunos casos hasta de la actividad principal. De las microempresas encuestadas que tenían diversificación en sus actividades, un 80% han eliminado una o mas de sus actividades secundarias. En algunos casos, la actividad que antes era considerada secundaria ha pasado a ser la mayor generadora de ingresos. Por ejemplo, una microempresa familiar de confección de ropa, que tenía como actividad secundaria la venta de gaseosas, ante la poca demanda de los productos que confeccionan, concentro sus actividades e ingresos en la venta de gaseosas, donde la tasa de ganancia es del 80%. En la ropa era de un 25%.

La falta de demanda de los bienes y servicios del SIU y la eliminación de sus actividades ha incrementado en forma significativa los niveles del subempleo en el SIU, como se puede apreciar en el cuadro 14.

Cuadro 14


En el cuadro podemos observar que los niveles de subempleo son mas altos en el SIU Acomodado que en el SIU Popular. Esto se debe, en primer lugar, al lugar de la actividad. Muchas de las actividades del SIU Acomodado están en la propia casa, lo que permite que los trabajadores familiares, especialmente las mujeres, se dediquen a táreas caseras. Particularmente, este es el caso de las pulperías, donde aun en las de mas experiencia hay niveles muy altos de desempleo sin mencionar las pequeñas pulperías cuya rotación de productos ha bajado enormemente.

Por otra parte, muchas de las actividades del SIU Popular se realizan en la calle - en el caso de comerciantes y rumberos de servicios - y el tiempo de transporte aumenta el tiempo de trabajo. En segundo lugar, el SIU Acomodado tiene mas empleados asalariados en sus microempresas que el SIU Popular. A dos meses del Plan Lacayo, algunas de las microempresas no habían despedido a sus empleados, pero su inactividad abultaba el nivel del desempleo.

Crisis ampliada del SIU: el efecto del consumo

Para comprender la crisis ampliada del SIU es esencial entender que el carpintero, la modista, el dueño de un taller de metal-mecánica, el fontanero "rumbero", el dueño de un pequeño taller de reparación de electrodomésticos y la mercadera del Oriental son también consumidores. La suerte de su negocio tiene implicaciones para su paquete de consumo, y ese paquete de consumo repercute a su vez sobre la suerte de su negocio (vende menos, consume menos y por lo tanto compra menos a otros miembros del SIU). Otro círculo vicioso. El grupo de consumidores de mas peso social en la economía urbana es justamente el Sector Informal Urbano.

Cuadro 15


La reducción del consumo ha sido global en el sector, pero existe también un notable cambio en los patrones del consumo. El consumo, sobre todo en el sector popular, se ha reducido a la parte mas básica de la canasta - la alimentación -, que antes representaba solo un 63% del total del consumo y que llego a ser casi el 80% después de dos meses del Plan Lacayo. Además, el consumo de alimentos se ha concentrado sobre los bienes mas básicos a causa del control estatal de ciertos precios. Los sectores mas acomodados registran todavía consumo de bienes complementarios (ropa, medicina, abarrotes, diversiones, etc.), en un 36%, aunque ese consumo representaba un 60% antes del Plan Lacayo.

En los sectores populares el consumo complementario se reduce a servicios básicos (pago de agua y luz), transporte y en menor grado, medicina y vestuario. En el sector de comerciantes populares, se da en algunos casos consumo complementario de alimentos no básicos pero sólo para evitar la pérdida de los propios inventarios que tienen poca rotación y no pueden vender.

La resistencia económica al Plan Lacayo: las estrategias espontáneas del SIU

Pareciera que el actual programa de estabilización ha roto toda la flexibilidad, movilidad y capacidad de "defenderse a como se pueda" que existía en los que se dedicaban a actividades por cuenta propia, situación que durante la ultima década fue el rasgo más típico del 30% de la Población Económicamente Activa nicaragüense.

Aunque el espacio de resistencia económica es mínimo, en la practica el SIU desarrolla una serie de acciones espontaneas tendientes a reformular una estrategia de sobrevivencia que les permita enfrentar las nuevas situaciones y lograr readecuarse ante las mismas. La medida mas importante, adoptada por la mayoría del SIU para mantenerse en la actividad o no descapitalizarse, ha sido disminuir su consumo tanto en cantidad como en calidad para poder así reinvertir en su microempresa parte de esos ahorros.

El SIU Acomodado redujo su nivel de consumo en un 46% y logro mantener una relacion estable entre el nivel de margen bruto de la microempresa y su nivel de consumo. Los márgenes brutos oscilan alrededor de un 25% del nivel de consumo, tanto en febrero como en abril. Aunque el SIU Popular redujo su nivel de consumo o la remuneración a la fuerza de trabajo propia mas que el SIU Acomodado, no pudo mantener una relacion estable entre los niveles de margen bruto y los de consumo. En febrero, sus márgenes como microempresarios cubrían un 62% de sus necesidades de consumo pero en abril cayeron a solo un 47%.

El comercio: el subsector mas dañado y el que más resiste al Plan Lacayo

El subsector del comercio ha sido el mas afectado por el programa de estabilización. La bonanza del comercio popular en 1990 se ha convertido en 1991 en un verdadero desastre. Los comerciantes pobres fueron afectados mucho más seriamente que los comerciantes mas acomodados. Su cobertura de la canasta básica se ha reducido en un 72%, mas del doble que la reducción experimentada por los asalariados en los primeros dos meses del Plan Lacayo. Los comerciantes acomodados vieron su poder de compra de la canasta básica mermado en un 33%, justamente al mismo nivel que el de los asalariados.

Las cuatro causas de la ampliación en la recesión en el SIU Comercial son: 1) El cierre del "camino dorado" que conducía a Choluteca la devaluación del córdoba. 2) La resurrección de los canales formales del comercio publico a través de la intervención del Estado en los canales comerciales utilizando la red de los supermercados, la de ENABAS e importaciones y donaciones para ampliar la oferta de productos de consumo superbásicos. 3) La nueva injerencia del comercio formal empresarial en otros productos de la canasta básica ampliada, apoyada en los casos mas notables con fondos de la AID. 4) La incapacidad del pueblo de comprar mas que los productos superbásicos.

A pesar de ser el subsector más afectado por el Plan Lacayo, el subsector comercial es también el que más se resiste a desaparecer frente a la avalancha del comercio formal publico y empresarial. Es el único subsector del SIU que por la vía de comer menos logro aumentar el margen bruto de su actividad con respecto a su nivel de consumo. En febrero, el margen bruto del comercio acomodado fue un 15% superior al nivel del consumo familiar y en abril subió a un 33% por encima del nivel de consumo.

Los comerciantes redujeron sus niveles de consumo en un 77%, aun mas drásticamente que el 41% de recorte que hicieron los acomodados. Esto, para poder sobrevivir en el mercado. Como resultado, el margen bruto de sus operaciones comerciales subió de un 61% del consumo familiar en febrero a un 72% en abril.

Estas mercaderas pobres que representan el segmento mas grande del SIU nunca fueron la "burguesía de delantal" como las califico el sandinismo. El nuevo gobierno ha logrado convertirlas en las mas pobres de entre los pobres. Además de reducir su consumo tan drásticamente, el comercio popular esta obligado a bajar constantemente sus precios. Los supermercados del Estado obligan al Mercado Oriental a bajar sus precios y le quitan clientes. Los nuevos canales de comercio empresarial - como OCAL, favorecido por tasas preferenciales de la AID -, son capaces, por el tam de sus operaciones, de vender mas barato que el comercio informal productos de la canasta ampliada.

Reina la competencia entre los pequeños comerciantes por bajar sus precios, y, en general, estos procuran aplicar como promedio de ganancia un 25 % sobre el precio de venta de sus productos. La especulación del Oriental se ha concentrado en el grupo mas restringido de la pequeña burguesía buhonera que es capaz de viajar en avión y que goza de tasas de ganancia que superan el 100%.

Un análisis detallado de la rotación de los productos del comercio informal muestra que solo rotan los productos de primera necesidad porque el pueblo no tiene con que comprar otra cosa. La poca demanda para productos no básicos la absorbe el creciente comercio empresarial.

En las actuales condiciones, las microempresas comerciales que están sorteando mejor la crisis son las que tienen mayor visión empresarial, que en su mayoría son las mas antiguas y experimentadas. Por lo general, este tipo de empresa pertenece a un estrato acomodado y compite mejor con los precios, vendiendo a precios mas bajos y basando su estrategia en una mayor rotación de sus inventarios, a diferencia de las empresas que se formaron en los s de la hiperinflación, que no han logrado adaptarse a las nuevas condiciones. Uno de los casos estudiados fue el de una pulpería que tiene mas de 20 años de existencia. Es notorio que la experiencia acumulada le ha posibilitado mantener una diversificación de sus actividades y recomponer adecuadamente sus líneas, abandonando a tiempo los productos o actividades que tienen baja rentabilidad o empiezan a tener una rotación mas lenta.

Este tipo de comerciante no se encontró con córdobas devaluados en las manos el 3 de marzo. En general, el subsector comercial acomodado, y las pulperías en particular, tienen mas facilidades de acopio de productos y de obtención de mejores precios, por tener mas acceso a las rutas de distribución de gaseosas, leche, cervezas, etc. y tener también medios de transporte que les facilitan el abastecerse de otros productos que no tienen líneas de distribución. En períodos de escasez de algún producto, tienen acceso directo a sus productores o distribuidores.

Todo esto les da claras ventajas sobre los comerciantes mas pobres, que fueron descapitalizados por la devaluación no solo por mantener su capital de trabajo en córdobas sino porque vivían fiando a sus clientes. En las circunstancias actuales siguen fiando, lo que les crea mas problemas de liquidez y reduce aun mas sus posibilidades de mantener sus ingresos.

Están apareciendo en el comercio fenómenos extra-económicos como la mediera (similar a lo que se produce en el campo). Por ejemplo, una vendedora de baho y frescos, que antes del ajuste contrataba a una familiar como asalariada, al ver disminuir su margen bruto, opto por cederle el producto de la venta de los refrescos como forma de pago. Quizás el mecanismo extra-económico que mas prevalece es un creciente numero de pequeños comerciantes que empiezan a operar subordinados a empresas de mayor envergadura, que tratan de aprovecharse del comercio informal para tener mayor presencia y dominio del mercado.

Muchas de estas empresas han eliminado sus departamentos de ventas o los han reducido al mínimo y han convertido a los pequeños comerciantes, en la practica, en vendedores de esas empresas. Estos, bajo la ilusión de una supuesta "independencia económica", realizan un gran sobresfuerzo para aumentar "sus" ventas. Las grandes empresas que operan de esta forma se evitan, a través de los vendedores informales, el pago de prestaciones sociales a eventuales trabajadores y también el pago de impuestos.

El conjunto de condiciones creadas por el Plan Lacayo, si bien ha golpeado al comercio en su conjunto, esta afectando mas al comercio popular, empujándolo a niveles de desnutrición generalizada, al subempleo de algunos de los miembros de la unidad económica familiar y también al sobreesfuerzo -extensión de la jornada laboral para compensar algo las bajas ventas -.

Se están creando condiciones desfavorables para el SIU, que estratégicamente apuntan al dominio del mercado por las grandes empresas, en esa lucha por la hegemonía del mercado muchas microempresas van a quebrar y las que sobrevivan tendrán seguramente una relación de subordinación a las grandes empresas del sector formal.

Los servicios

El subsector de servicios decreció casi igual que el SIU comercial por el deterioro significativo tanto de las microempresas mas acomodadas como de las mas pobres. En el subsector servicio popular hubo un total abandono de las actividades secundarias y existe una fuerte tendencia a buscar trabajo asalariado. Sin embargo, en cuanto a ingresos, las microempresas pobres de servicio sortearon los primeros dos meses del Plan Lacayo mejor que los comerciantes pobres. No obstante, sus perspectivas para el futuro parecen aun mas desalentadoras que las del comercio popular.

Mientras que los comerciantes pobres sacrificaron su consumo familiar en un 77% para poder subir la importancia del margen bruto de la microempresa con respecto al consumo, los servicios populares solo sacrificaron su consumo en un 47% y sus márgenes brutos decrecieron en un tercio en su estrategia de sobrevivencia. La razón de fondo de esta paradoja es que los proveedores de servicios tienen unas habilidades para vender en el mercado formal que las comerciantes pobres no tienen.

El subsector servicios acomodado sacrifico su nivel de consumo en términos relativos mas que las empresas pobres pero tampoco pudo evitar la caída de sus márgenes brutos con respecto a su consumo familiar. Hubo abandono de algunas actividades, pero la diversificación, aunque disminuyo se mantuvo.

El subsector servicios del SIU enfrenta también una situación en muchos aspectos similar al SIU Comercial por el impacto de la baja en la demanda de sus servicios y por la competencia desde el sector empresarial.

Ante la baja demanda han tenido que bajar los precios y extender los plazos de garantía por el servicio prestado. Particularmente, los servicios especializados (torno, fresadoras), que antes reparaban piezas que no llegaban al país a causa del bloqueo, han visto decaer su actividad con la creciente afluencia de estas en el mercado nacional por importaciones masivas.

Uno de los sectores mas afectados por la baja en la capacidad adquisitiva de la población es el de los que se dedican a reparaciones (fontaneros, técnicos en refrigeración, radio y televisión), cuyos servicios tienen menor demanda, ya que la mayor parte de la población opta por hacer uso de ellos solo en casos verdaderamente urgentes.

Uno de las ramas de los servicios informales que ha podido enfrentar mejor al Plan Lacayo es la de los servicios sociales. Algunas escuelitas privadas se beneficiaron de la huelga de maestros y del deterioro general de la educación publica. De la misma manera, en el campo de la salud, la reducción de los servicios públicos en salud ha dado nueva vida no solo a una proliferación de farmacias privadas sino también a la enfermería privada.

También en este subsector existe la tendencia de mayores posibilidades de sobrevivencia de los microempresarios mas antiguos, que tienen por lo general mayor prestigio y una mayor clientela. En los servicios como en el comercio, la recesión urbana nos lleva a una reducción de los agentes económicos que existieron antes de 1979.

Los artesanos del sector informal: mal antes del Plan y peor después

El subsector de producción acomodada ha visto reducidos sus ingresos reales en abril a un 66% del monto que percibían en febrero. Esto se ha debido a una serie de factores. Como en otros subsectores, perdieron su capital de trabajo por la maxi-devaluación. Un productor que tenía 900 dólares en cordobas "chancheros" antes del Plan Lacayo se encontró con solo 194 dólares para reiniciar sus operaciones después del mismo.

Sin embargo, el factor mas importante en el caso de los artesanos acomodados y en general, en el de la pequeña industria es la fuerte competencia extranjera liberada por la baja de las tarifas arancelarias. Los artesanos, especialmente los de las ramas textil-vestuario y calzado, no pueden competir en los precios porque tienen costos de producción superiores a los precios al consumidor que tienen productos extranjeros de mayor calidad. Por ejemplo, una microempresa estudiada fabrica ropa para niños de 0 a 2 s y su costo de producción promedio es de 14.86 córdobas por pieza. Pero en el mercado se encuentra ropa taiwanesa con precios de venta al consumidor que oscilan entre 10 y 15 córdobas y que son de mayor calidad. A esto hay que sumar que, para poder competir, el productor nacional no incluye en sus costos la depreciación de maquinaria ni los impuestos que paga, lo que lo descapitaliza poco a poco en una economía urbana cada vez mas desnacionalizada.

El sector acomodado del subsector productivo enfrenta la actual crisis descargándola en parte sobre los hombros de sus propios asalariados, a los que de manera creciente contrata solo a destajo o a los que paga salarios muy bajos, que son aceptados por los trabajadores por la falta de alternativas de empleo.

El estrato de los artesanos mas pobres mostró menos decrecimiento en sus ingresos que el de los acomodados, porque ya sus empresas habían entrado en quiebra antes del Plan Lacayo. De hecho, en muchas microempresas artesanales la actividad productiva ha decaído a un nivel tal que las actividades consideradas anteriormente como secundarias (venta de gaseosas, reparaciones, etc.) han pasado a ocupar un primer plano, aunque los ingresos que generan sirven apenas para la subsistencia. Indiscutiblemente, este subsector es el mas afectado por el subempleo.

En un esfuerzo por sobrevivir en la actividad se han dado casos en los que se utilizan remesas familiares para inversiones en la microempresa. A pesar de esto, las perspectivas del mercado hacen dudosa la rentabilidad de las mismas.

Algunos miembros de este subsector, como el de servicios, se quejan de que las dependencias gubernamentales que antes eran clientes de ellos los han relegado para favorecer a nuevas empresas de mayor envergadura, que se han formado recientemente y que tienen buenas conexiones con funcionarios del actual gobierno.

Proletarización y migración: la nueva estrategia del SIU

En el cuadro 16 se muestra la creciente importancia de los salarios y de otros ingresos en la estrategia de sobrevivencia de las familias del SIU. La importancia del margen bruto de las microempresas ha decrecido levemente en los estratos acomodados y dramáticamente en los estratos mas pobres solo en el período de dos meses. Los ingresos totales de la familia incluyen salarios, paquete AFA, pensiones y remesas, además del margen bruto de la microempresa.

Cuadro 16


Como se puede observar, en el estrato acomodado hubo una disminución del 82% al 79% en cuanto a la contribución de la microempresa al ingreso familiar total, mientras que en los estratos populares la baja fue del 88% al 54%. El aporte de los salarios al ingreso familiar de los acomodados no fue afectado por el Plan Lacayo. Los mayores niveles de ingreso de los acomodados no les obligaron a buscar trabajo asalariado en los meses estudiados. Entre los estratos pobres, tanto la proletarización como la creciente dependencia de remesas familiares de dólares se incrementaron rápidamente en los primeros dos meses del plan Lacayo. Llama la atención que el ingreso por remesas aumento mas rápidamente que los salarios aportados. El proceso de asalarización tuvo lugar principalmente en los subsectores de servicios y de producción . Es probable que mientras en s pasados los mejores trabajadores salieron del Sector Formal para el SIU, que en las nuevas condiciones harán su regreso, desplazando a obreros menos calificados que ellos.

Sin embargo, es dudoso que con una recesión productiva urbana, la vía de la asalarización nacional sea una salida real para el desempleo creciente en las ciudades. Mas bien, es de esperar que la búsqueda de trabajo asalariado evolucione hacia la estrategia de la exportación de mano de obra a los Estados Unidos.


El Sector Informal Urbano: perspectivas para 1991

El SIU ha sido seriamente afectado por el Plan Lacayo y sus posibilidades de revertir la tendencia de descapitalización que afecta casi todas sus empresas son nulas al mantenerse la actual política salarial del gobierno y el decidido apoyo a la reestructuración de la clase empresarial urbana.

Todo el Plan Lacayo esta basado en abundantes divisas liquidas, que no faltaran a lo largo de 1991. Por lo tanto, lo mas seguro es que el gobierno no ceda significativamente en el paquete de salarios y mantenga su intervención en los precios de los productos superbásicos. Para el resto de 1991 la única perspectiva que queda al SIU es mas descapitalización, mas subempleo y mas pobreza. La recesión impide su proletarización efectiva en el territorio nacional.

El sector informal se encuentra desconcertado ante la condición que enfrenta y aunque ha empezado a organizarse, sus reacciones son muy débiles después de s de bombardeo propagandístico tendiente a presentar los ajustes económicos como una necesidad impostergable y un sacrificio necesario. Es innegable que el SIU se encuentra desarmado ideológicamente. También es innegable que el SIU no tiene quien lo represente políticamente, al igual de lo que le sucede al campesinado pobre no organizado en cooperativas, que representa el otro sector grueso de la población que paga los costos sociales y productivos del Plan Lacayo.

Mientras el mayor partido de oposición, el FSLN, apoye hoy la dudosa formula de estabilización monetaria ahora y la de reactivación económica mañana, el Sector Informal Urbano tendrá solo dos alternativas reales frente a la recesión productiva: migración a los Estados Unidos en búsqueda de trabajo para sobrevivir y para enviar remesas a los familiares que quedan en Nicaragua o mas robo y descomposición social. Aunque es evidente que las remesas se incrementaran en los próximos es probable que la descomposición social crezca aun mas rápidamente.

A pesar de la falta de representación económica que experimentan los intereses de las mayorías urbanas, tanto en el gobierno como en la oposición, y a pesar de la apatía política y de los procesos espontáneos tan débiles de los pobres de la ciudad, si el gobierno sigue reactivando la economía urbana pero solo para las minorías, como lo hace ahora, esta fabricando una bomba de tiempo de carácter económico y social en el seno de la economía popular urbana.

El impacto del Plan Lacayo en el campo: retorno a la década de los 70

En el sector agropecuario, el Plan Lacayo ha tenido como efecto inmediato una fuerte transferencia de recursos hacia el sector agroexportador grande - especialmente al sector algodón ero y cafetalero -, que pudo acceder a precios de venta revaluados y que vio su deuda parcialmente condonada, mientras que la pequeña producción, que ya había vendido sus cosechas en la fecha de la maxi-devaluación, se vio con una importante deuda.

Al modificar la estructura de precios relativos, la devaluación ha restaurado o aumentado la competitividad de los rubros de exportación - tras aproximadamente un perjudicial por la creciente sobrevaloración del córdoba -, teniendo como contraparte bajos precios y rentabilidad mermada para los granos básicos. En este escenario, el gobierno ha optado por asegurar la alimentación del país con importaciones o donaciones de granos, lo que contribuye a deprimir los precios internos de la producción nacional.

Vista en un contexto mas amplio, la devaluación constituye una de los instrumentos clave del esquema general de la política económica del gobierno para lograr una recuperación de la producción agropecuaria sobre la base de la reconstitución de la burguesía agroexportadora.

De lo que se trata es de crear una serie de condiciones para que la burguesía pueda potenciar su proceso inversionista y sus ganancias a costa de la economía campesina. La burguesía tendrá así un amplio acceso a mano de obra abundante y barata proveniente de los estratos mas pobres del campesinado. La crisis de la economía campesina, basada en los granos básicos y en otros productos de consumo interno, actualmente con precios deprimidos, forzara a grados cada vez mayores de asalarización o de desempleo, lo que llevara a una baja de los salarios del agro. Ya en estos últimos meses, y con un salario diario apenas superior a un dólar, la mano de obra en Nicaragua es la mas barata de Centroamérica.

Se trata también de facilitar a la burguesía el acceso a tierras mediante la privatización del APP, que ha avanzado aceleradamente en los primeros meses del 91, tras un de sucesivas postergaciones. En 1991 la burguesía se apropiara de mas de 150 mil manzanas del APP. En el plazo de algunos s se puede prever que crecerá aun mas el área en sus manos mediante la recuperación progresiva de tierras de sectores beneficiados por la reforma agraria - tanto del gobierno sandinista como del actual -, que no habrán logrado enfrentar con éxito la eliminación del subsidio y el paso a la economía de mercado, o que no habrán podido mantenerse como productores en un contexto de recesión y de débil apoyo crediticio y que, por esto, se verán obligados a vender sus tierras. Este fenómeno parece haberse iniciado ya con algunas cooperativas fuertemente endeudadas y sin capital de trabajo para seguir produciendo, que traspasaron sus tierras a los antiguos dueños.

Finalmente, el acceso directo a la exportación con la desaparición para este ciclo de los monopolios estatales de comercialización externa - Enal, Encafe, etc.- y en un futuro cercano, con el crédito en manos de la banca privada, completan un panorama adverso al campesinado.

Pocos ganadores y muchos perdedores

La política sumamente restrictiva del crédito impulsada en el ciclo 90-91 no ha dado los resultados esperados en cuanto a la eliminación de los subsidios. La recuperación del crédito ha tenido un bajo nivel - a febrero del 91, un 22 % del total del crédito entregado -, que se asemeja al del ciclo anterior (21%).

En consecuencia, la simple revalorización de la deuda (factor de corrección de 3.4) que acompañó el inicio del Plan Lacayo ha implicado para el sector agropecuario un subsidio directo que podemos estimar en mas de 15 millones de dólares. Un subsidio que ha sido distribuido de manera desigual en el sector agropecuario: el 70 % ha sido captado por la gran producción privada y el APP, más de la mitad por algodón eros y cafetaleros.

Esta situación se origina en una desigual participación de los diferentes sectores sociales en el esfuerzo por racionalizar el uso del crédito . A diferencia del sector de la gran producción (privada y estatal), que en este ciclo bajo sus niveles de reembolso en relacion al anterior, el campesinado tendió a pagar en mayor grado su deuda, como se ve en el Cuadro 17a. La misma realidad se refleja en cuanto a los rubros financiados: las tasas de recuperaciones de crédito para granos básicos - un rubro de la pequeña producción -, han crecido entre 89-90 y 90-91, contrastando con la situación del café y del algodón (ver Cuadro 17b).

Es notable incluso que en el ciclo recién pasado los pequeños y medianos algodón eros y cafetaleros reembolsaron sus deudas en mayor medida que los grandes (ver Cuadro 17c). El miedo a perder la tierra que quedo como prenda este - símbolo claro para el campesinado -, así como la intervención del banco mediante medidas administrativas, explican la mayor recuperación del crédito del campesinado. A esto hay que agregar la condonación parcial de la deuda algodón era y cafetalera, implícita en las medidas de reestructuración a 5 años anunciadas en mayo. En cambio, los pequeños productores de granos lograron condiciones de reestructuracion de su deuda mucho menos ventajosas - a 3 años y sin reducción del principal teniendo además que pagarla con una producción que tendrá precios deprimidos -. En consecuencia, el sector social que pago mayormente los costos de la drástica política crediticia del ciclo 90-91 fue la pequeña y mediana producción .

Cuadro 17


Tendencias de la agroexportación: gran caficultura y ganadería en expansión

Para este , con la devaluación real del córdoba oro en aproximadamente un 30 %, la rentabilidad de los rubros de exportación ha mejorado globalmente en relación al pasado. Esto significa potencialmente un nuevo impulso a la recuperación de la agroexportación, aunque el algodón sigue teniendo un comportamiento excepcional. Sin embargo, en un contexto de fuerte restricción del crédito para el ciclo 91-92, esta recuperación podría ser frenada.

El alto nivel de descapitalización e iliquidez en el que se encuentra el campesinado implicara que su participación en la reactivación de la agroexportación sea limitada o inferior a la que se venia dando en s anteriores. En el Pacifico, es de esperar una baja aun mayor que la del ciclo pasado en la expansión del ajonjolí. En la frontera agrícola, aun con el reasentamiento de miles de familias y la llegada de la paz, la recomposición, sin créditos suficientes de la ganadería y de la caficultura, se ha iniciado ya y seguirá, pero de manera muy lenta. Incluso, la sustitución del monopolio estatal de comercialización de estos dos productos por comerciantes privados se profundizara en 1991, acompañada de una realidad de precios mas bajos, lo que no incentivará al campesinado.

En cuanto al sector de burguesía, es de esperar que tenga un nuevo impulso, básicamente en la ganadería y en la caficultura, que venían recuperándose desde el primer plan de ajuste sandinista. En 1991, con las restricciones crediticias, los niveles de autofinanciamiento de los productores habrán de ser superiores a lo que han sido históricamente. En el ciclo actual, este proceso recibirá incluso un nuevo apoyo gracias a un programa mayor de crédito de largo plazo.

En este primer semestre, mas de 14 millones de dólares se han invertido ya en la ganadería y mas de 1.700 manzanas de café tienen financiamiento para su renovación, de un programa total previsto para el ciclo 91- 92 de 20 millones de dólares, muy superior a los 2 millones del ciclo pasado. En este proceso inversionista es notable que la burguesía recibe proporcionalmente muchos mas beneficios que la pequeña y mediana producción , confirmándose las tendencias hacia la concentración de la producción en el agro. En lo que va del , mas de las 3/4 partes del crédito de largo plazo se ha destinado a la gran producción . Sin embargo, a corto plazo no se pueden esperar resultados productivos significativos. En la ganadería, continuando las tendencias del pasado, se da un proceso de reconstitución de los hatos y de reducción de la matanza - a la fecha, 30% inferior a 1990 -. En la caficultura, aumentos sostenidos de la producción solo se producirán en los próximos.

Caída del algodón en Occidente y profundización de la recesión

A diferencia de los otros rubros tradicionales de agroexportación, la devaluación del 3 de marzo no fue suficiente para darle rentabilidad positiva al algodón , fuera de condiciones de productividad que aparecen como muy restrictivas en el panorama actual: o bien se logran rendimientos mayores a los 12 - 15 quintales oro por manzana, que son superiores a los resultados promedio de los últimos - aunque inferiores a los centroamericanos - y por lo tanto, resultan poco probables; o bien los algodón eros impulsan un serio reajuste tecnológico que permita bajar el uso de insumos fitosanitarios y/o incorpore mano de obra mas allá de la cosecha - la que se hizo en gran medida manualmente en este pasado ciclo -.

Obviamente, esta reconversión tecnológica no puede realizarse a corto plazo. Tampoco se puede esperar que bajen los precios internos de los insumos a los niveles centroamericanos, pues sobrevive aun un sistema oligopólico de importación. En estas condiciones, y sin un esquema claro de subsidios - incluso mayores a los que se dieron en este ultimo -, no hay perspectiva de que los productores menos "eficientes" se decidan a seguir sembrando algodón. Esta situación se agudiza con la reducción de los niveles de financiamiento que propone el banco en la actualidad - en promedio un monto por manzana inferior en un 30 % al del ciclo pasado -, lo que exige un nivel de autofinanciamiento totalmente nuevo para este gremio. En consecuencia, las actuales intenciones de siembra se estiman en unas 30 mil manzanas y las bajas áreas financiadas hasta el 11 de junio -18 mil manzanas - contrastan con las 42 mil que hubo el
pasado a la misma época.

A pesar de esto, el gobierno sigue apostando al algodón aunque corrigiendo su inicial e irrealista meta de 100 mil manzanas, programando un área de 60 mil, lo que corresponde a unas 6 mil menos que las que se sembraron el pasado. La lógica de mantener estas áreas en un contexto en el que se prevé que los precios internacionales no suban mas allá de los 75 dólares por quintal oro, parece ser el cortoplacismo en los efectos sobre la economía: empleo, utilización de las capacidades instaladas de las desmotadoras, aceiteras, puerto, etc. Aunque esto puede tener algunos efectos positivos ante los organismos internacionales de financiamiento, no resuelve la necesaria reconversión productiva que requieren las planicies de Occidente.

El problema radica en que las alternativas de la gran producción empresarial muy mecanizada son limitadas, aun con la ventaja del bajo costo de la mano de obra. Por problemas de tecnología o de mercados, la soya, el maní y el ajonjolí - que recientemente ha venido sustituyendo parcialmente al algodón -, no son cultivos de exportación que se puedan expandir masivamente. Tampoco pueden servir para abastecer un mercado interno saturado de donaciones de aceite.

La caña, que ha sido también una alternativa al algodón en los últimos s y con resultados positivos, tampoco va a poder seguir extendiéndose a corto plazo. Por una parte, porque el precio del azúcar en el mercado internacional tiende a bajar, lo que afecta su rentabilidad (ver Cuadro 18) y por otra parte, por las pocas posibilidades que los ingenios tienen de aumentar sus capacidades de procesamiento sin nuevas inversiones.

Finalmente, cultivos no tradicionales como el melón están aun en sus comienzos, con unas 500 manzanas sembradas en el ciclo pasado. Por las dificultades tecnológicas y comerciales de este tipo de producción - que compite desfavorablemente en el mercado norteamericano con la de Costa Rica o México -, las perspectivas son bien limitadas. Existe entonces para este una posibilidad real de recesión en la gran producción de Occidente, aunque por temor a las tomas de tierras los productores opten por no dejar totalmente ociosas sus tierras, sembrando sorgo o arroz de secano, de poca rentabilidad,
tanto para ellos como para el país. A mas largo plazo, la ganadería extensiva parece ser una posible solución en las grandes haciendas de Occidente, tal como lo indica la reactivación de las fincas ganaderas que se da actualmente. Esta evolución, que significaría una vuelta a la década de los 50, antes de la introducción del algodón, implicaría, de darse. Una fuerte agudización del desempleo.

Cuadro 18


Se profundiza la crisis de la economía campesina

En el sector campesino, en gran medida con deudas pendientes del ciclo pasado y a menudo con niveles significativos de descapitalizacion, la falta de liquidez será la tonalidad dominante de este año e incluso posiblemente de manera mas seria que el ao pasado, por las mayores restricciones del crédito . En el ciclo 91-92, el campesinado ha solicitado menos crédito que el año pasado (aproximadamente para la mitad del área de granos básicos solicitada en 1990 - 91) por temor a endeudarse y perder la tierra. A la vez, hasta el 11 de junio el área de granos financiada era inferior en un 40% a la del ao pasado: ante el banco muchos han dejado de ser sujeto de crédito y las trabas burocráticas para acceder a créditos se han multiplicado.


En consecuencia, en la zona del Pacifico y del centro seco y semi-húmedo del país se prevén menores áreas sembradas con granos básicos, aunque por las características del invierno la siembra este relativamente más avanzada que el año anterior. Además, el campesinado se vera obligado a profundizar su reconversión tecnológica en el sentido de prescindir cada vez más de los insumos importados, lo que influirá sobre los rendimientos obtenidos. De ahí que los riesgos de recesión son también significativos para estos sectores.

La rentabilidad de los granos básicos va a tender a reducirse con la esperable caída de los precios, alentada por importaciones baratas y por la probable desaparición de ENABAS como acopiador de granos o incluso como regulador de precios. Esta caída ya se manifiesta en la actualidad, aunque estemos al inicio del período de escasez (mayo-agosto), en el que suben históricamente los precios.

Cuadro 19


Como se puede apreciar en el cuadro 20, las bajas de los precios van a afectar la rentabilidad de la producción de granos, a excepción del frijol, tanto en el sector campesino como en el sector empresarial (arroz y sorgo). Asistiremos entonces a una disminución de los ingresos de una mayoría de pequeños productores que no pueden introducir o expandir cultivos de agroexportación, lo que afectara su capacidad productiva.

Cuadro 20


Una excepción para el campesinado reactivación lenta de la frontera agrícola

En la zona montañosa del interior del país, la reactivación económica se esta iniciando tras un largo período de recesión causada por la situación de guerra. Señales de esta reactivación han sido las abundantes cosechas de frijol de apante y de maíz de postrera que salieron en los primeros meses del año. La reactivación tiene sus causas, por una parte en el regreso a la finca de los hijos desmovilizados del ejército o de la contra, que aportan de nuevo su fuerza de trabajo. Por otra, en el proceso de recolonización de tierras abandonadas, ampliado mucho en los últimos meses. La montaña se ha repoblado y este flujo continua.

En la mayoría de los casos se trata de un retorno al lugar de origen, tanto de campesinos que huyeron de la guerra y que ahora abandonan los asentamientos o las fincas en donde fueron reubicados, como de desmovilizados de la contra y sus familiares refugiados en Honduras, que rechazaron su reconcentración en los Polos de Desarrollo concebidos al inicio del proceso de desmovilización y desarme. Este retorno no esta exento de conflictos en torno a la posesión de tierras, lo que ha influido en la productividad. Es bien frecuente el caso de ex-contras - a menudo antiguos mozos sin tierra - que sienten legítimo el adueñarse de tierras ocupadas por campesinos o cooperativas como medio para volver a su antiguo modo de vida. Sin embargo, con el poco crédito disponible es de esperar una reactivación lenta, basada en el trabajo manual y en la producción de granos básicos y, muy paulatina en la ganadería y la caficultura.

Resultados del ciclo 91-92: recesión y concentración

La evolución del sector agropecuario para el ciclo 91-92 puede estar marcada por niveles de recesión mayores a los del ciclo 90 - 91, pues la profundización de la crisis de gran parte de la producción campesina de consumo interno no estaría compensada por un crecimiento suficiente del sector exportador. Sin embargo, un buen invierno o un aumento importante de producción de granos básico s en la frontera agrícola que atenúe la baja de la producción de granos en el resto del país, podría revertir esta tendencia.

Las exportaciones agropecuarias previsibles para este 1991 serán mayores a las de 1990, pero indican un descenso de su tasa de crecimiento en relación a años anteriores. Las únicas exportaciones que seguirán sus tendencias de crecimiento en el 91 son las de azúcar y banano. En cambio, las exportaciones de café y de carne presentaran un marcado descenso, que no estará compensado por el crecimiento del valor del algodón exportado.

En cuanto a la producción agroexportadora del ciclo 91-92, la reactivación de la caficultura y posibles buenas cosechas constituyen uno de los puntos positivos, mientras que el estancamiento relativo de los sectores de producción de caña, ajonjoli y algodón impactaría negativamente sobre los volúmenes de exportación del próximo año.

La delicada situación económica del país se puede agravar aún más si el gobierno no consigue un acuerdo favorable con el Fondo Monetario Internacional en las negociaciones previstas para septiembre/91. Posiblemente, el FMI exija una mayor devaluación real del córdoba oro para aumentar la rentabilidad del sector exportador, una reducción más drástica del déficit fiscal y un ritmo mucho más acelerado en la privatización de la banca, del comercio y de las empresas industriales y agropecuarias que aún son estatales. Asimismo, el FMI puede pronunciarse también abiertamente en contra del control sandinista de la policía y sugerir la "necesidad" de utilizar la represión policial para garantizar la propiedad privada, tal y como lo hizo la misión del Banco Mundial que ya estuvo al país.

El gobierno y el país tendrían que pagar un costo político muy alto si ceden a las presiones del FMI. La alianza del "centro", entre la Presidencia y los sandinistas se resquebrajaría si por cumplir con las exigencias del FMI el gobierno decide reducir aún más el gasto militar -para bajar el déficit fiscal- y hacer cambios en la jefatura de la policía. Asimismo, la imposición de una privatización acelerada y a favor de intereses extranjeros agudizaría el enfrentamiento entre el gobierno y la dirigencia sindical sandinista. Por último, una devaluación mayor del córdoba oro llevaría la crisis de la economía popular urbana a límites explosivos.

Como resultado de todas estas medidas, se desencadenaría una crisis de "ingobernabilidad" del país pues el gobierno depende de forma crítica del apoyo sandinista y una alianza con la ultraderecha, además de no ser fácil, haría desaparecer el "centro" gubernamental, polarizando peligrosamente al país.

En cambio, si el gobierno, gracias al "éxito" relativo de su plan de estabilización, logra conseguir un mayor margen de maniobra, estaremos probablemente en presencia de un nuevo ciclo de forcejeo entre el gobierno, la ultraderecha y el sandinismo en torno a la redistribución de los costos de la crisis, que es a su vez expresión de la lucha de las clases y fracciones de clase del país en búsqueda de la definición del peso específico que cada una tendrá tanto en sí misma como a través de las organizaciones e instituciones que las representan.

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