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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 117 | Julio 1991
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Nicaragua

El debate de la propiedad revela la contradicción de fondo

La bandera de la propiedad está en manos de todos los sectores. Los verdaderos contendientes en esta batalla son la ultraderecha y el sandinismo, que sabe que en la democratización de la propiedad se juega el futuro de la revolución.

Equipo Envío

En junio, la inestabilidad política y social, consecuencia de las contradicciones que hay entre las diversas tendencias que coexisten en el poder estatal y el poder movilizativo que mantiene el sandinismo, llegó nuevamente a un punto crítico. Nuevamente, la ultraderecha lanzó una ofensiva encaminada a ampliar sus cuotas de poder en el Estado, en la economía y en la sociedad, rechazando el Protocolo de Transición y el marco político que se ha ido definiendo entre el equipo gobernante encabezado por Antonio Lacayo y el FSLN. Nuevamente, la ultraderecha intentaba terminar con una estabilidad que, a su juicio, favorecía los intereses del sandinismo, a expensas de la ideología y del monopolio efectivo del poder que debía de ejercer y de defender la coalición de partidos triunfantes en las elecciones, la UNO. A estas posiciones extremistas se plegaron, naturalmente, los grandes capitalistas privados nicaragüenses congregados en el COSEP, ansiosos por recuperar los recursos heredados por el sandinismo al nuevo gobierno en forma de propiedad estatal y las propiedades que beneficiaron a miles de familias a través de la reforma agraria y de la reforma urbana.

Tres posiciones frente a un tema candente

El peligro de un estallido social apareció más claramente que nunca en el horizonte cuando la ultraderecha decidió exigir una redefinición de la estructura de propiedad. Al decidirlo, apuntaba sus armas no sólo contra las transformaciones estructurales hechas en la década revolucionaria, sino contra el mismo gobierno de la Presidenta Chamorro, en tanto que la viabilidad de su administración había venido dependiendo de un entendimiento con el FSLN que tuvo su primera concreción en el Protocolo de Transición.

Este Protocolo inició la relación entre dos fuerzas -gobierno y sandinismo- antagónicas en lo social pero capaces de un complejo acomodo que, aunque caracterizado por permanentes tiras y aflojas, negociaciones y presiones, reclamos y entendimientos y reiteradas concesiones, ha permitido a lo largo de 14 meses que el gobierno tuviera un considerable margen de maniobra y de decisión para avanzar con mesura en la aplicación de su modelo neo-liberal.

Evidentemente, este acomodo no es del agrado de algunos sectores del sandinismo, ni tampoco de los desplazados partidos derechistas de la UNO, ni de los Estados Unidos, pero al fin y al cabo, ha sido una fórmula activamente apoyada por el ejército y, con más o menos matices por la mayoría de los nicaragüenses, cansados de conflictos y de inestabilidad económica.

Al igual que las anteriores ofensivas de la derecha, la del mes de junio apuntaba a una recomposición del poder. Calcularon esta vez los extremistas que las fuerzas del "co-gobierno" sandinista-lacayista mostraban debilidades y que esto les permitiría por fin alcanzar su meta. A su favor, contaban con el desgaste, tanto del grupo gobernante de "Las Palmas" como del FSLN, a los que suponían sumergidos en crisis internas, que se traducían tanto en una ocasión política que no podía dejarse pasar como en un vacío de poder que resultaba estratégico.

Por otra parte, era evidente que hasta el momento el sistema político no había podido dar solución efectiva y final al problema de la propiedad y por esto, desde los más humildes paracaidistas de la ciudad hasta los campesinos de minifundios unían sus voces a las de los somocistas y antiguos terratenientes para reclamar, desde muy diversas ópticas soluciones que acabaran con sus incertidumbres. El capitalista exigía títulos y seguridad para producir y el pobre exigía lo mismo para no ser desalojado. Todos los sectores políticos sin exclusión pedían una revisión a fondo del asunto de la propiedad.

El tema era candente, y la derecha vio en él la oportunidad para poner al sandinismo, y en alguna medida al gobierno, contra las cuerdas. Esta vez la ofensiva la encabezaron varios partidos de la coalición UNO representados en la Asamblea Legislativa, que presentaron un proyecto de ley para la derogación de dos de las últimas leyes sandinistas referidas a la propiedad, la 85 y la 86, y a partir de ahí, la revisión de todas las demás.

Tarde o temprano el tema de la propiedad tenía que estallar y, al igual que el tema del Ejército, su función social no admitía mayores ambigüedades ideológicas. O las fuerzas armadas y la estructura de propiedad eran bastiones de la revolución y de nuevas formas de relación social, bases materiales para la sobrevivencia económica, social, ideológica y política del sandinismo, bases para futuras transformaciones sociales y para la consolidación de la democracia económica. O eran bastiones del nuevo poder económico de la gran burguesía y de los grupos económicos más afines a los Estados Unidos, garantes de su propia reproducción y del ahogamiento no sólo de los pobres y de las fuerzas sandinistas, sino del mismo gobierno, al cual pretendían subordinar, como sucede siempre en la fórmula capitalista clásica.

A lo largo de un año de gobierno, se había producido un superficial consenso entre la extrema derecha, el gobierno y el sandinismo alrededor del esquema privatizador. Para el sandinismo, resultaba indefendible e inconveniente el que las propiedades del APP creadas con la revolución continuaran en manos del Estado. El gobierno no las quería, la AID y el Banco Mundial las desestimaban y los trabajadores de las mismas -en el campo y en la ciudad- reclamaban el que fueran privatizadas a su favor, aduciendo los derechos adquiridos a lo largo de diez años de trabajo con enormes esfuerzos voluntarios y bajos salarios y también, las grandes inversiones realizadas en estas propiedades por Estado revolucionario.

Por su parte, la gran empresa privada, con el apoyo de la AID y en nombre del neoliberalismo, exigía la repartición del boletín heredado por el Estado entre los grandes capitalistas y los antiguos dueños de estas propiedades APP. El gobierno, ideológicamente afín a la derecha, pero dependiente de la izquierda para su estabilidad, impulsaba una fórmula intermedia de privatización, que incluyera devoluciones de lo arbitrariamente confiscado y reparticiones de empresas urbanas y rurales entre capitalistas, trabajadores y desmovilizados de la contra y del ejército.

Un momento estratégico para la ultraderecha

No se puede descartar que los sectores más extremistas de derecha prolongaran deliberadamente la solución al problema, negándose a flexibilizar sus posiciones, aun cuando desde el comienzo el FSLN estaba de acuerdo en revisar casos de expropiaciones injustas, asegurar indemnizaciones, e incluso analizar las irregularidades cometidas en la transmisión de propiedades después de las elecciones.

En su ofensiva, la derecha apuntaba tanto contra lo adjudicado apresuradamente por el gobierno sandinista -que no sólo al final sino a lo largo de sus años de gestión desestimó la necesidad de otorgar títulos legales- sino también contra la fórmula gubernamental, insistiendo en que el gobierno no podía privatizar a favor de "terceros" -particularmente trabajadores y desmovilizados- lo que el sandinismo se había "robado" a lo largo de 10 años. En la fórmula ultraderechista no había cabida para la continuación de la reforma agraria y urbana, decisión que el gobierno sí decía apoyar. Para el COSEP y para la extrema derecha lo único que cabía era el desmantelamiento de la redistribución económica llevada a cabo por el sandinismo y la restitución de todos sus bienes a sus antiguos dueños -incluidos los somocistas-. En pocas palabras, su propuesta era una contrarrevolución agraria y urbana.

No todos los sectores de la derecha coincidían con el planteamiento radical y maximalista del COSEP. Algunos -dentro y fuera del gobierno- señalaban que se trataba simplemente de corregir los "abusos" llevados a cabo por los jerarcas sandinistas -la "piñata"- sin que esto significara afectar a los pobres beneficiados por la revolución. Alrededor de este planteamiento -compartido por un sector de los sandinistas- la extrema derecha vio la ocasión propicia para aglutinar nuevamente a la UNO y a la opinión pública y para asestarle un golpe estratégico al sandinismo -y en consecuencia al esquema de "co-gobierno"- en momentos en los que el proceso de crítica, discusión y reorganización a lo interno del FSLN llegaba a su punto culminante con el Primer Congreso Nacional.

La estrategia política derechista, adelantada como de costumbre por la Embajada norteamericana, consistió en montar una intensa y generalizada campaña contra los supuestos abusos de los dirigentes sandinistas en la "piñata", intentando alimentar con ella corrientes críticas en el FSLN que llevaran, en ocasión del Primer Congreso y de la elección de nuevas autoridades, a resquebrajar la unidad del partido y así, a romper la barrera fundamental que separaba a la extrema derecha del poder estatal y económico y que concluyera en "la revolución de la contrarrevolución". La extrema derecha estaba en una situación de "ahora o nunca", porque el plan económico venía afianzando la estabilidad y con ella, el poder del gobierno y porque con la culminación de la reorganización del FSLN quedaba atrás una de las etapas más difíciles atravesadas por las fuerzas populares. En otras palabras, de continuar tendencias de estabilidad en el gobierno y de fortalecimiento unitario en el sandinismo, la correlación de fuerzas solo podía ser cada día peor para la ultraderecha.

Realmente, el FSLN atravesaba por su peor momento, asediado por críticas generalizadas a causa de la desordenada entrega de propiedades que se hizo en las semanas anteriores a la toma de posesión del nuevo gobierno. Entre febrero y abril de 1990, el gobierno sandinista extendió 10 mil títulos de reforma agraria que legalizaban nuevos y viejos compromisos establecidos. Un 70% de los beneficiados con esos títulos fueron cooperativas, y el resto propietarios individuales. A las 3 millones de manzanas distribuidas a lo largo de 10 años, se agregaron otras 750 mil en los dos meses posteriores a las elecciones.

En este proceso se devolvieron propiedades, o se dieron otras a cambio, a familias que habían donado sus terrenos a la Reforma Agraria sandinista. También fueron beneficiados en este proceso técnicos agrarios y desmovilizados del Ejército, amenazados por el desempleo. Se legalizaron también propiedades que ya estaban en manos del EPS y del Ministerio de Gobernación. Los dirigentes sandinistas señalaron que el hecho de que sólo 90 de los 10 mil títulos se referían a propiedades de más de 400 manzanas era prueba de que no se había tratado de una piñata, aunque reconocían que indudablemente se había dado casos de abuso y de corrupción dada la celeridad y el desorden en que se otorgan estos títulos. Por haber descuidado la legalización ordenada de numerosas tierras y propiedades que ahora requerían ser tituladas y escrituradas, el FSLN pagaba un alto precio en su imagen pública, aun cuando la gran mayoría de los casos no pudieran ser clasificados como abusos de la "piñata".

Para la extrema derecha y para algunos sectores al interior del gobierno, la repartición de propiedades posterior al 25 de febrero representaba el flanco más débil y más capitalizable en contra del FSLN. Según el gobierno, el Protocolo de Transición no cubría las asignaciones de propiedades posteriores al 25 de febrero sino que reconocía únicamente los derechos de quienes vivían o trabajaban sus propiedades antes de esa fecha, pero que por diversas razones no contaban con su escritura.

Tras largas negociaciones con el gobierno, el FSLN anunció sorpresivamente a finales del mes que solicitaba a los productores individuales que fueron beneficiados con tierras después del 25 de febrero -aproximadamente 50 mil manzanas- que las restituyeran al Estado para conformar con ellas un banco de tierras que serían redistribuidas entre los campesinos sin tierra, desmovilizados del ejército y de la contra y otros pobres. A la par, el FSLN, invitaba a todos los terratenientes del país a entregar sus propiedades y contribuir de esta manera a la formación de ese banco de tierras. Para la derecha, la propuesta fue un gesto propagandístico y demagógico que dejaba traslucir un "mea culpa" por la inocultable piñata.

Pero la ofensiva ultraderechista no estaba basada únicamente en supuestas o reales debilidades del FSLN. También obedeció al análisis de que el grupo gobernante padecía de contradicciones que debían ser aprovechadas. Para arrinconar al sandinismo y al Ejecutivo, la ultraderecha necesitaba recomponer la coalición UNO, procurando ganarse a los partidos que estaban siendo afines al Grupo de "Las Palmas" en la Asamblea Legislativa. Algunos observadores empezaban ya a señalar que se estaba desintegrando el "trío de Las Palmas" (Lacayo-César-Hurtado) y que aparentemente el Ministro Hurtado andaba en búsqueda de su propio perfil político, entrando en contradicciones con Lacayo cuando éste se negó a destituir al Jefe de la Policía René Vivas, tal como lo venía exigiendo la Embajada de Estados Unidos. Por su parte, César había señalado públicamente su malestar porque Lacayo había contratado a Paul Reichler -abogado norteamericano que trabajó con el gobierno sandinista- para ayudar al gobierno de Nicaragua en la mediación del conflicto salvadoreño. El malestar de César era el reflejo del de los Estados Unidos ante esta decisión de Lacayo.

Alfredo César en el centro de la crisis

La diferencia de fondo en el seno del grupo de "Las Palmas" fue si admitir o no la discusión de los decretos 85 y 86, a lo que se oponía únicamente Lacayo, calificando desde el comienzo este intento de "disparate". No era ésta la posición de César, que muy pronto se rebeló, fraguando un plan de reunificación de la coalición UNO en el que los diputados de su tendencia llegaran a entendimientos con los de la fracción godoyista, ya minoritarios en la Asamblea.

El plan de César tenía como objetivo hacer depender de él y de la misma Asamblea Nacional -donde el FSLN estaba en desventaja numérica- la discusión y solución de la problemática de la propiedad. Aunque tildado al comienzo por los godoyistas como un "pro-sandinista", César hizo honor nuevamente a su mote de "Siete Puñales" -ganado con sus constantes cambios de posición política- al inducir al bloque de diputados aliado al gobierno a que dieran su respaldo a la iniciativa de los conservadores ultraderechistas que proponían la derogación de los decretos 85 y 86, aún cuando la misma Presidenta había pedido a los partidos de la UNO que desistieran de su iniciativa, por considerarla desestabilizadora para la sociedad.

Aunque los parlamentarios de la UNO afirmaban apologéticamente que los miles y miles de beneficiados por la reforma agraria y la reforma urbana no serían perjudicados por la derogación de las dos leyes y que se trataba únicamente de hacer justicia a los injustamente confiscados y de rectificar abusos sandinistas, la realidad era otra. El proyecto derogatorio introducido por el Partido Nacional Conservador, con el aval de Alfredo César, Presidente de la Asamblea, ponía en cuestión todos los cambios que en la estructura de la propiedad había llevado a cabo el gobierno sandinista. La provocación, tanto al pueblo como a las facultades del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, eran evidentes.

Fracasaron los esfuerzos de la bancada sandinista y de la Presidencia por detener a César y a la UNO reunificada. El lunes 17 de junio, la UNO decidió dar pase al proyecto derogatorio de las leyes 85 y 86. Con esta decisión estalló la crisis. El FSLN se retiró indefinidamente de la Asamblea. Las alcaldías de Managua y de las principales ciudades amanecieron formadas, al igual que dos radios derechistas de la capital. Esa noche se produjeron atentados con bombas en diferentes puntos de Managua y en los departamentos.

Aunque los atentados no dejaron víctimas, el blanco fueron viviendas de diputados de la UNO, las sedes de dos partidos políticos de la UNO, y la planta transmisora de Radio Ya, identificada con el FSLN. Integrantes del Movimiento Comunal, combatientes históricos y jóvenes lisiados de guerra -"comando de combatientes y pobladores"- estuvieron al frente de la toma de la Alcaldía de Managua exigiendo la entrega de títulos a los pobladores beneficiados con lotes y con viviendas. El FSLN convocaba a los desmovilizados de la Resistencia, a los pobladores de barrios y asentamientos y en particular a todos los miembros del Frente Sandinista "a defender y exigir los títulos de las tierras y propiedades" amenazadas, denunciando que eran los diputados de la UNO los que habían lanzado "una gran bomba terrorista sobre el pueblo".

El Alcalde de Managua Arnoldo Alemán recrudece el conflicto

Además de exigir que la Asamblea no discutiera el proyecto de ley -que rápidamente fue remitido a Comisión-, el sandinismo pretendía también dar una respuesta al Alcalde Arnoldo Alemán, que se había negado a entregar títulos a los pobladores -como lo establecían las leyes 85 y 86- y cuyas propias ambiciones presidenciales le habían provocado ya varios conflictos con el Ejecutivo. Los sandinistas ocupantes de la Alcaldía de Managua instalaron mesas en los alrededores e invitaron a todos quienes se sintieran amenazados por la falta de titulación de casas o lotes a inscribir a esas mesas los datos básicos de sus propiedades. 30 mil cabezas de familia se presentaron.

Algunos alcaldes, como el de Masaya, aceptaron la demanda y se dispusieron a entregar los títulos. No así el Alcalde de Managua, por lo que líderes del Movimiento Comunal recurrieron al Poder Ejecutivo para llegar a un acuerdo satisfactorio. Alemán quedó marginado al acordarse que una comisión mixta del Ejecutivo y del Movimiento Comunal -representado por el padre Miguel D'Escoto- elaboraría un plan de trabajo que agilizara el trabajo para concluir en la entrega de los títulos.

Otro "castigo" presidencial al Alcalde de Managua fue el despojarlo de la responsabilidad para la reconstrucción del centro de Managua, con cuyas utilidades se suponía que el Alcalde financiaría su campaña presidencial. El Alcalde apeló al estatuto de autonomía municipal, legado del sandinismo, e incluso llevó los camiones de basura de la alcaldía a una manifestación frente a la Presidencia. Se afirmó incluso que Alemán habría dirigido una carta al Embajador de Estados Unidos denunciando "el acto arbitrario del poder Ejecutivo, como en los peores tiempos dictatoriales" y pidiéndole intervenir ante la Presidenta Chamorro para que derogara el decreto emitido por ella y que concede a la Presidencia las facultades para la reconstrucción del centro de Managua.

El FSLN insistió en que el problema no era con la Presidencia, sino con César, con Alemán, con Godoy y con todos los legisladores derechistas que insistían en aprobar un proyecto de ley considerado inconstitucional por los sandinistas. Cuidadosamente, el sandinismo se abstenía de responsabilizar a la Presidenta o a Lacayo, a quien reconoció un papel constructivo en la crisis. Algunos sospechaban que, al igual que en el caso del Vicepresidente, Lacayo saldría beneficiado de cualquier paliza política que el FSLN propinara al Alcalde o al Presidente de la Asamblea. Algunos diputados sandinistas argumentaron que César pretendía llevar a cabo un "golpe de Estado técnico" contra el Ejecutivo y que la renuencia de alcaldes como Alemán a entregar los títulos atentaba contra el programa de reconciliación de la Presidenta.

César se convirtió en el principal blanco del sandinismo. "El FSLN no está acostumbrado a actuar como oposición responsable y se creen que están todavía en el gobierno", decía César. El COSEP abandonó el foro de la Concertación para reforzar a César, en tanto el FSLN -retirado de la Asamblea- anunciaba que redoblaría esfuerzos en la Concertación para llegar en el seno de ese espacio a acuerdos con el gobierno. Por su parte, Lacayo coincidía públicamente con el General Humberto Ortega al acusar al Vicepresidente Virgilio Godoy de desestabilizador y fomentador del rearme de ex-contras, convertidos en re-contras, llegando el Ministro Lacayo a proponer la renuncia del Vicepresidente. Iguales acusaciones de desestabilización organizada hizo el sandinismo contra el Alcalde Alemán.

Lacayo: "No nos moveremos ni un milímetro"

A los grandes productores que exigían la devolución de sus tierras expropiadas por la Reforma Agraria sandinista, Lacayo les insistía que debían "poner los pies sobre la tierra" y reconocer que no todo se les podía devolver porque estaban de por medio las demandas de los desmovilizados de la contra y del EPS, así como las de los campesinos organizados.

Asimismo, restaba importancia Lacayo al chantaje político de los parlamentarios de la UNO, rehusando aceptar los "plazos fatales" fijados por César para que la Concertación resolviera emitir sus criterios sobre el tema de la propiedad antes de que lo abordara la Asamblea, aduciendo que la Asamblea no podía ignorar los consensos a los que se llegara en las próximas semanas. De fondo, los antagonistas del gobierno y por supuesto, los del sandinismo, exigían abandonar el Protocolo de Transición que para Lacayo seguía vigente cuando afirmó: "Hay sectores que no comparten el proyecto de reconciliación ni la forma en que se está logrando, pero no podrán influir para cambiar la voluntad política del gobierno ni siquiera un milímetro".

Uno de estos sectores era evidentemente la Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (FAGANIC). En comunicado público, los grandes ganaderos exigieron que la Presidenta Chamorro "abandone la complicidad, desconociendo públicamente el vergonzoso y oscuro pacto denominado "Protocolo de Transición", y use al máximo la fuerza pública para imponer el orden, la seguridad ciudadana y el imperio de la ley. "Demandamos -decían- con todas nuestras fuerzas a la Excelentísima Señora Presidente retornar hacia sus verdaderos aliados, dejar de proclamar una falsa reconciliación", concluyendo que "un gobierno legítimo como el actual de Nicaragua no tiene por qué ser débil, ni mucho menos cobarde".

En realidad, la posición que desde el principio asumió el Ejecutivo respondía no tanto a la capacidad persuasiva del FSLN, ni a una práctica de estricto apego al Protocolo de Transición, violado en anteriores ocasiones por el mismo gobierno. Respondía fundamentalmente a la presión y a las acciones populares llevadas a cabo en las ciudades de todo el país y a la evidente y preocupante inestabilidad en el campo.

César busca desplazar a Lacayo

Gozando de un amplio e inesperado respaldo popular, las fuerzas sandinistas habían desplegado su fuerza movilizadora llevando la lucha a las calles, poniendo al frente especialmente al Movimiento Comunal, utilizando métodos de desobediencia civil, mientras la policía se limitaba a resguardar el "orden" impuesto por el pueblo. Quedó claro una vez más que la estabilidad anhelada para atraer el capital extranjero no podrá lograrse dejando al margen los intereses populares. Además de este esfuerzo de presión popular, el sandinismo redobló sus esfuerzos para lograr una solución negociada con el gobierno. En los mismos momentos en que el Movimiento Comunal mantenía tomada la Alcaldía de Managua, Antonio Lacayo y Daniel Ortega dialogaban directamente dando seguimiento a las negociaciones llevadas a cabo entre los representantes del gobierno y los del Movimiento Comunal. Acordaron entonces hacer nuevos esfuerzos para revitalizar el foro de la Concertación Económica y Social como instancia negociadora de los principales puntos de discordia, en particular en el tema de la propiedad.

No era ningún secreto que en esta situación la Asamblea y Alfredo César, su Presidente, se sentían relegados. El sandinismo, en minoría en la Asamblea, prefería negociar directamente con el gobierno, ya fuera a nivel de cúpulas o de organismos populares enfrentados a instancias oficiales, o ya fuera en el Foro de la Concertación. En este contexto, la decisión del COSEP y de los sindicatos de derecha de retirarse de la Concertación buscó fortalecer a la Asamblea y en particular, a Alfredo César, personaje siempre muy cercano a los centros de poder de los Estados Unidos.

César estaba apostando a convertirse en el interlocutor de las fuerzas de derecha en su conjunto desplazando a Lacayo, que carece de una base o partido político propio, librando así una lucha palaciega por llegar a ser el legítimo representante de la social-democracia nicaragüense y, desde esta posición, apelar y negociar con los sectores "moderados" del sandinismo.

Como defensor de los derechos de propiedad de los humildes, como acérrimo acusador de los "piñateros" y tomando distancia de los reclamos de los terratenientes confiscados, César quiso hacer de la "resolución" del complejo tema de la propiedad -para lo que se auto-nombró Presidente de una comisión especial legislativa- una plataforma de reconciliación y de creación de una fuerza "centrista" al frente de la cual quedaría él, satisfaciendo así sus conocidas ambiciones personales.

Los recontras piden garantías

La extrema derecha intentó manipular el conflicto agrario. En el mejor de sus escenarios, las demandas de los ex-contras armados o de los ex-contras organizados como movimiento civil y los continuos estallidos de violencia en el campo, le ofrecían la ocasión de jugar a favor de las demandas del godoyismo y de sus nuevos aliados. Sin embargo, a un año de firmados los acuerdos de desarme y de reinserción de los contras en la vida civil, una gran mayoría de ellos continuaba esperando que el gobierno les cumpliera lo prometido y sus dirigentes reclamaban que la situación de sus compañeros era peor que durante la guerra. "El gobierno puede perfectamente -decían- dar respuesta positiva a los problemas de nuestros familiares, pero no lo hace. Por el contrario, nos aísla y hasta nos considera peligrosos".

La frustración económica estaba ya provocando la aparición de grupos armados, particularmente en la zona del Cuá-Bocay. También se produjeron en esa zona asesinatos de cooperativistas y oficiales del EPS y de la Policía. En Wiwilí, desalzados armados se tomaron varias cooperativas agrícolas. Según la UNAG, el clima de violencia e incertidumbre se había acrecentado en los últimos 6 meses y en ese período, 50 cooperativistas fueron asesinados y un total de 110 propiedades agrícolas seguían ocupadas por la fuerza. La respuesta del Ejército fue evitar toda campaña de persecución o de represalia a los re-contras. Estos reclamaban que su seguridad se veía constantemente amenazada por sandinistas armados y exigían del gobierno garantías de seguridad económica y del FSLN, garantías de seguridad física.

A finales de junio, dirigentes de los ex-contras, del gobierno y del FSLN -la delegación estaba encabezada por Daniel Ortega- se reunieron para examinar el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y los problemas posteriores, comprometiéndose ambas partes a llevar a cabo acciones concretas, particularmente para asegurar el desarme de la población civil y de los campesinos que aún tenían armas en su poder. "Esta es la verdadera concertación" declaró el ex-Presidente Ortega, subrayando una vez más el papel crucial del FSLN en el aseguramiento de la paz social. No obstante, "ex-comandantes" de tres "frentes" de guerra (Norte, Sur y Atlántico Norte), celosos del espacio que tienen los jefes civiles contras "Franklyn" y "Rubén", rehusaron firmar el compromiso.

Las pláticas que se desarrollaban con los sandinistas a todos los niveles eran concebidas por la contra, y probablemente por el mismo gobierno, como el medio definitivo para resolver el problema de la seguridad de los ex-contras y la de sus familiares. Estas pláticas fueron un indicio de que entre los ex-contras avanza una nueva conciencia entre los ex-contras de no dejarse utilizar por intereses ajenos.

En palabras de un desmovilizado: "No estamos de acuerdo con que Virgilio Godoy y Arnoldo Alemán anden levantando a la gente. El político que quiera trepar a la Presidencia, que suba por sus propios medios, pero que no nos manipulen a nosotros". En la Región V, en cambio, se estaba produciendo con relativo éxito la reintegración social y económica de los ex-contras, el acercamiento entre sandinistas y ex-contras promovidos por la UNAG, e incluso la intercesión de la ATC para asegurar tierra estatal para los desalzados. Se daban incluso acciones conjuntas de desmovilizados de la contra y de campesinos sandinistas para realizar tomas de tierras de los grandes terratenientes. Se manifestaba un creciente repudio al gobierno y a los políticos, entre los que los ex-contras incluían a algunos de sus antiguos dirigentes, que gozaban de cargos y de privilegios. Se iba así debilitando la alianza histórica de la extrema derecha y de los campesinos que tomaron las armas para luchar contra el FSLN.

El poder de las ofensivas jurídicas de la Asamblea Nacional

La maniobra de César y la ofensiva ultraderechista, sin haber sido aún ni contenida ni neutralizada, mostró no contar con mayor base social que la de los propios políticos que la protagonizaban. A finales de junio, ni estos mismos políticos daban muestras de mantenerse unidos. Para evitar fisuras, el COSEP y el ala extremista de la UNO liderada por Godoy intentó congregar a todos los partidos de la UNO, alcaldes y organizaciones afines, incluyendo grupos de ex-contras, para sostener y para ampliar la campaña contra el gobierno.

Pero los partidos Socialista, Nacional Conservador, Social Demócrata y Acción Nacional Conservadora decidieron a última hora retirarse de la reunión convocada con este fin, en tanto que un sector de los 96 alcaldes de la UNO tampoco asistió. La declaración final de lo que se concibió como una "encerrona" al Ejecutivo acusa al gobierno de interponer "obstáculos, trampas y traiciones", así como de "excesiva dependencia de los sandinistas".

Demanda que el gobierno "desconozca y declare inexistente" el Protocolo de Transición y suspenda toda entrega de títulos de viviendas, revierta la repartición de empresas estatales entre trabajadores y desmovilizados de ambos bandos, y "haga justicia" a los pobladores y campesinos beneficiados por la Reforma Agraria "ubicándolos" en otros lugares, devolviendo las propiedades a sus antiguos dueños. Asimismo, urgieron hacer reformas a la Constitución y al Poder Judicial, nombrar nuevo Ministro de Defensa y nuevo Jefe de la Policía y que la Concertación "deje de ser un vehículo de arreglos entre el gobierno y el FSLN".

A finales de junio, la UNO, reunificada principalmente en torno a la bandera de la propiedad, daba muestras de estar desintegrándose nuevamente. Las reuniones convocadas por los sectores más recalcitrantes, liderados por el COSEP, no pudieron asegurar la participación de los diputados, partidos y alcaldes de la facción de César. César no estaba en disposición de disminuir la beligerancia extremista del COSEP ni el COSEP de permitir que César asumiera el liderazgo de la derecha. Por su parte, Lacayo se lavaba las manos en el pleito interno en la UNO asegurando: "Yo realmente no soy de la UNO, soy del gobierno". Y era cierto: la UNO no pudo nunca adueñarse del gobierno ni asumir la anhelada cuota de poder que creían estos políticos les correspondía. Continuaba siendo una desunida oposición de derecha, incapaz de hacer un contrapeso efectivo -salvo en la Asamblea- a la oposición ejercida eficazmente por el FSLN a nivel nacional y social.

Antonio Lacayo y Daniel Ortega: únicos capaces de traer la paz

En última instancia, lo que quedó claro ante todos los observadores y ante el pueblo era que el gobierno y el FSLN concretamente, Antonio Lacayo y Daniel Ortega, eran los capacitados una vez más para establecer la paz en el país. Ante los desmanes de la Asamblea o los del Alcalde de Managua, o aun ante los insistentes reclamos de la re-contra, era el gobierno y el sandinismo los que habían demostrado capacidad de sentarse para encontrar y respaldar soluciones a los problemas que se presentaban. Lacayo -y en menor medida el FSLN- insistió en que era el foro de la Concertación el indicado para resolver políticamente el tema de la propiedad, y que era a través de acuerdos políticos que la Asamblea podría legislar, y no al revés, en tanto que no se podía confiar a los partidos políticos de derecha -ofuscados por el deseo de venganza contra el FSLN- la facultad de discutir y legislar ecuánimemente sobre los grandes problemas de la nación.

Obviamente, la correlación de fuerzas en la Asamblea Nacional no representa la correlación de fuerzas reales en la sociedad, particularmente en términos de capacidad movilizativa. Esto lo sabe el Ejecutivo y lo sabe el Frente, que volvía a depender del Ejecutivo para frenar los intentos revanchistas en la Asamblea, freno que una bancada sandinista en minoría no podía lograr. Sin embargo, nadie podrá menospreciar la capacidad de la derecha legislativa de emprender nuevas ofensivas jurídicas contra el sandinismo, como las ya anunciadas: la revisión de la Ley. Orgánica del Ejército, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo Supremo Electoral.

Pero el gobierno era tan rehén del FSLN como el FSLN del gobierno. Y las "concesiones" se pagaban con "concesiones". La ultraderecha no se sale con la suya, pero tampoco el sandinismo mientras que en algunos casos el gobierno si se sale con la suya. ¿Hasta qué punto el FSLN no esta cayendo en un juego político en el que, dentro de un gobierno de clase burguesa, Alfredo César, al mostrar fisuras con el Ejecutivo, aparece como el "duro" en tanto que su cuñado Lacayo es el "conciliador"? Aunque Godoy había quedado relativamente marginado, la realidad era que como opositor al Protocolo de Transición, era más peligroso César, firmante del mismo, por su imagen, por sus estrechos nexos con el gobierno de Estados Unidos y por su posición a la cabeza del poder legislativo del Estado.

¿A quién obedecerían ahora los partidos "moderados" de la UNO en la Asamblea: a César Presidente de la Asamblea, o a César delegado de la Presidenta de la República? Y si el Ejecutivo quedaba privado de su base legislativa, ¿no estaba entonces debilitado, más vulnerable la presión de los Estados Unidos, y con menos fuerza negociadora con el FSLN? Si Lacayo ya no podía neutralizar ofensivas de la extrema derecha en un ámbito tan importante como el de la legislación, ¿por qué entonces el FSLN debía tratar de contener al movimiento popular o de hacer concesiones que no eran correspondidas en la práctica por el gobierno?

Para convencer al gobierno de la necesidad de actuar con sensatez para preservar la estabilidad, parece necesario que el sandinismo opte por "desestabilizaciones" momentáneas y responsables. Solamente de esta manera contribuirá a la defensa del orden político consagrado en la Constitución y en el Protocolo de Transición, y a la misma estabilidad y capacidad de gestión del gobierno. Irónicamente, las acciones de movilización popular conducen a un fortalecimiento de la posición "centrista" de Lacayo, frente a las ambiciones y exigencias de la extrema derecha y de los partidos de la UNO.

Y aún cuando los extremistas y la Embajada norteamericana demandaran mano dura contra los activistas que reclamaban en las calles, en el contexto nicaragüense la solución no podía ser la represión, y ya no sólo porque la policía podía negarse a acatar efectivamente esa orden, sino porque conociendo a las fuerzas del sandinismo, ni la misma Dirección Nacional tenía capacidad de hacer acatar una orden de repliegue popular ante una ofensiva derechista de carácter frontal. En todo caso, el Departamento de Estado no ocultó su parcialidad, acusando al sandinismo de fomentar la violencia y de estar saliendo a las calles para "proteger la mansiones de sus líderes", añadiendo que "en vez de pronunciar más amenazas, los dirigentes sandinistas tienen la responsabilidad de desaprobar esas acciones de violencia, tomar medidas para terminar con las mismas y participar en el debate a través de los medios constitucionales".

La contradicción de fondo

Independientemente del nuevo resquebrajamiento de la derecha y de la aparición de una tercera facción burguesa encabezada por Alfredo César, permanece en el tapete la contradicción de fondo entre el sandinismo y el modelo agroexportador neo-liberal que defiende toda la derecha en conjunto. A finales de junio, el gobierno firmó casi de manera secreta un Tratado Marco de Libre Comercio con Estados Unidos. Nadie ignora que se trata de una "recompensa" del gobierno de Estados Unidos al de Nicaragua por haber derogado la Ley 92, que obligaba al gobierno a seguir adelante con el juicio contra Estados Unidos en la Corte Internacional de Justicia, y por tanto, a fijar y reclamar la indemnización establecida por la Corte. Con el acuerdo vendrán nuevos compromisos nicaragüenses para avanzar hacia la "estabilización" económica conforme a la nueva ortodoxia neo-liberal. En este contexto, resulta perfectamente lógico que para avanzar en ese modelo, se exija la recomposición de la propiedad, una vez lograda la estabilización monetaria y con la promesa de algunos recursos externos.

El asunto de la propiedad deja poco margen de maniobra social, pues la privatización exigida por Estados Unidos y por la banca internacional supone alterar los actuales esquemas de propiedad transformados por la revolución. A su vez, esto es imposible sin romper el estado de derecho que el gobierno está obligado a respetar para que el FSLN respete al gobierno. Las exigencias de mayores garantías por parte del capital nacional y extranjero atentan contra el gradualismo con que el gobierno viene imponiendo su modelo capitalista.

El problema de la propiedad es el problema del poder económico y no se limita a la neutralización de los intentos de derogar decretos sandinistas. Se trata de defender activamente a los sectores populares, particularmente a los cooperativizados. Se trata de resistir no sólo las ofensivas jurídicas de los diputados sino las ofensivas económicas del gran capital, que sin necesidad de decretos, se puede apropiar fácilmente de los recursos populares en un contexto de desprotección crediticia y productiva de la pequeña y mediana propiedad.

Se trata de la batalla entre los recursos materiales con sus formaciones sociales revolucionarias y el gran capital y sus imposiciones explotadoras del trabajo. Para el sandinismo, no cabe duda de que la revolución se perderá o se ganará en función de los avances o retrocesos que se den en el proceso de democratización económica. No pocos sectores de Nicaragua y de Estados Unidos soñaron con presenciar en Nicaragua enjuiciamientos y confiscaciones similares a los llevados a cabo contra las autoridades y las estructuras derrocadas en Europa del Este. Esto implicaría desconocer el profundo contenido de justicia social que hubo en la asignación, por el gobierno sandinista, de viviendas, lotes urbanos y tierras desde 1979, y que no puede limitarse a los alcances de las leyes 85 y 86, que es lo que argumenta la derecha.

Sólo el pueblo puede frenar a la extrema derecha

En última instancia, es el pueblo el que frenará a la extrema derecha, pero es el partido sandinista el que está llamado a evitar que el pueblo actúe disperso. Para ello se hace necesario el evitar la propia dispersión en el seno del FSLN. Los intensos debates y críticas a lo interno del sandinismo, aunque necesarios y saludables para la organización, también pueden amenazar con privar al movimiento popular de un interlocutor firme y creíble ante el gobierno. No es casualidad que precisamente en los momentos en que la membresía sandinista debate su nuevo perfil, la derecha monte su ofensiva.

En los Congresos Departamentales una mayoría sandinista consideró pragmáticamente que no caben enjuiciamientos políticos de la dirigencia sandinista cuando la derecha enjuicia al sandinismo en su conjunto. Los Congresos Departamentales y la Asamblea Sandinista evitaron caer en la trampa tendida por la ultraderecha, que buscó hacer coincidir los dos procesos -debate sandinista y debate sobre la propiedad- apuntando todas sus baterías contra los dirigentes sandinistas. Enfrentando este objetivo, el liderazgo de Daniel Ortega se fortaleció al ser postulado para Secretario General del FSLN, y las intensas discusiones políticas sobre una nueva configuración política del FSLN trataron de resolverse con la postulación de Sergio Ramírez y de René Nuñez como candidatos para integrar la Dirección Nacional. Así se fue neutralizando este nuevo intento de la derecha de chantajear al FSLN para doblegarlo y forzarlo a tomar una posición más conciliadora y acomodaticia frente al nuevo orden neo-liberal. ¿Hasta cuándo? Por lo muy estratégico del tema de la propiedad, podemos esperar nuevos, próximos y tal vez más violentos rounds.

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