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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 116 | Junio 1991
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Nicaragua

Los dilemas políticos del sandinismo

La discusión sobre la naturaleza del gobierno y sobre las formas de lucha para hacerle oposición plantea preguntas estratégicas al FSLN.

Equipo Envío

El 22 de mayo concluyó la tregua que sobre huelgas y luchas salariales había concedido el FNT al gobierno para apoyar el plan anti-inflacionario y para lograr la luz verde de la comunidad financiera internacional en la gestión de nuevos prestamos.

No fue coincidencia que el mismo día en que expiraba la tregua, el gobierno convocara a la segunda fase de la Concertación a los sindicatos y a la empresa privada, participando en esta ronda el COSEP. De hecho, lo que el gobierno hacia era volver a pedir una nueva tregua. Aunque algunos argumentan que el éxito del gobierno en conseguir prestamos y donaciones para el pago de la mora fortalece su posición, la realidad es que el no cumplimiento de una mayoría de los compromisos acordados en la Concertación de octubre ha ido llevando al sector sindical, y al sandinismo en su conjunto, a asumir posiciones mas duras y mas concretas.

De nuevo, Nicaragua llegaba a otra de sus hora cero. Bajo el peso del enorme y negativo impacto social de la política económica oficial, las fuerzas populares exigían una vez mas el ajuste social de las políticas de ajuste económico, de manera que no todo el sacrificio lo pongan los mas pobres. De no darse esa redistribución de la carga y la corrección de algunas medidas políticas, no quedaría mas que la reedición de la confrontación en una nueva crisis de huelgas, movilizaciones callejeras y altercados con la policía.

De nuevo, el sandinismo, para trazar su estrategia, debía reabrir la discusión sobre la naturaleza del gobierno y sobre las tareas del momento, ante la creciente impaciencia de las bases mas politizadas de la nación. En ese sentido, la pregunta central es si la Concertación esta representando un esfuerzo genuino de todos para definir acciones concretas y urgentes que den respuestas a las demandas populares, o si por el contrario, la Concertación no es mas que un regateo que va a terminar desgastando la credibilidad tanto del gobierno como de los lideres sindicales. La respuesta a esta pregunta crucial depende del gobierno, pero también de la interpretación política que de la voluntad del gobierno hacen las fuerzas populares.

Las respuestas a estas preguntas cruciales depende del gobierno, pero también de la interpretación política que del gobierno hacen las fuerzas populares.

¿Un gobierno con buena voluntad?

Para algunos sandinistas, se trata de un gobierno con voluntad y eventual capacidad de asumir posiciones de centro-izquierda, pero que se encuentra débil ante las presiones de la extrema derecha y de los Estados Unidos. De este análisis se desprende la necesidad de lograr un entendimiento con el gobierno y de ofrecerle estabilidad laboral para así fortalecer su capacidad de resistir las presiones derechistas.

Para otros sandinistas es ya imposible seguir creyendo en la buena voluntad del gobierno. Mas que de debilidad oficial se trataría de mala fe política y de coincidencias básicas con los sectores mas recalcitrantes de la UNO y de los Estados Unidos. Desde otra óptica seria imposible explicar la solicita actitud del gobierno frente a las demandas de la derecha, y sus posiciones intransigentes o indecisas frente a las demandas sindicales. Dependiendo de la interpretación, queda el que hacer. ¿Apuntalar al gobierno o doblegarlo para lograr reivindicaciones populares? ¿Avanzar hacia nuevas exigencias o mantener el terreno conquistado?

¿Gobierno de centro o de derecha?

Por un período de 60 días las organizaciones laborales se comprometieron a suspender las huelgas para darle al gobierno la oportunidad de cumplir con su promesa de que, como resultado del plan de estabilización iniciado el 3 de marzo, la inflación se controlaría y los trabajadores lograrían un aumento del valor de su salario real. En aquella ocasión, el gobierno prometió casi lo imposible: simultáneamente se reduciría la inflación, se aumentaría el empleo, mejorarían los salarios y el consumo y se reactivaría la producción. A regañadientes, el sandinismo acepto esta promesa, buscando evitar a toda costa que pudiera achacársele responsabilidad alguna por cualquier fracaso en el ajuste económico.

Al acordar la tregua, ambas partes, probablemente, tuvieron sus dudas no solo con respecto a las intenciones del otro, sino también sobre su propia capacidad de cumplir con lo que acordaban y prometían. El gobierno pretendió argumentar lo inargumentable: que las medidas anti-inflacionarias exigidas por la AID, el Banco Mundial y el FMI no provocarían una recesión cuyo costo vendría a caer principalmente en los desempleados. Dos días antes de anunciar las medidas económicas de marzo, Antonio Lacayo prometió que el desempleo generado por los drásticos recortes presupuestarios y los reajustes en el Estado y en la producción serían compensados con un fondo para "inversiones sociales de emergencia", creando empleos especialmente en la construcción. Pero de los 25 mil nuevos empleos que se ofrecieron entonces, a finales de abril apenas se habían creado 5,500 según el propio administrador de este programa de emergencia, el llamado FISE. Como consecuencia del plan de ajustes el numero de desempleados se ha elevado - según el FNT - a 190 mil, incluyendo en esta cifra a los desmovilizados del ejército, y el salario medio ha caído desde octubre en un 40%.

Representantes de la Cámara de la Pequeña y Mediana Industria denunciaron que la enorme contracción en la demanda provocada por los ajustes había producido una contracción igualmente violenta en la producción y en el empleo, contracciones que también eran resultado del hecho de que con la devaluación se había dado un descenso de un 77% en el capital de trabajo de estas empresas con lo que un 40% de las cooperativas manufactureras estaban paralizadas y las que trabajaban lo hacían a capacidad mínima.

Por su parte, la UNAG señalo que la concertación suscrita "por arriba" no se había traducido en una "concertación por abajo", y que aproximadamente 200 cooperativas estaban tomadas y crecía la demanda de tierras y de financiamiento para la siembra, tanto de los campesinos como de los desmovilizados de la contra y del EPS. Sin embargo, el gobierno afirmaba que un 80% de los compromisos suscritos se habían cumplido, destacando como los principales logros de su plan "el regreso de los flujos financieros a Nicaragua" y "el fin del impuesto inflacionario".

Lo mas grave era, sin embargo, que el gobierno no podía garantizar que la palabra empeñada del Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, fuera respetada por las entidades de su propio gobierno, particularmente en lo concerniente al delicadísimo asunto de la propiedad. Aunque por enésima vez - y como parte de la Concertación y de la tregua - el gobierno se comprometió a respetar las adjudicaciones legales de lotes, viviendas y tierras agrícolas realizadas durante el gobierno sandinista, los problemas no cesaron.

Los delegados gubernamentales en los departamentos, muchas municipalidades, el Banco de la Vivienda y el mismo Procurador General de Justicia continuaron empeñándose en avalar y promover la devolución de propiedades a sus antiguos dueños, muchos de ellos residentes en Miami y con planes de vender lo recuperado para luego regresar a Estados Unidos. Estas tentativas de devolución, defendidas arduamente por el Vicepresidente Godoy y los sectores empresariales y politicos de extrema derecha, han venido provocando movilizaciones espontaneas en el campo y en la ciudad, incluyendo a muchos de los que dieron su voto a la UNO.

Productores sin créditos y desmovilizados sin tierras

Por otro lado, el retraso del gobierno en conceder a todos los productores los créditos que demandan para el ciclo agrícola ha hecho que el apoyo de la UNAG y el de la ATC al plan de estabilización se mantuviera condicional. En este aspecto también chocaban las aspiraciones populares a lograr al menos una subsistencia con la lógica recesiva de un plan en el que las exigencias de los banqueros internacionales limitan la emisión del crédito, orden obedientemente ejecutada por los tecnócratas del gobierno. En este contexto, lo que resulto mas grave fue que al abrir cautelosamente las ventanillas del crédito, los engorrosos trámites impuestos a los pequeños productores y particularmente a las cooperativas reflejaban de hecho una discriminación.

La negativa del gobierno, en la práctica - aunque no en la retórica -, de conceder sus títulos de propiedad a quienes la revolución hizo dueños de tierras (un sandinismo confiado en que nunca dejaría el poder no se había tomado la molestia de asegurar esta legalización), marginaba a "los sin titulo" a la hora de ir al banco en busca de créditos. Similar era la queja que planteaban los ex-contras desalzados, pues o no poseían tierra, o si la poseían, no contaban con el titulo de adjudicación y por lo tanto, carecían de financiamiento bancario.

Por otro lado, la misma negligencia del gobierno en entregar tierra e implementos agrícolas a los desmovilizados de la contra mantenía a varias zonas del norte en zozobra por la conformación de grupos de la "recontra": bandas armadas de campesinos que se sienten traicionados por el gobierno a causa del ostracismo económico, social y político al que han sido sometidos. El Ministro Antonio Lacayo y el General Humberto Ortega acusaron a la extrema derecha, especialmente al Vicepresidente Godoy y al Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, de realizar campañas de agitación entre los grupos desalzados, teniendo una gran responsabilidad en el surgimiento de la recontra.

Aunque los máximos representantes de los desalzados ponían en duda la existencia de los grupos de recontras, afirmaban que, de existir, eran obra del sandinismo y de sus elementos armados. Por su parte, el embajador norteamericano en Managua negó que su país estuviese suministrando apoyo bélico a los recontras, aunque afirmo que le constaba que la ex-Resistencia tenía "problemas de seguridad" en algunos lugares del país.

El colmo de la incoherencia lo vino a poner la decisión de la Corte Suprema de Justicia, dominada por magistrados partidarios del gobierno, que por unanimidad declaro inconstitucional los dos artículos sustanciales del decreto 11-90 apoyado en el cual la Comisión para la revisión de las confiscaciones hechas durante el sandinismo venia ordenando la devolución de propiedades a reconocidos latifundistas, entre los que había también connotados somocistas.

Frente Sindical, Frente Popular y Frente Sandinista

Por el lado de los trabajadores del FNT y por el lado del FSLN tampoco se podía hablar de una coherencia total, ni a lo interno de sus respectivas filas ni en las relaciones entre estas dos organizaciones. En representación de miles de educadores, el sindicato sandinista de los maestros - que venían devengando salarios menores al de una empleada doméstica -, organizo una huelga que, superando la duración de la huelga de los trabajadores de la salud, llego a ser la mas prolongada desde la toma de posesión del nuevo gobierno. El conflicto entre los maestros y el Ministerio de Educación era antiguo.

Se había iniciado en realidad hacía más de dos años. Básicamente, los educadores exigían un salario mínimo que cubriera el 40% sobre el costo total de la canasta básica y la reglamentación y entrada en vigencia de la Ley de Carrera Docente aprobada por el Legislativo en octubre/90. Los maestros no compartieron la decisión del FNT de conceder una tregua al gobierno en cuestiones de salarios y llenaron prácticamente los dos meses de tregua con su combativa huelga.

Tampoco aceptaron tregua los campesinos y los pobladores de las ciudades amenazados con ser despojados de sus tierras, de sus lotes y de sus casas. Para todos ellos la estabilidad nacional pasa por lograr seguridad sobre los bienes que les pertenecían por la ley o por el derecho de haberlos recibido como una asignación estatal durante el período revolucionario. Las manos, tanto las del FNT como las del FSLN, se veían forzadas en alguna medida por la presión de los pobladores y de los maestros, cuyas demandas ya no podían quedar fuera de la Concertación. Mas todavía: la resolución de los reclamos de estos sectores se volvía pre-condición para la estabilidad laboral y social anhelada por el gobierno.

De hecho, en el acuerdo suscrito en marzo con el gobierno, el FNT y los trabajadores habían asumido una alta cuota de sacrificio material, pero también de responsabilidad política, al concederle al gobierno ese plazo para que eliminara con los ajustes monetarios la hiperinflación.

Por su parte, el gobierno se había comprometido a que al cabo de los 60 días de la tregua se mediría la capacidad adquisitiva real de los salarios para efectuar los ajustes correspondientes "en caso de que hubiera perdida". Aunque era evidente que al termino de la tregua, tras el disparo de los precios ocurrido en marzo, en abril y mayo se reduciría drásticamente el ritmo de inflación.

Esto no significaba mecánicamente que los asalariados hubieran recuperado el poder adquisitivo que tenían antes de las medidas. La realidad era que los salarios se habían multiplicado por 3, pero los precios por 5. A finales de mayo economistas gubernamentales e independientes disputaban con cifras muy variadas lo que exactamente había ocurrido con los precios. El Ministerio de Economía afirmaba que los asalariados estaban en mayo mejor que en marzo, al iniciarse el "shock" y que por esto, no cabía un nuevo reajuste salarial. Los sectores sandinistas calculaban el deterioro del poder adquisitivo en un 36%, por lo que el FNT exigía un reajuste del 40% si el gobierno quería cumplir con su compromiso.

Al entrar en la segunda fase de la Concertación - convocada justamente por el gobierno el mismo día en que expiraba la tregua - el FNT encontraba entre la pared de su opción por la estabilidad nacional y la espada de las demandas de los diversos sectores que le exigían confrontar al gobierno. Los trabajadores del campo exigían inmediato financiamiento para la producción. Los desempleados, la generación de nuevas fuentes de trabajo. Los empleados, el establecimiento de un salario mínimo y un reajuste salarial capaz de cubrir, si no el costo total, si un alto porcentaje del costo de una canasta básica de 53 productos. Los pobladores exigían mantener la vigencia de las Leyes 85 y 86 que les habían convertido en dueños de las propiedades que recibieron con la revolución. Los cooperativistas pedían el que se les entregaran títulos de propiedad a su favor.

Era evidente que el gobierno se sentía mas fuerte después de la exitosa negociación en la que consiguió el dinero para el pago de la mora y después de lograr la reducción en la tasa de inflación. Sin embargo, estaba por verse si esa fortaleza se traduciría en mayor flexibilidad o en mayor dureza frente a las demandas de los sectores populares. La nueva situación iba a precipitar a su vez, la revisión del discurso que habían compartido el FSLN y el FNT sobre la necesidad de ser "responsables", de buscar el interés nacional, de asegurar la paz y la estabilidad de la nación por las que habían votado todos los nicaragüenses.

Pero, ¿que significa estabilidad para el 45% de la población económicamente activa que esta sin empleo fijo o para ese 75% de los miembros del FSLN que dicen encontrarse sin trabajo formal? ¿Podía el FNT representar como organización a una creciente mayoría de desempleados¿- ¿Quién hablaría por ellos? Y por otra parte, ¿no era lo mas lógico que el FNT reflejara mas beligerantemente en sus planteamientos las exigencias de los empleados del sector publico, el sector mas beligerante de los trabajadores, y a la vez el mas temido por el gobierno?

Y aceptando esa lógica ¿como compatibilizar la demanda de mejores salarios y beneficios sociales con la otra demanda, quiza no tan articulada, de los que solo pedían trabajo? ¿A cual de estas demandas debía responder primero un gobierno con presupuestos limitados, cuando evidentemente no le podía dar todo a todos? Entonces, ¿que capa de los sectores populares debía asumir la mayor cuota de sacrificio? ¿Como compatibilizar entre todos los sectores las tan diversas visiones y definiciones que de la estabilidad tienen? Y por ultimo, si el gobierno ya había conseguido el acceso a los recursos externos, ¿no quedaba libre el FNT para exigirle con firmeza el cumplimiento de las postergadas promesas de mejoría que había hecho a los sindicatos?

FSLN: diferenciar entre opinión popular y opinión pública

Era claro que el FSLN no podía dejar a un lado a las masas de desempleados ni podía continuar pidiendo paciencia y tregua a los organismos populares. Pero a lo interno del Frente se abogaba también porque se hiciera una diferenciación entre la opinión popular y la opinión publica, entre lo deseable popularmente y lo viable nacionalmente. Se pedía una reflexión sobre el hecho de que ante la situación de estancamiento económico y de fragilidad política, la opción revolucionaria exigía un apuntalamiento de la estabilidad global y, por lo tanto, el ejercicio de una oposición responsable. Se insistía en que no se podía caer en la premisa errónea de que el desgaste del gobierno favorece automáticamente a la oposición, y de que todo logro positivo de la gestión gubernamental se traduce en un debilitamiento del sandinismo.

Por lo demás, un partido con pretensiones electorales, con el compromiso de forjar el mas amplio consenso social posible en la defensa de los intereses populares, no se podía dar el lujo de no tomar en cuenta las percepciones de los sectores medios no sandinistas, que veían la estabilidad permanentemente amenazada por el radicalismo de los sandinistas. Indudablemente, esta percepción era atizada por la sostenida campaña anti-sandinista que hace el diario La Prensa y otros medios financiados por la AID.

Según esta campaña, el FSLN-FNT - no hacen diferenciación alguna - esta empeñado en desestabilizar al gobierno y mantener a todo el país en zozobra a fin de crear las condiciones de crisis que le permiten volver al poder, o cuando menos asegurar cada vez mayores cuotas de poder en el actual gobierno.

Existe una percepción simplista en la percepción de las capas medias: si algún exito tiene el gobierno es responsabilidad del mismo, pero de sus desaciertos y contradicciones, los responsables son el FSLN-FNT. Pero en una sociedad con crecientes índices de urbanización y de ingresos medios, las opiniones de este sector no se pueden descartar: aun descontentos con la situación económica, son los primeros en protestar contra las huelgas que interfieren en su quehacer diario o que mantienen a sus hijos sin clases por la huelga magisterial. El recurso a la huelga seguía siendo un arma de doble filo, particularmente cuando la huelga se vuelve prolongada o se realiza en sectores claves. Así lo han indicado las encuestas de opinión publica desde las primeras y principales huelgas que se dieron en 1990 y a lo largo del primer año de gobierno. Aunque los trabajadores hubieran obtenido reivindicaciones y aunque se hubiera remoralizado el partido, el FSLN podría estar retrocediendo en las simpatías de la opinión publica.

De aquí que la tregua concedida por el FNT pudo haber representado mas un consenso partidario que un consenso sindical, una opción basada en una visión mas estratégica de largo plazo que en una visión inmediatista o coyuntural. Evidentemente, el FNT no podía ser ajeno al consenso nacional que existía alrededor de la necesidad de asegurar la reactivación productiva y de acabar con la inflación. Tampoco le convenía ni al FNT ni al FSLN el aparecer como contrarios a la búsqueda de estabilidad y de convivencia pacifica con el gobierno. Pero lo fundamental era nuevamente el definir los términos de estabilidad y de convivencia. La embajada americana y el COSEP tenían sus propias definiciones y afanosamente trataban de imponerles al gobierno. Y en ultima instancia, nadie podía negar que el gobierno Chamorro, aun cuando afirmara ser de centro y estar por encima de los intereses partidarios, era mas proclive a la derecha que a la izquierda.

Sobre el camino, el FSLN y el FNT iban aprendiendo también que las demostraciones de fuerza de los sectores populares en las calles se hacían sentir en la mesa de las negociaciones y compensaban algunas de las desventajas de la situación. También aprendían que esas manifestaciones no eran manipulables ni podían ser el producto de una orden partidaria. En ultima instancia, la torpeza del mismo gobierno venia a ser el mejor aliado del FSLN para sacar el pueblo a la calle en defensa de sus derechos y para concederle tanto al partido como al FNT el inconfundible mandato publico que ambos requerían. Datos del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, indican que los sindicatos afiliados a la UNO han perdido un 29% de sus membresía, en tanto que el FNT creció un 65%. Además los sindicatos no sandinistas se han visto obligados a ponerse a la par del FNT en todas las negociaciones laborales.

Fuera del contexto de la problemática laboral, era claro que la defensa de las propiedades adquiridas por el pueblo durante la revolución recaía fundamentalmente sobre los mismos que ayer fueron beneficiados y hoy estaban amenazados, dependía de su capacidad de generar solidaridad alrededor de su causa. La realidad sin embargo, es adversa: el gobierno puede aprobar una legislación contraria a la democracia económica porque las reglas de la democracia política - el FSLN en la oposición y en minoría en la Asamblea Legislativa - favorecen al gobierno, como también el gobierno es favorable a las pretensiones de la derecha y a las exigencias de los Estados Unidos a favor de la privatización y de la reducción del papel del Estado en la economía. Por todo esto, la defensa eficaz de la propiedad popular no se podía llevar a cabo en negociaciones legislativas o partidarias, sino en las calles, con la protesta cívica, con la desobediencia civil, hasta que el pueblo lograra frenar cambios legales organizados dentro las reglas de la democracia representativa, pero que las reglas de la democracia participativa mostraban inaplicables y contraproducentes.

La Concertación y la Insurrección Cívica

Si bien el gobierno, con el apoyo del FSLN, había logrado abrir la puerta para la entrada de fondos externos materializables a corto plazo, no quedaba claro si el FSLN y las fuerzas populares compartirían igualitariamente los beneficios de este logro.

Las pautas neoliberales impuestas a nuestros países ¿no iban a estimular la presión de la AID y del COSEP para que el gobierno capitalizara a favor de la derecha su innegable exito en la gestión financiera internacional y en la reducción del índice inflacionario? ¿No estaba ahora el gobierno en mejor posición económica y ante la opinión publica como para arremeter con mayor eficacia en contra del FSLN? Y en la segunda fase de la concertación, ¿no sería aun mayor que antes la tentación oficial de continuar con la política de firmar pero no cumplir? ¿ Hasta donde el sandinismo podría continuar tolerando que las demandas populares - en mayo, las de los maestros y las de los pobladores? continuaran sujetas a la indecisión gubernamental y al chantaje que practica la extrema derecha sobre el Ejecutivo?

Tampoco el gobierno puede prescindir de la Concertación, al menos mientras no comiencen a llegar - y será hasta finales del año - los primeros recursos para la reactivación económica. (Todavía no están concluidos los estudios de factibilidad técnica de los proyectos que el gobierno presentara a los organismos internacionales). El interés del gobierno en concertar para neutralizar y ganar mas tiempo y mas espacio político es evidente como también es evidente que muchos sectores de la derecha - y no solo de la ultraderecha - han aprovechado la tregua para promover sus intereses a expensas del sacrificio de los trabajadores.

Nadie ignora tampoco que el COSEP y la extrema derecha boicotearon la primera fase de la Concertación en octubre- noviembre/90, realizando asonadas en la Región V, tratando de reducir al máximo el presupuesto del EPS, ocupando tierras de cooperativas y procurando la devolución de fincas y viviendas a latifundistas y expatriados residentes en Miami. En la segunda ronda de la Concertación, el COSEP pretende desconocer los acuerdos (no cumplidos) que se alcanzaron en la primera ronda y que beneficiaban a los trabajadores. ¿Como concertar con un gobierno que a su vez concierta con la extrema derecha que el sandinismo pretende frenar y cuyas posiciones en el tema de la propiedad son incompatibles con las principales conquistas revolucionarias? ¿Es o no indispensable la colaboración de la ultraderecha para lograr la estabilidad? ¿Y a quien le toca ceder? O ¿quien lanza la primera piedra?

Dirigentes de la CST y la ATC insistían en que no se puede continuar pidiendo a las clases populares que pongan todo el sacrifico mientras la derecha empresarial se lleva los beneficios. Se sentían estos sindicatos sandinistas en el derecho y en la necesidad de reclamar, ya que si la banca internacional prometió los recursos, esto se debía en gran parte al esfuerzo de los trabajadores y al costo político asumido por sus dirigentes que momentáneamente decidieron poner la estabilización económica de la nación por encima de las necesidades inmediatas materiales de sus empobrecidas bases aceptando como un costo necesario la naturaleza impopular de la medicina económica.

Pero el patriotismo no podía ser de una sola vía, o provenir de una sola fuente social. ¿Donde estaba el aporte y el sacrificio de la derecha? ¿Y el de los Estados Unidos? Este reclamo no obedecía simplemente a un principio de justicia, sino a la necesidad de sobrevivencia política que tiene una dirigencia popular que se ve cada vez mas limitada en su capacidad de maniobra y llegando a situaciones limite: de derogarse las leyes 85 y 86, mas de 5 millones de manzanas en manos de 80 mil familias volverían a manos de los terratenientes y miles de lotes y viviendas que benefician a otras 100 mil familias quedarían en manos de casatenientes.

Advertencia: violación al Protocolo de Transición

Como una advertencia ante la gravedad de esta potencial situación, Luis Carrión, miembro de la Dirección Nacional, declaro que de aprobarse el proyecto legislativo introducido por la extrema derecha en la Asamblea para devolver las propiedades, el FSLN se retiraría indefinidamente de la Asamblea Nacional y "se produciría una violación gravísima al Protocolo de Transición y una crisis social y política en todo el país, de magnitudes tan grandes, que ninguna institución podrá seguir operando normalmente", señalando que en este caso, "los trabajadores, los campesinos, los pobladores, se verán obligados a defenderse por sus propios medios".

Aunque Antonio Lacayo califico la iniciativa legislativa de la extrema derecha de devolución de las propiedades como un "disparate", para el FSLN la voluntad del gobierno no podía limitarse a declaraciones. En su comunicación con Lacayo y con otros dirigentes del gobierno, la Dirección Nacional exigió una acción coherente de todas las instancias gubernamentales y la destitución de quien no acatara las directrices fijadas por el Ejecutivo. Acusaron al gobierno de propiciar la inestabilidad social y política al permitir un espacio a las posiciones extremistas, reflejadas también en otras estructuras del gobierno. Se cito el caso del mismo Procurador General de Justicia, Duilio Baltodano, que presidía la Comisión Revisora de Confiscaciones creada por el gobierno, así como el caso de delegados departamentales del Ministerio de Gobernación y de Reforma Agraria, que colaboraban con los terratenientes para despojar a los campesinos de sus tierras.

En la misma Asamblea legislativa, 39 de los 53 diputados de la UNO habían firmado un documento para exigir a la Junta Directiva que el proyecto a favor de la devolución masiva de las propiedades fuera introducido de inmediato en la agenda legislativa. La situación era peligrosa: por un lado, dilación gubernamental en ofrecer soluciones para los campesinos y por otro, solicita atención a las presiones de los latifundistas y los somocistas confiscados.

A la par, la extrema derecha continuaba movilizándose. A principios de mayo se revitalizó en la Región V el Movimiento "Salvemos la Democracia" con una nueva ofensiva contra el gobierno bajo la discreta conducción del Vicepresidente Godoy. Los propósitos inmediatos de esta ofensiva eran impedir la entrega de tierras estatales a los desmovilizados del ejército y de la contra, promover la destitución de los delegados del Ministerio de Gobernación que no respondieran a la línea de los alcaldes godoyistas y presionar por la destitución de los mandos nacionales y regionales de la policía, incluyendo a su Jefe Nacional, René Vivas. Los dirigentes del Movimiento buscaban también promover el descontento entre los mismos contras desmovilizados al sabotear la entrega de tierras que ya les habían sido adjudicadas por el gobierno. Los confiscados, por su parte, formaron en mayo su propia organización para exigir la devolución de sus propiedades, buscando para ello el apoyo de gobiernos y embajadas extranjeras.

El FNT y el FSLN debían meditar cuidadosamente la estrategia a seguir ante las dos caras del gobierno y debían preguntarse a su vez si tocaba también al FNT y al FSLN responder con dos caras diferenciadas. Si era así, se llegaba a la conclusión de que la movilización de la izquierda era la mejor manera de fortalecer al gobierno de frente a la presión de la ultraderecha. Cada vez esta resultando mas difícil el pedir a las bases nuevos sacrificios en aras de una estabilidad que es inexistente y que es manipulable por la derecha. Nadie puede ignorar la realidad, demostrada múltiples veces a lo largo de estos meses, tanto por la izquierda como por la derecha, que el gobierno responde mas a la presión y a la amenaza que al dialogo y a la concertación. Las concesiones no dan resultado: ¿qué habían logrado los trabajadores al permitirle al gobierno presentar a los banqueros la imagen de un país con paz social? La respuesta estará en el destino que tengan los recursos externos que van a llegar al país.

Pero antes de tomar cualquier decisión, preocupan al FSLN las encuestas, que continúan indicando que existe un proceso de cansancio y desgaste en la mayoría de la población ante los paros y las huelgas, principales instrumentos que tienen las fuerzas sindicales para presionar al gobierno.

Toda esta situación hace surgir una vez mas la discusión sobre las "formas de lucha". ¿No es tiempo de encontrar una forma nueva de insurrección cívica que sirva no para botar al gobierno sino para forzarlo en otra dirección? En opinión de algunos, esto plantea la redefinición de las relaciones entre el FNT y el FSLN - o la diferenciación de sus respectivos papeles - a fin de que los trabajadores organizados puedan contar con un instrumento de presión propio que no siempre es posible o conveniente hacer coincidir con los instrumentos de los que debe echar mano un partido político nacional y pluriclasista. Al aceptar que no siempre van a caminar unidos, ni el FSLN ni el FNT deberían de sentirse obligados a asumir forzadamente posiciones que repercutan negativamente en sus respectivas militancias.

Pero no es tan sencillo. Porque esta reflexión presume que la "opinión publica", el gobierno, la derecha, y los Estados Unidos, sabrían diferenciar también entre las posiciones del FSLN y las del FNT. Presume también que el gobierno esta decidido, según sus propios discursos, a la construcción de un gran centro político en clara oposición a una derecha extrema y minoritaria. La realidad es que centro, derecha y ultraderecha continúan culpando al FSLN y al propio Daniel Ortega de cualquier acto de beligerancia sindical, presumiendo ellos que, al igual que durante las huelgas de mayo y julio del 90 el FSLN puede intervenir para frenar cualquier huelga, presumiendo que la actividad del movimiento sindical y popular es algo que se enciende o se apaga con una orden de la Dirección Nacional. Estos tiempos que imaginan son ya tiempos pasados, si es que alguna vez existió una relación tan mecánica y dependiente entre los sindicatos y la dirigencia sandinista.

El dilema del momento para el FSLN es como colocarse al frente de las reivindicaciones sindicales y populares y prestarles la dirección y el aseguramiento político que les lleve al éxito. Pero este deseo no puede traducirse sin mas en una política de lucha sin cuartel contra el gobierno, en hacer oposición por hacer oposición. Muchos sandinistas argumentan que el fortalecimiento de la posición política del gobierno no representa mecánicamente un fracaso para los trabajadores. Los sectores "moderados" del sandinismo creen que si alguna conclusión se ha impuesto en el inevitable y legítimo debate social es que la situación de Nicaragua es tan difícil y el margen de las opciones es tan estrecho, que ningún sector puede sacar beneficios del debilitamiento o fracaso del otro.

"Por la paz, el pan, el techo y el empleo"

Todos los sectores sociales claves pueden leer, en las diferencias que los separan, una recíproca interdependencia. La otra lectura que podría hacerse de las diferencias, que seria la de la confrontación, ya ha sido probada por todos y ha sido amargo su sabor. Esta reconocida interdependencia puede ser la fuente de una solidaridad nacional tan necesaria al país y al pueblo todo.

Pero como al fin y al cabo la capacidad del las fuerzas populares de arrancarle concesiones al gobierno no ha dependido en todo este tiempo ni de la sensatez de la derecha ni de la lucidez de los Estados Unidos, ni de una apertura del gobierno, ni siquiera de las habilidades negociadoras del FNT y del FSLN en la mesa de concertación-negociación, sino de la capacidad de movilización popular, este camino, que puede ser no-violento, aparece como el mejor camino. La sostenida huelga magisterial que duro 50 días y la marcha popular organizada por el Frente de Lucha Popular el 22 de mayo, son las mas recientes pruebas de que el movimiento popular se viene fortaleciendo, y ya no como resultado exclusivo de mandatos partidarios.

A la manifestación del día 22 de mayo, "por la paz, el pan, el techo y el empleo" concurrieron miles de caras nuevas, preocupadas por el futuro de su familia y en busca de mecanismos para expresar al gobierno su angustia frente a la posibilidad de ser desalojados por los antiguos dueños de sus casas y de los lotes donde las construyeron. La manifestación, de unas 10 mil personas, reflejo una nueva efervescencia política y organizativa en los barrios que no tiene su origen en un plan elaborado en las estructuras centrales, sino que nace de la conciencia y de las necesidades diarias. La actitud era combativa y las banderas claras y especificas. La reivindicación por la tierra, los lotes y las viviendas, la defensa de las leyes 85 y 86, puede ir tomando mayor fuerza con el tiempo. La primera expresión masiva del FLP fue una demostración de fuerza del sandinismo tras un año de desanimo político.

Para los organizadores del nuevo Frente de Lucha Popular es el mismo pueblo organizado quien debe forzar un profundo cambio de orientación en el gobierno, obligándolo a actuar conforme a las leyes y a la Constitución, impidiendo la promulgación de leyes o la implementación de medidas que violenten los derechos populares. Es el pueblo organizado quien debe defender la redistribución de la propiedad y la democratización económica que hizo la revolución y que, aun con abusos y arbitrariedades, fue el soporte fundamental de la estabilidad social y política que nació en la nueva Nicaragua el 19 de julio de 1979.

La marcha del 22 de mayo no fue un llamado no a la insurrección militar, ni siquiera a una insurrección anti-gubernamental, sino a una insurrección cívica por la estabilidad contra las leyes promovidas por la extrema derecha. Un llamado al gobierno "para que gobierne bien". De esta manera, el pueblo daba la pauta: a organizarse todos para defender lo de todos y lo de cada uno.

Al terminar mayo, todo indica que se trata de las primeras y nuevas campanadas de una batalla que será prolongada y que tendrá que liderar el Frente de Lucha Popular, coordinado por el ex-Canciller Miguel D'Escoto, quien anuncio ese día "el inicio de una lucha cívica escalonada y sin tregua, hasta que el gobierno respete las leyes y ponga fin a su política anti-pueblo".

Queda por ver si realmente se produce una saludable diferenciación FLP-FNT-FSLN y si estos métodos de lucha no resultan en realidad una reedición de los viejos métodos en situaciones nuevas. Y si incluso el mismo lenguaje utilizado -"insurrección", por ejemplo- no sigue siendo prisionero de un pasado que debe ser dialécticamente superado. En todo caso, será sobre la misma marcha que tendrá que ir surgiendo una manera popular y novedosa de enfrentar los nuevos tiempos.

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