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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 115 | Mayo 1991
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Nicaragua

Tras los ajustes económicos ¿qué ajustes políticos exige USA?

Entre la lógica de la derecha y la lógica del pueblo, el gobierno de Violeta Chamorro está siendo presionado a girar en la dirección que señala Estados Unidos.

Equipo Envío

Aunque Daniel Ortega visitó Washington en varias ocasiones en los primeros meses de la revolución, y fue recibido por el Presidente Carter en la Casa Blanca, nunca recibió invitación para realizar una visita oficial. De hecho, ese "honor" solo había correspondido a Anastasio Somoza García en 1938, cuando fue objeto de pompa y del mas alto protocolo y esto, por dos razones: en esos mismos días iba a ser recibida Su Majestad británica y las ceremonias necesitaban ser ensayadas y, además, Somoza había venido solicitando esa visita. El Presidente Roosevelt llegó a afirmar entonces que "Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta". No escasearon en aquellas fechas los que repudiaron la presencia en Estados Unidos del dictador, a la vez que censuraban la actitud hipócrita de la administración norteamericana.

Correspondió a George Bush, en el mes de abril de 53 años después, el dar la bienvenida oficial a la Presidenta Chamorro. Para justificar la pompa y el protocolo que abundo en la visita, se invoco el argumento de que se trataba de la primera visita oficial de un Jefe de Estado nicaragüense en mas de medio siglo. Tampoco quiso ocultar Bush el decisivo papel que había tenido la administración norteamericana en el cambio de gobierno en Nicaragua como un capitulo mas en la ofensiva que viene jugando Estados Unidos para apoyar las "transiciones a la democracia" en diversas partes del mundo.

Pero, a pesar de las distinciones y de las ceremonias, el gobierno nicaragüense no pudo asegurar el objetivo principal de la visita: la obtención de nuevos y mayores compromisos de asistencia económica para sostener el cuestionado programa de estabilización monetaria y cancelar la mora pendiente con los organismos financieros internacionales y así conseguir que Nicaragua pueda ser sujeto de nuevos prestamos.

Estados Unidos: mano dura

La administración Bush indico que no habría incrementos en los montos ya programados pero que, como muestra de buena voluntad, Estados Unidos haría gestiones con otros países para que estos contribuyeran al fondo que esta tratando de conseguir Nicaragua para el pago de su mora. Al igual que en el caso del Golfo Pérsico, la administración Bush insistiría en que los "costos" de su victoria en Nicaragua debían ser compartidos con el resto de sus aliados, que también festejaron el triunfo de la UNO.

Tampoco fueron alentadores los encuentros sostenidos por la Presidenta Chamorro con el Congreso norteamericano. La representación nicaragüense se vio humillada cuando el Presidente de la Cámara de Representantes se vio obligado a convocar al personal burocrático y a los conserjes del Congreso para llenar las bancas legislativas y asegurar así las ovaciones. El 75% de los representantes y de los senadores se excusaron de asistir a escuchar el discurso de la Presidenta. Y no se trataba de hostilidad o de boicot por parte de los sectores mas derechistas en protesta por lo que ellos llaman el co-gobierno chamorrista-sandinista. Simplemente, después de tantos años de debate acérrimo y de desgarradoras confrontaciones políticas sobre el tema de Nicaragua, una mayoría de los legisladores prefieren olvidarse de la existencia y de los problemas de esta pequeña nación.

Por lo demás, no era difícil predecir el contenido y el tono del discurso de la Presidenta: auto-congratulación y un llamado al Congreso a tocarse la conciencia tocándose el bolsillo. La Presidenta trato de ablandar el corazón y la cartera de los congresistas apelando a la identidad de valores democráticos de ambas naciones. Los legisladores aplaudieron, pero después algunos comentaron públicamente que a la vez que existían serios recortes en el presupuesto para programas sociales internos, el gobierno de Estados Unidos no podía continuar jugando el papel de "confitería" para todos los gobiernos que entonaban las notas de la reconstrucción y de la democracia.

Fue equivocado el cálculo gubernamental nicaragüense en el sentido de que las presiones de los congresistas y sus amigos liberales aumentarían el flujo de la ayuda norteamericana. The New York Times había señalado: "Es penoso que Washington solo haya desembolsado 207 millones de un compromiso de 541 millones a un régimen que honra los derechos humanos y que busca una reforma económica".

La adulación y la suplica en las palabras de la mandataria fueron objeto de revuelo no solo en Managua sino en el mismo Washington. Un congresista comento a The New York Times: "El discurso pudo haber sido escrito por el Departamento de Estado". Quedo claro, sin embargo, que a pesar de los elogios mutuos, el gobierno norteamericano no estaba completamente satisfecho con el desempeño del gobierno nicaragüense.

Mas de un año en el que los montos comprometidos no son ni la mitad de los montos desembolsados son un fiel reflejo de esa insatisfacción y del balance de fuerzas en los círculos de poder norteamericanos, en donde se han hecho sentir las presiones conservadoras y anti-sandinistas en detrimento de las posiciones de los partidarios del "lacayismo" y de la coexistencia pacifica con el sandinismo.

Sectores del Congre so y de la administración norteamericana, con distintos grados de sutileza, hicieron saber a la Presidenta que era hora de que su gobierno atendiera las demandas de la AID y de la empresa privada de Estados Unidos, que coincidían con las posiciones de los sectores mas anti-sandinistas de Nicaragua. El gobierno de Chamorro - y en alguna medida el FSLN - habían subestimado la fuerza del engranaje que existe entre la derecha criolla y la norteamericana que, si bien a nivel interno habían sido momentáneamente neutralizadas, cuentan con poderosos aliados cuyas posiciones han calado en la actitud oficial del gobierno norteamericano y en la de muchos congresistas, que no perdonan al gobierno Chamorro por no haber destruido al sandinismo.

El viaje de la Presidenta fue aprovechado por estos sectores para presionar sobre el Departamento de Estado y sobre el Congreso. Aunque algunos funcionarios del mismo Departamento de Estado han afirmado estar convencidos de que no existe alternativa a la línea "pragmática" seguida por el Grupo de las Palmas, no por ello han desaprovechado cuanta oportunidad se ha presentado para presionar por un nuevo pragmatismo y por una renegociación fundamental de las reglas del juego con el sandinismo, es decir, por el abandono del marco del Protocolo de Transición de marzo/90 interpretando - correcta o incorrectamente - que la correlación de fuerzas en Nicaragua, a un año del cambio de gobierno, era ya favorable para ampliar las cuotas de poder y los intereses de la derecha.

El Caso Bermúdez y la sentencia del Tribunal de La Haya

Tanto en los principales medios de comunicación norteamericanos como en las conversaciones privadas, recrudeció la campaña en torno al asesinato de ex-Coronel somocista Enrique Bermúdez, acusándose al General Humberto Ortega de ser el autor intelectual del crimen y al gobierno por la negligencia y la falta de firmeza en la investigación.

El gobierno norteamericano ha presionado al gobierno nicaragüense para que aceptara la intervención del FBI en el caso. Y ya el mismo Presidente Bush había escrito a la viuda de Bermúdez señalándole: "Nosotros estamos apoyando los esfuerzos del gobierno nicaragüense en la resolución del asesinato de Enrique y hemos ofrecido asistencia técnica en la investigación. Es un punto crucial que los autores de este odioso crimen sean encontrados y juzgados, por la justicia y por la verdadera reconciliación en Nicaragua". Por su parte, 34 congresistas firmaron una carta a la Presidenta Chamorro "ofreciéndole" ayuda técnica, a la vez que exigían el nombramiento de una comisión "independiente" de la Policía. Aunque a lo segundo accedió el gobierno, el misterio siguió envolviendo el hecho.

En el fondo, se trata de una nueva campaña anti-sandinista orientada a resaltar el supuesto carácter "dependiente" que el gobierno tiene frente al sandinismo. En Washington, obviamente, no se le perdona fácilmente a Humberto Ortega el haber sido el Jefe de un ejército que se enfrento exitosamente a la contrarrevolución y a la CIA, como tampoco le perdonan a la Presidenta Chamorro el que le hubiera ratificado como Jefe del Ejército. Si la Presidenta ha insistido en varias ocasiones en que el nombramiento seria "temporal", algunos insisten en que un año es suficiente para poner fin a esa temporalidad.

En otro punto de fricción en las relaciones bilaterales - el dictamen de la Corte Internacional de Justicia contra Estados Unidos y a favor de Nicaragua - el gobierno de Nicaragua también cedió en los días anteriores a la visita. El Ejecutivo presento un proyecto de ley a la Asamblea Nacional para derogar la ley que había aprobado el gobierno sandinista y que impide al Presidente renunciar a los derechos de indemnización derivados del fallo de la Corte o a que acepte un acuerdo desventajoso para Nicaragua. Aduciendo que los tiempos y las administraciones han cambiado, el gobierno sucumbía ante la presión que ejerce Estados Unidos para que Nicaragua renuncie de una vez por todas a los derechos reconocidos por la sentencia.

No fue sorprendente que en las vísperas del viaje a Washington y de la reunión en mayo de los Países Donantes, para considerar las solicitudes financieras nicaragüenses, el gobierno de Managua diera estos pasos en un intento por contentar a sus acreedores políticos y económicos. En realidad, las presiones norteamericanas en el caso Bermúdez y en el de La Haya no hacían sino apuntar a la "enfermedad" que Washington insistía ameritaba una cirugía mayor: la extirpación de la influencia sandinista en el gobierno y en la sociedad, con la modificación a fondo de un esquema de propiedad y de seguridad que seguía siendo beneficioso para los sectores populares de Nicaragua.

Privatización, propiedad y revolución

Las "interrupciones" en el desembolso de la ayuda norteamericana a lo largo del primer año de gobierno de la UNO, al igual que la negativa del gobierno de Estados Unidos a incrementar los montos de esa ayuda con ocasión de la visita oficial de la Presidenta Chamorro, reflejan la impaciencia de Washington ante el ritmo al que marchan las "reformas" económicas impulsadas por el gobierno nicaragüense. La AID, como agencia formuladora y ejecutora de los programas de asistencia, constituyo la principal palanca de la presión norteamericana sobre un gobierno cuya eficacia se mide en el campo económico. Aunque no había contradicción de fondo entre el gobierno nicaragüense y la AID con respecto a la necesidad de acatar el esquema privatizador y neoliberal, las discrepancias se daban con respecto al ritmo y al costo social y político que había de pagarse en el curso de la implementación de ese esquema.

En el otro lado, el Frente Sandinista ya aparecía resignado a no oponerse a la privatización de las empresas y tierras estatales. A todas luces, numerosas empresas y cooperativas estatales no iban a subsistir sin subsidios gubernamentales, aunque otras empresas agrícolas y manufactureras, así como fincas estatales, si eran rentables. Ante esta situación, el sandinismo insistía en que los trabajadores del campo y de la ciudad debían ser también sujetos y beneficiarios de la privatización, debiendo ser también favorecidos los desmovilizados, tanto los de la contra como los del ejército.

En esta posición sandinista estaba el nudo del problema. Para la AID y para la derecha empresarial agrupada en el COSEP las propiedades estatales debían ser "regresadas" a sus "legítimos" dueños. Incluso congresistas norteamericanos habían llamado directamente a la Presidenta Chamorro para exigirle la devolución de sus antiguas propiedades a exiliados somocistas y a otros terratenientes que fueron expropiados por la Reforma Agraria sandinista.

Sin embargo, el gobierno procedía por la vía de los hechos. Comenzó a distribuir desordenadamente la propiedad estatal, de tal forma que ni las fuerzas sandinistas ni los terratenientes confiscados ni los ex-contras quedaban plenamente satisfechos, generándose competencia de unos contra otros. Para la derecha empresarial - que cuenta con el apoyo de la AID -, no debía haber otro beneficiario de los bienes estatales que sus antiguos dueños. El criterio del gobierno era mas político y respondía a los compromisos de la Concertación de respetar los derechos adquiridos a lo largo de los años por los trabajadores. Pero también se encontraba urgido por la necesidad de asegurar el levantamiento de la producción, especialmente en el campo al iniciarse el nuevo ciclo agrícola.

La AID y la misión del Banco Mundial que vino a Nicaragua en abril recordaron al gobierno que los recursos internacionales solicitados estaban supeditados a la implementación del programa de ajustes destinado a terminar con la inflación y a asegurar incentivos reales para la producción privada. Aunque la Presidenta Chamorro llego a Washington resaltando los logros de su programa de reconversión monetaria, la nueva legislación relativa a la inversión extranjera y la apertura del país a la banca privada, no fue suficiente, ni para Estados Unidos ni para la derecha empresarial y godoyista.

Al igual que el Banco Mundial y el COSEP, el gobierno norteamericano insistía en que debía de definirse de una vez por todas el régimen de propiedad, pues según ellos, no podrá haber recuperación económica mientras los productores privados no cuenten con las debidas "seguridades" sobre su propiedad y su régimen de explotación.

No obstante las palabras reconciliadoras de los últimos discursos de Lacayo, dos hechos restaron credibilidad a la posición del gobierno, desatando la movilización popular. La Presidenta Chamorro expreso su visceral sentimiento anti-sandinista al insistir en una entrevista que publico El Semanario, que Daniel Ortega debía desocupar su casa de habitación, reclamada por su antiguo dueño somocista. "Si es persona honrada, tiene que desocupar esa casa... Si es que aquí tienen que entregar todos, si son personas honradas y no solamente Daniel, sino que muchísimos", afirmo la Presidenta.

Un hecho mas grave fue que en la Asamblea Nacional diputados del sector ultraderechista de la UNO introdujeron un proyecto de ley para derogar las leyes 85 y 86, que dieron seguridad jurídica a miles de familias que fueron beneficiadas con tierras, lotes y viviendas durante los años de gobierno sandinista. Esto causo enorme preocupación en amplios sectores de la población, para quienes la sola amenaza de la derogación de estas leyes representa una virtual declaración de guerra y el fin de la seguridad que hasta el momento el gobierno se había comprometido a mantener.

La reacción del FSLN no se hizo esperar. Daniel Ortega advirtió que la bancada sandinista se retiraría de la Asamblea Legislativa si se llegaba a aprobar este proyecto de la derecha. Por lo tanto, demandaba que el Ejecutivo vetara los proyectos si se llegaban a aprobar por la mayoría de la UNO en la Asamblea. El FSLN denuncio que no solo a los sandinistas sino también a ex-miembros de la contra se les pretendían arrebatar sus tierras para entregárselas a los empresarios somocistas que estaban regresando al país.

De hecho, la campaña contra la seguridad y la propiedad de miles de pobladores urbanos y de campesinos se había iniciado antes. Se estaban multiplicando en todo el país las denuncias de amenazas e intentos de desalojos de viviendas, o cuando menos, de las presiones que recibían sus ocupantes para que firmaran nuevos contratos de arriendo con el banco, con lo que se negaba la validez de los títulos de propiedad emitidos por el gobierno sandinista. En algunos casos esta ofensiva la impulsaban autoridades municipales godoyistas a espaldas del gobierno, que de conformidad con los Acuerdos de la Concertación, estaba comprometido a tomar en cuenta los derechos de los trabajadores en el proceso de privatización y en el de devolución de empresas a sus antiguos dueños.

El gobierno no conseguía quedar bien ni con Dios ni con el Diablo. A la par que Antonio Lacayo tomaba distancia de la iniciativa de la extrema derecha de derogar las leyes 85 y 86, calificándola como "un disparate que no cuenta con el visto bueno del Ejecutivo", las autoridades municipales incrementaban sus presiones contra los beneficiados por estas leyes, alentados por empresarios y capitalistas ávidos de asegurarse el mayor beneficio posible con la privatización y la redistribución planteadas por el gobierno.

Tampoco estaban contentos los empresarios y antiguos terratenientes, que querían títulos de propiedad sobre las tierras y empresas mas lucrativas, precisamente las que los trabajadores se negaban a devolver después de años de inversión estatal y de esfuerzo personal para desarrollarlas. La Confederación de Asociaciones de Algodoneros de Nicaragua (CAAN) denuncio "la ilegal repartición de tierras" estatales que ahora eran adjudicadas a nuevos dueños, incluyendo a ex-contras, a ex-miembros del ejército y a sandinistas cooperativizados.

En diversas regiones se organizaron "Comités Defensores de la Propiedad Privada" para aglutinar a productores agrícolas, ganaderos industriales y empresarios "alarmados por las constantes agresiones en contra de la propiedad privada y por la desobediencia de las autoridades militares a las ordenes de las autoridades competentes". Según La Prensa: "Todos los mas expertos abogados del país han opinado que los decretos 85 y 86 emitidos por el sandinismo, impiden normalizar la situación legal del país, debido a la tremenda confusión que los sandinistas crearon al falsificar documentos, inventar situaciones legales y repartirse todo lo que quisieron por encima de todo procedimiento legal".

Ante el inicio del nuevo ciclo agrícola y frente al chantaje norteamericano, se le agotaban los espacios a un gobierno que, en palabras del empresario Ramiro Guardián, funcionaba como un "sandinismo a la perestroika", que por fin daba señas confusas de querer "rectificar". Aunque Lacayo insistía en que "el que tenga algo que le hubieran dado los sandinistas, se puede quedar con ello", la realidad era que se intensificaban las presiones para forzar la devolución de las propiedades, la privatización en favor de nuevos capitalistas y la devolución y entrega de tierras, industrias y viviendas a empresarios privados.

El papel del gobierno norteamericano en esta campaña en favor de la privatización no se ocultaba. El Administrador Adjunto para América Latina de la AID manifestó públicamente que asesoraban al gobierno en el proceso de privatización y que coincidían plenamente con la insistencia del COSEP sobre la elaboración de un plan de privatización. El gobierno -dijo - "va por buen camino". The New York Times fue mas claro al indicar que los futuros desembolsos dependían de la privatización de la economía y de la banca y que por eso solamente se habían entregado 207 millones de los 541 ofrecidos en 1990. Sin embargo, el problema era que en el cargado sistema político nicaragüense, donde el sandinismo ya es pieza esencial de la cultura y la economía política, toda campaña de privatización arrojaría mayor resistencia que en el resto de países donde se esta aplicando esta formula. En Nicaragua, la privatización, llevada a su extremo lógico, significa contrarrevolución.

Mientras tanto, las tensiones y tomas de tierra se multiplicaban en el campo, así como los desalojos forzosos y otras acciones de violencia, con o sin el apoyo de la policía, cuando no de bandas armadas de ex-contras o de simples campesinos y desmovilizados del ejército.

La presión norteamericana y derechista sobre el gobierno vino a coincidir - sospechosamente - con la de grupos de ex-contras que se alzaron en armas como protesta contra el gobierno por el incumplimiento de los compromisos de entregarles tierras y asistencia para su asentamiento productivo. Según versiones periodísticas, en el norte están operando células de hombres armados con fusiles de guerra y armamento pesado, que habían enfrentado a la policía y que piden que Godoy sustituya a Violeta Chamorro.

Antonio Lacayo responsabilizó al Vicepresidente Godoy de manipular las demandas de los ex-contras y Godoy admitió haberse reunido con un grupo de 40 ex-jefes de la contra unas semanas antes de este levantamiento en el norte. La Asociación Cívica Resistencia Nicaragüense, sin embargo, negó que sus miembros pretendieran volver a las montañas para reanudar la lucha armada, pero no negaron la existencia de bandas de "delincuentes y ladrones" entre los que había algunos desmovilizados de la contra. Se continuaban reportando también asesinatos en el norte del país. Los sandinistas insistían en que eran obra de la llamada "re-contra" y los desmovilizados alegaban que los autores eran sandinistas disfrazados de contras. Otros declararon que se trataba de unidades de "medio tiempo", que usaban las armas ocasionalmente y después las guardaban.

En las ciudades, los sindicatos preparaban sus propias movilizaciones. En abril, fueron quedando paralizadas las escuelas del país al entrar en huelga los maestros por reivindicaciones salariales. Dentro de la lógica del plan económico y del condicionamiento político-económico norteamericano, al gobierno se le restaba capacidad de continuar respondiendo a las huelgas con alguna flexibilidad, ofreciendo aumentos salariales y dando garantías sobre la propiedad en manos de los trabajadores y de los sectores mas pobres.

Al reducirse la opción de la flexibilidad, y ante la multiplicación de las demandas, la respuesta era recurrir a la represión y, concretamente, a la utilización de la policía contra los huelguistas mas intransigentes. El gobierno llegaba así a la conclusión a la que Washington y las fuerzas de extrema derecha habían llegado meses atrás: hacia falta una fuerza militar propia para asegurar los derechos de propiedad según los dictaminara el gobierno, y no la actual fuerza publica, renuente a tomar medidas contra trabajadores y campesinos.

Aparentemente, había llegado el momento pronosticado, temido y esperado por los fatalistas de todos los signos politicos, en el que chocarían el programa neo-liberal y el marco jurídico y social revolucionario que estaban salvaguardando el Protocolo de Transición y la Constitución de la República. La camisa revolucionaria le quedaba ya muy pequeña al neoliberalismo. Este requería de un elemento coercitivo, no solo para el resguardo de la propiedad sino para garantizar el "orden publico" amenazado por las víctimas de la política de ajuste fondomonetarista. Hacia falta la represión para imponer el orden neoliberal en el país y para prestarle al capital nacional y extranjero las "seguridades" que exigían.

Entre la lógica de la derecha y la lógica del pueblo, el gobierno se vio presionado a girar en la dirección que los Estados Unidos le señalaban. Los programas económicos se anunciaban y las leyes se dictaminaban, pero bajo la presión del sandinismo los programas se modificaban en la practica y las leyes no se acataban. Para los Estados Unidos y para el COSEP, acérrimos defensores de la empresa privada, esta situación era insostenible y ambos insistían en que, ante la escasez de recursos externos, el gobierno no tenía mas alternativa que levantar la producción dentro de un sistema de "estímulos" a la empresa privada. "No podemos comer libertad de expresión" - sentenció Ramiro Guardián, líder de la iniciativa privada nicaragüense - el plan de ajuste económico solo tendrá éxito si se incrementa la producción, y si no se respeta la propiedad no habrá ningún resultado".

Pero el desmontaje de la revolución y la reducción de la influencia del sandinismo en la sociedad y en el mismo gobierno se hacían imposibles mientras los mandos militares y los de la policía insistieran en anteponer la negociación a la represión. Era claro que no seria la policía sandinista la que iba a poner a las fuerzas sandinistas "en su lugar".

¿Policía Nacional o Policía Neoliberal?

En medio de esta explosiva situación social, no fue sorprendente que la cuerda entre el gobierno y el FSLN se comenzara a romper por su punto mas delicado y contradictorio: el monopolio estatal sobre el uso legal de la fuerza. Si bien el papel del ejército se mantenía definido de cara a la posibilidad de un conflicto internacional, no sucedía lo mismo con el papel de la Policía de cara a la lucha de clases que se desbordaba en las calles.

En una primera etapa de las protestas, gobierno y policía pudieron recurrir al dialogo a fin de evitar confrontaciones directas y violentas. Sin embargo, a partir de las reiteradas violaciones gubernamentales de los Acuerdos de Concertación y del drástico deterioro en los salarios reales, se endurecieron tanto las protestas populares como la decisión del gobierno de reprimirlas. Las cada vez mas frecuentes ordenes de represión incrementaron las tensiones a lo interno de la policía, caracterizada por el origen popular de sus miembros. Pero también crecieron las tensiones entre la policía y el gobierno por un lado, y entre la policía y los trabajadores por otro lado.

A mediados de abril tuvo lugar la confrontación mas violenta ocurrida hasta el momento, al acatar la policía las ordenes gubernamentales de desalojar a los huelguistas del complejo Olof Palme, que se manifestaban pacíficamente en unos terrenos que estaban en la ruta por donde debía de pasar el Rey de España en ocasión de su visita a Managua. En los días previos al desalojo el gobierno se había negado a negociar o a atender las demandas legales que planteaban los trabajadores y finalmente, se lanzo a la policía contra los manifestantes resultando varios policías y huelguistas heridos, entre ellas dos mujeres, que abortaron a causa de los gases lacrimógenos.

El nivel de violencia de este desalojo sacudió al sandinismo. Era la primera vez que el gobierno respondía de esa forma contra el derecho de protesta cívica, como queriendo comunicar su determinación no solo al Rey de España sino también ante la previsible oleada de protestas populares que se iban a estar materializando tras el lanzamiento del plan económico. Pero se trataba también de poner "a prueba" la lealtad de la Policía y al mismo FSLN en su compromiso con el principio de subordinación de las fuerzas militares a las autoridades civiles. La extrema derecha y la embajada norteamericana, por supuesto, aplaudían este claro intento de convertir a la Policía Nacional en una fuerza represiva. La voluntad del gobierno tenía en su base una necesidad objetiva: privados cada vez mas del espacio para resolver los conflictos sociales y laborales por la vía negociada, tenían que recurrir ahora a la fuerza, irrespetando su propio vocabulario y su cuidada imagen democrática.

La subordinación legal de la Policía Nacional al poder civil establecida en la Constitución y en el Protocolo de Transición imponía efectivos limites de acción a las fuerzas del orden publico, una vez dictaminado que los trabajadores estaban quebrantando las disposiciones legales, entre ellas cuando caían en la ilegalidad de ocupar por la fuerza un edificio publico. Este, sin embargo, no fue el caso de los trabajadores del Olof Palme. Resulto así mas clara la intención del gobierno: responder a la beligerancia de los trabajadores con igual o mayor fuerza, poniendo a prueba la lealtad y la conciencia de los policías como individuos y la coherencia del Frente Sandinista como partido apegado tanto a los trabajadores como a las leyes. Fue en este contexto que el gobierno decidió dar uno de los pasos mas peligrosos y confrontativos que ha dado desde su acceso al poder.

A pocos días de concluida la visita a Washington de la Presidenta, el gobierno dio a conocer su intención de destituir al Comandante René Vivas como Jefe Nacional de la Policía y de iniciar la purga de los altos mandos de la Policía. Aparentemente, la intención del gobierno era anunciar el cambio en el acto de conmemoración del primer aniversario del gobierno, en presencia del mandatario venezolano Carlos Andrés Pérez.

La decisión nunca se hizo publica ni oficial, retractándose de ella el gobierno en el ultimo momento tras el revuelo causado y después de las tajantes posiciones expresadas por la Dirección Nacional del FSLN - en privado - y por el Consejo Nacional de la Policía, en comunicado publico. Reunido de emergencia el día 26 de abril, el Consejo emitió un comunicado expresando su apoyo al Jefe Nacional, recordando los compromisos establecidos en el Protocolo de Transición, suscritos en marzo/90, y de manera particular, el deber del nuevo gobierno de respetar los rangos, escalafones y mandos de las fuerzas de defensa y orden publico.

La Dirección del FSLN habría advertido al gobierno que el "licenciamiento" del Jefe de la Policía seria violatorio de la Constitución y abriría las puertas a la inestabilidad, pues si se violaba uno de los acuerdos de transición, entonces quedarían anulados todos los demás, con lo cual se desplomaba el marco definido por gobierno y oposición, sembrándose así un gran desconcierto en los momentos en que el país necesitaba de mayor estabilidad, teniendo en cuenta la problemática económica.

Representantes de diversos sectores derechistas - diputados, periodistas, políticos, etc. - calificaron inmediatamente el pronunciamiento policial de inconstitucional, catalogándolo como expresión de una rebelión militar. Entre tanto, los sandinistas señalaban que era el gobierno el que desafiaba la Constitución. En todo caso, la contradicción era mas política que jurídica: el FSLN, al denunciar públicamente el hecho, decidió no tratar el asunto a puertas cerradas con el gobierno, probablemente buscando como cerrarle el paso a cualquier intento de convertir a la Policía en una fuerza represiva, a la luz de la ya evidenciada voluntad del gobierno de hacer valer su autoridad con la violencia que fuera necesaria contra una sociedad civil popular e insurrecta que "no dejaba gobernar" o que pretendía "gobernar desde abajo".

La firmeza sandinista abría la posibilidad de que el país entero se quedara sin ningún resguardo policial, tal como señaló Barricada: "Las consecuencias que acarearía introducir en el seno de la Policía un explosivo factor de inestabilidad, mientras el país atraviesa una crisis social, dejaría a gobernantes y gobernados a merced de la ley de la selva".

¿El fin de la coexistencia?

Si la intención de la visita a Washington de la Presidenta fue la de aumentar el espacio político y financiero de su gobierno, el resultado fue totalmente contrario, perdiendo aun mas autonomía de la poca con la que contaba. Los besos, los abrazos y la retórica de la mandataria no pudieron ocultar el hecho de que, a un año de su gobierno, se le acababa la paciencia a Washington, que insistía en que había llegado el momento de definirse a favor de una contrarrevolución.

Sin dinero y sin apoyo político externo, difícilmente podía el gobierno comprar la subordinación de la derecha y a la vez responder con flexibilidad a los trabajadores que agitadamente reclamaban mejoras salariales y estabilidad laboral. En esta ocasión el gobierno no podía "capitular" ante los sindicatos firmando con ellos nuevos acuerdos, pues para el capital financiero equivaldría a dar a los sindicatos poder de veto sobre la aplicación de las recetas monetarias y fiscales. El precedente revolucionario que pretendía dejar sentado el sandinismo había topado con el limite de la tolerancia.

Terceros gobiernos amigos tampoco respondieron inyectando algo de viabilidad financiera a la propuesta que planteaba un gobierno de derecha que buscaba subsistir con una izquierda poderosa. México, Venezuela y España ofrecieron únicamente préstamos-puente que debe pagar Nicaragua en cuanto los organismos internacionales le entreguen nuevos prestamos. Ni el argumento de la transición a la democracia ni el de las necesidades extraordinarias planteadas por una excepcional situación de post-guerra ni el activo cabildeo llevado a cabo de previo, pudieron flexibilizar las condiciones exigidas por la banca comercial, el Banco Mundial, el Banco Interamericano y el Fondo Monetario Internacional, que insistieron todos en la adopción de un riguroso plan de ajustes, lo que añade mas inestabilidad a la nación.

El programa de ajuste estructural económico debía ser complementado con el programa de ajuste estructural político a fin de lograr una estabilidad fundamentada mas en el apoyo externo que en un acuerdo con las fuerzas populares, posibilidad rechazada por la extrema derecha política y empresarial. Nicaragua entra así en una nueva etapa de crisis caracterizada por la pérdida de confianza de todas las fuerzas nacionales en el gobierno Chamorrista, incluyendo las de los Estados Unidos y las de la comunidad financiera.

Ha comenzado a romperse así el marco de transición cuidadosamente tejido y defendido, tanto por el gobierno como por el Frente Sandinista desde hace mas de un año. El entendimiento nacional básico que reflejo el Protocolo de Transición reflejaba también la correlación de fuerzas de ese momento. Pero para los Estados Unidos, para la extrema derecha nicaragüense e incluso para algunos sectores del gobierno, esa correlación se ha ido transformando, favoreciendo ya al gobierno. El logro de la paz, la estabilización de la moneda y la manifestación de diversas corrientes en el sandinismo hicieron pensar a algunos que ya existían las condiciones para romper la camisa de fuerza "impuesta" al gobierno por el FSLN.

La rebelión de la extrema derecha contra la coexistencia ha llegado a un punto del que difícilmente podrá retroceder. Al igual que los sectores mas extremistas de Washington, no han aceptado nunca los acuerdos políticos que fueron la base del proceso de concertación y de la relativa estabilidad que permitió a Nicaragua hacer la transición entre la guerra y la paz, entre un gobierno revolucionario y un gobierno derechista. Se ha hablado abiertamente de la posibilidad de que Godoy llegue a ocupar la Presidencia en los momentos de crisis política y constitucional que trajo el mes de abril, mientras el Vicepresidente, en una entrevista destacada por el diario La Prensa, aceptaba indirectamente esa posibilidad señalando que la Presidenta "prácticamente se presenta como prisionera de los militares y de los policías, ante los cuales no es capaz de hacer nada".

La crisis de abril demostró también que no existe disposición en las filas sandinistas de observar unilateralmente un acuerdo y un marco legal que el gobierno se empeña - o se ve presionado - a irrespetar. La "rebelión" en la Policía y la amenaza de los diputados de retirarse de la Asamblea Legislativa así lo evidencian. La conformación del Frente de Lucha Popular, que reúne a todas las fuerzas populares mas organizadas - sindicatos, mujeres, estudiantes, vendedoras de mercado, combatientes históricos, etc. - es también un indicio de que la izquierda ha aceptado el reto de la crisis y la oportunidad de luchar por la definición de un nuevo punto de equilibrio que sea realmente respetuoso de los derechos adquiridos por el pueblo durante los años revolucionarios. Tampoco la izquierda esta dispuesta a aceptar las camisas de fuerza de la derecha.

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