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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 114 | Abril 1991
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Nicaragua

A los 30 días del plan Lacayo

La crítica más firme que se puede hacer al Plan Lacayo es que sólo estimulará la producción de los que tienen más posibilidades. Y que está organizado para que los productores más pobres transfieran recursos a los más ricos.

Equipo Envío

El 25 y 26 de marzo se celebró en Washington la tercera reunión entre el gobierno Chamorro, organismos financieros internacionales y los llamados Países Donantes que colaboran económicamente con Nicaragua. El gobierno, la oposición y todo el pueblo nicaragüense esperaban conseguir por fin en esta ronda los recursos que Nicaragua necesita para iniciar su reactivación económica después de terminar la guerra que se inicio en 1981. Sin embargo, como lo previera envío en su número de febrero/91, el acuerdo fue nuevamente postergado.

El gobierno de los Estados Unidos, siempre dispuesto a apoyar política y económicamente a la contra durante casi 10 años y a doña Violeta Chamorro en su campaña electoral, muestra hoy una dramática lentitud para desembolsar su ayuda, inclusive la ya aprobada para 1990. Esta actitud de los Estados Unidos y los resultados de la reciente reunión de Washington con el FMI apuntan hacia una prolongación de la ya larga espera de una vida mejor que le ha tocado vivir al pueblo nicaragüense.

Otra vez sin acuerdo con el FMI

El 3 de marzo el gobierno nicaragüense puso en marcha un drástico programa anti-inflacionario. De golpe, se redujo la demanda efectiva de la mayoría de la población y con ella la actividad económica, sobre todo la ligada a la de los pequeños y medianos productores de bienes y servicios. La medida buscó generar señales que indicaran a los participantes en la reunión de donantes de Washington que Nicaragua era ya un país con condiciones internas óptimas para sacar provecho de la ayuda que se nos iba a brindar.

Si es cierto que la decisión del gobierno de adelantar el ajuste y hacerlo en las vísperas de la reunión con el FMI, tiene su sabiduría política en términos de poner al FSLN entre la espada y la pared, ha tenido resultados extraños en términos económicos. El FMI, siempre dispuesto a financiar a gobiernos que se comprometen a ejecutar programas de estabilización se ha mostrado cauteloso a la hora de financiar a Nicaragua, que el 3 de marzo ejecuto su quinto programa en los últimos 3 años, por su propia iniciativa y sin que mediara un acuerdo previo.

Los potenciales donantes y la banca internacional, que en mayo/90 exigieron el reordenamiento de la economía nicaragüense como paso previo para facilitar la ayuda que tanto necesita el país, no dieron una suficiente "buena nota" al Plan Mayorga, tampoco la dieron al proceso de concertación ni tampoco la dan ahora al "shock"... A pesar de los esfuerzos del gobierno por mejorar su imagen, y de los esfuerzos del pueblo, en austeridad creciente, no parecen haberse llenado aún las expectativas de la comunidad financiera internacional.

En la penúltima reunión, la de París (diciembre/90) el gobierno, en compañía del ex-Vicepresidente sandinista, Sergio Ramírez, presentaron los avances en el reordenamiento de la economía nicaragüense. Pero tampoco en aquella ocasión el gobierno logró conseguir los recursos que esperaba.

En las tres reuniones celebradas, sin embargo, el gobierno ha recibido la promesa de que la ayuda, en los volúmenes que se requieren, se hará efectiva. ¿Por que esta nueva demora en llegar a un acuerdo y en recibir la ayuda?

Todo indica que por detrás del proceso de negociación del gobierno con la banca internacional y con los países donantes y a pesar de las muestras previas dadas por el gobierno y el FSLN de disposición al sacrificio, está la voluntad del gobierno de los Estados Unidos a otorgar su ayuda y facilitar la del resto de países y organismos, sólo cuando el gobierno de Nicaragua esté dispuesto a una redistribución de las cuotas de poder político.

En definitiva, aunque el gobierno norteamericano se presenta como el principal aliado externo del gobierno de la señora Chamorro, no parece estar dispuesto a participar en la consolidación de un esquema político en el que el sandinismo esté presente como fuerza beligerante.

Estados Unidos, que aportó alrededor de 9 mil millones de dólares en estos últimos 10 años para un programa de contrainsurgencia en Centroamérica que tenía como objetivo principal la destrucción del sandinismo y que apoyo al nuevo gobierno para que derrotara en las elecciones a los sandinistas, no ha renunciado a ese propósito y considera poco menos que un contrasentido el mantener latente la posibilidad de que los sandinistas retornen al poder en l996.

Los signos fueron más que claros con el primer paquete de ayuda entregado por el gobierno Bush al gobierno de la UNO. El retraso en su aprobación por el Congreso norteamericano y posteriormente, la lentitud en los desembolsos de esa ayuda son inexplicables sin aceptar esta hipótesis. De los 333 millones de dólares aprobados para 1990 solo entraron al país 147 millones.

En mayo/90, la negativa del presidente Bush a la solicitud de la Presidenta Chamorro de otorgar a Nicaragua un préstamo-puente mientras comenzaban los desembolsos de la ayuda prometida y la raquítica ayuda alcanzada en las reuniones con la banca internacional y los países donantes en Roma y París en 1990, son antecedentes indicativos de la factura que Estados Unidos está exigiendo a la sociedad nicaragüense para optar a la ayuda de una comunidad internacional controlada en este momento - y más especialmente después de la guerra contra Irak - por los Estados Unidos.

El argumento para justificar el no desembolso de los restantes 186 millones de dólares pendientes - del paquete de 333 - fue la escasa capacidad de gestión del gobierno nicaragüense. Pero esto no fue determinante para que la AID facilitara financiamiento selectivo en áreas a cargo de figuras representativas de la "línea dura" de la UNO, como son las alcaldías. Financiar proyectos municipales reforzó las señales que el gobierno norteamericano deseaba enviar al gobierno Chamorro acerca de lo que ellos consideran debe ser el camino político por el que avance Nicaragua.

En este sentido, se tienen noticias de que diferentes misiones extranjeras que han visitado Nicaragua y que han tenido ocasión de conversar con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, se han sorprendido del abierto apoyo que allí se expresa a las posiciones de Virgilio Godoy, lo que revela las intenciones de la política norteamericana.

En febrero/91 y en atención a un acuerdo tomado en la reunión de países donantes que se celebro en diciembre en París, llegó a Nicaragua una misión de la banca internacional que redacto un informe confidencial sobre la situación de la economía. En su introducción, el documento señala que "no se limitaran a examinar unidamente asuntos económicos sino que se abordaran aspectos relativos a la problemática política que vive el país". Afirmación sumamente extraña en el informe de un organismo financiero internacional, pero reveladora de lo que se está exigiendo al gobierno Chamorro a cambio de la ayuda económica. El documento no deja dudas acerca de uno de los problemas identificados por la misión al señalar "la preocupación de muchos círculos acerca de que, dada la naturaleza de las dificultades políticas actuales y el hecho de que los partidarios del régimen anterior aún controlan las oficinas legales, incluyendo la Policía, no será fácil hacer cumplir los derechos de la propiedad".

Estados Unidos controla a los organismos internacionales, FMI y Banco Mundial, tiene capacidad de neutralizar a los países donantes y va consolidando su posición de juez sobre el destino político de Nicaragua.

Los resultados de la reunión de Países Donantes con Nicaragua

Los resultados poco menos que raquíticos de la reunión de Washington indican que para la comunidad internacional el esquema político existente en Nicaragua no es aún el óptimo como para merecer un total apoyo. Las esperanzas siguen manteniéndose: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo nos prestaran en condiciones favorables cuando cancelemos la mora pendiente con ellos, de unos 360 millones de dólares.

Para la cancelación de esta mora el gobierno contaba antes de la reunión con un aporte de 50 millones del gobierno norteamericano, en el marco de los fondos aprobados en 1990 por el Congreso. Asimismo, algunos países europeos se habían comprometido a facilitar otros 20 millones, con lo que se disponía de un total de 70 millones. Según declaraciones del gobierno, al término de la reunión, se cuenta ya con unos 170 millones. Es decir, en Washington se consiguieron 100 millones en nuevos aportes.

Además, existe la promesa de diversos gobiernos de facilitar a Nicaragua prestamos-puente - tipo de préstamo que permite el acceso a los préstamos de la banca internacional y que deberá ser cancelado cuando éstos se consigan -, hasta por la diferencia que aún falta por cubrir, 190 millones. A pesar de todo esto, el acuerdo con la banca internacional se postergó nuevamente, e inexplicablemente.

Las expectativas sobre los montos de crédito que el país podría recibir de estos tres organismos - FMI, BM, BID -, no superan en el mejor de los casos los 300 millones de dólares, de los que habría que deducir el pago de los préstamos-puente por 190 millones, con lo que los ingresos más seguros con que cuenta el gobierno, dentro de esta transacción, para el año 1992 serían unos 190 millones de dólares.

El cortoplacismo: ¿nueva estrategia anti-inflacionaria del gobierno?

El programa anti-inflacionario impulsado recientemente por el gobierno de Nicaragua presenta una indiscutible coherencia técnica que ha sido reconocida por diferentes economistas nacionales y por la banca internacional. Sin embargo, coherencia técnica no significa eficacia económica ni mucho menos equidad social.

La propuesta del gobierno se centra en objetivos de muy corto plazo, con altos costos para la mayoría de la población y con un dudoso sostenimiento más allá de sus primeros logros. Como los cuatro paquetes anteriores, el del 3 de marzo es un paquete con un marcado acento monetario y resulta raquítico en cuanto a la elaboración de una estrategia productiva para reactivar la economía.

El programa anunciado el 3 de marzo propone un esquema económico montado sobre tres ejes:

- El primero se relaciona con la eliminación de golpe de la inflación.

- El segundo considera una redefinición de los precios. Los productos que se destinan para el consumo interno deben resultar más baratos que los productos que se exporten e importen, de tal forma que el costo de producción, principalmente el de las exportaciones, reporte a los productores ganancias que los estimulen a producir más.

- El tercero, muy vinculado a los dos anteriores, propone una rápida reactivación de la producción de agroexportación cuya punta de lanza estará en el algodón.

Este esquema, por demás bien conocido en nuestro país, plantea tres interrogantes:

- La primera se relaciona con la reducción de la inflación y su diagnóstico: si la inflación es un problema de exceso de dinero en manos del público, ¿a quiénes se les quita este dinero?

- La segunda tiene que ver con el esquema de estímulos que resultan del plan: si se beneficia a todos los tipos de productores ¿quién aporta dentro del país los recursos que se necesitan para estos estímulos?

- La tercera tiene que ver con la validez del mecanismo de reactivación: si es el algodón una alternativa viable en el corto plazo, ¿quién aporta los recursos externos para su reactivación y a qué costo?

Un primer intento: el fracaso del Plan Mayorga

El Plan Lacayo fue montado sobre un conjunto de elementos que resultaron de la aplicación del Plan Mayorga, por lo que resulta difícil entender el último plan sin analizar las consecuencias del primero.

En mayo/90 el gobierno de la UNO hizo su debut económico con un paquete de medidas que, según su diseñador, acabaría en los primeros 100 días de gestión del nuevo gobierno con los males económicos del país y lo colocaría en el camino de una rápida reactivación. La realidad enseñó que lo único que podía alcanzar rápidamente el plan era demostrar sus propios errores. El pueblo nicaragüense tuvo que pagar un alto precio por la lección.

El nuevo gobierno impulsó desde el comienzo un paquete de medidas anti-inflacionarias en cuyos ejes se sitúo una política monetaria contractiva, la reducción del déficit fiscal y del crédito interno, la introducción paulatina de una nueva moneda, el córdoba oro, que tendría una paridad de uno por uno con respecto al dólar y una política cambiaria que debía mantener un tipo de cambio que estimulara las exportaciones.

Las devaluaciones afectaron unidamente al córdoba "chanchero" y el córdoba oro no sufriría devaluaciones. Para lograr esto, el gobierno pondría a disposición del publico una cantidad de dólares similar a la cantidad de córdobas oro emitidos y estos podrían ser cambiados libremente por dólares en el sistema financiero.

La lógica del Plan Mayorga

La lógica de este plan se sustentaba en un esquema en el cual el conjunto de los precios de la economía tendería a bajar como consecuencia de dos elementos:

1) La reducción del déficit fiscal, del crédito interno y las devaluaciones disminuirían la cantidad de dinero en manos del público, con lo cual se haría descender la demanda interna, de tal forma que los agentes económicos se verían obligados a reducir sus precios al ver que no lograban vender sus mercaderías.

2) Los salarios reales incrementados por el gobierno sandinista entre febrero y abril/90 se reducirían como efecto del incremento del desempleo, lo que disminuiría los costos de producción y contribuiría a reducir los precios sin afectar los estímulos a los productores que emplean mucha mano de obra. El programa de estabilización y ajuste sandinista, que contrajo el empleo estatal y disminuyo la demanda, había provocado ya en los años 88 y 89 un importante incremento de este indicador.

La desmovilización de la contra y la reducción del ejército, unidos a la nueva reducción de la demanda y de la actividad económica global intentada por el plan Mayorga, elevarían aún más el desempleo. En estas condiciones, la reducción de los salarios reales se produciría como un efecto de la competencia de los trabajadores por obtener un empleo, proceso mediante el que se espera que un segmento de los mismos este dispuesto a recibir un menor salario a cambio de tener un puesto de trabajo.

Por otra parte, el córdoba oro saldría a la luz cuando se alcanzaran logros significativos en materia de estabilización de precios. Con esto se trato de evitar que la nueva moneda fuera afectada por las expectativas inflacionarias vinculadas a la devaluación del córdoba "chanchero".

No obstante, desde mayo se introdujo el córdoba oro como unidad de cuenta para la mayoría de las transacciones bancarias, y posteriormente para la recaudación de impuestos y la definición de las tarifas de los servicios de agua, luz y teléfono y de otros que presta el Estado.

Como resultado de esta política, se redujo el nivel de circulante en manos del publico en por lo menos un 50% con respecto al había en el período enero-diciembre/90. Esto, sumado a la persistencia de la desconfianza del público en la nueva moneda y al incremento en la oferta de dólares en las casas de cambio - dirigida a sostener la paridad del córdoba oro - y en las calles - por el incremento de las remesas familiares -, condujeron a una dolarización de la economía. Sin esta dolarización, el nuevo plan no podría haber funcionado en materia de estabilización de precios. Sin embargo, la reducción del dinero en manos del publico no se origino por una reducción del déficit del gobierno sino por una drástica reducción del crédito a la producción de bienes y servicios, con lo que se afecto toda la actividad económica del país.

La resistencia del movimiento sindical impidió que los salarios reales y el empleo se redujeran en este sector, lo que unido a la creación de nuevas instituciones para atender a los desmovilizados de la contra, provocó un incremento del déficit fiscal, que pasó de ser un 2% del producto interno bruto en 1989 a representar un 14% en 1990.

De la misma forma, el Plan Mayorga no alcanzó el apoyo interno y externo de los aliados del gobierno, más preocupados por acabar con el sandinismo y lograr cuotas de poder económico y político. En estas condiciones las metas de la devaluación no se consiguieron. El mito del córdoba oro fue acompañado de una inflación anual de 13 mil por ciento, muy superior a la devaluación, con lo que el córdoba resultó sobrevaluado.

El incremento en el precio del petróleo, por la guerra en el Golfo Pérsico, presionó aún más sobre la persistente inflación, que si bien se venia reduciendo desde agosto, aún se mantenía en niveles elevados y provocó un incremento en los precios en dólares de los productos.

En resumen, el Plan Mayorga no logró controlar la inflación, meta que se había propuesto el gobierno. Lo que si contribuyó a reducir aún más fue la actividad económica, lo que hacia que persistiera el germen de la inflación. En enero 91 la inflación aún presentaba tendencias al alza y la cantidad de córdobas "chancheros" en manos del público se había reducido, siendo parcialmente sustituida por los dólares en diversos sectores de la población.

La inmensa mayoría de los precios se había fijado de acuerdo al dólar y las actividades productivas estaban siendo sustituidas por el comercio y los servicios, que llegaron nuevamente a constituirse en el refugio de los desempleados. Mientras tanto, los salarios reales no se habían reducido significativamente.

El Plan Lacayo: un plan sólo para unos

El 3 de marzo el gobierno anunció la puesta en marcha de un nuevo plan económico. Con un escenario político interno más favorable y aprovechando las condiciones económicas dejadas por el Plan Mayorga, el nuevo plan trata de culminar algunos de los aspectos que este dejo inconclusos.

La dolarización de la economía que provocó el Plan Mayorga implico que en las expectativas de la población los precios ya no continuaban subiendo. Unidamente subía su equivalente en córdobas "chancheros", única moneda de las tres que circulaban que era afectada por la devaluación. Eliminando el "chanchero" y fijando el tipo de cambio se configuraría un clima en el que existiría la sensación de que los precios ya no suben.

Este efecto psicológico fue reforzado por una reducción de dinero en manos del publico, lo que permite introducir el elemento de coerción. El castigo a los vendedores que no redujeran sus precios seria una reducción en sus ventas aún mayor que la esperada por la recesión implícita en el plan.

Sin embargo, el nuevo plan no confío totalmente en las fuerzas del mercado, por lo que se introdujo el control de los precios de los productos básicos. De esta forma, se vendió la sensación de que si había costos, los pagábamos todos.

Una Pascua triste para los pobres

A un mes de los anuncios y concluida la Semana Santa que tradicionalmente implica para la economía una dinamización de la demanda interna, se apreciaban en los mercados locales signos inequívocos de reducción de la actividad económica y del nivel de empleo. La disminución en el ritmo de la economía implicó para la población una triste semana de pascuas.

Los asalariados y sectores de la pequeña producción de bienes y servicios están reivindicando disminuciones en las cuotas de costos que les fueron asignadas en el plan pues sienten falsa la consigna que lo acompaño de que "estos no son tiempos para mejorar, tampoco para empeorar". La realidad, que desmiente esta propaganda, pues muchos son los que han empeorado, está provocando tensiones sociales y ha puesto en cuestión la lógica y los argumentos que acompañaron inicialmente el plan.

Según los formuladores del plan, el fenómeno hiperinflacionario, que fuera controlado parcialmente a finales de 1989 y que reapareció durante 1990, colocó al país en una situación en la que no existía otra posibilidad fuera del plan anunciado, consideración que fue compartida por un importante segmento de la dirigencia sandinista, que se pronunció en este mismo sentido fatalista.

El gobierno afirmó también que, no obstante el alto costo social del plan, en su diseño se consideró un esquema en el que los costos se repartieran de forma equitativa entre los diversos agentes de la economía. Además, el propio Lacayo anunció el plan como el primero que impulsa el gobierno seriamente -¿por que se defendió entonces durante tanto tiempo la lógica del córdoba oro? -, porque ya había paz y porque se contaba con los recursos que permitirían apoyar la estabilización y luego la reactivación, esta ultima a partir de los recursos que se conseguirían en la reunión de Washington, los que al final no se consiguieron.

El programa anti-inflacionario: una factura para los pobres

El paquete Lacayo redujo claramente los salarios reales de los trabajadores del Estado y desvalorizó los córdobas "chancheros", que en su mayoría se encontraban en manos de los pobres. Como resultado de la reducción de las ventas, se impidió que los asalariados del sector privado reivindicaran incrementos salariales y se eliminó de la competencia a los productores de escasos recursos. La factura fue para los pobres.

El programa de estabilización logró una nueva reducción del nivel de dinero en manos del publico, con el fin de disminuir más aún la demanda interna. Para alcanzar esto se aplicaron dos medidas: una maxidevaluación del tipo de cambio y una reducción de las fuentes que propician el exceso de demanda, el déficit fiscal y el déficit del sistema financiero.

Con la devaluación del córdoba oro se espera eliminar la sobrevaluación que se acumuló durante los meses del Plan Mayorga y alcanzar el objetivo de estimular a los exportadores por la vía del aumento del precio de sus productos. Sin embargo, resulta llamativo que la devaluación nominal del 400% se haya dirigido a conseguir un nivel de devaluación real - de un 300% descontada la inflación esperada dentro del plan mismo -, de un 30% aproximadamente, según las expectativas del propio gobierno.

Si en definitiva el gobierno preparaba medidas para intervenir en los mercados y controlar los precios, bien pudo haber logrado una devaluación real similar a la que hubiera alcanzado con una devaluación nominal mucho menor, sin afectar de forma tan drástica la actividad económica del país. ¿Por que no lo hizo? Básicamente, sus objetivos fueron dos: producir una profunda reducción de la demanda en los sectores populares y transferir recursos hacia el sector del algodón.

La reducción de la demanda: ¿a quiénes se les quitó el dinero?

Las personas o empresas que al momento del anuncio de la devaluación tenían córdobas "chancheros" en sus manos o en cuentas corrientes vieron reducidos su capital en por lo menos un 70% como promedio. Diversos sectores de la gran producción que al momento de las medidas tenían su capital en forma de depósitos a plazo y en inventarios no sufrieron con la devaluación.

Los salarios de los empleados del Estado se incrementaron en un inicio respecto al salario del mes de febrero en un 200% como promedio. En este incremento se privilegió a los trabajadores de la salud - que se encontraban en huelga en el momento de los anuncios - y a los trabajadores de la educación. Con estas alzas se esperaba mantener la demanda interna en los niveles deseados, teniendo en cuenta la reducción en el gasto estatal por la caída de los salarios y una relativa desindexación de los precios. El presupuesto estatal, que fue fijado en 499 millones de córdobas oro a la par del dólar al inicio del año, se ubicaba ahora en unos 406 millones de dólares, una reducción de aproximadamente el 20% del presupuesto original.

Este nivel de gasto es compatible con la proyección de ingresos que en el presupuesto original esperaba percibir el gobierno: unos 347 millones de dólares en concepto de impuestos y 91 millones en donaciones y prestamos externos, lo que totaliza unos 438 millones de dólares, lo que supondría un balance fiscal positivo al cierre del año 1991.

Sin embargo, esto dependerá del nivel en que se reduzca la actividad económica como efecto de las medidas, pues la actual reducción de la demanda hará caer obligatoriamente el nivel de recaudaciones del gobierno, con lo que aún el balance fiscal estaría tensionado, sobre todo si se desea reducir la parte correspondiente a prestamos.

El gobierno espera reducir aún más su gasto reduciendo el nivel de empleo en el gobierno, con la puesta en marcha del plan de reconversión ocupacional voluntario. Mediante el, los trabajadores que renuncien a su puesto de trabajo recibirán una bonificación de hasta 10 mil córdobas oro. Se espera que los bajos salarios ofrecidos actualmente por el Estado contribuyan a alentar a los empleados a acogerse al plan, con el que se esperaría sacar de la planilla estatal hasta a 8 mil trabajadores.

Según el presupuesto inicial del gobierno, la partida global destinada a salarios representaba un 25.91% del gasto total, mientras que las compras de bienes y servicios necesarias para mantener en funcionamiento el Estado, y que dependen del nivel de empleo, representan un 49.65%, por lo que es de esperarse que se busque una mayor reducción del gasto por la vía de la reducción del empleo, lo que reducirá las compras de bienes y servicios.

En relación al balance del sistema financiero, se anunció la eliminación de las transferencias que el Banco Central efectuaba hacia la banca comercial. Estas estaban dirigidas a cubrir la diferencia entre el nivel del crédito otorgado y las recuperaciones de este. Esta disposición significa la eliminación del subsidio otorgado durante estos años a los usuarios del crédito, principalmente a los del sector agropecuario. Con esta medida, los bancos comerciales podrán otorgar unidamente los créditos que le permita el nivel de dinero que sean capaces de captar del publico en forma de ahorro.

Por otro lado, se anuncio que los saldos deudores de los productores para con el sistema financiero, cuyo vencimiento no fuera posterior al 31 de mayo, serían revalorizados mediante un factor de 3.4. Es decir, se incrementarían en un 240%, mientras que las deudas con vencimiento en fechas anteriores al anuncio de las medidas y que se encuentran en mora y las deudas por prestamos a largo plazo se revalorizarían de acuerdo a la devaluación.

De la misma forma, a las cuentas de ahorro en libreta y a los depósitos a plazo se les aplicaría un factor de acuerdo a la devaluación, mientras que las cuentas corrientes no recibirían ningún tipo de incremento. Las intenciones del gobierno fueron claras: la mayor parte de las deudas ya vencidas corresponden a productores de granos básicos afectados por el mal invierno del año 90.

El control de precios: ¿tampoco la UNO cree en el mercado?

A diferencia del Plan Mayorga, en el presente programa el gobierno intervino en el mercado, principalmente en el de productos básicos. Lo hizo por dos vías:

- Incrementando la oferta interna a través de importaciones. Controlando los precios y la distribución en los supermercados.

Además, se efectuó un proceso de fijación de precios concertados sobre un grupo de productos, con lo que se buscó desindexar la economía de tal forma que los precios, sobre todo los de los productos básicos, no se incrementaran de acuerdo al índice de la devaluación y de esta forma se justificara el pequeño incremento que tendrían los salarios del gobierno.

Asimismo, se anuncio la salida de circulación del córdoba "chanchero" para finales del mes de abril, con su total sustitución por el córdoba oro. Con esto se busca contribuir a la eliminación de la dolarización de la economía, recobrar la confianza del pueblo en la moneda nacional y eliminar las distorsiones económicas que se originan en la circulación de tres monedas.

Al contrario de los programas impulsados por el sandinismo y del Plan Mayorga, el gobierno afirmó que cuenta con los recursos externos necesarios para sustentar su plan, lo que disminuiría el efecto recesivo de la contracción en la demanda originada por las medidas económicas y facilitaría la reactivación económica en aquellos puntos que se consideraran ejes en la estrategia del programa.

El gobierno anunció también la ejecución de proyectos de mantenimiento y desarrollo comunal con fondos donados al país, con lo que se espera generar empleo temporal en las ciudades.

Como se verá, la lógica anti-inflacionaria del plan descansó en una drástica reducción de la capacidad adquisitiva del córdoba que se encontraba en manos del publico en el momento de anunciarse las medidas, en la reducción de los salarios reales y en la intervención en los mercados para controlar el precio de los productos básicos. Todo esto debía generar un proceso dinámico de reducción de la demanda efectiva de la mayoría de la población.

La estrategia es la misma que la del Plan Mayorga: golpear el salario real y el empleo. Esto se logra por dos vías:

- La primera busca un reacomodo de los precios en un nivel muy por encima del existente antes de las medidas, de tal forma que se produzca un período de confusión en la fijación de los precios, que permita que los trabajadores del gobierno acepten la reducción planteada para sus salarios. Esto, apoyado en la promesa de que no se producirían despidos, dificultará la unión del conjunto del movimiento sindical en torno a reivindicaciones homogéneas.

- En la segunda, se retoma el planteamiento del Plan Mayorga y se considera que una vez aceptada la maxidevaluación y la reducción de los salarios reales en el Estado, del resto de los trabajadores - cuyo salario se determina por la rentabilidad de la empresa para la cual trabajan - se encargara el mercado, mientras que la caída en las ventas impedirá reivindicaciones de mejores salarios.

¿Unica alternativa?

El debate económico de fondo

En términos generales, los objetivos relacionados con el incremento de precios en los productos que se importan y exportan frente a los productos destinados al consumo interno se están cumpliendo.

Sin embargo, el incremento de precios de los productos básicos al cumplirse el primer mes de las medidas superaba ya el 300% anunciado por el gobierno. Algunas estimaciones sitúan el incremento en un 350-370%, lo que afecta los bolsillos populares y reduce los logros iniciales del plan.

Como se ha analizado, el plan económico reduce la demanda en determinados sectores de la sociedad, lo que significa una recesión en toda la economía nacional. Pareciera paradójico que este tipo de recesión sea parte de un plan que se presenta como igualitario para todos los nicaragüenses. Es en este punto donde se revela el objetivo de fondo de las medidas aplicadas: el plan está orientado al resurgimiento económico de la gran clase empresarial que hoy gobierna el país.

¿Es este surgimiento de la clase burguesa la única alternativa para Nicaragua?. Escuchando a los contrincantes políticos importantes del país - gobierno y FSLN - la respuesta pareciera ser si, porque al final, ambos plantean la discusión económica por el lado de la demanda.

El gobierno postula una fuerte reducción de la demanda. Por razones políticas y con una preocupación moral, el FSLN plantea una reducción menor. A pesar de todas las buenas intenciones morales, un debate en estos términos conduce al debilitamiento del pueblo frente al objetivo anti-popular del gobierno.

La probabilidad de un modelo alternativo depende del análisis acucioso de la estrategia productiva que tiene tanto la UNO como el FSLN.

No pretendemos aquí un desglose de esta alternativa, sino analizar a grandes rasgos la estrategia productiva de las fuerzas políticas fundamentales del país y el efecto que tiene el plan concertado sobre los distintos sectores de nuestra economía.

Antes de iniciar esta critica, ayudaría el introducir dos elementos de una alternativa planteada por el lado no de la demanda sino de la oferta de la economía nacional - no limitada a las posibilidades de la clase empresarial hoy en el poder -, pues esto pone en entredicho la lógica del plan de estabilización que se está impulsando.

En este momento, la producción del país no se encuentra concentrada en grandes empresas capitalistas. Por el contrario, en consonancia con nuestro mercado, se ha desarrollado a partir de una multiplicidad de pequeños y medianos productores en el campo y la ciudad.

Esto conduce a una lógica de razonamientos en el cual los ejes de reactivación se encuentran en manos de los campesinos, los artesanos, los pequeños productores de servicios y los productores de la pequeña y mediana industria manufacturera. Este sector mayoritario de la producción podría ser apoyado con medidas de tipo financiero, con condiciones macroeconómicas que armonicen un esquema de estímulos que mejoren sus líneas de producción y con asistencia técnica. En este esquema, el estimulo a la producción resulta en estímulos inmediatos a la demanda, por el doble carácter que tienen estos agentes económicos, que son productores y consumidores.

Es obvio que una estrategia así resulta menos beneficiosa para la burguesía y requiere de mayores esfuerzos a la hora de venderla a la comunidad internacional, quienes en definitiva son los que actualmente están imponiendo sus criterios en nuestra política económica interna.

El Plan Lacayo opta por una estrategia que no reconoce el mapa productivo de Nicaragua, sino que margina aún más a la pequeña producción, en favor de un esquema concentrador. Es el mismo error del gobierno sandinista, que intento reordenar la estructura productiva en favor de la gran producción estatal.

Los efectos en los sectores: rehaciendo el mapa

En el debate económico se cita a menudo la conocida frase de Keynes: "En el largo plazo todos estaremos muertos". La consigna económica del actual gobierno pareciera ser: "En el largo plazo todos estaremos más pobres, menos algunos de nosotros".

La valoración del efecto de la actual coyuntura sobre los sectores de la producción nacional - a pesar del poco tiempo transcurrido entre el anuncio de las medidas y la redacción de estas líneas - permite afirmar que el objetivo de corto plazo del gobierno - favorecer a la gran producción de tipo empresarial -se está cumpliendo: la mano de obra es ahora más barata y ya hay tendencias de que se abaratara aún más.

Las perspectivas de reactivación a mediano plazo no parecen ser tampoco buenas. Los ansiados y propagandizados recursos para reactivar la producción aún están por conseguirse y el algodón, elegido nuevamente como eje de dicha reactivación, presenta serias dificultades a la hora de demostrar que podría satisfacer las expectativas puestas en el.

Los efectos en el sector informal urbano, primera fuente de mano de obra

Si en algo ha avanzado la actual política económica respecto a la sandinista, es que el nuevo gobierno si reconoce alguna importancia al SIU...: en la estrategia del Plan Lacayo, los primeros desempleados deberán salir de la cantera del sector informal urbano - y de la gran industria estatal en crisis -, proceso que será reforzado con nuevos buscadores de empleo que nacerán de la estrategia de sobrevivencia de las familias, dispuestas a vender barata la mano de obra de algunos de sus miembros ante la caída de sus ingresos. Esto contribuirá a la reducción de los salarios reales como efecto del exceso de oferta de trabajo con respecto a la demanda y golpeará la capacidad de negociación del movimiento sindical.

El sector informal, que se había beneficiado con la sobrevaluación del córdoba y con el incremento de los salarios reales, sobre todo de los empleados estatales, y que a su vez había servido de refugio a los desempleados del resto de sectores durante 1990, deberá enfrentar ahora condiciones diametralmente opuestas.

Las medidas del 3 de marzo, que afectaron la liquidez de la economía golpearon de forma particularmente dura al sector informal. Su capital de trabajo representa, en la mayoría de los casos, el total de los activos disponibles y su nivel de actividad no permite ninguna forma de ahorro en sus capas más pobres.

El proceso de diversificación de las actividades del SIU observado el año 90 - que en la mayoría de los casos mostraba una tendencia a incluir en los sistemas de producción familiar actividades comerciales se verá estancado como producto de la reducción en las ventas.

De hecho, no se logran visualizar elementos de la actual política económica que tiendan a aliviar el daño global que le provocó a este sector el paquete de medidas. Los primeros síntomas de quiebra en un segmento de comerciantes del SIU ya han aparecido. Se trata, sobre todo, de los que habían ingresado más recientemente a estas actividades.

El sector ha dejado de ser el refugio para los desempleados de otros sectores de la economía y ha comenzado a generar nuevos desempleados.

Las pequeñas unidades de producción de bienes y servicios, aún aquellas que utilizan unidamente fuerza de trabajo familiar, deberán ajustar sus estrategias de ingresos a condiciones en las cuales el mercado para sus productos dejara de ser - al menos por un largo período - la fuente principal de subsistencia. Esto tenderá a incrementar el número de familiares que tendrán que ser empleados y aumentará también la exportación de mano de obra con la emigración a Estados Unidos, lo que ya venia ocurriendo en los últimos años.

En el SIU acomodado, los productores de bienes y servicios con mayor flexibilidad y con mayor capacidad acumulada para resistir, podrán sacar provecho de la demanda que generaran los proyectos comunales anunciados por el gobierno. Sin embargo, esto no evitará una caída global de sus ingresos.

Es claro que el proceso de diferenciación social que afecta al resto de sectores económicos se manifestará con particular intensidad en el sector informal, ya que este logra básicamente su demanda mayoritaria entre las capas pobres de los empleados del sector formal y, como ya se vio, estos se encuentran en una situación en la que en el mejor de los casos - los que conserven su empleo - verán reducido el poder adquisitivo de sus salarios.

El plan del gobierno buscó incrementar la oferta de mano de obra barata y lo logró con la quiebra de la mayor parte del sector informal urbano.

¿Qué pasó en el sector industrial?

La gran producción industrial no fue golpeada por el efecto inicial de la maxidevaluación sobre la tenencia de activos en forma de córdobas, pues tanto como producto de las devaluaciones semanales impulsadas por el Plan Mayorga como por las expectativas sobre la inminencia de una maxidevaluación levantadas por el propio gobierno, los industriales con recursos habían optado por un esquema de operación en el cual sus ingresos en moneda nacional eran convertidos rápidamente en inventarios.

Es ilustrativo el hecho de que, según el director de ENABAS, "se había efectuado de previo un proceso de definición de precios concertado con diversos sectores de la producción empresarial del país, por lo que se garantizaba que los precios de los bienes básicos que se originan en este sector no subirían más allá del incremento de los salarios".

En este sentido, prominentes representantes de la industria y el comercio nacional aglutinados en el COSEP han afirmado que al momento de la devaluación su dinero se encontraba "en forma de materias primas y en depósitos a plazo en los bancos". Estos últimos serán revalorizados de acuerdo a la devaluación del córdoba oro, con lo que, además de haberse protegido de los efectos desmonetizantes de la devaluación, su dinero obtuvo una ganancia cambiaria igual al nivel de la devaluación real del córdoba.

Por otro lado, las expectativas de los asalariados en el sector privado no parecen ser mejores que las de los del sector rural o los del Estado. Contrario a lo que ha afirmado el gobierno, el sector privado no ha podido seguir durante el ultimo año a los salarios del gobierno por diversos factores: el incremento del desempleo a partir de l988, que se profundiza con el Plan Mayorga; el profundo proceso recesivo en que se encuentra la economía desde l984, particularmente notorio para el caso del sector industrial; y la relativa atomización del movimiento sindical en este sector.

Con las medidas del 3 de marzo ha sucedido una disminución relativa mayor de los salarios globales en la industria. Unidamente los trabajadores de la construcción vinculados a los proyectos que venia ejecutando la Alcaldía de Managua con fondos donados de la AID no han experimentado un deterioro significativo.

La competencia de productos importados - otro de los problemas importantes para el sector industrial - se reducirá como consecuencia del encarecimiento relativo en el precio del dólar. No obstante, para las empresas con mayor utilización de componente importado en sus costos de producción esto implicará también una reducción de su competitividad. No será así con las ramas con mayor componente local en sus costos, como maderas, cueros y ciertas subramas de la industria de alimentos, que habían reducido en 1990 sus exportaciones como consecuencia de las distorsiones de los precios.

Por otro lado, la eliminación de las devaluaciones semanales facilitará a las empresas grandes el manejo del capital para operaciones y eliminara los riesgos de perdidas cambiarias originadas por las retenciones de impuestos que se hacían en los días cercanos a la que seria la siguiente devaluación.

Sin embargo, el incremento del desempleo y la reducción de los salarios reales implicará para el sector industrial nacional una importante reducción de la demanda, que profundizará la recesión global del sector. Las industrias grandes que habían entrado en crisis desde l989, en su mayoría empresas estatales, y que en l990 constituyeron un centro de la lucha del movimiento sindical, se encuentran a estas alturas sin ninguna alternativa.

Por otra parte, la gran industria local acusa una importante iliquidez, que ha determinado una reducción en la utilización de su capacidad instalada lo que, aunque ha abierto más espacio a la importación, facilita también su recuperación. Sin embargo, sin un fuerte financiamiento bancario no podrá salir de su estancamiento.

La pequeña y mediana industria, que viene padeciendo desde l988 de una aguda iliquidez combinada con una demanda cada vez más contraída, recibió con la maxidevaluación y las primeras medidas del Plan Lacayo su golpe de gracia.

Este sector, por las condiciones en las que se encontraba, no logro acumular dólares o inventarios y por eso su capital de trabajo se redujo con la devaluación en por lo menos un 75%. Esto implicó la quiebra de muchos talleres. En este sentido, resulta ilustrativa la situación de las cooperativas de la rama de cuero y calzado. En la Cooperativa de Insumos y Calzados, la mitad de sus socios están en el desempleo y su producción se ha reducido en un 70% respecto a su nivel histórico.

En el caso de la rama textil-vestuario de la pequeña y mediana industria, que es la que genera la mayor cantidad de empleos femeninos en el país, la situación es aún más dramática. Además de los problemas generales del sector industrial, esta rama ha debido enfrentar la competencia de las importaciones de ropa usada proveniente de los Estados Unidos, la que se vende en los mercados a precios muy por debajo de los costos de la producción nacional de ropa. La pequeña industria química deberá enfrentar también la competencia de la gran producción, que en las nuevas condiciones macroeconómicas presenta mayores ventajas.

El resto de ramas del sector - maderas, metalmecánica, plásticos, papel y alimentos - requieren en principio del apoyo del gobierno en la forma de créditos blandos y del mejoramiento de la demanda de productos nacionales, lo que no parece compatible con la lógica del plan impulsado, por lo menos en el muy corto plazo, por lo que es de esperarse una mayor contracción de estas actividades en los próximos meses.

No obstante la difícil situación global de la industria, las nuevas condiciones planteadas por el programa facilitaran en mucho la reconversión de las industrias más grandes, así como la privatización de las empresas del Estado. La reducción actual de los salarios reales, la simplificación de la estructura impositiva y la reducción de las tasas de impuestos y aranceles de importaciones y el eventual debilitamiento del movimiento sindical, unido todo al abaratamiento de los productos básicos de origen campesino, son factores que indudablemente estimularan los procesos de reconversión y privatización.

La fuerte politización de un segmento importante de los capitalistas nacionales con posibilidades de invertir - cuya condición para traer al país sus capitales es la eliminación del sandinismo - y la prudencia con que los inversionistas extranjeros se han manejado hacen difícil cifrar muchas esperanzas en ellos. Pero el relativo desabastecimiento que presenta nuestro mercado, si se le compara con el resto del área, podría desembocar - dada la naturaleza de las condiciones macroeconómicas - en una dinamización del gran comercio. Este tendría su eje en un grupo de empresarios radicados en los Estados Unidos, que ya vienen desarrollando este tipo de actividad.

La nueva estructura de estímulos en el campo

Existen diversas señales de que la estrategia de reactivación a partir del algodón que estaba presente en el Plan Mayorga ha sido retomada en el actual plan. Las razones de esta decisión se ligan a sus posibles resultados de muy corto plazo en la agricultura y a sus efectos multiplicadores en la economía: reactivación de la capacidad instalada de desmonte, producción de aceite, de alimentos para animales, producción de telas, reactivación de puertos, etc.

Vale destacar que las medidas anunciadas, y especialmente las relacionadas con el crédito bancario beneficiaron claramente a los algodoneros cuya deuda vence el 31 de mayo y que a finales de enero habían pagado al banco unidamente un 3% del crédito que les fue otorgado para el ciclo 90/91. Esto implica que, mientras su deuda solo se incrementará en un 240%, las ganancias por su producto aún no vendido subirán en un 400%.

De la misma forma, un ejercicio de costos efectuado por Nitlapan-UCA muestra un importante mejoramiento en la rentabilidad de los cultivos de exportación. El algodón, que había venido presentando serios problemas de rentabilidad, tuvo una tasa de ganancia negativa a precios de noviembre, de un -57% y alcanzó a precios de marzo/91 una ganancia positiva de alrededor de +1%, lo que implica que este cultivo fue fuertemente beneficiado por la nueva estructura de precios. Vale destacar que en este estudio se consideró una producción de 13 quintales oro por manzana, cantidad que solo se obtiene en las áreas óptimas para el cultivo.

Sin embargo, este nivel de ganancia parece aún poco atractivo para este cultivo, dominado por unidades de producción de tipo empresarial, por fuertes requerimientos de capital en cada ciclo y por resultados dependientes en mucho de los vaivenes de las condiciones climáticas.

El algodón, que también fue permanentemente beneficiado por el gobierno sandinista, presenta a estas alturas serios problemas estructurales en su balance de ingresos-gastos, que inhiben su posible reactivación. A precio en dólares constantes de 1970, los precios internacionales de los insumos necesarios para el algodón se han incrementado y el precio del producto se ha reducido en la actualidad a poco menos de la mitad.

Por otro lado, las condiciones actuales del mercado internacional para este cultivo no son muy claras. La tendencia alcista de los precios internacionales observada en el ultimo año bien podría estancarse como producto del proceso recesivo de la economía en los Estados Unidos y por el descenso en el precio de las fibras sintéticas vinculado a las variaciones en el precio del petróleo, cuya alza fue neutralizada por la venta de reservas de crudo.

La única justificación para insistir en colocar al algodón como eje de la reactivación del país se relaciona con sus probables beneficios macroeconómicos y con el hecho de que el gobierno considera que en muy corto plazo no se cuenta con otra alternativa de reactivación. Se insiste así en dar solución al problema nacional a partir de una visión en extremo cortoplacista y de altos riesgos para la mayoría de la población.

Todo esto hace pensar que para reivindicar la elección del algodón se requerirá de nuevos ajustes en las condiciones macroeconómicas, de más devaluación real o de mayor reducción en el precio de la mano de obra. O de ambos factores. Se requerirá también de mejorar los patrones tecnológicos con que es manejado el cultivo y de la extensificación en el uso de mano de obra. Todo esto para colocarlo en condiciones que sean ventajosas para los productores, con lo cual y de paso, se estará beneficiando al conjunto de productos agropecuarios de exportación.

Si no es así, lo que se está proponiendo a toda la sociedad es que se subsidie al algodón, justificada esta decisión en sus potenciales beneficios globales. Esta es la expectativa que esta actualmente arraigada en los productores algodoneros y se ha detectado que existe entre ellos una tendencia a incrementar las áreas respecto al año pasado, con la confianza de que "el gobierno al final no nos dejará solos".

Pero la lógica del subsidio al algodón será muy difícil de vender a mediano plazo a los sectores internos que aportarían estos recursos o a los países a quienes eventualmente se soliciten estos para poder mantener este esquema.

Cultivos como el ajonjolí y el café en la agricultura y la ganadería vacuna de carne en las actividades pecuarias, presentan impresionantes incrementos en sus tasas de ganancias. Cafetaleros, ganaderos y ajonjoliceros están siendo beneficiados por una política que intenta hacer andar al más lento del grupo, al algodonero.

En estas actividades - café, ganado, ajonjolí - el mejoramiento de su rentabilidad fue aún mayor porque aunque sus ingresos se habían reducido, se encontraban en una mejor situación financiera que el algodón. Y porque a diferencia del algodón, estas actividades consideran en sus costos de producción una participación mayoritaria de mano de obra.

Sin embargo, en el caso de la carne y el café sus posibilidades de desarrollo en el corto plazo son reducidas a causa de su ciclo natural. Ambos requieren entre 3 y 4 años para que maduren las inversiones que se realizan en ellos. Por su parte, el ajonjolí, además de los problemas de manejo en grandes extensiones, que lo hacen poco atractivo para la gran producción, presenta dificultades para encontrar mercado externo, por lo que en términos de un programa que es cortoplacista quedan relegados frente al algodón.

El nivel de rentabilidad de la producción de exportación se intenta lograr a través de una drástica reducción de los salarios reales, que habían llegado a niveles cercanos a los 2 dólares diarios en 1990, situándose después de las medidas en 1 dólar. También se consigue la rentabilidad por un fuerte incremento en el precio interno del producto como resultado de la maxidevaluación.

Por otro lado, la producción de tipo empresarial de granos -arroz de riego y de secano mecanizado, así como el sorgo industrial mecanizado - presentan un notable descenso en su tasa de ganancia, la que pasó de ser positiva a precios de noviembre/89 a ser negativa después de las medidas. Mientras, la producción campesina de estos productos aún se mantiene operando con márgenes positivos.

El mejoramiento del balance financiero en los cultivos de exportación tiene como contrapartida la desarticulación paulatina del sistema de comercialización impulsado por el sandinismo, que descansaba en una red de empresas estatales que operaban en base a créditos del sistema financiero.

Este sistema se ha visto reducido como producto de la política monetaria conservadora que se ha venido impulsando en los últimos 3 años y que afectó de forma drástica la capacidad de acopio de estas empresas en el año 90, lo que ha permitido la reaparición de comerciantes y prestamistas privados, que operan con márgenes de ganancias muy superiores a los de la red estatal. Los más afectados por este cambio han resultado ser los productores con menos posibilidades económicas y de gestión. Un buen ejemplo está en la producción de ajonjolí en el presente ciclo.

La actual política económica en su conjunto espera incrementar la oferta de mano de obra - que en algunas zonas ya era abundante como producto del fin del conflicto bélico - por la vía de reducir los salarios reales y los ingresos del campesinado. Esto ultimo ha ido originando una privatización "silenciosa" de las actividades de comercialización y financiamiento en el campo, en condiciones ventajosas para los intermediarios. De esta forma, los asalariados y los campesinos más pobres se verán obligados a incrementar el número de familiares empleados, jóvenes en edad escolar y mujeres hasta ahora dedicadas a las actividades del hogar.

Por su parte, los campesinos que fueron beneficiados por la reforma agraria sandinista y que aún se mantienen en cooperativas dedicadas a la producción de granos deberán profundizar los ajustes en sus patrones tecnológicos y en la diversificación de sus cultivos. Esto, por la reducción relativa en el precio de sus productos, por las restricciones en el acceso al crédito bancario y por el encarecimiento del componente importado de sus costos de producción.

Esto hace suponer que se producirá una aceleración del proceso de parcelización que ya se venia observando, reduciéndose cada vez más la vigencia de sus anteriores formas organizativas a las actividades relacionadas con la gestión del crédito y con la comercialización.

En definitiva, la crítica más firme y fundamentada que se puede hacer al Plan Lacayo es que busca estimular la producción exportable unidamente en el segmento de productores con mayores posibilidades económicas - latifundistas y burguesía agraria - a la vez que pretende recomponer la relación entre los diferentes estratos sociales de productores de tal forma que sean los más pobres los que transfieran recursos hacia los más ricos.

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