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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 114 | Abril 1991
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Nicaragua

Entre la rebeldía de las masas y la rebelión de los banqueros

En vísperas del shock económico del 13 de marzo, el gobierno se encontraba ya enfrentando la presión organizada o espontánea del pueblo y la presión más sutil y sistemática de los banqueros... y tuvo decidir.

Equipo Envío

En febrero, a un año de ser elegido, el gobierno de Violeta Chamorro enfrentaba un cúmulo de dificultades en distintos terrenos. A esas alturas, algunos sectores consideraban que los Acuerdos de Concertación Económica y Social firmados en octubre/90 eran ya papel mojado. Objetivos y compromisos allí planteados no habían sido asumidos y cada parte responsabilizaba a la otra por no cumplir y por lo tanto, ambas se sentían liberadas del compromiso de cumplir.

Sin embargo, los principales dirigentes del gobierno y del FSLN argumentaban, desde una perspectiva de largo plazo, que no se podía descalificar la concertación como una opción imposible, sino que debía de continuar insistiéndose en el cumplimiento consecuente de los acuerdos y en mantener una comunicación permanente entre todas las partes firmantes para no perder el consenso en el camino de la interpretación y ejecución de los acuerdos. Tanto para el Ejecutivo como para los principales dirigentes del FSLN no hay mas alternativa razonable y viable que un esfuerzo patriótico y nacional de todos para sacar al país de la crisis económica.

Sin embargo, para la crecientemente empobrecida mayoría de los nicaragüenses, no era fácil que la retórica sustituyera a los hechos. Los sectores populares volvieron a acusar al gobierno de firmar y no cumplir, de pregonar reconciliación y promover conflictos, de afirmar estar trabajando por la estabilidad política y a la vez tomar medidas desestabilizadoras para los trabajadores. De insistir en la necesidad de que los reclamos se canalizaran pacíficamente, pero en la practica ignorar cualquier demanda de negociación y responder solamente ante las presiones y las amenazas de violencia. Para muchos sectores pobres y descontentos, la concertación debía enterrarse porque con ella se amordazaba la capacidad del pueblo para acusar a ciertos dirigentes y tendencias sandinistas de haberse "entregado al gobierno burgués".

Pero había también ricos descontentos, congregados en el COSEP y partidarios de Virgilio Godoy. Con amargura, continuaban afirmando que los sandinistas seguían "mandando" en el gobierno imponiéndole sus propios intereses políticos, aunque no dejaban de reconocer la peligrosidad de la coyuntura. El COSEP advirtió que la vacilación y la debilidad oficial colocaban a toda la nación sobre una bomba de tiempo, responsabilizando al gobierno por haber desvirtuado el programa original de gobierno al conformarse un gabinete de tecnócratas bajo la dirección del yerno de la Presidenta:

"El nepotismo se mantiene en el poder y el pueblo espera que se cumplan las promesas hechas en la campaña electoral". En la reunión anual de la Federación de Asociaciones Ganaderas (FAGANIC), se llego a demandar que doña Violeta entregara el poder al Vicepresidente, denunciando uno de los participantes que la Presidenta "sólo sabe reír y abrir los brazos" y que hacia falta "otro 25 de febrero para celebrar porque la lucha no ha terminado".

¿"Libanización" del país?

Algunos comentaristas llegaron a visualizar una "libanización" de Nicaragua: el país sometido a una violencia de modalidades anárquicas o delictivas sin responder esta violencia en muchos sectores a ideologías o a líneas políticas claras. La presencia de armas en todo el país, por un lado, y una cantera de desempleados por otro, constituía una combinación peligrosa para llegar a hacer realidad este fenómeno.

Este era el panorama al cumplirse el primer año del triunfo de la UNO. ¿Hasta donde podía "concertarse" la reconciliación nacional entre una extrema derecha que insistía en la erradicación del sandinismo y una izquierda que insistía en la defensa de las conquistas populares? ¿El precio del acercamiento entre la dirigencia del FSLN y el Ejecutivo ¿sería el alejamiento de cada uno de ellos de sus bases? Y aun cuando en realidad no existiera en el gobierno ni insensibilidad social o burocrática frente a los problemas, ¿que programa económico podía salvar la brecha dirigencias?bases y así sustentar la paz social? ¿Podían compatibilizarse las tan divergentes interpretaciones de los acuerdos de concertación o aun las tan distintas interpretaciones de las nuevas reglas del juego y formas de lucha en la "nueva democracia"?

El asesinato de Enrique Bermúdez

Si bien la división en la UNO y la discusión caótica a lo interno del FSLN hubieran apuntado hacia la fragmentación de las dos principales fuerzas políticas del país, se producían en forma paralela nuevas coincidencias en los planteamientos de diversas fuerzas sociales y económicas.

El asesinato de Enrique Bermúdez el 16 de febrero aglutino nuevamente a la extrema derecha. Esta culpó abiertamente al FSLN y condenó también al gobierno como cómplice, por ser incapaz de prestar garantías a los ciudadanos al ser prisionero de las fuerzas de seguridad sandinistas. Intensificaron su permanente campaña contra los cuerpos policiales por carecer de "profesionalidad e imparcialidad". Si no se podía capturar a los culpables, exigían la cabeza de "conciliadores" como el Ministro Lacayo. Los ultraderechistas volvieron a la carga reclamando una plena reestructuración de la policía y encomendaron a Virgilio Godoy hacer lo mismo con el Poder Judicial.

En los días anteriores a su muerte, Bermúdez estaba recogiendo firmas para ser reconocido por el gobierno como único representante de los desalzados de la contrarrevolución y en opinión del Vicepresidente Godoy se perfilaba como "su mas representativo dirigente". Tras este declarado objetivo de Bermúdez muchos veían aparecer ya el embrión de un nuevo partido político, a formarse en el mediano plazo con figuras de la ultraderecha de la UNO, como el Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán. "Debe de llamarse Partido Republicano -decían ex-somocistas entusiastas del proyecto - para que el gobierno de Estados Unidos tenga clara cual es nuestra opción".

La actividad desplegada por Bermúdez lo enemistó con otros ex-lideres contras que habían aceptado posiciones en el gobierno y que mantenían posiciones de "concertación". La muerte del ex-coronel somocista impactó negativamente sobre los esfuerzos sandinistas por desarrollar una mejor comunicación política con sectores campesinos que integraron las filas de la contra sobre la base de las necesidades comunes del campesinado, a la par que tomaron nuevo impulso los intentos de la extrema derecha de utilizar a los desmovilizados como fuerza de choque contra el sandinismo y contra el gobierno.

El asesinato de Enrique Bermúdez llevo al FSLN a unirse al gobierno en la condena del hecho. Al igual que la extrema derecha, la Dirección Nacional del FSLN exigió del gobierno una exhaustiva investigación para identificar a los autores. En la misma semana en que el gobierno celebraba el aniversario de las elecciones, el ejército y la policía lanzaban operativos conjuntos en la zona norte del país para terminar con bandas de delincuentes que azotaban la región. Dirigentes de la "Asociación Cívica de la Resistencia" denunciaron que se podía tratar de una operación camuflada para reprimirlos, agudizándose sus desconfianzas a partir del asesinato de Enrique Bermúdez. La policía declaro que las bandas armadas que actuaban en esa zona y en el país en general estaban integradas por ex-miembros de la Resistencia mientras que la ex-contra aducía que se trataba de desmovilizados del ejército sandinista. La realidad era que la delincuencia había crecido en todo el país y que eran la desesperación y el hambre, y no las ideologías, sus principales organizadoras.

División en la UNO, discusión caótica en el FSLN y nuevos consensos

Derecha e izquierda coincidían en que la raíz del malestar estaba en lo económico y en que la paz nacional dependía de lograr estabilidad y producción en el campo. Campesinos sin tierra, repatriados, desmovilizados del ejército, y ex-miembros de la Resistencia se unían para exigir tierras y créditos, llegando al punto de actuar coordinadamente en las tomas de tierras.

En el otro extremo, grandes terratenientes se quejaban de la falta de estabilidad en el campo. A sus quejas se unían "repatriados de Miami" favorecidos con iniciales resoluciones gubernamentales de devolución de tierras expropiadas por el gobierno sandinista, que exigían que los campesinos asentados en "sus" tierras acataran las órdenes de Managua. Tanto campesinos como terratenientes culpaban al gobierno. Los primeros, al insistir en que se reconocieran sus derechos adquiridos en virtud de años de trabajo. Los segundos, al insistir en que el gobierno usara a la policía para hacer valer "el imperio de la ley".

Miles de desalzados continuaban esperando que el gobierno cumpliera con su promesa de entregarles tierra e implementos de trabajo. Al malestar de los ex-contras en el campo se sumaba el de 30 mil obreros agrícolas que quedaban sin trabajo como consecuencia de la finalización de las cosechas y de las fuertes restricciones de crédito para iniciar las labores del próximo ciclo agrícola. Productores y campesinos se unían para exigir al gobierno el descongelamiento del financiamiento para el sector agropecuario que evitara no solo un colapso de la producción en 1991 sino un estallido social en el campo, al que podrían unirse los obreros agrícolas con empleo, pero con salarios que apenas cubrían el 42% del valor de una canasta básica de 20 productos.

El consenso entre los productores grandes, pequeños y medianos, sandinistas y anti-sandinistas, era total ante la falta de políticas crediticias del gobierno en momentos en que el ciclo agropecuario exigía de siembra y habilitaciones bancarias. La obsesiva restricción del crédito amenazaba obstaculizar la generación de las divisas y alimentos que sustentan a la nación entera. Y no sólo se restringía el crédito a niveles prácticamente desconocidos en los últimos 25 años, sino que a la vez, se exigía a los productores - sin excepción -pagar al banco por anteriores habilitaciones, desconociendo la practica histórica de ofrecer condonaciones o extensiones de plazo cuando los ciclos agrícolas arrojaban perdidas para el agricultor.

El gobierno busca impresionar favorablemente al FMI

Tratando de impresionar al FMI con su capacidad de "disciplina" fiscal, se negaba también el financiamiento a los bancos deficitarios. Durante semanas, la tensión entre los sindicatos y el gobierno también se había venido agudizando. No era aceptable para los trabajadores organizados en el Frente Nacional de los Trabajadores el porcentaje de tierras y empresas que el gobierno ofrecía vender a los obreros dentro del marco de la "privatización concertada".

La crisis en el campo aceleraba la emigración hacia Managua, donde se multiplicaban las casas de lata y de cartón a las que la Alcaldía de Managua ha declarado la guerra. Pero en Managua tampoco había trabajo - un 90% de los obreros de la construcción estaban desempleados -.

Mientras los trabajadores de la pequeña y mediana industria hacían causa común con sus dueños para exigir un financiamiento preferencial, en vez del ahogamiento crediticio al que sometían a este sector los bancos, la política gubernamental continuaba liquidando la industria nacional al favorecer la libre importación de productos con los que la débil industria nicaragüense no puede competir. Pero también se quejaban los comerciantes. A la par de los consumidores, se revelaban contra los impuestos onerosos decretados por el gobierno como parte de su obsesión por lograr la estabilización monetaria y disminuir la brecha fiscal, tal como demandaban el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional.

La Federación de Pequeños Comerciantes de Managua oriento a sus miembros, incluyendo a los dueños de tramos en el Mercado Oriental, a no pagar los impuestos, en respuesta a las amenazas de desalojo hechas por la Alcaldía de Managua, también empeñada en generar nuevos ingresos, desconociendo que la crisis económica ha afectado considerablemente el volumen de las ventas de todos los comerciantes.

El desempleo rompió récords: algunos economistas calcularon que un 50% de la población económicamente activa se encontraba desempleada abierta o encubiertamente al cumplirse el aniversario del triunfo de la UNO. Mientras que muchos padres de familia y los estudiantes universitarios se preparaban para la apertura de un nuevo curso escolar protestando por el alza en matriculas y uniformes, los mas pobres decidían no enviar a sus hijos a ninguna escuela, pues tendrían que ayudarles - como vendedores informales de cualquier cosa - a sobrevivir.

La rebeldía de las masas desempleadas y empobrecidas

La multiplicación de las demandas de la mayoría de los sectores sociales - propiamente de todos - parecía rebasar la capacidad de atenderlas, tanto del gobierno como del FSLN y de las mismas organizaciones sindicales. Sobraban las criticas a los acuerdos de concertación, pero apenas se tomaba conciencia - con la excepción de la extrema derecha, representada por el COSEP y Virgilio Godoy - de que el creciente cuestionamiento de la concertación económica, lógicamente y también políticamente, tocaba también el Protocolo de Transición firmado entre el FSLN y el gobierno entrante. Aunque el Protocolo había garantizado una transición institucional pacifica, no podía abarcar la transición social ni enmarcar cívicamente la lucha de clases desatada en una situación económica que tendía a agudizar las polarizaciones sociales.

La moderación política de los firmantes de aquel momento no encontró correspondencia en la "inmoderación" de la extrema derecha y en la de ciertos radicalismos izquierdizantes, como tampoco en una situación económica devastada, muy poco "moderada", mas tensionada aun por una coyuntura internacional desfavorable.

La crisis política, económica y social nicaragüense se fue entrelazando y alimentaba el crecimiento vertiginoso de los movimientos sociales. A medida que se fueron desvaneciendo - al menos en lo inmediato - las esperanzas alrededor de la concertación, fue surgiendo una nueva opción, simbolizada en la tendencia de algunos sectores de las organizaciones populares - opción evidente desde la derrota electoral del FSLN - que propugnaba por buscar formas propias de lucha política. Dejaban atrás ya no solo la ilusión de encontrar sensibilidad social en el gobierno de los "moderados pragmáticos", sino que cuestionaban también el porque mantener lazos dependientes con el "establishment" político en su conjunto, fuera gubernamental o fuera sandinista.

Sin dejar de ser sandinistas, estos sectores de los organismos opulares declaraban su "independencia" e intentaban superar en la practica el "ordeno y mando", las "líneas" y la subordinación al "hermano mayor". La coyuntura económica y las nuevas características de lucha desde la oposición aumentaban la turbulencia partidaria en la medida en que la defensa directa de los intereses específicos y de las necesidades mas inmediatas de los sectores populares organizados no siempre coincidía con las estrategias globales y nacionales planteadas por la dirigencia sandinista.

Los organismos populares disfrutaban de un nuevo espacio político y ostentaban su combatividad aun cuando esta entrara en contradicción con la estrategia de oposición "constructiva" elegida por la dirigencia del FSLN. Bayardo Arce resumió bien el dilema del FSLN: "Tanto afecta al sandinismo dar la espalda a los sectores populares, como ponerse al frente de cualquier demanda sabiendo que esta condenada al fracaso".

Mucha desconfianza ante la dirigencia del FSLN

La desconfianza generada por la pérdida electoral se incrementaba ante la cautela - o la negativa - de la dirigencia partidaria de confrontar con firmeza y abiertamente al gobierno. Y auque la embajada norteamericana y la ultraderecha continuaban insistiendo en que la rebeldía de los movimientos sociales eran el resultado de directrices maquiavélicas de la Dirección Nacional, la realidad era que la rebeldía de las masas no era tan dirigida y en parte se producía contra el antiguo "conduccionismo" del FSLN.

No necesariamente contra el sandinismo, al que todos profesaban lealtad como símbolo de la dignidad nacional, sino contra el tradicional sistema de directrices partidarias y en busca de una mayor autonomía. Se trataba de fijar posiciones desde la oposición frente al nuevo centro de gravedad política que simbolizaba el gobierno. Ya para muchos resultaba claro que "el gobierno burgués" únicamente entraba en razón presionado por medidas de fuerza, incluyendo tomas de tierras y paros laborales. "La famosa Concertación Económica-Social - señalaba un sandinista - parece ser un sofisticado instrumento de besos y abrazos en la cúpula y de clavas y garrotes en la base y no una formula nacional para la estabilidad del país.

En nombre de la Concertación los trabajadores no pueden callar, ni sus dirigentes y organizaciones sindicales. Tampoco se puede ser rehén de partidos políticos y de sus amarres tácticos con el sector `pragmático' del gobierno". Para algunos sectores de base e intelectuales sandinistas, el partido, al igual que la dirigencia sindical, habrían cometido un error al respaldar el esfuerzo de concertación. Sospechaban que la concertación había venido siendo capitalizada políticamente por el grupo del Ejecutivo, pero ignorada en la practica, al devolver tierras a sus antiguos dueños olvidando los derechos de los trabajadores estipulados en la misma concertación, o simplemente recurriendo a la violencia para desmantelar las humildes viviendas de "paracaidistas" de los escombros de Managua.

Acusaban al gobierno de pregonar la estabilidad como pretexto para contener las demandas populares transformándose así la concertación en una trampa para la izquierda y no en la tregua generalizada en la que cada sector aportaba lo suyo para superar la crisis económica y social del país. A lo interno del FSLN, la critica coyuntura continuaba desviando la atención del objetivo de definir alternativas de corto y mediano plazo. La crisis económica estaba produciendo brechas entre sandinistas empleados y desempleados, entre sandinistas beneficiados por la repartición de bienes anterior al 25 de abril y los que no alcanzaron a participar en la "piñata", entre sandinistas que insistían en confrontar directamente al gobierno y los que se limitaban a denunciarlo.

Divergencias al interior del FSLN

La apertura interna del partido se traducía, no tanto en una discusión de principios sino en la búsqueda de oportunidades para que miembros y organismos de masas proclamaran sus divergencias con los dirigentes o, más exactamente, con segmentos de la dirigencia. La Juventud Sandinista, por ejemplo, exigía un 20% de todos los escaños para el Congreso de julio y una renovación radical de la dirigencia del FSLN.

La Unión Nacional de Empleados exigía una posición "clara y firme" al FSLN en relación a la falta de compromiso gubernamental con la concertación, la que constituía, para ellos, una burla a los trabajadores. Para otro dirigente de la CST, el partido había venido "bloqueando a las masas" y por eso había que "hacerse a la idea de que el FSLN no es un partido obrero". AMNLAE preparaba su Asamblea Nacional para encontrar su "identidad propia". Según algunas de sus miembros, los dirigentes del FSLN nunca habían comprendido el papel de una organización de mujeres.

Otros criticaban a la bancada parlamentaria sandinista por su desvinculación de las masas y por no hacer nada para responder a demandas populares especificas. Los dirigentes del FSLN insistían en despersonalizar la discusión y en "desarrollar un debate de hermanos, una lucha franca, fraterna y de altura, respetuosa, sin burlas ni epítetos".

El problema máss de fondo se simbolizó en el estallido de la huelga hospitalaria en los últimos días de enero. Si bien el gobierno tildo la huelga de "política" y orientada a desestabilizar al gobierno, en realidad ni el FSLN ni el sindicato mas poderoso en el sector, FETSALUD, pudieron contener el paro y las tomas de instalaciones que impulsaron comites de huelga que recogían las demandas de los 32 mil trabajadores de la salud, incluyendo a médicos, enfermeras, administradores y empleados.

Los huelguistas señalaron desde el comienzo que no se trataba de protestar unicamente por el bajísimo nivel salarial del sector salud en general, sino también de publicitar la renuencia del gobierno a suministrar abastecimientos mínimos a los hospitales y centros de salud. El gobierno mantenía el argumento del escaso presupuesto, a lo que los huelguistas respondían que el gobierno no media con la misma vara presupuesta a otros sectores, como el bancario, donde el promedio salarial duplicaba el de los trabajadores del sector salud, mencionando también los altos salarios que en dólares cobran ministros y diputados y que son bien conocidos por los trabajadores y el pueblo en general.

Para el FSLN, la situación parecía insalvable: si por un lado comprendía las limitaciones financieras del gobierno y la necesidad de controlar los gastos públicos para contener la inflación - factores estructurales de fondo -, por otro lado tampoco podía dar la espalda a los trabajadores en lucha, algunos de los cuales iniciaron huelgas de hambre desde finales de febrero. ¿Hasta que punto podía el FSLN seguir asumiendo el costo de la incoherencia y limitaciones gubernamentales que llevaban permanentemente a su burocracia a romper sus propias reglas de juego con comportamientos desestabilizadores y desafiantes y que a su vez provocaban en los afectados legítimas respuestas defensivas?

Para el gobierno, se trataba de una falta de información. Según el Ministro Lacayo, "la solución es el dialogo. Que los miembros del FNT conozcan la situación objetiva en que se encuentra el país y las posibilidades reales del gobierno para satisfacer sus demandas, de manera que, al compartir la información, ellos, como personas responsables, tomen las mejores decisiones". Pero, ¿por qué un trabajador se debía de preocupar mas por el déficit nacional de un gobierno de la burguesía, que por su déficit personal? "Una cosa es la estabilidad para el pueblo y otra es la estabilidad para la burguesía", señalaba el máximo dirigente de la Unión Nacional de Empleados.

¿Dónde está la línea divisoria para el FSLN?

El FSLN continuaba siendo fiel al acuerdo de transición y al de concertación, mantenía su apego a la estrategia definida en julio, que priorizaba las formas de lucha cívicas y legales, compartía con el gobierno el objetivo de lograr la estabilidad y de unir esfuerzos para salir de la grave crisis económica.

Pero ¿donde trazar la línea divisoria entre la defensa de la consolidación institucional del marco constitucional -que favorece los intereses históricos del pueblo - y la defensa de la estabilidad del propio gobierno -. La situación diaria mostraba que el Ejecutivo recurría continuamente al FSLN para que le sacara las castañas del fuego cada vez que por inercia, incoherencia burocrática o limitaciones económicas estructurales no cumplía con las reglas del juego... Al hacer el papel de mediador entre las masas y el gobierno - o entre las masas y el Fondo Monetario Internacional - el FSLN solo llevaba las de perder pidiendo nuevos sacrificios a un pueblo ya demasiado sacrificado.

El debate que generaba esta realidad, ilustrado por la impaciencia y las confrontaciones editoriales entre las mismas publicaciones sandinistas, llevaba a restar atención a la búsqueda de un verdadero eje de renovación en las filas revolucionarias, constituido por la propia capacidad del movimiento social de encontrar su cauce político y partidario en un sandinismo renovado. El crecimiento y el desarrollo de la conciencia popular y de la sociedad civil presentan un reto de proporciones históricas para el FSLN: el de convertir esa insatisfacción fundamentada, esa violencia potencial en fuente de poder cívico y en alternativa política.

¿Habría la unidad, la fortaleza y la humildad necesarias en las filas sandinistas para asimilar la floración del movimiento popular y para forjar con el una opción frente a la aguda crisis económica que esta afectando ya a cientos de miles de familias nicaragüenses? La respuesta no puede esperar ni puede postergarse todo para los debates del Congreso del FSLN en julio. La riqueza de la discusión y de la actuación popular, sinónimos de democratización en el FSLN, ya estaban garantizando que el Congreso no podría consistir en una mera aprobación de documentos y en la elección de autoridades. A un año de su derrota electoral, el FSLN lucha denodadamente por conciliar su propósito de jugar un papel de oposición responsable con su necesidad de recuperar el consenso del pueblo pobre - en desesperación, pero no en rebeldía - y el de las masas rebeldes y organizadas.

La rebelión de los banqueros

Para el gobierno, la resolución de la crisis se conseguía con dólares, en forma de prestamos, de donaciones oficiales o de inversiones privadas. Fue en función de conseguir estos dólares que el gobierno concibió la concertación. La paz social, mas que un fruto del desarrollo, debía ser una pre-condición para enamorar con ella a los banqueros...

El gobierno pensó poder presentarse internacionalmente como un régimen de consenso democrático, caracterizado por un entendimiento patriótico ya no solo entre el gobierno y el FSLN como principal partido de oposición, sino también por el acuerdo firmado entre fuerzas sindicales, empresariales y funcionarios en la Concertación. En este esquema, la ayuda externa vendría a sustentar el esfuerzo político interno de todos los sectores, asegurando para 1991 la reactivación económica de Nicaragua.

En giras realizadas por la Presidenta a Alemania y a Japón en el mes de febrero, así como durante otra visita de alto nivel a Washington, el gobierno redobló sus esfuerzos para reunir, con donaciones o prestamos, los 360 millones de dólares que necesita Nicaragua para cancelar su mora con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo y así obtener nuevos prestamos. Pero ese dinero constituía solamente la primera pre-condición para el logro de nuevos prestamos.

El gobierno requería también de un "certificado" del Fondo Monetario Internacional avalando el carácter "profundo y global" de su nuevo programa económico para que a finales de marzo un comité del Banco Mundial y del FMI dieran luz verde a los nuevos prestamos. Por el momento, el gobierno de Chamorro solo hablaba de un "consenso social" evidenciado en la concertación sobre la necesidad de implementar un programa de "ajuste" basado en un sistema de mercado libre y orientado a la exportación, con fuertes restricciones crediticias y devaluaciones. Todo era aun muy genérico y el "ajuste" no se concretaba.

Los dólares no aparecen por ninguna parte

Con ese "consenso" y esas generalidades los dólares no aparecían en Estados Unidos, el Ministro de la Presidencia pidió encarecidamente al gobierno norteamericano que fuera mas flexible en el desembolso de los 200 millones de dólares ofrecidos para 1991. Esa cantidad representaba menos de las dos terceras partes de lo ofrecido para 1990, que nunca fue desembolsado en su totalidad. Washington insistía en el retiro de la demanda de Nicaragua ante el Tribunal de La Haya y el gobierno parecía disponerse a cumplir con esa condición. Posteriormente, Lacayo anuncio que Washington destinaría en 1992 otros 200 millones de dólares en cooperación financiera.

No quedo claro, sin embargo, si Washington, al tiempo que ofrecía contribuciones mínimas de manera bilateral, presionaba al FMI y al Banco Mundial para que impusieran a Nicaragua un plan de ajuste radical que socavara el entendimiento entre el Ejecutivo y el FSLN provocando así nuevas tensiones internas en el sandinismo y acelerando de esta forma el fin de la "inaceptable" influencia de la izquierda.

Tampoco en Alemania o Japón hubo disposición de sacar al gobierno de sus apuros con transferencias bilaterales que no contaran con el visto bueno USA-FMI. En Alemania, el Canciller Kohl enfatizo el interés de reforzar los lazos con "la nueva y democrática Nicaragua", pero todo apoyo sustantivo lo condicióno a la implementación de la receta fondomonetarista de "estabilización" y de "regularización" de la deuda externa nicaragüense. De los 35 millones de dólares en asistencia -cuyo desembolso fuera congelado por la RFA durante el gobierno sandinista -, solamente recibió el gobierno 17 millones como apoyo a proyectos agrícolas.

Los restantes continuaron sujetos al resultado de las negociaciónes con el FMI. Japón ofreció 7 millones de dólares en ayuda de emergencia y postergó decisiones respecto a mayores montos de ayuda hasta la realización de la conferencia de finales de marzo, en la que se discutiría la reestructuración de la deuda externa de Nicaragua. Insistieron también los japoneses en la condicionalidad cruzada y en un marco de coordinación con los otros donantes antes de dar nuevas contribuciones.

Tanto el pueblo de Nicaragua como el FMI estaban a la expectativa: ¿cómo sería el plan especifico del gobierno para controlar la hiperinflación y evitar el colapso de la producción? Ya a finales de febrero el Presidente del Banco Central anuncio "medidas de fondo" para lograr la "estabilización" y el cambio estructural. Aunque la burocracia hizo todo lo posible para evitar la referencia a "medidas de choque", a ese "shock" que ha conmovido a toda América Latina, se hablaba de "acciones iniciales fuertes", insistiendo en que "la falta de acción o el gradualismo se traducirían en un mayor deterioro de la situación".

Una concertación cuesta abajo y de rodada

Celebraba su aniversario el gobierno con una concertación que venía cuesta bajo, cuestionada tanto por los sectores populares como por la extrema derecha empresarial. No existía consenso mínimo en torno a los objetivos del plan económico. A finales de febrero había llegado para el gobierno y el FSLN el momento de rendir cuentas especificas ante el pueblo y ante los banqueros. Ambos trataban de forjar un nuevo acuerdo democrático nada menos que con la participación del Fondo Monetario Internacional... Nicaragua insistía así en continuar soñando con lo aparentemente imposible. En esta compleja situación... llego el ajuste shock.

Ajuste económico es desajuste social

En el contexto latinoamericano, las medidas económicas anunciadas el 3 de marzo por el gobierno Chamorro hubieran acarreado, considerando su magnitud e impacto social, un estallido violento de proporciones singulares. Una drástica devaluación del 400% de la nueva moneda, el córdoba oro, defendida a capa y espada por el mismo gobierno durante mas de 9 meses como equivalente en paridad al dólar, y la consiguiente descapitalización de todo el que no tenía su dinero en cuentas a plazo, sacudieron al país.

El lunes 4 el pueblo estupefacto fue dándose cuenta de los nuevos precios, triplicados, cuadriplicados y quintuplicados, mientras que el incremento salarial promedio no alcanzaba el 300%. Fabricas, cooperativas y universidades consideraron suspender sus operaciones al enfrentar una situación de total iliquidez. Si a estas drásticas medidas se suma el contexto nicaragüense, donde cada casa esconde un arma, donde el desempleo abierto es ya de un 50%, donde la clase trabajadora y el movimiento social están altamente organizados y beligerantes, y donde el FSLN esta debilitado en su capacidad de conducir o contener el masivo descontento social, se hubiera podido pensar en una situación caótica y de mucha violencia, que no se produjo.

En muchos sentidos, no pudo ser peor el momento político interno elegido para la implementación del "paquetazo", con una extrema derecha amenazando levantarse contra el gobierno "lacayista-sandinista" por el asesinato de Bermúdez, y con la prolongación y beligerancia de la huelga del sector salud. El momento internacional tampoco era el mas propicio. Sin embargo, lo que decidió finalmente al gobierno fue la reunión programada para celebrarse en Washington a finales de marzo entre países y organismos cooperantes con Nicaragua - que habían tenido su ultima reunión en diciembre 90 en París -.

En manos de estos "donantes" estaba la decisión de autorizar nuevos desembolsos siempre y cuando estuvieran convencidos que el gobierno de Nicaragua estaba comprometido, no solo de boca sino en los hechos, con un programa de "saneamiento" de la economía y de liquidación de la hiperiflación mediante una contracción violenta del circulante y el crédito, independientemente del costo social que acarreara este shock". En ultima instancia, el gobierno prefirió dar la batalla con el pueblo para no capitular ante los banqueros. Pero no hubo estallido social.

Un notable cambio de imagen en el gobierno

Es obvio que el gobierno había llegado a la conclusión de que su luna de miel estaba totalmente agotada y que había entrado en un período de desgaste acelerado ante el agravamiento de la situación económica y a la violenta contracción del crédito, se agregaban diariamente las denuncias de negocios ilícitos que distintos funcionarios del gobierno hacían al amparo de sus cargos. Se publico incluso que un gobierno extranjero que cooperaba con Nicaragua habría manifestado su preocupación por presuntas irregularidades en el manejo de los recursos del Estado...

Ante los partidos políticos, sin embargo, el gobierno había recobrado fuerza. Tras haber asegurado su poder ante la oposición de ultraderecha, tanto en el Ejecutivo como en la Asamblea Legislativa, neutralizando y cooptando alcaldes, diputados y ex-dirigentes contras que previamente se habían identificado con Godoy y el COSEP, como reafirmando su lealtad al marco de entendimiento establecido con el FSLN en el Protocolo de Transición, el gobierno pudo tener la percepción de que, de cara a las fuerzas políticas rivales, estaba en el mejor momento político para dar luz verde al varias veces pospuesto programa de estabilización económica, encaminado fundamentalmente a frenar la hiperinflación aun a costa de provocar una recesión y lanzar a miles al desempleo.

Al igual que en 1988 - durante el gobierno sandinista - estaba amenazada la capacidad del gobierno de administrar la economía que, rápidamente dolarizada, volvía a la época del trueque, estructurándose de tal forma que la especulación resultaba mas rentable que la producción. Pero a diferencia de 1988, el gobierno no contaba con una consistente hegemonía social ni con una base organizada y no podía señalar ni a la guerra ni al bloqueo como los grandes culpables de la crisis, como tampoco podía negar que existían perspectivas nuevas de asegurar el indispensable apoyo financiero externo.

Tras haber elevado las expectativas populares prometiendo una nueva moneda libremente convertible a la par del dólar y la erradicación de la inflación en 100 días, a 10 meses de gestión el gobierno tenía que confesar que los índices de inflación eran mayores que en 1989 y que se estaba perdiendo el ciclo productivo agrícola. Separándose de sus esfuerzos anteriores, el gobierno abandonaba el enfoque "gradualista", aceptado nominalmente como parte de los acuerdos de concertación, pero inadmisible para los banqueros internacionales, que insistían en que la "cirugía" - el monto de la devaluación - debía de ser radical. A riesgo de romper con la concertación rompiendo con el gradualismo, el gobierno opto por medidas de choque, tanto en lo económico como en lo político.

Antonio Lacayo en una desesperada búsqueda de credibilidad

Nadie podía negar que el éxito de cualquier plan económico requería del compromiso de todos los sectores. Pero un compromiso del sector laboral y del partido sandinista exigía, a su vez, la atenuación de los efectos del plan sobre los salarios. El gobierno hizo todo lo posible por evitar una negociación previa del plan y una vez anunciado este, recurrió a una ofensiva propagandística nunca vista, que buscaba mas que explicar el contenido de las medidas crear la suficiente credibilidad para el plan entre la población. Se trataba de eliminar la sicología inflacionaria y sobre todo, de ahogar ideológicamente todo intento de rebelión sindical.

Sin embargo, sin credibilidad para el gobierno no podía haber credibilidad para el plan. Un primer problema radicaba en la imagen de "debilidad de la Presidenta". Aquella explicación post-electoral de que "la fortaleza del gobierno estaba precisamente en la imagen de debilidad de su Presidenta" ya no la repetía nadie, ya no convencía a nadie. A quienes menos convencía era al Vicepresidente Godoy y al Departamento de Estado norteamericano, que en privado acusaban a la Presidenta de incapacidad administrativa y de ser cautiva de sus adversarios sandinistas.

Para fundamentar la credibilidad del gobierno había que realizar una "operación especial", un ajuste de imagen. Lo llevo a cabo el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, convertido desde el inicio del plan en virtual "Primer Ministro". Lacayo emprendió y protagonizó intensas jornadas de dirección, divulgación y defensa del plan, acaparando los medios masivos de comunicación, buscando reforzar la imagen de una nueva determinación en el gobierno para salir adelante. Imagen de autoridad, de fortaleza, de credibilidad y de popularidad: todo junto.

Godoy: "Lacayo es el nuevo caudillo"

Aunque el despliegue de poder y la nueva imagen fueron calificados por la extrema derecha como "caudillismo aberrante", Lacayo no se arredro y siguió adelante, como único timonel del barco. El nuevo "caudillo", con poder delegado por la Presidenta, tomaba las riendas del país, exigiendo a todos un voto de confianza y sumisión. Lacayo apostó fuerte y dejo claro que se jugaba su futuro con el exito del plan de ajuste: "Si fracasa el plan, este gobierno se va", declaro enfáticamente. Muchos, al recordar que si Lacayo se iba la alternativa era Godoy, optaron resignadamente por dar apoyo al Plan Lacayo, renunciando a buscar por la vía de presión-negociación el que se repartieran mas equitativamente los costos del ajuste.

En el comunicado del gobierno del 13 de marzo, al cumplirse 10 días de iniciado el plan de ajustes y permanecer aun la huelga de salud y otros brotes de malestar social, Lacayo dejo estupefacta a la extrema derecha al proclamar que su gobierno era "revolucionario", al admitir por primera vez que Nicaragua había sido victima de una "guerra de agresión", que con el gobierno anterior se había dado una "revolución política" y tocaba ahora hacer la "revolución económica" como parte de una "revolución integral" y de un "nuevo modelo" con el que Nicaragua serviría de "ejemplo" a los pueblos que en el Tercer Mundo "luchan por su liberación".

Aunque el nuevo vocabulario estaba destinado obviamente a tocar la fibra sensible de la base sandinista, no era suficiente y el gobierno "toco" con otros recursos a aquellos sandinistas que no aceptaban el discurso oficial. Por primera vez, recurrió de manera sistemática al empleo de la policía anti-motines para desalojar a huelguistas que se tomaron las aduanas y otras instalaciones del sector publico. Una amplia campaña de defensa del plan, recalcando que "no era tiempo para mejorar sino para no empeorar", que los precios bajarían una vez derrotada la mentalidad inflacionaria, que no se "ensuciaría" la moneda con nuevas emisiones inorgánicas y que por tanto no había de donde sacar para los importantes incrementos salariales que reclamaban los trabajadores, fueron mensajes reiterados a lo largo de dos semanas.

Una ronda intensa de "consultas" había precedido el anuncio del plan: Lacayo personalmente se reunió con las principales fuerzas políticas, empresariales y sindicales para esbozar el paquete, omitiendo sin embargo el indicar la envergadura en cifras de las medidas. El objetivo era poder presentar el paquete como el resultado de un consenso global para sacar la economía adelante con la única receta posible y minimizar de antemano reacciones adversas de gremios y partidos. La estrategia de Lacayo fue la de dividir a la oposición para conquistar la imagen de un total apoyo al plan. Resultaba imperativo al anunciar y defender el shock poder indicar que las principales fuerzas del país, particularmente el FSLN y sus sindicatos, habían sido consultados, no lo habían objetado ni habían presentado alternativas, se habían incorporado sus sugerencias y, por lo tanto, apoyaban el plan.

El movimiento sindical y el FSLN: qué hacer

La reacción de los dirigentes del Frente Nacional de los Trabajadores no se hizo esperar. A pocas horas del anuncio gubernamental, el FNT rechazo el plan exigiendo ajustes salariales del 600% para hacer frente a la "confiscación" de los salarios y amenazando con desatar una huelga generalizada si no se negociaba una revisión del plan. Otros sectores sandinistas, el FSLN a nivel de Dirección Nacional - tras consultas con cuadros y dirigentes -, así como la bancada de diputados sandinistas y la UNAG, aceptaron el plan, con diferentes grados de criticas y sugerencias, afirmando que las medidas eran necesarias.

Aunque la necesidad de un plan de ajuste había sido reconocida por trabajadores y gobierno en los Acuerdos de Concertación, el FNT protestaba porque se había abandonado el criterio de gradualidad también acordado: no aceptaban la aplicación de medidas de shock e insistían en que el gobierno estaba en la obligación de distribuir el costo social de las mismas. En un comunicado, la Dirección Nacional del FSLN se abstuvo de condenar el plan, pero insistió en que no era un plan sandinista y exigió la introducción de 14 ajustes fundamentales para hacer mas equitativo su costo social.

En la Asamblea Nacional, la bancada sandinista también apoyo el plan, con la abstención de Damaso Vargas, diputado sandinista que es dirigente de la CST. En el sector estatal las medidas fueron recibidas al comienzo apaciguadamente, con la excepción de los sindicatos de los Ministerios de Salud y de Finanzas, que desde antes de las medidas ya se encontraban en paro exigiendo mejoras salariales y otras reivindicaciones. En el campo, la ATC prefirió no opinar para mejor continuar presionando alrededor del financiamiento exigido por el sector agrícola y por la legalización de las tierras y empresas en manos de las cooperativas. La UNAG señalo su apoyo critico al plan, remarcando que las medidas debían ser acompañadas de mayores iniciativas para reactivar la producción agropecuaria.

En realidad, las reacciones de la dirigencia sandinista estuvieron mas cercanas al sentir popular que las del FNT. Las medidas estaban aun siendo asimiladas, nadie podía oponerse a un plan que venia a sustituir la vieja moneda ya inmanejable y que pretendía frenar la hiperinflación. La desesperación provocada por la crisis económica - simbolizada en el córdoba "chancero", una moneda que a diario perdía valor frente al dolar - era un factor que favorecía al gobierno al enfrentar su primera prueba de fuego en el terreno económico.

El gobierno pide una tregua a los sindicatos

El gobierno estaba haciendo un esfuerzo y muchos pensaron que había que darle una oportunidad y no simplemente oponerse por oponerse. Este era el sentir de la mayoría de la población, aun cuando hubiera sido duramente afectada por las medidas: demos un chance. La alternativa a la vista eran solo huelgas y luchas a las que, tras el agotamiento producido por la guerra de desgaste en los últimos años, teme también la mayoría. El gobierno pedía esa oportunidad en forma de "tregua" a los sindicatos, con el argumento de que debían esperarse unas semanas antes de protestar, pues los precios irían disminuyendo.

En una regulación de los precios, controlados por la oferta y la demanda, se coloco el mejor "test" del plan. No era posible, sin embargo, convencer a todos los sectores sociales sobre la necesidad de la tregua o de un compás de espera. Para los sectores sindicales organizados, lo prioritario era aumentar los niveles reales del salario. Para los desempleados (50%) o para el sector informal (un 60% de la población económicamente activa), lo fundamental era incrementar los niveles de empleo evitando el cierre de empresas.

Los grandes agroexportadores - arroceros, cafetaleros y principalmente los algodoneros - eran los únicos contentos con el plan, que también estuvo bien visto por los ganaderos, no así por los pequeños y medianos productores que producen para el mercado interno. A fin de recalcar su determinación y también para contentar algo a la extrema derecha, el gobierno ordeno el uso de la policía para desalojar por la fuerza a los huelguistas en las aduanas centrales. Bajo supervisión directa de Lacayo, también fueron despachadas unidades especiales para resguardar el aeropuerto antes de la llegada de los Cancilleres a la reunión de "San José VII". El gobierno insistía en que habría violencia si los trabajadores no distinguían entre el derecho a la huelga y la toma de instalaciones públicas. El recurso a la represión endureció momentáneamente las posiciones de todos los sandinistas, con lo que no solo el plan sino la estabilidad política se veía amenazada. El gobierno echo pie atrás ante la determinación de los sectores mas beligerantes.

En este caso, la de los trabajadores de la salud, en huelga desde antes del paquetazo, que mantenían sus reclamos y exigían el apoyo del FNT y del FSLN. No le quedaba otro camino a Lacayo: el plan requería de consenso para ser viable políticamente y presentable internacionalmente. Si el gobierno no llegaba a un acuerdo con FETSALUD, el FNT no daría la tregua. Sin el FNT no habría consenso, y la dirección del FSLN tampoco estaba en capacidad de dar la espalda a los sindicatos. Así fue como sobre el sector salud quedo concentrada la responsabilidad histórica de hacerle frente al ajuste, aun cuando las condiciones políticas, sociales e internacionales fueran tan desventajosas.

La punta de lanza de la protesta dentro del mismo sector salud fue el destacamento de sus trabajadores que se lanzo a una huelga de hambre que duro 25 días, llegando varios de ellos al borde de la muerte. Insistieron siempre en que luchaban no solo por el aumento de sus salarios sino contra la insensibilidad social del gobierno, que en los últimos meses había llevado al desabastecimiento de los productos mínimos indispensables para el funcionamiento de los hospitales y los centros de salud.

Fracasaron los intentos de la dirección sandinista y del FNT para que médicos, enfermeras y empleados desistieran de su huelga de hambre, al igual que habían fracasado intentos de sandinistas y de la misma FETSALUD por impedir en sus comienzos la huelga. El gobierno cedió ante la posibilidad de que la muerte de una de las enfemeras en huelga de hambre, Aminta Méndez Chinchilla - que se transformo en todo un símbolo -, provocara un estallido, y en el mismo momento en que llegaban los cancilleres para la reunión Comunidad Europea-Centroamérica, se firmo un acuerdo, pocas horas antes de la inauguración de la conferencia. A dos semanas de implementación del plan el gobierno dejo de insistir en algunas de las primeras ficciones propagandísticas, señalando por primera vez en su discurso que se trataba de "un sacrificio necesario" . Por su parte, el FNT modifico su inicial demanda salarial, al reducirla del 600% al 425%.

Llega la tregua

El acuerdo firmado en la madrugada del 18 de marzo entre el gobierno y el FNT, y en el que el FSLN actúo como virtual mediador, lograba un reajuste salarial para los sectores de salud y educación y dejaba en libertad a empresas estatales y entes autónomos para que negociaran los salarios con los sindicatos de acuerdo con la rentabilidad de cada empresa o institución. El FNT concedía "un plazo" hasta el 22 de mayo para eliminar la hiperinflacion.

El gobierno reiteraba su compromiso de garantizar la propiedad legal de la tierra a los beneficiados por la reforma agraria y reforma urbana sandinistas. El FNT declaro que "se suma al esfuerzo nacional para lograr la estabilización de la economía nicaragüense en el mas corto tiempo posible reiterando su compromiso de garantizar la operación ininterrumpida de las actividades productivas y de servicio". Representantes del Partido Comunista - miembro de la coalición UNO - sostuvieron que estos acuerdos FNT-Gobierno constituían una traición a los intereses del pueblo. La ultraderecha declaro que se trataba de una tercera capitulación general del gobierno - las anteriores con los acuerdos que concluyeron las huelgas de mayo y julio/90 -. Los sindicatos proclives al gobierno, que habían dado un cheque en blanco al Plan Lacayo, protestaron agriamente al haber sido excluidos nuevamente de la negociación, quedando más desprestigiados ante sus mismas bases.

Otros sectores, sin oponerse al acuerdo, señalaron que tenían sus propias cuentas que saldar con el gobierno si no se decretaban reajustes presupuestales y salariales. Aunque el gobierno insistía en que cualquier reajuste por encima de los techos contemplados ponía en peligro el mismo plan económico, los trabajadores bancarios insistían en que no estaban cubiertos por el acuerdo con el FNT, a la vez que estudiantes y profesores universitarios iniciaron movilizaciones al ver mermado su presupuesto, lo que levará a la reducción de becas y a reducciones salariales para los profesores, cuyos sueldos no alcanzan los 300 dólares mensuales.

Era innegable que, bajo presión, el gobierno había puesto de su parte para llegar al acuerdo, pero el proceso había sido el mismo que el que se produjo en ocasión de las huelgas de mayo y de julio del 90: fue preciso mantener la firmeza sindical hasta el ultimo momento, pues en una primera etapa los negociadores oficiales, encabezados por Lacayo, no habían dado ninguna muestra de ceder. En el momento en que el gobierno mostró flexibilidad también la encontró en el FNT, jugando una vez mas un papel clave el FSLN para empujar a las partes a llegar a un acuerdo razonable.

Surgen nuevas desconfianzas

Pero inmediatamente surgieron desconfianzas. En tanto que la situación de diversos sectores de trabajadores - particularmente los de las empresas estatales - no podía ser abordada en su conjunto ni resuelta en la negociación, en la que se priorizo al sector salud, los nuevos paros laborales amenazaban con multiplicarse, en la medida en que se comprobaba a diario la perdida del valor del salario real. El gobierno volvió a acusar al FSLN y al FNT de mala fe.

Por otro lado, funcionarios gubernamentales, inconformes por no haber logrado su objetivo de barrer con los huelguistas, procedieron arbitrariamente al margen del acuerdo. El COSEP, que aprobó el plan critico duramente el acuerdo con el FNT, sobre todo porque ratificaba los derechos adquiridos por los beneficiarios de la reforma agraria y urbana sandinistas. Gilberto Cuadra, Presidente del COSEP y acérrimo defensor del principio de devolución de todo lo "robado" señalo: "Es indudable que las autoridades del gobierno hicieron sus mejores esfuerzos, pero fueron casi obligadas a hacerse el harakiri económico y el harakiri político".

Probablemente era todo lo contrario, si se considera que la viabilidad económica del plan de ajustes exige del consenso de todas las fuerzas políticas para que, a partir de ese consenso, las dirigencias sindicales puedan evitar una explosión social escalonada. Pero esto, a su vez, parte de que existe cierta coherencia en las fuerzas populares de oposición o un efectivo sistema de mando que, desde la cúpula de la Dirección Nacional del FSLN, es capaz de amordazar la reacción popular. No es este el caso.

Movimiento social y estrategia política

El FNT, al igual que el FSLN, se encontraba entre la espada y la pared: o aparecían saboteando un plan contra la inflación que toda la sociedad venia exigiendo, o le daban un cheque en blanco al gobierno para reducir la presión inflacionaria por la vía de los recortes salariales. Por un lado, el cansancio del pueblo ante la inestabilidad laboral y económica jugaban en favor del gobierno y en contra de cualquier acción de repudio -huelgas, paros, manifestaciones...- las cuales, en tanto no pasara el tiempo necesario para medir el impacto real del plan sobre los precios, no pasarían de ser acciones puramente contestatarias.

De ahí la importancia que adquirió la lucha de los sectores que estaban en huelga antes de las medidas y que sirvieron de punto en el que apoyarse para no firmar el cheque en blanco y para pedir un cierto amortiguamiento del plan para con el amortiguar la reacción de los trabajadores y estratos pobres, que si bien, insistían en el objetivo de aniquilar la hiperinflación, no querían que esto se hiciera a cualquier precio. Ni el FSLN ni el FNT estaban, por otra parte, dispuestos a optar por posiciones que causaran fisuras mayores en el movimiento obrero, entre campo y ciudad, entre empleados y desempleados, entre sector formal e informal, entre trabajadores listos a batallar y otros estamentos de la sociedad hastiados de tanto conflicto, que exigían ya no solo una tregua económica sino también política y social.

Muchos conflictos pendientes

Quedaron diversos conflictos pendientes. Con la excepción de la ultraderecha, se hizo un llamado general a vigilar el fiel cumplimiento de los acuerdos y, en las negociaciones pendientes, se pedía a los trabajadores ser flexibles en las negociaciones bilaterales utilizando como marco los acuerdos del 18 de marzo. Pero cada parte interpretaba ese marco a su manera. El gobierno insistió en que al firmar el FNT plasmaba su respaldo al plan del gobierno. El FNT señalaba que al firmar el gobierno se comprometía a introducir ajustes para asegurar el cumplimiento del plan sin un sacrificio desproporcionado para los sectores populares y asegurando la estabilidad laboral. Sectores del FNT acusaron al FSLN de estar mas comprometido con la "estabilidad" que con los trabajadores en huelga. La ultraderecha acuso al FSLN de lanzar al FNT contra el plan y al gobierno de capitular una vez mas.

En ultima instancia, quedo clarísimo que la viabilidad económica del plan depende de su viabilidad política, es decir de una prolongación de la tregua. Una desconfianza en el plan y en el gobierno, producto de las confrontaciones laborales, levará a la población a seguir descartando la moneda nacional en favor del dólar, traduciéndose esto en nuevas presiones inflacionarias. En este contexto, es muy cuestionable la premisa del gobierno en su campaña de propaganda de que la hiperinflación es exclusivamente el producto de un exceso de emisión monetaria, minimizando así otras graves distorsiones estructurales que significaban, por ejemplo, que Nicaragua, aun con los salarios mas bajos del área centroamericana, tenía los costos mas altos de la región en la gran producción industrial y agrícola.

Más huelgas en el horizonte

Se pueden avizorar así huelgas escalonadas en dependencia de la capacidad del gobierno de responder a las distintas demandas de los distintos sectores. La tregua planteada por el gobierno y aceptada por un período de tres meses por el FNT no abarco a importantes sectores de los trabajadores. Si por un lado el acuerdo sentó una pauta, el precio pagado fue el de dejar sin mayor fuerza negociadora a los trabajadores de empresas privadas o estatales, así como al sector universitario, previéndose entonces el desatarse de luchas sectoriales, quizás mas fácilmente manejables o reprimibles desde el punto de vista oficial a lo largo de los próximos tres meses, pero con tendencia a multiplicarse y generalizarse una vez concluido el período de tregua, si es que antes no hace el gobierno mayores concesiones.

Los sectores de extrema izquierda acusaron al FSLN y al FNT de haber neutralizado la presión de las masas y de haber desconocido el potencial de lucha de todos los obreros, que exigían mayores reajustes salariales, particularmente los del sector publico. La dirigencia sandinista, sin embargo, parece haberse planteado que el ritmo llevado por los obreros del sector publico - la punta de lanza de las huelgas anteriores -estaba aventajando demasiado rápidamente al ritmo del resto del movimiento popular y que, si en efecto había suficiente "reserva" de resentimiento generalizado como para pasar a una huelga general, existía una correlación de fuerzas políticas y sociales que hacia ver que esto no era lo mejor.

Para algunos, lo crucial era no dar pie al gobierno para que achacara a las fuerzas sandinistas la responsabilidad por un eventual fracaso del plan. El plan debía probarse y si efectivamente provocaba la profundización de la recesión sin contener la inflación, el gobierno debía asumir su responsabilidad al finalizar la tregua. El FSLN tenía que evidenciar que no era culpable de las fallas del plan, que no era cierto que no permitiera al gobierno gobernar - como aducía la derecha - pero a la vez tenía que dejar claramente sentado ante sus bases mas radicalizadas que no se trataba de un plan conjunto FSLN-Gobierno cuyo fracaso debiera ser asumido después, conjuntamente.

Tarea ardua, sin duda. Pero para hacer frente a este desafío tampoco podía el FSLN pedir a los sindicatos que adoptaran una posición pasiva en momentos en que el gobierno dictaminaba sobre sus salarios, o menos aun en el momento en que se sentaban a negociar sobre los mismos. La tregua era una necesidad política para ambas partes. El acuerdo del 18 de marzo despojo al gobierno de cualquier pretexto para continuar culpando a otros por el eventual fracaso de su plan. A la vez, demostró que había sido necesaria la presión sindical para garantizar que toda la carga del plan de ajuste no fuera depositada sobre los hombros de los mas pobres.

Aun cuando Daniel Ortega advirtió que el FSLN se oponía a los planes o búsquedas de recursos si éstos eran para volver a un "neo-somocismo o para implantar en Nicaragua un neo-liberalismo o un neo-capitalismo", en ultima instancia dio su apoyo al plan, al analizar, a la par, que para lograr una solución nacional era imprescindible forjar entendimientos. El gobierno podría mostrar en la mesa de negociación con la banca internacional la carta de "estabilidad y consenso" en la ejecución del plan.

A cambio, la banca mundial y los Estados Unidos debían ver a Nicaragua como "sujeto de crédito y país digno de confianza" para traer recursos e inversiones. Pero durante todo este tiempo la administración Bush no ha ocultado su "inconformidad" por la situación en Nicaragua, particularmente por la presencia de sandinistas en el ejército, así como por la marginación del gobierno de ciertos partidos y políticos de la UNO. Tampoco pudo haber sido del agrado del gobierno norteamericano la calificación de "agresión" utilizada por Lacayo para explicar la crisis económica de Nicaragua. Este malestar norteamericano no esta desvinculado del "atraso" en los desembolsos de la ayuda ya aprobada ni de la declaración del embajador norteamericano Harry Shlaudeman aduciendo desconocer en que consiste el tratamiento de "excepcionalidad" en materia de facilidades crediticias solicitado por el gobierno y exigido por el FSLN.

Perspectivas ante una previsible turbulencia

En la negociación con la banca internacional en Washington de fines de marzo se escribió un nuevo capitulo de esta crisis. Sobre el hablamos mas ampliamente en el siguiente articulo. En tanto que el gobierno puede perder su soberanía ante las exigencias norteamericanas y las del Banco Mundial, el FSLN también puede desgastarse cada vez mas ante un movimiento social crecientemente explosivo y autónomo en su actuación y en la defensa de sus derechos y en su intento de combinar esa actuación y esas posiciones con las de sectores que lo que desean en la practica es una tregua indefinida.

Así, turbulenta y complejamente, entro en la historia un episodio sin precedentes en América Latina: un programa de estabilización radical, de drástico shock, no fue seguido de una explosión social. A partir de la propia madurez de los mismos trabajadores y dirigentes, se impidió el estallido, no sin antes arrancar importantes concesiones al gobierno, pero todo dentro de un clima relativamente pacifico.

Quedó, sin embargo, establecido que la misma explosividad del movimiento popular hace cada vez mas necesaria que la dirigencia sindical y partidaria sandinista articule una estrategia de lucha que pueda englobar las reivindicaciones coyunturales con soluciones nacionales y populares a la crisis global. ¿Era inevitable que en un período de reflujo político y partidario predominaran las manifestaciones sociales y económicas? Y si la crisis no era de naturaleza política sino social, ¿podían las organizaciones gremiales revertir la tradicional relación con su partido y relegar a dirigencias acostumbradas al mando a un papel de retaguardia? Y si el partido no era capaz ni de respaldar francamente las medidas ni de condenarlas abiertamente, ¿en qué consistía entonces su liderazgo? ¿O es que solo lo confrontativo podía catalogarse como revolucionario porque todo lo político olía a componenda de cúpulas?

La confusión no es exclusiva del movimiento revolucionario nicaragüense. Pasa por similares preguntas y ansiedades estratégicas gran parte de la izquierda latinoamericana, particularmente cuando se enfrenta a la necesidad de articular las estrategias nacionales con las realidades del entorno capitalista internacional. Sin haber saldado cuentas con su pasado, se exige hoy a la izquierda pronunciarse con una palabra creativa y de futuro frente a un mundo que tanto ha cambiado en tan poco tiempo. No es sencillo este reto. Precisamente es la contradicción con el capital internacional lo que mas dificulta la solución y la definición de una alternativa. ¿Se puede compaginar una estrategia popular anti-neoliberal a lo interno de un país, con la estrategia nacional de consenso que se requiere frente a la banca internacional? ¿Hasta donde sacrificar en esa estrategia los intereses de los trabajadores y los de los sectores populares en beneficio de la estabilización económica y de la obtención de los recursos externos? No es sencillo responder revolucionariamente a estas preguntas.

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