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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 112 | Marzo 1991
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Guatemala

Se desplomó la fachada

La notable ingobernabilidad de Guatemala, amarga cosecha de décadas, sólo parece tener oportunidad de disminuir por una mejora en el respeto a los derechos humanos dentro del marco de una seria negociación hacia la paz.

Equipo Envío

Tres dinámicas han movido a Guatemala durante el año 1990. Tres dinámicas y un estancamiento. La primera dinámica fue la disputa del proceso de estabilizacion y ajuste estructural, monopolizada por planteamientos de la burguesía y el gobierno. La segunda fue el proceso de dialogo iniciado en Oslo entre la URNG y diversos sectores de la sociedad civil que, sin embargo, no culmino en conversaciones de la URNG con el gobierno y el ejército y corrió paralelo con el incremento de la guerra. La tercera la protagonizaron los partidos políticos en su esfuerzo por insuflar vida al marco institucional democrático a través del proceso electoral. Al margen de estas dinámicas quedo estancado el movimiento popular en sus formas tradicionales de organización laboral.

La burguesía financiera socava la fachada

La forma errática con que el gobierno condujo el desarrollo del programa de ajuste estructural (nueve veces se modifico la política cambiaria, no se pudo determinar con exactitud el tamaño del déficit fiscal - entre 700 y 1500 millones de quetzales - ni los procedimientos para financiarlo) terminó haciendo que el gobierno se apagará a una política económica unilateralmente monetaria.

En un país, donde la producción y la exportación están en manos diversas (500 productores por cada exportador) y donde los productores para la exportación recorren toda la gama, desde pequeños campesinos hasta transnacionales, la política de fomento a las exportaciones, a través del estímulo de una tasa de cambio favorable, no dio resultados. No estimuló la producción sino que infló las ganancias de los consorcios financieros y comerciales que controlan la exportación. La liberación de las tasas de interés y la supresión del subsidio a los combustibles, unidas a la depresión de los salarios, contrajeron la demanda interna. La inflación trepo de un 18% en 1989 a un 60% en 1990 - la tasa interanual más alta en la historia del país -. El gobierno no negocio el descenso del techo arancelario del 40 al 20%, dañando fuertemente sobre todo a la industria textil.

Toda la política respondió a un predominio de la fracción financiera de la burguesía, con gran disgusto del resto de la burguesía. Pero el golpe mayor lo recibieron el campesinado y los sectores asalariados urbanos. Para el campesinado, el costo de los insumos aumentó en un 30%. Las tarifas de agua, electricidad y transporte aumentaron hasta consumir el 60% del salario mínimo urbano, máximo techo salarial para las clases populares del país.

Sin embargo, las organizaciones populares de tipo laboral no disputaron los términos del ajuste estructural. Se estancaron frente a la coyuntura económica impuesta por la burguesía financiera. No se lograron identificar puntos de consenso para ampliar anteriores alianzas entre el movimiento sindical y otras clases populares como el campesinado, el SIU y los pequeños empresarios. El creciente desempleo - alrededor del 43% de la PEA - extrema la dificultad de convocatoria del movimiento popular en su conjunto.

Frente al estrechamiento de las condiciones de vida, la gente deriva hacia estrategias de sobrevivencia: fugas hacia la migración y hacia el SIU. La estructura social del trabajo esta modificándose, con un asalariado urbano crecientemente minoritario, cuyos activistas sindicales son expulsados por los pobladores de los barrios que los tachan de haraganes. El campesinado sufre un proceso de descapitalización cada vez más pronunciado.

El gobierno recién estrenado del Presidente Serrano Elías tendrá que enfrentar esta tendencia del capital neoliberal que, en este país como en otros similares, destruye las estructuras productivas. Dentro de su gabinete se dan cita sus Ministros de Finanzas y Economía, opuestos a un programa de ajuste de choque radical, y la del Presidente del Banco de Guatemala, que lo favorece. La economía del país - con la ventanilla de los organismos financieros internacionales cerrada por la mora del gobierno en sus pagos de la deuda - es una de las razones, tal vez la principal, por la que Guatemala se acerca a la ingobernabilidad.

Diálogo entre la URNG y la sociedad civil: un proceso inconcluso que socava la fachada

El proceso de dialogo entre la URNG y varios sectores de la sociedad civil es un avance importante para acabar con los espectros de desconfianza que se acumulan sobre los guerrilleros por causa de su prolongada clandestinidad armada. En estos encuentros lo mas importante fue el acuerdo con los partidos políticos sobre la necesidad de una reforma a la Constitución.

A la necesidad de esta reforma se ha adherido el nuevo Presidente, refiriéndose, por ejemplo, a las cuestiones de la plurinacionalidad del país, de la función social de la propiedad y de la vigencia plena de las libertades ciudadanas. Serrano Elías, quien se negó a reunirse con la URNG junto con su contrincante Jorge Carpio durante la segunda ronda electoral, probablemente porque, seguro de su triunfo, quería asegurarse su propio protagonismo posterior en el dialogo, ha declarado que, si esta reforma constitucional se consigue, la guerrilla habrá perdido su razón de existir. No piensa, mientras tanto, reconocerle su carácter de legítimo beligerante concertando treguas con ella.

Pero es en el terreno de la oposición al militarismo donde ha habido mayor actividad popular y donde también la burguesía ha mostrado cierta beligerancia. Si el nuevo presidente pretendiera impulsar la reforma constitucional fuera de un proceso mas amplio de negociación, sin reconocer a la URNG su carácter de legítimo beligerante, es probable que la guerra continué y, con ella, que siga exacerbandose la violencia terrorista del Estado, prosiga profundizándose el descredito del militarismo en la sociedad civil, incrementandose, al contagiarse tal descrédito al Presidente, la ingobernabilidad del país también por esta razón.

El proceso electoral: signo de una fachada desplomada

En 1990 fue la tercera dinámica, la electoral, la que ocupo el primer plano de la atención. Probablemente esto, sucedió por inercia, no porque el proceso electoral y el estatuto social de los partidos políticos interesaran a la mayoría del pueblo guatemalteco. Sin embargo, la transición de los regímenes militares - con elecciones o sin ellas - al civilismo, comenzada en 1984-85 con una nueva Constitución y con elecciones que revivían los partidos y presentaban candidatos civiles, se apoyaba en gran parte en la credibilidad de los partidos como mediadores entre los poderes tradicionales - la burguesía y el ejército - y el resto de la población.

El hecho es que los resultados del proceso electoral de 1990 han sido muy distintos que los del que tuvo lugar hace cinco años. Entonces, un 41% de los empadronados se abstuvo de votar o voto nulo en la primera ronda de las elecciones, la que entonces, como ahora, fue la que verdaderamente contó. En 1990 la abstención se elevo al 56% de los ciudadanos con derecho a voto, remontándose incluso por encima de la que se dio en 1982, última elección presidencial con candidato militar (51%), y en 1984, elección de constituyentes (22% de abstención+30% de votos nulos). En la segunda ronda la abstención se acerco al 70%.

Esto quiere decir que el mecanismo electoral, como acreditador de democracia, quedo desacreditado y regreso a las pautas de falta de credibilidad que lo aquejan en Guatemala desde el derrocamiento del Presidente Arbenz en 1954. Cinco años han bastado para que se desplome en Guatemala la fachada de democracia con que el ejército cubrió los auténticos interiores de autoritarismo con los que rige al país entretelones. Sin embargo, el proyecto de Estabilidad del Estado que el ejército diseñó para poner fuera de combate a los desafíos populares y revolucionarios, tenía como elemento clave una fachada democrática civilista capaz de ganar al pueblo el concertar con la burguesía y el recobrar respetabilidad internacional. El precio que el ejército ha pagado por no haber cedido realmente el poder del Estado ha sido el desprestigio del civilismo, como carta política militar, en los tres terrenos, sobre todo entre el pueblo e internacionalmente. Con ello, Guatemala se aproxima, también desde esta tercera dinámica, hacia la ingobernabilidad.

Los partidos políticos: servilismo y clientelismo

¿Que es lo que ha fallado, además de la falta de voluntad política del ejército para abandonar su dominación real? Proponemos la hipótesis de que el fallo adicional ha radicado en la incapacidad de los partidos políticos, incluyendo a la Democracia Cristiana Guatemalteca, partido a cargo del gobierno durante estos cinco últimos años. Los partidos políticos, tal vez por estar formados por capas medias urbanas inseguras o por caciques regionales y locales, han sido incapaces de superar, por un lado, la identidad social de servidores respecto de los poderes tradicionales - la burguesía y el ejército - y, por otro, el clientelismo de prebendas en su relación con las bases populares.

Estas dos características anulan su posible papel de mediación entre el Estado y la sociedad civil restante. Faltos de identidad profunda como clase política, actuad a la manera de instrumentos de la burguesía o el ejército. Sobrados de intereses inmediatistas, se conducen con sus bases en un estilo de comerciantes, a cuya clientela ofrecen salarios políticos, influencias y prebendas de todo tipo. No pueden persuadir a la burguesía ni al ejército para que entren en una dinámica de intereses generales ni reciben del pueblo reivindicaciones organizadas sino únicamente demandas individuales.

Así se portó realmente la Democracia Cristiana Guatemalteca durante estos cinco años. Varias veces el Presidente Cerezo anudó pactos sociales, los "concertó" con las organizaciones laborales para quebrantarlos a los pocos meses bajo la presión burguesa.

Todo el tiempo intento ganarse en los municipios un poder de comerciante acreedor - "fiador" -, dispensando fondos conseguidos en los tesoros de sus correligionarios alemanes, italianos o venezolanos para asegurarse un seguimiento popular. La fama de corrupción, sin embargo, acompañó al uso de estos fondos, que privilegiaron a su clientela político partidista. Finalmente, Cerezo, quien empezó proclamando "prefiero un golpe a una fachada de democracia", capeo los golpes de 1988 y 89, aceptando las condiciones de los militares y de los burgueses mas duros. Así también jugaron sus cartas la Unión de Centro Nacional y su candidato, Jorge Carpio Nicolle, segundo en las elecciones, tanto en 1985 como en 1991. Incorporaron a su candidatura "de centro" a Manuel Ayau, miembro del ultraderechista Movimiento de Liberación Nacional (heredero del golpismo contrarrevolucionario de 1954) y, como ex-Rector de la Universidad Francisco Marroquín, máximo símbolo del neo-liberalismo. La reverencia a la burguesía no pudo ser mas evidente.

Naturalmente, Alvaro Arzú, que convirtió en partido el comité cívico con el que compitió en años anteriores para alcalde, no necesitaba apoyarse en la burguesía. El mismo era lo mas digno, lo mas empresarial, lo mas rejuvenecido y eficiente de esa burguesía. Así lo había demostrado desde sus dos períodos en la alcaldía capitalina, al menos frente a la sensibilidad de las clases altas y las capas medias.

Dentro de este esquema de incapacidad, de falta de autonomía y verdadera representatividad popular de los partidos políticos, es menos difícil comprender el fenómeno de popularidad del general en retiro Efraín Ríos Montt. Representaba una opción anti-sistema, porque despreciaba a los partidos políticos y se apoyaba en el "carisma" de su persona. Extraía su fuerza de la tendencia autoritaria que la militarización de la vida económica y política del país ha impuesto a las relaciones sociales, hundiendo sus raíces hasta los últimos recovecos de los espacios locales en que se organiza la vida de la población.

Durante la "transición" de los regímenes militares al civilismo - de período de transición hablo siempre Vinicio Cerezo refiriéndose a su gobierno - los militares, desconfiando de los políticos, nunca abandonaron el control local, minando así por la base su proyecto de Estabilidad, al restar a los partidos capacidad mediadora con el resto de la sociedad civil. El mecanismo de activación del atavismo autoritario lo uso Ríos Montt para provocar una imagen de honestidad, de dureza equitativa - tipo Ubico en los años 30 y 40 - y de evocación de estabilidad económica. A la activación del mecanismo respondieron grupos sociales que experimentaban en el civilismo de fachada una amenaza a su identidad social. Estaban entre estos grupos tanto ladinos de capas medias urbanas abrumados por la delincuencia como indígenas afectados por la discriminación.

Por vez primera en Guatemala un Presidente evangélico

Cuando la Corte de Constitucionalidad impidió la inscripción de Ríos Montt - acreditándose, junto con el Consejo Electoral, la Procuraduría de los Derechos Humanos y a veces, no siempre, la Corte Suprema de Justicia, como una entre varias instituciones que han pugnado por consolidar la democracia - por haber sido Jefe de Estado de facto, el camino quedo abierto para Jorge Serrano Elías.

Heredó este el moralismo de Ríos Montt sin las estridencias del general en retiro. No lo lastraron tampoco las preferencias burguesas, que se fueron tras de Carpio y Arzu. La imagen de Serrano es también autoritaria, si bien su carácter de civil pueda hacer preferir su peculiar marca de autoritarismo a la de un militar. El evangelismo votante - no dejo de haber abstencionismo entre los evangélicos - lo apoyo con disciplina, pero también las encuestas de opinión pública revelaron que tenía no pocos simpatizantes entre los católicos. De todos modos, el hecho mayor es que solo un 20% del electorado lo apoyo. Muy poca base para mejorar las condiciones de gobernabilidad, que no le sobraron a Cerezo. Su posición es peor aun, puesto que en el Congreso cuenta solo con 8 diputados de su partido entre un total de 116.

Siempre un proceso electoral limpio otorga cierta legitimidad, incluso aunque sea la que se ve tan disminuida por una mayoría absoluta de abstenciones. Esta escasa legitimidad, sin embargo, esta muy amenazada si no se acrecienta con una mejoría en la economía o con un proceso serio hacia la paz. El golpe al militarismo, fruto del desplome del entusiasmo por la fachada civilista de su proyecto, pero mas en el fondo, fruto del descenso de credibilidad en el ejército dentro de la sociedad guatemalteca, puede ofrecer al nuevo Presidente una oportunidad para lanzar un mas sólido proceso hacia la paz. Este sería el mejor camino, pues la mejoría económica no parece viable a corto plazo por las condiciones que para un mayor financiamiento se le impondrían a Guatemala, condiciones aun empeoradas porque los ojos del mundo, desviados hacia Europa del Este y el Golfo Pérsico, miran cada vez menos a Centroamérica. La ingobernabilidad de Guatemala, amarga cosecha de décadas, sólo parece tener oportunidad de disminuir por una mejora en el respeto a los derechos humanos dentro del marco de una seria negociación hacia la paz.

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