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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 112 | Marzo 1991
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Centroamérica

Desmilitarización y diálogo negociador

Tal vez el factor más alentador y promisorio a largo plazo que observamos hoy en Centroamérica es la masiva aspiración a la democratización. Esta forma concreta se llama desmilitarización. El proceso de desmilitarización en Centroamérica ha dado ya un paso gigantesco. Especialmente, en Nicaragua. Pero queda mucho por andar.

Equipo Envío

Tal vez el factor más alentador y promisorio a largo plazo, cuando se analiza Centroamérica de cara a los 90, se encuentra en la forma concreta que rápidamente ha ido adquiriendo la aspiración a la democratización. Esta forma concreta se llama desmilitarización. No debemos olvidar que en Guatemala (1954, 1963, 1974, 1978 y 1982, especialmente), en El Salvador (1972 y 1977) y en Nicaragua (innumerables procesos electorales del somocismo en los que "no hubo por quien votar"), el pueblo - con mayor decisión el salvadoreño - trato no pocas veces de buscar salida al bloqueo de cambios, tan sentidos como necesarios, a través de la vía democrática representativa.

La desmilitarización es la otra cara de la democratización

Repetidos fraudes electorales fueron factor importante en la decisión de los movimientos revolucionarios de vanguardia de buscar los cambios por la vía de las armas. Los pueblos centroamericanos no han dejado de aspirar a decir su palabra también con los votos. Los pueblos centroamericanos han identificado claramente a los militares, a veces apoyados o instigados por la oligarquía, como los culpables de los fraudes electorales. Asegurar el proceso de democratización - la democracia como bandera popular -, cortando de raíz su mayor obstáculo, la militarización de toda la sociedad, es en los 90 la
exigencia de nuestros pueblos. Entre democratización y desmilitarización hay, por tanto, una relación intrínseca de praxis histórica. La desmilitarización es la otra cara de la democratización. Esto es lo que los movimientos revolucionarios han llegado a comprender también, especialmente en 1990.

Si este proceso llega a feliz término, lo que comenzó en el último tercio del siglo pasado - la creación de fuerzas armadas permanentes por la oligarquía cafetalera - y se consolido en los años 40 con la entrega del gobierno a los militares, apoyados después en los 60 por los Estados Unidos con su política de contrainsurgencia, estaría en proceso de cambiar radicalmente en los 90, devolviendo a los militares a los cuarteles y transformándolos en una pequeña fuerza defensora de la democracia. Se trata de una democracia que las organizaciones populares deberán profundizar con su actividad participativa.

Para hacerlo necesitaran mayor imaginación, sobre todo en el terreno económico y en la manera de transformar su verticalismo para ligarse más fecundamente con el pueblo no organizado. No hay que cantar victoria prematuramente. La resistencia a este cambio radical va a ser enorme. Y además, existe aún un sector popular nada despreciable que añora dictaduras militares idealizadas en la memoria histórica como "duras" pero equitativas en su dureza para todos, es decir "equitativamente injustas", valga la paradoja.

El fenómeno de popularidad que, durante la campaña electoral del 90, personifico en Guatemala el candidato presidencial General Ríos Montt, se explica por esta añoranza de un orden que frena de la delincuencia generalizada, que castiga a las clases medias, y que aplica aparentemente con equilibrio la justicia, así como que estabiliza la economía, derechos que continuamente son negados a las clases populares. Poco importa que sea el crecimiento de los ejércitos y su adhesión a la guerra como solución a las crisis una de las causas más importantes de los deficits fiscales que provocan inflación y acaban con toda seguridad económica mínima. Se trata, en las constelaciones culturales que hay que analizar, de "pasos atrás en la historia" que se rigen por imágenes idealizadas, selectivamente extraídas de la memoria histórica por la desesperación cotidiana.

Al hablar de desmilitarización, hay que hacerlo entonces dialécticamente, teniendo en cuenta no sólo la resistencia que este proceso despierta, sino también la posible emergencia de otro proceso: la revitalización de los autoritarismos militares por la vía de la democracia electoral. Podrían surgir así o gobiernos electos democráticamente con un militar a su cabeza o gobiernos civiles débiles, tanto por el triunfo del abstencionismo electoral como por la metamorfosis de los actuales ejércitos en fuerzas de seguridad interna. Seria el militarismo imperialista del Pentágono el que los tutelaría, cubriendo con su paraguas todo el istmo para proteger la estabilidad del nuevo mercado "libre" y revestir su actividad de policía regional con el ropaje de la noble causa de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo.

Democracia, paz y desmilitarización en la década sandinista

Desmilitarización hay, sin embargo, en Centroamérica. Y está vinculada con una democratización de contenido más popular y con la exigencia de la paz. La tendencia no ha adquirido el mismo grado de desarrollo en todos los países. Responde a una larga resistencia popular contra la conducta de las Fuerzas Armadas, que han impuesto duramente a nuestros pueblos su supuesta superioridad, con la actitud de prepotencia que caracteriza en nuestro sistema social a la alianza social dominante. Es en Nicaragua donde la desmilitarización ha progresado más, porque es en este país donde la lucha popular ha tenido el espacio de una década de gobierno revolucionario.

En Nicaragua este dinamismo ha seguido su derrotero. Se llego a percibir la guerra, a pesar de su carácter de defensa de la soberanía y de la autodeterminación del pueblo, como un mecanismo que, si se prolongaba indefinidamente, substraería al pueblo toda posibilidad de avance en la satisfacción de sus necesidades fundamentales y en el despegue hacia el desarrollo. Conseguir la paz se convirtió en 1989 en objetivo fundamental del pueblo nicaragüense y del gobierno sandinista.

Someter el gobierno a la prueba de la democracia electoral por segunda vez en la década, y hacerlo cuanto antes, se evidencio como la única herramienta eficaz para cortar el nudo gordiano de la prolongación de la guerra. Por eso, el gobierno sandinista afianzo la legitimidad del proceso electoral con todas las garantías posibles para la verificación internacional de su honestidad. Simultáneamente, se intento conseguir la desmovilización de la contrarrevolución armada. En la simultaneidad se fracaso. Los Estados Unidos militarizaron las elecciones, manteniendo vigente la amenaza de revivir la contrarrevolución si el resultado electoral no satisfacía a sus intereses. Este fue el vicio mayor de las elecciones: fueron un proceso democrático sometido a chantaje militar.

El proceso de desmilitarización tras la derrota electoral del FSLN

Sin embargo, una vez conocidos los resultados electorales, se desencadenó, a través de la negociación, un rápido proceso de desmilitarización con el objetivo de conseguir condiciones duraderas de paz, favorables tanto para el mejoramiento de la economía y para la reconstrucción como para nuevas iniciativas populares. En el Protocolo de Transición - 27 de marzo de 1990 - se creó entre los representantes de los gobiernos entrante y saliente, el compromiso de mantener la integridad institucional del Ejército Popular Sandinista, incluida su estructura de mandos, de desvincularlo de sus lazos con el FSLN, prohibiendo a sus miembros ser dirigentes del partido, y de profesionalizarlo aún más reduciéndolo en su tamaño. Coincidentemente, fueron creándose compromisos para lograr la desmovilización de la contrarrevolución. Ambos compromisos fueron cumplidos sustancialmente.

El ejército fue reducido de unos 100 mil efectivos a menos de 30 mil. Ninguno de los grupos de la Resistencia se negó a desmovilizarse. Es evidente que en estos procesos no todo fue nítido. La reducción del EPS implicó la compensación con, por ejemplo, tierras a muchos de sus oficiales dados de baja, cosa que no se hizo de la misma manera con los soldados rasos. Esta desigualdad reforzó el estigma ético, que pesa sobre el FSLN en el período de transición de gobierno. Fue esta percepción 73 generalizada la que motivo al FSLN, en su asamblea de evaluación post-electoral, en julio/90, a constituir una Comisión de Etica, presidida por un dirigente fuera de toda sospecha, el Secretario de la Dirección Nacional del FSLN, René Núñez Téllez.

En ella le acompañaban otros militantes, igualmente libres de sospechas de falta de ética. Preocupó que el Comandante Tomás Borge declarara en el segundo semestre de 1990 que hasta entonces ninguna denuncia había sido presentada a dicha comisión. Nada ganaría el prestigio del FSLN y su poder de convocatoria, así como sus oportunidades de servicio a las causas del pueblo, si se llegara así a julio/91, fecha de su primer Congreso. Lo que esto mostraría es o que "demasiados" están implicados en problemas éticos o que demasiado pocos están armados de la libertad para levantar la voz. La tercera posibilidad - que todo el "estigma" sea creación propagandística - debería ser nítidamente y, tal vez, "nominalmente" apuntalada para que fuera creíble. Nadie quiere exigir un FSLN de "ángeles", pero muchísimos valoraríamos una limpieza de cuentas lo más irrefutable posible.

La desmovilización de la contrarrevolución no ha impedido la aparición de armas de guerra en manos de sus ex-miembros en los dos momentos más peligrosos del a$o 90: la huelga con barricadas del sandinista Frente Nacional de los Trabajadores (FNT), en julio/90, y el movimiento de los alcaldes de la UNO con bloqueo de carreteras, en noviembre. Mirado en su conjunto, sin embargo, el proceso de desmilitarización ha dado un paso gigantesco.

¿Cual es ese paso? En primer lugar, se han ampliado las garantías para una paz duradera, si bien persiste la amenaza de que se puedan desenterrar las armas en manos de ex-combatientes de la Resistencia y en manos de civiles (sandinistas o UNO). Con ellas se intentaría militarizar, llegado el caso, un conflicto presuntamente irresoluble entre una irredenta ultraderecha antisandinista y unos ultraizquierdistas sandinistas inconformes con haber cedido el gobierno.

En segundo lugar, se ha profundizado la democratización, asegurando unas fuerzas armadas modernas, no partidarias, obedientes al poder civil. En tercer lugar, se ha asegurado el marco en el que las organizaciones populares pueden desarrollar su actividad sin temor a ser reprimidas por las fuerzas armadas. Finalmente, se ha substraído del presupuesto nacional una de las partidas que más lo desequilibraban. Con ello se ha puesto la base para viabilizar, en uno de sus renglones más importantes, el necesario ajuste estructural sin que este implique la reducción desproporcionada de otros gastos necesarios para el desarrollo popular.

Por añadidura, tanto los desmovilizados de la Resistencia como los desempleados del Ejército Popular Sandinista son una fuerza social que presiona hacia la profundización de la reforma agraria. Esta es la salida menos costosa y más realista para no dejar peligrosamente sin empleo a millares de ex-combatientes. Además, es el Ejército Popular Sandinista el que, en nombre del nuevo gobierno, ha actuado como motor que sigue intentando poner en movimiento la desmilitarización de Centroamérica y, en el marco de conversaciones sobre seguridad y desarme, ha propuesto la reducción de las Fuerzas Armadas regionales, así como la conversión de Centroamérica en una Zona de Paz, continuando de esta manera la propuesta que el gobierno sandinista presentó, ya desde 1983, en uno de los momentos más promisorios del proceso de Contadora y que fue abortado inmediatamente por el gobierno Reagan.

El Salvador: de la democratización a la desmilitarización

En la misma línea que en Nicaragua, ha avanzado en El Salvador el proceso hacia la desmilitarización. Las lecciones aprendidas de los obstáculos puestos por el imperialismo norteamericano a un movimiento revolucionario triunfante en Centroamérica - hasta donde según la doctrina de su política exterior alcanza su "cuarta frontera" - han hecho que el FMLN modifique los objetivos de su lucha político-militar para lograr, si no la toma del poder del Estado, si un proceso de democratización de la sociedad salvadoreña.

En el compromiso de negociaciones firmado en abril/90 en Ginebra y en la agenda acordada en Caracas en mayo del mismo año, el FMLN utilizo los frutos de su ofensiva de noviembre/89 - la demostración de la vulnerabilidad de la Fuerza Armada salvadoreña y de su brutalidad irredenta, probada tanto por los bombardeos a civiles como por los asesinatos de la UCA - para destacar como punto fundamental de la negociación - condición sine qua non de los demás - la depuración y el cese de la impunidad de la Fuerza Armada, primero, y luego, ya más globalmente, la desmilitarización de la sociedad salvadoreña. Es esta prioridad la que ha hecho que las negociaciones se prolonguen, pero es ella también la que les ha dado seriedad y realismo decisivos. No cabe duda de que estas exigencias negociadoras se han apoyado sobre un peso creciente de opinión pública, que ansia la paz y la vincula con la desmilitarización de la sociedad.

A esto ha contribuido notablemente el desprestigio de la Fuerza Armada, cuyos miembros se revelaron en 1990 como autores confesos del múltiple crimen de la UCA y no resistieron la prueba de verse confrontados con la búsqueda de la verdad por el juez encargado de la instrucción del sumario. La mayoría de los salvadoreños han presenciado por televisión u oído por radio la acumulación masiva de indicios que apuntan abrumadoramente hacia la culpabilidad de la Fuerza Armada en ese crimen y la han visto enredarse cada vez más en mentiras, perjurios y esfuerzos de encubrimiento.

El mismo gobierno de los Estados Unidos ha dado a entender claramente que se inclina en El Salvador por un acuerdo que implique un cierto grado de desmilitarización, hasta el punto de que la Fuerza Armada salvadoreña se siente "traicionada" por su aliado norteamericano. Ni siquiera la reasignación por parte del Presidente Bush, en la víspera de la Guerra del Golfo, de la mitad de la ayuda militar, que el Congreso había congelado antes, en una decisión sin precedentes, cambia el impacto que tuvo tal decisión. En la burguesía salvadoreña, por otro lado, se ha extendido además la convicción de que mientras dure la guerra no habrá posibilidades de revertir el deterioro de la economía. La insatisfactoria gestión del primer año de gobierno de ARENA se lo ha confirmado. Finalmente, la Fuerza Armada ha visto descender drásticamente su moral de combate, una vez que su ventaja fundamental - la fuerza aérea - esta al alcance de los misiles del FMLN.

El ejército de Guatemala: un cuchillo que pierde filo

En Guatemala, el proyecto de "Estabilidad del Estado" - caracterizado en numeros anteriores de envío dedicados a este análisis anual de Centroamérica - ha sufrido un fuerte golpe. Sus elementos fundamentales han sido recrear la confianza de los guatemaltecos en un gobierno civil electo democráticamente, mantener el liderazgo de los militares como fuerza más importante de ese gobierno, desencadenar sobre esa base una fuerte inversión privada de capital y una infusión notable de capital externo, e ir derrotando al movimiento revolucionario armado de la URNG.

El puntal del proyecto, la credibilidad de un gobierno civil brotado de la disputa electoral de los partidos, parece haberse agotado. Después del notable aumento de participación en las elecciones del 85, las de 1990 han regresado a las pautas del notable abstencionismo que caracterizo crecientemente las elecciones, desde 1959 a 1982. En octubre, en la primera ronda, se dio un 35% de abstenciones. Menos de tres meses después, en enero/91, en la segunda ronda, la abstención se duplico, alcanzando el 70% de los empadronados con derecho a voto. Es imposible desoír el clamor de estas cifras. Analizábamos en 1986 que las democracias civilistas, permitidas por los militares en Centroamérica, eran solamente "democracias de Peaje" Eran el costo que los militares debían pagar para continuar gobernando entre los telones del civilismo. El "peaje", sin embargo, les resulto demasiado caro: desprestigiaron a un civilismo con muletas y aumentaron la reivindicación masiva de que se desmilitarice la sociedad.

De hecho, parece haberse desencadenado en la sociedad guatemalteca un proceso de creciente falta de credibilidad en el ejército. La burguesía no apuesta ya por el ejército como factor fundamental de la salud económica del país. Lo acepta como sector de la misma burguesía, pero lo desconoce como motor del crecimiento, como sector capaz de ejercer liderazgo económico, de ser el motor de un nuevo eje de acumulación de capital.

El incremento de poder bélico de la URNG ha obligado, además, al ejército a reclutar también en la ciudad capital para el servicio militar, creándole un rechazo multitudinario, que se suma a la creciente oposición que en el campo y en la Iglesia despiertan las Patrullas de Autodefensa Civil. Por añadidura, la represión selectiva en las zonas de mayor incremento de presencia guerrillera, ha creado corrientes profundas de oposición al ejército. La más significativa expresión de esto se dio en la rebeldía frente de toda la población del municipio indígena de Santiago Atitlán.

Por otro lado, la misma mayor fuerza de la URNG ha logrado incidir en el ejército en forma divisiva. La guerra y su conducción se han vuelto un problema. En el 90, los operativos del ejército no lograron hacer mella en las Comunidades de la Población en Resistencia (CPR) de la selva del Ixcán. Desde la gran ofensiva "Fin de Año" de 87-88, el ejército no logra recomponer su táctica en esa región fronteriza con México.

En este contexto y en época electoral, la candidatura de Ríos Montt fue vista por los altos mandos del ejército como excesivamente polarizadora y como probable motor de una reacción de la población en favor de la URNG, tomando en cuenta lo drástico de sus métodos, ensayados en 82-83 con brutales masacres y política de tierra arrasada. Sin embargo, esta misma drasticidad hizo que los capitanes que conducen la guerra en los enfrentamientos diarios vieran en Ríos Montt una esperanza de mayor consistencia en el combate contra la guerrilla.

Los numerosos hechos de delincuencia, en los que todos los indicios comprometen a las fuerzas de seguridad pública, especialmente a la Policía Nacional, han logrado también extender entre la población un creciente desprestigio del militarismo en Guatemala.

Finalmente, ha habido roces fuertes entre el ejército y la embajada de los Estados Unidos. De la embajada viene la exigencia de que se lleve a juicio a los militares responsables del asesinato de un ciudadano norteamericano en el interior del país, así como del secuestro y violación de una religiosa norteamericana. La embajada denuncia también repetidamente el involucramiento de militares de alta graduación en el narcotráfico.

El brutal asesinato de la antroóloga Mirna Mack

En septiembre/90 las demandas y denuncias de las Comunidades de la Población en Resistencia (CPR) de la sierra quichelense ixil fueron difundidas nacional e internacionalmente, atrayendo la atención hacia los bombardeos del ejército, el acoso por hambre y las capturas de esta numerosa población civil. Todos los indicios apuntan a que, en brutal respuesta, la inteligencia del ejército asesinó a la antropóloga guatemalteca, Mirna Mack, quien había difundido entre la comunidad científica de Guatemala y del exterior sus rigurosos estudios sobre desplazados y refugiados reubicados.

El clamor de indignación inundó Guatemala y cruzó sus fronteras. En realidad, habían sido ciertos organismos de la Iglesia Católica los que habían tomado la responsabilidad pública de abrir cauce, en los medios de comunicación masiva, a las cartas abiertas de la población civil en resistencia. Pero, después de haber constatado el costo tremendo que ocasiono a la Fuerza Armada salvadoreña el asesinato de los jesuitas de la UCA, el ejército guatemalteco eligió su blanco en una persona como Mirna, no perteneciente a la Iglesia institución. La comunidad científica de Guatemala, las universidades norteamericanas y muchas otras respetables instituciones - incluso el episcopado católico japones - han llenado los medios de comunicación de Guatemala de denuncias y protestas que reclaman se respete el derecho a la búsqueda de la verdad de la sociedad, incluyendo el derecho a hacer trabajo científico de campo entre el pueblo. La reacción muestra que en no pocos ambientes de Guatemala el ejército ya no puede contar con el miedo para encubrir su barbarie.

Se puede, pues, afirmar que el ejército de Guatemala, como principal expresión de dominación y de organización del sistema dominante, ha entrado en crisis. El dialogo iniciado con los acuerdos de Oslo en 1990, supone un desplante al ejército, especialmente cuando tanto los partidos políticos como sobre todo el CACIF aceptan ser interlocutores de la URNG. La burguesía, los partidos, el movimiento revolucionario, las organizaciones populares, la universidad, los ONGs y la Iglesia tienen en común hoy la aspiración de superar el militarismo.

Probablemente, la misma arrogancia del ejército, al menospreciar su estigma de brutal violador de los derechos humanos y al aceptar conducir la guerra sin significativa ayuda militar de los Estados Unidos, ha sido responsable de drenar salvajemente la economía nacional. Al finalizar los 70, esta podía presentar reservas netas en divisas de 800 millones de dólares. Al finalizar los 80 tiene que contabilizar las reservas en números rojos. El militarismo, pues, es un cuchillo que en Guatemala ha comenzado a perder filo. Y la corriente antimilitarista es tan fuerte que pudría anegar a la misma URNG, si esta se muestra inflexible a la hora de negociar.

El análisis de Nicaragua, El Salvador y Guatemala muestra una tendencia paradójica. La fuerza militar de las organizaciones revolucionarias, que se autocomprendieron como vanguardias, despertó tales reacciones de incontrolada exasperación en el militarismo, tanto centroamericano como imperialista, que ha llegado a provocar en la sociedad una corriente antimilitarista. Los movimientos populares y, en algunos casos, incluso el pueblo no organizado, han recuperado, gracias a esa corriente, la posibilidad de reivindicar su dignidad frente al instrumento del sistema dominante que más los ha humillado.

Honduras: la resistencia del militarismo

A esta corriente antimilitarista se resiste aún en la región, en forma descollante, el ejército de Honduras. No se trata de que los ejércitos guatemalteco, sobre todo, y salvadoreño, hayan aceptado ya la tesis de la reducción de sus fuerzas - aunque el salvadoreño se acerca más a aceptarla a regañadientes -, pero ciertamente se encuentran bajo diversos grados de acoso, tanto desde los movimientos revolucionarios como desde la sociedad civil.

El ejército hondureño resiste esta corriente. Pero para mantener el monto de su presupuesto de defensa y el tamaño de sus fuerzas ha tenido que acudir a amenazas mal encubiertas de golpe de estado - "No acorralen al tigre", en palabras del vocero del ejército - y a desempolvar sin tapujos una visión de la sociedad digna de la más añeja Doctrina de la Seguridad Nacional.

Acorde con esa doctrina, para el ejército hondureño, las organizaciones de masa serían los "enemigos internos", fachada de los que intentan destruir en Honduras la democracia, y además el país estaría rodeado de "enemigos externos". Frente a esta resistencia, se estrello el intento del Congreso Nacional de reducir el presupuesto del ejército. El ejército hondureño, por otro lado, encabezo en las reuniones centroamericanas, encargadas de tratar la seguridad y el desarme, la resistencia contra la reducción, mutua e internacionalmente verificada, de efectivos militares en el istmo.

No existen en Honduras organizaciones revolucionarias armadas creíbles. Las que así se han denominado y han actuado como reflejo de las de Nicaragua, Guatemala y El Salvador, han corrido hacia el desastre - en 1983, el PRTC hondureño en Olancho - o han sido incapaces de encontrar suficiente base de alianza popular. Por otro lado, hay en Honduras desde 1982 una poderosa presencia de tropas y bases norteamericanas, aunque derrotado el sandinismo electoralmente en Nicaragua, en 1990 descendió ya el monto de la ayuda militar norteamericana a Honduras. En estas circunstancias, el ejército hondureño, para no reducir su presupuesto, apela además de a la subversión interna, a las amenazas que dice vienen aún de Nicaragua y sobre todo, de su histórica rival, el ejército salvadoreño, que se ha cuadruplicado durante los 80 para combatir al FMLN. Todo esto explica la fuerza de la resistencia del militarismo hondureño.

Todo esto muestra también su debilidad. Sólo con amenazas se ha podido oponer a la corriente que los diputados hondureños recogieron desde la sociedad civil para abolir la obligatoriedad del servicio militar. Por primera vez en muchos años, una profunda división no sólo corroe al ejército sino que se hace pública. No se trata de las consabidas ilusiones sobre divisiones ideológicas entre los militares - expectativa recurrente en la izquierda latinoamericana - , sino de que el ritmo de aumento delas promociones de oficiales hace ya imposible que los puestos de mando más poderosos o con mayor posibilidad de lucro corrupto sean gozados a su tiempo por todos los integrantes de todas las promociones.

Este conflicto llevó a la renuncia al ejército de varios coroneles de la Quinta Promoción, en protesta contra las asignaciones de mando que hizo el anterior jefe de la Fuerza Armada, General Cantarero. A su vez, Cantarero tuvo que ceder su jefatura, prácticamente en un "golpe de estado militar", causado según su esposa por la ambición de poder de otros altos oficiales y por la conmoción que aún sacude a la institución armada desde que el predecesor de Cantarero, Regalado Hernández, fuera acusado de implicación en el trafico de drogas.

Es notable que la esposa del General Cantarero llego en sus declaraciones hasta acusar al Presidente Callejas de alianza con los jefes militares para derrocar al jefe del ejército. Detrás esta probablemente la necesidad de Callejas de usar al ejército como recurso para impedir la oposición a su plan de ajuste estructural sin concertación. En definitiva, al militarismo hondureño lo perseguirán en los próximos años tanto las consecuencias de haber forzado al pueblo organizado a aceptar más miseria - militarizando plantaciones en huelga y defendiendo con intransigencia su presupesto - como el fantasma de los desaparecidos y la amnistía negada a los presos políticos, para los que forzó su definición como delincuentes comunes.

La desmilitarización dependiente de Costa Rica y Panamá

Costa Rica y Panamá representan hoy en Centroamérica otra clase de declive del militarismo. Costa Rica se precia con razón de más de cuarenta años de una tradición de civilismo democrático, de país que sólo necesita de una policía para mantener el orden social.

Panamá, tras la invasión norteamericana del 20 de diciembre de 1989, pretende vivir también con una fuerza de seguridad pública que nunca vuelva a ser ejército. El hecho de que con tal fuerza Panamá no será capaz nunca de defender por sus propios medios la seguridad del canal, implica que su soberanía permanecerá hipotecada a las fuerzas armadas del Comando Sur de los Estados Unidos.

En estos dos países se da un declive del militarismo, pero con otro signo. Se trata de un despojo de la capacidad de estas dos naciones para defenderse de una agresión externa, despojo que las deja en su política de defensa nacional totalmente dependientes de los Estados Unidos. Es un modelo que, como lo prueba la presencia de instructores militares norteamericanos en Costa Rica durante los 80 para prevenir el "peligro" sandinista, los Estados Unidos sienten estratégicamente más eficaz al que supone una ayuda militar norteamericana sostenida para los ejércitos centroamericanos.

La tendencia de los Estados Unidos a apoyar un cierto desarme y reducción del ejército salvadoreño y las acusaciones de narcotráfico hechas contra los ejércitos de Guatemala y El Salvador indican una razonable probabilidad de que los Estados Unidos intenten homogeneizar en Centroamérica los modelos "antimilitaristas" de Costa Rica y Panamá. Si eso se produce, tendrían en sus manos una bomba de tiempo.

Henry Kissinger, refiriéndose a la posibilidad de que tropas norteamericanas deban permanecer indefinidamente en el Medio Oriente, ha escrito: "El abismo cultural entre ellas y la población será infranqueable". Convendría que también se considerara esa infranqueabilidad en la hipótesis de Centroamérica. En realidad una sana desmilitarización de la sociedad centroamericana sólo se producirá como fruto negociado de la resistencia popular a rendir a las armas el protagonismo que les corresponde al dialogo y a la negociación. Esto es lo que ha empezado a ocurrir en Nicaragua y pudría llegar a acontecer en El Salvador y en Guatemala con ritmos diversos. Difícilmente pudría entonces Honduras substraerse a esta tendencia.

Diálogo, negociación, concertación: procesos en el activo popular

La desmilitarización, que constituye el otro rostro de la democratización, es un proceso fundado en la capacidad de dialogo y de negociación que los movimientos populares han ido consiguiendo en Centroamérica. Allí donde esa desmilitarización ha sido más profunda, en Nicaragua, la democratización real de la sociedad ha permitido que las organizaciones populares tengan poder no sólo para influir en el camino negociador hacia la paz, sino también para constituirse en interlocutores de una concertación que negocia la estructura de la economía e influye sobre el carácter del necesario ajuste estructural.

Esto es lo que ocurrió en septiembre y octubre de 1990 en Nicaragua y esto es lo que ahora hace que el gobierno de Violeta Chamorro deba tratar con las instituciones internacionales de financiamiento presentando también los puntos de vista de las organizaciones populares. En El Salvador, donde el FMLN y un notable sector de la población civil organizada han logrado una sólida plataforma para presionar con mucha fuerza por la desmilitarización, el gobierno no ha tenido más remedio que entrar en negociaciones serias. El hecho, sin embargo, de que las organizaciones populares no hayan podido lograr suficiente autonomía del movimiento revolucionario armado, lleva consigo que en las negociaciones el punto de una economía más justa y popular, que afecta dura y cotidianamente a las mayorías, no este todavía en primer plano, como si lo esta en Nicaragua.

La concertación ha sido intentada en El Salvador en las conversaciones de la Intergremial. Desprovista de la presión que significaría el ser tratada al mismo tiempo en la mesa de negociaciones entre el gobierno y el FMLN, ha sido fácil para los gremios empresariales mantenerse duros y bloquear cualquier acuerdo que no se atenga a sus condiciones. La representación del gobierno salvadoreño hizo causa común con las posturas de los gremios empresariales. La exigencia de desmilitarización y de cese de la impunidad de los militares habría tenido aún más fuerza, si hubiera sido vinculada con la necesidad imperiosa de liberar recursos para un plan popular de economía justa en El Salvador. El caso de El Salvador, pues, muestra que para llegar a democratizar la economía se necesita no sólo poder político militar sino también autonomía social de las organizaciones populares e íntima conexión de estas con el pueblo no organizado, tesis fundamental de este análisis.

En Guatemala, no se ha llegado aún a la mesa de negociaciones. Lo que esta en marcha es un dialogo entre la URNG y diversos sectores de la sociedad civil. La fuerza político-militar del movimiento revolucionario no es aún tan grande como en El Salvador o en Nicaragua. Las organizaciones fueron aquí sometidas a una represión incomparablemente mayor que en la Nicaragua somocista y mayor también que en El Salvador.

El deterioro de la economía, que no ha tenido la infusión masiva de capital externo que los Estados Unidos han inyectado a El Salvador, ha debilitado también a las organizaciones populares guatemaltecas. El gran salto de la inflación, desde un 18 a un 60% entre 1989 y 1990 - la cifra más alta que la tasa de inflación ha tenido en Guatemala -, ilustra bien este debilitamiento. A esto se debe, en parte, que en Guatemala la URNG no haya sabido o no haya podido construir aún alianzas firmes con el movimiento de masas. Por eso, la corriente de desmilitarización en Guatemala sólo ha llevado a un diálogo.

En ese dialogo, sin embargo, la necesidad de configurar más popularmente la economía esta tal vez tan presente como en la concertación nicaragüense -aunque en la reunión con el CACIF en Toronto, (julio/90), no se sacó el tema de la reforma agraria -. Probablemente, la menor relación orgánica de la URNG con las mayorías guatemaltecas la hace más sensible a la preocupación por su propia suerte cotidiana.

Dialogo, negociación y concertación se nos revelan así como tres etapas de la participación popular de las mayorías, que se hacen más viables cuanto mayor es el conocimiento del pueblo de que el Estado esta fuertemente cuestionado por un poder político-militar revolucionario con creciente capacidad, y también cuanto mayor se hace su autonomía organizativa respecto de las organizaciones que le dan ese indirecto respaldo político-militar.

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