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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 110 | Diciembre 1990
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Nicaragua

4000 días de soberanía: la política exterior sandinista

La política exterior sandinista fue siempre audaz. Fue revolucionaria. Por ella, Nicaragua tuvo que pagar un precio. Sin embargo, con ella se lograron grandes avances y victorias, que abrieron caminos no sólo para nuestro país sino para otras naciones empobrecidas del Tercer Mundo.

Augusto Zamora

Aunque el actual gobierno de Nicaragua es un gobierno pro-norteamericano, no puede serlo como lo son otros gobiernos latinoamericanos. Llegar al poder después de 10 años de una revolución nacionalista y antiimperialista, que arrasó con el pro-norteamericanismo de la era somocista, repudiado por todo el pueblo, impide al actual gobierno de Nicaragua actuar como un simple títere de los norteamericanos.

Pero más que esta compleja herencia histórica, son los acusantes necesidades económicas que tiene Nicaragua -y que Estados Unidos no está dispuesto a resolver- las que ponen límites al pro-norteamericanismo del gobierno de Violeta de Chamorro. La falta de generosidad de Estados Unidos reduce necesariamente el pro-norteamericanismo que podía haberse esperado del nuevo gobierno.

En búsqueda de créditos, ayudas y fondos -que deben venir de todas partes para cubrir tantas necesidades-, el gobierno de Nicaragua necesita mantener un perfil de cierta independencia frente a los Estados Unidos, de cierto no-alineamiento internacional. ¿Cómo lograrlo manteniendo a la par posiciones de apoyo a los Estados Unidos, el aliado natural? La clave será -esta siendo ya- una política internacional donde no se dice y no se hace nada que dé a Nicaragua demasiado color. Ni irritar a los norteamericanos ni servirles de peón. Una línea así conduce a una política exterior de perfil bajo, gris, sin ninguna estridencia nacionalista y sin ningún desmedido aplauso al imperio que pueda poner en peligro eventuales ayudas económicas, vengan de donde vengan. La política exterior sandinista, por el contrario, fue totalmente definida y siempre audaz. Fue revolucionaria. Por ella, Nicaragua tuvo que pagar un precio. Sin embargo, con ella se lograron grandes avances y victorias, que abrieron caminos no sólo para nuestro país sino para otras naciones empobrecidas y denominadas del Tercer Mundo.
He aquí un balance de esos diez años de política exterior independiente. Lo elaboró Augusto Zamora, que trabajó desde la Cancillería en la diaria construcción de esa política. Con este artículo, Zamora ganó el segundo premio en el III Concurso envío.

El triunfo de la revolución fue el inicio de una revolución en la política exterior de Nicaragua

El triunfo de la revolución sandinista significó para Nicaragua, entre otras múltiples transformaciones, un cambio radical en política exterior. Al asumir por vez primera su condición de nación independiente y soberana desde el derrocamiento del general José Santos Zelaya -ocurrido en 1909, después de la nota-ultimátum del Secretario de Estado norteamericano Knox, y la traición a la patria de la oligarquía conservadora desplazada por la revolución liberal zelayista el nuevo Estado nicaragüense se vio enfrentado al reto de elaborar una política exterior propia.

El nuevo régimen surgido el 19 de julio de 1979 tendrá como elementos fundamentales de su política exterior los principios de independencia nacional, no alineamiento y defensa de los intereses nacionales, dentro del espíritu latinoamericanista y solidario del pensamiento de Sandino.

La revolución: de ser un peón a hablar con voz propia

Esta es la primera dimensión histórica: pasar Nicaragua de ser un simple peón de los Estados Unidos a hablar con voz propia en los foros internacionales. La política exterior de la Nicaragua sandinista está jalonada de triunfos y batallas arduas. Desde nuestra pequeña extensión territorial contribuimos a abrir nuevos caminos en la lucha por la paz. A romper maleficios que por décadas aherrojaron a los países latinoamericanos. Enseñamos a perderle el miedo al gigante del norte. Demostramos al mundo que también las naciones pequeñas pueden aspirar a poseer -y poseer efectivamente- un perfil propio en política internacional.

Buena parte de los logros suceden en 1982, quizá el año más importante para Nicaragua en política exterior. En marzo de ese año se recurre por vez primera al Consejo de Seguridad. En abril estalla la guerra de Las Malvinas. Entre agosto y diciembre se gesta el proceso negociador de Contadora. En octubre Nicaragua es electa miembro no permanente del Consejo de Seguridad.

El ingreso de Nicaragua en el Movimiento de los No Alineados

En septiembre de 1979 se celebra en La Habana la VI Cumbre del Movimiento de Países No alineados. A esa reunión asiste una delegación de Nicaragua, presidida por el Coordinador de la Junta de Gobierno, Daniel Ortega Saavedra. Durante la misma, se aprueba con abrumador apoyo el ingreso de Nicaragua al movimiento.

Esta es la primera gran acción internacional de Nicaragua: ingresar en el movimiento que en 1956 gestaron Nehru, Nasser y Tito para presentarle una alternativa política a las naciones emergentes del proceso descolonizador que no quisieron alinearse con ninguno de los grandes bloques militares de ese entonces, que no representaban los intereses de las naciones pobres de la tierra.

El ingreso a los NO-AL señalaba el fin de un pasado servil y el inicio de una fuerte presencia internacional. Nicaragua se declaraba independiente de cualquier bloque y afirmaba su decisión de desarrollar una política de solidaridad con las naciones del Tercer Mundo. El ingreso sucedía apenas 41 días después del triunfo de la revolución sandinista. En palabras del comandante Ortega, en la VI Cumbre, "el pueblo nicaragüense ha conquistado con sangre el derecho de estar hoy aquí, rompiendo de esa manera con un pasado histórico de servilismo con la política imperialista".

Entramos en los No Alineados porque en este Movimiento vemos a la organización más amplia de los Estados del Tercer Mundo, que juegan un importante papel y ejercen una ascendente influencia en la esfera internacional. En la lucha de los pueblos contra el imperialismo, el colonialismo, el apartheid, el racismo, incluyendo el sionismo y toda forma de opresión, porque están por la coexistencia pacífica activa..."

La efectiva defensa del territorio nacional

En los últimos meses de 1979 la Cancillería nicaragüense, como todo el país, era un torbellino de idas y venidas, buscando la forma de mejor organizar el Ministerio encargado de las relaciones internacionales del Gobierno revolucionario. En medio de ese vértigo, fue abriéndose paso una preocupación: la defensa de los intereses territoriales de Nicaragua, que pusiera fin a 70 años de abandono y corruptela respecto del principal patrimonio de todos los nicaragüenses: el territorio nacional. Esta preocupación tuvo su primera manifestación con la promulgación, el 19 de diciembre de 1979, de una "Ley sobre Plataforma Continental y Mar Adyacente", que establecía una zona de 200 millas náuticas de soberanía y jurisdicción y proclamaba el dominio nacional, exclusivo y excluyente, sobre los recursos marinos.

La historia territorial nicaragüense ha sido patética. La Nicoya y el Guanacaste fueron cedidos a Costa Rica por Máximo Jerez en 1858. El "territorio en litigio", perdido en la Corte Internacional de Justicia en 1960 a favor de Honduras, fue en un caso manejado oscura y venalmente por la dictadura somocista. Y las islas de San Andrés y Providencia y territorios adyacentes fueron arrancadas a Nicaragua por la fuerza de la intervención militar, política y económica de los Estados Unidos, por medio de un "tratado" impuesto a nuestro país en 1928, conocido como "tratado Bárcenas Meneses-Esguerra". Por él Nicaragua "cedía" a Colombia esas islas, a cambio de que Colombia "reconociera" la soberanía de Nicaragua ¡sobre su Costa Atlántica!, arrebatada por el régimen nacionalista de Zelaya al imperio británico y reincorporada a la nación después de medio siglo de conflictos con Gran Bretaña, incluyendo desiguales batallas entre tropas nicaragüenses y británicas. Con este "tratado", los norteamericanos buscaban "compensar" a Colombia con nuestras islas, por el zarpazo que representó la separación de Panamá en 1903.

En noviembre de 1979 el Ministerio del Exterior elevó la propuesta a la Junta de Gobierno: Nicaragua debía hacer un acto positivo para rescatar sus derechos sobre las islas de San Andrés y Providencia. El mal llamado "tratado" de 1928 era nulo e inválido, por vicios insubsanables en su raíz -inconstitucional, impuesto por la fuerza, violatorio de tratados, etc.-, y la Junta debía declararlo así.

En la Dirección Jurídica se elaboró un "libro blanco" donde se explicaban las razones de Nicaragua. La decisión no era fácil. No había ningún deseo de que el acto de reivindicación de un territorio, histórica, geográfica y jurídicamente nicaragüense, se interpretara como un gratuito gesto de animadversión o como el pretexto para crear una crisis artificial, aunque era obvio que Colombia no aplaudiría la decisión nicaragüense.

Sin embargo, al estar en juego grandes intereses territoriales de Nicaragua -islas, mares y plataforma continental- ambicionados por Colombia y otros países vecinos, territorios que había que proteger y defender, la decisión solo podía ser una. Además, no podía continuarse con la política de tráfico del territorio patrio que había caracterizado a anteriores gobiernos y era una constante de la historia nacional, con excepción de la acérrima defensa que se hizo de la Mosquitia, frente a las pretensiones inglesas.

Decenas de reuniones, explicativas, aclaratorias, informativas, se llevaron a efecto. Alguno llegó a hacer la inevitable pregunta: "¿Para qué queremos tanta agua?" La respuesta era clara. Defender la soberanía territorial y los enormes recursos que contenían los territorios marítimos e insulares. Hubo acuerdo general. Nicaragua declararía la nulidad e invalidez del tratado de 1928.

El 4 de febrero de 1980, en acto solemne celebrado en la Casa de Gobierno, la Junta de Gobierno en pleno, ante el Gabinete y el Cuerpo diplomático, dio lectura a la "Declaración sobre las islas de San Andrés y Providencia y territorios circundantes", requiriendo la devolución a Nicaragua de esos territorios, que le pertenecen por inobjetables títulos jurídicos, históricos y geográficos. Esta declaración constituyó la primera acción internacional del nuevo gobierno en defensa de los intereses nacionales.

Y también la primera crisis externa. Colombia reaccionó rechazando la declaratoria, afirmando sus presuntos derechos y llamando a Bogotá a su Embajador en Managua. Se sucedieron incidentes entre pesqueros nicaragüenses y buques de guerra colombianos. Viajamos a Colombia para evitar que la controversia territorial se pudiera convertir en un conflicto armado. Un pacto de caballeros permitió poner fin a los incidentes y calmar las agitadas aguas. Al final, a cada país quedó firme en su posición. La guerra mercenaria acabaría desplazando las cuestiones territoriales a un segundo plano,. Pero las bases de los derechos territoriales de Nicaragua en el mar Caribe estaban sentadas y marcarían el derrotero futuro.

El ascenso de Ronald Reagan significó el fin de cualquier posible convivencia entre Estados Unidos y Nicaragua. El virulento antisandinismo de Reagan lo llevó a ratificar en 1981 el tratado Saccio- Vázquez Carrizosa, firmado en 1972, por el cual Estados Unidos "cedía" a Colombia los cayos de Quitasueño, Roncador y Serrana, pertenecientes a Nicaragua. Como en 1928, y antes en 1850, la política norteamericana hacia nuestro país se traducía en un zarpaso territorial. La decisión de Estados Unidos fue calificada por nuestro país como un "acto hostil" y, efectivamente, significó el inicio de las hostilidades contra Nicaragua.

La convocatoria al Consejo de Seguridad de la ONU

En los primeros meses de 1982 se suceden graves acciones armadas en la frontera con Honduras. La posibilidad de una agresión militar directa de los Estados Unidos, por vía de un conflicto armado con Honduras, se percibe inminente. Los ataques mercenarios con apoyo hondureño han asolado la zona fronteriza en Zelaya Norte, Chinandega y Nueva Segovia, con centenares de víctimas. El subsecretario de Estado, Enders, promueve en el continente una "fuerza interamericana de paz". Se incrementan los vuelos de espionaje y la presencia de buques de guerra en nuestras aguas jurisdiccionales. Hay grandes maniobras de tropas norteamericanas en la Zona del Canal...

En esa coyuntura, se decide convocar urgentemente al Consejo de Seguridad, como medio para evitar una escalada del conflicto de consecuencias incalculables. La reunión se fija para el 25 de marzo. El propio Coordinador de la Junta de Gobierno, Daniel Ortega, preside a la delegación nicaragüense.

La trascendencia de esta medida se comprenderá mejor tomando en cuenta que, hasta ese momento, los conflictos entre países de América Latina y Estados Unidos eran llevados indefectiblemente al seno de la OEA, donde la hegemonía norteamericana imponía sus dictados. Eso había sucedido con el Gobierno de Jacobo Arbenz que, aunque recurrió a la ONU, no pudo lograr la intervención del organismo mundial. Igual sucedió en el caso de Cuba entre 1961 y 1963, y cuando la intervención contra República Dominicana en 1965.

Nicaragua tenía que romper esa servidumbre, pues de la OEA, en aquellas circunstancias y por sus propias condiciones, no podía esperarse más que un refrendo a la política norteamericana. Estados Unidos y sus Estados clientes -de cuyos nombres no vale acordarse- reclamaron la competencia de la OEA para conocer de la denuncia nicaragüense. Circularon en Naciones Unidas documentos amparando la obligatoriedad de recurrir primero al foro regional, que respondimos con otros que demostraban exactamente lo contrario.

Todas las maniobras fracasaron. El comandante Ortega denuncia la escalada agresiva de Estados Unidos y expresa, dentro de un plan de nueve puntos, la disposición de normalizar las relaciones con Washington y de suscribir acuerdos de no agresión con los países limítrofes. Nicaragua recibió apoyo masivo y, aunque el proyecto de resolución fue vetado por Estados Unidos, quedó sentado para siempre el precedente de que los países americanos son libres de escoger el foro internacional que crean adecuado, no existiendo ninguna obligación de asistir primero a la OEA.

Esta primera convocatoria iniciaba una amplia e importantísima actividad de Nicaragua en Naciones Unidas, que jugaría un papel de primer orden para frustrar los planes agresivos de la Administración Reagan. Dentro de esta convocatoria, el papel del Movimiento de Países No Alineados fue importantísimo, como factor aglutinante del apoyo mundial a la causa de Nicaragua.

Catorce meses después, el 19 de mayo de 1983, el Consejo de Seguridad aprobará la resolución 530, en la que se encomia la labor del Grupo de Contadora, se reafirma el derecho de Nicaragua y otros países a vivir en paz y sin injerencia extranjera y se solicita al Secretario General que informe al Consejo sobre la evolución de la situación en Centroamérica. Será la primera resolución del Consejo de Seguridad sobre un conflicto que enfrentaba a un país latinoamericano con Estados Unidos. La persistencia y el empeño de Nicaragua había logrado su objetivo: dejar inscrito su caso dentro del foro mundial. Estados Unidos no podría, en el futuro, imponer a la OEA para sus propósitos intervencionistas contra nuestro país.

Durante la Guerra de las Malvinas América Latina se une

Acababa de concluir la primera convocatoria de Nicaragua al Consejo de Seguridad cuando fuerzas armadas argentinas toman las Islas Malvinas, ocupadas manu militari por el imperialismo británico desde 1833. La acción armada conmovió a Europa y América, pues estábamos ante un sorpresivo conflicto bélico y diplomático entre dos gobiernos que eran aliados incondicionales de Estados Unidos.

El descrédito de la dictadura militar argentina, empapada en sangre e involucrada activamente en la guerra "contra", agregaba un elemento de paranoia mal hecho. Resultaba repulsivo pensar en apoyar una acción promovida por un gobierno que rezumaba las más execrables violaciones de los derechos humanos en contra de su propio pueblo, al que había reprimido inmisericordemente.

Para Nicaragua la decisión era difícil. La probada participación de la dictadura argentina en la guerra mercenaria y las informaciones que indicaban que la militocracia estaba dispuesta a enviar tropas en caso de una intervención militar yanqui contra Nicaragua, colocaban al gobierno sandinista en una difícil disyuntiva. No apoyar la acción era como dar la espalda a la Argentina. El apoyo podría verse como un espaldarazo a la odiada dictadura.

Al final, después de comprensibles vacilaciones, se optó por el apoyo total. Se trataba de un gobierno repudiable, ciertamente pero la causa era de toda la nación argentina, que había salido a las calles masivamente a apoyar una reivindicación histórica. Frente a la guerra en ciernes, la causa debía ser asumida por todos los latinoamericanos, pues Gran Bretaña hacía ingentes preparativos militares para restablecer la ocupación colonial sobre las Malvinas y los otros territorios reclamados. Todavía ahora pensamos en el asombro que esta decisión debió provocar en los dictadores argentinos: recibir apoyo casi inmediato y pleno de un gobierno al que estaban empeñados en destruir....

Parte de la delegación nicaragüense permanecía en Nueva York, pues acababa de concluir la convocatoria de Nicaragua al Consejo de Seguridad y se había convocado de urgencia a este mismo Consejo para examinar la crisis de las Malvinas. Una anécdota: en el ascensor del hotel, el día de la primera sesión del Consejo nos encontramos con el canciller argentino. Una situación embarazosa y tragicómica. Miguel D'Escoto saludó cortésmente al colega, y le expresó la solidaridad de Nicaragua. El ministro argentino, sorprendido respondió: "Canciller, ¿a pesar de todo?... Ahora sí creo que los sandinistas son verdaderos latinoamericanos.

Ante los enfrentamientos bélicos y la colusión británico-norteamericana, Argentina convoca a una Reunión de Consulta de la OEA, la que se instala en Washington el 25 de abril de 1982. Es una reunión histórica. Por primera vez se invoca la solidaridad americana para repeler una acción armada de un país extracontinental. Se trata de la situación contemplada en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), la que justificó su creación.

En la reunión, Argentina recibió apoyo general de los países latinoamericanos con excepción de Colombia, que expresó reservas en cuanto al método, y del gobierno de Pinochet, que al parecer colaboró con Gran Bretaña. Alexander Haig, Secretario de Estado del imperio, hizo evidente que abandonaba a sus antiguos aliados militares y los dejaba en la estancada. El discurso del Secretario de Estado, contrario a la aplicación del TIAR, provocó un silencio tan absoluto que Haig, fuera de lugar e incómodo, abandonó la sala después de su lectura. El TIAR demostraba con claridad diáfana su verdadera naturaleza: su carácter de instrumento de la política imperial yanqui, inaplicable cuando se trataba de asistir a un país latinoamericano amenazado por otro aliado considerado por Washington "más estratégico".

Por la actitud de Estados Unidos, la reunión quedó en nada. Argentina fue derrotada y América Latina comprobaba, como nunca antes, la imposible concordancia de intereses con Estados Unidos. La Guerra de las Malvinas abrió muchos ojos y tuvo efectos trascendentales en la gestación de nuevos horizontes en el continente, entre ellos el fortalecimiento de la solidaridad latinoamericana frente al imperio. Una de las consecuencias indirectas más inmediatas de la guerra colonialista fue el proceso de Contadora y el repudio continental a la guerra mercenaria de la contra. Y una consecuencia muy específica, demostrada por Nicaragua: por encima de las acciones de gobiernos tiranos, debe prevalecer la fraternidad y solidaridad entre los pueblos de América Latina.

David contra Goliat en el Consejo de Seguridad de la ONU

A mediados de 1982 se lanza una idea: Nicaragua debe proponer su candidatura para miembro no permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hay clara conciencia, desde el principio, de que hablamos de ir a una batalla abierta con Estados Unidos, que luchará con todas su fuerzas para propinar a Nicaragua un derrota política de primera magnitud. Todavía resonaban en los pasillos de Naciones Unidas las duras batallas diplomáticas entre Estados Unidos y Nicaragua en el Consejo de Seguridad.

Nuestros amigos informan prontamente del riesgo del llamado "tercio bloqueador": para ser electo miembro del Consejo de Seguridad hace falta obtener dos tercios de los votos de los miembros de Naciones Unidas (en ese entonces integrada por 157 Estados; se requerían 105 votos). Cuando un candidato de América Latina no era del agrado de Estados Unidos, éstos promovían a un "contra-candidato" que, si no ganaba, sí reunía un número suficiente de votos como para impedir que el país non grato a los Estados Unidos obtuviera los dos tercios necesarios. Así, el país quedaba bloqueado y obligado a retirar su candidatura. Este "tercio bloqueador" impidió hasta comienzos de 1990 el acceso de Cuba al Consejo de Seguridad.

En consecuencia, el reto para Nicaragua era reunir los dos tercios, impidiendo la formación del "tercio bloqueador". Los trabajos son febriles para organizar la candidatura de Nicaragua. Se expiden notas a todas las Cancillerías, incluyendo en la emoción y la novatada a países no miembros del foro mundial. Había fe en las posibilidades de triunfo, aunque era claro que la tarea sería ardua. A fines de septiembre viaja a Nueva York la delegación que, junto con los funcionarios de la Misión ante Naciones Unidas, lleva la tarea de ganar el primer gran reto internacional de Nicaragua. La encabezan el Canciller Miguel D'Escoto y Nora Astorga. En total, 11 funcionarios.

La sede de la Misión era el "cuartel general". Se debía trabajar al máximo de capacidades para compensar los limitados recursos humanos y económicos. La jornada de trabajo se iniciaba a las 7:30 de la mañana, a pesar de que en Naciones nada se movía antes de las diez. El archivo era una caja de cartón. La meta, convencer a todos los representantes de los países miembros que Nicaragua merecía ser electa. Para ello, había que hablar con todos los delegados, desde Ministros hasta el último de la misión. Asistir a todas las recepciones, aunque no se fuera invitado. En un ocasión coincidió casi toda nuestra delegación en la recepción de un país asiático que no había invitado a Nicaragua. Había la bicoca de un nicaragüense por cada seis sorprendidos invitados...

Estados Unidos se mueve a fondo. A la República Dominicana se le asignó el papel de "candidato bloqueador". Toda la "task force" norteamericana en Naciones Unidas, compuesta por centenares de funcionarios, es movilizada para lograr una rotunda derrota sobre la pretenciosa Nicaragua sandinista. Estados Unidos hace abundante uso de sus "sutilezas": halagos, amenazas, dinero, etc. Nicaragua sólo podía aplicar la dialéctica del derecho y de la justicia que la asistía.

Dentro de aquel maremagnum, el prestigio de la revolución sandinista, el rechazo internacional a la guerra mercenaria y a las acciones de coacción y amenaza contra Nicaragua y el rol norteamericano en las Malvinas, jugaron un papel fundamental. La gran mayoría de naciones del mundo se identificaban con la pequeña república agredida por el único delito de querer ser independiente. Sin embargo, se nos decía que podía llevar meses alcanzar la nominación.

La votación se llevó a efecto a finales de octubre de 1982. Para la sesión definitiva llegaron refuerzos de nuestra Embajada en Washignton, pues habíamos dividido el hemiciclo de la Asamblea General y asignado una fila de mesas a cada delegado nicaragüense. Siendo trece filas, había un déficit de dos. Nos colocamos en la parte alta del hemiciclo, desde donde se dominaba la sala. La tensión en la delegación era enorme. Era la hora de la verdad, la medición de fuerzas con el imperio. Jeanne Kirkpatrick, Embajadora de Estados Unidos en la ONU, ocupaba su silla. Desde donde estaba, podía ver su rostro de expresión dura. Sus manos jugaban nerviosamente con los anteojos.

Llegó el momento de escoger al miembro que ocuparía ese año una de las dos sillas que correspondían a América Latina. El voto era secreto. Eso entrañaba ventajas y riesgos. La ventaja, que Estados Unidos no podría reclamar a los países que votaron por Nicaragua. Riesgos, porque Nicaragua no sabría quiénes, de los que ofrecieron su voto, nos dejaba en la estancada.

Primera votación. Nicaragua está distante de obtener los dos tercios. El fantasma del "tercio bloqueador" recorre la sala y a todos nosotros un sentimiento de angustia. Aprovechamos el paréntesis hasta al segunda votación para bajar como una exhalación y subir, recordando mesa por mesa a los delegados el voto por Nicaragua. Alguien informa que el único delegado presente de un país amigo no está en su sitio y podemos perder ese voto. La orden es buscarlo, sacarlo de donde éste y llevarlo a ocupar su lugar. Un voto puede ser la diferencia entre la victoria y la derrota.

Segunda votación. Otro escalofrío. Ganamos votos, pero todavía no llegamos a los dos tercios. Volveremos a bajar y a subir, mesa por mesa, pidiendo el voto por Nicaragua. Una delegada amiga, asombrada de nuestras subidas y bajadas, exclama: "¡Qué lobby más increíble"!. Vamos a la votación decisiva. Nicaragua no puede perder. La tensión y la expectación son grandes. Jeanne Kirpatick, envarada en su silla, espera con los labios fruncidos.

Tercera votación. El presidente de la Asamblea lee el resultado. Nicaragua: 107 votos. Con más de los dos tercios, pasa a ser el nuevo miembro no permanente del Consejo de Seguridad. El triunfo nos llena a nosotros y llena la sala. Estalla un aplauso general, intenso. Jeanne Kirkpatrick tira sus anteojos contra la mesa y abandona la sala con violencia. La Asamblea sigue aplaudiendo el triunfo de Nicaragua. Se interrumpe la sesión. Nos abrazan, estrujan, saludan. Sigue el más prolongado aplauso oído en aquella sala. Se forman grandes filas para felicitar a la delegación nicaragüense. Nuevamente David había vencido a Goliat. La misión había sido cumplida.

Contadora: un gran esfuerzo contra la guerra

Históricamente, los conflictos entre un país de América Latina y Estados Unidos han sido la repetición del cuento del tiburón y la sardina. Cuando el "Gran Padre Blanco" decidía considerar inaceptable a un gobierno latinoamericano la situación concluía con la renuncia, el sometimiento o el derrocamiento del gobierno en desgracia, por medio del golpe de Estado o de la intervención de tropas norteamericanas. De esos ejemplos esta llena la historia de nuestros países y este dato debe estar presente al momento de considerar el significado y trascendencia del proceso negociador iniciado por cuatro países latinoamericanos en la isla de Contadora.

En la gestación de Contadora participaron personalidades que, desde la insurrección sandinista, trabajaron por una solución regional de la crisis: el general Omar Torrijos y los Presidentes de México y Venezuela, José López Portillo y Luis Herrera Campesinos.

El antecedente más inmediato fue la iniciativa mexicana-venezolana, de septiembre/82, dirigida a la celebración de una cumbre presidencial entre Nicaragua y Honduras, que permitiera poner fin a las tensiones provocadas por las actividades de la contra y los continuos ataques del ejército hondureño. Los Presidentes de México y Venezuela suscriben conjuntamente una carta invitando a la cumbre. El Comandante Daniel Ortega acepta de inmediato. Honduras rechaza la invitación pretextando una reunión de Suazo Córdoba con un grupo de comerciantes de San Pedro Sula. Esta fue la constante hondureña durante diez años: esgrimir pretextos para imposibilitar la paz, en tanto los jerarcas militares y políticos se lucraban con la sangre nicaragüense.

Recordemos que en marzo de 1982 Nicaragua había recurrido al Consejo de Seguridad. En abril, tropas argentinas ocupan las islas Malvinas. En América Latina se acentúa el sentimiento antiimperialista. La situación fronteriza con Honduras continuaba amenazando la precaria paz regional. El peligro de una intervención militar norteamericana seguía a las puertas y Centroamérica amenazaba con convertirse en una hoguera que tendría dramáticas consecuencias.

Solo hacía falta una pequeña gran inspiración para conjugar estos elementos y traducirlos en una iniciativa concreta. En Cancún se reúnen López Portillo y Herrera Campins. De la reunión surge la idea de una reunión más amplia. En ésta se congregan los Cancilleres de Panamá, México, Colombia y Venezuela en las isla de Contadora y el 8 de enero de 1983 emiten la Declaración de Contadora, que constituye el acta de nacimiento del progreso negociador.

Por primera vez, en un caso abierto enfrentamiento entre una nación latinoamericana y Estados Unidos, surge un grupo de países de la subregión dispuestos a mediar para evitar lo que, en otras circunstancias, habría desembocado en una intervención militar de Estados Unidos. El primer respaldo a Contadora proviene, a iniciativa de Nicaragua, de la Reunión Ministerial del Buró de Coordinación del Movimiento de Países No Alineados, celebrada en Managua en enero/83. Contadora concentraría después el apoyo mundial.

En febrero/83 se efectúan en Honduras las maniobras militares "Ahuas Tara I". En marzo/83 Nicaragua recurre nuevamente al Consejo de Seguridad, para denunciar las amenazas norteamericanas y solicitar la adopción de medidas para el mantenimiento de la paz en la región, reunión que concluye sin resultados por la oposición norteamericana. En marzo, Reagan define Centroamérica como la " cuarta frontera que Estados Unidos debe defender".

En mayo, Nicaragua convoca de nuevo al Consejo de Seguridad que, el día 19, adopta la resolución 530, donde reafirma el derecho de Nicaragua a vivir en paz sin injerencia extranjera, encomia la labor de Contadora y la exhorta a no escatimar esfuerzos en la búsqueda de la paz regional.

El 12 y 13 de abril los Cancilleres de Contadora realizan una gira por Centroamérica. El 20 y 21 de ese mes se efectúa la primera reunión conjunta contadora-Centroamérica. Los principios del proceso negociador son lentos. Hasta la cumbre de Presidentes del Grupo de Contadora, celebrada en Cancún el 17 de julio de 1983, el proceso no adquiere impulsos. La suscripción y posterior aprobación por los gobiernos centroamericanos del Documento de Objetivos, elaborado en septiembre/83, da al proceso una verdadera dinámica, que recibe el apoyo internacional, con la excepción de Estados Unidos, que percibe a Contadora como un obstáculo a su política belicista. El 1 de diciembre Nicaragua presenta sus Compromisos Fundamentales para Establecer la Paz en Centroamérica, propuesta oficial formada por un conjunto de proyectos de tratados y acuerdos, que fueron el primer aporte efectivo de un país centroamericano al proceso negociador de Contadora.

En enero/84 se reúnen los Cancilleres de Contadora y Centroamérica con le propósito de operativizar el Documento de Objetivos, en base a una propuesta del grupo negociador. Después de muchas horas de discusiones y regateos, sólo queda dirimir si en la región debe existir un equilibrio militar -tesis norteamericanas-. Contadora propone como transacción un "balance razonable de fuerzas". El Canciller D'Escoto se opone y yo sorprendido, le digo que la propuesta parece buena. Me responde: "Callate, que si mi opongo la puede aceptar Paz Barnica". Dicho y hecho.

El Canciller hondureño la acepta y D'Escoto, con rostro resignado, dice que retira su objeción en bien del proceso. Todos los rostros se iluminan. Por fin, el acuerdo. Paz Barnica sale a comunicar a Tegucigalpa el éxito. Regresa con el rostro descompuesto y expresa que su gobierno no puede aceptar eso de "balance razonable de fuerzas". Bernardo Sepúlveda, Canciller de México, impaciente, reclama airado al hondureño que él ya dio su aceptación y que debemos ser serios. Paz Barnicas se indigna, protesta y abandona el salón. Silencio y tensión. Más negociaciones, ahora para aplacar los ánimos. Consultas. Después de una hora larga los ánimos se calman. El gobierno hondureño acepta finalmente la propuesta de Contadora y se firma el segundo acuerdo básico: las Normas para la Ejecución de los Compromisos Asumidos en el Documento de Objetivos.

Los trabajos de Contadora fueron así siempre: difíciles, lentos, muchas veces acabando en la madrugada, para volver a lo mismo horas después. Los resultados se plasman en el Acta Revisada para la Paz y la Cooperación en Centroamérica, presentada en septiembre de 1984. Acta revisada porque el primer proyecto, incompleto, quedó como borrador.

Nicaragua acepta el Acta revisada "de inmediato y sin modificación alguna". Costa Rica, El Salvador y Honduras, después de haberla elogiado, la rechazan y presentan, junto con El Salvador, una "contra-acta", elaborada en una "misa negra" celebrada en Tegucigalpa. En octubre se hace público un documento del gobierno norteamericano, celebrando el fracaso del Acta gracias a sus maniobras secretas a través de sus Estados clientes.

A partir de este momento el camino de Contadora se vuelve más cuesta arriba. A esas alturas resultaba obvio que Estados Unidos no permitiría el éxito del proceso, a menos que implicara el desmantelamiento de la revolución sandinista. Pese a ello, el esfuerzo se mantiene. Nicaragua acepta la reapertura de las negociaciones, no obstante que el propio Grupo de Contadora las había dado por cerradas en septiembre/84.

La crisis del proceso negociador mueve a otros países latinoamericanos a buscar fortalecerlo. En julio/85 se reúnen en Lima los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Brasil, Perú y Uruguay, que pasan a constituirse en el "Grupo de Apoyo" a Contadora. Esta acción da al proceso negociador nuevo impulso. América Latina no parece dispuesta a abandonar a Centroamérica a las pretensiones intervencionistas y guerreristas de Estados Unidos.

Con voluntad renovada se reinician las negociaciones. El 31 de octubre, el Subsecretario de Defensa norteamericano, Alfred Ikle, declara que Estados Unidos podría recurrir "en un futuro cercano, al uso directo de la fuerza" para derrocar al gobierno de Nicaragua. El 12 de septiembre de 1985 Contadora presenta una versión desafortunada del Acta Revisada, que constituye un serio retroceso respecto de la propuesta de septiembre/84 y refleja las enormes presiones de Estados Unidos. Las negociaciones continúan hasta la presentación del último proyecto de Acta, el 7 de junio de 1986. Nicaragua, una vez más, acepta la propuesta, que es rechazada con vehemencia por Honduras.

Con la remisión de la última versión del Acta, ese 7 de junio, venía a concluir, sin que nadie lo dijera, la gestión de Contadora. La aparente falta de resultados del proceso negociador no debe llevar a creer que resultó un fracaso. El mérito histórico de Contadora y su Grupo de Apoyo es haber impedido la guerra en Centroamérica; haber contribuido a detener la agresión yanqui. Es haber demostrado que era posible crear foros latinoamericanos sin la sempiterna ordalía del dictado del imperio.

Contadora fortaleció la solidaridad latinoamericana, redescubrio un diálogo regional abandonado hacía décadas. De Contadora surgió el Grupo de los Ocho que, con un poco de fuerza y voluntad, podría nuclear una serie de esfuerzos dirigidos a responder a los interese y problemas de nuestros países. Abrió el camino a la negociación regional, dejando preparado el terreno para que surgiera otro esfuerzo de paz, más difícil, de menos bríos y con una mayor carga intervencionista: Esquipulas II.

Estados Unidos en el banquillo de la Corte Internacional de La Haya

Entre los meses de julio y agosto de 1983 se menciona la posibilidad de demandar a los Estados Unidos ante el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia (CIJ). Con contadas excepciones, esta insinuación, fue recibida en ese momento con escepticismo. La Corte Internacional de Justicia se contemplaba como algo etéreo, remoto y, en criterio de algunos, como un órgano "reaccionario".

La idea, pese a todo, fue cobrando fuerza. Amigos importantes aconsejaron abandonaran la propuesta, pues Nicaragua corría el riesgo de sufrir un resultado adverso, que sería traducido como un respaldo a la política ilegal de intervención y fuerza de los Estados Unidos.

Una convicción, sin embargo, dominaba en quienes creíamos en lo acertado de la idea: fuera cual fuera el poderío de los Estados Unidos, este país violaba la Carta de Naciones Unidas, transgredía los principios cardinales del orden jurídico internacional y la Corte de la Haya, independientemente de la procedencia y opiniones de sus integrantes, no podía fallar en contra de la Carta y del derecho internacional. Este razonamiento encontró respaldo suficiente y para septiembre/83 estaba tomada la decisión. Nicaragua recurriría al "órgano judicial principal" de Naciones Unidas para defenderse de la agresión norteamericana.

Se buscó a los abogados internacionalista extranjeros que nos asesorarían. Ian Bronwlie, profesor de Oxford y especialista en el tema del uso de la fuerza. Abram Chayes, profesor de Harvard, que había condenado la intervención militar contra la pequeña Grenada. Después, Alai Pellet, profesor de París-Nord. Paul Reichler, abogado de Nicaragua en Estados Unidos, Carlos Argüello, embajador en Holanda y yo, en ese entonces director jurídico de la Cancillería, completábamos el equipo.

El caso debía manejarse con máximo secreto. Una filtración frustraría el proyecto, pues Estados Unidos podía retirarse de al CIJ antes de que Nicaragua introdujera la demanda. El secreto se logró virtualmente a plenitud. A pesar de su enorme aparato de inteligencia, Estados Unidos solo pudo conocer el proyecto pocos días antes de ser introducida la demanda. Como se había previsto, apenas confirmada la decisión nicaragüense, Estados Unidos envía una carta al Secretario General de las Naciones Unidas, de fecha 6 de abril, en la que comunicaba que la jurisdicción obligatoria del CIJ "no debe aplicarse a controversias en cualquier Estado centroamericano o que se originen o se relacionen con acontecimientos que se desarrollan en Centroamérica".

El minado de los puertos nicaragüenses, en febrero/84 acelera el caso. Los trabajos, bastante adelantados ya, permiten introducir la demanda el 9 de abril de ese año, solicitando medidas provisionales de protección. El 10 de mayo de 1984 la Corte ordena a los Estados Unidos, a título provisional, cesar toda acción contra Nicaragua violatoria del Derecho Internacional. El 24 de noviembre de ese mismo año se declara competente para conocer del caso, y el 27 de junio de 1986 condena a los Estados Unidos por su política de fuerza e intervención contra Nicaragua. Una sentencia que, como se ha afirmado reiteradamente, constituye un hito histórico en las relaciones internacionales.

Sólo una expresión de la desigualdad de recursos: antes de su retiro ilegal de la CIJ, el equipo norteamericano llegaba en una caravana de vehículos, hermosos y grandes. Nosotros en un microbús. Ellos ocupaban casi todas las sillas de su lado. El equipo de Nicaragua no llenaba la primera fila.

La Corte Internacional de Justicia no sería más un órgano dedicado a resolver asuntos territoriales o económicos, como pretendió Estados Unidos en algún momento. Pese a los alegatos norteamericanos de que el caso era materia del Consejo de Seguridad, como órgano político de Naciones Unidas, la Corte Internacional de Justicia afirmó su competencia para conocer casos de conflictos armados y, con hechos, que el Derecho Internacional obliga por igual a los pequeños Estados y a las grandes potencias, aunque éstas se consideren más allá del bien y del mal.

Honduras y Costa Rica ante la Corte Internacional

Después de la entrega del Acta Revisada de Contadora, el 7 de junio de 1986, queda en la región un vacío político. El 27 de junio la CIJ hace pública su sentencia en el caso contra Estados Unidos. En Centroamérica, agotada Contadora, no se vislumbran nuevas fórmulas que acerquen la paz. El 11 de junio el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras anuncia negociaciones para reactivar el oxidado y anticomunista Consejo de Defensa Centroamericano (CONDECA), sin la participación de Nicaragua. El 16 de julio los Cancilleres de Costa Rica, El Salvador y Honduras celebran otra de sus "misas negras" para formar una "alianza democrática" y un "proyecto de paz" del que son excluídos Contadora y Nicaragua.

En esta situación, se decide en Managua poner en ejecución unas acciones en las que se venía trabajando desde tiempo atrás. Se trata de introducir sendas demandas ante la CIJ, contra Honduras y Costa Rica, por todo su involucramiento en la guerra de agresión contra Nicaragua. Las demandas se presentan el 28 de julio de 1986.

El impacto en estos países en grande. En Costa Rica se rasgan las vestiduras, como si la ingrata Nicaragua les hiciera un inmerecido desplante, amenazando con revelar los secretos de una dama intachable. Y tenía razón, pues en la CIJ saldrían a luz pública la realidad del involucramiento del gobierno de ese país en los crímenes contra el pueblo nicaragüense. En Honduras se reacciona de forma encontrada, pero asumiendo que Nicaragua tiene sobradas razones.

Las acciones judiciales de Nicaragua reactivan rápidamente la política regional. El 31 de octubre el Presidente de Honduras, que el 13 de junio había rechazado duramente el Acta de Contadora, declara que la demanda es incompatible con el proceso de Contadora y que Honduras no volverá a ese foro si Nicaragua no retira el procedimiento judicial.

Iniciado el proceso de Esquipulas, el acuerdo suscrito el 7 de agosto entre los presidentes centroamericanos tiene dos efectos inmediatos respecto a los casos de ambos países. Nicaragua acepta suspender la demanda contra Costa Rica, que después se ve obligada a retirar ante las exigencias del gobierno costarricense, para evitar que el recién nacido proceso negociador naufrague antes de tiempo, pues Costa Rica amenazó con retirarse de Esquipulas., El retiro de la demanda nicaragüense fue "sacado con fórceps", como afirmara el ex-canciller Fernando Volio. Este hecho, explícito en sí mismo, contradecía las protestas de inocencia reiteradamente expresadas por Costa Rica en relación a nuestra demanda. Si Costa Rica era inocente, no debió temer a la justicia internacional. Su empeño en que Nicaragua cerrara el caso fue una evidente confesión de culpa.

Con Honduras se firma un acuerdo, al margen del Procedimiento de Esquipulas, para congelar el caso por 150 días, que era el plazo original previsto para desmantelar a la contra en Honduras. El caso en la CIJ es utilizado por Honduras como caballito de batallo para obstaculizar, cuando convenía a los intereses norteamericanos, el proceso negociador. Finalmente, en el acuerdo de San Isidro de Coronado, firmado a mediados de diciembre de 1989, el juicio se pospone a junio de 1990, dándose ambos países seis meses para llegar a un arreglo bilateral. El caso ha quedado en manos del nuevo gobierno nicaragüense, que no son las mejores para darle continuidad.

La firma de Esquipulas II: casi un milagro

En febrero 87 Costa Rica presenta en una reunión de los Presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador la propuesta de Procedimiento para Establecer la Paz Firme y Duradera en Centroamérica. Esta propuesta es aprobada y presentada a Nicaragua, Contadora y Apoyo. Hay un fondo de desplante en el procedimiento, pues Nicaragua fue excluida de la reunión de febrero y se le presenta después un plan específico, como hecho consumado.

A partir de entre momento se pone en marcha un intenso proceso de "cabildeo": giras continuas de enviados especiales del gobierno norteamericano, visitas presurosas de altos funcionarios centroamericanos -con excepción de Nicaragua- al país del norte, fijación de fechas de reunión de Presidentes, posposiciones, etc. hasta que se decide celebrar una reunión cumbre en Esquipulas, Guatemala, los días 6 y 7 de agosto, El mismo 5 de agosto George Shultz había presentado un "plan de paz", que nadie recoge.

En el ínterim sucede un hecho fundamental: Nicaragua decide hacer propio el proyecto costarricense y apadrinarlo. Esta decisión nicaragüense es tan importante que podemos afirmar con conocimiento de causa que Esquipulas se desarrolló y vivió gracias a Nicaragua.

La firma del acuerdo de Esquipulas II es inesperada y sorpresiva. Resultaba difícil descifrar cómo países que hasta ese momento habían actuado como fieles clientes de los Estados Unidos, aceptaran suscribir con Nicaragua un acuerdo sin contar con la previa "bendición del padre".

Nicaragua, que en aras de esa anhelada paz había aceptado retirar el juicio contra Costa Rica y "congelar" el juicio contra Honduras decidió ponerse a la vanguardia en el cumplimiento de los compromisos de Esquipulas II. Los demás suscriptores no tuvieron empacho en considerar unos, que nadie les exigiría cumplir con Esquipulas -lo que era cierto- y otros, que no tenían nada que cumplir -que era falso-. Al final pareció que sólo Nicaragua era la obligada al cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas.

Las cumbres posteriores -Alajuela, San Salvador, Tela, San Isidro de Coronado, etc.- y sus resultados confirmaban, cuando menos, el divorcio entre la voluntad de los hombres que firmaban los acuerdos y la realidad de su sometimiento a intereses extranjeros. La contra continuaba campeando en territorio hondureño y Honduras seguía involucrada en al guerra mercenaria, a pesar de la obligación de este país de desmantelar y desarmar a estas fuerzas. Los demás países asumían el papel de espectadores, hablando únicamente para exigir a Nicaragua el cumplimiento de los acuerdos, en tanto cerraban los ojos ante el involucramiento descarado de Honduras en la guerra contra Nicaragua.

Esquipulas abrió grandes avenidas de esperanza en Centroamérica. Por un momento se aspiró la ficción de unas naciones efectivamente independientes, que podrían solas decidir su futuro y buscar el restablecimiento de la paz. El imperio, sin embargo, recobró pronto sus fueros y aquel plan de paz previsto para ejecutarse en el plazo de 150 días tendría que esperar a la derrota electoral sandinista para lograr su consumación.

Esquipulas vivió y sobrevivió gracias a la inagotable flexibilidad de Nicaragua que, en aras de la paz, hizo repetidas y cada vez mayores concesiones, recibiendo a cambio un cúmulo también inagotable de nunca satisfechas promesas. La firma de algunos acuerdos -como el de San Isidro de Coronado- fue dolorosa y de muy inciertos resultados. Sin embargo, no puede dejar de señalarse que fue el calor de Esquipulas lo que favoreció que gobiernos clientes de Estados Unidos realizaran los primeros balbuceos para forjar una política exterior independiente.

La última batalla: la invasión a Panamá

La contradicción entre el régimen del general Manuel Antonio Noriega y Estados Unidos -que desembocó en la intervención militar norteamericana que liquidó a las Fuerzas de Panamá y la soberanía panameña- fue el escenario de la última batalla del gobierno sandinista en defensa de los principios que habían dado forma a su política exterior, aún a riesgo de que su posición se interpretara como simple apoyo al régimen del general Noriega.

El 17 de mayo de 1989 la OEA celebró su XXI Reunión de Consulta para examinar la situación panameña, a raíz de la situación planteada en ese país por el desenlace del proceso electoral. En esa reunión, el foro regional adopto una resolución que creaba una Comisión Ministerial con el fin de "promover urgentes fórmulas de advenimiento para lograr un acuerdo nacional" que asegurara "dentro de mecanismos democráticos y en el más breve plazo, la transferencia de poder con el pleno respeto de la voluntad soberana del pueblo panameño". Es decir, la entrega del poder al electo Guillermo Endara. La resolución se aprobó por consenso, con la aprobación de la delegación de Nicaragua, encabezada por Víctor Hugo Tinoco.

En una nueva reunión, efectuada el 6 de junio, el canciller Miguel D'Escoto lamento los resultados de la anterior reunión, criticando la resolución como una violación al principio de no intervención y denunciando que si las irregularidades electorales justificaran una intervención de la OEA, había en América Latina muchos países que demandaban con urgencia esa intervención. En definitiva, la misión de la OEA fracasó y la crisis entre Panamá y Estados Unidos se aproximaba a su fatal desenlace.

La invasión de Panamá, en la medianoche del 20 de diciembre de 1989 motivó grandes esfuerzos en todo el continente para repudiar esa acción, que retrotraía a la región a situaciones que se creían superadas. La OEA aprobó una resolución condenatoria, que de poco sirvió ante una situación que estaba consumada.

El asalto a la residencia del Embajador de Nicaragua por tropas invasoras, el 29 de diciembre, provocó una nueva confrontación entre ambos países. Unas insuficientes disculpas del Departamento de Estado no dejaron satisfecha a Nicaragua, que respondió al asalto con la expulsión de 20 diplomáticos norteamericanos y el establecimiento de un límite al personal de la embajada norteamericana en Managua. Además, Nicaragua convocó de urgencia primero a al OEA y después al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Ambos foros aprobaron sendas resoluciones condenando el asalto a la residencia. Los esfuerzos desplegados en el caso panameño fueron el ingrato epílogo de la diplomacia sandinista.

Un respiro de diez años: los países socialistas

En los pasaportes del régimen somocista se ponía un sello que decía algo así como "Este pasaporte no es válido para viajar a Cuba, Rusia, Polonia, Checoslovaquia, República Popular China, etc." La lista era exhaustiva y en virtud de ella, los nicaragüense no podíamos viajar legalmente a los otros países socialistas. Una visita podía significar la cárcel y un ficha eterna en la Seguridad somocista.

La revolución rompió con esa absurda disposición y pasó a establecer relaciones diplomáticas, comerciales y militares con la comunidad socialista. Los países socialistas, particularmente la Unión Soviética y Cuba, fueron, dentro del respecto a nuestra autonomía, piezas claves para resistir la agresión norteamericana. Proporcionaron a Nicaragua los recursos económicos y militares básicos para repeler la agresión. En los momentos más duros cubrieron casi íntegramente la factura petrolera y virtualmente todo el armamento. Las relaciones entre Nicaragua y la comunidad socialista fueron blanco permanente de los ataques de Estados Unidos, que una y otra vez exigió la ruptura de relaciones militares y la expulsión de todos los asesores de esos países. El objetivo último era dejar a Nicaragua en la indefensión.

La desaparición de la comunidad socialista y la crisis interna de la Unión Soviética ha llenado de regocijo a Occidente y aún más a los Estados Unidos. Para los países del Tercer Mundo, contrariamente, los profundos cambios en esos países han significado un severo golpe a sus sueños de desarrollo e independencia. Solos ante la voracidad inagotable del mundo desarrollado capitalista, que paga con nuestra miseria su bienestar, expulsados del desarrollo científico -técnico y sometidos a la dictadura del FMI y el Banco Mundial, nuestros países parecen constreñidos a un futuro sin esperanza. Nicaragua está viviendo hoy esa situación sin alternativa visible.

Sufriendo la crisis actual, los nicaragüenses debemos valorar en su justa medida el significado del apoyo socialista durante los diez años de sandinismo. Porque ellos nos proveyeron no sólo del petróleo y las armas y municiones para nuestra defensa, sino que también nos proporcionaron alimentos y medicinas, médicos y hospitales. Técnicos y técnicas y decenas de miles de becas. Hoy, cuando nadie da nada sin esperar beneficio inmediato, vale recordar esa ayuda solidaria, porque la solidaridad de los países socialistas era la otra cara de la moneda. La de quienes contribuyeron a hacer posible que sobreviviéramos, que preserváramos nuestra independencia y que podamos estar aquí, sin soldados yanquis dirigiendo hasta el tráfico en Managua.

Resumir diez años de política exterior de la Nicaragua revolucionaria no es tarea fácil. Quedan muchos otros hechos. Hemos querido recordar los más puntuales, los que marcaron hitos y definieron el rumbo de las relaciones exteriores del gobierno sandinista. La política exterior de la revolución se fue construyendo -como todo- día a día, en condiciones de extrema dificultad, en una lucha que no pudo haber sido más desigual.

La política exterior nicaragüense estuvo dirigida a defender los intereses nacionales, a fortalecer la unidad latinoamericana y la solidaridad entre los pobres del mundo. Peor sobre todo, estuvo dirigida a defender la independencia nacional y a alcanzar la paz. A evitar la agresión militar directa de Estados Unidos. Paradójicamente, la ansiada paz se logró al precio de una inesperada derrota electoral, producto de un proceso sin parangón en Nicaragua y en el continente.

El sandinismo estuvo dispuesto a darlo todo por Nicaragua. En ese empeño perdió el poder pero ganó la paz. El nuevo gobierno, aliado de los Estados Unidos, tiene ante sí una herencia muy grande. Quedaron muchas cosas por consolidar: la política territorial, los casos ante la Corte Internacional de Justicia y el lugar que Nicaragua ocupó en el concierto internacional durante diez duros y gloriosos años. Las primeras acciones internacionales del nuevo gobierno, sin embargo, auguran para Nicaragua un futuro bien diferente en política internacional. La firma de acuerdos lesivos a la soberanía nacional, la entrega de un diplomático nicaragüense al Japón por supuestas acusaciones, de narcotráfico y por presiones de Estados Unidos, y los mal disimulados esfuerzos por liquidar los casos en la Corte Internacional de Justicia, son pasos lamentables que indican la pauta que seguirá el nuevo gobierno. La ruptura con la República Popular China, miembro permanente del Consejo de Seguridad, es otro ejemplo lamentable de torpeza en el manejo de las relaciones exteriores de Nicaragua. De hecho, con el nuevo gobierno la voz de Nicaragua ha desaparecido del concierto internacional

Todo esto resalta aún más los méritos de la revolución sandinista, a la que nadie podrá negar que desarrolló una política internacional que estuvo más allá, muchísimo más allá, de sus limitaciones y del pequeño espacio geográfico que Nicaragua ocupa en este planeta llamado Tierra.

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