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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 110 | Diciembre 1990
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Nicaragua

UNOs contra UNOs: Región V en rebelión

La crisis política de la Región V, que llenó de incertidumbre la primera quincena de noviembre, centró todas la energías de los sectores ultraderechistas de la UNO, opuestos al proceso de concertación que llevan adelante los sectores moderados de la UNO, que controlan el Ejecutivo.

Enrique Flota Ocampo

La crisis de la Quinta Región ocupó también todas las energías de estos sectores moderados, que enfrentaron allí un complejo desafío.

En junio, abordamos algunos de los problemas generados con la desmovilización de los contras. Muchos de estos problemas, no resueltos, alimentaron la crisis de noviembre. La necesidad de tierras de los desmovilizados, la integración de la policía rural con la policía nacional, la presencia del ejército, en zonas de base social contrarrevolucionaria y la falta de proyectos de desarrollo realmente sólidos para integrar a los desmovilizados a la sociedad y a la producción son problemas graves y pendientes.

Alimentó también la crisis el sentimiento anti-sandinista que caracteriza a la Región V y que convirtió pronto esta zona ganadera de Nicaragua en la más sólida base de apoyo a las fuerzas contrarrevolucionarias. Sin embargo, aunque los hechos tuvieron en los reclamos de los ex-contras y en el abonado terreno anti-sandinista de la Región V su primera explicación, apareció después su trasfondo: el conflicto que enfrenta a los moderados del gobierno central y a los ultraderechista de los gobiernos municipales. Conflicto que con la crisis de noviembre se ha convertido en un problema nacional.

Ya casi nadie puede dudar que la actividad de los ultraderechistas a nivel local es parte de un plan más amplio con el que se busca desplazar a los moderados para sustituirlos con dirigentes reaccionarios de la UNO, opuestos a cualquier forma de reconciliación política o de concertación económica con el sandinismo.

La Quinta Región: ganadera y conservadora

La Región V es la única del país en la que la UNO ganó todas las alcaldías municipales. En la elección presidencial, el 70% de los votos fue para la UNO. Los resultados de las elecciones reflejaron algo que ya se sabía: es en esta Región donde existe un sentimiento más opuesto a los cambios revolucionarios y una mayor base de apoyo a las fuerzas que hicieron la guerra contrarrevolucionaria y una mayor base de apoyo a las fuerzas que hicieron la guerra contrarrevolucionaria durante 8 años. Aunque también la Región VI (Matalgapa y Jinotega) fue permanente escenario de la guerra, su población está polarizada entre sandinistas y contras. En la Región V los sentimientos y comportamientos anti-sandinistas son realmente mayoritarios.

La Región V es un mundo dedicado a la ganadería, con una estructura social muy jerarquizada, muy cerrada a cualquier ideal de igualdad. Un mundo con tradicionales raíces del conservatismo político, con muy escasa presencia y actividad represiva de la Guardia Nacional en los tiempos de Somoza y con una rivalidad histórica entre su burguesía "chapiolla" y la burguesía más modernizante del Pacífico. Los errores sandinistas frente a la cultura ganadera de esta Región - expropiaciones arbitrarias, políticas de control de los precios y de las redes de comercialización y estilos modernizantes aplicados a una ganadería muy tradicional - crearon más distancia entre el pueblo de la Quinta y la revolución. Son muchos los casos de grandes y medianos productores ganaderos que alentaron a sus hijos a sus trabajadores a enrolarse en las filas contrarrevolucionarias. Muchos de los candidatos a cargos municipales en las pasadas elecciones tenían estrechos vínculos con los contras que, después de sus movilización, empezaron a ser sus públicos aliados en la aplicación de políticas locales.

Sin embargo, todas estas alianzas no dejan de ser frágiles, temporales y contradictorias. Aunque la crisis de noviembre pudo dar la impresión de que existía cohesión entre todos los sectores de la UNO en torno a unos mismos reclamos, hay un potencial de tensiones y de posibles divisiones en la alianza que protagonizó la crisis. Pequeños y medianos ganaderos aparecen unidos con los grandes, los que son dueños de haciendas de miles de manzanas y centenares de cabezas de ganado.

Campesinos sin tierra, mozos y colonos, que son o fueron empleados de esos grandes ganaderos, están también en la alianza. Y están los ex-contras, que son en su mayoría mozos o colonos sin tierra que trabajaron para los grandes ganaderos. Una alianza amplia y compleja. Mientras las principales preocupaciones de los desmovilizados son tener tierra, crédito y seguridad, los alcaldes - que dicen representar los intereses de todos los sectores - insisten más en la "seguridad", entendiendo ésta de manera diferente a como la entienden los ex-contras. Está por verse cuánto durará esta alianza y por cuánto tiempo los ex-contras se sentirán representados en su intereses por los alcaldes, miembros en su mayoría de esos burgueses "chapiollos" que han sido históricamente sus patronos.

Los aliados de esta alianza

Sin mencionar a los sectores sandinistas y al amplio número de civiles que no tomaron parte en la rebelión, fueron varios los sectores protagonistas en la crisis.

Los ex-contras - Existen en la Región V dos grupos de desmovilizados, los del llamado Frente Sur -lo que fue ARDE - y los del Frente Norte - las fuerzas de la FDN-. La mayoría de los 1.500 desmovilizados del Frente Sur recibieron tierras en el área de Yolaina. Muchos de ellos eran naturales de esta zona y por eso no fue difícil su reinserción en ella. Por otro lado, los 5 mil desmovilizados del Frente Norte en la zona se dispersaron por toda la Región. Unos 3 mil recibieron tierras, principalmente en los alrededores de El Almendro, pero los restantes quedaron sin nada. Aunque fueron los desmovilizados del Frente Sur los que iniciaron las protestas en Yolaina - y no por razones de tierras -ambos grupos desmovilizados aparecieron después unidos, entremezclándose sus demandas.

A pesar de la legitimidad de sus reclamos, los desmovilizados de la contra no participaron activamente en el proceso negociador que se estableció con el gobierno central en noviembre, expresándose en esta ausencia lo que un sociólogo nicaragüense ha llamado "el vacío histórico de un liderazgo campesino a nivel regional". Al final de las negociaciones, la concesiones que recibieron los desmovilizados las alcanzaron más como una consecuencia del rechazo del gobierno central a negociar sobre las demandas políticas que alzaron los alcaldes que el fruto lógico de las accione que ellos, los desmovilizados, habían llevado a cabo.

Los alcaldes de la UNO - Algunos de ellos son profesionales, otros son grandes ganaderos. La gran mayoría ha mantenido durante años estrechas relaciones con los jefes y la tropa contrarrevolucionaria. El alcalde de Juigalpa, Isaac Deleo, considera que el movimiento de noviembre representa a la base: "A diferencia de los arria, de los que rodean a la señora Presidenta, nosotros, sí tenemos contacto directo con el pueblo". Sin embargo, aunque dicen representar al pueblo de la Quinta Región, los alcaldes pusieron el mayor acento en reclamos al gobierno central que tiene más que ver con temas nacionales que con problemas regionales. Después de la crisis, que con problemas regionales. Después de la crisis, los 18 alcaldes de la Región V y otros alcaldes de la UNO de otras regiones formaron un organización de alcaldes a nivel nacional, el Movimiento "Salvemos la Democracia".

Sin embargo, no puede decirse que todos los alcaldes de la Región V sean ultraderechista. Una semana después de la crisis, el alcalde de El Rama comentaba con satisfacción que las demandas de los ex-contras estaban siendo atendidas. Y Jorge Duarte, alcalde de Camoapa, empezó a ser acusado de prosandinista por mantener puntos de vista más moderados que los del resto de sus colegas.

Los productores.- Los pequeños y medianos productores de la Región han sido los más perjudicados económicamente por los días de protesta y barricadas. Sus principales productos - leche, cuajada, queso - quedaron entrampados en las barricadas sin poder llevarlos al mercado de Managua. Los grandes productores, que se dedican especialmente a la ganadería para carne y que, por tanto, no dependen del transporte diario de su producción, no fueron tan afectados. Al comienzo, tanto los grandes como los medianos y pequeños productores apoyaban el movimiento de rebeldía, pero a medida que fue pasando el tiempo y que perdían más y más dinero, los pequeños y medianos perdieron estímulos para continuar en las manifestaciones.

El obispo Pablo Antonio Vega - El obispo de Juigalpa, Monseñor Pablo Antonio Vega, actuó como mediador oficial entre el equipo negociador del gobierno y los alcaldes entre el 13 y el 16 de noviembre. Antes, había actuado de hecho como asesor de los alcaldes y viajó con ellos a Managua en el primer encuentro que éstos tuvieron con la Presidenta en Managua, el 10 de noviembre. Fue visto por periodistas nacionales e internacionales en las diferentes barricadas que se alzaron en la vía Juigalpa-El Rama y algunos de estos periodistas lo señalaron como coordinador de los movimientos y actividades que se observaban en las mismas y hasta como responsable de la extensión de salvoconductos para que algunos vehículos pudieran atravesar los retenes. En entrevistas a envío, Monseñor Vega afirmó: "Para mí el movimiento de los alcaldes es la esperanza nueva que todos estos acontecimientos han despertado".

El Ministerio de Gobernación - El actual Ministerio de Gobernación - ex-Ministerio del Interior tiene a su cargo la policía nacional - la Policía Sandinista ha nombrado en cada región del país a un Delegado Civil, que es la máxima autoridad ministerial en la zona. Al Delegado de la Región, V, Joaquín Lovo, le tocó en suerte a una nada fácil tarea: dirigir no sólo a la policía nacional sino también a la policía rural integrada por ex-miembros del Frente Norte y a la policía rural integrada por desmovilizados del Frente Sur. Corresponde a la policía nacional el mantenimiento del orden en toda la Región, con excepción de las áreas en donde están concentrados los desmovilizados de la contra: El Almendro - el Frente Norte - y Yolaina - el Frente Sur -. Hasta el momento, las relaciones entre la policía rural de los ex-FDN y la policía sandinista han sido buenas. Sin embargo, la policía rural formada con los ex-combatientes del Frente sur generó problemas cuando su jefe, "Oscar Bravo”, sobrepasó sus atribuciones.

El Vicepresidente Virgilio Godoy - Su presencia activa en zonas rurales en donde posteriormente ha habido conflictos ha dado pie a un sinnúmero de especulaciones. En Julio, los sucesos violentos de La Concha fueron una primera prueba de esta conexión. Durante la crisis de noviembre, Godoy participó en las reuniones que los alcaldes vieron en Managua y calificó en varias ocasiones la rebelión como "una hermosa protesta popular".

De hecho, una de las principales demandas de los alcaldes era que les diera a Godoy el poder al que como Vicepresidente tiene derecho según la Constitución. Este reclamo y las públicas deferencias de Godoy con el Ministro del a Presidencia, Antonio Lacayo, las de éste con él, alimentaron las hipótesis de que Godoy estaba directamente involucrado en el movimiento de los alcaldes e incluso, en un plan más amplio de desestabilización del gobierno. Uno de los diputados por la Región V en la Asamblea Nacional que más defendió la rebelión de los alcaldes, Nardo Sequeira, expresó: "Apoyo que el doctor Virgilio Godoy comparta activamente las responsabilidades del gobierno. Aunque la Constitución no se las señala taxativamente, sí dice que debe desempeñar las que le señale la Presidenta". Hasta el momento, la única función que le ha sido señalada por la Presidenta a Godoy es que dé seguimiento a todo lo referente a la formación del Parlamento Centroamericano.

Los dirigentes políticos de la UNO - Cuando Arístides Sánchez, asesor de los ex-contras, fue arrestado - hecho crucial en le desarrollo de la crisis - y acusado de promover un plan de desestabilización del gobierno, el Ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, anunció en conferencia de prensa que otros dirigentes políticos de la UNO serían investigados. Entre ellos estaban Arnoldo Alemán, alcalde de Managua y claro representante de políticas revanchistas anti-sandinistas, de las que hace pública ostentación; Agustín Jarquín, concejal de la Alcaldía de Managua y presidente del Partido Democrático de Confianza Nacional, Fracción del socialcristianismo; Azucena Ferrey, ex-miembro del Directorio civil de la contrarrevolución, diputada del a UNO y miembro del partido de Jarquín; Humberto Castilla, diputado en la Asamblea y también del partido de Jarquín; Nardo Sequeira, diputado por la Región V y Frank Lanzas, alcalde de Matagalpa y firme defensor de las posiciones godoyistas.

Promesas de junio y realidades de noviembre

En los acuerdos que en junio firmaron los dirigentes contrarrevolucionarios recién desmovilizados con el gobierno se señalaban dos extensas áreas cuyas tierras servirían para formar varios "polos de desarrollo", en donde trabajarían y vivirían los contras desmovilizados. Un fondo especial de 30 millones de dólares entregado por el gobierno de Estados Unidos a la CIAV para este fin, serviría para proveer a los desmovilizados de créditos, vivienda, salud, educación, agua potable, electricidad y caminos de acceso en las zonas de los polos. La más extensa de las áreas fijadas para los polos estaba en la Región V, en donde se esperaba que se asentaran la mayoría de los desmovilizados.

Aunque una infraestructura como la que se prometía para los polos no existe en ningún lugar ya poblado de la Región V, el gobierno prometió a los desmovilizados que tendrían todas estas ventajas y ellos lo creyeron.

Algunas analistas cuestionaron desde el comienzo la decisión de entregar tierras para ganadería a los desmovilizados. Para este propósito, la inversión inicial debe ser grande y para muchos de los que pasaron años combatiendo en la montaña, sería fuete la tentación de vender las tierras que les entregaban antes que hacer los esfuerzos requeridos para hacerlas antes de hacer los esfuerzos requeridos para hacerlas productivas y rentables. De hecho, esto es lo que esperan los grandes ganaderos de la Región: que los ex-contras terminen vendiéndoles esas tierras y vuelvan a ser mozos en sus haciendas. La mayor parte de la tierra que se está repartiendo en la Región V la está tomando el gobierno de fincas estatales del APP, que constituyen el 5% de las tierras de esta zona, mientras que el 70% está en manos privadas.

Pero las cosas ocurrieron de otra manera. El Instituto de Reforma Agraria distribuyó a los ex-contras pequeñas parcelas de tierra declarando muy pronto que entregarles la cantidad que inicialmente se les había prometido a cada uno era insostenible para el gobierno. Mientras tanto, muchos desmovilizados viajaron a sus hogares, - en otras zonas del país - para visitar a sus familias, afirmando que sólo regresarían a los polos de desarrollo cuando vieran que ya estaban funcionado con éxito. Al inicio, tampoco querían quedarse de forma permanente donde sus familias porque afirmaban que serían perseguidos por los sandinistas.

Según Roberto Ferrey, director del Instituto de Repatriación creado por el gobierno de la UNO, cuando los desmovilizados se iban dando cuenta de que no eran perseguidos, elegían quedarse en sus propias comunidades. Esto fue generando un problema, porque mientras los esfuerzos del gobierno y de la CIAV se concentraban en las organización de los polos de desarrollo, los desmovilizados se dispersaban por todo el país, aunque continuaban reclamando el apoyo y los beneficios que se les habían prometido, ahora desde cada comunidad en la que estaban viviendo. El 14 de noviembre, el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, declaró en conferencia de prensa que, "al solucionarse el problema de la seguridad de los desmovilizados, éstos habían abandonado la idea de los polos de desarrollo", y que los ex-contras se habían dispersado y presionaban por la entrega de tierras en todas las regiones.

En septiembre, la idea de los polos de desarrollo estaba ya descartada por todos los ministerios que se habían involucrado en ella, pero ningún otro plan alternativo había sido elaborado. EL gobierno jamás explícito en ninguna declaración que el proyecto de los polos de desarrollo era insostenible y los ex-contras, tanto a nivel local como a nivel nacional, continuaron reclamando los recursos que se les habían prometido para los polos.

Oscar Sovalbarro, "Ruben", dirigente del sector más anti-gubernamental de los desmovilizados, continuaban insistiendo en este reclamo, con declaraciones en las que señalaba que las promesas del gobierno, recogidas en los acuerdos, no sólo eran la entrega de tierras, sino también la de obras de infraestructura, y que él continuaría presionando para que se cumplieran los compromisos. En declaraciones a Envío, nos dijo: "El gobierno trata de echar la culpa a los de la Resistencia por haberse ido con sus familiares, pero se vieron obligados a hacerlo por el mismo abandono del gobierno", resaltando también que aunque muchos desmovilizados se habían dispersado por todo el país, había 5 mil esperando por los polos en la Región V y 4 mil en la Región VI.

Incluso los contras que recibieron muy pequeñas parcelas. A algunos se les dio también materiales para hacer sus casas, pero no créditos para el ciclo agrícola y ninguna otra señal de la infraestructura que se les habían prometido - caminos, electricidad, etc. - Parecía como si el gobierno central, al firmar los acuerdos, hubiera subestimado tanto la carga financiera que iban a representar las promesas hechas a los contras con la misma determinación de éstos para presionar porque se les cumpliera. Ya en junio, el Ministro del INRA, Gustavo Tablada, había declarado a envío que no era tan importante el entregar tierras y créditos a los desmovilizados para la siembra de primera, porque en los polos habría otras cosas que hacer además de sembrar.

La realidad mostró que dar tierras y créditos sí era importante. Los que recibieron sólo las tierras continuaron padeciendo económicamente y en noviembre estuvieron muy dispuestos a pasar dos semanas protestando en las barricadas. La renuencia o la incapacidad del gobierno para habilitarlos con créditos, también para la cosecha de postrera, había abierto las puertas a más violencia.

Los alcaldes y otros políticos involucrados en la rebelión conocen bien la crítica situación de los ex-contras y trataron destacar ventaja de ella para luchar por sus reivindicaciones políticas. No todos los 12 puntos del pliego de peticiones de los alcaldes tienen que ver con necesidades de los desmovilizados, pero son los desmovilizados la principal base en la que los alcaldes aceptan esta contradicción por una especie de miopía política o por una irracional deseo de tener más influencia en la política nacional. En todo caso, después de dos semanas de aguda crisis en la zona, pro el bloqueo de carreteras y caminos, comenzó a aclararse algo: que las mismas bases que apoyaron el movimiento de los alcaldes a causa de su crisis económica, podían desengancharse del movimiento también por razones económicas.

"Franklin" y "Rubén": dos líneas en la Resistencia

Mientras muchos ex-contras han regresado a sus comunidades y otros han vuelto a trabajar a las tierras de sus familias o están esperando que les entreguen nuevas tierras, otros continúan aspirando a tener un liderazgo político o militar dentro de la nueva situación del país. "Franklin" (Israel Galeano) y "Ruben" (Oscar Sovalbarro) encabezan los dos actuales tendencias en la dirigencia contra. Una, en alianza con las fuerzas moderadas de la UNO y, por tanto, en capacidad de reconciliación y concertación con el FSLN. Y otra, aliada a las fuerzas ultraderechistas de la UNO. Durante la huelga de julio, esta división comenzó a manifestarse cuando grupos civiles y armados de la ultraderecha de la UNO se hicieron fuertes en un barrio de Managua unidos a ex-contras - entre los que estuvo Rubén - para defender las posiciones godoyistas, opuestas a cualquier forma de diálogo o concesión a los huelguistas del FSLN.

Aunque el desafío planteado por Godoy al gobierno de Chamorro en la huelga de julio - expresado orgánicamente en lo que él llamó entonces las Brigadas de Salvación Nacional - fue superado, las divisiones en la actual organización de los desmovilizados - la Asociación Cívica de la Resistencia Nacional - se profundizaron. Rubén y Franklin tienen oficinas separadas en Managua - el Frente Sur tiene también la suya propia - y a lo largo de todo el país los desmovilizados se identifican con una o con otra línea.

La diferencia es clara: mientras Franklin admite que para dar estabilidad a la nación, los contras tienen que aceptar aspectos básicos de la política gubernamental, particularmente la presencia del FSLN en la vida nacional como fuerza y el respeto al ejército como una institución estatal, Rubén presiona para que el gobierno se desembarace de todos los sandinistas que ocupan cargos públicos y en particular, rechazan que el ejército y la policía continúen siendo sandinistas, exigiendo cambios drásticos en las fuerzas armadas nacionales. Poco antes de que la crisis de la Región V se resolviera, surgió un nuevo grupo contrarrevolucionario, la Organización de Apoyo a los Desmovilizados y Desplazados de la Resistencia Nacional. El grupo dijo tomar distancia tanto de Rubén - por ser muy político como del Instituto de Repatriación gubernamental - por ser ineficaz-. Por su parte, Franklin dijo desconocer a la dirigencia de este grupo.

Inmediatamente después de que el gobierno y los trabajadores firmaron los acuerdos de la concertación, los empresarios del COSEP - que no firmaron - ofrecieron una conferencia de prensa para explicar su posición. La razón principal que dieron para haberse abstenido de firmar era la falta de garantías que había en el documento sobre la vigencia del decreto 11-90, que permite la revisión de todas las confiscaciones hechas durante el período revolucionario. Rubén y otros dirigentes de su facción participaron también en esta conferencia de prensa, enfatizando Rubén que mientras la concertación es el camino correcto para lograr la reconciliación nacional, "la manipulación que Israel Galeano quiere hacer para apoyar determinadas políticas del gobierno es inmoral e injusta", afirmando que "Franklin, por prevendas personales del sandinismo, se presenta a hablar en nombre de todos los desmovilizados, contradiciendo los principios ideológicos y morales por los que se dio una guerra sangrienta contra un sistema totalitario, donde el respeto a la propiedad privada, a la democracia y a la libertad fueron nuestros lemas".

En una entrevista con Envío, Rubén resaltó la importancia del decreto 11-90 porque los ex-contras que tienen tierras que fueron confiscadas por los sandinistas esperan recuperarlas. La alianza con el COSEP se explica, según él, por esta razón. La alianza anti-concertación hecha entre Rubén y su grupo con los empresarios del COSEP se extendió y se hizo más compleja días después de la Región V.

El gobierno de la UNO se enfrenta a un sector de la UNO

Los primeros meses de administración de la UNO han ido probando que el nuevo gobierno se caracteriza por su incapacidad para poder dar la debida atención a las necesidades de varios sectores sociales a la vez. La estabilidad económica concentró todas las energías del gobierno desde julio hasta septiembre. El esfuerzo culminó a fines de octubre con la firma de los acuerdos de la concertación. Durante todos estos meses los problemas de los desmovilizados fueron prácticamente ignorados. El Instituto de Repatriación no discos de presupuesto y la CIAV quedó a cargo de los problemas con los únicos fondos disponibles. Mientras la idea de los polos de desarrollo quedaba arrumbada, no se diseñó ninguna otra política para sustituirla.

Mientras el gobierno central ignoraba la situación conflictiva y de anarquía que se vivía en el campo, los políticos de la UNO y los mismos desmovilizados desplegaban gran actividad en sus comunidades. Los problemas variaban de una región a otra. Waslala y en Matagalpa se produjeron los primeros hechos serios de violencia cuando ex-contras, en nombre de su necesidad de tierras, se tomaron las de las cooperativas, a la vez que los cooperativistas ocupaban tierras privadas e edificios públicos.

En Yolaina el problema fue el de la tierra Yolaina fue elegida para el centro de un polo de desarrollo para los desmovilizados del Frente Sur. En negociaciones bilaterales con el gobierno, los miembros Frente Sur habían obtenido iguales garantías que los de las FDN: infraestructura para sus polos de desarrollo, financiamiento y una policía rural propia. Como muchos de los combatientes del Frente Sur eran originarios de esta escasamente poblada área rural de Nueva Guinea, que tiene su centro en Yolaina, su integración no tuvo mayores problemas y ya en septiembre, la mayoría de los ex-contras tenían tierras cultivables.

La policía rural del Frente Sur quedaba bajo la autoridad del Ministerio de Gobernación, encabezada en la Región V por su Delegado civil, Joaquín Lovo. Mientras en otras zonas del país la policía rural organizada con ex-combatientes del Frente Norte ha sido bien aceptada, tanto por los simpatizantes de la UNO como por los del FSLN, por su comportamiento, la policía rural de Yolaina creó pronto problemas, Aun que su jefe, "Oscar Bravo",, había recibido permiso para armar a 45 hombres para mantener el orden en el futuro polo de desarrollo, él armó a 75 hombres. También detuvo a personas que caían fuera de su jurisdicción y estaba siendo acusado de robo de ganado.

El 24 de octubre, Lovo llamó a Bravo a Juigalpa, lo detuvo a él y a tres de sus hombres y ordenó que toda la policía rural que estaba a sus órdenes fuera desarmada. Cuando fuerza combinadas del ejército y la policía sandinistas y la policía rural del Frente Norte hicieron en Yolaina una requisa casa por casa para recuperar las armas, encontraron 250 armas que se mantenían ilegalmente en la comunidad. Se ganaron también el repudio de la población. Finalmente, el Ministerio de Gobernación reemplazo a la ya desarmada policía rural de Yolaina por un grupo mixto, integrado por miembros del ejército y de la policía sandinista y por policías rurales de las FDN.

Pero la población de Yolaina, tanto los civiles como los ex-contras, reaccionaron de inmediato contra lo que ellos calificaron como injerencia ilegal en su polo de desarrollo. En los días siguientes hubo manifestaciones de protesta y el 29 de octubre desafiaron a la policía desde barricadas levantadas en Nueva Guinea, provocando disturbios que dejaron un civil muerto y cinco heridos. Esta muerte fue la chispa y a partir de ese momento las barricadas comenzaron a levantarse a lo largo de la vía Juigalpa-El Rama.

Aunque eran los desmovilizados del Frente Sur los que estaban involucrados y fueron afectados en los incidentes de Yolaina, los alcaldes de Muelle de los Bueyes y La Batea, poblaciones sobre la vía a El Rama - aparentemente si relación con ellos-, fueron los que iniciaron las barricadas. Una de las acusaciones que se hacía contra Oscar Bravo era que trasladaba armas de Yolaina a Muelle de los Bueyes. El alcalde de Muelle reclamó que actuaba en solidaridad con los desmovilizados, pero aun Rubén, que apoyo abiertamente el movimiento de los alcaldes, declaró: "Lo que se dio en Muelle de los Bueyes vino a conformar ya algo que está tomando un carácter político, un movimiento donde quedan olvidados los sucesos de Yolaina y de Nueva Guinea".

Cuando el alcalde de Muelle acusó al jefe de la policía sandinista de amenazarlo de muerte, otros alcaldes lo respaldaron y toda la vía a El Rama fue cortada por barricadas. Y lo que inicialmente fue un movimiento de protesta en apoyo a los desmovilizados de Yolaina se convirtió enseguida en una campaña nacional - orquestada por voces no sólo regionales que presionaba por la destitución de los Ministros de la Presidencia, de Gobernación y del General Humberto Ortega.

A pesar de todo, los pobladores de Yolaina continuaron con sus propia protesta en Nueva Guinea. Tomaron el parque y Oscar Bravo -liberado después de su arresto en Juigalpa - tomó la iglesia de Nueva Guinea, iniciando allí una huelga de hambre con doce de sus hombres. Una semana después, el 18 de noviembre, la policía ordenó quitar las barricadas del parque que obstruían el paso de los policías. Fue entonces cuando los manifestantes, que estaban armados, abrieron fuego. En los incidentes murieron 4 civiles y 9 policías y 26 civiles resultaron heridos. Aunque las barricadas del parque de Nueva Guinea desaparecieron, se levantaron nuevas barricadas en la vía a El Rama.

Se incrementan las presiones

Desde que se levantó la primera barricada, todas las demás siguieron en cadena. Cada días aparecían informaciones sobre una nueva barricada que cortaba los accesos a Juigalpa o los caminos que de Juigalpa partían hacia la Costa. Durante la primera semana de la rebelión, la ausencia de respuesta por parte del gobierno entra fue notoria. Para algunos chocante. Estaba pasividad el gobierno permitió que algunos sectores regionales se consolidaran en sus posiciones. Pronto empezó a rondar por todo el país el fantasma de una guerra civil.

Los manifestantes que permanecían en las barricadas decían que quien quisiera oírlos que estaban decepcionados del gobierno de doña Violeta porque no habían cumplido las promesas de su campaña. Pero cuando se les pedía que especificaran en concreto lo que querían sólo hablaban del retiro del ejército y de la policía de la zona. Incluso esta demanda - esta promesa - tenía su base en un malentendido que se había ido extendiendo desde la desmovilización de los contras.

En los acuerdos de junio entre el gobierno y la Resistencia y al señalar el área que ocuparían los polos de desarrollo, se mencionaban 23 poblaciones que formaban los límites del área en donde se establecerían los polos. Sin embargo, muchos pobladores de la Región V creyeron que su poblado sería un polo, sólo por el hecho de haber leído su nombre en aquella lista. Además de esperar, por esta razón, mejoras en le poblado -luz, agua, caminos, etc. - los habitantes de estos lugares creyeron que el ejército y la policía desaparecerían de sus poblados, según los estipulado en los acuerdos, pero sólo para los polos. Aunque el proyecto de los polos hubiera sido abandonado en la práctica, todas estas expectativas estaban aún vivas en noviembre.

En los primeros días de la rebelión, ni los desmovilizados ni los alcaldes presentaron una lista con reclamos claros. Ni siquiera estaba claro si los alcaldes pedían una negociación sobre sus demandas. Insistieron siempre en que hablarían con la Presidenta Chamorro únicamente si ella viajaba a Muelle de los Bueyes. En la semana del 6 al 10 de noviembre el gobierno envió 3 diferentes delegaciones a la Región V para invita a los alcaldes a un diálogo directo con la Presidenta en Managua,. Pero ellos insistían en invitar directamente a la Presidenta a que viajara a Muelle de los Bueyes y no para iniciar ninguna negociación. Con este propósito, 54 personas - entre ellas alcaldes, concejales y desmovilizados de la contra - se reunieron durante 10 horas en la propia casa de la Presidenta en Managua el sábado 10 de noviembre.

El contenido y los resultados de este encuentro continúan siendo motivo de polémica entre los que asistieron a él. Según los alcaldes, la Presidenta Chamorro les prometió ir a Muelle el domingo sin ninguna condición. Antonio Lacayo, Ministro de la Presidencia, declaró que la mayor parte del tiempo se dedicó a tratar de convencer a los alcaldes de que limpiaran de barricadas la carretera porque con los tranques cometían "una franca violación de nuestra Constitución y del estado de derecho que pretendemos establecer en Nicaragua". Los alcaldes se negaron a quitarlas, afirmando que de hecho ellos no tenían el control de esas barricadas, insistiendo en que los manifestantes darían paso en las barricadas que daban a su gobierno. Finalmente, la Presidenta se negó a viajar a Muelle de los Bueyes porque hacerlo mientras estuvieran en las barricadas legitimaría esta forma de protesta.

Doña Violeta se reúne con los alcaldes en rebeldía

El encuentro de la Presidenta con los alcaldes terminó en la madrugada del domingo. Los medios sandinistas informaron que la Presidenta se negó a ir a Muelle de los Bueyes porque temió ser secuestrada por los manifestantes en la carretera. Mientras los alcaldes regresaban decepcionados a la Región V, dejaron en manos de la Presidenta un pliego de 12 demandas. Los alcaldes pedían:

- La destitución de todos los jefes regionales del ejército y de la policía.

- La salida de todos los militares y policías sandinistas de la Región V y el desarme de todos los civiles.

- La rectificación de las acciones arbitrarias llevadas a cabo por el Delegado de Gobernación en la Región V, Joaquín Lovo.

- La formación de una auténtica Comisión Agraria en el plazo de 15 días para revisar las estructuras de tenencia de la tierra desde 1979. (De hecho, rechazaban con esto la Comisión Nacional Agraria, creada en octubre por el gobierno, para estudiar esos problemas).

- La formación de una comisión encargada de dar respuesta a las necesidades de los lisiados de la Resistencia y del as viudas y huérfanos de sus combatientes.

- La transformación de la cárcel de Juigalpa en un centro de atención para los lisiados de la Resistencia.

- La devolución de edificios y bienes municipales "robados por los sandinistas" antes del cambio de gobierno.

- El nombramiento de dos nuevos Magistrados para la Corte Suprema de Justicia, elegidos de entre los que pertenecen a la Barra de Abogados, señalando entre ellos a Roger Guevara. (La Barra de Abogados ha mantenido abiertas posiciones godoyistas desde el cambio de gobierno).

- La garantía de que los ministros Sofonías Cisneros (Educación), Francisco Rosales (Trabajo) y Jaime Icabalceta (Construcción y Transporte) permanecían en sus cargos.

- La anulación de los decretos 85 y 86. (Son decretos emitidos en los últimos días del gobierno sandinista para la legalización de propiedades a funcionarios sandinistas y a otros sectores sociales).

- Seguridad y garantías para todos los que participaron en las actividades de protesta.

El gobierno busca soluciones

Desde el momento en que se hizo público el pliego de peticiones de los alcaldes, los más altos funcionarios del gobierno aclararon que había que diferenciar entre las justas demandas que planteaban los desmovilizados de la contra y las demandas exclusivamente políticas de los alcaldes. Santiago Rivas, presidente del INIFOM (Instituto Nicaragüense para el Fomento de los Municipios), uno de los dirigentes del equipo negociador del gobierno desde el comienzo de la crisis, declaró a envío: "Hay demandas muy justas, que lamentablemente el gobierno no ha podido atender por las circunstancias en las que nos hemos visto. Hemos tratado de ser un gobierno de centro entre dos fuerzas: fuerzas de derecha que no conciben que sectores del FSLN se queden en el país y fuerzas de izquierda radical que no conciben que los capitalistas puedan regresar a invertir en Nicaragua". En un mensaje televisado a la nación, en los días más críticos de la rebelión, la Presidenta reconoció que su gobierno no había podido cumplir sus promesas a los desmovilizados, pero que seguía comprometido a hacerlo.

Sin embargo, los demandantes hacían cada vez más énfasis en los reclamos que el gobierno calificaba de exclusivamente políticos. Armando Incer, alcalde de Boaco, dijo a los periodistas que "el brazo sandinista que persiste en el gobierno es una barricada". Y un concejal del municipio de Teustepe fue aún más directo en una conversión con envío: "Humberto Ortega tiene que salir, tiene que entregar su institución". Pero en las barricadas de la carretera a El Rama nadie tenía reclamos concretos ni críticas específicas sobre el comportamiento del ejército.

Mientras el Viceministro de Gobernación, José Pallais, afirmaba que "la población reclama con justicia el desarme de los civiles", Antonio Lacayo respondía áperamente a las demandas de los alcaldes sobre la destitución de Humberto Ortega. "En Nicaragua no hubo victoria armada ni un triunfo de la contrarrevolución, hubo un proceso electoral, un triunfo que nos obliga ir por la vía de la democracia, la reconciliación y la concertación", afirmó el 14 de noviembre.

Qué espacio político permitía a los sandinistas esta reconciliación era un punto que estaba en el centro del debate. Monseñor Pablo Vega dijo a envío que él creía que el problema era que existía un "pacto secreto" entre algunos funcionarios del gobierno y Humberto Ortega, que otorgaba poder político a los sandinista, y que éste se habría fraguado durante las negociaciones que culminaron en el Protocolo de Transición. "Me parece - nos dijo - que todavía doña Violeta es demasiado dependiente de los cuadros militaristas y de los policías del FSLN. Incluso está demasiado dependiente de las turbas sandinista. Está actuando bajo un consigna terrorista y no precisamente sobre el apoyo de los cuadros cívicos".

Algunos dirigentes de la Resistencia cuestionaron la legitimidad de las demandas de los alcaldes. Mientras Rubén afirmaba que "los alcaldes están trabajando pro-democracia y pro-paz", Franklin argumentaba que los alcaldes estaban más interesados en consolidar su poder que en representar al gobierno, añadiendo que "en una democracia hay derechos y deberes, aunque algunos piensan que en una democracia se hace lo que se quiere, pero eso no es así".

La última palabra la tenía el gobierno. Y por eso decidió qué puntos debían negociarse y cuáles no. La destitución de los ministros cuestionados ni fue siquiera discutida, fue totalmente ignorada por el gobierno y por la misma Presidenta.

Santiago Rivas, de INIFOM, dijo a envío que el lunes siguiente a la sesión de 10 horas que tuvieron los alcaldes con la Presidenta, él había notado cambios en las barricadas, que permanecían levantadas en la Región V. También surgieron ese día nuevas barricadas entre Managua y Boaco y entre Managua y Juigalpa. "Existían fuerzas - nos dijo Rivas - que estaban queriendo montarse en el carro de la lucha cívica para sacar provecho político. Específicamente no puedo señalar quiénes eran, pero en una de mis visitas a la zona encontré megáfonos nuevos en las barricadas, lo que no había visto tres días antes. también movimiento de camiones que llevaban y traían gente y alimentos. Ciertas señales que nos indicaban que algunos alcaldes se podían comunicar desde sus lugares con las barricadas. Habían radios. La lucha cívica estaba perdiendo ya su carácter cívico y amenazamos a darnos cuenta de que las justas demandas cívicas podían desembocar en una guerra civil.

Doña Violeta: "es una protesta casi subversiva"

En otro mensaje televisado, la Presidenta calificó la protesta de "casi subversiva", añadiendo que "lo que en un principio parecía un lógico reclamo de cumplimiento de los compromisos contraídos en favor de los ex-miembros de la Resistencia se había desviado hacia intereses políticos extraños y ocultos, que ya los estaban manipulando.

Una comisión integrada por Rivas, los ministros Cisneros e Icabalceta - considerados pro-godoyistas - y el Viceministro de la Presidencia José Adán Guerra, viajaron a Juigalpa el 14 de noviembre. Tuvieron un encuentro con los alcaldes en rebeldía en la casa del obispo Vega, que sirvió de mediador. Después de 3 días de negociaciones, en Juigalpa y Managua, no se llegaba a nada,. Según Rivas, la comisión insistía a los alcaldes que el gobierno sólo podía dar respuesta a 5 de los 12 puntos planteados. La comisión trató de lograr el compromiso de que los alcaldes limpiaran de barricadas de la vía, pero éstos se negaron. En la tarde del sábado 17 de no se vislumbraban ni resultados ni salidas a la crisis.

El apoyo a los rebeldes y cuatro muertos más

Mientras se producían las idas del gobierno y las venidas de los alcaldes, simpatizantes de la UNO en todo el país desarrollaron actividades en apoyo a los manifestantes de la Región V. EN la Concha, cerca de Masaya - donde campesinos de la UNO protagonizaron tomas de tierras en julio y donde existen bases de apoyo a Godoy -, 100 ex-contras y simpatizantes de la Uno se tomaron la población, ocupando la iglesia, el mercado, el banco, las oficinas de comunicaciones y la estación de policía y haciendo 7 rehenes. Además de apoyar los 12 puntos planteados por los alcaldes de la Región V, exigían el cambio del jefe de la policía local.

El 14 de noviembre de llegó a un acuerdo con los rebeldes de La Concha. Además de cambiar al jefe de policía, la comisión negociadora del gobierno nombró un delegado civil del Ministerio de Gobernación, decidió formar una comisión agraria a nivel municipal y actuar para el desarme de la población civil. A cambio, se deshicieron las barricadas y se entregaron los edificios tomados. Los rehenes ya habían sido liberados.

Dos templos fueron tomados en Managua por ex-miembros del Frente Sur de la contrarrevolución. La iglesia de Las Sierritas, donde el Cardenal Obando celebra su misa dominical, que también es televisada, fue ocupada por 12 ex-contras al término de la misa del 3 de noviembre. Los ocupantes se declararon en huelga de hambre en solidaridad con los pobladores de Yolaina y colocaron mantas en la iglesia en las que se pedía las destitución del ministro Hurtado, al que se llamaba "asesino". El 9 de noviembre, otros 9 ex-contras del Frente Sur y algunas vivanderas del Mercado Oriental se tomaron la iglesia de El Calvario, planteando las mismas demandas que los de Las Sierritas.

La ocupación de las dos iglesias fue olvidada relativamente por los medios de comunicación hasta que el 20 de noviembre se anunció que se había alcanzado un acuerdo con el gobierno: se nombró una comisión que investigaría los incidentes de Yolaina, se revisarían los compromisos del gobierno con los combatientes del Frente Sur, se reinstalaría su policía rural y los detenidos por los sucesos de Yolaina serían liberados.

El 14 y 16 de noviembre, los desmovilizados tomaron edificios públicos en Quilalí y en San Juan del Río Coco, en la Región I, como "medida de solidaridad" con los rebeldes de la Región V. El 14, los desmovilizados de la contra intentaron interrumpir el tránsito en el estratégico puente de Sébaco, sobre la Carretera Panamericana, que une Managua con Matagalpa y Jinotega. El gobierno actuó de inmediato y envió a un grupo de policías para impedir el bloqueo del puente. Los policías intentaron negociar durante cuatro horas, pero según informadores presentes, el grupo no tenía un líder definido y mientras unos negociaban a otros rechazaban lo que se negociaba. Después de 4 horas, el Ministro Hurtado dio la orden de desalojar a los manifestantes del puente. La policía lanzó tres bombas lacrimógenas y los manifestantes respondieron con una lluvia de piedras y dos granadas de mano, matando a 4 policías e hiriendo a 22.

Después de que corrieran todo tipo de rumores en Sébaco, en los que se afirmaba que las granadas habían sido lanzadas por los mismos policías, los hechos y los rumores demostraban el profundo sentimiento anti-sandinista del grupo de manifestantes. Seis sospechosos fueron detenidos, pero pronto quedaron en libertad cinco, declarando el Ministro de Gobernación que continuaría la investigación de los hechos.

Una respuesta calculada del Gabinete de Gobierno

Con una semana de anticipación, la Presidenta había anunciado que celebraría una reunión de su Gabinete en pleno Juigalpa el 21 de noviembre, al que invitaría los alcaldes de la Región V. Los alcaldes anunciaron que se mismo día tendrían ellos una reunión en Managua, lo que se interpretó como un desafío al nuevo gesto negociador del gobierno.

El 15 de noviembre, por orden del Ministro de Gobernación, fue arrestado Arístides Sánchez, quien fuera durante todos los años de guerra miembro muy activo del directorio cívico de la contrarrevolución y que desde su regreso a Nicaragua trabajaba como asesor de los desmovilizados en sus relaciones con el gobierno. Sánchez fue apresado, acusado de promover un plan de desestabilización a nivel nacional. En su casa y en la casa de "Rubén", la policía ocupó armas, equipos de radio-comunicación y descubrió códigos de comunicación que se estaban empleando para hablar desde Managua con todas las regiones. Tres días después, los 18 alcaldes de la Región V invitaron a todos los alcaldes de la UNO a reunirse en Managua para formar una organización de alcaldes. 37 alcaldes de la UNO formaron el Movimiento "Salvemos la Democracia". Entre los alcaldes asistentes estaban Arnoldo Alemán, alcalde de Managua y Frank Lanzas, de Matagalpa. El Viceministro Virgilio Godoy también estuvo en el encuentro. En la reunión, los alcaldes ratificaron su apoyo a los 12 puntos que reclamaban los alcaldes de la Región V.

Al día siguiente, un convoy del ejército circuló por toda la vía Juigalpa-El Rama desmantelando las barricadas. Según testigos, en ese momento ni los dirigentes ni las bases de apoyo ocupaban ya sus puestos en las barricadas. Después de dos semanas de protesta y de inactividad económica, la mayoría estaba cansada por las pérdidas que estaban teniendo con el bloqueo de los caminos. Irónicamente, al término de la crisis, algunos de los organizadores de la revuelta tuvieron que recurrir a un sistema de racionamiento de los productos básicos similar al que tanto habían criticado en tiempo de los sandinistas.

Los alcaldes de la Región V se encontraron ese día ante un dilema. El gobierno había señalado que el movimiento en el que participaban era parte de un plan nacional de desestabilización, por razón del cual se había apresado a Arístides Sánchez, advirtiendo el Ministro de Gobernación que existían planes para acercar las barricadas a Managua.

EL creciente apoyo popular que los alcaldes habían esperado no se daba. Al contrario, la fuerza del movimiento iba menguando. Al igual que lo que sucedió en la huelga sandinista de julio, los pérdidas económicas, que agravaban la crisis general, desestimulaban a los manifestantes.

¿Por qué el Alcalde Alemán moderó su discurso?

El paso del tiempo iba probando también que aunque los sentimientos anti-sandinistas fueran fuertes en la Región V, no o eran hasta el punto de querer desembocar en más violencia y mucho menos en la reanudación del guerra. Cuando Arístides Sánchez salió de Nicaragua "por motivos de salud" y el Ministro Hurtado reveló el complot del que se le acusaba y los nombres de diputados y dirigentes políticos de la UNO al os que había involucrado Sánchez salió de Nicaragua" por motivos de salud" y el Ministro Hurtado reveló el complot del que se le acusaba y los nombres de diputados y dirigentes políticos de la UNO a los que había involucrado Sánchez antes de irse, empezaron a observarse ya cambios en la posición de los alcaldes en rebeldía. En un encuentro que no tuvo publicidad, la Presidenta se reunió con los alcaldes de Managua, Boaco y Matagalpa, Alemán, Incer y Lanzas. Después de 4 horas de negociaciones, los tres alcaldes hicieron pública una declaración en la que afirmaban que habían cambiado de opinión y que participarían en la reunión de Gabinete en Juigalpa que la Presidenta había anunciado.

¿Qué pasó en esta reunión a puertas cerradas? ¿Qué le dijo el gobierno central a Alemán para que moderara su discurso? Aunque Alemán fue uno de los principales señalados por Hurtado como coordinadores del plan nacional de desestabilización, salió de la reunión privada con la Presidenta apoyando al gobierno con los argumentos que antes habían rechazado. Según unos, el gobierno le informó únicamente que se cerrarían 18 de las 34 bases militares que existían en la Región V. Según otros, el gobierno le presentó a Alemán todas las evidencias que había en contra de él para que escogiera entre cambiar sus posiciones o aceptar que las evidencias se hicieran públicas con la posibilidad de que con esto perdiera la alcaldía de Managua.

¿Ultimo o penúltimo capítulo?

El día 21, los alcaldes tuvieron que enfrentar un nuevo dilema. Entre sus demandas estaba la destitución de Antonio Lacayo y la de Carlos Hurtado, pero ambos ministros presidían la reunión de gabinete, ambos lados de la Presidenta. Algunos dijeron sentirse confundidos porque lo que esperaban fuera un diálogo con ellos se presentaba como un "show" gubernamental para clamar los ánimos. Cuando, al inicio de la reunión, los alcaldes negaron a entrar si no entraban también con ellos los desmovilizados de la contra, Alemán les habló: "Ustedes necesitan escuchar lo que la Presidenta tiene que decirles. Yo estuve en una reunión con ella ayer y ha tomado algunas decisiones importantes. No desaprovechen esta oportunidad". De mala gana, los alcaldes aceptaron entrar a la reunión, aunque lo que les dijo Alemán les dejaba claro que no habría discusión sino que se trataría nada más de una reunión en la que serían informados de decisiones ya tomadas.

Lo que los alcaldes escucharon fue un cuidadosamente calculada concesión a algunas de sus demandas. Todas las medidas decididas por el gobierno tenían que ver con los reclamos de los desmovilizados y con otras demandas sentidas por la población, pero dejaban totalmente de lado las demandas políticas que se habían abanderado en las barricadas y en las que más habían insistido los alcaldes. El gobierno anunció:

- Que se entregarían 33 mil manzanas más de tierra a los desmovilizados de la Región V, con lo que se llegaba ya a un total de 139 mil manzanas entregadas. 4.800 ex-contras eran beneficiarias de ese total de tierras entregadas, quedando solamente 2 mil desmovilizados sin tierra en la Región V.

- Que antes del 31 de diciembre 18 de las 34 instalaciones militares, de la Región V serían transformadas en escuelas, centros de salud y centros de capacitación.

- Que el 40% de los mil oficiales del ejército en la Región V serían pasados a retiro antes del 31 de diciembre. (Esto significa que de los 5 mil oficiales que pasan a retiro a nivel nacional 500 son de la Región V).

- Que se formaría una Comisión Nacional de Desarme, de la que sería presidente honorario el ex-mandatario de Costa Rica, Oscar Arias.

- Que la policía rural seria establecida en los polos de desarrollo y se harían cambios en los mandos regionales del a policía sandinista.

- Que serían liberados todos los tenidos por los incidentes de Sebaco. (Quedaría bajo investigación uno de los tenidos).

- Que la Presidenta enviaría a la Asamblea Nacional una ley que garantizara pensiones y beneficios a los lisiados de la Resistencia y a las viudas y huérfanos de sus combatientes muertos en la guerra.

- Que la Comisión Nacional Agraria y las Comisiones Regionales serían completadas con la creación de Comisiones municipales para estudiar problemas de la tierra.

- Que la Presidenta Chamorro había puesto en marcha el Fondo Social de Emergencia, que empezaría a funcionar con 10 millones de dólares donados por la AID.

El gobierno informó de estas medidas en un conferencia de prensa en la que ya no estaban presentes los alcaldes. Estos abandonaron el local inmediatamente que terminó la reunión, de 4 horas. Al salir declararon a los periodistas que los esperaban fuera del local que no tenían mucho que decir y que la mayoría de ellos se sentían frustrados. Al regresar a sus comunidades, afirmaron que se mantendrían vigilantes para que el gobierno cumpliera sus promesas.

Después de la reunión del gabinete con los alcaldes, Santiago Rivas, de INIFOM, declaró a envío que los dirigentes municipales no tenían por qué quejarse. Y dio un ejemplo: "El alcalde de El Rama me dijo en privado que él deseaba únicamente que se eliminara una base militar, pero se anunció que serían eliminadas tres". "Las 12 demandas - dijo - no pasan de ser como una carta al Niño Dios'"

Tanto Rivas como los restantes funcionarios del gobierno que negociaron con los alcaldes mantuvieron siempre que las demandas de carácter político no serian objeto de discusión. Entre estas demandas estaba la destitución de Lacayo, Hurtado y Ortega, la anulación de los decretos 85 y 86, la ampliación de la Corte Suprema con dos nuevos magistrados y la difusa demanda que impregnó toda la protesta: más poder para Godoy.

Movimiento nacional de Alcaldes: ¿nuevas crisis?

¿Ha sido la reunión del Gabinete en Juigalpa el último capítulo de esta crisis? Todo indicaría que no, que puede ser nada más un simple antepenúltimo acto. Queda abierta la polémica entre los que insisten en la naturaleza nacional del recién creado Movimiento "Salvemos la Democracia" - que encabeza el alcalde de Managua, Arnoldo Alemán - y los alcaldes que desean poner el acento en las demandas locales y municipales. Ambos grupos coinciden en el deseo de limpiar el gobierno central de cualquier funcionario moderado que sea flexible con los sandinistas y les conceda espacios.

La creación de un movimiento nacional de alcaldes ha abierto la posibilidad de que se profundicen y se agrien aún más las divisiones entre moderados y ultraderechistas dentro de la UNO. Alberto Saborío, dirigente político de la UNO y activo participante en el apoyo al movimiento de alcaldes declaró: "Aunque nacimos con el pretexto de los reclamos de la Resistencia, ahora representamos un reclamo al gobierno por haber congelado la democracia y por haber abusado de sus facultades".

Ciertamente, los ultraderechistas salen más fortalecidos y más organizados de la crisis y siguen constituyendo un desafío para los sectores moderados de la UNO, que controlan el poder en el gobierno. La actividad desplegada en muchos rincones del país por el Vicepresidente Godoy durante estos meses dio sus frutos a menos de un año de siembra. Su desafío, el desafío de la ultraderecha, es mantener ahora cohesionadas fuerzas que por su misma naturaleza - diversidad de intereses y de liderazgo - tienden a dispersarse. No parece estar escrito, ni mucho menos, el último capítulo.

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AZUCENA FERREY, DIPUTADA DE LA UNO

"Fue un movimiento cívico y justo, los alcaldes reclaman autoridad"

En entrevista con Envío, la diputada de la UNO y ex dirigente de la Resistencia, Azucena Ferrey opinó: "Lo ocurrido es una reacción muy natural a lo que allí pasa. Y son una forma de participación de la población en la demanda de derechos adquiridos, desde el momento en que obtuvo por una gran mayoría el derecho de cambiar el gobierno de este país. Lógicamente, sectores interesados han tratado de presentar lo ocurrido desde otro punto de vista, pero la realidad es que la población demanda las promesas de la campaña electoral, que se simbolizaban en una palabra: cambio.

Y cuando se habla de cambio se habla de cambio de estructuras, no solamente de cambio de caras. Y que este cambio no se dé es lo que extraña a la población. Gracias a Dios, los alcaldes superior, con suma responsabilidad, apaciguar los ánimos de la población. Yo creo que sin la participación de los alcaldes y diputados de la Región, ese conflicto cívico hubiese degenerado en una situación de violencia que hubiéramos lamentado todos los nicaragüenses. Pero los alcaldes y los diputados se prestaron como canal de comunicación con las autoridades del gobierno central de más alto rango y pudieron controlar la situación deforma tal que en los 12 ó 15 días que estuvieron los retenes en las carreteras no hubo que lamentar ningún hecho de violencia extrema.

Yo he estado conversando con los alcaldes de Matagalpa y de Jinotega y su problemática es como copiada con papel carbón a la de la Región V. ¿Cuáles son las cosas que los alcaldes resienten concretamente? En primera lugar, que no tienen autoridad. La policía no les responde. En hechos concretos de protección, ya sea a propiedades o a ciudadanos, la policía no acata los mandatos de los alcaldes. Esto afecta a la población, que termina pensando que el alcalde es tan incapaz que no tiene autoridad o interpreta que esta sometido a los sandinistas , porque la policía y el ejército siguen siendo sandinistas y así identifica la población a estas instituciones.

Un caso concreto, que tal vez nos ayuda a aclarar lo que pasa: al alcalde de Ciudad Darío le echan preso a un ciudadano por asuntos familiares. El va a la policía a hacer la gestión para liberarlo y la policía están promoviendo es idea en la población, que la credibilidad sólo la tienen los que llevan el nombre de sandinistas, que sólo ellos tienen poder y que sólo los sandinistas pueden resolver cualquier problema. Lógicamente, gente de la UNO que trabajó tanto en la campaña electoral se sienten totalmente abandonada. Ellos lo resumen en una frase muy simpática: "Nosotros los alcaldes sólo tenemos autoridad para firmar cartas de compra y venta". Ni siquiera tienen autoridad para manejar los rastros o empresas que les pueden generar ingresos por la recaudación de impuestos, porque todo esto está todavía bajo la dirección de miembros partidarios del Frente Sandinista y no pagan impuestos.

A veces los destaces de las reses los hacen en las rondas de los caminos para no ir al rastro y evitar el pago de impuestos. Se da, pues, un situación en la que el alcalde está en tierra de nadie y lógicamente con una gran presión de la población. ¿Qué le queda a este alcalde? Unirse a otros que están igual que él y convertirse todos en vasos comunicantes para que el gobierno central conozca de estas situaciones. Eso es lo que han hecho.

A estos acontecimientos le dio el gobierno central del carácter que realmente tuvieron, de movimiento cívico. Las autoridades del gobierno señalaron que no había armas en la población y comprobaron, cada vez que pasaban por los diferentes retenes, los "viva" a la Unión Nacional Opositora y especialmente a doña Violeta. Lo que sí escucharon siempre fue la demanda de la destitución del General Humberto Ortega. Las autoridades han reconocido que las demandas son tan legales que el mismo Ejecutivo se trasladó el 21 de noviembre a una sesión del Gabinete en pleno en Juigalpa. Yo creo que si doña Violeta no hubiese reconocido la justeza de las demandas, no se traslada allí ni se expone.

Yo creo, por otra parte, que las personas que trabajaron alrededor de doña Violeta y que hicieron señalamiento crítico a los que estaban en los retenes, fueron demasiado impulsivos. Aquí quien da la pauta de que el gobierno haga movimientos coercitivos contra la UNO, es el Frente. Lo hizo recién terminado el proceso electoral, lo hizo en julio con mayor fuerza y lo sigue haciendo ahora. pero la población no es tonta y ha aprendido las lecciones y sabe lo que dice le dicho popular: "Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa", con la gran diferencia de que en la Región V no existió la violencia que hubo en julio, donde sí se puede hablar de "asonada". Aquí no, Aquí no hubo levantamiento de adoquines para hacer barricadas. En la Quinta Región nadie se ha quejado del deterioro de las calles para hacer los retenes. Hubo una gran diferencia en los comportamientos y por eso se exigía una respuesta diferente.

Yo creo que todos los puntos que demandaba este movimiento son de justicia. Hay dos temas que se deben de mencionar. Uno, la promesa del retiro de los Ortega fue un mensaje de la campaña electoral de la UNO. Eso es innegable. Es mensaje lo escucharon los sandinistas, lo escuchamos los demócratas y lo escuchó el mundo entero. Es una decisión muy personal de doña Violeta el haber cambiado después de opinión y eso se le respeta. Pero se le Respetaría más realmente el ejército se comportara como una institución nacional y no respondiendo a intereses partidarios. Yo creo que la institución castrense no ha ayudado a doña Violeta en la forma que debería haberle ayudado. Segundo, Humberto Ortega no es inamovible y tiene que aceptar que éste es un nuevo gobierno y que este nuevo gobierno puede escoger a quien crea conveniente dentro de las filas del ejército para que sea su jefe.

En todo gobierno democrático los ministros no son dictadores de sus carteras. En Guatemala, ¿cuántos ministros de Relaciones Exteriores han existido? Mínimo cuatro. En Guatemala se ha cambiado al Ministro del Trabajo, al Secretario de la Presidencia... En la época de Napoleón Duarte yo tuve la oportunidad de ver Ministros de la Presidencia totalmente diferentes. En Costa Rica se ha cambiado al ministro de Relaciones Exteriores y a otros del os que no me doy cuenta porque no hubo escándalo. Y no hubo escándalo simplemente porque la agente entiende que mientras más rotación exista en los cargos públicos habrá menos corrupción y menos centralización en manos de una sola persona.

Si Antonio Lacayo no fuese miembro de la familia de doña Violeta, posiblemente no se sentiría tal malestar cuando se pide su destitución. Lo que la población resiente es que el Ejecutivo haya caído en manos de un grupo nepótico, familiar, que lo lleva posiblemente a la corrupción. La población tiene el derecho de luchar contra porque éste sea un gobierno que salvaguarde un cambio estable y permanente. Nosotros estamos cansados de gobierno familiares, en la época de los Somozas y en la época de los sandinistas. Yo creo que tenemos el derecho de exigir cambio.

Posiblemente, la situación de Carlos Hurtado sea igual a la de los alcaldes: no tiene autoridad sobre la institución que se supone está bajo su mando, que es la policía, y que es la que realmente ha demostrado tener más personal ridiculizado dentro de sus filas. Carlos está socavado por la actuación radical de los miembros de la policía. Carlos no tiene el piso fuerte en su misma institución. Lógicamente, la gente interpreta en él falta de firmeza, falta de autoridad, un irrespeto total. Y por consiguiente, cree que hay que cambiarlo, buscar una persona que pueda reunir los atributos que la población necesita para sentir que la policía se encamina a ser una institución de carácter nacional capaz de velar por los intereses del bien común.

La idea que tenga Humberto Ortega de ser un posible candidato presidencial para el 96 lo obliga a neutralizar posiciones radicales en el ejército y aparentemente el ejército juega un papel más conciliador que la policía. El triunfo de la UNO liberó a Tomás Borge de la dictadura del os Ortega, pero no le garantiza a él la posibilidad de llegar al poder. Realmente, ningún sector de los sandinistas puede llegar al poder en el 96. Eso es una realidad. Este pueblo ha establecido dimensiones que son dignas de tomarse en cuenta. Incluso en la misma bancada del a UNO, a pesar de todas la diferencias en las formas de actuar, hay un consenso que ya se puede llamar a unanimidad, y habría la disposición de volver a ir juntos a las elecciones con tal de que el Frente no recupera el poder en el 96."


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AGUSTÍN JARQUÍN ANAYA, CONCEJAL DE LA UNO EN LA ALCALDÍA DE MANAGUA

"La raíz de este movimiento es genuina, por eso lo apoyamos"

En entrevista con Envío, Jarquín Anaya opinó: "Nosotros apoyamos totalmente el movimiento de los alcaldes. Porque es un movimiento que nace desde la base, porque es un movimiento que es cívico, porque es un movimiento que viene coyunturalmente a cubrir la necesidad que hay de tener un puente entre las base de la población y el gobierno, siendo en este caso el puente los alcaldes.

Estratégicamente, este movimiento significa un avance cualitativo para la democratización de Nicaragua, pues con él se vienen a fortalecer por un lado las instituciones intermedias - y concretamente los municipio - y por otro lado, se fortalece la posibilidad de ir creando una democracia de participación, donde el pueblo, de manera ordenada y organizada, respetando las leyes, vaya influyendo en las decisiones, tanto de los gobierno municipales como del gobierno central. El movimiento está en gestación realmente, está en embrión, tiene aún muchas imperfecciones, pero tiene un gran potencial. Y yo incluso me atrevo a expresar que es posible que este potencial transcienda a nuestro país y abarque la región centroamericana, pues en esta década hemos iniciado un proceso de integración integral de toda la región centroamericana.

Lo que pasa es que todavía estamos inmersos en un proceso de polarización, pero eso es parte de los achaques de este embarazo democrático. Aunque el movimiento tomó algunas medidas que ciertamente no se corresponden con lo que establecen las leyes, fue totalmente pacífico. En la actual dinámica social, el FSLN también destruir calles y tomarse instituciones y locales públicos para conseguir sus reclamos. Ahora, otros sectores sociales, ya no del Frente, han hecho igual y lo asumen como una acción legítima. La realidad es que esos métodos deben de modificarse, Por eso nosotros, en el directorio nacional de la democracia cristiana, hicimos un llamado del os pobladores a abstenerse de acciones que, aunque sean pacíficas, afectan las leyes del país, como son los cierres de carreteras y caminos y las tomas de edificios. Pero también pedíamos a nuestras autoridades que atendieran con premura las demandas de los pobladores para que éstos no se sintiera casi forzados por desesperación a hacer estas cosas.

Aunque esta dinámica no es correcta, la raíz del movimiento es genuina. Es un movimiento con fundamento campesino. Carlos Alemán Ocampo, en artículo en "Barricada", señalaba que el Frente no fue capaz de ver ese movimiento social que se desarrollaba en Nicaragua, en especial en la Región Quinta. Y señala que es un movimiento campesino con reivindicaciones reales, con angustias generadas por la situación de miseria. El señala críticamente a los alcaldes porque de una manera casi personalista o interesada asumen la dirección del movimiento y al final dice que en este país todos debemos ponernos botas de hule, - llama "botas de hule" a los campesinos - y pide que trabajemos todos en serio para que el movimiento campesino se exprese sin manipulaciones de ninguna clase. Nosotros acogemos este llamado aunque discrepemos en lo que se refiere a los alcaldes.

Ellos no han buscado personalismo de ninguna manera, sino que como líderes electos popularmente y principal autoridades cívicas y políticas de cada comunidad, tienen que ponerse a la cabeza del movimiento, al igual los diputados regionales. Habrá, sí, algunas personas que quieran interesadamente llevar agua a su molino, pero no hemos visto a que eso haya ocurrido. No hemos visto a ningún líder político que haya buscado cómo montarse en este movimiento y aprovecharse de él.

Las demandas más sentidas de la comunidad son el desarme, la reducción de las fuerzas militares en la zona y el cambio de algunos jefes militares, tanto del ejército como de la policía, porque han tenido una actuación que no se corresponde con su compromiso de velar por el orden ciudadano y por el bienestar de la ciudadanía. Pero con nada de esto se daba respuesta, se provocó una situación de desesperación y frustración y entonces los pobladores presentan una serie de demandas como ésas, pero ése no es el objetivo fundamental de sus reclamos. Lo que busca el movimiento es que se satisfaga lo que ellos sienten y como ya dinámica en la seguridad de que son esos cambios a nivel nacional se atenderá lo que ellos piden a nivel local. Pero no existe manipulación de ninguna persona, ni de ningún grupo político, Verlo así es desconocer la calidad y la potencialidad que tiene este movimiento de base.

Nosotros saludamos -y cuando digo nosotros me refiero a la democracia cristiana - la iniciativa de la Presidenta Chamorro de ir con su Gabinete allá a la Región, a al escenario de los hechos, para tener un excelencia. Lo estableció en la asonada que probaron las fuerzas vinculadas al FSLN y lo quiere establecer ahora. Hubo algunas respuestas oficiales violentas en algún momento, pero no fue ésa la norma, y no se hizo, creemos, por disposición de la Presidenta.

Nosotros, oficialmente, la democracia cristiana, hemos estado avalando el movimiento de los alcaldes por todas estas causas y razones. Yo mismo he facilitado un asesoría que nos pidió la comisión del movimiento "Salvemos la Democracia". Y lo hacemos con el objetivo de contribuir a que este movimiento se vaya fortaleciendo, a que sierva para afianzar la democracia, a que contribuya a afianzar al gobierno central y a los gobiernos locales. Definitivamente, tenemos una responsabilidad en el movimiento de los alcaldes. Pero desconocemos la existencia de ese plan de desestabilización del que ha hablado el Ministerio de Gobernación y del que acusa como su principal responsable a Arístides Sánchez.

Se trata de una acusación muy vaga. El Ministerio de Gobernación ha actuado incoherentemente: permite que salga del país - o ayudada a que salga del país - quien sería el principal promotor de un supuesto plan de desestabilización... Esto es una incongruencia de marca mayor. Y ahora no hallan qué hacer, tienen una papa caliente en la mano. Nosotros, en cualquier caso, no tenemos nada, nada que ver en ningún plan de este tipo. Si hubiera un plan de desestabilización, estaríamos totalmente en contra de él. La línea política de nuestra organización es profundizar el proceso democrático y para eso es, fundamental la estabilidad de doña Violeta y del Gobierno. Hasta el momento no vemos ningún plan de desestabilización, pero cualquiera que se pretendiera montar va contar con nuestro total rechazo y condena.

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