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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 110 | Diciembre 1990
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Nicaragua

Contra-concertación: el desafío de la ultraderecha

Los aires de estabilidad que trajo la concertación en octubre se desvanecieron en noviembre. El espíritu de reconciliación nacido de la concertación apenas duró un mes. Nunca llegó a alentar a toda la clase política del país. De hecho, ya los desmovilizados de la contra habían iniciado antes acciones de protesta en torno a sus propias reivindicaciones, especialmente la de la tierra.

Equipo Envío

Al firmarse el 26 de octubre los acuerdos de la concertación entre gobierno y trabajadores y empleadores, el Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, señaló que Nicaragua entraba a una nueva etapa en su desarrollo político, aceptar todos los sectores socio-económicos un compromiso con la paz social. Representantes del Frente Nacional de los trabajadores (FNT) y del FSLN resaltaron también que, a partir de los acuerdos, el pueblo respiraba vientos de estabilidad y de mayor confianza.

Participaron nominalmente en las negociaciones el gobierno y 35 confederaciones, federaciones cámaras, asociaciones y sindicatos que representaban a trabajadores y empleadores de todo el país. En lo fundamental, fueron tres los principales protagonistas: el gobierno, los sindicatos agrupados en el Frente Nacional de Trabajadores y los empresarios agrupados en el COSEP. El gobierno aceptó atenuar, en sus ritmos y en su forma, su inicial programa de ajustes, basado en rápidos y drásticos recortes del gasto público a través del despido masivo de trabajadores y en una privatización generalizada. Por su parte, el FNT congeló, facto, y al menos por 6 meses, el recurso a la huelga y los reclamos salariales y económicos. Punto central de la concertación fue el decreto 11-90 - emitido en mayo por el gobierno, permite revisar todas las confiscaciones hechas por el gobierno sandinista, con lo que abre las puertas para una contra - reforma agraria y para el retorno de los antiguos terratenientes. -El gobierno congeló de facto la aplicación de este decreto, motivo por el que el COSEP rehusó firmar los acuerdos de la concertación.

El espíritu de reconciliación duró muy poco

El espíritu de reconciliación nacido de la concertación apenas duró un mes. Nunca llegó a alentar a toda la clase política del país. De hecho, ya los desmovilizados de la contra habían iniciado antes acciones de protesta en torno a sus propia reivindicaciones, especialmente la de la tierra. El primero en vincular su causa con la de los ex-contras fue el COSEP. Otros sectores de la extrema derecha de la UNO, que interpretaron la concertación como una nueva concesión al sandinismo, alentaron a la población de distintas zonas del país a apoyar a los ex-contras que reclamaban al gobierno. El Frente Nacional de los Trabajadores alertó a la población sobre la necesidad de organizar la defensa de sus barrios ante acciones que pudieran significar un regreso a la guerra. Así, los aires de estabilidad que trajo la concertación en octubre se desvanecieron en noviembre.

La concertación entre el gobierno y los trabajadores provocó un movimiento de "contra -concertación insurreccional" entre todos los sectores de la UNO ya resentidos con el gobierno. A los pocos días de suscribirse el acuerdo se multiplicaron en el país, con un grado sorprendente y sospechoso de coordinación, diversas y violentas manifestaciones anti-gubernamentales, en las que exigía la destitución del Ministro de la Presidencia, Antonio Lacayo, del de Gobernación, Carlos Hurtado y del Jefe del Ejército General Humberto Ortega.

La tercera rebelión que tiene que enfrentar el gobierno de doña Violeta

Con este movimiento se produjo la más grave ruptura que se ha dado hasta el momento entre electores y elegidos de la UNO. Encabezaban la protesta muchos de los que con mayor ahinco trabajaron porque Violeta Chamorro resultara elegida y actuaban ahora abiertamente para presionar a su gobierno. No se trató de una protesta pacífica: resultaron 9 personas muertas, incluyendo a 4 policías; más de 60 heridos entre policías y civiles; oficinas municipales e iglesias tomadas, y decenas de barricadas que obstaculizaron durante dos semanas el tráfico en carreteras y caminos de la Región V y en otros puntos, ocasionando enormes pérdidas económicas. Los rebeldes contaron con sofisticadas armas de guerra - las que los contras no entregaron al desmovilizarse - y con sistemas de radiocomunicación que les permitían rastrear comunicaciones de la policía y del gobierno.

Noviembre trajo la tercera rebelión que ha tenido que enfrentar el gobierno de Violeta Chamorro en sólo 7 meses de gobierno. Según los rebeldes altos funcionarios del gobierno estaban traicionando a doña Violeta y a su programa original de gobierno al entrar en alianza con el FSLN, que se habría constituido así en el "brazo armado" de un régimen "ilegítimo". Con el argumento básico de que el sandinismo continuaba gobernando el país a través de los Ministerios de la Presidencia y de Gobernación, se pretendía justificar la rebelión y al violencia contra un "gobierno desnaturalizado" y en defensa de una Presidenta que había sido "traicionada" por sus propios ministros.

Dilemas del gobierno: la izquierda y la ultraderecha

En un momento se dijo que la fortaleza del gobierno de la UNO consistía en la debilidad de la Presidenta. La imagen maternal y reconciliadora de doña Violeta, que estaba por encima de los lastres de la politiquería tradicional, fue proyectada eficazmente en la campaña electoral y esa imagen facilitó, en alguna medida, el triunfo de Violeta en las urnas. Con amor sobre el odio, según sus propagandistas.

Pero para el gobierno norteamericano y para la derecha tradicional nicaragüense resultó más fácil seleccionar un candidato que forjar un equipo gobernante. Por eso, aun cuando los nuevos ejecutivos del gobierno hubieran contado con experiencias en administración pública y con una economía estable, les hubiera resultado difícilmente materializable la implementación de un programa derechista, por no contar con una base social o política propia y organizada y por chocar con los nuevos niveles de conciencia y organización que dejaron huella en el pueblo después de 10 años de revolución.

La experiencia de estos meses de transición y la de los más recientes acontecimiento ha mostrado que el gobierno pudo mejor confrontar y dialogar con la izquierda que con sus propios aliados de la ultraderecha anti-concertacionista. Tras esta revuelta de noviembre ha quedado demostrada nuevamente la incapacidad de la derecha en su conjunto para cohesionarse alrededor de una fórmula que les permita desarrollarse, capitalizando el aparato gubernamental hoy en sus manos. La mínima eficacia del gobierno y la inestabilidad política nacional resultan el producto, no tanto de la fuerza organizada del sandinismo -que a lo largo de esta crisis se preocupó más por la estabilidad del gobierno que algunos sectores de la UNO - sino de las propias contradicciones que existen en la clase social gobernante y en la coalición política que la representa.

Durante las huelgas que protagonizaron los sectores sandinistas en mayor y en julio, se evidenció la debilidad del gobierno frente al sandinismo organizado y terminó por imponerse la negación. Políticamente, el gobierno se vio imposibilitado de reprimir y aplastar una protesta de carácter cívico que tenía en su base tan sentidos reclamos económicos. La izquierda cantó victoria, pero el canto resultó prematuro: el mismo carácter popular y sandinista del ejército, apegado a la defensa de la Constitución y obligado a cumplir con las órdenes del Ejecutivo en aras de defender el espacio legal que el sandinismo necesita para desarrollarse como fuerza de oposición, permitió un cierto grado de impunidad a las acciones de violencia que la extrema derecha protagonizó en noviembre.

Si el recurso a la fuerza contra los sandinistas en mayo y julio resultó políticamente imposible para el gobierno, utilizar la fuerza contra sus propios correligionarios políticos le resultaba ideológicamente difícil, estando tan fresca la memoria de la campaña electoral anti-sandinista que todos habían compartido.

La coalición derechista rompió con el gobierno declarando la guerra política a los asesores principales de doña Violeta, aunque no a la Presidenta misma. Este cálculo político no estuvo totalmente desprovisto de lógica: ante una insubordinación que amenazaba con paralizar el país, la indecisión del gobierno permitía a la ultraderecha asegurarse mayor espacio político, mejorar sus posiciones negociadoras, revitalizar a las fuerzas anti-sandinistas, teniendo siempre en cuenta que el gobierno, tanto por razones ideológicas y por su afinidad con Estados Unidos, como por los precedentes establecidos en ocasión de las anteriores huelgas, no ordenaría al ejército aplastar por la fuerza la nueva "asonada"

Una nueva asonada: contra - concertación

Para los contra-concertadores se trataba de reabrir el "marco negociador" de la guerra, pues el marco cívico de la concertación se empezaba a consolidar rápidamente y en él no tenían influencia. Recurriendo a la incitación a la violencia con la manipulación de legitimas aspiraciones a la tierra de campesinos-sandinistas y desmovilizados o simpatizantes de la UNO mejoraban los extremistas su capacidad de presión y negociación y podían estimular a organismos internacionales y hasta algunos jerarcas católicos a "ofrecer" su mediación, lo que pondría a la extrema derecha en plan de igualdad legal y política con el gobierno. La vinculación que los ultraderechistas hicieron entre sus demandas políticas y las demandas de los desmovilizados podría mover a entidades extranjeras a involucrarse políticamente y así lograr una negociación sobre totalidad de las demandas.

Al igual que lo que le ocurrió al gobierno sandinista, el involucramiento de Naciones Unidas y las presiones de terceros gobiernos, obligaba al gobierno de Managua a mostrar una flexibilidad que iba más allá de la que se requiere en un estado de derecho.

El gobierno carece de un aparato represivo propio y, por lo tanto de la capacidad de hacer prevalecer por la fuerza sus posiciones, tanto frente a la ultraderecha como frente a la izquierda. Y como su política económica ha generado resentimiento y descontento generalizado, tanto la izquierda sandinista como la ultraderecha godoyista han resultado una amenaza, pues puede intentar liderear un movimiento general de descontento anti-gubernamental. Pero tanto para la ultraderecha como para la izquierda es un arma de doble filo este recurso a la "insurrección cívica" para la ultraderecha significa contraponerse abiertamente a un gobierno al que ellos mismos ayudaron a llegar al poder. Par la izquierda, otra "asonada" arriesga una contradicción entre el ejército y gobierno, poniendo así en peligro el marco cívico de solución de las diferencias y de adjudicación del poder por la vía electoral.

El FSLN no quiere verse obligado a escoger entre las necesidades del y la estabilidad política mientras el esquema de transición y de concertación resguarde su espacio político. En un comunicado del 15 de noviembre, el FSLN llamaba a su militancia a ponerse en estado de alerta ante una eventual escalada de la violencia revanchista y a no caer en provocaciones. En aras de evitar la extensión de la violencia, el FSLN daba su apoyo irrestricto a la campaña de desarme de todos los civiles "sin excepción", a la vez que criticaba al gobierno por su tardanza en tomar medidas correctivas, señalando que la debilidad gubernamental amenazaba la seguridad de los ciudadanos y que era necesaria la firmeza en defensa de la Constitución así como una mayor coherencia entre el discurso y las acciones del gobierno .

Para provocar una crisis política, extrema de derecha pretendía obligar al gobierno a confrontar al sandinismo - y a la Constitución - o montar un "golpe de Estado técnico" para tomar el poder, provocando la renuncia de la Presidenta o la de sus principales ministros, Antonio Lacayo y Carlos Hurtado, quienes a pesar de la presión norteamericana se han rehusado, hasta el momento, a organizar su propio aparato militar anti-popular.

Está por verse el nuevo grado de influencia política que logró la extrema derecha aun a costa de haber quebrado seriamente el mito de la unidad de la UNO. El gobierno cruzó su Rubicón en el momento en el que rechazó las demandas iniciales de sus correligionarios extremistas, ordenó al EPS despejar la carretera Juigalpa -El Rama, cubierta de barricadas y retenes de los insurrectos, y especialmente, cuando ordenó la detención y posterior salida del país del dirigente contrarrevolucionario Arístides Sánchez.

Decidiendo todo esto, el Ejecutivo echaba por la borda todo el trabajo que había venido haciendo hasta entonces para cohesionar las políticas ultraderechistas en torno a sus propias posiciones. Con todo lo ocurrido quedaba demostrado también que el gobierno estaba lejos de haber articulado su propia base social, incluso en la Región V, centro de la "asonada", donde un 70% del campesinado votó en contra del FSLN. Fueron dirigentes tradicionales de corrientes liberales, conservadoras y democristianas los que encabezaron las protestas, aunque sin tomar el nombre de doña Violeta en vano...

Quince días de barricadas y tomas de edificios públicos

Después de 15 días de barricadas en las carreteras y tomas de edificios públicos e iglesias, el Ejército Popular Sandinista restableció el orden en la Región V, acatando las órdenes recibidas del gobierno de un sectores de la UNO que decidió así terminar con la sedición del otro sector de la UNO. Si bien el enraizado anti-sandinismo de la Región V está lejos de caracterizar al resto de la nación - como argumentaban los extremisatas -, la respuesta del gobierno fue de alcance nacional y sirvió de respuesta a otros brotes similares de rebeldía y violencia que de forma más asilada y puntual se dieron en otras regiones del país. La respuesta a del gobierno fue firme: no habrían cambios ni en la composición ni en la orientación del gobierno ni se toleraría a quienes pretendieran erradicar al sandinismo por la fuerza.

Los hechos de noviembre pusieron también a prueba la capacidad del sandinismo de pagar por la defensa de la estabilidad nacional con el precio de contribuir al afianzamiento de un gobierno derechista. Presenciar cómo la policía y el ejército procedían al desarme de todos los civiles poniendo ello la otra mejilla para recibir bofetadas y hasta atentados mortales de los revanchistas, no fue fácil. Tal como se usaron guantes de seda para con los huelguistas y su barricadas en mayo y en julio, se procuró proceder con las rebeldes derechistas manteniendo la línea de no disparar contra el pueblo, incluyendo en él a la derecha desarmada, que también forma parte del mismo.

Sin embargo, el gobierno tuvo que quitarse el guante y actuar con alguna mano dura. La necesidad del gobierno de resguardar su autoridad le llevó a encarcelar al líder contrarrevolucionario Arístides Sánchez a romper las negociaciones con los alzados que interrumpían el tráfico en a las carreteras, y a dar orden al ejército de imponer el orden en toda la Región V. El fortalecimiento del principio de la legalidad lo consiguió al costo de incrementar su debilidad ante sectores que no aceptaron y no aceptan las reglas del juez derivadas de la Constitución y del Protocolo de Transición que precedió al cambio de gobierno.

Quiénes son los aliados de la asonada

En el movimiento insurreccional" que tuvo su centro en la Región V se estableció una alianza de diversos sectores y grupos sociales. Analicemos rasgos básicos de cada uno de ellos para entender mejor su participación en este movimiento.

La Contra campesina

A lo largo de todos los años de guerra, fueron los campesinos los que más sufrieron, tanto en uno como en otro bando. A partir de la derrota electoral, la política del FSLN ha sido la de agilizar esfuerzos para buscar una alianza con todos los campesinos. Entre estos esfuerzos está el apoyo firme a las reivindicaciones de os desmovilizados de la contra - mayoritariamente campesinos -, que reclaman tierra, crédito, insumos y otros apoyos gubernamentales. La UNAG ha desarrollado un trabajo intenso con algunos líderes de la contra a fin de lograr la convivencia entre los desalzado de la contra y los cooperativistas sandinistas, con el objetivo de asegurarles a todos beneficios materiales.

Las demandas de los desalzados quedaron garantizadas en acuerdos suscritos con el gobierno previos a su desmovilización de estas demandas es apoyada pro todos los sectores del país. Mientras el gobierno había aceptado ya el fracaso de los tan publicitados "polos de desarrollo", los ex-contras exigían mejores tierras, al tiempo que se dispersaban por todo el país.

Algunos sectores derechistas utilizaron las justas demandas y justificada impaciencia de los ex-contras como un pretexto inicial para dar "base" a su movimiento. Pronto pasaron estas demandas a un segundo plano y exigieron la destitución de Lacayo, Hurtado y Ortega y a partir de estos cambios, el cierre de cualquier espacio al sandinismo y su desarticulación. Las verdaderas demandas "políticas" de los ex-contras no pasaban de pedir el recambio de algunas autoridades sandinistas en algunos municipios. El ex-jefe contra, Israel Galeano, "Fraklin", exhortó el 15 de noviembre a los desalzado a no dejarse manipular por políticos ultraderechistas, afirmando que la rebelión de la Región V poco tenía que ver con las reivindicaciones de los desalzados.

Los empresarios del COSEP

La negativa del COSEP a firmar el acuerdo de concertación constituyó el primer indicio abierto de la "insurrección" en las filas de la UNO. A pocas horas de concluir con éxito la negación del gobierno con los sindicatos y otros productores, varios dirigentes del COSEP comparecieron en conferencia de prensa con algunos ex-dirigentes militares de los contras - el principal de ellos Oscar Sovalbarro, "Rubén" -. El COSEP buscaba insistir, desde una posición de fuerza, en que en el gobierno mantuviera el decreto 11-90, que legisla la entrega de propiedades confiscadas a sus antiguos dueños.

Al plegarse al grupo de ex-contras lidereados por "Rubén" y a otro grupo del denominado "Frente Sur", que ya venía propiciando violencia en el campo, el COSEP declaró la guerra al gobierno. Empresarios y ex-contras coincidieron en atacar a la Comisión Nacional Agraria, creada en octubre para empezar a resolver los agudos problemas de tierras. Los del COSEP atacaron la Comisión a partir de su posición empresarial, por lo que pretende la devolución total de las propiedades confiscadas, incluyendo las de las cooperativas. Los ex-contras descalificaron la Comisión por la lentitud que existe en la resolución de adjudicación de tierras para los desmovilizados.

El movimiento de los alcaldes

Los problemas entre el gobierno central y las autoridades municipales -incluyendo a los diputados que ante la Asamblea representan a las regiones provienen de la misma naturaleza de la UNO. Fueron políticos tradicionales y sus familiares y amigos los que integraron las boletas locales, designados por dirigentes de los partidos integrantes de la UNO. La lealtad de todas estas nuevas autoridades locales es más con esos partidos y con el Consejo Político de la UNO que con los funcionarios del gobierno central.

Estas autoridades locales responden a los intereses de los sectores más anti-sandinistas de cada comunidad, los únicos abiertamente comprometidos contra el FSLN desde la campaña electoral. A partir del 25 de abril hubo deudas políticas que saldar. Y se saldaron apoyando las demandas de antiguos terratenientes para recuperar sus propiedades o premiando a partidarios rurales de la UNO con tierras que estaban en manos de cooperativas sandinistas.

Políticas locales de readjudicación de propiedades y de reparto de cargos públicos -muchas veces arbitrarias y al margen de disposiciones legales emanadas de Managua - contaron con el apoyo de algunos partidos, particularmente de alcaldes miembros del Partido Liberal independiente de Virgilio Godoy. El Vicepresidente sin funciones, por su parte, ha ocupado desde hace meses buena parte de su considerable tiempo libre para recorrer municipios, particularmente los de la Región V, aglutinando a las autoridades locales y atribuyendo la incoherencia de la actual gobierno a la presencia del General Humberto Ortega y a los malos asesores que rodean a la Presidente y que no fueron electos en las elecciones. Además, las nuevas autoridades locales han resentido la obstaculización de sus disposiciones por parte de oficiales sandinistas locales, tanto en la policía como en el ejército.

Políticas y actitudes asumidas por el Alcalde de Managua, Arnoldo Alemán, sirvieron de inspiración a sus hermanos menores, los alcaldes de otros municipios, que envidiaban en él su capacidad de confrontar al FSLN y de burlar las disposiciones del Ministerio de la Presidencia, aunque no de la misma Presidente.

A mediados de noviembre, 35 alcaldes municipales, de los 147 existentes en el país, fundaron una asociación anti-gubernamental denominado Comisión Nacional del Movimiento Salvemos la Democracia. Desafiando abiertamente al gobierno central pretendían forzar un giro radicla en la política de concertación, exigiendo un status de poder real para Virgilio Godoy.

Los alcaldes descontentos organizaron y encabezaron los hechos de desobediencia civil que se dieron especialmente en la Región V: tomas de tierras, barricadas en las carreteras y caminos, tomas de iglesia y de oficinas municipales. De la crisis que llevó a organizar estos actos culpaban a los sandinistas, "brazo armado del gobierno". Y en nombre de salvar la pureza del Plan de Gobierno de la UNO, condenaron "la peligrosa escalada de represión y muerte que encabeza el ejército y la policía". Exigieron la capitulación del gobierno a sus demandas ultraderechistas, centro de las cuales era la entrega de una cuota del poder real a Virgilio Godoy a expensas de la pérdida de poder de Antonio Lacayo. Hubo divergencias entre los que repudiaban a la Presidenta por aprobar actitudes "militares contra posiciones cívicas" y los que exigían la renuncia de Lacayo, Hurtado y Ortega porque "no la dejan gobernar ni le dan lugar al Vicepresidente Godoy ". Ambos bandos se negaron por más de dos semanas a deponer su actitud de rebeldía. Mientras, en la Asamblea Nacional, los diputados de la UNO se increpaban mutuamente, incapaces de ponerse de acuerdo para emitir un voto de confianza que reforma a la Presidenta ante la peligrosa evolución de los acontecimientos.

Mientras crecía y se desarrollaba "la rebelión de los alcaldes", la Conferencia Episcopal no ocultó sus simpatías, tanto hacia las demandas de los ex-contras como hacia las exigencias políticas de los ultraderechistas. En previos comunicados habían apoyado ya los obispos las aspiraciones del Vicepresidente al expresar que "deben gobernar quienes fueron electos por el voto popular"

Particularmente desconcertante resultó la ambigüedad de la Conferencia Episcopal ante las actuaciones que durante le rebelión mantuvo el Obispo de Juigalpa, Monseñor Pablo Vega. Mientras los obispos guardaban silencio ante el protagonismo de Monseñor Vega en los sucesos, el Cardenal Obando, sin coincidir con las posiciones de Monseñor Vega, hizo sus más explícitas críticas al gobierno, señalando que doña Violeta no tenía control de la situación: "Ella no tiene toda la información que debiera de tener y todo el control que debiera de tener una persona que rige los destinos de un país". Se lamentó de que la imagen de la Presidenta se deteriorara por no controlar ni al ejército ni a la policía. En declaraciones a un diario mexicano, reproducidas en "La Prensa", el Cardenal Obando vaticinó que las divisiones en la coalición de la UNO podrían provocar la caída de Violeta Chamorro.

Radio Católica de Managua, emisora de la Arquidiósesis, transmitió durante todos los días que duró la rebelión claras defensas del movimiento de protesta, llamando al pueblo a solidarizarse con los alzados aún después de que cuatro policías habían muerto en un violento incidente que se produjo en Sébaco, al norte del país.

El caso Aristides Sánchez

Si en algo pudo lograr consenso el gobierno fue en la crítica generalizada que provocó su manejo del caso Sánchez, quien fuera dirigente civil de la contra durante todos los años de guerra y después de la desmovilización, su asesor en las relaciones con el gobierno.

El gobierno acusó formalmente a Arístides Sánchez de ser el coordinador de una plan de desestabilizador que contemplaba la toma generalizada de carreteras y edificios públicos, que contaba con buzones de armas y con equipos de comunicación para dirigir desde Managua todas las actividades de los rebeldes. Sánchez fue apresado después de que le fueran decomisadas en su casa armas y aparatos de radio-comunicación.

Pocos días después, y en una dramática conferencia de prensa televisada, el Ministerio de Gobernación y el Ministro de Información de la Presidencia anunciaron que Sánchez había salido del país a solicitud de su esposa y "por razones humanitarias", para que pudiera realizarse un chequeo médico en Estados Unidos. En esa ocasión, el gobierno dio a conocer cartas firmadas por Sánchez en las que admitía la manipulación que se estaba haciendo de las demandas económicas de los desmovilizados: "Los políticos tienen de qué comer y están seguros, nuestra gente está pobre e insegura". En estas cartas, Sánchez señalaba que un grupo de políticos -que incluía al Vicepresidente Godoy y el Alcalde de Managua - tenía la intención de "afectar la estabilidad emocional" de la Presidenta haciendo ingobernable el país y forzando su renuncia para dejar el gobierno en manos del Vicepresidente.

La ultraderecha reaccionó airadamente ante la presentación que el gobierno hizo de los hechos y acusó al Ministro de Gobernación, Carlos Hurtado, de contubernio con los sandinistas hasta el punto que según ellos había permitido que elementos de la antigua Seguridad del Estados torturaran a Sánchez hasta forzarlo a hacer esas declaraciones. A la par que patentizaban su apoyo a la Presidenta "desinformarda", estos sectores calificaron a Sánchez como el "primer prisionero político" del gobierno de Chamorro.

Por su parte, medios de comunicación sandinistas acusaron al gobierno de promover la impunidad al permitir la salida del país del acusado, a pesar de sus cargos y sin tener en cuentas al poder judicial. Hicieron suyo el reclamo de la derecha en ocasión de las huelgas de julio, al exigir al gobierno actuar con la fuerza que le daban las leyes del país contra quienes amenazaban el orden y la seguridad de la nación. Delegaciones regionales de 340 concejales municipales sandinistas dieron su respaldo a la Presidenta, exigiendo castigo ejemplar para los responsable de los disturbios y las muertes. En la Asamblea, la bancada de la UNO y la del FSLN aprobaron pro fin una declaración en la que expresaban su voto de confianza y respaldo a la Presidenta de la República.

El papel de Estados Unidos

En su comunicado del 15 de noviembre -cuando el "movimiento insurreccional" de la Región V estaba en su punto álgido-, la Dirección Nacional del FSLN no culpa al gobierno de los Estados Unidos del complot político que denunciaba en ese documento. Sin embargo, sí consideraron los sandinistas, en otras declaraciones, como "débil" la declaración del Departamento de Estado sobre los acontecimientos.

Las conocidas posiciones de la Embajada norteamericana en Managua -desconcierto ante la concertación, juicio acerca de que la Presidenta está siendo "mal aconsejada" por algunos de sus asesores y rechazo a la decisión de mantener a Humberto Ortega al frente del ejército- hacia coincidir a los funcionarios norteamericanos con posiciones de los ultraderechistas.

Pero por otro lado, el espectro de una violencia generalizada en Nicaragua difícilmente podía agradar al Departamento de Estado. Menos aún le complacía la amenaza del ex-dirigente contra "Rubén", que declaró durante los disturbios que pedirían asilo en Estados Unidos para él y para los 20 mil desalzados del a contrarrevolución. Tampoco puede ser del agrado del gobierno de Bush el hecho de que refugiados nicaragüenses en Estados Unidos por motivos económicos citen ahora el forzado destierro de Arístides Sánchez como la prueba de que perduran condiciones represivas en Nicaragua para justificar así su solicitud de residencia en los Estados Unidos.

Balance provisional de la grave crisis de noviembre

A lo largo de la crisis, el gobierno y el FSLN insistieron en hacer un diferencia entre el movimiento reivindicativo de los ex-contras y el plan de la extrema derecha de forzar cambios en el gobierno .

Tanto "La Prensa" como "Barricada" hablaron de que un sector de la UNO había manipulado y extendido la protesta de los desmovilizados, inicialmente pequeña y tímida. Sin embargo, esta manipulación no explica la facilidad con la que los políticos pudieron hacer crecer esta protesta y amoldar a sus intereses los reclamos concretos que tenían pendientes los desmovilizados.

De hecho, entre las demandas de los desalzados, particularmente en la Región V, figuraba la de "la seguridad", aspecto reconocido como legítimo por todos, por el que cuestionaban la permanencia de antiguos oficiales militares y policiales en su zona. La ultraderecha extendió la lógica de este argumento hasta un nivel nacional, planteando el que se barriera con las estructuras del ejército, comenzando por la destitución del General Humberto Ortega.

Tampoco las reivindicaciones económicas planteadas por los ex-contras sonaban extrañas a otros sectores de la población. A los 20 mil ex-contras sin tierra hay que sumar otros 50 mil campesinos que también demandan tierra. Así, tienen actualmente esta exigencia 1 de cada 4 campesinos nicaragüenses. En la ciudad, con un 40% de desempleo, al situación es para muchos desesperante, agravado este sentimiento por las expectativas, aún frescas, de mejoría económica y de lluvia de dólares que alimentó la UNO durante su campaña electoral.

Una inconformidad popular generalizada constituye un cierto caldo de cultivo, no sólo para la "asonada" ultraderechista de noviembre, sino también para las huelgas de mayo y de julio. Por razones diversas y hasta contradictorias, han estallado protestas frente a decisiones gubernamentales que agravaron situaciones económicas y sociales ya insostenibles, provocando hambre y brotes de violencia, incluyendo entre ellos los primeros saqueos de bodegas de alimentos que se han visto en Nicaragua, como los ocurridos en Puerto Cabezas en octubre.

Fue en al Región V donde la rebeldía tuvo impacto y amplitud. En otros lugares el movimiento fue más focalizado y débil. El gobierno pudo neutralizar, por el momento, la tentativa ultraderechista de proyectar un movimiento nacional de protesta liderado por los alcaldes de toda la nación. La Presidencia rechazó la exigencia de negociar en Managua con todos los alcaldes y diputados en rebeldía, insistiendo en efectuar la sesión negociadora en la región afectada y únicamente con los alcaldes de la zona.

Al aceptar las demandas de adjudicación de tierras y de una significativa reducción de la presencia militar y social sandinista en la Región V, el Ejecutivo respondió integralmente a un problema integral planeado en una región de larga trayectoria anti-sandinista. Esta respuesta frena la tentativa ultraderechista de extender la purga al resto del país y a los más altos niveles del gobierno de Managua. La rebelión de la Región V no fue lo suficientemente poderosa para lograr esto, o realmente nunca pretendió mayoritariamente el lograr una mayor cuota de poder para la extrema derecha a nivel nacional.

Doña Violeta: una figura indispensable

En el conflicto, doña Violeta se mantuvo como figura indispensable de consenso, mientras que ni los sectores más ultraderechistas ni el mismo FSLN estuvieron - aun cuando confrontaron al gobierno - en capacidad política de responsabilizarla directamente por la crisis. ¿A quién responsabilizar entonces? Mientras no se pueda acusar personalmente a la Presidenta, el FSLN continuará siendo el banco principal al que señalarán sectores de la derecha. Aunque paulatinamente se irá haciendo más y más difícil el achacarle al FSLN toda la culpa por todos los males. De esto están conscientes ya aun los más acérrimos anti-sandinistas. Después de eta crisis, también ellos necesitan "modernizar" su mensaje virulentamente anti-revolucionario, adaptándolo a una realidad menos maniquea, menos de película de "buenos y malos" como ellos la quisieran.

Frente a un pueblo muy crítico de la gestión gubernamental y que debe descubrir las bondades de una administración de derecha, el gobierno norteamericano y la ultraderecha necesitan vincular la incompetencia objetiva y subjetiva de "su" gobierno a "los manejos" del sandinismo. Se trata de negarle al FSLN su derecho, como derrotado electoral a proyectarse como una clara alternativa a la actual política. Pero para el gobierno, esta actitud política. Pero para el gobierno, esta actitud propagandística ya no podía seguir siendo viable ante la crisis de noviembre, aun en aras de conservar su propia estabilidad. "La Prensa" hablaba probablemente por "el grupo de Las Palmas", el de Chamorro-Lacayo, al señalar resignadamente la necesidad de una reconciliación de la derecha con la realidad nacional.

"La perspectiva política del país está determinada por la capacidad del gobierno para hacer entender al pueblo que lo apoyó en las elecciones que no debe dejarse arrastrar por el discurso revanchista, el cual pude sonar bien a los oídos pero no es conducente a la consolidación de la democracia, ni muy fácil de ser puesto en ejecución".

El FSLN: responsable ante un gobierno responsable

Posiblemente, el FSLN no tiene otra opción que pagar los costos de una actuación política "responsable" frente a un gobierno "responsable". Al igual que el ejército, debe cargar con dobles críticas, como oposición y como gobierno. La ultraderecha no dejará de criticarlo como "brazo armado del régimen" y la derecha la criticará como "oposición desleal". El FSLN comparte claramente con el gobierno el interés en defender el acuerdo de concertación firmado el 26 de octubre, y también el marco constitucional y el Protocolo de Transición, como bases de la estabilidad y el consenso contra las posiciones abiertamente contrarrevolucionarias de la extrema derecha. La defensa del espacio legal del FSLN se vuelve así cada vez menos distinguible de la defensa del marco de actuación legal del gobierno. Dentro de las nuevas circunstancias nicaragüenses, y quizás también de las mundiales, la viabilidad y el futuro político del FSLN vienen así a depender, en alguna medida, de la estabilidad y viabilidad del mismo gobierno, siempre y cuando éste se apegue a la Constitución y al realismo político que refleja el Protocolo de Transición y el acuerdo de concertación económica.

Este precario balance de la crisis que protagonizó la ultraderecha en noviembre tiene como premisa la capacidad que tenga el gobierno de mantener su hegemonía sobre toda la derecha, y la que puede tener el FSLN de hacerlo sobre las masas populares. El FSLN demostró madurez llamando a su militancia a la cordura y a no caer en las provocaciones y en las trampas peligrosísimas que le tendía la ultraderecha cuando, para conseguir una redistribución del poder a expensas del sandinismo, colocó al gobierno en el dilema de capitular ante sus exigencias o de ordenar al ejército la represión de los rebeldes. Lo que buscaba con esto no era en el fondo otra cosa que alentar los extremismos y atrapar al FSLN en una contienda violenta. Por esto, el FSLN consideró necesario "exigir", pero no "imponer", mayor firmeza al gobierno para poner en su lugar a los ultraderechistas.

El Frente Nacional de los Trabajadores fue mucho más tajante que el mismo FSLN al llamar a la población a organizar la defensa de cada barrio y comarca para rechazar "por todos los medios" a los grupos que pusieron en peligro la vida de los trabajadores. Advirtieron que defenderían los acuerdos de transición y concertación firmados y que no reconocerían ningún acuerdo que lesionara los mismos, calificando las acciones de la ultraderecha como una abierta violación al gobierno constitucional como "un virtual golpe de Estado y el regreso inminente a la guerra".

La rebelión en a las filas de la UNO dejó debilitado al gobierno. La crisis mostró con peligrosa claridad el costo que tiene el hecho de que el gabinete de gobierno carezca de una base social propia. La realidad es que el gobierno pudo contar con más capacidad de resistencia por el apoyo que le brindó el FSLN y otros sectores sociales interesados en la estabilidad. Sin embargo, no es ésta una situación que de manera absoluta favorezca al FSLN. Asumir la tarea de apoyar a un gobierno derechista como mecanismo clave para tratar de reconciliar al resto de la derecha con la revolución es un desafío arriesgado y complejo. Tan complejo como la realidad política de la Nicaragua que surgió de las urnas electorales.

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Texto de los Acuerdos de la Concertación Económica y Social

"Nosotros, representantes del gobierno de Nicaragua y de las organizaciones de empleadores y trabajadores, invitados por la Presidenta de la República, Señora Violeta barrios de Chamorro, hemos participado en la Concertación Económica y Social con el objeto de alcanzar acuerdos tripartitos que contribuyan a solucionar la crisis económica y social que afecta a nuestro país.

Nos es grato informar al pueblo de Nicaragua y a la comunidad internacional que empleadores y trabajadores, con el concurso y la responsabilidad del Gobierno, hemos logrado generar un consenso en tomo a los siguiente acuerdos:

I Compromisos globales

1. Excepcionalidad

1) El Gobierno, con el apoyo de los trabajadores y empleadores, adoptará un programa económico realista de estabilización y reactivación en correspondencia con la situación postbélica y de excepcionalidad que caracteriza a Nicaragua. Convocamos el apoyo e la Comunidad Internacional y de los organismos financieros internacionales para llevar a cabo su ejecución.

2) La excepcionalidad que postulamos consiste en una preferencia hacia Nicaragua que resuelva favorablemente la mora del BID y del BIRF, de manera que el país pueda obtener recursos netos de estas instituciones para 1991, que resuelva también lo más rápido posible la problemática de la deuda bilateral, con el reconocimiento por parte de los acreedores de la virtual imposibilidad de que Nicaragua pueda reconstruirse sin una dispensa extraordinario de sus obligaciones bilaterales, y que genere un incremento en las donaciones para enfrentar los requerimientos de la emergencia social.

2. Confianza y Seguridad

1) Reconocemos que la Constitución Política de la República es la piedra angular sobre la que descansa un Estado de Derecho y por consiguiente debe ser respetada y acatada por gobernantes y gobernados. Las iniciativas de reforma constitucional que sectores de la sociedad participantes en este foro consideren necesarias, deberán canalizarse según los procedimientos establecidos en la Constitución.

2) Reconocemos que es indispensable asegurar el Estado de Derecho y la paz social para el bien y la seguridad de todos los nicaragüenses. Entendemos por Estado de Derecho aquel en el que se reconoce la supremacía de la Constitución y las leyes en el que gobernantes y gobernados reconocen esa supremacía y la obligación de someterse a ella.

3) Reconocemos la creación y el trabajo realizado por la Comisión Nacional Agraria como instancia asesora de la Presidencia, tripartita y amplia, que de inmediato procura soluciones justas y equitativas, dando prioridad a los problemas ya existentes en las zonas agrícolas de mayor gravedad. Debe promulgarse de manera inmediata la Ley Orgánica de Reforma Agraria que regule las actuaciones del INRA y que defina la política de reforma agraria del país.

3. Política Económica

1) Estabilización

Reconocemos que uno de los principales problemas de la vida económica y social del país es la inflación la que debe reducirse a niveles que restablezcan la confianza de todos los sectores del a sociedad.

2) Monetaria y Cambiaría
Reconocemos que la política monetaria y cambiaría no es un fin en sí misma, sino un instrumento fundamental para avanzar gradualmente hacia la estabilización económica, orientar los ajustes y estimular la reactivación de los sectores productivos que necesita el país. Con este fin:

1.- Consiste con la reducción de la inflación se deberá resolver en el más breve plazo la circulación de múltiples monedas, dejando únicamente el córdoba oro par contribuir a la desindexación de la economía.

2.- La política cambiaría tendrá como objetivo prioritario promover las exportaciones par impulsar una reactivación económica sostenida.

3) Crediticia

Reconocemos que uno de los objetivos centrales del Programa Económico será la reactivación productiva de los sectores priorizados de la economía, como son la producción exportable, la producción de granos básicos y la pequeña, mediana y gran industria. En particular, el Gobierno debe procurar los recursos necesarios par la recolección de las cosechas, así como el financiamiento a las grandes, medianas y pequeñas industrias indispensables para la reactivación económica del país.

4) Fiscal

1.- Reconocemos el déficit público, como uno de los factores que inciden en la inflación. En consecuencia debe reducirse en correspondencia con las limitaciones que hoy imponen las necesidades de atender los problemas sociales más graves por lo que atraviesa el país.

2.- Acordamos que la reducción del déficit debe descansar tanto en la necesidad de racionalizar el gasto público reducir, como en un aumento de las recaudaciones fiscales bajo el principio de que el que tenga más debe aportar más. El gobierno debe poner énfasis en el mejoramiento de las recaudaciones y la disminución de la evasión fiscal, así como en la ejecución de una política de austeridad en los gastos superfluos y en el consumo de petróleo.

3.- Debe reducirse el gasto militar de conformidad a los Acuerdos de Esquipulas.

5) Social

Los presupuestos de Salud y Educación tendrán la más alta prioridad en lo que falta de 1990, manteniendo los montos reales actuales, y serán los dos sectores más importantes en la propuesta del Presupuesto de la República para 1991, que se enviará a la Asamblea Nacional este próximo mes de noviembre, asegurando que los montos reales de 1991 no podrán ser menores que los de 1990.

II- Acuerdos Sectoriales

1. Crédito, Inversión y Producción

1) Los concertantes convienen en eliminar gradualmente el papel inflacionario del crédito, así como en asegurar su eficiente utilización. El Gobierno se compromete a entregar con agilidad el financiamiento a los sectores priorizados.

2) El Gobierno procederá a la reestructuración inmediata de los créditos para la cosecha de primera de granos básicos en el aso de los productores afectados por la sequía, así como a los productores de café de las Regiones II, III y IV que, según dictamen del Ministerio de Agricultura y Ganadería, hayan sido afectados por condiciones climatológicas anormales. En estos casos la producción de este año no será tomada en cuenta para los promedios de habilitaciones futuras.

3) El Gobierno velará por la aplicación de los Convenios Tripartitos del sector Construcción y Textil.

4) Las siguientes actividades son de impacto prioritario para la producción y para la asignación del crédito.: Algodón, Café, Ajonjolí, Granos Básicos, Ganadería, Maní, Banano, Caña de Azúcar, Pequeña Industria.

5) Consistente con los recursos externos obtenidos, el gobierno desarrollará un programa de inversiones públicas con la finalidad de reactivar la actividad económica, así como crear nuevas fuentes de empleo y rehabilitar la infraestructura social y productiva.

2. Devolución, Privatización y Participación Obrera

A las formas de propiedad vigentes en Nicaragua, de conformidad con la Constitución Política, se les otorgarán las garantías necesarias para lograr la plena y armónica incorporación de ellas al esfuerzo común de levantar la producción, reconstruir el país e impulsar el desarrollo nacional y el progreso social.

El Gobierno, al privatizar empresas del Estado, tomará en cuenta los derechos adquiridos de los trabajadores, así como el derecho a participar en la propiedad de las mismas.

Los concertantes acuerdan que en los casos de propiedades y derechos injustamente afectados se procederá a la restitución total o parcial de los mismos, o en su defecto, a la correspondiente compensación de acuerdo a las posibilidades del Estado. Los trabajadores de las empresas en cuestión, aportarán evidencias y recomendaciones a las instancias legales correspondientes.

Al mismo tiempo, el Gobierno respetará la propiedad distribuida en forma individual o asociativa antes del 25 de febrero de 1990, reconociéndose que los dueños originales que hayan sido injustamente expropiados o confiscados deberán ser debidamente compensados de acuerdo a las posibilidades del Estado.

3. Servicios Públicos

1) Recomendamos el control gubernamental de los gases de los Entes Autónomos, a fin de determinar los precios de los servicios, mantenimiento el equilibrio financiero de los mismos con el propósito de que:

1.- Se establezca un régimen tarifario preferencial para los sectores de menores ingresos.

2.- Se establezca una tarifa que verdaderamente incentive el uso de la energía par riego y pequeña industria, en vista de la necesidad de incrementar la producción del país.

2) Recomendamos austeridad y transparencia en el uso de recursos utilizados por las empresas de servicios públicos y en las adquisiciones de bienes y suministros. Las obras se realizarán en base al procedimiento de licitación pública sin discriminación de la forma de propiedad de los licitantes.

4. Empleo y Salario

El Gobierno deberá impulsar la reactivación económica del país con el objetivo de incidir en la gradual reducción del desempleo existente, desarrollando nuevas fuentes de empleo productivo, facilitando la transferencia de recursos del sector improductivo al productivo. El gobierno se compromete a fijar un salario mínimo en base a un porcentaje de la canasta básica de 53 productos, así como diseñar un mecanismo par revisar el salario en relación a las variaciones de la misma.

El gobierno asegurará el pago del decimotercer mes conforme al criterio del 100% del último salario devengado.

5. Jurídico -laboral

1) El Gobierno promoverá la promulgación de un nuevo y moderno Código del Trabajo, de un eficaz Código de Procedimiento Laboral, y la creación del Tribunal Superior del Trabajo, en el que estén representados todos los sectores comprendidos en la relación laboral. Asimismo, procederá de inmediato a la reglamentación del Ley de Servicio Civil.

2) La Convención Colectiva de Trabajo, celebrada de conformidad con el Código del Trabajo, Convenios Internacionales de la OIT y demás leyes pertinentes, será el marco que regule las relaciones obrero-patronales por lo que todas las partes deben impulsar su suscripción en los casos que proceden, y garantizarán el cumplimiento de los convenios suscritos.

3) Se reconoce el legítimo derecho a la huelga, debiendo revisarse los procedimientos para el ejercicio de este derecho.

6. Instituciones Financieras Privadas y Comercio Exterior

Dentro del marco de la Constitución Política de Nicaragua, el Gobierno podrá autorizar el funcionamiento de Instituciones Financieras Privadas, con las debidas regulaciones que garanticen que el SFN siga cumplimiendo sus funciones de ser el principal soporte del sector agropecuario, industrial y comercial.

El SFN mantendrá su compromiso de continuar entregando el crédito a los sectores de pequeños productores del campo y de la ciudad en base a un tratamiento preferencial, y a criterios económicos y agroecológicos que garanticen la recuperación de los mismos.

El grado de libertad con que podrán funcionar las Instituciones Financieras Privadas será determinado por la Asamblea Nacional, y para lo cual, deberá existir una Superintendencia de Bancos.

El Gobierno autorizará licencias de exportación a Asociaciones de Productores y particulares que, dentro del marco de la Constitución Política de Nicaragua, contribuyan a promover la eficiencia del sector exportador del país y a mejorar los precios a los productores.

III- Compromisos Sectoriales

Trabajadores

1) Los trabajadores estamos dispuestos a contribuir con la estabilidad y la paz social.

2) Levantar y mantener la eficiencia y la productividad en el trabajo.

3) Cumplir con los convenios colectivos suscritos con los empleadores.

4) Agotar los mecanismos de negociación y diálogo, así como los instrumentos legales, antes de hacer uso de nuestro derecho a la huelga.

5) Convenir los ajustes salariales concertados.

6) Disminuir el ausentismo laboral y mejorar la disciplina en los centros de trabajo.

Empleadores

1) Los empleadores estamos dispuestos a contribuir con la estabilidad y la paz social, así como a desarrollar armoniosas relaciones obrero-patronales.

2) Fomentar un clima para la inversión extranjera y de capital nicaragüense en el exterior, en Nicaragua. Contribuir al fomento de la ampliación de la base de contribuyentes fiscales, así como continuar impulsando la debida contribución fiscal.

3) Negociar y cumplir con los convenios colectivos concertados con los trabajadores.

4)Racionalizar los márgenes de comercialización y de utilidades para moderar los precios e incrementar la competitividad.

5) Aumentar la inversión en función de elevar la producción y la eficiencia productiva.

6) Generar más empleo productivo. Crear un banco de empleo para facilitar la contratación de los trabajadores del sector público que deseen ubicarse en el sector productivo.

7) Hacer buen uso del crédito.

8) Dentro del espíritu de libre empresa y de estimular la sana competencia, realizar esfuerzos para incorporar al sector informal dentro del sector formal de la economía.

Gobierno

1) Aplicar y poner a la disposición los recursos financieros necesarios en el cumplimiento de estos acuerdos.

2) Invertir para eliminar actitudes y acciones que conduzcan al revanchismo político, particularmente en el campo.

3) Respetar las políticas de empleos y salario convenidas en esta Concertación.

4) Establecer tarifas preferenciales de los servicios públicos (agua, luz, alcantarillado) para la población de menores ingresos.

5) Velar por el cumplimiento de los acuerdos que suscriba con sus diferentes instancias.

6) Incorporar los presentes acuerdos en la gestión internacional.

7) Asegurar el efectivo desarme de civiles.

Todos los sectores

Todos los sectores debemos garantizar la estabilidad que nos permita materializar los presentes acuerdos especialmente durante los próximos 6 meses. Para este fin, los sectores concertantes se comprometen a dilucidar cualquier conflicto por medio de la negociación y el diálogo para garantizar la operación ininterrumpida de loas actividades productivas y de servicios.

IV- Comisión para la Verificación y Seguimiento de los Acuerdos

La Comisión para la Verificación y Seguimiento de los acuerdos alcanzados está integrada por los actuales miembros de la Mesa Directiva de la Concertación Económico-Social. Esta Comisión tendrá carácter permanente y se reunirá conforma a la periodicidad que sea necesaria en manteria económica-social. la Comisión tendrá la responsabilidad de preparar la agenda y recomendar las acciones necesarias para extender el clima de estabilidad social para el período correspondiente al ciclo agrícola 1991-1992".


Managua, 26 de octubre 1990

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