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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 109 | Noviembre 1990
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Nicaragua

¿Es viable la concertación? Los límites internacionales

¿Cuál es el marco nacional e internacional en el que hay que entender el proceso de concertación económica y social que se ha iniciado en Nicaragua? ¿Cuáles son los límites que la nueva coyuntura internacional impone a los concertantes?

Equipo Envío

Mientras en Nicaragua vivíamos sumergidos con pasión en una polarizada campaña electoral, el mundo sufría una transformación radical y acelerada. Y a la sorpresa que para unos y para otros fue el resultado electoral hubo que sumar la sorpresa ante el mundo tan diferente en el que Nicaragua tendría que iniciar una nueva etapa de sus historia. Sólo al término de la vorágine electoral pudimos tomar conciencia de tantos cambios. Sólo hoy, en la práctica, en el día a día, podemos medir sus dimensiones por lo que esos cambios nos afectan diariamente.

¿Cuál es el marco nacional e internacional en el que hay que entender el proceso de concertación económica y social que se ha iniciado en Nicaragua? ¿Cuáles son los límites que la nueva coyuntura internacional impone a los concertantes? ¿O es esa misma coyuntura la que los ha obligado a concertar? ¿Y qué perspectivas puede tener la concertación nicaragüense en un mundo en el que el Norte se niega a concertar con el Sur?

El país ideal para una inversión muy rentable

Nicaragua hubiera sido el país ideal para que los Estados Unidos probara ante el mundo que la sustitución del "comunismo" por el modelo neoliberal significa prosperidad económica para un pueblo. Tanto para la exportación, como para el consumo del mercado político norteamericano y nicaragüense, Nicaragua ofrecía la gran ocasión.

Vender esta propaganda resulta demasiado caro y poco convincente en Europa del Este. En esos países se requieren miles de millones para llevar a cabo reconversiones industriales y comerciales a la vez que se hacen mínimos recortes en los servicios sociales a los que en estos pueblos están acostumbrados. Igual de costoso y sin rendimientos ejemplarizantes de corto plazo hubiera resultado tratar de demostrar esta propaganda actuando en los empobrecidos países africanos, al borde de la inanición.

En Nicaragua era barato y relativamente fácil. No obstante la profundidad de la crisis y el deterioro de la infraestructura económica, los recursos requeridos son relativamente pequeños. Hacer de Nicaragua un "showcase", una vitrina de la democracia pro-norteamericana, hubiera tendió un precio relativamente pequeño: según el gobierno de la UNO se requerían 1.800 millones de dólares a lo largo de tres años.

Sin embargo, el gobierno norteamericano, después de grandes demoras y excusas, otorgó 30 millones de dólares en ayuda de emergencia y el Congreso aprobó 300 millones para el año 90 y 200 millones adicionales para 1991. En septiembre, Washington indicó al gobierno de Managua que existía la posibilidad de que esos 200 millones fueran reducidos por causas de la situación presupuestaria norteamericana y por la crisis del Golfo Pérsico.

Durante los largos años de guerra los intereses de seguridad norteamericanos se habrían impuesto sobres cualquier otra consideración. Hoy prevalece la "necesidad" de imponer un "ajuste estructural" a la economía nicaragüense.

De haber mediado intereses de seguridad en los términos clásicos de la guerra fría, quizás Violeta Chamorro y su equipo de tecnócratas hubieran tenido prácticamente resuelta financieramente la problemática de su gestión administrativa, exceptuando naturalmente los asuntos de corrupción. En ese caso, no hubieran necesitado buscar con tanta insistencia arreglos con el FSLN. Implementar el programa de gobierno, particularmente la privatización, hubiera sido tanto más asimilable política y económicamente por el pueblo cuanto que se hubiera podido estabilizar la moneda, contener la inflación sin recurrir a medidas recesivas, y estimular inversiones privadas y públicas que llevaran a ampliar el mercado laboral permitiendo a la vez la ampliación de programas de salud y educación. Todo esto costaba relativamente poco, lo equivalente al mantenimiento de algunos parques de Estados Unidos, o a la adquisición de un solo sofisticado avión de guerra al año.

La lógica de Washington después de las elecciones

La ayuda de Estados Unidos no hubiera sido solamente un signo de generosidad o un acto de gratitud hacia un pueblo que le había dado las espaldas al sandinismo en las urnas. Se podía haber justificado en la responsabilidad que la administración norteamericana debió sentir al convertirse en gobierno una coalición de partidos que probablemente ni los más optimistas estrategas norteamericanos pensaron que podía ganar. La UNO, concebida, nutrida y nucleada por los Estados Unidos, inesperadamente para todos, incluidos ellos mismos, llegaba al poder. Existía, pues, una responsabilidad.

Con todo derecho el nuevo gobierno de Nicaragua reclamaba el "dividendo de paz" y lo reclamado eran sumas en todo caso muy inferiores a los miles de millones invertidos por Estados Unidos en la guerra contra el sandinismo, o de los abultados flujos de asistencia militar a los ejércitos y policías de la región, que seguramente echan de menos la "amenaza sandino-comunista" que justificaba tan jugosas prebendas norteamericanas.

En este sentido, el resultado de las elecciones fue tan desastroso para el sandinismo como para los gobiernos del área. Durante la década de la cruzada anti-sandinista, los aliados de Estados Unidos en Centroamérica recibieron más de 9 mil millones de dólares en ayuda militar y económica. Esto, sin incluir los miles de millones que representaron las continuas maniobras militares y las actividades de espionaje aéreo. En los últimos 18 meses -en los que se ha producido el "final" de la guerra fría, la derrota electoral sandinista y la crisis del Golfo Pérsico- se redujeron drásticamente los montos de asistencia para Centroamérica: para Costa Rica se ha descendido de los 217 millones de 1985 a los 65 solicitados para 1991; El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice reciben en conjunto 360 millones menos que los 1200 millones concedidos hace 6 años. Ya no están garantizados los 200 millones prometidos a Nicaragua para 1991, mientras Panamá no recibirá ayuda alguna en el 91.

En el caso de Nicaragua, para iniciar la recuperación se requieren nuevos créditos, los cuales a su vez exigen el pago de 300 millones de dólares que Nicaragua debe al Banco Mundial y al FMI. Desde septiembre se ha agregado la necesidad de 10 millones más mensualmente para pagar la nueva factura petrolera.

En otro momento, se hubiera interesado mucho Estados Unidos en continuar invirtiendo cuanto fuera necesario con el fin de lograr a cabalidad lo que es su objetivo estratégico en Nicaragua: la eliminación de la opción revolucionaria que representa el sandinismo. Y esa es una inversión pendiente. Porque la derrota electoral ha representado solamente una victoria a medias para los Estados Unidos. La principal fuerza organizada en Nicaragua, el FSLN, y los organismos e ideales identificados con su nacionalismo revolucionario, han quedado intactos y representan al 41% del electorado nicaragüense, y continúan atrincherados en la Asamblea Legislativa, en el Poder Judicial, en las municipalidades, en el ejército, en la policías y en los medios de comunicación. Una fuerza además legitimada internacionalmente por haber organizado un proceso electoral ejemplar y haber aceptado el resultado adverso de la contienda. Una fuerza aún joven, pero madurando, cuyas posibilidades de volver al poder a través de elecciones representaría un fracaso histórico para los Estados Unidos. Supuestamente, habría que prevenir ese fracaso a toda costa y a cualquier costo.

Hay más: las condiciones políticas eran propicias para cumplir con el objetivo estratégico anti-sandinista. Estados Unidos "desaprovechó" una coyuntura política ideal en la que con una inversión relativamente pequeña hubiera podido obtener una cosecha de altos rendimientos. En los meses siguientes a la elección, Washington pudo haber preparado un plan de emergencia que habría permitido al nuevo equipo de gobierno capitalizar su período de luna de miel, nacional e internacionalmente, llevando de inmediato al pueblo un respiro en la asfixiante situación económica en la que se encontraba.

Pero intentar acabar con la alternativa sandinista, estabilizando al gobierno de la UNO, exigía que Washington colocara su interés geo-político por encima de la defensa de los preceptos ideológicos y presupuestarios del actual capitalismo, que le llevan a negar los exiguos fondos requeridos. Al insistir tanto en la destrucción del sandinismo y en la implantación del modelo neo-liberal, la administración norteamericana condenaba al gobierno de la UNO y al país a la inestabilidad, dándole incluso nueva combatividad al sandinismo como símbolo de un nacionalismo independiente.

El gobierno de la UNO está forzado a la concertación

Ante la crisis enfrentada por el gobierno de la UNO, agudizada por el exiguo apoyo financiero norteamericano y las expectativas de mejoría económica que Chamorro generó en el pueblo durante su campaña, se planteó una nueva alternativa: apelar a la comunidad internacional y a los organismo financieros multilaterales sobre la base de que existía un consenso nacional para solicitar la ayuda.

El plan de ajuste que inicialmente proclamó el gobierno, con exagerado énfasis en la estabilización de la moneda, se fue revelando como una ficción técnica. La carencia de un aparato represivo propio para contener los reclamos populares frente a los ajustes y la carencia de recursos externos impedía al gobierno garantizar la aplicación de su plan.

Concluido "el mito de los 100 días", los técnicos-políticos que desplazaron a los técnicos-ideológicos dentro del gobierno, afirmaron que el futuro de la economías y del mismo programa del gobierno dependían de dos claves: la concertación con los trabajadores y sus representantes políticos y la respuesta que los países donantes dieran para financiar el rescate de la economía nicaragüense. En este contexto, el respaldo del Frente Sandinista al programa económico de gobierno era percibido como la condición básica para su ejecución. No sólo para apaciguar al movimiento sindical y popular, sino también para garantizar mejor el apoyo internacional.

La crisis económica ha puesto en crisis tanto la gobernabilidad del país como el marco de la oposición legal. No es ni la fuerza ni la beligerancia del Frente la principal razón por la que el gobierno de Chamorro carece de verdadero control y poder. La razón más profunda es al crisis económica. Gradualmente, el gobierno tomó conciencia de que no podía pedírsele a ese sector de la población que es el sandinista, mayoritario a nivel de organización, que para lograr estabilidad, sacrificara la defensa de sus intereses y renunciara a la organización, la conciencia, las leyes, los derechos y la Constitución que adquirió tras años de lucha y de experiencias revolucionarias. Pero sin estabilidad difícilmente se obtendrían los recursos externos necesarios para enfrentar la misma crisis económica.

La dependencia externa y la tacañería norteamericana obligaron al gobierno de la UNO a atenuar sus instintos reaccionarios y antipopulares y a consultar al grupo opositor.

El sandinismo también está empujado a la concertación

Con la madurez y la combatividad aprendidas de su experiencia revolucionaria, la clase trabajadora nicaragüense oponía a la resistencia más tenaz, organizada y responsable que en América Latina se ha dado frente a las políticas económicas neo-conservadoras que azotan a nuestra región. Los trabajadores de Nicaragua probaban que no entendían la democracia como la entrega de un cheque en blanco al gobierno para que aplicara medidas anti-populares.

Para la dirigencia sandinista el reto de ser oposición era tan grande y tan complejo como lo era para la UNO el ser gobierno. A los sandinistas se les planteaba el reto de asumir alguna responsabilidad en la administración de una crisis económica que venían sufriendo principalmente los sectores populares aún desde antes de las elecciones. Co-administrar la crisis dentro de un marco nacional e internacional desfavorable exigía flexibilizar posiciones clasistas.

La velocidad con que se ha ido profundizando en estos meses la crisis económica, lejos de fortalecer al sandinismo le creaba dilemas sin precedentes históricos. La pregunta no era si los sandinistas se proponían derrocar al gobierno, sino si impedirían o no su colapso. Para la derecha no había diferencia entre ambas preguntas. En este marco, las fuerzas políticas y sindicales del sandinismo se impusieron la tarea de elaborar y negociar con el gobierno su propio plan alternativo para luchar contra la crisis. Partían de un presupuesto similar y relativamente desideologizado, insistiendo en su viabilidad política y financiera a nivel internacional a partir de una premisa nueva, que posteriormente aceptó el gobierno: Nicaragua requiere de la comunidad internacional un tratamiento de excepcionalidad por su situación post-bélica.

Al tratar de forjar un entendimiento nacional, que daba superada en Nicaragua la vieja práctica derechista de imponer a sangre y fuego los planes económicos y aplastar después las rebeliones sociales que provocaban. Descartada también la viva tesis de la izquierda de ahondar en su favor las contradicciones hasta provocar el estallido social y los vacíos de poder, aunque esto implicara mayores sufrimientos para el pueblo.

La hiperinflación y la amenaza de un desempleo masivo, sin embargo, atentaban contra los esfuersos y la estrategia de la "nueva izquierda": aceptar una solución "capitalista" a la crisis y reconciliar la búsqueda de un apoyo mayoritario de la población con la necesidad de no divorciarse de la resistencia espóntanea que a las medidas gubernamentales surgía en el campo y en la ciudad -formas de resistencia nada "populares" entre sectores medios- era un enorme reto.

De hecho, aunque no formalmente, el FSLN asumió la responsabilidad de apoyar al gobierno a hacer más gobernable política y socialmente el país a cambio de modificaciones sustanciales en el programa económico y aún en el carácter del mismo gobierno. Pero esta opción no representa garantía total contra el caos ni asegura viabilidad al gobierno, pues también depende de la inyección de recursos externos, que son el sustento indispensable de cualquier estabilidad.

El problema de fondo no radica en alcanzar consenso en torno a la caracterización de la crisis nacional o en las medidas de política económica necesarias para enfrentar la situación. Y así como el gobierno se veía forzado a concertar con su oposición, también la dirigencia de las fuerzas populares optaba por aceptar como necesario la imposición de un plan de ajustes acorde con la situación de emergencia económica social que vive el país, luchando para que no castigara desproporcionadamente a los sectores populares. La fuerza organizada de la izquierda y su propia experiencia como gobierno facilitaron el llegar a un consenso con el gobierno, al menos en el punto de partida: la excepcionalidad del caso de Nicaragua y el tratamiento preferencial internacional que exige.

Enfoques netamente monetaristas o de aseguramiento de subsidios o de estricta estabilidad laboral fueron perdiendo terreno por su falta de viabilidad política interna los primeros y por su falta de aceptación ante los organismos internacionales los segundos. La necesidad de viabilidad obliga la gobierno a democratizar la toma de decisiones para mejor enfrentar la imposición externa. De esta manera, el gobierno, aún a costa de perder sus facultades tradicionales, está llamado a servir de intermediario entre los planteamientos de la sociedad y los esquemas económicos neo-liberales, abriéndose así mayor espacio interno con el que contrarrestar su pérdida de espacio internacional a causa de las nuevas condiciones políticas y económicas mundiales.

¿Plan de estabilización económica, plan de ajuste estructural o programa de emergencia post-bélica? Realmente las condiciones de la economía nicaragüense, ningún plan resulta viable sin un trato preferencial de los países desarrollados y los organismos financieros multilaterales por un lado, y sin un mínimo de consenso interno por otro.

En Nicaragua se presentan las condiciones para intentar reconciliar no sólo a las dirigencias políticas, sino al pueblo con el capital internacional. Si esto no se logra, la disyuntiva es clara: o explosión social o colapso económico.

Los límites internacionales de la conciliación política y de la concertación económica

El mismo marco internacional que alimenta actualmente la conciliación política resulta incapaz de sostener financieramente ese esfuerzo. Aparentemente, hemos tocado fondo y pese a las conciliaciones internas que se logra, los límites externos no varían, parecen inmutables. La crisis que confronta hoy el gobierno de doña Violeta no es en el fondo muy distinta de la que el FSLN afrontó a partir de 1988, que se hubiera agravado si hubiera ganado a las elecciones de febrero, aún teniendo en cuenta que la concertación ya era línea política del FSLN.

De haber sido distinto el resultado electoral, una nueva administración sandinista, legitimada por la observación internacional de los comicios, victoriosa militarmente en su contienda con la contra y constituyendo la fuerza reconocida como conductora de las grandes mayorías, tampoco hubiera tenido la capacidad de conseguir los recursos externos indispensables para estimular la producción y recuperar alguna estabilidad monetaria.

Las presiones internas e internacionales sobre el nuevo gobierno de Daniel Ortega para que llegara a un amplio entendimiento con la oposición en materia de política económica hubieran sido similares. El campo socialista, principal fuente de subsidios hasta 1988, había dejado de existir y el gobierno de Estados Unidos ya había señalado que la normalización de relaciones sería producto no de las elecciones sino del "futuro comportamiento" del nuevo gobierno sandinista.

La comunidad europea, con su atención concentrada en Europa del Este, no hubiera representado una fuente para la obtención de los recursos de emergencia que se necesitaban. En muchos sentidos, un triunfo sandinista apuntaba hacia un colapso económico. Esto los sospechaba el pueblo y lo sabía la contra, por lo que su desmovilización a corto plazo en el escenario de un triunfo electoral sandinista era una mira. En estas circunstancias la dirigencia sandinista hubiera llegado tarde o temprano a la misma disyuntiva que hoy enfrenta Chamorro: o colapso o concertación, con la esperanza de atraer mayor apoyo externo. O entendimiento con los Estados Unidos mediante la concesión de una cuota de poder a la derecha o economía de guerra, con la eliminación de los espacios políticos y del esquema histórico de pluralismo y economía mixta.

Lo cierto es que en la actual avalancha capitalista, cualquier gobierno nicaragüense, al igual que cualquier gobierno latinoamericano o del Tercer Mundo, está en proceso de perder el verdadero poder de formular políticas nacionales. Mientras Estados Unidos paga hoy el costo de las políticas estratégicas, fiscales y monetarias que le permitieron financiar la guerra fría y la defensa de su hegemonía mundial -costos que se reflejan en su actual crisis fiscal y en el deterioro de sus servicios sociales-, a América Latina y al Tercer Mundo les toca pagar a Estados Unidos y a sus aliados la factura ya no sólo de los grandes incrementos en la tasa de interés de la deuda externa, sino también cediendo en la soberanía para que el capital internacional cobre ya no sólo en dinero sino en especie, a través de esquemas de privatización y de libre comercio.

Si al gobierno Chamorro le ha sido difícil lograr la desmovilización de la contra y más difícil aún obtener recursos norteamericanos, resulta impensable que el sandinismo hubiera tenido mayor éxito en estos objetivos. La "desventaja" chamorrista de no contar con una base social propia, organizada y popular, sería supuestamente compensada con la facilidad con que estas "nuevas democracias", al igual que la panameña, liberadas de sus "dictaduras, lograrían grandes cantidades de recursos blandos de los Estados Unidos y del mundo. Pero no fue así: al nuevo gobierno le fue tan mal en la conferencia de Donantes europeos celebrada en Roma en junio/90 como a los sandinistas les había ido en Estocolmo en mayo/89. Ambos gobiernos recibieron promesas y créditos, pero muy poca inyección de divisas.

Los costos de la distensión Este - Oeste

Hace solamente 10 años de lucha contra el "imperio del mal" soviético aseguraba importantes flujos de recursos norteamericanos a la región centroamericana. Bastaba que los Estados Unidos vieran en Centroamérica o en otras partes del mundo "amenazas" a su seguridad o a la de sus fieles aliados, para que la "ayuda" militar y económica fluyera generosamente.

A la par, gobiernos como el de Nicaragua, "de orientación socialista", contaban con importantes suministros del campo socialista para apuntalar su defensa militar y sus estructuras económicas. El colapso de los regímenes socialistas europeos cambió esta realidad, perjudicando tanto a gobiernos de derecha como de izquierda en el Tercer Mundo. Si antes existían recursos para luchar contra el "comunismo", en el momento en que el "comunismo" deja de existir, ya no se justifican dichos flujos, a la par que el colapso del comunismo significa el colapso de flujos alternativos de recursos.

Las condiciones para lograr la estabilidad y el desarrollo global de nuestro planeta pueden estar dadas a nivel Este-Oeste y existen potencialmente a lo interno de las sociedades del Sur, desgarradas por conflictos a lo largo de las últimas décadas. Pero no existen indicios de modificaciones en el orden económico Norte-Sur. Sin estas modificaciones pueden estar condenados al fracaso todos los esfuerzos de concertación de las dirigencias políticas moderadas, y nuestras sociedades estarán abocadas a explosiones sociales.

Agoniza el viejo orden sin que nazca un orden nuevo

No se trata de fracasos de la izquierda o de la derecha -la nueva ortodoxia neoliberal tiene también sus días y sus partidarios contados-, se trata de la falta de viabilidad de todo gobierno del Tercer Mundo, confrontado por una crisis económica y social, de la cual es incapaz de salir por más esfuerzo cívico, político o militar que haga. Y en tanto las nuevas potencias económicas no sientan afectados sus propios intereses -olvidémonos de apelar a su responsabilidad política o a su ética humana-, no tendrán nuestros gobiernos las respuestas necesarias para evitar colapsos totales que podrían ser evitados. Más que nunca esta crisis será responsabilidad directa de los dueños del capital mundial.

¿Dónde cabe el Tercer Mundo, Centroamérica y Nicaragua en la nueva era multipolar? No nos hagamos ilusiones. El reordenamiento Este-Oeste -y su evolución hacia un modelo ,más independiente- no implica modificaciones en el injusto modelo actual de intercambio Norte-Sur. Las nuevas potencias ni quieren ni pueden variar las leyes básicas del mercado mundial capitalista, que son las que les permitieron surgir como potencias.

La proyección política de Bonn y Tokio apunta principalmente a determinadas zonas geográficas, que además de representar mercados potenciales, constituyen también sus tradicionales "zonas de influencia". Alemania amplía su presencia en Europa Central y del Este, Japón apunta hacia China y el Sudeste Asiático. América Latina no figura en la lista de prioridades de estas nuevas potencias e incluso puede disminuir como área de atención política a nivel global.

En este contexto, cabe preguntarse si el nuevo marco de competencia inter-capitalista puede estimular política y financieramente procesos de concertación nacional. En otras palabras, los actuales cambios mundiales ¿pueden mermar la capacidad de los Estados Unidos de imponernos sus intereses cortoplacistas y sus precondiciones estrechas? ¿Pueden frenarlo en sus intentos por destruir todo impulso latinoamericano por diversificar la dependencia? ¿Pueden ampliar nuestras cuotas de soberanía y atraer la comprensión y hasta la competitividad de otras potencias en la atención a nuestros problemas sociales y económicos?

El modelo neo-conservador insiste en atar la colaboración económica a la "liberalización" política y a la adopción por los gobiernos del Tercer Mundo de esquemas de privatización y libre mercado. La Comunidad Económica Europea y Japón, al igual que los organismos financieros multilaterales, comparten la defensas del nuevo modelo, aunque la no tradicional rigidez y la inyección en él de criterios geo-políticos con los que Estados Unidos lo proyecta sobre nuestros países.

De hecho, la Comunidad Económica Europea comunicó recientemente a los Estados Unidos que no aceptaba que su cooperación con Centroamérica y el Caribe se sujetara a los criterios políticos norteamericanos reflejados en el Plan Baker. Así, los "aliados", incluyendo a la URSS, a quien se invitó a participar en esta cooperación, no tienen por qué sujetarse a la estrategia norteamericana dirigida a apuntalar a regímenes amigos (Nicaragua y Panamá) y a aislar a los antagonistas (Cuba). Por su parte, Japón discrepa con Estados Unidos por la falta de apoyo concedido a Panamá y por el peligro que esto representa para el funcionamiento del canal. Pro hasta el momento se trata sólo de discrepancias de orden menor, discrepancias que quedaron aún más relegadas a partir de la crisis en el Golfo Pérsico.

La doctrina Monroe en la época de la Perestroika

Independientemente del desenlace de esta crisis, posiblemente estemos a las puertas de un nuevo regionalismo con la conformación de bloques económicos competitivos. Resulta revelador -y sospechoso para algunos europeos- que el flamante Plan Bush "para las Américas", al plantear la integración de los mercados "desde Alaska hasta la Patagonia", pueda pretender excluir a terceros al reforzar los nexos bilaterales de cada país latinoamericano con los Estados Unidos.

Estamos ante una realidad de doble cara. Por un lado, Estados Unidos se muestra cada vez más exiguo en sus ayudas a las economías latinoamericanos. Por otro lado, al tratar de imponer sus criterios y reglas del juego económico continúa reclamando a América Latina como su propia zona de influencia, socavando tanto los nexos colectivos e integracionistas de nuestra región como queriendo imponer condicionamientos a la cooperación de otros países industrializados con América Latina. Como hace siglo y medio, "América para los americanos", pero sin mayor gasto: ni el Plan Baker para Centroamérica, ni el Plan Bush para el Hemisferio asigna montos extraordinarios de asistencia y a la vez, Washington insiste en constituirse en el "coordinador" de toda las del Grupo de los 24 para Centroamérica, cobrando los beneficios políticos mientras otros ponen el gasto económico.

Tanto por la naturaleza común de la crisis que afecta a las naciones latinoamericanas, como por la receta también común que se les pretende aplicar desde el exterior, resulta lógico e imperativo desarrollar respuestas regionales que fortalezcan los espacios internos y mejoren nuestra capacidad de negociación.

Respondiendo al reto planteado por la nueva situación mundial, pero también a la crisis económica y social de la región, la administración Bush opto por desviar la atención de los duros procesos de ajustes planteando que el origen de todos los males era el proteccionismo y llamando a la creación de una zona de libre comercio entre Estados Unidos y Latinoamérica.

El Plan Bush: una zona de libre comercio entre Estados Unidos y América Latina

Los peligros de este Plan Bush están a la vista. Nacionalistas canadienses y mexicanos advierten que sus países corren el riesgo de ser avasallados por las transnacionales estadounidenses a las que el tratado de libre comercio que ambas naciones han suscrito con Estados Unidos concede mayor participación en la elaboración de las normas económicas nacionales. Es preocupante el alejamiento de América Latina que ha protagonizado México para volcarse al proyectado mercado común con Estados Unidos y la abierta defensa que hace el gobierno mexicano de la propuesta Bush.

Un reciente estudio del Sistema Económico Latinoamericano (SELA) apunta a que la iniciativa Bush, en vez de considerarse como producto de la "generosisdad estadounidenses" debe estudiarse como "el resultado de una necesidad de Estados Unidos', que en los últimos años ha sufrido un "declive secular" en materia económica, tecnológica, financiera y comercial a nivel mundial.

El SELA advierte que existe el peligro de que la propuesta de Bush se convierta en un instrumento norteamericano para obtener beneficios "asimétricos", al pretender implantar una nueva relación comercial económica sobre bases quizás todavía menos equitativas que las actuales. Estaríamos ante una receta no nueva, pero con más "de lo mismo": más saqueo y más dependencia.

Tampoco puede aceptarse sin mayor reparo el condicionamiento de la propuesta norteamericana a que los países involucrados privilegien al sector privado y desconozcan el papel regulador del Estado en la economía y su responsabilidad social.

A fin de que la propuesta sea congruente con los intereses de la región, los gobiernos de América Latina deberían de incluir en la misma la flexibilización en la obtención de recursos y en el pago de la deuda comercial. Pero lo más importante es asegurar respeto a los esfuerzos multilateralistas de integración latinoamericanos que se vienen desarrollando en la región. En la medida en que la integración sirva también de marco para los esfuerzos de reconciliación y concertación nacionales, ésta redundará en beneficio de los esfuerzos para entrelazar los mercados comunes subregionales, así como de los que tratan de lograr acuerdos bilaterales entre países latinoamericanos y con la Comunidad Económica Europea.

En este contexto, los procesos de concertación política para lograr la estabilidad social y apoyo externo, quedan cada vez más vinculados al esfuerzo de integración y concertación política regional. Mecanismos de negociación conjuntos, a nivel regional y sub-regional, podrán permitir la adopción de procesos de ajuste en mejores condiciones y más acordes con las necesidades particulares de la región. A la vez, la concertación abre la posibilidad de asegurar mayor acceso a los mercados internacionales, a la negociación del pago de la deuda, a mejores términos de intercambio y de financiamiento externo y a la tecnología necesaria para enfrentar la transformación de la estructura productiva con el mínimo de trastorno social y en condiciones de mayor soberanía.

Esto se hace más urgente porque, no obstante el "declive" económico señalado por el SELA, el repliegue global soviético significa el fortalecimiento del poderío americano, y en América Latina más que en ninguna otra zona del mundo.

Si es cierto que la competencia mundial está tomando un carácter cada vez más económico y que los Estados Unidos están perdiendo terreno, entonces tampoco podemos descartar el recurso norteamericano a la presión política para alcanzar privilegios exclusivos en su área predilecta de expansión y de hegemonía, en América Latina.

La encrucijada del Tercer Mundo

En el momento en el que se ha suspendido el simulacro de luchas de clases a nivel internacional, ¿qué ocurre con la lucha de clases a lo interno de las naciones del Tercer Mundo? ¿Cómo cambia ésta la correlación de fuerzas nacionales? ¿Se imponen nuevas formas de lucha? ¿O pagan todos los gobiernos por igual, independientemente de su inclinación ideológica?

La década de los 90 se inició con la esperanza de que la concertación política Este-Oeste pudiera ser complementada con la concertación económica Norte-Sur, y que ambas concertaciones pudieran a su vez inducir soluciones políticas, concertaciones sub-regionales y nacionales en los países del Sur. La tendencia a la desideologización de los conflictos, tendencias hacia el pragmatismo en la izquierda, y el reconocimiento de algunos derechas del colapso de modelos oligárquicos, constituyen elementos favorables a estas concertaciones nacionales y subregionales. El mismo resurgimiento de la sociedad civil exigiendo estabilidad y programas sociales tiende a restar fuerza a sectores de izquierda o de derecha que propugnaban la violencia para lograr sus metas.

El pragmatismo puede irse imponiendo entre las dirigencias políticas como producto de la necesidad y de la oportunidad histórica, como producto de las agudas crisis económicas, que aunque llevan a las masas a la polarización y aún a la protesta violenta, no se traducen en mayor apoyo a alternativas que supongan un sostenimiento indefinido de movimientos armados que, aunque triunfaran, no podrían ofrecer las soluciones inmediatas que exige el pueblo, y que al prolongarse, podrían llevar a amplios sectores a asociar la continuación de guerras o guerrillas con la agonía económica y la represión. Las demandas democráticas de una mejoría económica, de estabilidad y de oportunidades de trabajo, bajo la amenaza de hacer ingobernable a una nación, llevan a las dirigencias de derecha o de izquierda a esgrimir la moderación.

Hoy por hoy, en Nicaragua, como en tantos otros países del Tercer Mundo, las fuerzas políticas responsables, o por lo menos con posibilidades de constituir gobiernos, han llegado a considerar ineludible la necesidad de ajustar las estructuras económicas, y eliminar las distorsiones en el aparato productivo, ante los nuevos retos que impone el mercado internacional.

Queda abierto el debate en torno a qué cariz darle al diseño del programa de ajuste estructural: ¿hasta dónde aceptar o esquivar la insistencia de los organismos financieros internacionales en ajustes que, en aras del "crecimiento económico", dejan al margen los efectos sociales que causan sobre la mayoría del pueblo las políticas recomendadas? ¿Existe una alternativa "concertada" de ajuste estructural que, sin imponer mayores sacrificios a los pueblos, pueda también encontrar el necesario apoyo político y material externo?

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