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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 106 | Agosto 1990
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Nicaragua

Proyecto neo-liberal: los interrogantes económicos

El balance de los 100 primeros días del gobierno de Violeta Chamorro está marcado por el éxito conseguido en la desmovilización de la contra y por el agravamiento de la crisis económica e inestabilidad social, que afecta a todo el país.

Equipo Nitlápan-Envío

El análisis de coyuntura de este mes tiene su centro en la situación económica del país y en las salidas que puede tener la actual crisis. Los primeros 100 días de gobierno de la UNO permiten hacer diagnósticos y algunas previsiones.

El balance de los 100 primeros días del gobierno de Violeta Chamorro está marcado por el éxito conseguido en la desmovilización de la contra y por el agravamiento de la crisis económica e inestabilidad social, que afecta a todo el país. El gobierno sostiene que el deterioro de la situación económica y social es producto de una "emboscada económica" tendida por el sandinismo en sus últimos meses en el poder y del sabotaje del programa económico que causaron las dos huelgas nacionales dirigidas por organizaciones sandinistas.

Por su parte, el sandinismo argumenta que el deterioro actual ha sido causado por la nueva política económica para enfrentar la crisis, que no está basada en la concertación de todos los sectores sociales, sino que apunta a lograr rápidamente la estabilización económica del país imponiendo sus elevados costos sobre los sectores populares e incluso sobre otros sectores sociales.

El agravamiento de la crisis refleja, por un lado, los efectos del "congelamiento" del plan de estabilización económica del gobierno sandinista durante los primeros cuatros meses del año y, por otro lado, la incapacidad del nuevo gobierno de traducir en una mejoría inmediata del nivel de vida del pueblo la finalización de la guerra y del bloqueo y la reanudación de la ayuda económica norteamericana.

La UNO continúa con el plan anti -inflacionario del FSLN

Tanto a nivel del plan de estabilización económica como a nivel de la estrategia económica de mediano plazo, el programa de la UNO es una continuación del implementado por el FSLN, porque ambos pretenden reducir la inflación contrayendo la economía nacional al mercado mundial, apostando a una reactivación económica del sector agroexportador. Las diferencias entre el programa de la UNO y el del FSLN estriban en el rol del Estado, en cómo distribuir los costos sociales de la contracción económica y en el grado de privatización de la economía en el "nuevo" modelo agroexportador.

El análisis de la política económica de la UNO y sus resultados en los primeros 100 días de gobierno lo dividimos en dos niveles. El primer nivel de análisis aborda el comportamiento global de la economía, tanto en los 100 primeros días de gobierno de la UNO como durante el período de transición. El segundo nivel considera el impacto de mediano plazo del plan de ajustes iniciado por el FSLN y continuado por el UNO sobre la estructura productiva y sobre los sectores sociales y productivos de la ciudad y el campo. Finalmente, diseñamos tres posibles escenarios para Nicaragua, según sea la salida que tenga la actual crisis económica. Un primer escenario de inestabilidad permanente, que sería la prolongación de lo ya vivido en estos primeros 100 días. Un segundo escenario, de concertación, donde las bases populares mantienen espacios y protagonismo social. Y logran revertir las conquistas revolucionarias.

Las expectativas del nuevo gobierno de lograr un mejoramiento económico a corto plazo gracias a la finalización de la guerra y fa la reanudación de la ayuda norteamericana se vieron frustrados en sus 100 primeros días en el poder. Los factores que explican este fracaso son:

1) la acumulación de desequilibrios cambiarios, monetarios y fiscales en el período de transición causados por el "congelamiento" del plan de estabilización económica del gobierno sandinistas;
2) la inviabilidad de reducir drásticamente y a corto el déficit fiscal dado el alto costo social y político de esta reducción, agravado por la política de confrontación del gobierno con el movimiento sindical;
3) la insuficiencia y tardanza de los desembolsos de ayuda externa.

El nuevo gobierno "congela" el Plan sandinista

La campaña electoral primero y sus resultados adversos después forzaron al gobierno sandinista a "congelar" durante los cuatro primeros meses del año el plan de estabilización económica que había venido implementando desde febrero/88. Los resultados alcanzados por este plan hasta diciembre/89 mostraban avances, tanto en la lucha anti-inflacionaria como en la eje fundamental del modelo de reactivación económica sandinista.

La inflación, después de registrar una explosión que al finalizar 1988 la llevó hasta un 33 mil 600% se redujo al terminar 1989a 1,689%. El avance más notable se produjo en la reactivación del sector exportador. En 1989 las exportaciones crecieron en un 5.2% respecto a 1987, después de que en 1988 habían caído hasta -16.4%.

La implementación del plan de estabilización sandinista tuvo altos costos económicos y sociales. Las actividad económica del país experimentó una recesión aún mayor que en los peores años de la guerra: la producción interna cayó más del 10% en 1988 y el 3% en 1989. Asimismo, los salarios promedios reales de los trabajadores se redujeron en un 40% entre diciembre/87 y diciembre/89.

Reducir tan drásticamente la inflación se consiguió principalmente con la implementación de un drástico plan de austeridad en el gobierno. En 1989 el gasto del gobierno se recortó a menos de la mitad de lo que era en 1987, al pasar de 172 millones de dólares a sólo 81 millones. Esta disminución del gasto público se hizo, Ministerio del Interior, y por otro, con la reducción y/o fusión de varios ministerios e instituciones estatales. Ambas medidas significaron la eliminación de aproximadamente 8 mil puestos de trabajo civiles y 13 mil de carácter militar. Esta reducción del empleo en el sector publico incidió notablemente en el aumento de la tasa de desocupación, que pasó de 24.4% en 1987 a 32.7% en 1989.

Los resultados electorales adversos al FSLN y la negativa del equipo económico de la UNO de concentrar con los sandinistas las medidas de política económica que debían implementarse durante el período de transición, influenciaron decisivamente para que el gobierno sandinista abandonara la férrea disciplina que se había impuesto para reducir la inflación.

En primer lugar, el tipo de cambio oficial permaneció estático desde enero hasta abril/90, interrumpiéndose así el ciclo de mini-devaluaciones semanales que mantenían una tasa de cambio adecuada par incentivar las exportaciones.

La consecuencia de este congelamiento hizo que la brecha entre el mercado oficial de divisas y mercado negro se ensanchara, alcanzando en abril diferencia de mas de 100% (cuadro 2).

Tal ensanchamiento de la brecha repercutió en la merma de los ingresos de los productores, que recibían en esos meses la liquidaciones de sus cosechas de exportación; en el florecimiento de la especulación y en pérdida cambiarías para el Banco Central.

En segundo lugar, el gobierno sandinista decretó aumentos salariales sustanciales, que se tradujeron en la duplicación de los salarios promedios reales entre diciembre/89 y abril/90. El incremento fue aún mayor para los empleados públicos cuyos salarios reales se triplicaron en el mismo período.

Los aumentos salariales fueron el factor decisivo en la duplicación del gasto del gobierno. Este incremento de más del 100% en el gasto no pudo ser financiado con los ingresos del gobierno central, ya que en abril/90 apenas cubrieron un tercio de los gastos totales. El resto tuvo que se cubierto con financiamiento del Banco Central (Cuadro 6).

En tercer lugar, el Banco Central tuvo que financiar el aumento de los subsidios a las empresas de servicios de transporte urbano, agua potable luz y teléfono causado por el congelamiento de sus tarifas durante los primeros meses del año.

En cuarto lugar, el gobierno sandinista decretó una amplia condonación y reestructuración de las deudas contraídas por los sectores productivos y de servicios, descapitalizando así el Sistema Financiero Nacional. Además, después de la condonación y/o reestructuración de deudas, se produjo una fuerte demanda de créditos para el nuevo ciclo agrícola y también para las actividades industriales y comerciales. Esta fuerte demanda de créditos tuvo por ser cubierta con mayor financiamiento del Banco Central al Sistema Financiero Nacional.

La demanda extraordinaria de recursos financieros, tanto del Gobierno Central como de las empresas de servicios públicos y del Sistema Financiero Nacional, obligaron al Banco Central a realizar una emisión de billetes sin respaldo, que rompió por completo la disciplina monetaria que se había restaurado exitosamente en el transcurso de 1989, alimentando de esta manera la inflación.

El plan de estabilización presentado en Roma

Inicialmente, el nuevo gobierno de la UNO consideró que era factible superar estos desequilibrios y alcanzar a corto plazo la estabilización económica del país. Su confianza estaba fundamentada en que el respaldo político obtenido por la UNO en las elecciones y la ayuda norteamericana le iban a permitir ejecutar medidas drásticas y financiar el déficit fiscal y financiero frenando así rápidamente la inflación.

El plan de estabilización económica que el nuevo gobierno presentó en junio en la Conferencia de Donantes de Roma tenía tres fases claramente definidas. La primera de ellas consistía en corregir los fuertes desequilibrios cambiarios, fiscales y monetarios que se habían acumulado en los cuatro primeros meses del año e introducir una nueva moneda -el córdoba oro-, inicialmente como referencia del sistema financiero, y con una paridad de 1x1 con el dólar. Esta fase correspondería a los primeros 100 días.

La segunda fase comprende la introducción gradual del córdoba oro a todas las transacciones que se realizan en la economía. Esta fase iba hasta finales de año. Finalmente, una vez garantizada la disciplina fiscal y monetaria necesaria, se procedería a eliminar de la circulación la vieja moneda -el córdoba "chanchero sustituyéndola plenamente por la nueva moneda.

La brecha cambiaria

La correlación del desequilibrio cambiario se ha efectuado aceleradamente por medio de continuas mini-devaluaciones que buscan como acercar la tasa de cambio oficial a la del mercado negro, logrando cerrar significativamente esta brecha. En el transcurso de los 100 días el córdoba se devalúo a un ritmo de más del 100% mensual (cuadro 1).

De esta manera se logró reducir la diferencia entre el mercado oficial y el negro hasta llegar a la diferencia de diciembre/89, cuando era de un 34%. Al momento de la toma de posesión de la UNO esta diferencia era del 144% (Cuadro 2).

El fuerte ritmo de devaluaciones de explica en parte por la urgencia del gobierno en estimular al sector exportador, eje de su plan de reactivación económica. Los beneficiados por las fuertes devaluaciones han sido los productores de algodón cuyas cosechas estaban pendientes de liquidación, y otros sectores exportadores. Sin embargo, el acelerado ritmo de mini-devaluaciones ha tenido lógicamente un efecto inflacionario muy fuerte y diferenciado sobre la economía. Mientras los precios de productos importados como la gasolina se han disparado, los salarios han quedado rezagados. (cuadro 3).

El "golpe" que ha sentido la población ha sido todavía más fuerte porque los subsidios que el gobierno sandinista daba a las medicinas, agua, potable, luz eléctrica, transporte urbano, etc., han sido eliminados por el nuevo gobierno. Esta eliminación forma parte de su estrategia de reducción del gasto estatal.

Cuadros 1, 2 y 3


La brecha fiscal

En el plan presentado en Roma el nuevo gobierno consideraba que era factible disminuir los gastos del gobierno y lograr reducir el déficit hasta los mismos niveles a los que los redujo el gobierno sandinista en 1989, cuando logró cubrir con sus ingresos el 90% de sus gastos. El plan estimaba que cuando se alcanzara esta meta, el déficit fiscal iba a ser de aproximadamente 10 millones de dólares mensuales, los cuales podrían ser financiados con la ayuda externa. Sin embargo, el déficit fiscal no ha podido ser significativamente reducido en el transcurso de los 100 primeros días. Es ésta la dificultada clave que ha enfrentado el plan de Roma.

La imposibilidad de reducir el fiscal ha estado ligada a varios factores entre los cuales destaca: la permanencia del gasto militar, la presión sindical de los empleados públicos, las demandas adicionales de recursos para la formación del nuevo gobierno y la disminución de los ingresos fiscales a causa de los altos niveles de inflación. El gasto militar no pudo ser drásticamente reducido por los atrasos en la desmovilización de la contra, así como por no haberse formulado alternativas de trabajo para el personal militar que será despedido. (Hasta 1991 no estará completada la reducción y reestructuración del ejército de Nicaragua). El despedido masivos y de ajustes salariales muy por debajo de la inflación.

Sin embargo, la incapacidad del gobierno para negociar con el movimiento sindical desembocó en la confrontación con los empleados públicos cuyos resultados fueron os huelgas nacionales, que bloquearon la posibilidad de reducciones significativas del aparato burocrático y evitaron un deterioro mayor de los salarios reales. En la segunda huelga la confrontación fue más amplia y participaron en ella trabajadores de prácticamente todos los sectores. (Cuadro 4). Se presentaron también demandas adicionales de recursos del presupuesto para la creación de nuevas instituciones estatales --el Instituto de Repatriación y el de la Costa Atlántica-, así como para los salarios de los altos funcionarios de la UNO, muy superiores a los que recibían los del gobierno sandinistas.

Los problemas financieros del gobierno se han visto agravados también por el impacto negativo que ha tenido la inflación sobre los ingresos estatales. Para evitar pérdidas mayores, el gobierno decretó de hecho la dolarización de los impuestos, al establecer que a partir de julio se pagaran teniendo como referencia el córdoba oro, cuya equivalencia con los actuales córdobas "chancheros" está indexada al movimiento de la tasa de cambio oficial. La misma medida se tomó para el pago de los servicios de agua, luz eléctrica y teléfonos.

El comportamiento de los ingresos y gastos del gobierno en el transcurso de los 100 días muestra que los ingresos no alcanzaron a cubrir ni la mitad de los gastos durante estos meses (cuadro 5).


Cuadros 4 y 5


En consecuencia, las necesidades de financiamiento del déficit fiscal excedieron en mucho el techo de 10 millones de dólares que el plan había estimado para ser cubierto con la ayuda externa , teniendo que recurrir el gobierno a la emisión de moneda sin respaldo por parte del Banco Central, lo alimentó aún más la inflación. (Cuadro 6).

Cuadro 6


La brecha financiera

La política crediticia para los sectores productivos y servicios fue modificada sustancialmente al decretar el gobierno que todos los créditos nuevos se harían en córdobas oro y que deberían pagar tasas de interés reales positivas.

En la practica, esto ha significado la dolarización de los préstamos y un alza sustantiva en las tasas de interés, convirtiéndose Nicaragua en el país con el crédito más caro de Centroamérica, después de una década de crédito subsidiado.

El cambio en la política crediticia ha contenido a corto plaza la descapitalización del Sistema Financiera Nacional, pues le permite contrarrestar los efectos negativos de la inflación. Sin embargo, es probable que la recuperación del Sistema Financiero Nacional tenga un costo muy elevado en términos de la incapacidad de pago y consiguiente bancarrota en una proporción significativa de los sectores productivos y de servicios.

En síntesis, el nuevo gobierno ha avanzado desigualmente en el transcurso de estos 100 días en la corrección de los desequilibrios macroeconómicos y sus primeros resultados en la reactivación nacional están fuertemente influidos por la dinámica que establecieron con anterioridad los sandinistas. Si bien las brechas cambiarías y financieras se redujeron considerablemente, la dificultad clave encontrada ha sido la imposibilidad de una reducción significativa del déficit fiscal.

La principal causa de este obstáculo ha sido la persistencia del gasto estatal y la incapacidad del gobierno de negociar con el movimiento sindical sandinista la disminución del aparato burocrático estatal. Paralelamente, la ayuda externa ha sido insuficiente para compensar el alto nivel de gasto fiscal, limitando de esta manera la efectividad de los esfuerzos de estabilización.

Al pretender una estabilización en plazos de tiempo muy reducidos, el gobierno de la UNO confió excesivamente en el respaldo político nacional e internacional conseguido en las elecciones, y subestimó tanto la capacidad de respuestas de los sindicatos como las posibilidades de presiones políticas norteamericanas controlando el ritmo del flujo de ayuda. La relativa inmovilidad de los sectores campesinos e informal urbano durante estos tres meses ha limitado el deterioro político del gobierno.

El programa de la UNO: ventajas y bases

El plan de los 100 días corresponde dentro del programa económico de la UNO a la fase de estabilización económica, que tiene como objetivo sentar las bases para un "nuevo " modelo de reactivación económica del país, cuyo eje es el sector agroexportador y la reintegración de la economía nacional en el mercado mundial.

EL nuevo gobierno de la UNO tiene condiciones externas e internas favorables para llevar adelante este tipo de desarrollo. Las principales condiciones a nivel externo son: el levantamiento del embargo comercial norteamericano y el acceso a las fuentes multilaterales de financiamiento. A nivel interno son: el cese total de la guerra y los avances en la reestructuración de la economía logrados por el gobierno sandinista en los dos últimos años.

El levantamiento del embargo comercial norteamericano ha dado a las exportaciones nicaragüenses acceso a su mercado "natural". Esto repercute en mejores precios para los productos tradicionales de exportación azúcar, carne, tabaco- y también en la posibilidad de desarrollar rubros no-tradicionales. Asimismo, el fin del embargo reduce los costos de insumos y maquinarias provenientes de Estados Unidos, que tenían que ser traídos mediante "triangulació" a través de terceros países o bien sustituidos por productos europeos a un costo más alto.

El mejoramiento de las relaciones con Estados Unidos también permite a Nicaragua el acceder otra vez al financiamiento de los organismos multilaterales -FMI, Banco Mundial y BID-, que están promoviendo en todo el mundo este tipo de estrategia de desarrollo basada en el sector externo.

Desde el punto de vista interno hay dos condiciones, gestadas en el período sandinista, que aparecen como ventajas importantes para la UNO. La primera es el cese total de la guerra, con la desmovilización de los contras, lo que permitirá una recuperación de áreas agrícolas abandonadas desde los años 83-85 y un importante aumento de la disponibilidad de fuerza de trabajo en el campo, principalmente en el interior del país.

La segunda la constituyen los avances del propio programa de ajustes del gobierno sandinista, que dio lo primeros pasos en la reestructuración de la economía del país y generó incipientemente una "cultura del mercado" que 8 años de política de subsidio habían borrado del comportamiento de los actores económicos. El nuevo gobierno se ahora de esta manera los costos sociales que tuvo el esfuerzo sandinista para lograr reinsertar la economía nacional en el mercado mundial.

El modelo sandinista y el modelo de la UNO: similitudes y diferencias

El programa económico de la UNO se basa en que las condiciones ventajosas para la reactivación del país podrán ser aprovechadas sólo en la medida en que al sector privado empresarial le sea devuelto el papel protagónico en la economía nacional, mediante la reprivatización de las empresas estatales agropecuarias, industriales y de servicios.

EL modelo de reactivación de la UNO presenta importantes diferencias con respecto al del gobierno sandinista, que mantenían al sector estatal como el eje principal de la reactivación económica y buscaba apoyarse en una alianza con la burguesía, en el marco de las reglas de juego del mercado.


El eje de la alianza sandinista era la privatización burguesa en la reactivación, incluyendo la repatriación de sus capitales, a cambio de la seguridad sobre la propiedad y la reprivatización silenciosa de ciertas áreas de la economía. Por ejemplo, la flexibilización del monopolio estatal del comercio exterior para fomentar la exportación de productos no tradicionales y la devolución a manos privadas y de algunas unidades de producción agrícola e industriales.

Tanto en el modelo implementado por el gobierno sandinista desde 1988 como en el modelo de la UNO, el mantenimiento de una política pro-exportadora tiene como contrapartida la contracción del mercado interno y con ello el estancamiento de la mayor parte de la pequeña industria, del sector informal urbano y del campesinado.

Durante el plan de ajuste del gobierno sandinista, estos sectores tuvieron acceso a subsidios que, si bien permitían atenuar los efectos negativos de las nuevas reglas del juego, no creaban por sí mismo mayores posibilidades de adaptarse al nuevo contexto económico. Las atenuaciones sandinistas fueron condonaciones y reestructuraciones de deudas para el campesinado, exención impuestos para la pequeña industria, concesión a precios subsidiados de vehículos a pequeños transportistas, etc.

A la vez, los sectores populares urbanos se beneficiaban de "paquetes compensatorios" con subsidios al consumo básico (transporte, agua potable, luz eléctrica, medicinas, alimentos básicos...), que venían a compensar ligeramente la drástica reducción de sus ingresos.

Sin embargo, estas medidas de protección de la población más vulnerable del país constituían también, en cierta medida, un apoyo indirecto a la gran producción privada y a la del APP, en cuanto que les permitía compartir con el Estado los costos de reproducción de la fuerza de trabajo, sobre la que descansaba en parte su rentabilidad.

A estos mecanismos de transferencia de los costos del ajuste desde las espaldas de los sectores empresariales del país a las del resto de la sociedad hay que agregar las ventajas que su posición de oligopolio o monopolio les daban en algunos caos y su éxito en la obtención de subsidios. Por ejemplo, el monopolio estatal del azúcar subsidiaba sus exportaciones fijando altos precios para el azúcar de menor calidad destinada al mercado local. También los algodoneros lograron obtener un subsidio indiscriminado en la cosecha 88/89.

Los 100 días enseñan que la política económica seguida por el nuevo gobierno de la UNO apunta hacia la eliminación de gran parte de estos subsidios. Al parecer, únicamente se dará asistencia financiera a una minoría dentro de estos sectores, generalmente a los más acomodados. Por otro lado, tienen el plan de compensar los altos costos sociales del ajuste con programas especiales de creación de empleo temporal para los sectores más empobrecidos.

Ambos modelos buscan la "centroamericanización"

A pesar de estas profundas diferencias en cuanto al sujeto social, ambos modelos apuntan hacia la "centroamericanización" de Nicaragua, en la línea de los programas de estabilización y ajuste estrucstural promovidos por el Fondo Monetario y el Banco Mundial en los otros países centroamericanos, siendo el contexto interno y el externo más favorables para la UNO de lo que fueron para el FSLN.

El viraje sandinista hacia la "centroamericanización" de su modelo económico produjo en 1988, cuando la política de sobrevivencia económica basada en la administración de subsidios a la defensa de militar, a la producción, al consumo y a las inversiones se estaba agotando. Los sintomas de este agotamiento eran un nivel de inflación creciente, una ayuda externa y un nivel de exportaciones en descenso, y un producto interno bruto en recesión por cuatro años consecutivos.

Las opciones que tenía el FSLN en ese momento eran tres: la "colonización", la "vietnamización" y la "centroamericanización" de la economía. La "cubanización" significaba profundizar la estatización y entrar a un esquema totalmente administrado de la economía, lo que Daniel Ortega llamaba un "economía de guerra". La "vietnamización" consistía en radicalizar los cambios en la estructura económica mediante la redistribución de recursos a favor de los sectores populares, pero introduciendo mecanismos de mercado, tal y como lo hizo Vietnam en estos últimos años. La "centroamericanización" tenía como base la vuelta a un esquema de economía mixta basada en la alianza con la burguesía y con mucho mayor juego de los mecanismos del mercado.

Esta última vía, la "centroamericanización" de Nicaragua, es la que adoptó el FSLN, en la búsqueda de una renovación de su legitimidad política en el marco de una negociación regional, y con la esperanza de acceder a nuevas fuentes de financiamiento externo y al levantamiento del embargo comercial de Estados Unidos. La opción por este modelo modificó sustancialmente la estructura económica del país y reactivó un proceso acelerado de diferenciación social.

1988 - 1989: Estructura de producción

El impacto del ajuste del gobierno sandinista sobre la estructura de producción nacional se caracteriza, de manera general, por un notable crecimiento del sector exportador, mientras que el sector de producción destinado al mercado interno se estanca o se deprime. Esto significa la rehabilitación del sector agropecuario y un "golpe de gracia" o una fuerte recesión a la industria nacional, mientras sobrevive el sector informal urbano gracias a la "exportación" de mano de obra hacia los Estados Unidos.

Estos cambios se dan en el marco de una recomposición de los precios relativos y de una mejor asignación de los recursos en la economía, que limitan el derroche anterior en el consumo de bienes importados y obligan a los agentes económicos a una eficiencia más acorde con los intereses nacionales y con las exigencias del mercado externo, y a descansar menos sobre el acceso al subsidio.

Los sectores "modernos" de la industria y del agro, que producían para un mercado interno protegido pierden su viabilidad económica, mientras que los sectores con capacidad de competir en el mercado centroamericano o capaces de adaptar sus sistemas de producción a la nueva estructura de precios relativos dinamizan su actividad.

EL grueso de la pequeña o mediana producción rural o urbana enfrentan una recesión más fuerte en la medida en que se beneficiaban de subsidio en actividades sin competencia o/y que producían para el mercado interno.

El sector agropecuario

Las tendencias que se observan en los años 88 y 89 indican un crecimiento del PIB agropecuario y de las agro-exportaciones, basado principalmente en la reactivación del sector agro-exportador: recuperación de la producción de varios productos de exportación (café, banano, tabaco, ajonjolí los rubros con una dinámica mas destacada, y el algodón la excepción notable.

En cambio, los rubros destinados al consumo interno presentaban cierto estancamiento (maíz, frijol)o incluso un marcado proceso de contracción (sorgo industrial, huevos, carne de pollo y leche). Con la unificación de las tasas de cambio y la drástica reducción del subsidio a los insumos y bienes de capital, surgen las primeras señas de la reversión del modelo técnico de desarrollo escogido en los primeros 8 años de revolución. Las opciones de la "Revolución Verde" (quimización, uso de variedades seleccionadas) y de la motorización del agro representaron de repente para un sector importante de productores costos económicos -ocultos en todo el período anterior-incompatibles con la competencia que promueve la apertura del mercado externo.

Uno de los reajustes que experimenta al agro se traduce entonces en el mejoramiento del balance comercial del sector. Por primera vez en cinco años el ciclo 1989 no fue deficitario gracias a un uso más eficiente de los recursos. En ese año, por ejemplo, se redujo vertiginosamente el empleo de insumos y otros componentes importados en el sector: agroquímicos y semillas casi en un 40% y productos veterinarios en más del 86% con respecto a 1988.

La reorientación del agro hacia las técnicas y/o los rubros que son intensivos en fuerza de trabajo y extensivos en capital, y la sustitución de medios de producción importados por recursos nacionales, constituyen las nuevas tendencias en el sector.

El muy bajo costo de la mano de obra y su abundancia creciente impulsa a los sectores cuya producción descansa en la contratación de fuerza de trabajo a sustituir, cuando se puede, medios de producción por trabajo asalariado. Un ejemplo está en el abandono del uso de las cosechadoras de algodón.

La rentabilidad de la tecnología moderna se asegura sólo en aquellas unidades de producción capaces de racionalizar rápidamente su utilización o de asegurar una mínima reconversión.

Por ejemplo, sólo con el aumento de los rendimientos del arroz de riego con una reconversión hacia rubros de exportación -como los melones- los grandes arroceros de riego mantuvieron la viabilidad económica de sus unidades. Así se explica que en los últimos dos años la producción nacional de arroz se basa cada vez más en la sustitución del arroz de riego- producido en grandes estructuras mecanizadas- pro el arroz de secano.

En cambio, muchos de los grandes algodoneros o sorgueros, desestimulados por el alto costo de su tecnología moderna dependiente de importaciones, no pudieron hacer este salto, por lo que redujeron drásticamente las áreas sembradas.

Con las nuevas políticas económicas se reajusta el centro geográfico de la acumulación nacional. El potencial de recuperación económica del país se desplazó desde las grandes y modernas estructuras producción del Pacífico -en las que el FSLN había apostado el desarrollo en su modelo original- hacia el campesinado y hacia el interior, donde la producción descansa mayormente en el trabajo humano y en el uso de los recursos locales.

Con el declive de la guerra, el ajuste permite que el latifundio del centro y norte del país y el área de la vieja frontera agrícola recuperen el dinamismo histórico de las décadas de los 60 y 70, basado en la ganadería y la caficultura. Incluso, esta zona tiende a recuperar su papel de "granero" del país, donde se realiza a menor costo la producción de granos básicos.

Ante la crisis del algodón y del sorgo el Pacífico tiende a "ganadizarse", y los granos básicos -específicamente el maíz- se sustituyen por rubros más ventajosos como los tubérculos (yuca quequisque), las musáceas (plátanos, guineos), el ajonjolí o el maní.

El sector industrial

Durante el período de estabilización y ajuste el comportamiento del sector industrial tiene una clara tendencia recesiva. En 1989 se registraron los niveles de producción industrial más bajos de todo el período revolucionario. La contracción del sector industrial fue causada por la depresión del mercado interno y por el alza de los costos de la producción industrial debido a su dependencia de insumos y maquinarias importados.

La mayor parte de las empresas industriales no han podido adaptarse al nuevo contexto económico porque no están en capacidad de producir competitivamente para el mercado centroamericanos y compensar así la contracción del mercado nacional. Esta falta de competitividad ha repercutido también en el mercado nacional, donde la invasión de los productos centroamericanos ha ido desplazando los productos los productos nicaragüense por su mejor calidad y sus menores precios.

La falta de competitividad tienes su origen en el proceso de descapitalización que sufrió la industria nicaragüense durante la década de los 80, pues fue utilizada para subsidiar el consumo básico de los sectores populares y no se le inyectaron recursos para renovarse tecnológicamente.

Durante esos años se cambiaron también las fuentes de las materias primas e insumos, pasando las industrias a depender de las líneas de crédito de los países socialistas. Esto repercutió negativamente en cuanto a la calidad, variedad y costos del producto final nicaragüense.

El caso más agudo es el de la industria textil, originalmente diseñada para el mercado centroamericano y que durante los años de la guerra fue utilizada para la confección de uniformes militares y de ropa para los hospitales del país, encontrándose actualmente en bancarrota.

Las ramas industriales que mejor han logrado sobrevivir a la contracción del mercado interno y aumentar sus exportaciones al áreas centroamericana son la metalmecanica y la química. En ambos casos, se trata de empresas industriales que lograron hacer inversiones de reposición y que mantuvieron su mercado de exportación centroamericano durante todo el período, pudiendo de esta manera contar con una base inicial para incrementar sus ventas.

La pequeña industria también ha experimentado una fuerte contracción por su dependencia del mercado local y la baja calidad de sus productos. Este sector ya había venido sufriendo de una profunda recesión debido a la discriminación que tuvo en el acceso a materias primas e insumos en los años de guerra. Su situación se agravó en los dos últimos años de guerra por las condiciones desventajosas en que tuvo que enfrentar la fuerte competencia del sector empresarial en el mercado local nacional y en el centroamericano. Se estima que el número de talleres se redujo a casi la mitad: en 1984 habían 9,656 talleres registrados y a fines de 1988 eran sólo 4,979.

Sin embargo, la capacidad potencial para ajustarse al nuevo contexto económico ha existido siempre en este sector. Históricamente, los talleres artesanales de calzado, muebles e incluso alimentos -como jaleas- han tenido capacidad de exportar. Sin embargo, no han recibido ni antes ni después del ajuste ningún tipo de apoyo estatal para poder innovar sus diseños y tecnologías de producción, y su abastecimiento de insumos.

Diferenciación social bajo nuevas formas

El trasfondo de los efectos globales del programa de ajuste ha sido la reactivación de la diferenciación social. Cuatro factores influyen en esto dentro de las tendencias de evolución de los diferentes sectores sociales: 1) el involucramiento en la producción de algún producto de exportación 2) el grado de dependencia del mercado externo en los componentes tecnológicos; 3) el grado de dependencia de los subsidios y de la protección ante la competencia externa a lo largo de los años pre-ajuste; 4) el nivel de rigidez de la estructura de producción.

Los sectores populares con pocos recursos que orientan su producción hacia el mercado interno, o bien, aquellos cuya producción de bienes y servicios era protegida por los subsidios y por la poca competencia interna y externa, sufren una fuerte recesión que se traduce en aumento del desempleo y de la pobreza y en la migración a los Estados Unidos. Igualmente afectados están los asalariados estatales de menores rangos y los obreros, tanto industriales como agrícolas.

Estos sectores -a excepción de una fracción reducida-, sin posibilidades de aprovechar acorto plazo las ventajas de la exportación o afectados por la contracción de la demanda interna, fueron los más golpeados por la recesión económica general del país.

El impacto de la nueva política económica ha sido más diferenciado en los sectores más acomodados, en parte de las clases medias y de la burguesía. Una parte de ellos, los que tenían posibilidad de adaptarse a la nueva estructura de precios relativos, de reconvertirse sin contar con su posición en el sistema de asignación de los recursos y de los mercados, y de profundizar o reorientar su producción hacia el mercado externo, dinamizaron su acumulación.

En cambio, otras fracciones enfrentaron muchas dificultades para su reconversión, por tener estructuras productivas orientadas a un mercado interno en recesión y con tecnologías muy dependientes de recursos importados y relativamente rígidas, que hacía inaguantable la nueva competencia del mercado internacional.

La realidad en el campo y entre la población rural

La diferenciación social en el sector rural, que a lo largo del período 1984/87 se venía reduciendo globalmente con la redistribución de la tierra de la burguesía entre el campesinado, se reanudó con el plan de ajuste.

En un extremo del abanico social, los trabajadores permanentes de las grandes haciendas, que pueden en gran medida del salario y de alguna parcela para el autoconsumo, han visto reducidos sus ingresos reales por la disminución de los salarios. Esto sucede de manera más marcada en el Pacífico -por la recesión y el creciente desempleo- que en el interior del país, en proceso de "recuperación".

Entre los sectores más pobres del campesinado -aquellos sin o con muy poca tierra propia, que completan los pocos ingresos de la producción con la venta temporal de su fuerza de trabajo o dedicándose actividades artesanales o ligadas al sector informal urbano se observa el retorno a las tendencias pre-revolucionarias.

Después de una mejoría relativa que experimentaron en los primeros años del sandinismo, gracias principalmente al subsidio vía crédito y al contrario estatal del abastecimiento, y a la extensión de los servicios de salud y educación, la situación económica de estos campesinos agrava rápidamente.

Sin haber accedido a tierra por la congelación de la reforma agraria; con una remuneración decreciente de su trabajo, tanto como asalariados como en la producción de granos básicos en pequeña escala; con la recesión del sector informal urbano que limita sus ingresos eventuales complementarios, no tienen más relaciones de dependencia con los estratos superiores, acentuar su semi-proletarización, pauperizarse y/o subemplearse.

Los campesinos involucrados en la producción de consumo interno están también afectados, aunque en menor medida que los anteriores. Son pequeños ganaderos, lecheros o queseros, o tienen sistemas de producción más diversificados.

Para ellos el ajuste ha implicado la reducción de sus ingresos y la erosión del nivel de acumulación que habían logrado con la política de subsidio de los primeros años. Han tenido que deshacerse de algunos animales o sacar a sus hijos de los estudios para incorpararlos al trabajo en la finca. En algunos casos se observa incluso un retorno al trabajo estacional durante los cortes.

En su mayoría enfrentan también fuertes limitaciones para reorientar su producción hacia el mercado externo, y sufren la baja de los precios relativos de su productos de ventas dirigidos a un mercado interno en recesión (granos básicos, leche, etc.), en un contexto degradación de los términos del intercambio con las ciudades.

Sólo la fracción del campesinado que tiene sistemas de producción más diversificados y/o con poco empleo histórico de insumos importados -como sucede en la frontera agrícola-, al igual que los que cultivaban o han reajustados su sistema de producción en torno a un rubro de exportación, como los ajonjoliceros o los pequeños caficultores, escapan de esta situación de manera menos desfavorables, e incluso pueden experimentar una dinámica ascendente.

En el sector reformado campesino, uno de los principales beneficiarios de la política redistributiva del período pre-ajuste, se han modificado los esquemas de diferenciación existentes y las formas de su evolución.

Un grupo de cooperativas CAS (Cooperativas Agrícolas Sandinistas), como las grandes maiceras del Pacífico o de los valles del interior (Jalapa), tiene, gracias a su alto patrimonio en capital-obtenido en base a grandes montos de crédito subsidiado-, capacidad de reestructurarse y adaptarse a las nuevas reglas del juego económico. Pero, paradójicamente, son las más golpeadas en lo inmediato por el ajuste: sus ingresos en los últimos ciclos han sido mínimos y su endeudamiento de corto plazo es notable, debido a su lentitud para abandonar el modelo "colectivista" y "tecnificado" que prevaleció desde los primeros años de su formación.

Sólo unas pocas de estas CAS, con una producción de agro-exportación rentable -como las repastadoras de novillos o las cafetaleras- consolidan su éxito y su capacidad de acumulación, sin presentar grandes cambios internos.

Otro grupo lo conforman los beneficiados por tierra en CAS o en CCS, sin muchos y a veces muy poca tierra -por no haber sido "priorizadas" en el período anterior-, que producen principalmente granos básicos. Estos no tienen mucha capacidad propia para levantarse a causa de su gran dependencia de un crédito cada vez más caro y de los pocos excedentes productivos.

Finalmente, un grupo reducido de cooperativas, entre ellas muchas, CCS, con sistemas de producción diversificados, basados en el peso de trabajo manual familiar y el uso razonable de los medios de producción importados, enfrentan más favorablemente el recorte del subsidio y los nuevos precios relativos.

En estos últimos dos grupos, el proceso de parcelización de las CAS constituyen una respuesta que se va generalizando, ante el reto de aprovechar más fuerza de trabajo familiar y de buscar el uso de técnicas más "campesinas", -como la tracción animal- para contribuir a bajar los costos de producción.

En el otro extremo del abanico social, la burguesía "criolla y grande, y los sectores más acomodados del campo s fracciona en dos bloques: los que tienen estructuras productivas orientadas hacia el mercado interno con tecnologías dependientes de recursos importados (sorgueros, arroceros, avicultores y lecheros) son duramente golpeados por el ajuste, al igual que una fracción de los agroexportadores tradicionales ineficientes, como los algodoneros, cuando no tienen rápida capacidad de reconversión. En cambio, los grandes cafetaleros y ganaderos dinamizan su acumulación aprovechando la caída del salario de la clase obrera.

La realidad en las ciudades y entre la población urbana

Al igual que en el campo, los más afectados por el ajuste son los sectores populares que dependen más del ingreso asalariado, ya que hay aumento del desempleo y caída del salario real y también del salario social por la eliminación gradual de los subsidios. De estas familias son las gran mayoría de los "compactados" militares y civiles. Su estrategia de sobrevivencia es "informalizarse" en el pequeño ambulante o en ilegal de los mercados. En el sector informal urbano tradicional, la época en que obtenían mejores ingresos a causa de la escasez terminó y se enfrentan ahora con una fuerte competencia que les disputa el mercado. Es el caso de los panaderos, pulperos, fontaneros, que hoy se ven obligados a diversificar sus ingresos metiéndose a otras actividades o buscando nuevos clientes.

La contracción del mercado interno afecta también a los del sector informal urbano acomodado, con la diferencia de que disponen de mayores recursos para afrontarla. Los que son pequeños empresarios industriales enfrentan la amenaza de los productos importados introducidos por contrabando, así como la competencia del sector empresarial. Están entre ellos los talleres de torno que no pueden competir con los repuestos importados; o los de baterías, que no pueden contra las fábricas. También los comerciantes mayoristas y transportistas que pertenecen a este sector enfrentan una demanda contraída de sus productos y servicios. Su estrategia es buscar cómo asegurarse sus clientes, dándoles rebaja o crédito.

Por otro lado, se da una creciente diferenciación social al interior de la burguesía estatal. Los sectores empresariales del APP se benefician del ajuste legitimando niveles salariales y de privilegios mayores, con el argumento de que responden por la rentabilidad de empresas de magnitudes considerables. En contraste, la burocracia dependiente del presupuesto estatal sufre los rigores del plan de austeridad y capas antes privilegiadas como las militares sufren un considerable deterioro de su nivel de vida. Toda esta diferenciación social que hemos descrito, iniciada con los ajustes sandinistas, se profundizará aún más con el programa económico de la UNO.

Escenario 1: "Centroamericanización" total de Nicaragua y retroceso del movimiento popular

En este escenario el movimiento popular se debilitaría bajo el efecto de una política exitosa de cooptación de la UNO, que podría, mediante políticas selectivas y una manejo adecuado de los programas de la AID, provocar importantes rupturas en el seno de las organizaciones populares o en la relación de éstas con el pueblo.

Paralelamente, la UNO podría, mediante un "tratamiento" hábil de la cúpula sandinista, involucrar de manera diferenciada al FSLN en una alianza de poder. En este proceso, el FSLN, en una alianza de poder. En este proceso, el FSLN no estarían en capacidad de mantener su cohesión, lo que podría desembocar en su división o al menos en tensiones internas desgastantes.

La burguesía tendría mucha más libertad que en los otros escenarios para jugar un papel protagonista en la economía, en alianza con la transnacionales. La privativatización del APP se haría totalmente a su favor, siendo el APP reducida a su mínima expresión, a aquellas empresas sin ninguna perspectiva de rentabilidad inmediata.

La progresiva ruina de la economía popular daría lugar a un flujo importante de mano de obra hacia estos sectores, lo que podría contribuir a modificar en gran medida la base productiva del país. Así encontraría éxito establecimiento de zonas francas industriales, o bien una reorientación más pronunciada hacia modelos productivos de rubros no tradicionales, que exigen un fuerte conocimiento del mercado mundial, la movilidad y flexibilidad de los capitales y una poderosa red transnacional.

El respaldo externo a este esquema sería mayor que en las otras dos opciones, por estar en la línea del proyecto neoliberal centroamericano y adecuarse a las actuales recomendaciones del FMI y del Banco Mundial.

Escenario 2: Concertación social y reactivación económica

Un segundo escenario sería el que partiría de una situación de concertación social estable. Esta representaría la continuidad del Protocolo de Transición en el campo económico y social. La negociación entre las cúpulas de la UNO y del FSLN sería el punto de partida inicial de esta concertación con posibilidades para que los sectores gremiales populares ganen poco a poco su espacio propio.

La concertación constituiría la premisa para un flujo sostenido de ayuda externa, y a la vez fomentaría la repatriación de los capitales que demanda la reconstrucción y el ajuste interno de la economía. La estabilización económica se haría posible, acompañada de una política de paquetes compensatorios financiados con los recursos externos.

El proceso de privatización dejaría en manos del APP importantes áreas consideradas de interés nacional y la privatización beneficiaría no solamente a la burguesía sino también a una fracción de las clases populares, y especialmente al campesinado que demandan tierras.

En el agro, se impulsaría un esquema de propiedad que no significaría el retorno al "latifundio", e incluso que sería acompañado de la consolidación del sector reformado cooperativo y de una ampliación de la reforma agraria.

El café y la ganadería tendrían un marcado crecimiento en las exportaciones tradicionales del país, pero asociados a una tendencia a la diversificación, mediante el desarrollo de rubros no tradicionales, en los que tendrían amplia participación la pequeña y mediana producción.

Un esquema de estructura económica como éste representaría cierto avance para los sectores populares, aunque la burguesía no dejaría de contar con palancas claves para controlar parte del excedente generado por los sectores populares. En un esquema de concertación exitoso, los sectores populares podrían acceder ellos también al control de eslabones claves de la economía, en competencia con la burguesía. Por ejemplo, el movimiento cooperativo podría desarrollar su capacidad propia de procesamiento y exportación del café.

En este escenario, la relación entre la burguesía y los sectores populares no carecería, ni mucho menos, de conflictos sociales (En ellos se lucharía por los diversos y posibles grados de cuotas de poder económico y de participación regulada en la reelaboración de políticas económicas). Pero en la medida en que se cumplieran los acuerdos básicos, los conflictos no tendrían que convertirse en agudas y sucesivas crisis globales. Las principales fuerzas políticas del país tendrían así un marco básico para su legítima lucha y la posibilidad de mantener el poder o reconquistarlo en las próximas elecciones.

Escenario 3: Inestabilidad social y económica sin concertación nacional

Un primer escenario está definido por una situación de inestabilidad social y política, que sería la prolongación de lo vivido en el país en estos primeros 100 días. Aunque se logran acuerdos coyunturales entre los sectores diferentes sectores sociales, éstos se rompen una y otra vez. Sin acuerdo social sólido, el éxito del plan de estabilización económica de la UNO estaría fuertemente comprometido.

Por un lado, el gobierno encontraría serias dificultades para reducir el gasto estatal, y no lograría corregir los desequilibrios macroeconómicos. A corto y mediano plazo, esta situación llevaría a la inestabilidad del córdoba oro.

La burguesía -a excepción quizás de su versión más "chapiolla" - no optaría por invertir sus capitales masivamente en Nicaragua, donde el nivel de organización popular, en comparación con el de otro países del área, constituiría una amenaza permanente para sus interés. Sin estos capitales, se dificultaría aún más la reactivación del país. El proceso de privatización en relación con las exigencias hechas por el FMI y el Banco Mundial.

La política de los Estados Unidos hacia Nicaragua utilizaría de manera condicional la ayuda externa como palanca para impulsar un debilitamiento profundo del sandinismo, mientras que los sectores populares -dirigidos por los gremios sandinistas o actuando espontáneamente por el peso de la crisis-socavarían a su vez la viabilidad económica del actual gobierno.

En este escenario no se podría dar una verdadera reconstrucción de la clase burguesa, ni tampoco el sector productivo popular fortalecería su papel en la reconstrucción del país. Sin embargo no son pocos los que piensan que más vale no llegar de momento a ningún acuerdo que llegar a un mal acuerdo. En este sentido el país podría continuar en el camino de la inestabilidad mientras se crea una correlación de fuerzas que permita un acuerdo social aceptable.

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