Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 103 | Mayo 1990
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Costa Rica

Vitrina de la democracia y del ajuste económico

La sociedad costarricense pasó el año 1989 con la vista puesta en las elecciones generales, que se celebraron el primer domingo de febrero de 1990.

Equipo Envío

En las elecciones se escogieron presidente, vicepresidente, diputado y municipios para los próximos cuatro años. Aun cuando el Tribunal Supremo de Elecciones intentó reducir el período de la campaña política a los tres meses anteriores a la fecha de las elecciones, en realidad ésta comenzó a mediados del 89, desde el momento en que fueron nombrados los candidatos presidenciales de los dos grandes partidos que dominan la escena política nacional: el Partido Liberación Nacional (PLN) y el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

El PLN intentó ganar por tercera vez consecutiva las elecciones, encabezado esta vez por Carlos Manuel Castillo, un economista de 61 años, quien ha sido diputado, ministro y primer vicepresidente, además funcionario de importantes organismos regionales, CEPAL y SIECA. Su oponente fue Rafael Angel Calderón, un abogado de 41 años, quien también ha sido diputado y ministro. Encabezó la oposición al PLN por tercera vez consecutiva. Jugaron un papel marginal otras pequeñas agrupaciones, incluyendo los partidos de la izquierda costarricense.

La incógnita de quién sería el ganador

A pocos meses de la fecha electoral, aún no se perfilaba con claridad el ganador de la contienda. En las encuestas de opinión, el candidato del PUSC aparecía ligeramente arriba de Castillo en las preferencias de los electores potenciales pero la diferencia no fue nunca determinante. Como los mismos sondeos lo demostraron, Liberación Nacional sigue siendo un partido fuerte, a pesar del desgaste sufrido por el ejercicio prolongado del poder y el manejo de las instituciones del Estado.

Las dificultades mayores que enfrentó el candidato Castillo no provinieron de este factor, sino del impacto causado en los electores por los escándalos relacionados con corrupción y narcotráfico, escándalos en que se han visto mencionados algunos de los más connotados dirigentes del partido, como los ex-presidentes Oduber y Monge. Paradójicamente, mientras el candidato liberacionista encontró dificultades para adelantarse en las encuestas, el gobierno de Arias -también del PLN- pareció gozar de gran popularidad.

Según una encuesta de opinión realizada a mediados de 1989, el 61% de los entrevistados evaluó positivamente la labor gubernamental, olvidando la incertidumbre sufrida el año anterior, cuando la inflación alcanzó el 25.3%, el nivel más alto después de 1982, y la economía parecía estar en graves problemas. En efecto, la administración Arias recorrió su cuarto año de gestión sin mayores contratiempos. La situación económica y social del país pasó por un período de relativa estabilidad, aun cuando bajo la superficie están ocurriendo fenómenos cuyos efectos sociales apenas comienzan a sentirse, precisamente ahora, después de la victoria del candidato opositor, Rafael Angel Calderón Fournier.

La moda "neo-lib": ¿un éxito de corto plazo?

El gobierno de Arias, que inauguró su mandato el 8 de mayo de 1986, siguió en lo fundamental los lineamientos definidos por la administración anterior en materia de política económica y social, procurando, sin embargo, alcanzar una mayor coherencia en los planteamientos y la acción. El llamado Programa de Ajuste Estructural (PAE), cuyo origen se sitúa con el convenio firmado con el Banco Mundial en 1985, terminó por convertirse en el verdadero programa de gobierno. En palabras del presidente del Banco Central, Eduardo Lizano, el PAE es un "conjunto de medidas y decisiones públicas cuyo propósito principal es eliminar o reducir sustancialmente los obstáculos y entrabamientos que impiden el uso adecuado de los factores de la producción".

Algunos de estos factores, según el mismo funcionario, son los siguientes: el proteccionismo aduanero y otras trabas al comercio internacional; los impuestos y otras cargas a las planillas, que encarecen artificialmente el precio del factor trabajo; las tasas de interés subsidiadas y el financiamiento del déficit del sector público, usando el crédito del sistema bancario nacional; la inflación; la política cambiaría que mantiene artificialmente el valor del colón; la fijación de precios de los bienes y servicios producidos por las instituciones públicas en niveles que no corresponden a los costos reales, etc.

Para el funcionario aludido, estas distorsiones modifican y alteran, "a) el precio de los bienes, servicios, productos intermedios y materias primas, producidos localmente o importados; b) el precio de los diversos factores de la producción; c) el tamaño del mercado en el cual deben operar los productores nacionales". Por consiguiente, lo que se plantea es la liberalización de la economía. Dentro del marco del PAE, el gobierno logró aprovechar las condiciones nacionales e internacionales para aumentar las exportaciones, renegociar la deuda externa y mantener un flujo relativamente elevado de ayuda externa; pero eso no significó que los problemas fundamentales de la economía hayan sido resueltos.

En los últimos años se ha notado un importante crecimiento de las llamadas nuevas exportaciones. Según datos preliminares, éstas conformaron en 1988 aproximadamente el 52% de los 1.238 millones de dólares exportados en ese año. Casi la mitad de estas nuevas exportaciones la constituyen los textiles, rama industrial en la que ha ocurrido una especie de "boom", pues acogiéndose a los beneficios proporcionados por el gobierno y a la relativa apertura del mercado norteamericano, un buen número de industrias de maquila se ha establecido en Costa Rica, muchas de ellas con proveniente de países del Lejano Oriente.

El establecimiento de este tipo de industrias ha tenido un efecto inmediato en el mercado de trabajo, reduciendo el desempleo, pero ha planteado serias interrogantes sobre sus efectos a mediano plazo, dado el flujo de ganancias hacia el exterior y la precariedad de la planta industrial establecida. En todo caso, difícilmente se puede esperar que el éxito alcanzado en el incremento de las nuevas exportaciones pueda prolongarse indefinidamente, pues la demanda en el mercado internacional de productos agrícolas y textiles de maquila depende de la coyuntura, y es de esperar una pronta saturación de ese mercado.

Indicadores en baja, granos básicos y programas sociales

Por otra parte, los viejos sectores productivos reclaman una mayor atención a los efectos negativos del PAE, sobre todo en el sector agrícola, donde éstos se han podido observar con mayor claridad. El impulso otorgado a los nuevos productores agrícolas de exportación -flores, nuez de macadamia, verduras y frutas- conlleva una tendencia hacia la desaparición de los pequeños productores de granos básicos y de otros productos para el mercado interno.

Sin créditos ni asistencia técnica, y a la vez imposibilitados de ajustarse a las nuevas tendencias productivas, estos productores están bajo la amenaza de desaparición como sector social. Ha disminuido el área sembrada, con consecuencias inmediatas para el consumo interno, pues se han tenido que importar cantidades importantes de arroz, frijoles y maíz, generalmente a precios más altos que los nacionales. Además, como lo muestra un informe elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN), titulado: "Evolución económica y social de Costa Rica en el año 1987", la situación socioeconómica del país se deterioró.

En dicho informe se admite que los indicadores de salud se han estancado -aunque siguen siendo de los mejores en el contexto latinoamericano-, que la calidad en la prestación de los servicios de salud ha degenerado y que han vuelto a aparecer enfermedades cuya incidencia había descendido enormemente en el pasado: sarampión, rubeola, paludismo, diarrea infecciosa, enfermedades del aparato respitaria y parasitarias. Una comparación entre el salario mínimo y el costo de la canasta básica alimentaria indica que, como promedio, en los años 1986 y 1987 se debió gastar el 89% del salario mínimo para el conjunto de bienes que conforman aquella, dejando un margen muy estrecho para afrontar otro tipo de necesidades básicas (transporte, vivienda, energía eléctrica, etc.).

Los salarios mínimos volvieron a descender en 1987 y, en general, en el informe se admite una mayor desigualdad social, sobre la base de trabajos reciente relacionados con la distribución del ingreso, según el estudio de MIDEPLAN ya mencionado. En el período 1971-1986, el grupo de más alto ingresos (décimo decir) incrementó su cuota de participación en el ingreso total de un 34% a un 36.2%, contrastando con la reducción que sufrió el grupo más pobre (primer decir), que bajó de un 2.1% a un 1.2% en ese período.

Así, la brecha entre los ingresos bajos y altos se incrementó, dado que en 1971 el ingreso de familias del décimo decir era 16.5 veces más alto que el del primer decir, mientras que para 1986 esta relación se elevó a 29.6 veces. A este cuadro de incertidumbre hay que sumar el peso de la elevada deuda externa, que según informaciones recientes asciende actualmente a 4.051 millones de dólares, aunque desde 1986 el país sólo cumple parcialmente con sus obligaciones en este rubro. El gobierno espera que la inclusión del país dentro de los beneficios del llamado Plan Brady baje la presión ejercida por los acreedores.

El factor externo, un "generoso" equilibrador

En resumen, el PAE no es solamente un conjunto de medidas económicas, sino que se trata de todo un proceso de reestructuración social, fuertemente influenciado por los lineamientos del FMI, el Banco Mundial y la AID. Aun cuando la situación política del país ha impedido llevar los cambios conservadores más allá de ciertos límites, dando como resultado una especie de híbrido entre la visión ortodoxa de la economía y el reformismo prevaleciente en el período anterior, que ha evitado un aumento de la conflictividad social, lo cierto es que se ha avanzado a pasos agigantados por el camino de liberalización de la economía.

En este plano ha jugado un importante papel equilibrado la elevada ayuda externa recibida por el país desde 1982, proveniente en su mayor parte de los Estados Unidos; ayuda, que como era de esperarse, no ha sido otorgada incondicionalmente. A cambio de ella el gobierno de Monge tuvo que plegarse demasiado a la política exterior de la administración Reagan hacia Centroamérica, conservando apenas una precaria independencia en cuanto al uso extendido del territorio nacional por fuerzas de la contra nicaragüense. Ese fue el objetivo perseguido con la ambigua proclama de neutralidad emitida en noviembre de 1983.

Sin embargo, la administración Arias, aprovechando la crisis del Irán-Contras pudo ampliar el espacio de maniobra del país, apoyando una propuesta de solución de la crisis regional que obstaculizo algo el desarrollo de la escalada militar norteamericana y que favoreció el diálogo regional. Aun cuando no se perseguía una abierta confrontación con la administración Reagan, con la que se mantenían coincidencias en cuanto a los objetivos a alcanzar en El Salvador y Nicaragua, la posición asumida por Arias tuvo sus costos económicos, porque la ayuda norteamericana comenzó a disminuir después de 1987, como puede verse en el cuadro.



Nota:

* Cifras estimadas. (1) Incluye entrenamiento y educación militar internacional, asistencia militar dentro del país y otros. (2) Fondos para apoyo económico; el 80% ha sido usado para transferencias de dinero. (3) Igual que lo anterior, pero se trata del 20% que es destinado para proyectos similares a los de asistencia para el desarrollo. (4) Son los fondos proporcionados a través de la AID. (5) Incluye ayuda para desastres naturales, Cuerpos de Paz y otros.

Fuente: Danby, Colin: "Aiding Central America: en alternative for Equitable and Sustainable Development". PACCA, Washington, 1989.

Campaña política, corrupción y narcotráfico

En el contexto descrito anteriormente se sitúa la campaña política, que se caracterizó en primer lugar porque la situación económica y social del país no fue objeto de mayor debate. Como en las cúpulas dirigentes del PLN y del PUSC no parecía existir mayor desacuerdo con la política económica y social del actual gobierno, el eje de la discusión fue la corrupción y la penetración del narcotráfico en los partidos políticos, aspecto en que a Liberación Nacional le ha tocado llevar la peor parte.

Importantes funcionarios de los anteriores gobiernos de Oduber y Monge han sido acusados judicialmente como responsables de malos manejos de fondos públicos, y los informes de la comisión especial nombrada por la Asamblea Legislativa para investigar la penetración del narcotráfico en el país han dejado al descubierto algunas relaciones poco claras entre dirigentes del PLN y figuras sospechosas de estar involucradas en el narcotráfico. Los intentos por nivelar en este aspecto la situación de ambos partidos no dieron los resultados esperados, porque las declaraciones del ex-cónsul general de Panamá en los Estados Unidos, José Blandón, relativas a contribuciones económicas brindadas por el General Noriega al Partido Unidad Social Cristiana en la campaña electoral de 1985-1986, no parecieron causar mayor impacto en la opinión pública. Pero estos problemas tuvieron un considerable efecto disgregador dentro del PLN que no pudo ser controlado por el candidato Castillo.

En segundo lugar, al quedar fuera del debate político la situación económica y social del país, los esfuerzos de la dirigencia de ambos partidos se concentraron en la construcción de imágenes de los candidatos, al modo de las campañas publicitarias comerciales.

No se trató de vender un programa, sino un producto, lo que implicó la aplicación de las técnicas del mercadeo a la política. Los comandos de campaña de ambos candidatos se llenaron de asesores en encuestas, imagen, sonido, etc., destacándose entre ellos los consultores norteamericanos, cuyo poder e influencia en el rumbo de la campaña se hizo sentir con particular intensidad.

En tercer lugar, aun cuando la campaña política y las elecciones cumplen fundamentalmente un papel interno de selección de funcionarios y de reforzamiento de creencias y valores, el contexto regional ha ampliado sus funciones. El proceso electoral costarricense ha pretendido llegar a ser el patrón de medida para otros procesos en la región, particularmente en Nicaragua, que culminó tres semanas después de la fecha de las elecciones en Costa Rica.

El ajuste estructral y las elecciones

Al finalizar 1989, los datos oficiales mostraban un país en magnífica situación económica y social. La inflación no había rebasado la meta señalada dle 10%; el desempleo abierto se mantenía en un nivel inferior al 4%; la economía había crecido 5.5%; las exportaciones alcanzaron los 1,436.6 millones de dólares, con un notable peso de los productos catalogado como no tradicionales (729.3) millones; las negociaciones sobre la deuda externa se encontraban en buen camino; y, finalmente, el programa de construcción de viviendas había tenido éxito. En esas condiciones, los anuncios de reducción en 30 millones de dólares del monto de ayuda brindada por la AID para este año, apenas causaron preocupación. La situación parecía inmejorable, tanto que el mismo presidente Arias exclamó que su obra de gobierno sería difícilmente superable.

Las cosas comenzaron a cambiar a principios de 1990. En primer lugar, aunque las encuestas de opinión habían venido señalando consistentemente la victoria del candidato del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Rafael Angel Calderón, los resultados de las elecciones del 4 de febrero no dejaron de sorprender a más de uno. ¿Cómo era posible que el candidato del Partido de Liberación Nacional perdiera las elecciones si la situación era tan buena y los costarricenses evaluaban positivamente la labor gubernamental?

En segundo lugar, apenas pasadas las elecciones comenzaron a circular noticias sobre el futuro económico del país, que ensombrecieron el panorama prevaleciente a finales del año anterior.

En las elecciones del 4 de febrero de 1990 el Partido Unidad Social Cristiana, de oposición, obtuvo un 50.2% del total de los votos recibidos para presidente y vicepresidentes; mientras que Liberación Nacional, en el gobierno, alcanzó el 46% de la votación total. La diferencia en votos entre los dos partidos -que condensan el 96.2% de la votación total- fue relativamente pequeña: 57,888 votos, es decir el 4.2% del total de votos emitidos.

El abstencionismo se mantuvo en niveles similares a los de las pasadas elecciones: 18.2% como promedio nacional. El analísis por provincias muestra un abstencionismo menor al promedio en Alajuela (15.1%), Cartago (15%), Heredia (14.8%), y Guanacaste (16.5%). En San José el abstencionismo es similar al promedio nacional (18.5%), mientras que en Puntarenas y Limón es considerablemente más alto: 23.5% y 28% respectivamente. En lo que se refiere a la integración de la Asamblea Legislativa, el PUSC obtuvo 29 de los 57 puestos elegibles, mientras que el PLN ganó 25; los tres puestos restantes fueron partidos pequeños: 1 para el Partido Unión Generalena y 1 para el Partido Unión Agrícola Cartaginés. La mayoría de las municipalidades también será controlada por regidores electos por el PUSC.

El PUSC ganó todas las provincias, pero las diferencias más notables las obtuvo en Guanacaste, Puntarenas y Limón. En San José, la diferencia fue mínima, y en las restantes provincias las diferencias con el PLN no fueron altas. En las elecciones anteriores, Liberación Nacional había perdido solamente las provincias de Puntarenas y Limón, pero por márgenes relativamente estrechos; nunca había perdido en Cartago.

De los 81 cantones (distritos electorales) del país, el PUSC ganó 60: 9 en San José, 12 en Alajuela, 5 en Cartago, 8 en Heredia, 9 en Guanacaste, 11 en Puntarenas y 6 en Limón. En 1986, el PLN había ganado 55 cantones: 19 en San José, 13 en Alajuela, los 8 cantones de Cartago, los 10 cantones de Heredia, 3 de Guanacaste y 2 de Puntarenas.

Lo significativo de esta elección es que el PLN perdiera las provincias con mayor concentración urbana, aunque por márgenes pequeños, y que el grueso de la diferencia en votos se localizara en áreas con problemas económicos y sociales graves. De los 57,888 votos de diferencia entre ambos partidos, 35,229 se localizaron en Limón y Puntarenas.

En la Provincia de San José, los sitios con votación favorable al PUSC se encuentran en el cinturón sur-oeste de la capital, donde la población es de ingresos medios y bajos; pero también en otras aledañas a la ciudad de San José, donde se concentra la población con características socioeconómicas similares, puede observarse una votación favorable al PUSC. Situaciones parecidas ocurrieron en las otras provincias.

Una comparación entre los resultados de las tres últimas elecciones, permite pensar que el PUSC debe disponer de una base social de aproximadamente unos dos tercios del total de la votación obtenida. Gran parte de ella es la herencia del calderonismo de los años cuarenta, a la que deben sumarse los sectores que desde 1953 han venido sosteniendo una posición opuesta a Liberación Nacional: los restos del ulatismo, del echandismo, del trejismo y del caracismo. (Referido a los seguidores de los ex-presidentes Ulate, Echandi, Trejos y Carazo).

Sin embargo, en esta ocasión el PUSC parece haber canalizado, además el voto de los sectores sociales afectados por el ajuste estructural, ya sea debido al congelamiento salarial (no hay que olvidar que en 1987 los salarios reales decrecieron); al abandono institucional, como puede ser el caso de los habitantes de los cantones pobres, sobre todo en Guanacaste, Puntarenas y Limón; o a la política económica, que ha afectado negativamente a los pequeños y medianos propietarios agrícolas. Después de ocho años de gobiernos liberacionistas y de promesas incumplidas, estos sectores optaron por un mensaje calderonista que estaba diseñado para ganar esos votos. En otras palabras, por lo que despectivamente los dirigentes liberacionistas calificaron como el populismo de Calderón.

Obnubilados por las estadísticas oficiales, los dirigentes liberacionistas terminaron creyendo que la situación del país era inmejorable, olvidando que la estabilización de la economía no ha impedido que la pobreza se extendiera en los últimos diez años, sobre todo en ciertas zonas del país. En este sentido, los resultados de la votación del 4 de febrero implican una sensación contra el PLN: por haber colocado el énfasis de la acción gubernamental en el ajuste estructural, sin tomar en cuenta sus costos sociales, y por no haber realizado una limpieza a fondo dentro del partido de todos aquellos dirigentes acusados de corrupción. Pero la derrota del PLN es también una censura contra el gobierno de Arias, a pesar de que las encuestas de opinión indican que la popularidad del presidente sigue siendo muy alta.

Por el PLN parecen haber votado, además de su extensa base de apoyo, todos aquellos que veían en un gobierno calderonista una potencial amenaza para sus intereses económicos, desde asalariados de ingresos medios y altos, hasta gran parte del empresariado. Como en el caso del PUSC, se trata de una combinación de votos: votos centrados en el problema del "populismo" calderonista, votos en contra del PUSC y hasta votos ideológicos.

Un examen de la votación en zonas de concentración de votantes de ingresos medios y altos, parece confirmar esta afirmación. Es posible que en estos casos ocurriera una participación del voto: votaron por Castillo para presidente y por la papeleta calderonista para diputados, sobre todo en el caso de San José, que encabezaba Miguel Angel Rodríguez, un economista y hombre de negocios, quien perdió la candidatura presidencial del PUSC a manos de Calderón y es ampliamente conocido por sus posiciones abiertamente neoliberales. En general, los datos electorales parecen indicar una cierta reagrupación de fuerzas sociales, cuyo futuro depende de la acción del nuevo gobierno y de las variaciones que puedan ocurrir en el interior de Liberación Nacional. Si la acción gubernamental no satisface las expectativas despertadas por el PSCU en ciertos sectores sociales y si Liberación Nacional logra reorganizarse y elaborara un mensaje para esos sectores, la situación podría variar radicalmente dentro de cuatro años.

Profundización del ajuste y exigencias de los afectados

Pasadas las elecciones, varias noticias sobre la situación económica del país y sobre las medidas que habría que tomar para evitar su deterioro, pusieron a los costarricenses a la expectativa. Primero se anunció que el nuevo gobierno tendría realizar reajustes en los precios de los combustibles, la electricidad, servicio telefónico y otros, reajuste que se debieron haber realizado hace meses, pero que se contuvieron a fin de que la inflación no superara las metas establecidas por Arias para 1989. Pero el presidente electo reaccionó a tiempo y exigió que los ajustes los realizara el gobierno saliente. Después de conversaciones entre los equipos económicos, Arias aceptó realizar los ajustes. Sin embargo, será en el segundo semestre de 1990 cuando los efectos de estos ajustes comenzarán a ser sentidos por los costarricenses, precisamente cuando el nuevo gobierno estará en su etapa inicial.

El segundo anuncio fue sobre el elevado déficit fiscal, que superó los 12 mil millones de colones en 1989, y que, según estimaciones, podría llegar a los 22 mil millones este año. La tercera noticia fue la suspensión por parte del Fondo Monetario Internacional de los desembolsos de $55 millones del convenio de contingencia, y de $40 millones destinados a la compra de la deuda externa programada por el actual gobierno. Se suspendió el pago debido a que no se cumplieron las metas establecidas en cuanto al tamaño del déficit del gobierno actual.

Consecuencias de la derrota del FSLN en Nicaragua

La victoria de la oposición nicaragüense en las elecciones del 25 de febrero, tampoco fue en lo económico una buena noticia para los costarricenses, puesto que se acaba el papel de vitrina de exhibición -democracia con ajuste estructural- que Costa Rica venía jugando en el istmo centroamericano. Esto significa que el gobierno norteamericano colocará la ayuda económica a Costa Rica en un lugar secundario dentro de la escala de prioridades para la región. La amistad de los líderes de la Unidad Social Cristiana con los republicanos estadounidenses, evitará posiblemente una rebaja sustancial de esos fondos, pero no se puede aspirar a ningún aumento. Este panorama económico, nada halagüeño, ha obligado al presidente electo a poner el énfasis de sus preocupaciones en el aseguramiento de la economía del país, a fin de evitar un descalabro con el cambio de gobierno.

En efecto, se han anunciado recortes en el gasto público, nuevos ajustes a las tarifas de los servicios brindados por las instituciones del Estado, y frenos para los aumentos salariales. Una nueva etapa de austeridad parece estar a las puertas, con los consiguientes efectos sociales. En la huelga del magisterio reclaman los educadores su reclasificación como trabajadores profesionales y el consiguiente aumento salarial. La huelga paralizó todas las escuelas del país. Sin embargo, el déficit fiscal y la caída de los precios del café parecen ser los problemas mayores que tendrá entre manos el nuevo gobierno.

El nuevo gabinete económico del nuevo gobierno

La planilla de ministros que acompañará al presidente electo a partir del 8 de mayo parece asegurar la continuidad de la orientación neoliberal. Los nuevos ministros parecen ser, en promedio, de mayor edad que los que acompañaron inicialmente al presidente Arias; pero también su procedencia social parece ser diferente: con las excepciones del caso, se trata de individuos conectados directamente con las actividades productivas en el nivel empresarial, pero de ideas más conservadoras que los empresarios que han acompañado al actual presidente.

Cuando menos esa es la impresión que dejaron sus declaraciones iniciales. Con el nombramiento de Rodolfo Jiménez Borbón como asesor económico, y de Oscar Alvarez como asesor político, pareciera consolidarse la influencia del grupo " La Nación" y de los sectores más conservadores del país en el nuevo gobierno. Algunos de los miembros de la planilla ministerial coinciden, en cuanto a planteamiento, con Miguel Angel Rodríguez, adversario de Calderón dentro del PUSC; pero su nombramiento no debe ser interpretado como una conseción a este dirigente socialcristiano. Hasta ahora, todos los que han sido nombrados en cargos importantes responden al liderazgo del presidente electo, lo que arroja serias interrogantes sobre el futuro político de Rodríguez dentro del PUSC.

El equipo económico, determinante en las actuales condiciones del país, parece que seguirá las mismas pautas establecidas a lo largo de los dos gobiernos liberacionistas de los años ochenta. En otras palabras, el rumbo de la economía seguirá siendo el mismo, aunque es posible de que se trate de acelerar el ajuste estructural, pues el nuevo presidente del Banco Central ha sido un crítico de la lentitud con que se ha conducido ese ajuste y de las concesiones hechas a grupos de presión que, según él, traban el proceso de liberalización de la economía. Por esa razón es posible que el ajuste estructural deje de su carácter gradualista y pase a una nueva etapa.

¿Se cumplirán las promesas de campaña?

¿Qué pasará con las promesas hechas a los sectores populares durante la campaña? Está por verse cuán contradictorias con el ajuste estructural resultan estas promesas, sobre todo porque algunas no demandan una ampliación del gasto público y porque los organismos financieros internacionales, espantados por las reacciones que ha provocado el ajuste estructural en todos los países del mundo en que se ha aplicado, están en disposición de apoyar financieramente algunos programas de compensación social.

En todo caso, las promesas que más expectativas han despertado en amplios sectores sociales tienen que ver con la llamada democratización económica (distribución de utilidades de las empresas entre los trabajadores, creación de un conjunto de empresas administradas por los trabajadores, reformas democráticas al Código de Trabajo), y ese es un asunto que tiene que manejarse en el plano de la negociación, donde el presidente electo tendrá que exhibir sus dotes de negociador y demostrar su grado de compromiso con las ideas expresadas durante la campaña electoral. Del cumplimiento de esas promesas depende también el futuro del PUSC, puesto que un análisis con cierto detalle de los resultados de las elecciones sugiere una alta correlación entre condiciones socioeconómicas deprimidas e intención del voto por el candidato del PUSC. El nuevo gobierno parece estar en medio de dos tipos de presiones: el ajuste estructural y las demandas de los años ochenta se han visto perjudicados precisamente por ese ajuste.

Costa Rica regresa a un bajo perfil en Centroamérica

Durante la campaña, los dos candidatos procuraron mantenerse cerca de la administración Bush, puesto que las próximas elecciones, el nuevo gobierno necesitaría mantener los flujos de ayuda económica norteamericana, cuando menos en los niveles actuales. Esto planteó un conjunto de interrogantes sobre el futuro papel del gobierno de Costa Rica dentro del proceso de negociaciones regionales que se abrió con la cita de Esquipulas II. Ambos candidatos mostraron su acuerdo con los lineamientos seguidos por la administración Arias, pero no parecieron muy interesados en continuar con el papel de protagonista que le ha tocado jugar en este período al gobierno de Costa Rica. Sin embargo, no pudieron eludir el hecho de que la posición asumida por Arias le ha deparado al país prestigio internacional y que, por tanto, no es posible manejar con los criterios del pasado las relaciones con los otros países de la región.

Definida ya en la elección, en el plano regional el nuevo gobierno no parece que aportará mayores novedades durante 1990. Según lo indicado por el nuevo presidente, el énfasis de su labor será colocado en el plano interno, mientras que la política exterior volverá a gestarse en la Cancillería. Sin embargo, dados los estrechos nexos existentes entre el Presidente y el Ministro de Relaciones Exteriores, es plausible pensar que la política exterior será elaborada en constante consulta entre ambos funcionarios.

Además, la posibilidad de que en 1990 se pongan en ejecución planes de ayuda internacional para el conjunto de la región hace imposible cualquier desatención presidencial a este aspecto. Puesto que Calderón sabe que es imposible superar a Arias en el plano internacional, su perfil en el proceso de negociaciones seguramente será bajo, pero no por ello no menos importante. En cuanto a la orientación, es de esperar que el nuevo gobierno se mantenga en una posición mucho más cercana a la administración Bush. ¿Pero es que acaso hay espacio hoy en día para algo más? En todo caso, no hay que menospreciar las dotes de hábil negociador que parece tener el nuevo presidente de Costa Rica.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Centroamérica
Centroamérica: ¿hacia dónde vamos?

Nicaragua
El FSLN en su laberinto: ¿es posible una revolución en Centroamérica?

El Salvador
Un nuevo escenario forzando las negociaciones

Guatemala
Etapa de definición: ¿crisis del proyecto de los militares?

Honduras
Proyecto neoliberal frente a débil alternativa popular

Costa Rica
Vitrina de la democracia y del ajuste económico

Panamá
La doctrina Breznev se va: permanece la doctrina Monroe

Estados Unidos
Política exterior USA: sus condicionantes internos

Centroamérica
Retos para el futuro de Centroamérica
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web