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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 103 | Mayo 1990
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Honduras

Proyecto neoliberal frente a débil alternativa popular

La ausencia de un estrategia adecuada y la incapacidad de las organizaciones populares y partidos políticos de canalizar los anhelos populares en favor de la justicia social es lo mejor puede explicar el desarrollo de los acontecimientos en 1989 y en los primeros meses de 1990.

Equipo Envío

La coyuntura de Honduras en 1989-90 se define por tres factores:

1) la imposición progresiva del llamado "paquete neoliberal" por parte de las instituciones financieras multilaterales;
2) el inicio de un desplazamiento de los militares del campo político y económico y un recorte económico por parte de los Estados Unidos de su plataforma Militar Subsidiada a causa de los cambios en Europa Oriental, a la invasión norteamericana en Panamá y a la debilidad del movimiento popular y su búsqueda de una estrategia propia.

Los tres factores están estrechamente entrelazados y definen las posibilidades y límites del nuevo gobierno de Rafael Leonardo Callejas.

Elecciones de 1989: los perdedores de siempre

Celebradas el 26 de noviembre, con una movilización de 1.799, 146 hondureños, de los cuales el 51% dieron el triunfo a Rafael Leonardo Callejas, del Partido Nacional, contra un 43% para Carlos Flores Facussé, del Partido Liberal, con apenas un 3% para la Democracia Cristiana y el PINU -partidos no directamente asociados con las clases dominantes y los intereses geopolíticos de Estados Unidos- y otro 3% de votos nulos, las elecciones culminaron un año electoral cargado de una millonaria propaganda, promesas de cambio, y un ambiente de fiesta en medio de la miseria popular.

Según el BID, el Producto Interno Bruto de Honduras había crecido en un 17.6% desde 1980, pero en el mismo período el ingreso per cápita había descendido en un 29%. A pesar de un crecimiento económico relativamente satisfactorio por cuarto año consecutivo (un 3.7% anual desde 1985), los salarios reales de los trabajadores se habían controlado, según la CEPAL, en un 26.4% desde 1983 y la tasa de desocupación había subido de un 21% en 1982 a un 30% en 1988. En un país campesino, la producción de maíz, frijol, plátano y arroz había caído drásticamente en los últimos años de gobierno del Partido Liberal y los precios de los alimentos, que gozaron de estabilidad durante la década, registraron una inflación de un 11% en 1988, particularmente en los 6 meses anteriores al arranque de la campaña.

Dentro de este cuadro, el Partido Liberal ofreció la misma medicina en dosis mayores con un candidato que representaba la poca atractiva figura de un "turco", del que sólo se podía esperar actitudes de un "marrullero comerciante" de los intereses nacionales, mientras que el Partido Nacional y su candidato Callejas ofrecían "un cambio", el fin de la corrupción -aunque su candidato se había asociado con ese mismo pasado corrupto-, una imagen del joven empresario y de "una Honduras que se levanta con el sudor de la camiseta".

Después de dos períodos de incapaces, corruptas y divididas administraciones del Partido Liberal y tras 8 años de cobijar a la contra y a las bases norteamericanas en Honduras con el consecuente incremento de la corrupción y la prepotencia de las fuerzas armadas, sorprende que Rafael Callejas sólo lograra un 51% del voto, a pesar del decidido apoyo que dio a su candidatura Estados Unidos, el Banco Mundial, el FMI y otras instituciones multilaterales. La verdad es que ninguno de los candidatos ofrecieron nada al pueblo. Ninguno ofreció levantar la congelación de los salarios mínimos, efectiva desde 1981. Ninguno de ellos planteó la reforma agraria que Honduras necesita, ni siquiera una política agraria que despertara en los campesinos esperanzas de poder producir más alimentos.

El debate de la clase política sobre las políticas de estabilización y ajuste estructural y las tensiones entre el Presidente Azcona, del Partido Liberal, y la AID, el FMI y el BM apenas rozaron la conciencia popular. Había dos lógicas en las elecciones. Una, la del pueblo gozando con la fiesta del cambio casi ritual de gobierno, presenciando una especie de pelea de gallos y los debates entre familias ligadas con distintas tradiciones de clientelas políticas. Y otra lógica, la dictada por la coyuntura del mercado internacional y la cambiante geopolítica norteamericana en la región.

En las elecciones de 1989, el pueblo de Honduras votó por un cambio de administración ante el deterioro de su nivel de vida, pero resultó el principal perdedor de las elecciones. Eso iba a ser así, independientemente de quién ganara, porque ninguno de los candidatos pretendía ni podía hacer más que apretarle el cinturón al pueblo. El electorado detectó por pocos votos cuál partido mentía sobre la necesidad o no de una fuerte devaluación de la moneda nacional, pero las elecciones dejaron abiertas las puertas para la consolidación de una argolla conformada por los sectores de la derecha hondureña más dura, interesada en alinear a Honduras con los sectores económicos más conservadores de Centroamérica y en marchar según los ritmos económicos dictados por las instituciones multilaterales y la geopolítica de los Estados Unidos en la región.

El paquete neoliberal: ¿novedad o vieja tendencia?

El llamado "paquete neoliberal" fue el tema principal de debate político en la contienda electoral entre las cúpulas de la sociedad hondureña. El ganador, Callejas, es supuestamente uno de los dirigentes "de los gobiernos de la nueva ola neoliberal en Centroamérica". La imagen oscurece tanto como ilumina y puede confundir las estrategias de partidos y organizaciones de corte popular en la región, especialmente porque en la serie de nuevos gobiernos representa un cambio brusco en el manejo de las economías y la suerte del pueblo. De hecho, desde 1985 ya se han estado implementando políticas de corte neoliberal en la región bajo la presión de las instituciones financieras multilaterales y los nuevos gobiernos son el producto de estas presiones más que los impulsos de "nuevas" políticas. En el caso de Honduras, el pueblo ya había experimentado antes de estas elecciones dos años de austeras políticas de estabilización económica y de intentos de ajuste estructural de la economía.

Ya caminaban en Honduras políticas de recortes del presupuesto estatal, de restricción del crédito, de castigo a la producción de consumo interno y de privatización. Lo que estaba en la mesa de debate entre el Partido Liberal y el Partido Nacional era cuándo hacer una devaluación fuerte de la moneda nacional, para dar una coherencia a la política económica a corto plazo y qué hacer con el alto gasto y la corrupción de los militares.

La elección, al interior de las clases económicas y políticas dominantes, era sobre quién iba a hacerse dueño de las dinámicas impulsadas desde afuera por las instituciones financieras multilaterales y qué sectores de la clase dominante se iban a beneficiar más de ellas.

Plataforma militar subsidiada... y desgastada

En 1982, los Estados Unidos eligieron a Honduras como su plataforma militar. Los objetivos eran combatir el movimiento revolucionario salvadoreño y desestabilizar desde esa plataforma al gobierno revolucionario de Nicaragua. Las Fuerzas Armadas hondureñas se convirtieron en beneficiarias de una ayuda militar norteamericana que es la que más rápidamente creció en la historia de América Latina. En los últimos años de la década de los 70 el promedio de la ayuda militar fue de $3.1 millones.

El crecimiento fue tal que desde 1985 el promedio en los años siguientes alcanzó los $125 millones. Las donaciones norteamericanas para ayuda económica -menos de $30 millones anuales al final de los 70 - sumaron $634 millones de 1982 a 1988, siendo 1986 el año punta con $145 millones. El Salvador y Honduras se convirtieron conjuntamente en los mayores beneficiarios per cápita de ayuda norteamericana en todo el mundo, a excepción de Israel. Además, Honduras recibió crédito y préstamos multilaterales por valor de mil 400 millones de dólares, llegando casi a duplicar su deuda externa en el mismo período (ésta pasó de mil 900 millones de dólares a tres mil 300 millones). Guatemala, en contraste, hizo crecer su deuda externa en ese período en sólo un 50% y Costa Rica en sólo un 25%. Mientras el déficit fiscal de Guatemala fue en 1988 de un 2.6% del PIB y el de Costa Rica de un 2%, el de Honduras fue de un 14%.






La conversión de Honduras en una Plataforma Militar Subsidiada ha afectado la conducta de su economía, aun cuando este cambio no ha llegado a ser estructural. La avalancha de fondos no fue prudentemente invertida por el gobierno de Honduras, no se fomentó más eficiente, más bien se repartió esta ayuda a productores y consumidores en forma indiscriminada para mantenerlos tranquilos. Mucho dinero se filtro por los canales de la corrupción. Las necesidades de la Plataforma Militar chocaron con las necesidades del desarrollo. Ubicado en Olancho -zona de entrenamiento de los contras y de maniobras militares- el enorme y costoso proyecto de El Cajón (hidroeléctrica, aserraderos y fábrica de papel) ha quedado subutilizado. La producción cafetalera del sur fue obstaculizada por los campamentos contrarrevolucionarios nicaragüenses. Las carreteras construidas lo fueron más de acuerdo a las necesidades de las maniobras militares que a las necesidades de conectar infraestructura y producción.

En este contexto, para entender los acontecimientos de 1989, es preciso tener una radiografía de la economía hondureña a finales de 1988, señalando antes que no hubo casi ningún cambio estructural en la economía hondureña entre 1980 y 1988 y muy pocos desde 1970. Sólo se dio un traslado de un 10% del PIB al sector del comercio y servicios y esto a expensas del sector agropecuario. También, una mínima evolución en el sector industrial, fenómeno que ocurrió en todos los países de la región y que refleja el cuello de botella central en los pequeños países de la periferia: la dificultad de trasladar capital desde el circuito de intercambio a la esfera de la producción.

Como se ve en el cuadro 1, no hubo cambios estructurales en la composición global del PIB. Sin embargo, la instalación de la Plataforma Militar Subsidiada sí produjo cambios en la evolución de los distintos sectores de la economía, a veces no positivos. Por ejemplo, la importancia de las exportaciones de bienes y servicios dentro de la oferta global de la nación, la cual es el objetivo principal de las nuevas políticas neoliberales, cayó de un 36.5% en 1980 a un 31.7% en 1988.

Como se ve en el cuadro 2, hubo una evolución regresiva en términos de la diversificación del sector exportador. Durante esta década Honduras volvió a ser aún más "una república bananera". En vez de expansión de los productos no tradicionales, hubo contracción. Sólo el sector de camarones y langosta, controlados por militares y transnacionales, mostró signos de expansión junto a la transnacional bananera "Standard Fruit". Honduras tiene ventajas comparativas importantes en su sector maderero. Sin embargo, el comportamiento del sector ha sido muy débil, tanto en las actividades tradicionales. Asimismo, con un hato vacuno de casi 3 millones de cabezas en 1988, las exportaciones de carne refrigerada -de sólo 23 millones de dólares- fueron un signo de mal manejo económico en este rubro.

Con estas notas sobre las deficiencias estructurales de la economía hondureña y de su extrema dependencia de las transnacionales y los militares, podemos entender mejor el impacto limitado del paquete de medidas implementadas a partir de 1988 y los resultados no alentadores de su reciente comportamiento.

Primera fase del paquete neoliberal: el ritmo de crecimiento del PIB

En 1988, disminuyó el ritmo de crecimiento del PIB. Fue positivo (3.8%) pero un 0.4% inferior a 1987. A pesar de una coyuntura de alza del precio de sus exportaciones, hubo serios problemas en la producción material y el volumen de exportaciones decreció en un 2.5%. A pesar de que el precio del banano mejoró en un 11%, hubo problemas climáticos y tensiones laborales en la "Standard Fruit" y la producción bananera bajó en 6 millones de cajas.

A pesar del crédito barato y de la asistencia técnica de la AID en el sector cafetalero y del mejoramiento del precio en el último trimestre, la contracción de los salarios ocasionó una escasez de mano de obra en la recolección de obra en la recolección del café y se registró una baja de 286 mil quintales respecto a 1987. La producción de azúcar descendió en un 21% y la exportación de carne en un 9% debido, sobre todo, a la sobreevaluación de la moneda nacional. A pesar de la privatización del comercio de madera, la producción descendió en un 24%. En 1989, a pesar de las primeras estimaciones de un mejor comportamiento de las exportaciones respecto a 1988, el ritmo de crecimiento disminuyó de nuevo a una tasa positiva de un 2.5%, un 1.3% menor que en 1988.

Es decir, en 1989 hubo un ajuste estructural de la economía a favor de las exportaciones y un decrecimiento en la producción nacional para el consumo interno. Esta baja es más notable en la producción campesina, donde las políticas neoliberales han producido un pronunciado deterioro en la producción de granos básicos y otros productos campesinos.



Como se puede apreciar en el cuadro 3, el maíz, el frijol y el arroz han evolucionado negativamente desde 1985. La caída de la producción en frijol y arroz en 1988 fue excepcional y el maíz se recuperó tras tres años de recesión. El país se vio obligado a importar granos básicos y los precios de los alimentos subieron. En 1989 se duplicaron las alzas en los alimentos sufridos por los consumidores en 1988.

Muchos de estos resultados económicos negativos fueron producto de la contradictoria política económica de corto plazo destinada a estabilizar la economía. De hecho, esa política económica fue un híbrido surgido de la necesidad de mantener la Plataforma Militar Subsidiada de Estados Unidos en Honduras y de la primera, incoherente e incompleta fase de las políticas económicas impuestas por los organismos financieros multilaterales y por la AID.

Por un lado, el costo económico de mantener una plataforma militar en Honduras ha sido un subsidio generalizado a la economía, tanto a productores como a consumidores. Este subsidio surgió de las necesidades del gobierno para impedir que brotara un descontento económico popular y para garantizar la tranquilidad social. Se pretendía mantener ciertas directrices fundamentales postuladas en años anteriores: estabilidad de los precios e invariabilidad del tipo de cambio oficial. El gobierno no quiso devaluar la moneda ni reordenar los precios relativos, ni quitar los subsidios para fertilizantes e insecticidas usados en la producción de granos básicos y otra producción de consumo interno, ni eliminar los subsidios a las importaciones de los comerciantes, políticas que hubieran recaído fuertemente sobre el pueblo en un año electoral. El resultado de la decisión de no devaluar la moneda fue desestimular al sector exportador. Por ejemplo, los ganaderos aprovecharon los precios más altos en el mercado interno y bajaron su exportación de carne.

Por otro lado, la presión de los organismos multilaterales y las exigencias convenidas en 1988 con un programa de ajuste estructural del Banco Mundial y un Convenio de Asistencia Financiera con la AID, obligaron a aplicar políticas restrictivas en materia fiscal (bajar los gastos del Estado y subir los ingresos promedio de nuevos impuestos), en materia monetaria (bajar la liquidez del sistema bancario a través de restricciones crediticias a los productores) y en materia salarial (congelar los salarios de los trabajadores).

Los resultados fueron los esperados: las necesidades políticas del gobierno, que cargaba con la plataforma militar extranjera, chocaba con las exigencias de los organismos multilaterales y, como señala la CEPAL en una clave técnica, "el objetivo de crecimiento (económico) entró en contradicción con las metas de estabilidad y ajuste (de los organismos multilaterales)". Veamos cómo se desarrolló este drama económico.

El único programa que el gobierno cumplió más o menos a cabalidad fue la congelación de los salarios mínimos. Los salarios mínimos decrecieron más de un 4% en términos reales en 1988. Ciertas clientelas reducidas del gobierno central y de las empresas públicas recibieron incrementos salariales significativos pero, según la CEPAL, "esto no significa que haya mejorado la situación general del país en materia salarial, ya que esos ajustes los recibió sólo un segmento reducido de la población".

Además, la subvaluación de los precios de productos de exportación por mantener el tipo de cambio oficial, el agotamiento de exenciones fiscales a los productores y una política crediticia más dura con los mismos, determinaron que los agroexportadores "pasaran la cuenta" a los obreros con salarios deprimidos para mantener su capacidad de competir en el mercado internacional. Por otra parte, los niveles de desocupación y la inflación provocada en los precios de los alimentos actuaron conjuntamente para socavar los salarios reales de los trabajadores. Los resultados a corto plazo de esta política sobre los salarios de los trabajadores, según las primeras estimaciones, fueron un decrecimiento de los salarios en términos reales en más de un 6%.

En materia monetaria, los resultados de las nuevas políticas restrictivas fueron mixtos. Por un lado, se frenó la expansión de liquidez en la economía, cumpliendo con las exigencias de los organismos multilaterales. A través de mecanismos administrativos, se redujo drásticamente la expansión de crédito al sector privado. El crédito al sector privado, que se había expandido a un ritmo de más de un 15% durante 1987, redujo su ritmo de crecimiento a sólo un 3% en 1988. La inversión privada, que tuvo un ritmo de crecimiento de un 7% en 1987, cayó a un -0.4%.

Sin inversión no hay crecimiento. Los organismos multilaterales habían exigido recortes en la inversión estatal -gran parte de ella militar- en 1986 y 1987 (tasas negativas de crecimiento de -27% y -28% respectivamente). La meta de estabilización monetaria estaba entrando en conflicto con la meta de crecimiento económico y el gobierno hondureño se vio obligado a convertir la demanda del sector público en el elemento dinámico de la economía, tanto en inversión como en consumo, sobre todo por medio de inversiones estatales en la construcción de viviendas para el sector público y privado, escuelas, caminos de penetración, proyectos de riego, electrificación rural y comunicaciones. La construcción es un sector con efectos multiplicadores en la industria nacional y en la minería en toda Centroamérica. El sector de la construcción evolucionó con un auge de un 7.5%, la minería con un 6.5%, el cemento en un 24%, las láminas de fibra-cemento en un 15% y las varillas de hierro en un 30%.

De hecho, este impulso a la economía por vía de la inversión pública tuvo el resultado de traspasar ingresos a una minoría de los productores en el sector industrial, mientras que los recortes de crédito afectaban a la mayoría de los productores, especialmente a los campesinos productores de granos básicos y a los pequeños y medianos productores de ganado y café. El ajuste estructural, que es bueno para el capital en su conjunto internacional, no es bueno necesariamente para todos los productores ni para todos los capitalistas de un país como Honduras.

Dejado a su libre albedrío, el conjunto de capitalistas de un pequeño país de la periferia nunca implementará un programa de estabilización monetaria y ajuste estructural. La lógica del ajuste es concentración de capital y eliminación de productores menos capaces de aguantar las restricciones, mientras que supuestamente premia la exportación eficiente. En este caso, en vez de expandir la producción de exportación, como querían los organismos multilaterales, se continuó subsidiando la producción de consumo interno con niveles de eficiencia no competitivos en el mercado internacional e incluso se aumentó ese subsidio para las empresas más grandes del sector de la construcción. Sin embargo, a pesar de que las medidas no dieron en el blanco, la lógica de concentración se dio y provocó mucho descontento en la pequeña y mediana industria y entre los productores agroexportadores.

Para responder a este descontento de los productores de exportación, el gobierno permitió su acceso a los CETRAS (Certificados de Opción de Divisas para Exportar), lo que significa que el exportador liquida su producto a un precio dos veces mayor que el vigente, según el cambio oficial de 2 lempiras por dólar. Los CETRAS fueron originalmente concebidos para los productos de exportación no tradicionales, pero ante la presión de los agroexportadores, se concedió que un 40% de todas las exportaciones podían estar remuneradas en CETRAS. Esta concesión significó más emisión monetaria, aunque como hemos señalado no se logró estimular ni la exportación tradicional ni la no tradicional.

Debido al programa de inversión pública a favor de una argolla de empresarios industriales privados y a las concesiones de CETRAS a los exportadores -que significan, de hecho, una devaluación selectiva de la moneda nacional- y a otras concesiones parecidas otorgadas a las clientelas políticas para la importación de autos particulares a mitad de su precio internacional, el déficit fiscal continuó expandiéndose al mismo ritmo de 1987 y representó un 31% de los gastos totales del gobierno.

En las nuevas condiciones exigidas por los organismos multilaterales, el gobierna necesitaba aumentar sus ingresos y los impuestos. Sin embargo, el nuevo arancel centroamericano, que permite más libre comercio en la región por empresas extranjeras, significa que el Estado pierde los impuestos provenientes de la protección de la industria centroamericana. Intentando recuperar esa pérdida de impuestos, el gobierno hondureño tuvo el plan de suprimir la exención de impuestos a los industriales e importadoras y aumentar los impuestos selectivos al consumo (ron, tabaco, combustible, cerveza, etc.).

Sin embargo, al final, concedió la exención de impuestos a los industriales beneficiados por la ley de fomento industrial y les cobró sólo a los viejos y pequeños industriales de la Cámara de Comercio no beneficiados por la ley. Por otra parte, se cargó al pueblo consumidor con nuevos impuestos selectivos. A pesar de esta nueva presión sobre el consumidor y la pequeña industria ya castigada por el nuevo arancel centroamericano, las concesiones a las industrias grandes y extranjeras y la pérdida de impuestos por el bajón en la agroexportación, significaron que el gobierno no pudo cobrar tantos impuestos como en los años anteriores.

A fin de cuentas, a pesar de los $115 millones en divisas frescas que dieron los Estados Unidos para financiar su Plataforma Militar Subsidiada, el gobierno hondureño violó las condiciones exigidas por el Banco Mundial. No pudo contener la emisión monetaria ni restringir la expansión del déficit fiscal a los niveles requeridos. La única manera de evitar más inestabilidad monetaria y fiscal fue la decisión del gobierno hondureño de no pagar los servicios de su deuda con el Banco Mundial y con otros organismos multilaterales. Dejó de pagar en 1988 unos $125 millones que debía. En los últimos tres años la mora suma unos $200 millones.

A finales de 1988, aparecía una contradicción abierta entre las necesidades de mantener la Plataforma Militar Subsidiada, tanto en la parte del presupuesto de la fuerza armada como en los subsidios a la economía a través de la sobrevaluación de la moneda nacional, por un lado , y las exigencias de los organismos financieros internacionales para profundizar el paquete neoliberal, por el otro. Para decirlo de otra manera, en 1989 estalló en el campo político la contradicción ya existente en 1988 entre mantener el gasto militar, las necesidades de la clientela política del gobierno gerente del proyecto estadounidense en Honduras y las exigencias de la política neoliberal.

La lógica de la primera fase de medidas de estabilización y ajuste produce nuevos problemas que obligan al país a implementar medidas aún más austeras. Podemos llamar a este proceso la espiral neoliberal.

1989: el debate sobre la devaluación

Todo comenzó, y la espiral se profundizó, cuando el Banco Mundial decidió suspender los desembolsos debido al atraso del pago sobre el último préstamo. Habría acceso a nuevos préstamos siempre y cuando se cumpliera con un programa de estabilización y ajuste estructural.

Posteriormente, comenzaron las conversaciones entre el FMI, el Banco Mundial y el gobierno de Honduras. Los representantes de los organismos internacionales vinieron con una "carta de intenciones", donde lo principal de la polémica se centró en las siguientes medidas:

1. Devaluar la moneda nacional en un 50% y abrir cauce a la devaluación selectiva, ampliando el acceso de los exportadores a los CETRAS.

2. Aumentar los impuestos a los productores, tasando los impuestos por importación a los precios de dólar en el mercado del dólar en el mercado paralelo y reformando la ley sobre la renta.

3. Aumentar los impuestos al pueblo consumidor, incrementando las tarifas de los servicios públicos, los impuestos selectivos al consumo y los impuestos generales sobre las ventas.

4. Reducir el tamaño del gobierno, congelar los salarios de los empleados públicos, privatizar las empresas bajo control estatal, prohibir nuevas contrataciones de inversiones por parte del gobierno central.

5. Reducir los atrasos en el pago de la deuda externa.

Gonzalo Carías, Presidente del Banco Central de Honduras, dijo que con las medidas del FMI/BM se beneficiarían 100 personas contra 4.2 millones de habitantes, aseveración correcta pero algo cínica en vista de las políticas del Banco Central a lo largo de 1988.

El Presidente Azcona rechazó la carta de intenciones por considerarla una copia de las recientes medidas adoptadas en Venezuela, que provocaron motines populares y, sobre todo, por ser un año electoral. La impopularidad del gobierno gerente de la plataforma militar no era conveniente. Sin embargo, la cambiante geopolítica de los Estados Unidos, que empezaba a girar hacia la negociación táctica con los movimientos revolucionarios en Nicaragua y en El Salvador, la presión internacional sobre la desmovilización de la contra asentada en Honduras y los planes para asegurar las bases norteamericanas en Panamá, significaron que la Plataforma Militar Subsidiada en Honduras comenzara a ser menos vital para los Estados Unidos.

Adiós al Partido Liberal

Azcona intentó buscar el apoyo de los cuatro candidatos presidenciales en la aprobación de un Decreto de Emergencia Económica como contrapropuesta a la del FMI/BM, aceptando medidas en la misma línea pero sin la devaluación. No consiguió este apoyo. Más bien se dividieron las clases dominantes entre los grandes empresarios del COHEP, que se convirtieron en fieles aliados de los organismos internacionales, y los pequeños y medianos de la Cámara de Industria y Comercio.

La AID promovió y financió seminarios con el COHEP para avanzar la propuesta del FMI/BM, organizando tres foros vinculados al proyecto neoliberal con los siguientes temas: "El modelo económico chileno y los parques industriales", "Seminario internacional sobre la privatización", y "Bases par un nuevo modelo económico de desarrollo en Honduras". Cuando el gobierno de Honduras se negó a firmar la carta de intenciones, Estados Unidos advirtió a través de su encargado de Encargado de Negocios en la Embajada que, al no llegar al acuerdo con el FMI/BM, la AID no desembolsaría los $70 millones de dólares restantes de su apoyo a la balanza de pagos. El Encargado de Negocios sugirió además que Azcona destituyera a Gonzalo Carías. No se llegó a un acuerdo. Azcona se enojó y no recibió las credenciales del nuevo embajador estadounidense.

Detrás de este drama se avizoraba la configuración de la nueva alianza. Lo que estaba en juego era cómo incluir a las Fuerzas Armadas en el pacto cuando las exigencias económicas obligaban a su desplazamiento relativo del poder y la coyuntura internacional socavaba la importancia de la plataforma militar, después de la intervención estadounidense en Panamá y de su intervención militar en Nicaragua a través de una creciente infiltración de los contras asentados en Honduras.

Militares: pleitos internos y reacomodos contra el pueblo

Aunque las diversas corrientes que existen al interior de las Fuerzas Armadas coinciden en lo fundamental con un proyecto antipopular y alineado con los dictados norteamericanos, coyunturalmente, la definición de la política de los militares ha estado coloreada, a lo largo de 1989, por una fuerte lucha de las diversas promociones de oficiales por el control del poder, ante el traspaso de mando en la jefatura de las Fuerzas Armadas, hecho similar al ocurrido en El Salvador.

En el marco de la última fase del proceso electoral y del cambio de jefe de las Fuerzas Armadas, "The New York Times" publicó en octubre la denuncia del empleo abusivo y sin ningún control de los fondos suplementarios del Programa de Asistencia Militar de los Estados Unidos para Honduras por parte del General Regalado Hernández, Jefe de las Fuerzas Armadas. Asimismo, un informe de oficiales del ejército -fuente de la noticia del influyente diario norteamericano-, denunció una cadena de actos de corrupción realizados por Regalado Hernández a lo lago de su gestión, entre los que se contarían la adquisición de anti-aéreas a una compañía extranjera, a través de un reconocido traficante internacional de armas; la contratación con la General Electric de suministros de equipos Vulcan para la Fuerza Naval, por la que el General Regalado Hernández habría obtenido millonarias sumas en concepto de intereses; las comisiones que cobra por cualquier transacción que autoriza; el alto porcentaje que recibe junto con su esposa del Hospital y Clínica Ochsner de New Orleans, por dar a ésta el derecho exclusivo para atender los requerimientos médicos de los militares en el exterior; y el uso indiscriminado de personal y estructura del ejército para sus negocios personales.

Entre un sector de oficiales de alto rango se corrió la noticia de que el avión presidencial había sido usado en diversas ocasiones para transportar cerdos de raza para haciendas de propiedad del General, lo que llevó a apodar ese avión presidencial con el mote de "la chanchera". A todo esto, el informe de los oficiales usadas personalmente por el General para sobornar a periodistas, muchos de ellos de alto renombre en los medios de comunicación nacionales, con lo que se explicaría la fuerte publicidad que hacían destacando la figura del General, incluso para negar los cargos denunciados en su contra por el citado diario norteamericano.

En este marco de división y conflicto por la enconada lucha para controlar el poder, habría que situar el nombramiento del General Arnulfo Cantarero para reemplazar a Regalado Hernández en la jefatura de las Fuerzas Armadas. El proceso tan acelerado en el nombramiento de un nuevo jefe militar respondería, de acuerdo a versiones cercanas a altos mandos militares, a veloces maniobras de Regalado Hernández desplazándose de batallón en batallón, prometiendo inmediatos ascensos a Tenientes Coronales de la Novena y Décima Promoción y con dólares en mano para conquistar el voto de un importante sector del Consejo Superior de las Fuerzas Armadas para asegurar su poder y, sobre todo, su seguridad personal.

Regalado se habría ocupado por dejar en el más alto poder a un incondicional , que impidiera investigaciones en torno a su gestión militar y que le garantizara su estricta seguridad personal, fuera con la disposición de centenares de guardaespaldas, fuera abriéndole las puertas como primer embajador de Honduras al establecerse relaciones diplomáticas con Israel, país que reuniría las óptimas condiciones para proteger la vida de un hombre que estaba amenazado por Matta Ballesteros, uno de los hombres con más poder en los sucios negocios del narcotráfico y a quien Regalado Hernández habría jugado sucio al entregándolo a la justicia norteamericana, traición que, en los negocios de la mafia, -a los que casi nadie duda ha estado vinculado Regalado-, sólo se puede pagar con la muerte. El hermano, también militar, de Regalado Hernández, fue procesado y sentenciado por narcotráfico en Florida.

Con el triunfo del Partido Nacional, a cuya filiación se apunta ciertamente Regalado Hernández, con su hombre en el poder, el control de las Fuerzas Armadas podría decantarse en contra de la célebre Sexta Promoción, a la que pertenece Cantarero, hasta ahora irrelevante y sin el respaldo de la mayoría de sus compañeros de armas. La Sexta Promoción, desesperada por mantener su poder e influencia en la cúpula militar, como hasta ahora lo ha tenido, estaría perdiendo quizá la última oportunidad para controlar cada uno de sus miembros más importantes una institución armada plagada de emergentes promociones con las mismas o mayores pretensiones de poder que aquella. Habrá que esperar las decisivas preferencias de los Estados Unidos y los acomodos en el esquema del nuevo gobierno, para que se acabe de diseñar el modo como han de quedar estructuradas las Fuerzas Armadas dentro de la nueva alianza.

Presidente Callejas: primeras medidas, estrategias y posibilidades

La devaluación de la moneda en un 100% (de 2 lempiras por dólar a 4 lempiras por dólar) fue inmediata y empezó a funcionar en el Banco Central 15 días antes de su anuncio oficial el primero de abril. Diez días después hubo una mini-devaluación que sitúo el dólar a 4.16 lempiras, para frenar el mercado negro, que había subido a 4.40 lempiras por dólar.

La devaluación significa un bajón muy fuerte en el poder de compra de los campesinos y obreros. Además, el gobierno de Callejas aumentó los impuestos sobre todas las ventas, de un 5% a un 7%. medida destinada a recaudar desde los bolsillos del pueblo 500 millones de lempiras para el gobierno central.

Estas dos medidas generaron descontento social, tanto de consumidores como de productores medianos y pequeños, y sobre todo de los comerciantes, golpeados por el descenso en la capacidad de compra del pueblo.

Dentro del sector productivo, la devaluación hizo nacer fuertes tensiones entre las transnacionales más los empresarios del COHEP -liderados por el Presidente Callejas- y los medianos productores e industriales de la vieja integración centroamericana, liderados por Jaime Rosenthal Oliva. La Asociación de Bananeros Independientes entró en conflicto con la "Standard Fruit" por las actividades de tan gigante transnacional para cerrarles salidas al mercado internacional . La congelación de los salarios creó tensiones entre los salarios creó tensiones entre los empleados públicos, particularmente entre los profesores.

Como estrategia de contención social, Callejas creó, con aproximadamente $25 millones de la AID, un Fondo de Inversión Social. Una parte de este fondo estará destinado a crear 10 mil empleos temporales de emergencia, al estilo de lo que hizo Pinochet, y el resto para comedores infantiles para las familias más pobres. Aparentemente, la estrategia de colchón para suavizar las medidas no incluye reforma agraria y se ha recortado el ya minúsculo presupuesto del Instituto Nacional Agrario. El democráta-cristiano Juan Ramón Martínez piensa renunciar a su nuevo puesto como director del INA, reconociendo que no tiene espacio para maniobrar dentro de la Unidad y Concertación Nacional propuesta por Callejas. Existen planes de las organizaciones populares para sumarse a la propuesta de Martínez.

Frente al problema de cómo incluir a los militares en la nueva alianza todavía no hay mucha claridad. Con un paquete tan austero es crucial para Callejas que no haya sublevaciones en las Fuerzas Armadas. Por una parte, el Consejo Nacional de Desarrollo Industrial (CONADI), fachada utilizada para los negocios militares, ha pasado a la historia. Por otra parte, Callejas ha anunciado un recorte del 10% en el presupuesto militar, que se estima será de unos $125 millones.

Ante estas medidas, ha habido un gran silencio entre los militares y circulan rumores que los Estados Unidos están negociando con la Sexta Promoción. El 2 de abril hubo un ataque a militares norteamericanos, hecho supuestamente por la guerrilla. Sin embargo, en otras ocasiones se ha sabido que los ataques contra los marines estadounidenses han sido perpetrados por las fuerzas militares, fingiéndose guerrilleros, para conseguir así más financiamiento militar de los Estados Unidos. Esta vez, la táctica les habría salido como tiro por la culata porque Estados Unidos empezó a retirar sus tropas y anunció la paralización de las maniobras militares. Este tipo de acción podría haber venido también de militares insatisfechos con la nueva alianza o de grupos aislados de las negociaciones entre las Fuerzas Armadas y los Estados Unidos.

Las limitaciones del proyecto neoliberal en Honduras

Estas limitaciones son tres:

1. Hasta ahora, el proyecto, que ya lleva tres años, no ha podido estimular ni la exportación tradicional ni la no tradicional. Más bien, se observa la incapacidad de desarrollar las ventajas comparativas que tiene Honduras en madera y carne refrigerada. La privatización del comercio de madera, según la CEPAL, padece de notables ineficiencias.

2. La estructura económica está dominada por empresas transnacionales que trasladan gran parte de sus ganancias fuera de Honduras. El proyecto neoliberal, al eliminar el desarrollo de la pequeña y mediana empresa nacional y de la producción campesina de alimentos, puede profundizar la dependencia de Honduras y estancar aún más la dinámica de su mercado interno. La inestabilidad social que surge de tasas de crecimiento demográfico tan altas y los elevados niveles de desocupación, que sólo pueden incrementarse, no prometen un clima ideal para la inversión extranjera, particularmente con las nuevas posibilidades que se abren en Europa Oriental.

3. Como señala el experto del Banco Mundial para México y Centroamérica, Hans Binswanger, la gran limitación que enfrentan los países centroamericanos que entran en el proceso de ajuste estructural es su incapacidad de estimular el sector agropecuario en un momento en el que se tienen que solucionar su crisis de escasez de divisas y su crisis fiscal. No tienen recursos para la agricultura; sin embargo, es el sector agropecuario el que más promete para que salgan de su crisis fiscal y de su escasez de divisas.

Los países necesitan invertir en las fuentes de crecimiento nacionales, pero este tipo de inversión requiere normalmente de varios años para madurar y los países carecen no sólo de capital (divisas) para el mediano plazo sino de capacidad institucional y conocimiento técnico de la economía campesina y de los sistemas de producción de la pequeña empresa industrial para poder trasladar recursos desde la actualmente ineficiencia producción agropecuaria, que desgasta su base de recursos nacionales, hacia formas de producción agropecuaria más eficientes en términos de generación neta de divisas.

Igualmente -dice Binswanger- en países como Honduras no existe ninguna experiencia ni capacidad de cómo balancear programas de ayuda alimentaria para las capas más pobres y al mismo tiempo estimular la producción nacional de alimentos a través de alzas en los precios de la misma. Existen grandes posibilidades en Honduras en madera y ganado que la devaluación reciente va a facilitar, aunque las limitaciones descritas mermarán el impacto macroeconómico de estos avances sub-sectoriales. La gran posibilidad que tenía Callejas, ya en su campaña y ahora en los primeros años de su gobierno, es la debilidad del movimiento popular, sus divisiones internas y su atraso ideológico al continuar manejando fórmulas y soluciones "de izquierda" que ya han dejado de ser progresistas.

Movimiento popular: débil y en búsqueda

En Honduras, a diferencia de El Salvador, Nicaragua y Guatemala, la consolidación de la ola neoliberal de los nuevos gobiernos derechistas no se produce frente a un contrincante popular fuerte. En Honduras, las fuerzas progresistas intentaron imitar movimientos político-militarres de los otros países y fracasaron. Desde la prolongación del conflicto centroamericano en 1986, se observa que a las fuerzas progresistas de Nicaragua, El Salvador y Guatemala les hace falta una línea de masas menos verticalista con más capacidad de movilización de las masas a partir de sus necesidades económicas inmediatas.

El relativo estancamiento del movimiento de masas se debe menos a deficiencias en la fuerza propiamente militar y en la disciplina y fidelidad partidista que a la falta de renovación en sus línea de masas y en su capacidad política ante la nueva coyuntura. Sin embargo, tanto en Nicaragua donde el FSLN mantiene el ejército como en el Salvador y Guatemala -con las guerrillas del FMLN y de la URNG- la cuota del poder militar popular constituye la fuente principal de división entre los "pragmáticos y moderados" y los "neoliberales a ultranza". En Honduras no existe una fuerza equivalente".

Las organizaciones populares y el proceso electoral de 1989

El movimiento popular organizado hondureño nunca tomó en serio el proceso político electoral. Tampoco lo enfocó con responsabilidad de cara al pueblo. En las tres elecciones que se han dado en la década que termina, los diferentes sectores populares se han limitado tan sólo a criticar, con variantes secundarias, las elecciones como esquema burgués, a retirarse incluso de los análisis y, a fin de cuentas, del vínculo con las masas hondureñas.

Su presencia política partidista ha sido fragmentada y cuando han participado en elecciones anteriores, como es el caso del Frente Patriótico Hondureño, no han logrado desarrollar ningún tipo de alianzas ni mucho menos una propaganda que mínimamente rompiera la barrera de los minúsculos círculos politizados de los centros urbanos más importantes del país. En las recientes elecciones, el movimiento popular hondureño ha estado ausente hasta prácticamente el último semestre del año, cuando comenzaron a conocerse posiciones de diferentes sectores, unas inclinándose por uno de los partidos minoritarios, como fue el caso del Partido Comunista, en una de sus versiones con alguna influencia en ambientes sindicales, que acabó publicando un comunicado en el que hacía un llamado a sus militantes a votar por el PINU.

Otros sectores, a partir de su crítica al bipartidismo, se decantaron en favor de un voto por cualquiera de los partidos minoritarios. Esta parece haber sido la posición de la Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras (FUTH), cuya dinámica está orientada a mantener al movimiento sindical con una posición nacionalista, en defensa de la soberanía y de los intereses propios de los trabajadores, pero manteniendo a la Federación respecto a las organizaciones político- militares de la izquierda.

Las opciones de apoyar al PINU y a la DC no fueron acertadas, porque para el PINU y la DC estas elecciones han constituido, si no es la última, una de sus últimas oportunidades de presencia pública. Con apenas el 3.3% del total de los electores, después de dos décadas de existencia, estos partidos pequeños no han pasado de constituir infecundos, y hasta necesarios, adornos para el modelo hondureño, en donde los partidos tradicionales han demostrado una vez más ser las dos estructuras políticas con mayor capacidad de movilización y control del pueblo hondureño.

Aunque los sectores populares han sido los grandes perdedores del proceso electoral, las últimas elecciones han demostrado una vez más que el pueblo hondureño sigue muy marcado por una larga historia de tradicionalismo, la dependencia de las figuras políticas y, sobre todo, de las promesas hechas desde las alturas. Por esto, el proceso electoral constituye hoy día una instancia política de la que difícilmente ningún sector político puede prescindir, si de verdad busca hacer propuestas que lleguen a la mayoría de los hondureños.

Estos siguen poniendo sus esperanzas en los cambios por la vía electoral, sea por tradicionalismo, sea por el control que sobre ellos ejerce el poder establecido, sea por el clientelismo existente en torno a los partidos y a sus candidatos. A su vez, el porcentaje de abstencionismo en las recientes elecciones (un 26%), nunca alcanzado hasta ahora, muestra el desarrollo de una conciencia crítica en un sector de la sociedad hondureña que, aunque aún muy reducido, estaría a la espera de una alternativa que ofrezca alguna novedad respecto a los dos partidos tradicionales que se afanan en presentarse remozados, sin preocuparse por separarse de una historia que hoy sigue enlodando a sus jóvenes figuras.

Organización popular y beligerancia popular

A finales de septiembre nació, en medio de una destacada divulgación pública, la Alianza Popular Unificada (APU), con participación de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC), un sector del sindicato de maestros COLPROSUMAH, estudiantes, algunos sindicatos obreros y grupos de mujeres organizadas, organizaciones todas que habrían estado en el llamado Comité Patricio Francisco Morazán (CPFM), que daría paso a una naciente organización de masas con fuerte influencia de la izquierda política hondureña.

La APU haría su primera propuesta pública al encarar los procesos políticos electorales con la conformación de un nuevo partido político. Esta propuesta ha iniciado un importante proceso de discusión entre los diversos sectores políticos de la izquierda hondureña.

La propuesta de un nuevo partido político, que canalice las aspiraciones de los sectores populares y sea como vehículo para que la izquierda hondureña conquiste un espacio político nacional, se da en el marco de una fuerte debilidad del movimiento popular, golpeado especialmente a lo largo del año. Golpeado por la policía y los escuadrones de la muerte y golpeado por las propias divisiones internas, notablemente aprovechadas por sus enemigos.

Los principales dirigentes populares han sido persistentemente amenazados de muerte, amenaza que ha sido efectiva en algunos de ellos; otros han sido víctimas de atentados dinamiteros, salvando sus vidas por el más estricto azar. La policía ha aprovechado las absurdas divisiones entre lo que fue el CPFA y el Comité Coordinador de Organizaciones Populares (CCOP), para lanzar públicas amenazas de muerte con el membrete de un grupo de izquierda que dice reivindicar los intereses del pueblo. Por todo esto, la propuesta de un nuevo partido se da en un ambiente de debilidad y de urgente necesidad por revitalizar y reorientar el movimiento popular, hoy día terriblemente atomizado.

A lo largo del año se ha observado un cambio en los enfoques políticos de dirigentes populares. En positivo, los foros de discusión abiertos en los últimos meses en torno al proceso electoral, el llamado a la unidad del movimiento popular a partir de plataformas mínimas de lucha como ha sido el documento "Por la democratización de Honduras", propuesto en octubre pasado por la CTH, la FUTH, el COCOCH, las Federaciones de Colegios Profesionales Universitarios de Honduras (FECOPRUH), la Federación Hondureña de Cooperativas (FHC), la CHT y la Federación Independiente de Trabajadores de Honduras (FITH) y el llamado a formar un nuevo partido, son algunas señales que expresan una voluntad de los sectores populares por encontrar nuevas alternativas.

El camino para el movimiento popular sigue siendo una difícil trocha por abrir. Falta superar las heridas del viejo sectarismo, evolucionar teóricamente con propuestas populares capaces de arrastrar masas y desarrollar, sobre todo, la organización popular económica, única base real de una política alternativa realista y viable en una coyuntura en la que la burguesía criolla, asesorada por los organismos internacionales, desafía con nueva complejidad al movimiento popular, una coyuntura en la que los viejos esquemas de socialismo, ensuciados por el estalinismo, han desaparecido.

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