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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 103 | Mayo 1990
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Guatemala

Etapa de definición: ¿crisis del proyecto de los militares?

El año de 1989 y los comienzos del 90 plantean en Guatemala un período definitorio en el que podrían aclararse los destinos de los tres proyectos que se disputan la configuración de la sociedad guatemalteca. Hoy, el proyecto revolucionario de la URNG es menos posible ignorar que nunca, tal ha sido su crecimiento y extensión.

Equipo Envío

El proyecto de Estabilidad del Estado -clave para los militares- se encuentra comprometido y aun empantanado, en parte por la importancia del gobierno de la Democracia Cristiana para gerenciarlo y también por la negativa de la iniciativa privada aceptarlo en una actitud de concertación, así como por la fuerza creciente del proyecto revolucionario de la URNG. Es una incógnita si su rival más modernizante de la burguesía, pretenderá luchar por el recambio de proyectos a través de las elecciones de este año -tal vez con una candidatura presidencial de consenso centro derechista- o si preferirá irlo haciendo crecer y prepararlo con mayor madurez para hacerlo triunfar en las elecciones del 95. Finalmente, el proyecto revolucionario de la URNG es, después de 1989, menos posible ignorar que nunca, tal ha sido su crecimiento y extensión.

No es por esto extraño que a fines de marzo el gobierno y el ejército, a través de la Comisión Nacional de Reconciliación, dotada esta vez de verdadero poder de negociación de parte del gobierno, no tuvieran otro remedio que reconocerlo en la reunión de Oslo. Frente a estos proyectos, el panorama de participación de la sociedad civil en sus sectores más populares se presenta aún bastante precario. Mientras tanto, la economía nacional profundiza una crisis que descarga su peso sobre el pueblo.

La perspectiva popular desde las tres oleadas revolucionarias de la historia reciente

Con el derrocamiento de Arbenz en 1954, la única década auténticamente democrática de este siglo en Guatemala (la llamada "Década Revolucionaria") fue abrupta y brutalmente frustrada. Frente a la clausura de los cauces democráticos, surge así una primera oleada revolucionaria armada que culmina hacia 1966. La memoria de nuestros pueblos no debe olvidar que fueron los Estados Unidos, en el ejercicio, a través de una operación encubierta de la CIA, de su más craso imperialismo y de su más ciego anticomunismo, los que financiaron la invasión mercenaria del 54 y se hicieron así responsables de la frustración de la democracia y del río de sangre que en seguida comenzaría a correr en Guatemala y que aún no se ha detenido.

Entre 1966 y 1970 fueron de nuevo los Estados Unidos los que asesoraron al ejército de Guatemala en su campaña de contrainsurgencia que, estrenando incluso el napalm antes de usarlo en Vietnam, logró poner un dique a aquella primera oleada revolucionaria.

Resurgiendo de una gran catástrofe hacia 1972, el movimiento revolucionario lanzó otra segunda oleada que culminó en 1980-82. No fue una mera repetición de la primera, pues en esta segunda oleada se logró por vez primera en Guatemala un comienzo de alianza entre ladinos e indígenas pobres en un movimiento revolucionario. Mal medidas las fuerzas, el auge revolucionario fue obligado a descender por efecto de una de las represiones más salvajes de la historia de Guatemala entre 1981 y 1984.

Una tercera oleada del movimiento revolucionario, no aniquilado estratégicamente por la represión de su base popular en la ciudad capital y en el campo a través de la política de tierra arrasada (440 aldeas destruidas y tal vez entre 20 y 30 mil ciudadanos masacrados), se halla actualmente en ascenso, en circunstancias nuevas, en las que su objetivo inmediato no parece encaminarse hacia la toma del poder por medios militares sino hacia la consecución de una negociación política que democratice a Guatemala en el pleno sentido de la palabra.

El pueblo guatemalteco, un pueblo profundamente dividido

Este enfrentamiento, cuya expresión principal ha sido la lucha armada, ha dividido profundamente al pueblo guatemalteco. La URNG, en uno de los polos de esta lucha, cuenta con un porcentaje de la población que se le adhiere con convicción y con otro porcentaje de simpatizantes, además de con sus propios combatientes y militantes. El gobierno y el ejército cuentan así mismo con porcentajes de la población distribuidos a lo largo de similares categorías de adhesión. En el polo revolucionario se agrupan la llamada "población en resistencia" (poco conocida en el país por su ubicación alejada de la capital) y un amplio porcentaje de los refugiados externos y de los desplazados internos. La adhesión a un proyecto revolucionario, sin que ello signifique necesariamente alianzas políticas explícitas, pasa en Guatemala por la defensa del derecho a la vida y las propuestas que mantienen en alto la reivindicación por los asesinados y desaparecidos, así como también por sectores del proletariado urbano y rural organizado, del campesinado también organizado y de las capas medias urbanas de burócratas jóvenes, etc.

En el polo alrededor del gobierno y del ejército se agrupan una parte de la población controlada en aldeas modelo (estilo "aldeas estratégicas" vietnamitas), una parte de la población rural indígena organizada en "patrullas civiles" llamadas de "autodefensa", algunos refugiados ya repatriados y algunos desplazados internos reubicados, movimientos campesinos y sindicales cooptados y capas medias de profesión ales y altos burócratas, además naturalmente de las minorías burguesa oligárquica, así como la oficialidad del ejército y su tropa.

Para entender la expansión del movimiento revolucionario en armas, es conveniente recordar las áreas en que se divide el país: La de la capital en primer lugar. Luego, la Boca Costa y la costa sur, con los cultivos de agroexportación. El altiplano indígena occidental, minifundista, semiproletario y que mira también a la colonización de tierras lejanas. En él la agricultura de subsistencia es tan precaria que la artesanía y el comercio ocupan a cada vez mayor parte de su población.

Viene luego el área del altiplano oriental ladino, con tasa de fuerte emigración de población hacia la capital. Sigue el área de Alta Vera Paz, parecida en sus potencialidades a la Costa Sur y la Boca Costa. Y se completa la visión con la región noratlántica, bananera y portuaria y con el extenso Petén de penetración y explotación recientes.

El movimiento revolucionario, infiltrándose desde México o reactivando los pequeños núcleos salvados de la catástrofe del 66 al 70, se extiende desde las fronteras con México. Desde San Marcos hacia la Boca Costa y el altiplano indígena (Sololá, Chimaltenango). Desde Huehuetenango y Quiché hacia Chimaltenango. Desciende también desde el Petén. Todos estos movimientos significan el intento de abrir corredores de penetración hacia la capital. 12 ó 13 de los 22 departamentos de Guatemala están más o menos fuertemente tocados por el movimiento revolucionario. En este último año las acciones de éste sobre la carretera panamericana, que atraviesa el altiplano indígena, en Chimaltenango (a menos de 50 kilómetros de la ciudad de Guatemala), en la Costa Sur (a veces a 30 kilómetros de la capital), etc., han hecho imposible el mantenimiento de la imagen que el ejército había intentado crear de una guerrilla en sus últimos estertores.

De 570 operaciones militares en 1986, la URNG ha avanzado a 1.865 operaciones en 1989. La URNG afirma que, habiéndole ocasionado al ejército 663 bajas en 1986, le ha infligido 2.506 bajas en 1989. Si comparamos esta última cifra con las alrededor de 7 mil bajas reivindicadas por el FMLN en El Salvador como promedio anual durante el trienio 87-89, podemos tener una idea del nivel a que se encuentra el desafío que la URNG significa hoy para el gobierno y el ejército guatemaltecos. Observaciones independientes sobre el acceso de heridos al Hospital Militar de la ciudad de Guatemala y sobre el plan de construir otro, dan credibilidad a las cifras de la URNG.

De entrevistas con refugiados en México (unos 50 mil), no pocos de los cuales han sido antes "población en resistencia", se deduce que la preocupación fundamental de ésta es la defensa de su tierra. Por eso no salen al refugio y por eso necesitan un acuerdo explícito con el movimiento revolucionario. La convicción de esta población es muy profunda precisamente porque para mantenerse "en resistencia", aun siendo población civil, han tenido que superar los traumas tremendos de la política de arrasamiento del 81 al 84. Para esta población, comunicada por radio con el mundo, la extensión de la acción bélica revolucionaria a puntos cercanos a la ciudad capital significa el ensanchamiento de sus horizontes: la guerra tiene probabilidades de alejarse de su territorio y las perspectivas de paz se hacen más viables.

Los refugiados y los repatriados: dónde están, qué piensan

Los refugiados constituyen otro grupo importante, cercano a las posiciones revolucionarias, si bien no falta entre ellos la lucha ideológica con un pequeño porcentaje que se opone a la URNG. Aun siendo en su mayoría indígenas, su identidad actual no es tanto étnica sino nacional (guatemalteca) por contraposición a sus vecinos mexicanos. Su preocupación fundamental es la defensa de esta identidad guatemalteca, amenazada en los elementos jóvenes de la población por la atracción del nuevo arraigo en México.

Organizados en comités representativos (por elección en cada campamento), su reivindicación es la repatriación con garantías internacionales que los liberen de la alternativa de tener que someterse a los esquemas de control del ejército ("aldeas-modelo", etc.), y sobre todo de ser utilizados como presión para ir desplazando de sus tierras a la "población en resistencia". El intento de regresar a Guatemala sin control del ejército ha fracasado hasta el momento. ¿Razones? Cierre del espacio político guatemalteco tras de los intentonas de golpe de estado, menor organización solidaria que en los casos de los refugiados salvadoreños en Honduras, mayor lejanía de sus campamentos, barrera de selva que impide acceso a caminos inter-fronterizos y falta de control de la URNG sobre zonas liberadas.

Los repatriados entre 86-89, alrededor de 4 mil, y los desplazados internos reubicados, entre 8 y 10 mil, constituyen una población bajo el control del ejército pero en áreas en que también opera la URNG. El ejército, aun sintiendo hacia ellos desconfianza -algunos son antiguos miembros de la "población en resistencia" que han tenido que entregarse por hambre-, intenta ganarlos ideológicamente, integrarlos en polos de desarrollo y en patrullas civiles pretendiendo así ganar estabilidad dentro del proyecto nacional de Estabilidad del Estado- para garantizar con ellos la defensa del territorio y un ulterior desarrollo. La vida de esta población es difícil por la presencia bélica continua: retenes, comunicaciones radiales, campos de aterrizaje para avionetas y helicópteros, artillería pesada, vuelos de abasto para el ejército. La presencia de la URNG ha impedido lograr la infraestructura vial necesaria de manera que los resultados de seguridad, estabilidad y desarrollo no se han conseguido.

Repatriados y desplazados internos reubicados no quieren la guerra: ésta significa la presencia del ejército usándolos como cobertura poblacional frente a la URNG. La presencia de la guerrilla se percibe como una cierta garantía contra la excesiva represión y explotación en trabajos semi-forzados, tanto infraestructurales como de agricultura. Su expectativa fundamental es recuperar la tierra y el nivel socioeconómico anterior a la política de tierra arrasada que practicó el ejército del 81 al 84. Se trata de una población en cierto modo entre dos fuegos con aspiraciones a la "neutralidad" campesina, sea cual sea su convicción ideológica. De nuevo es la comunicación radial el único vínculo con el resto de los acontecimientos en Guatemala y en consecuencia también con el movimiento popular (visitas al Diálogo Nacional de la Representación Unitaria de las Organizaciones Guatemaltecas ante los organismos internacionales -RUOG-, huelga del magisterio, intento de huelga del Comité de Unidad Campesina (CUC) en la Costa del Sur, etc.).

Tanto en la población en resistencia como en muchos de los refugiados, desplazados internos y en esta población bajo control, más que traumas paralizantes, lo que existe es una riquísima experiencia, un pozo profundo de emociones de cuyas aguas beben, no poca imaginación y deseo de expresar su vida, de ser escuchados.

Trabajadores, sectores urbanos: qué piensan

Visto desde la Costa Sur o desde la capital, donde las relaciones capitalistas han madurado más, el movimiento popular guatemalteco presenta rostros diversos. El CUC intentó a comienzos de 1989 recrear en la Costa Sur una huelga de las dimensiones de la del 80, que logró paralizar por varias semanas toda la Costa. Tras una larga preparación, ya en la primera tarde apareció con claridad que la respuesta era mínima y el intento fue rápidamente controlado. La huelga del magisterio duró, en cambio, dos meses en el primer semestre del 89. Fue muy dura: huelgas de hambre, barreras en las calles y en los accesos de la cuidad, una marcha hacia la capital desde las Verapaces. Igualmente dura fue la respuesta del gobierno. Este intentó voltear al resto de los trabajadores contra los maestros: "¿no son ellos, los maestros, los que trabajan menos y ganan más?" Por otro lado, en zonas indígenas, el apoyo al gremio entró en contradicción con la lealtad a sus familias. Después de un segundo mes en que no fueron pagados los salarios, los huelgistas tuvieron que claudicar, acosados por el hambre. Pero para el gobierno demócrata-cristiano, esta victoria puede considerarse como pírrica, tanto ha podido ser su costo político.

El Diálogo Nacional, convocado por la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR), logró aprovechar el espacio político para abrirlo más durante alrededor de dos meses (marzo-abril). El estrechamiento del espacio político nacional tras la intento a de golpe de estado de mayo, un año casi exactamente después de la primera, obligó a que los representantes de la RUOG salieran del país amenazados. Esto provocó la pérdida del espacio ganado. Para diciembre, el diálogo continuaba sin la presencia de la CNR. Lo que podía tomarse como una mayoría de edad podía también interpretarse como una maniobra de la CNR para despojarse de una carga, de un intento encaminado al fracaso. No se puede subestimar, sin embargo, el hecho de que en le Diálogo tuvieran parte de los refugiados, el CUC, etc., consiguiendo una legitimación antes vedada.

En los sectores populares urbanos, se sigue echando de menos una fuerza creciente en las organizaciones sindicales obreras, fuertemente desafiadas por el solidarismo patronal. En el sector informal urbano, calculado casi en un tercio de la población guatemalteca, se observa la búsqueda de sobrevivencia en medio de un gran dinamismo económico. Son notables los "movibancos" (camiones que llegan a los mercados con dinero para que los placeros lo devuelven al fin del día con un 5 ó 10% de interés). Son también importantes las remesas de dólares enviadas por los emigrados y hasta en aldeas se observa una fiebre de construcciones debida a las remesas. En este sector la gente vive también de empleos en pequeños talleres o en maquiladoras. Entre poblaciones indígenas cercanas a la capital se observa que compran su maíz y en cambio siembran fresas o flores, lo que significa un profundo cambio cultural.

¿Cómo se escuchan en estos sectores los ecos de la guerra? Con cierta ambivalencia. Desde 1981 se conoce la brutal capacidad de masacrar que tiene el ejército y esta siembra de terror ha calado en el terreno de la conciencia. En cierto modo se hacen "números", como se hacen al partir para el mercado cada mañana. Puede ser que se apruebe la resistencia revolucionaria y puede ser que el matiz de la aprobación se traduzca en un "sí, pero que siga sucediendo lejos de aquí".

En septiembre de 1989 se formó la Coordinadora de Desplazados Internos de Guatemala, cuya lucha fundamental se centra alrededor de la supresión de las patrullas civiles.

Posiciones de la Iglesia católica guatemalteca

La Iglesia Católica Guatemalteca sigue siendo una plataforma importante en la sociedad civil, tanto más cuanto más se vuelven a cerrar los espacios políticos. La Conferencia Episcopal es la única en Centroamérica que ha reconocido a las víctimas eclesiales de la represión sacerdotes, religiosas, laicos) como mártires. No hay en ella las fuertes divisiones que caracterizan a la conferencia de El Salvador ni la relativa inactividad de la Conferencia Hondureña ni el sesgo ideológico pro-capitalista de la Conferencia Nicaragüense. Sus documentos conjuntos -sobre todo "El Clamor por la Tierra", seguido de "La Declaración de Cobán", notablemente crítica, esta vez con el ejército- son con mucho los más avanzados en Centroamérica.

Hay un sínodo en marcha en la Arquidiócesis de Guatemala, abierto ampliamente a la participación de agentes de pastoral y de los laicos. La energía del obispo Rodolfo Quezada Toruño, tanto como presidente de la Conferencia como en su papel de presidente de la CNR, ha sido un ejemplo. Existen en la Iglesia de Guatemala movimientos muy conservadores (desde un Opus Dei, el más fuerte de Centroamérica, hasta brotes tradicionales lefebvrianos y predicaciones evangelistas como la del dirigente del movimiento TRIGO). Pero existen también trabajos muy serios en la corriente que quiere hacer de la Iglesia Católica una Iglesia de los Pobres: la Confederación de Religiosos, los grupos Monseñor Romero, los Encuentros Cristianos, numerosas Comunidades Eclesiales de Base -aunque no siempre lleven ese nombre- Acción Cristiana Guatemalteca, etc.

Dentro de las corrientes involutivas generales de la Iglesia Católica en Guatemala prevalece una postura de avanzada, aún con notables reticencias frente al movimiento revolucionario, al que, en su Declaración de enero de 1990 los Obispos acusaron de "actos de terrorismo". La Comandancia de la URNG les escribió el 12 de febrero de 1990 una respetuosa carta, reconociéndoles el establecimiento de "principios... humanistas y preciso (que) sienta (n) bases y puntos de partida para la solución de los problemas más apremiantes, y abre (n) caminos para la reflexión y el diálogo". Al mismo tiempo, les "clarificaban" su escrupuloso respeto a "las Convenciones y Tratados de Ginebra sobre el Derecho Humanitario de Guerra... (el) respeto a la dignidad humana de nuestros mismos adversarios" Y el hecho de que su "trabajo militar" no tiene como objetivo "producir terror en la sociedad".

Después de los espantosos quinquenios de los 80, el balance que en el movimiento popular se observa al entrar en los 90 no deja de ser moderadamente esperanzador. Tanta siembra de terror habría hecho esperar una parálisis social de miedo que no se ha producido, si bien tampoco se ha visto un auge de movimientos de masa como el que testimoniaron los últimos años de la década de los 70.

La economía: una gestión política fracasada

Al cierre de 1989, los indicadores generales de la economía mostraron los signos de moderado crecimiento observados desde 1987. A precios constantes, el PIB aumentó un 3.8%, en base a más del 10% de incremento del consumo privado y a una inversión privada y pública del mismo ritmo que la del 88. Las exportaciones crecieron de $1.073 millones en 1988 a $1.177 millones en el 89 (+8.8%). Las no tradicionales crecieron en un 22% (de $195 millones a $250 millones) lo cual es un signo de éxito para las tendencias neoliberales. A pesar de la baja en los precios del café (-21%), el alza en los volúmenes exportados mantuvo los ingresos debidos a este rubro. Las importaciones, sin embargo, tuvieron un mayor crecimiento que las exportaciones, si bien el balance global mostró un superávit de $40 millones, gracias a los ingresos de capital privado de corto plazo y de capital oficial y bancario de largo plazo.

La fragilidad de la economía se observa, sin embargo, en el área de las finanzas públicas. Como porcentaje del PIB, los ingresos programados descendieron del 9.8% al 9.1% y los impuestos del 8.5% al 7.8%, mientras los gastos ascendían del 12.5% presupuestado al 13.1%. La consecuencia fue que el déficit programado de un 2.6% se elevara a un 4% del PIB.

Se buscó una solución a la crisis fiscal en noviembre, transfiriendo el manejo de las divisas a los 22 bancos del sistema privado financiero, es decir, reforzando las soluciones neoliberales. Estos, sin embargo, no respondieron, pues no elevaron las tasas de interés (apenas en enero de 1990 doblaron el interés, del 13% de morosos). Al mismo tiempo los empresarios declararon una virtual huelga en el pago de impuestos durante el segundo semestre del 89, mientras menguaban los impuestos provenientes de la exportación del café.

El FMI, presionando la lógica neoliberal suspendió su programa por desacuerdos con el Banco de Guatemala que decidió redimir anticipadamente los bonos de estabilización. Los ajustes salariales a los burócratas significaron aumento de 120 millones de quetzales en la planilla estatal. En fin, para el 30 de noviembre, el gobierno registraba un déficit de 945 millones de quetzales, una deuda flotante de 500 millones y tenía cerradas las ventanillas de crédito del BCIE, el BID, el BIRF y el FMI.

La flotación de la moneda, decidida en noviembre, provocó una ola inflacionaria -20% de aumento sólo en ese mes en el IPC- de carácter principalmente especulativo. El gobierno improvisó reacciones: liberó importaciones de carnes, huevos, leche, azúcar y material escolar sin prever canales de comercialización interna. Suprimió subsidios al transporte y a las tarifas de agua, aumentando su precio en un 100%, mientras mantenía un precio de garantía para el combustible (3.22 quetzales por 1 dólar) con una perdida de $6.7 millones durante las tres primeras semanas de enero. Al intentar cobrar a las compañías importadoras la diferencia, éstas suspendieron sus compras, ocasionando una fuerte escasez de gasolina y diesel durante más de dos semanas con graves consecuencias para la economía nacional.

En noviembre-diciembre, el quetzal se fue deslizando, con la flotación, a una taza de 0.9 puntos diarios. Pero en enero, a consecuencia de la escasez de combustible y de una limitada oferta de divisas en el mercado, la tasa saltó 20 puntos en una semana llevando a una cotización de 3.85 quetzales por cada dólar, con una progresión subsiguiente que ha conducido a cotizaciones de 4.5 quetzales por cada dólar a fines de marzo. La inflación alcanzó en el año 89 un crecimiento de 21% (en el 88 fue de un 12%), pero los productos alimenticios -casi la mitad del gasto familiar- y las medicinas se incrementaron en un 37% y un 30% respectivamente por encima del IPC.

Todo ello lleva a una serie de hipótesis de análisis, de alcance retrospectivo, que abarcan el cuatrienio que la Democracia Cristiana, con Cerezo a la cabeza, lleva en el gobierno.

a) El gobierno de la DC parece haber perdido la posibilidad de administrar lo que llamó la "transición crítica" de las dictaduras del primer quinquenio de los 80 al período civilista. No ha podido conciliar las necesidades de expansión del Estado en la sociedad con los ajustes de los ejes de acumulación. Le ha sido negada la concertación de parte del gran capital. Su base social "natural" -las capas medias formadas en el auge del Mercado Común Centroamericano- se ha "proletarizado", mientras ha surgido una clase media vinculada al capital especulativo, comercial y tecnocrático, con la cual le ha sido imposible practicar alianzas, pues la lealtad de estas nuevas capas medias es con la clase empresarial, especialmente con la modernizante. El intento de pasar de un partido de cuadros aun partido de masas ha abierto una brecha a la corrupción, pasando por el exacerbamiento del presidencialismo y el clientelismo. Se ha manipulado innumerables veces al movimiento sindical, mostrando en cambio una gran timidez respecto de la derecha, tanto la empresarial como la militar, llegando a una parálisis progresiva frente a las intentonas de golpes de Estado de mayo 88 y 89. Finalmente, el partido ha fraccionado su unidad ideológica, perdiendo identidad, embarcándose en luchas intestinas suicidas por la próxima candidatura presidencia y terminando en la paradoja de ser un partido con un programa neoliberal sin apoyo del empresariado neoliberal más importante.

b) Las medidas de ajuste estructural, desde agosto de 1989, entregan el manejo de las finanzas en bandeja de plata a la fracción financiera del gran capital privado, los 22 bancos que operan en el país bajo la hegemonía del Granai-Townson, del Industrial, del Banco de Occidente y del Agrícola Mercantil. La captación de divisas salió así de un marco de racionalidad global de la economía para entrar en un marco de especulación. No se aseguraron los fondos internacionales de colchón ( un mínimo de $300 millones); no se compensó la flotación de la moneda con una reforma tributaria que asegurara la continuación de la inversión estatal; no se legisló para fomentar la inversión. En cambio, se fomentó el encarecimiento a través de la escasez de crédito a la producción (liberación de tasas de interés); se puso a flotar la moneda reduciendo la posibilidad estatal de intervenir el mercado y haciendo recaer sus obligaciones de deuda interna y externa sobre el fisco, y finalmente, no se negoció un paquete global con la clase empresarial para comprometerla con el desarrollo global del país, sino que se dio alas al capital especulativo. De ahí provinieron las consecuencias inflacionarias ya descritas.

c) A menos de un año del final del gobierno de Cerezo, la situación anterior lleva a plantear la hipótesis de que el proyecto estratégico de Estabilidad del Estado se encuentra muy comprometido e incluso empantanado. Ni siquiera la intervención directa del Alto Mando del Ejército en el Foro Nacional "27 Años de Lucha por la Libertad", de agosto/87, logró convencer al gran capital de entrar en concertación con el gobierno y apoyar la gestión aceptada por el ejército del proyecto de Estabilidad del Estado por la DC.

El partido en el gobierno fue perdiendo su capacidad mediadora entre la clase empresarial y los sindicatos, alcanzando en 1989 un desgaste tremendo de credibilidad. El gasto en funcionamiento se hizo exorbitante, a través de las necesidades de aumento de burocracia por clientelismo y de "pagos" corruptos. La clase empresarial ganó la batalla contra la reforma tributaria, aumentando con su virtual huelga de pago de impuestos la tendencia a la liquidez financiera ya comenzada por el descenso de los precios del café, y conduciéndola a la insolvencia a fines del 89. Finalmente, han fracasado los programas de regionalización administrativa sobre los que tanto el ejército como el Ministerio de Desarrollo Económico pusieron tanto peso en 1986: más del 70% de los recursos humanos, materiales y financieros del Estado siguen concentrados en la capital.

El proyecto neoliberal en in año electoral

El empantanamiento del proyecto de Estabilidad del Estado, hegemonizado por aquellos militares que intentan ganar la guerra por medios más políticos que militares -frente a los que reclaman un nuevo esfuerzo militar de la envergadura del que se llevó a cabo el primer quinquenio de los 80, simbolizados en los oficiales "de la montaña"- un proyecto que el ejército aceptó que fuera gestionado por quien saliera electo en 1985 y que de hecho recayó en la DC, plantea la probabilidad de que el proyecto neoliberal del empresariado modernizante intente un recambio de proyectos.

Aún no parece logrado un consenso sobre si este asalto a lo que el gran capital guatemalteco ha considerado siempre como "su Estado" se debe dar en las elecciones de 1990 o en las de 1995. Por un lado es arriesgado desplazar al ejército del liderazgo del proyecto, dada la fuerza de la URNG. Por otro, no está resuelta aún la alianza de capitales que debería asumir la conducción de un nuevo proyecto, un proyecto de Estado y de sociedad que el gran capital guatemalteco nunca se ha conformado con dejar en manos de un ejército que quiso convertirse desde la Presidencia de Arana (1970-74) en fracción hegemónica de la burguesía, utilizando para ello el instrumento del poder estatal.

Se están dando ya pasos firmes para la realización de un proyecto neoliberal que incluya en primer lugar la privatización y empequeñecimiento del Estado, asignándole únicamente la seguridad nacional y el condicionamiento de la infraestructura y desembarazándolo de todo el área social (subsidios, salud, educación, etc.), y sume a esta iniciativa una liberación completa de la economía el juego de los precios en el mercado y la apertura total de este mercado a cualquier tipo de inversión-.

Primero, en el terreno de las alianzas, hechas incluso en algún momento con la Confederación de la Unidad Sindicales y Populares (UASP) y a través de la multiplicación de asociaciones solidaristas. Segundo, en el terreno de la investigación, ampliando la capacidad de sus centros de pensamiento. Tercero, en el de la comunicación, reforzando la publicidad de su proyecto. Cuarto, afinando su modelo de desarrollo, dando en él la importancia a la inversión en la mejora de los recursos humanos de sus trabajadores potenciales (programas de alfabetización con contenidos educativos gestionados por la Asociación de Amigos del País), en la formación de sus técnicos (a través de FUNTEC, del fondo de los azucareros, del grupo familiar comercial del País, etc.), y en la comercialización de la pequeña producción (a través de FUNDAP). Y quinto, constituyendo una nueva fracción hegemónica, la financiera, formada por importadores y exportadores, comerciantes, agricultores e industriales punta que manejan el mercado financiero y pueden someterse a pequeños y medianos productores.

Todo este esfuerzo se encontraría limitado aún en su capacidad de ampliar la base productivo-exportadora del país -la capacidad adquisitiva de las exportaciones guatemaltecas ha descendido durante la década de los 80 en un 26.5%- y sobre todo minado por la posibilidad de la preeminencia de un capital especulativo.

En estas condiciones, el año electoral se presenta lleno de tensiones. Según las encuestas de opinión pública a fines de enero, un tercio de la intensión de voto se encontraría aún indeciso. Un 21% se estaría inclinando por Jorse Carpio (UCN), de centro -derecha, un 12% por el ex-general evangelista Efraín Ríos Montt. Un 9% por el ex-alcalde capitalino Alvaro Arzú (genuino correlato de los Cristiani y los Callejas) y sólo un 6% por Alfonso Cabrera (DC), sobre quien se cierne cada vez más la sombra de la relación con la corrupción y específicamente con el narcotráfico -su hermano ha sido varias veces mencionado a este respecto-.

La candidatura del ex-canciller de los gobiernos militares, Fernando Andrade Díaz Durán, que nunca remonto en la opinión pública, fue defenestrada al exigirle el PR, tradicional componente de tantas alianzas políticas sin escrúpulos, desembolsos tales que equivalían a una compra de su candidatura. El ex-alcalde capitalino José Angel Lee lo ha sustituido en la candidatura del PR, después de que Andrade renunciara. Demasiados gallos en el corral de la derecha. Todo hace prever que ningún candidato alcanzará la mayoría absoluta en la primera vuelta de octubre. ¿Logrará alguno de ellos el apoyo de los promotores del proyecto neoliberal? Asesinado en agosto/89 uno de los miembros de la principal familia guatemalteca dentro de la clase capitalista, Ramiro Castillo Love, quien apoyaba al Centro de Estudios para la Estabilidad Nacional (ESTNA) del General Gramajo -principal promotor del proyecto de Estabilidad del Estado-, no es fácil que el ejército se encuentre con arrestos y tiempo para organizar el apoyo a una candidatura. Tal vez prefiera esperar el resultado de las elecciones y tratar luego de entrar en alianzas con los ganadores.

De todos modos, se prevé una lucha entre el capital monopólico y el no monopólico, con la probabilidad del surgimiento de contradicciones regionales; un enfrentamiento entre el capital simbólico (especulativo) y el real (productivo); y una confrontación entre los sectores medios emergentes cooptados por el proyecto neoliberal y las capas medias "proletarizadas", restos de la década de los 60.

Además, es probable que los Estados Unidos busquen influir más en la política de Guatemala abultando el aumento -real- del área sembrada de amapolas (heroína) y marihuana. El "New York Times" ya ha destacado este punto con sospechosa insistencia.

El giro de Esquipulas y la liberación de la negociación

Sin poder enarbolar ni siquiera el logro del Parlamento Centroamericano -aún bloqueado en el Parlamento costarricense-, el gobierno de Cerezo se encamina hacia una utilización de las cumbres presidenciales en la única dirección que le pudiera aún proporcionar alguna rentabilidad electoral. Es indudable que la recién concluida cumbre presidencial de Montelimar ( Esquipulas VII) ha constituido en cierto sentido el fin de una etapa. Reduciéndonos al papel que en ella jugó Cerezo, el último de los presidentes que iniciaron Esquipulas que dejará este escenario, a él parece atribuirse la fijación de la agenda de la próxima cumbre, que se celebrará de nuevo en Guatemala, alrededor de la reconstrucción del Mercado Común Centroamericano y de la cooperación económica externa con Centroamérica.

Tanto la demostración de fuerza del FMLN en su ofensiva de noviembre-diciembre de 1989 como la imposibilidad del gobierno de Cristiani de rehuir las negociaciones políticas a consecuencia del efecto que el brutal asesinato de los jesuítas de la UCA ha tenido en la opinión pública internacional, parecen haber convencido al gobierno de Cerezo y al ejército de Guatemala de la conveniencia de entablar negociaciones con la URNG antes de que ésta se haga tan fuerte como el FMLN y ponga al Estado guatemalteco entre dos fuegos. El año pasado hablábamos de "la negociación secuestrada".

El acuerdo del 30 de marzo en Oslo, entre la CNR y la URNG, libera del secuestro a la negociación y plantea conversaciones para mayo entre la URNG y los partidos políticos. Para junio, de preferencia, entre la URNG y fuerzas de la sociedad civil. Y para una fecha a concertarse, entre el gobierno, el ejército y la URNG. Como "conciliador" queda escogido el Presidente de la CNR, Monseñor Rodolfo Quezada Toruño, y como "observador" de las reuniones y "garante" de cualesquiera acuerdos y compromisos, el Secretario General de la ONU, Javier Pérez de Cuéllar. Alcanzar nuevas perspectivas para la economía y neutralizar el avance militar de la URNG, encaminándola hacia la lucha política -el ideal para Cerezo sería convencerla de participar ya en próximas elecciones, si bien es evidente que el tiempo y las condiciones políticas no dan para tal "sueño"-, parecen ser los últimos intentos del gobierno de la DC, gestor del proyecto de Estabilidad del Estado. Objetivos en verdad ambiciosos. Objetivos, sin embargo, difíciles de alcanzar para un gobierno y un presidente que se han caracterizado por su demagogia y su gobierno de imágenes más que por su capacidad de construir realidades.


Los asesinatos de Danilo Barillas -último representante de la izquierda en la DC-, de Ramiro Castillo Love en agosto/89- los de la directiva de la AEU en el mismo mes, el del Primer Secretario de la Embajada de Nicaragua en diciembre, y el de Héctor Oquelí, Secretario del MNR salvadoreño y miembro prominente de la Internacional Socialista, así como el de su acompañante, Gilda Flores, guatemalteca, apuntan a un resurgimiento de la violencia asesina que regularmente la derecha ultrafanática, de carácter civil o militar, instaura en Guatemala. Todos estos crímenes han ido unidos a muchos otros, menos notables, y han hecho de nuevo a Guatemala blanco del señalamiento de todos los organismos defensores de los derechos humanos. Mucho tiene que cambiar en las reglas del juego de "la seguridad nacional" para que las conversaciones de Oslo tengan en Guatemala el ambiente hacia una paz con justicia y hacia un reasumir el proceso de democratización frustrado en 1954.

Por ahora, hasta los Estados Unidos han debido reaccionar y, ante la indignación de fachada de Cerezo, han llamado a su embajador a Washington. Cerezo, por su parte, ha contribuido a que en Montelimar se olvide el compromiso de Esquipulas de verificar seriamente el progreso en el cumplimiento de los derechos humanos y en una auténtica democratización. Sólo la política interesada, de avestruz, de América Latina ha impedido en Ginebra una condena mayor de Guatemala. Cerezo ha sido imagen y fachada. Pero Guatemala necesita de realidades.

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