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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 103 | Mayo 1990
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El Salvador

Un nuevo escenario forzando las negociaciones

El Salvador ocupa desde ahora el centro de la coyuntura regional, el centro de atención de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica. Un centro que El Salvador comparte con Nicaragua, dado el resultado inesperado de las elecciones.

Equipo Envío

El fracaso de la propuesta de negociación del FMLN -que implicaba la posposición de las elecciones de marzo a septiembre- a causa de la intransigencia del gobierno de Duarte, del ejército y de los Estados Unidos cerraba hace un año nuestro análisis de El Salvador. Las elecciones, boicoteadas por el FMLN, llevaron al gobierno de ARENA con mayoría absoluta en la primera ronda, una mayoría manchada por las enormes proporciones de abstención. La transición de gobierno quedó marcada por lo que Ignacio Ellacuría llamó "Vísperas violentas". La represión contra las organizaciones del pueblo y las ejecuciones de personalidades presagiaban la forma brutal en que terminó el año. Pese a la imagen conciliadora de Cristiani, su gobierno actuó en los diálogos con el FMLN de septiembre y de octubre con el presupuesto de que el FMLN negociaba desde la debilidad. La ejecución inicial del proyecto neoliberal de su gobierno acrecentó el peso de miseria sobre las mayorías y no logró resultados económicos favorables globales.

El "estallido social" que, de no darse serias negociaciones, había pronosticado el FMLN, no se produjo. En cambio, el espantoso atentado contra FENASTRAS el 31 de octubre decidió al FMLN a interrumpir los diálogos y a lanzar la ofensiva sobre centros urbanos en noviembre-diciembre. En su desesperación, la Fuerza Armada dio rienda suelta a sus elementos más extremistas. El bombardeo indiscriminado de la población civil y el asesinato de los jesuitas de la UCA y de sus dos compañeras cambiaron el curso de los acontecimientos. El FMLN había demostrado su fuerza, el gobierno y la Fuerza Armada su salvajismo. De esta confrontación han brotado los caminos hacia una negociación más seria que parece haber empezado a cristalizar en Ginebra el 4 de abril. La negociación ha sido forzada. Sea que las fuerzas implicadas en ella, especialmente el gobierno de los Estados Unidos, la defina o no como camino hacia un verdadera democratización de El Salvador, este país ocupa desde ahora el centro de la coyuntura regional. Un centro compartido con Nicaragua, dado el resultado inesperado de las elecciones.

Elecciones presidenciales: la ultraderecha al gobierno

El gobierno de Duarte fracasó en todos sus objetivos, pero especialmente en los dos más importantes: la consecución de la paz y la superación de la crisis económica. Quienes en marzo/89 decidieron usar su derecho al voto decidieron también cambiar al gestor del proyecto norteamericano para solucionar el problema salvadoreño. Manteniendo la tendencia iniciada ya en las elecciones legislativas y municipales de 1988, dieron el triunfo a Cristiani, candidato "moderado" de ARENA, otorgándole una mayoría en la primera vuelta algo mayor de la que el PDC con Duarte había conseguido en 1984 en la segunda vuelta (53.8 vs. 53.6% de los votos emitidos). Un 59% de la población, sin embargo, se había pronunciado, en respuesta a una encuesta del IUDOP de la UCA, por la posposición de las elecciones conforme a la propuesta del FMLN.

En 1984, al ser elegido el Presidente Duarte, el registro electoral dio un número de electores de 2.581.203. En la segunda ronda de las elecciones acudió a las urnas 1.524.079, es decir el 59.04% de los electores, absteniéndose de acudir el 40.96%. En 1989, solamente fueron a retirar su carnet electoral, mostrando así alguna intención de hacer uso del derecho al voto, 1.834.000 electores. De ellos sólo acudieron a las urnas 1.003.153, es decir el 54.7%. En realidad, había en El Salvador no menos de 2.200.000 salvadoreños en capacidad de votar (empadronados), de modo que la abstención real hay que colocarla en un 54.4%, constituyéndose así la abstención en el voto mayoritario de los salvadoreños.

Y aún así se está apreciando conservadoramente la abstención, pues lo lógico es que entre 1984 y 1989, a pesar de la emigración, la cifra de salvadoreños con derecho a voto haya sido mayor que los dos millones y medio que daba el registro electoral de 1984. De hecho, el número de votos obtenidos por los dos partidos punteros en las elecciones de 1989 resultó menor que el obtenido por ellos mismos en 1984. En 1984, el PDC ganó las elecciones con 752.615 votos y ARENA las perdió con 651.741 (en total 1.404.356). En 1989 ARENA ganó las elecciones con 505.370 votos y el PDC las perdió con 338.369, habiendo obtenido los otros partidos - se trataba de una primera ronda- 95.339 votos (en total 939.078). Si el PDC pasó a gobernar en 1984 con el 29.15% de los salvadoreños registrados con derecho a voto, ARENA llegó al gobierno en 1989 con el 27.55% de quienes obtuvieron carnet electoral y con el 23% de los salvadoreños empadronados.

El deterioro de las elecciones como proceso confiable para los salvadoreños, en el supuesto de un marco político no modificado, es innegable. Sería muy aventurado atribuir toda la abstención a una obediencia de esa mayoría de la población a la consigna del FMLN de boicotear las elecciones. Igualmente, sería absurdo atribuirla al temor causado por las amenazas de violencia del FMLN para el día de las elecciones o al paro decretado contra el transporte -en circunstancias de paro y de violencia, la mayoría de los salvadoreños acude a su trabajo y aun a las escuelas o a la universidad-. La abstención mayoritaria está probablemente basada en el desprestigio de las elecciones como instrumento, probado ya en su inefectividad, para solucionar los problemas mientras se busquen soluciones militares al conflicto salvadoreño, y en el horizonte nuevo de unas elecciones para la paz, abierto, aunque frustrado, por la propuesta de negociaciones que el FMLN hizo en enero/89.




*% de los con carnet. ** % de los empadronados.

Nota: En 1972 hubo 1.119.699 electores inscritos y acudió a votar el 72.65% de ellos. Las elecciones concluyeron en un fraude, al igual que las de 1977, en que no se publicaron en detalle resultados, pero el % de votantes fue similar al del 72.

La derrota del PDC -además de los factores ya citados cabría añadir el hedor de corrupción que se le pegó durante su período de gobierno y las divisiones por la candidatura presidencial- puede conducirlo a posiciones cercanas de nuevo a las que tuvo en la década de los 70 desde la oposición. La Convergencia Demócratica (CD), alianza del MNR socialdemocráta de Guillermo Ungo, del PPSC de Rubén Zamora, disidente izquierdista del PDC, y del PSD de Reni Roldán, no alcanzó el 4% de los votos emitidos, sufriendo probablemente las consecuencias de una imagen ambivalente: portadora de las simpatías del FMLN en un contexto en que el FMLN boicoteaba las elecciones.

Si el marco político cambia hacia negociaciones serias, la CD puede, sin embargo, ser puente entre el FMLN y una nueva posición democráta cristiana. Por otro lado, en unas elecciones que fueran camino hacia la paz, no sería prudente descartar su capacidad de conseguir votos para una alianza de izquierda, tanto más cuanto que su trabajo post-electoral de base, sobre todo por la acción del PPSC, ha sido incansable. El PCN, antiguo partido oficialista en los 20 años en que lo dominaron los militares ( 1961-79), ha bajado de un 19% en las elecciones de 1982 para la Constituyente a un 4% en estas elecciones presidenciales. Esta situación tan precaria no dejará de ser una tentación para alinear a sus legisladores con la mayoría de ARENA en la Asamblea Nacional.

El Movimiento Auténtico Cristiano (MAC) de Julio A. Rey Prendes, desgajado del PDC a consecuencia de haber perdido éste la batalla por la candidatura presidencial con Fidel Chávez Mena, mantiene aún 18 diputados en la Asamblea Nacional, a pesar de que en las elecciones presidenciales apenas alcanzó un 1% de los votos emitidos. Si bien el oportunismo de Rey Prendes le hace oscilar entre un apoyo a las posiciones negociadoras del FMLN y un apoyo a las posiciones legislativas de ARENA, precisamente por ello nada es improbable en sus posturas y podría aún inclinarse, en una nueva situación de negociaciones serias, a formar un bloque con el PDC y con CD. Es posible que, al reducir la gama de partidos en El Salvador, estas elecciones presidenciales hayan abierto la posibilidad de un centro opositor no sin influjo.

El movimiento revolucionario y las fuerzas sociales

A comienzos de 1989, el FMLN dejó bastante claro que empezaba el año con dos estrategias complementarias: presentar propuestas de negociación lo suficientemente creativas y razonables como para tomar la iniciativa política hacia la paz y hacia la desmilitarización de la sociedad salvadoreña en un marco de mayor justicia social, y preparar acciones de guerra cualitativamente más fuertes y en conexión estrecha con las necesidades de las mayorías salvadoreñas. Entre la negociación y el "estallido social" se movían las alternativas que el FMLN avizoraba para el año 1989. Un "estallido social" que suponía un salto cualitativo en la movilización de las masas y en su combatividad, una verdadera conquista de las calles en las zonas urbanas, sobre todo de la capital. Tal avance popular resultaría imposible, por otro lado, sin una convicción de las mayorías de que la fuerza militar del FMLN se demostraría grande y en uso pleno y en cierto modo definitivo de sus potencialidades.

La victoria de ARENA, sin embargo, implicó un envalentonamiento de los sectores más violentos de ese partido y de la Fuerza Armada y los Cuerpos de Seguridad. Habiéndose registrado entre enero y marzo un conjunto de asesinatos, capturas y atentados contra las fuerzas populares, que arrojan números globales de 44, 10 y 43 hechos violentos, la cifra en el mes de abril asciende vertiginosamente a 130. Desciende en mayo, junio y agosto a 27, 48 y 34 actos de violencia represiva, aumentando en julio a 82, en septiembre a 116 y en octubre a 73. Además, el nuevo gobierno actúa violentamente en ocasión de conflictos laborales, con desalojos, declaración de ilegalidad de huelgas y despidos.

En estas circunstancias, la respuesta popular, aunque no es débil, no llega a acercarse durante el año a algo parecido a un "estallido social". Las centrales de trabajadores dan un paso importante de alianza (UNTS y UNOC) con ocasión de la primera propuesta negociadora del FMLN en enero. Se dividen de nuevo más tarde en sus posturas frente a la participación electoral, una vez que fracasa la posposición de las elecciones. Pero en agosto/89, retoman el camino hacia la alianza para combatir las medidas de emergencia y de ajuste estructural que el gobierno arenero se apresura a iniciar. A esta tendencia a la alianza se unen enseguida otras centrales sindicales.

En condiciones de franca represión, no es despreciable que el Primero de Mayo la UNTS, junto a sus filiales y a otras organizaciones populares, lograran organizar en la capital una marcha de unos 15 mil trabajadores, cuyas consignas se dirigieron sobre todo contra la represión y la continuación de la guerra. La misma noche del Primero de Mayo el Coronel Vargas, principal conductor de la guerra en los departamentos de San Miguel y Morazán, se ufanó ante la prensa de las medidas militares que habían logrado cortar el acceso de campesinos y cooperativistas a la marcha del Día Internacional del Trabajo.

A fines de junio, el FMLN desató la campaña "Contra las leyes terroristas de ARENA, el pueblo de Chalatenango en combate". En la Asamblea Nacional se perfilaban ya los intentos de compilar reformas a los códigos Penal y Procesal Penal en una "Ley Antiterrorista" con el objetivo de igualar la protesta social al terrorismo. Contra estos objetivos antipopulares el FMLN desarrollaba su estrategia de profundizar la guerra en relación con los intereses de las masas. También en agosto, una vez que se dieron las alzas de tarifas en los medios de transporte público -demoledoras para el bolsillo popular-, el FMLN desencadenó una campaña de destrucción de buses (más de 50 en ese mes).

También durante todo el segundo semestre, el FMLN declaró blancos militares a las residencias urbanas de los oficiales de la Fuerza Armada y a los centros de diversión presuntamente frecuentados por ellos, con la intención de demostrar a la población que las tensiones en que la tropa vive por efecto de la guerra en el campo iban a ser experimentadas también por los oficiales en su vida cotidiana, es decir por los responsables de que la población rural y urbana viva en constante ansiedad a causa de la represión dirigida por esos oficiales.

En todo este período se dan manifestaciones de UNOC contra los intentos de comenzar a revertir la Reforma Agraria. La táctica en la lucha popular se centra más en movilizaciones barriales en el terreno urbano, más ágiles y más capaces de ahorrar víctimas a la hora de enfrentar las respuestas represivas de los Cuerpos de Seguridad. El anuncio de las nuevas conversaciones de México entre el FMLN y el gobierno alrededor de las fiestas patrias -15 de septiembre-, supone para las fuerzas populares una nueva ocasión de movilización a escala de la capital. Desafiando cordones policiales y la coincidencia de un desfile militar de grandes proporciones, cerca de 30 mil personas responden a la convocatoria del Comité Permanente del Debate Nacional por la Paz. En esta concentración, probablemente más de la mitad de los concurrentes representan a organizaciones religiosas, mientras es menor la participación de las organizaciones gremiales de los trabajadores, más expuestas a la represión.

En constante preparación de las mayorías populares hacia el "estallido social", el FMLN intenta durante el año una política de alianzas sectoriales, alrededor de los mínimos de consenso votados por las fuerzas populares en el Debate Nacional por la Paz. Por otro lado, cierto flujo de juventudes capitalinas empiezan a constituir comandos militares del FMLN en las ciudades. Se dan también intentos de organizarlos en grupos políticos. Pero en contraste con los jóvenes que aceptan esta convocatoria, existen también muchos otros, escépticos frente a la prolongación del FMLN a consecuencia del trabajo deficiente -por impositivo- de cuadros intermedios. En los barrios, la organización se da más alrededor de asociaciones religiosas, que se ven, por ello, sometidas a represión.

Mientras tanto, el nuevo gobierno intenta dividir al movimiento popular, recibiendo a las directivas gremiales de los empleados del Estado y contrastando así con la actitud del anterior gobierno de Duarte que ni les reconocía ni atendía a sus demandas, sino más bien las reprimía. Continuaba al mismo tiempo la represión a las organizaciones populares más combativas.

A toda la escalada represiva contra el movimiento popular -los nombres de las víctimas, enormemente significativos para sus familiares y sus compañeros de militancia, no resaltan en la prensa y quedan reducidos a cifras- el FMLN respondió todo el año con ataques directos a diversas personalidades de la ultraderecha. En febrero fue ejecutado el ex-comandante del FMLN Miguel Castellanos -se encontraba trabajando a favor del ejército en un centro de análisis-; en marzo, Fransisco Peccorini Letona -ideólogo de derecha, ex-jesuita, jubilado de la Universidad de San José de California y vuelto al país para militar políticamente, discutió no pocas veces en la televisión con el P. Ignacio Ellacuría-; en abril, el Fiscal de la República, Roberto Alvarado; en junio, José Antonio Rodríguez Porth, Ministro de la Presidencia.

Tras un cierto período de silencio, el FMLN reconoció su responsabilidad en los asesinatos de Peccorini y del Fiscal, negándola en la del Ministro de la Presidencia, así como también negó responsabilidad en los atentados contra la residencia del Vicepresidente electo Francisco Merino (abril), y del Presidente de la Asamblea Nacional, Ricardo Alvarenga Valdivieso (mayo). En abril, entre las numerosas víctimas populares, destaca el asesinato de la profesora María Cristina Gómez, de ANDES, la organización magisterial. Es dudoso si las ejecuciones de las que el FMLN se responsabilizó se llevaron a cabo en virtud de órdenes de su comandancia -presuntamente vigente ya en esas fechas- de no atentar contra personas notables demoró en alcanzar a los comandos urbanos.

En definitiva, es a esta etapa de transición entre los dos gobiernos, marcada por tanta sangre popular derramada (11 asesinatos y 25 atentados entre enero y junio) y por la sangre también derramada de la derecha (4 asesinatos y 2 atentados), a la que Ignacio Ellacuría, en un editorial de ECA de abril-mayo/89, se refirió como a las "Vísperas violentas" del cambio de régimen.

La violencia y la intransigencia continuaron durante todo el año. En la última semana de junio fueron asesinados un coronel y otro ideólogo de la ultraderecha, Edgar Chacón, y en julio Gabriel Payés. En octubre, la esposa del subjefe de redacción del "Diario de Hoy" y su hijo cayeron también víctimas de las balas, siguiéndoles la señorita Ana Isabel Casanova, hija del Coronel Oscar Edgardo Casanova Véjar, director del Centro de Estudios de la Fuerza Armada. También en el mismo mes se atentó contra el hermano de un teniente de la Fuerza Aérea y a renglón seguido contra las residencias de Rubén Zamora y de su cuñada.

Mientras tanto, en el mismo mes, la Federación de Madres y Familiares de Presos, Desaparecidos y Asesinados en El Salvador "Monseñor Oscar Arnulfo Romero" ocupó la Embajada de Costa Rica en protesta por el aumento de represión y un grupo de 46 lisiados de guerra del FMLN evacuó la Catedral Metropolitana que había estado ocupando para trasladarse a la Embajada de México, desde donde fueron sacados del país hacia Cuba. El 22 de octubre, Monseñor Rosa Chávez se pronunciaba en el sentido de que "hay grupos anónimos, sin rostros, que están propiciando una escalada de violencia para que el diálogo fracase y que sólo quede abierta la puerta a la locura de la violencia".

Una locura de violencia que, en gran parte, provenía de la errónea presuposición de los responsables del proyecto de guerra de baja intensidad contra el movimiento revolucionario y contra las organizaciones populares de que el FMLN estaba intentando la negociación por causa de su debilidad para proseguir la guerra.

Por el contrario, durante todo el año, el FMLN, al mismo tiempo que intentaba acompasar sus acciones bélicas a las necesidades sentidas de las mayorías -sin que siempre se pueda decir que logró hacer penetrar esta finalidad en las masas-, preparaba, ya desde noviembre/88, asaltos, a la Guardia Nacional, al Estado Mayor y a la Fuerza Aérea, y a lo largo del 89 la apertura de un nuevo frente de guerra urbano, sobre todo en la capital, para demostrar su capacidad de desarrollar una guerra no sólo rural y para hacer sentir a la población de las clases medias y de la oligarquía y la burguesía, así como a la Fuerza Armada, la misma zozobra en que la guerra ha tenido envuelta a la población del campo.

Cuando el 30 de octubre, el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada fue atacado en una operación militar en que las comunicaciones internas del ejército interferidas por el FMLN reconocieron no pocas víctimas, la respuesta a este acto de guerra fueron los atentados contra el Comité de Madres y Familiares (4 heridos) y contra la sede de FENASTRAS (10 muertos, entre ellos, Febe Elizabeth Velásquez, miembro del Comité Ejecutivo de la UNTS). Al filo de la madrugada el primero y en pleno día el segundo, estas dos brutales respuestas represivas contra las organizaciones populares, llevaron al FMLN a declarar suspendido el proceso de diálogo el 2 de noviembre y a iniciar el 11 del mismo mes la ofensiva más intensa de los diez años de guerra, esta vez en las grandes ciudades del país: San Salvador, San Miguel, Zacatecoluca, San Vicente y Usulután.

El Salvador, como lo indicó la revista Proceso, de la UCA, se encontraba en "estado de terror", como en los años que comenzaron la década de los 80. Ya en octubre, el testimonio de César Vielman Joya Martínez, en declaración hecha en agosto frente a la Academia Mexicana de Derechos Humanos, había dejado en claro que de la Primera Brigada de Infantería, ubicada en San Salvador, comandada por el coronel Elena Fuentes, era de donde -entre otros lugares- salían los escuadrones de la muerte a ejecutar sus operaciones criminales de represión. Desertor el mismo Joya Martínez de la Primera Brigada de Infantería, en su testimonio, de asombrosa frialdad, aparece claro lo que en muchos era una antigua presunción: la imposibilidad de calificar a los escuadrones como grupos fuera del control de la Fuerza Armada.

En la reunión de San José Costa Rica, continuación de la de México, del 15 al 17 de Octubre, el FMLN se convenció de que la delegación del gobierno no llevaba intenciones serias de negociar y que dependía totalmente de la luz verde o roja que altos oficiales de la Fuerza Armada, ubicados en la planta superior del convento de religiosas donde se tenía el diálogo, dieran o no a cualquier punto de agenda.

El "estado de terror" pues, no tenía visos de poder ser modificado a corto plazo sin que cambiara sustancialmente la percepción de la Fuerza Armada, del Gobierno y de los Estados Unidos sobre la debilidad del FMLN. Los atentados del 31 de octubre terminaron por hacer inviable otra salida que no fuera el recrudecimiento de la guerra.

La ofensiva de noviembre: fuerza revolucionaria y salvajismo militar

En la mañana del 11 de noviembre, sábado, el FMLN atacó el cuartel de la Guardia Nacional en San Salvador y en el curso del día hostigó otros objetivos militares. En la noche del 11, la realidad iba a mostrar que esas operaciones pretendían dar cobertura al objetivo fundamental: la ocupación guerrillera de los barrios periféricos e industriales de la capital. La misma ocupación de similares barrios se realizó en San Miguel, tercera cuidad del país, y en otros centros urbanos.

La Fuerza Armada se apresuró a encadenar las emisoras del país, uniéndolas a la del ejército, la Cuscatlán. En las primeras 36 horas de combate, la emisora de la Fuerza Armada fomentó la salida al aire de amenazas y calumnias contra muchos líderes cívicos de la oposición o contra prominentes ciudadanos críticos del régimen -y también muchas veces críticos del FMLN-. En esas largas horas se virtió odio contra los dos obispos de San Salvador, contra el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría y los demás jesuitas de la universidad, contra Humberto Centeno, líder de la UNTS, contra Rubén Zamora, Guillermo Ungo, Héctor Oquelí, los tres dirigentes de CD, contra el Dr. Colindres, dirigente del PDC, contra Mario Aguiñada Carranza, dirigente de la UDN, y en favor de una "poda negra" contra toda la izquierda. Tales declaraciones, a las que contribuyó incluso, desde la radio, el Vicepresidente Merino y, desde las calles -lo observamos por la televisión- el ex-Mayor D'Aubuisson en tono de energúmeno, fueron luego reproducidas en los periódicos del lunes 13 de noviembre, "El Diario de Hoy" y "La Prensa Gráfica".

Mientras tanto, la Fuerza Armada se jactaba de que en 48 horas desalojaría a los guerrilleros de los barrios de la Colonia Zacamil, Mejicanos, Cuscatancingo, Ciudad Delgado y Soyapango, principales teatros de la ocupación revolucionaria. En seguida se implantaron el estado de sitio y el toque de queda, de 6 de la tarde a 6 de la mañana, suspendiéndose las garantías constitucionales. En días sucesivos se aprobaron las modificaciones a los Códigos Penal y Procesal Penal (la "Ley Antiterrorista") consiguiéndose en la Asamblea Nacional los votos de partidos que en julio se habían opuesto al intento de ARENA.

Cuando las promesas de efectividad de la Fuerza Armada se estrellaron contra la enconada resistencia revolucionaria y contra su excelente logística, el pánico se apoderó de estos militares, acostumbrados a lograr sus objetivos por la represión cuando no los consiguen por operaciones militares. Se preparaba ya "la noche de los cuchillos largos". Tal vez fuera apropiada la distinción con que Ellacuría había tratado de penetrar diferencias en el complejo "ARENA-Fuerza Armada": la "civilistas" simbolizados por Cristiani, los "belicistas" dentro de un marco legal corporeizados por D'Aubuisson y los "escuadroneros", de entre los cuales no se nombraba a ninguno (¿para no provocar, para no acusar injustamente?). El hecho es que los "escuadroneros" se estaban imponiendo, existieran o no en la realidad tales diferencias.

En la noche del lunes 13 un grupo del batallón Atlacatl, dirigido por uno de los tenientes que luego aparecería entre los acusados del múltiple asesinato del 16, aprovechó la suspensión de garantías para realizar un registro en la residencia de los profesores de la UCA ubicada dentro del campus, y en el Centro de Pastoral Monseñor Romero. No buscaron materiales subversivos; fijaron su vista en la disposición habitacional y en la de las oficinas del Centro. En la noche del 15 al 16, regresaron. No fueron sólo a la UCA; también visitaron las residencias de los líderes de la oposición política, de las organizaciones sindicales, de la Universidad de El Salvador. Sólo encontraron a los seis jesuitas y a sus dos compañeras trabajadoras. Todos los demás habían calculado el peligro y se hallaban a buen cubierto, con excepción de la esposa de un decano de la UES, que fue también asesinada.

De haber tenido éxito total, la operación podría haber desembocado en un "pinochetazo". A los jesuitas los "derrotó" su fe en la razón, su confianza en sus análisis -un acto de salvajismo como aquel no podía sino dañar los intereses del proyecto de guerra de baja intensidad con fachada democrática; era poco menos que imposible-, la limpieza de su conciencia. No contaron con el fanatismo y el pánico. Ocho cadáveres destrozados fue el saldo de aquella noche. La operación, con lujo de estruendo, se realizó en toque de queda, en una zona que había estado bajo vigilancia de la Fuerza Armada todo el día, en un sector de la ciudad ubicado en un radio de un kilómetro y dentro de cuyo círculo se encontraban el Estado Mayor Conjunto y en la colonia militar Manuel José Arce.

Ningún cuerpo de seguridad acudió, ninguna patrulla de la Fuerza Armada. Los hechores pasaron horas en el campus universitario. Tal es el recuento de los testigos. La misma noche, comenzaron los bombardeos indiscriminados sobre la población de los barrios periféricos de San Salvador tomados por el movimiento revolucionario. Cuando en cambio, los guerrilleros tomaron posiciones en la Colonia Escalón y en el Hotel Sheraton, no hubo bombardeos. La Fuerza Armada daba a entender la diferencia entre los barrios de los empobrecidos y los barrios de la burguesía.

En cierto sentido, estos dos hechos brutales cambiaron los resultados de la ofensiva. Los asesinos no habían calculado el impacto mundial que la muerte de sus víctimas produciría. 9 años intentando "profesionalizar" a un ejército centroamericano se disolvían en una noche de bestialidad. El tiempo histórico de El Salvador se volvía cíclico en una década. El consenso bipartidista del Congreso estadounidense sobre la ayuda militar a El Salvador experimentaba fisuras profundas.

Se hacía patente la justeza de la pretensión revolucionaria de desmilitarizar la sociedad salvadoreña, militarizada desde los tiempo de otra gran masacre, la del 32 -10 mil ajusticiamientos sin juicio para cobrar las 100 vidas que la insurrección campesina, indígena y artesana había segado-. La necesidad de democratización y no sólo de nuevos mecanismos electorales se hacía patente. La actitud del Fiscal de la República, convertido más en defensor de los presuntos asesinos que en su acusador, apuntaba a la ausencia de justicia legal en El Salvador.

Mientras los Lech Walesa, los Vaclav Havel, Dubcek, Laszlo Tokes, etc. eran aclamados en Europa Oriental como héroes de la democratización y la URRS de Gorbachov se abstenía de intervenir, sus contrapartes en El Salvador eran masacrados como subversivos de la democracia y Bush decía que no era el momento de cortar la ayuda al gobierno y a la Fuerza Armada de Cristiani. Pocas semanas después, en el "New York Times", comenzó a plantearse la probabilidad de que algunos o alguno de los asesores militares norteamericanos habrían participado en los conciliábulos previos a la decisión de asesinar.

La ofensiva en sí misma significaba que el FMLN podía trasladar tropas desde el norte y el oriente del país a la capital sin ser interferido por la Fuerza Armada; que un ejército revolucionario acostumbrado a no conocer otras "calles" que las carreteras del interior, se familiarizaba con los recovecos de la ciudad; que en algunos de los barrios se sostenía ese mismo ejército, a pesar de los bombardeos, durante más de doce días; que en toda la zona periférica de San Salvador, la logística creada por el FMLN permitía intercambiar barrios como teatros de lucha.

En suma, la tesis de la debilidad del FMLN quedaba triturada. Sobre los mismos bombardeos, causa al fin de que los guerrilleros realizaran una retirada estratégica, se duda de si quienes pilotaron los aviones fueron miembros de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. El conflicto salvadoreño entraba en una nueva fase. Por vez primera se conseguía hacerlo llegar hasta el Consejo de Seguridad de la ONU -con pocos resultados- y en la Asamblea General se obtenía una fuerte mayoría de condena al gobierno salvadoreño. La guerra mostraba su verdadero carácter político, más que militar.

En la población salvadoreña, la ofensiva hizo que entre quienes se oponen frontalmente al FMLN se diera un desplazamiento hacia posiciones favorables a terminar la guerra por negociaciones. Entre aquel grupo de la población al que la prolongación del conflicto ha vuelto indiferente ante los contendientes - los que en las encuestas del IUDOP han respondido consistentemente que "sólo Dios" puede hacer que se termine la guerra- los bombardeos contra la población civil lograron un deslizamiento hacía una postura de simpatía hacia el FMLN.

Sin embargo, en este grupo también se dio una consolidación de la indiferencia ("Si les importáramos, no habrían ocupado los barrios y provocado la reacción de los bombardeos"). El mismo tipo de lectura de lo que ocurrió pudo hacer que algunos simpatizantes del FMLN se desplazaran hacia la postura de indiferencia. Finalmente, entre quienes se consideran colaboradores del proyecto revolucionario, no pocos dieron el paso de la colaboración a la incorporación militante como consecuencia de su implicación en la logística de la ofensiva en los barrios.

Según el FMLN, las bajas que a la Fuerza Armada se le causaron en 1989 alcanzan de nuevo las 7 mil, promedio de estos últimos 3 años. 1.860 de ellas sólo en la ofensiva de noviembre. La Fuerza Armada afirma haber causado al FMLN 10.864 bajas, 3.036 de ellas durante el mes de noviembre, y haber requisado más de 2 mil fusiles, ciento de piezas de artillería, cerca de 200 lanzacohetes, etc. Sea lo que sea de estas cifras, ambos contendientes han mostrado capacidad plena de recuperación. No está la clave en el balance militar de fuerzas. Es el enfrentamiento entre dos concepciones de la sociedad, es la confrontación política la que, a través de la mediación militar que desvela los proyectos de los contendientes, se encamina hacia su desenlace.

Una economía social de mercado que olvida la guerra y sus causas

El programa económico de ARENA, caracterizado como "Economía Social de Mercado", carece de memoria histórica. Atribuye todos los males económicos de El Salvador a ala supuesta estatización que en la década de los 80 le han impreso a la economía las tres Juntas de Gobierno dominadas por demócratas cristianos y el gobierno de Duarte. Es fácil hacer esta atribución porque, al comparar los indicadores económicos del final de los 80 con los de su comienzo, el empeoramiento resalta brutalmente. El PIB experimenta un decrecimiento de 13.6% en valores de 1978; etc.

En resumen, el PIB per cápita actual de 620 colones sitúa al salvadoreño promedio en los niveles de vida de 1960. Sin embargo, no se menciona que el tremendo déficit en la satisfacción de las necesidades fundamentales del salvadoreño promedio a fines de 1970, unido a la intransigencia de la empresa privada de tomar en serio las indicaciones sociales de los planes estatales de los 70 -oposición sin cuartel al pequeño proyecto de transformación agraria en 1976, batallas campales anuales por los salarios mínimos para los cosechadores del café, el algodón y el azúcar, etc.-, constituyeron el dinamismo social que llevó a la guerra.

Y es la guerra, no una presunta estatización, la que, unida a unos términos internacionales de intercambio crecientemente desfavorables, ha logrado plasmar el desastre económico con que la década de los 80 termina. Según el atinado juicio de Francisco Javier Ibisate en la revista ECA, lo que se necesita es una "Economía Social con Mercado" y no una Economía de Mercado en la que lo "social" es sólo un título vacío de realidad.

Si la economía salvadoreña no se ha desplomado ya, es por el enorme monto de las remesas en dólares enviadas a sus familiares por los que han emigrado a causa de la guerra y por el no menos enorme monto de la ayuda externa (equivalente en 1987 a 11.6% del PIB). De esta ayuda, según estudios del Congreso norteamericano, 3 de 4 dólares se dedican a continuar la guerra.

Con el gobierno de ARENA, al igual que en el campo de los derechos humanos, la década del los 80 termina haciendo que el tiempo histórico sea cíclico en un horrible retorno de corto plazo. Se quiere "privatizar" lo que, ya privatizado en los 70 y desde siempre en El Salvador, llevó a tener que gestionar la economía en guerra y de ahí a una economía de guerra. Cristiani lanzo el 19 de junio su Programa de Emergencia Económica, con medidas de estabilización de corto plazo para salir al paso de desequilibrios internos y con medidas de ajuste estructural orientadas a favorecer las exportaciones.

Las medidas -aumento en las tarifas del transporte público, de la energía eléctrica, liberalización de precios de 250 productos, devaluación creciente a través de la flotación de la moneda (el colón compraba $0.18 en enero y $0.15 en diciembre, es decir un dólar costaba en enero 5.58 colones y en diciembre 6.82), privatización del comercio exterior del café y del azúcar, liberalización creciente de importaciones, etc.- tuvieron efectos devastadores sobre el ingreso de las clases empobrecidas y no consiguieron mejorar la economía en su conjunto en el segundo semestre de 1989.

La balanza comercial del país arrojará, según las estimaciones, un déficit de 637 millones de colones, 181 millones más que en el 88. El déficit de la balanza de pagos sube de 93 a 119 millones del 88 al 89. El déficit fiscal, sin contar donaciones, alcanza en 1989 los 1.368 millones de colones, 400 millones más que en el 88. Al bajar tanto la producción del café -efecto de la guerra- como el precio internacional del producto, se prevé un descenso en los ingresos provenientes de este rubro, de $36.4 millones, y un descenso de la exportación, de 55 millones de colones.

Naturalmente, el precio promedio del café para 1989-90 será aún menor que el de 1988 y la ofensiva del FMLN afectó profundamente la cosecha, tanto por sabotaje al café ya procesado como por obstáculos a la recolección. No se ve cómo el programa de ARENA de activar las exportaciones para que de ahí se genere el dinamismo necesario que levante la economía, pueda tener éxito. Sin una negociación para finalizar la guerra y democratizar no sólo la política sino también la economía, imprimiéndole condiciones de seguridad y justicia, el 70% de la población salvadoreña -empobrecida simple o extremadamente- continuará sin perspectivas para la solución de sus necesidades fundamentales.

De la ofensiva a las negociaciaones

Después del fracaso de la posposición de las elecciones presidenciales, en el período de transición entre gobiernos, el FMLN planteó una nueva propuesta basada en la exigencia de que el gobierno de Cristiani se autodeclarara "provisional" y se preparara a convocar nuevas elecciones constituyente y presidenciales. Sobre la ola de "legitimidad" que su victoria por mayoría absoluta en la primera ronda electoral le procuró, fue fácil para Cristiani desestimar esta propuesta. En su discurso inaugural ofreció, sin embargo, continuar el diálogo. El FMLN retrasó por varios meses su contestación con la esperanza de aglutinar a los partidos de oposición en una postura común.

Mientras tanto, en la quinta cumbre presidencial centroamericana, la de Tela (Honduras), el conflicto salvadoreño -como era de esperar- entró de lleno en la agenda. En el texto del acuerdo se usó respecto del FMLN una formulación inaceptable para esta organización revolucionaria: cese de hostilidades previo a la reanudación del diálogo. Sin embargo, en el anexo "Plan Conjunto para la desmovilización de la Resistencia Nicaragüense", -que también se refería a otros grupos armados- los otros cuatro presidentes instaron al de El Salvador y al FMLN a un "diálogo constructivo" en el espíritu de Esquipulas II, es decir sometiendo tanto el cese al fuego como cualquier desmovilización a acuerdos de democratización y a condiciones de respeto a los derechos humanos y de reconciliación que plantean obligaciones tanto al gobierno como al FMLN.

Como fruto del impulso de Tela, el FMLN, una vez concertada la reanudación en México, en septiembre/89, de sus diálogos con el gobierno, presentó otra propuesta centrada en la desmilitarización de la sociedad - autodepuración del ejército y juicio a los culpables de los asesinatos más notorias que han quedado impunes- y la democratización del país -reformas al poder judicial y a la Constitución- cuya última finalidad sería un cese de hostilidades y la posterior y progresiva reincorporación del FMLN a la vida política del país. Se abandonaba, pues, la exigencia de ilegitimar al gobierno de Cristiani.

Hemos visto ya las circunstancias que condujeron a la esterilidad de los diálogos de México y San José alrededor de esta propuesta. La sexta cumbre de presidentes centroamericanos, en San Isidro Coronado (Costa Rica), el 11 y 12 de diciembre de 1989, quedó prontamente enterrada al ser totalmente rechazada por el FMLN en lo que tocaba al conflicto salvadoreño. Ni el respaldo de los otros presidentes al gobierno salvadoreño en sus presuntos esfuerzos por poner fin al conflicto por medios pacíficos y democráticos ni la exigencia al FMLN para que renunciara a toda acción armada contra la población civil -nunca había hecho tales acciones- ni la omisión de cualquier repulsa o condena a los métodos terroristas del gobierno de Cristiani durante la ofensiva de noviembre, podían ser aceptados por el FMLN. Ya en la cuarta cumbre de Costa del Sol (El Salvador), en febrero/89, se le había pedido al FMLN que se incorporara al proceso electoral, ignorando totalmente la propuesta, vigente y en discusión en aquella época, que el FMlN había hecho para realizar tal incorporación en el marco de una posposición de las elecciones.

En San Isidro Coronado, sin embargo, se encuentra presente la semilla que, a través de complejas negociaciones durante os primeros meses de 1990, llevará hasta la firma de los Acuerdos de Ginebra el 4 de abril. En el texto de diciembre "se solicita... al Secretario General de las Naciones Unidas que, poniendo todo el empeño personal que sea posible, efectúe las acciones necesarias para que se reinicie el diálogo entre el Gobierno de El Salvador y el FMLN, y contribuya a su exitoso desarrollo".

Es aquí de nuevo donde la revelación del salvajismo de la Fuerza Armada Salvadoreña y su relativa impotencia frente a la fuerza militar del FMLN durante la ofensiva de noviembre han dados su frutos. Sin duda, no sin fuertes presiones de los Estados Unidos, el gobierno de Cristiani, después de haber modificado sustancialmente la última propuesta presentada por el FMLN en marzo, la aceptó sin condiciones. "The Observer" de Londres ha informado, además, que, en entrevistas mantenidas con el General Larios, Ministro de Defensa, y con el Coronel Ponce, Jefe del Estado Mayor, estos se mostraron convencidos de la imposibilidad de terminar el conflicto salvadoreño por medios militares.

Así las cosas, en Ginebra, al día siguiente de concluida en Montelimar, Nicaragua, la séptima cumbre de presidentes, el Secretario General de las Naciones Unidas anunció que se había llegado a un acuerdo para reanudar las negociaciones interrumpidas. Afirma Pérez de Cuellar haber actuado "a solicitud de los Presidentes Centroamericanos... (de conformidad con) la resolución 637 del 27 de julio de 1989 (del Consejo de Seguridad de la ONU y ) a pedido del Gobierno y del FMLN". Y da a conocer que estos últimos han convenido en varios acuerdos para iniciar un proceso que logre" en el plazo más breve posible, bajo mis auspicios, el fin definitivo del conflicto armado".

Se asume como finalidad del proceso "terminar el conflicto armado por la vía política" e "impulsar la democratización del país (además de ) garantizar el irestricto respeto a los derechos humanos y reunificar la sociedad salvadoreña". Se somete a la verificación de las Naciones Unidas -previa aprobación del Consejo de Seguridad- todo el proceso que culminaría con la reincorporación del FMLN a la vida "civil, institucional y política del país", bajo plenas garantías. Se asumen como métodos de progresar hacia los futuros acuerdos tanto "el diálogo directo entre comisiones negociadoras con la activa participación del Secretario General o su Representante", como "la intermediación (de éstos) entre las partes", con seguridad de que hay compromiso de aceptarla al más alto nivel.

Se conviene estricta reserva durante el proceso, dejando al Secretario General de la ONU como portavoz de la marcha del mismo. Se acepta que éste pueda ayudarse de contactos confidenciales con gobiernos de Estados miembros de la ONU o agrupaciones de éstos, así como de contactos útiles con personas o entidades salvadoreñas. Finalmente, se acepta el papel de los otros partidos políticos y de otras organizaciones salvadoreñas en el proceso hacia la paz y se contempla la posibilidad de invitarlos a los diálogos. Todo el proceso comienza en mayo/90.

El comandante Shafick Jorge Handal, dirigente de la delegación del FMLN en Ginebra, aclaró que la firma del acuerdo no significa aún un cese de hostilidades. Este se alcanzará en el curso del proceso de negociación. El Presidente Cristiani reaccionó con optimismo, declarando que 1990 puede ser el año de la paz par El Salvador y que no ve por qué el proceso tenga que durar más de seis meses. Entre el FMLN, sin embargo, los principales temores apuntan precisamente a que la sorda oposición al proceso de pacificación que se da por descontada entre elementos extremistas del gobierno, de ARENA y de las Fuerzas Armadas conduzca las negociaciones a paso de tortuga para ir intentando cooptarlo.

El Presidente Daniel Ortega, anfitrión de la séptima cumbre de Montelimar, había presentado a los demás presidentes una carta del FMLN en la que los revolucionarios especifican claramente su punto de vista sobre el contenido de la agenda de negociaciones, muy similar al que presentaron como propuesta en México al gobierno salvadoreño, en septiembre/89. Ni la población civil de los barrios empobrecidos de la capital, bombardeada indiscriminadamente -las agencias de noticias llegaron a hablar de más de 2 mil víctimas- ni los jesuitas asesinados con sus compañeras trabajadoras fueron las únicas víctimas de la barbarie durante la ofensiva de noviembre.

En Cuscatancingo, dos días después del asesinato de los jesuitas, siete humildes pobladores fueron masacrados por la tropa gubernamental. En el caso de los jesuitas, algunos militares han sido acusados ya como responsables de su asesinato, aunque es sospecha general que aún no se ha llegado a los autores intelectuales. En el caso de los pobladores de Cuscatancingo, en el caso de Monseñor Romero, el décimo aniversario de cuyo asesinato se acaba de celebrar, en el caso de las masacres masivas del Río Sumpul y El Mozote, nadie ha sido acusado.

La sangre derramada por los jesuitas mártires

Al fin, la sangre derramada de prominentes religiosos y universitarios, representando a todo ese torrente de sangre mártir, ha hecho amanecer el primer destello de paz para su país. Se trata sólo de un primer destello. La incógnita principal que no permite ser optimistas en exceso concierne a la estrategia norteamericana. A pesar de los múltiples teatros en que estos días se están jugando los intereses norteamericanos -el comercio en toda la zona del Pacífico y especialmente los acuerdos de apertura de los mercados japoneses, la preparación del tratado de desarme nuclear con la URRS y las conversaciones entre los Estados Unidos, Europa y la URRS para el desarme convencional, la reacción frente a la política de Gorbachov con Lituania, el nuevo escenario político en los países del Este de Europa, la reunificación alemana, la política económica y tecnológica respecto de China, el camino hacia las conversaciones entre Israel y los palestinos, el proceso hacia cambios graduales y profundos en Sudáfrica, etc.-, Centroamérica no está bajando su perfil en las prioridades de Bush-Baker.

En el contexto de la discusión sobre los paquetes de ayuda a Panamá y Nicaragua, Baker visitó el Capitolio en los primeros días de abril, movido por la preocupación de que se introdujera una cláusula sobre la ayuda a El Salvador que reflejara las fisuras en el bipartidismo hasta ahora dominante en las resoluciones del Congreso sobre El Salvador. Baker llegó dispuesto a sacrificar la rapidez en las resoluciones sobre Panamá y Nicaragua con tal de evadir un problema en el Salvador. Varios temores ocuparan el primer plano en las consideraciones de Baker.

El primer temor es que el impacto del asesinato de los jesuitas de la UCA y la insatisfacción con el poco avance en el señalamiento, procesamiento y castigo de los culpables, sea capaz de quebrar el bipartidismo. Los senadores Kennedy y Kerry tienen introducido un proyecto que suprimiría la ayuda militar si no se llega pronto a conclusiones. El Senador Dodd cortaría el 50% de tal ayuda, pero restituyéndola en el caso de que una ofensiva del FMLN "pusiera en peligro al país". El senador Leahy -en medio de estas dos propuestas- cortaría el 50% sin introducir la perspectiva de su restitución eventual y estaría incluso dispuesto a afectar los fondos ya asignados por el Congreso pero aun no desembolsados al gobierno de El Salvador. Alrededor de estas propuestas se ha montado una fuerte presión de movimientos solidarios con el pueblo de El Salvador, especialmente eclesiales.

Sólo en la semana del 17 al 24 de marzo, hubo en los Estados Unidos más de 600 actos de desobediencia civil. Las continuas amenazas que en El Salvador han estado sufriendo el Arzobispo Rivera y el Obispo Auxiliar Rosa Chávez - se les presión apara que aceptan "sin politizarlas" las conclusiones de la Comisión de Investigación sobre los asesinatos de la UCA, es decir sin exigir su profundización- han hecho surgir un movimiento de fuerte apoyo a ellos en El Salvador y alimentan también las posturas que presionan al Congreso en los Estados Unidos.

Las declaraciones del Provincial de los Jesuitas apuntando a lo insatisfactorio de las investigaciones en su actuales conclusiones, apuntan hacia el mismo objetivo. El segundo temor de Baker es que le FMLN desencadene una segunda ofensiva de alto calibre, e el curso de la cual la Fuerza Armada Salvadoreña vuelva de nuevo incontrolable y cometa otras atrocidades que acaben de minar cualquier postura política del Congreso para continua la ayuda militar a El Salvador. Se explica en estas circunstancias que el Departamento de Estado haya presionado fuertemente a los militares salvadoreños hacia la negociación. Se logró una carta de estos al Congreso asegurando su subordinación absoluta a Cristiani en el asunto de las negociaciones. Se hizo circular la noticia de que el propio Coronel Elena Fuentes -de la Primera Brigada de Infantería teñida de "escuadronerismo"- habría acudido a México para las negociaciones del FMLN, el gobierno y la ONU, previas al acuerdo de Ginebra.

Frente a estos temores, el futuro de las negociaciones puede presentar varios escenarios. Estos serían:

a) la vietnamización de la guerra y la regionalización del conflicto;
b) la continuación de la permanente inestabilidad manteniendo Estados Unidos un perfil bajo en el manejo de la crisis;
c) negociaciones llevadas seriamente que condujeran a una terminación del conflicto y a un proceso de auténtica democratización.

La firma de los acuerdos de Ginebra parecería apuntar hacia el tercero de los escenarios. Pero todo depende de si el proceso negociador va ser llevado con seriedad. Llevarlo con seriedad no equivale a llevarlo con rapidez, sino a llevarlo con rapidez hacia circunstancias de democratización y desmilitarización de la sociedad.

Desafíos para todo el año

Una meta posible sería cooptar las negociaciones precisamente por el procedimiento de llevar al FMLN rápidamente a participar en elecciones, cuyos resultados -después de lo ocurrido en Nicaragua- presumiría Estados Unidos semejantes a los que obtuvo el FSLN. Una vez que el Subsecretrario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, Bernard Aronson, ha tomado ya parte en el diseño de una política norteamericana hacia Centroamérica, hay que contar con la prioridad que este funcionario otorga a la solución del conflicto en El Salvador por medios pacíficos.

El objetivo último sería lograr a la vez la neutralización o domesticación electoral del FMLN -y más adelante de la URNG- como supuestamente se ha logrado la del FSLN, y la reducción progresiva -por depuración y recortes de ayuda militar- de la Fuerza Armada Salvadoreña. En el fondo estaría la nueva convicción política de que los militares centroamericanos son aliados ineficientes y peligrosos, siempre capaces de implicarse en masacres, en narcotráfico que pasa por la base de Iopango de la Fuerza Aérea Salvadoreña-, etc. Si se lograra ese objetivo, el presupuesto de ayuda militar para Centroamérica iría a las bases norteamericanas de la región para hacerla dependiente en su seguridad de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el "mejor policía" de estas frágiles democracias. Contra estos u otros intentos de cooptación tendrán que enfrentarse el FMLN y las organizaciones populares durante el resto del año 90.

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