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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 103 | Mayo 1990
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Nicaragua

El FSLN en su laberinto: ¿es posible una revolución en Centroamérica?

El hecho de que la derrota electoral del FSLN se explique primordialmente desde la lógica de la confrontación con el imperialismo, relega a un segundo plano el problema del carácter de la política económica y de la democracia popular. ¿Caben otras interpretaciones que incorporen la forma como se enfocó en Nicaragua la confrontación con el imperialismo?

Equipo Envío

La interpretación dominante de los resultados de las elecciones del 25 de febrero ha enfatizado que su causa primaria es la "guerra de baja intensidad" desatada por los Estados Unidos y sus efectos desastrosos sobre la economía nicaragüense. Reflejan esta interpretación juicios como los de que el pueblo votó mayoritariamente por la "paz sin dignidad". Otras causas, pero secundarias, a las cuales se recurre para explicar la derrota electoral, son los métodos y estilos de trabajo del FSLN, su alejamiento de las bases, etc. Algunos reubican incluso la experiencia nicaragüense en el actual contexto mundial de derrumbe del socialismo y de surgimiento de la democracia representativa.

El hecho de que la derrota electoral del FSLN se explique primordialmente desde la lógica de la confrontación con el imperialismo, relega a un segundo plano el problema del carácter de la política económica y de la democracia popular. Tal razonamiento nos llevaría a deducir que en la actual situación mundial no son posibles las revoluciones de liberación nacional con orientación socialista en el Tercer Mundo. ¿Caben otras interpretaciones que incorporen la forma como se enfocó en Nicaragua la confrontación con el imperialismo?

Guerra de baja intensidad y condición revolucionaria

La tesis que desarrollamos aquí es que la estrategia política y económica impulsada por el FSLN no respondió a los retos planteados por la guerra y el bloqueo económico imperialista, dando así a estas "armas" contrarrevolucionarias un poder mayor del que por sí mismas ya tenían.

Desde esta perspectiva, la guerra de agresión imperialista y la estrategia de resistencia de cualquier proceso de liberación nacional en el Tercer Mundo son las dos caras de una misma contradicción. Fuera de las revoluciones cubana y granadina, todas las demás que resultaron triunfantes no tuvieron que defenderse de la potencia imperialista en su cercanía geográfica. La ubicación de Nicaragua en el "patio trasero" de Estados Unidos le dio al imperio una fuerte ventaja geo-política para la implementación de su estrategia de guerra de baja intensidad. Por otro lado, el FSLN no pudo incorporar y superar esta agresión dentro de su programa para hacer viable su proceso de liberación nacional.

La clave de la derrota electoral se encuentra, por tanto, en las contradicciones que un determinado modelo de transformación económica, social y política tuvo en un contexto geo-político tan adverso. Las contradicciones estuvieron en la implementación de un proyecto de transformación económica estatizante y de alianza con la burguesía que marginó a los sectores populares del campo y la ciudad y en un desigual proceso de democratización, que avanzó más en la democracia representativa que en la participativa y que se quedó en reformas parciales en la democratización de las organizaciones populares y en la relación de éstas con el Estado y la vanguardia.

La ecuación FSLN= Pueblo no es un hecho histórico inamovible. Desde su soberanía recuperada -uno de los logros cruciales de la Revolución Popular Sandinista- el pueblo puede decidir en la forma de expresar sus aspiraciones justas y libertarias. Los resultados electorales parecen indicar lo peligroso de considerar irreversible la vinculación con el pueblo de una vanguardia revolucionaria.

Mantenemos que la alianza popular necesaria para una victoria contra el imperialismo pudo ser profundizada mediante la redistribución temprana de tierras y/o capital que estaban en manos del sector somocista hacia los sectores populares. Asimismo, era posible la canalización de la ayuda externa hacia estos mismos sectores y la reorientación del papel del Estado en función de desarrollar una economía más popular. Con estas condiciones materiales, era viable una línea de masas que diera autonomía a las organizaciones populares para reivindicar sus intereses y desarrollar la participación democrática en el seno del partido.

El movimiento revolucionario tiene como tarea fundamental sacar las lecciones históricas de este proceso para poder enfrentar con éxito los retos que plantea el desplazamiento del FSLN del poder estatal.

El análisis de la evolución del proyecto sandinista puede centrarse en tres aspectos:

1) La vinculación entre las alianzas nacionales y las internacionales.
2) El proyecto de transformación económica.
3) El proceso de democratización política.

Democracia representativa y economía mixta. base de alianzas internacionales

Para enfrentar la agresión imperialista, el FSLN no optó por alejarse de sus principios de economía mixta, pluralismo político y no alineamiento. Más bien, buscó cómo profundizarlos, afirmando así el carácter original de una revolución de orientación socialista en el Tercer Mundo.

El sandinismo optó por la democracia representativa y la unidad nacional como eje de su negociación internacional para legitimarse y contener la agresión de los Estados Unidos en su variante de "guerra de baja intensidad" o de intervención directa. A su vez, esta legitimidad le permitió un amplio marco de alianzas internacionales, que le ofrecía las posibilidades de conseguir ayuda externa, considerada vital para la supervivencia y el desarrollo.

En este sentido, las elecciones del 84, a pesar de haber sido boicoteadas por los Estados Unidos mediante la no inscripción de "su candidato" Arturo Cruz, lograron crear un marco internacional de apoyo a la revolución. Pero no se logró con ellas romper el cerco económico impuesto por los Estados Unidos, que se profundizó meses después con el embargo comercial. Tampoco se logró el debilitamiento de la opción norteamericana empeñada en el derrocamiento militar del FSLN.

A lo interno, las consecuencias directas del apoyo de la burguesía al boicot electoral fueron cierta radicalización del FSLN, tanto en su retórica como en su manejo de la economía mixta. Son los años difíciles de las relaciones con la burguesía y sus aliados: estado de emergencia, Ley de Ausentes, censura de "La Prensa", nueva Ley de Reforma Agraria, etc.

Hay varios factores que explican por qué, después de 1984, el FSLN reitera su compromiso de establecer la democracia representativa, aceptando de nuevo el resto de las elecciones: la prolongación de la "guerra de baja intensidad" con un ejército contrarrevolucionario derrotado pero no desmovilizado ni aniquilado; y la posibilidad de una negociación regional en el marco de Esquipulas II frente al estancamiento del conflicto centroamericano. Por otro lado, el agotamiento potencial de la ayuda externa proveniente de los países socialistas, en un contexto interno de fuerte desgaste económico, y con un gasto militar que no se podía aún reducir radicalmente, hacían más urgente la negociación.

La desmovilización de la contra, la reapertura de las fuentes de financiamientos de las instituciones financieras multilaterales (FMI, BM, BID) y el supuesto implícito de un levantamiento del embargo y de la reinserción comercial de Nicaragua en el área centroamericana, eran las ganancias esperadas por el FSLN en este proceso.

La revolución optó entonces, a inicios del 88, por impulsar fuertes cambios internos de orden económico y político, en el marco de la dinámica regional. Pluralismo político y economía mixta recobran vigencia en la escena nacional.

Un proyecto económico sin pueblo

El modelo sandinista de economía mixta, que se asocia con el ideal de la superación del subdesarrollo y la construcción del socialismo, se apoyó en tres pilares fundamentales:

1) la estatización de los eslabones claves de la economía: la banca, el comercio exterior y parte del comercio interior, los recursos naturales, y la creación del sector estatal productivo en la agricultura y la industria;
2) la transformación de la estructura productiva mediante la ejecución de un programa de inversiones estatales en base a recursos de capital moderno y tecnologías provenientes de los países capitalistas desarrollados y de los socialistas;

3) la alianza entre la burocracia estatal y la burguesía criolla.

Los cambios ocurridos en los últimos años para asegurar la sobrevivencia económica del país no constituyeron una ruptura radical en la estrategia de desarrollo económico, aunque sí en las reglas para la asignación de los recursos y para la distribución del excedente social. La constante ha sido un paquete económico sin más pueblo que la pequeña burguesía urbana empleada en el Estado y los proletarios agrícolas e industriales.

1980 - 1984: un modelo económico estatizante, modernizante y subsiado

La política inicial de reactivación económica después del triunfo revolucionario estuvo basada en un flujo considerable de ayuda externa. La gestión económica se centró en la administración del subsidio y su asignación a la producción, el consumo y las inversiones. La intervención estatal en la fijación y control de precios, créditos y salarios desvinculó la economía nicaragüense del mercado mundial.

Los mayores beneficiados de la distribución del subsidio financiado con ayuda externa fueron las empresas estatales, es decir el área de propiedad del pueblo (APP) y en menor medida la burguesía, a través del financiamiento y del sistema de precios favorables a los productos de exportación.

La opción de un esquema de reactivación agropecuaria donde se priorizara el algodón, el azúcar y los granos básicos de las grandes fincas del Pacífico es sintomática de esta política. Ya en otros artículos de envío se ha hecho la exposición detallada de otra opción posible o sea la priorización del ganado, el café y los granos básicos del campesinado del interior del país.

El pueblo -incluyendo a los productores campesinos y artesanos urbanos- era considerado más como beneficiario de un subsidio social que como agente económico, aunque la redistribución de este subsidio permitiera un desarrollo económico incipiente de muchos de estos sectores.

Los resultados de este período fueron relativamente exitosos en cuanto a reactivación económica: la actividad económica nacional, que había caído en un 25% a causa de la insurrección contra Somoza, se recuperó aproximadamente en un 15% en el período 1979-1983.

Sin embargo, esta política económico topaba con sus primeros límites. El déficit fiscal creció del 9% del PIB en 1981 al 23% del PIB en 1984. Las exportaciones cayeron de 500 millones de dólares en 1981 a 385 millones de dólares en 1984 y la deuda externa creció en un 70% en sólo 4 años.

1985-1989: cambios sin recomposición del modelo

En el período 85-88 la producción nacional entró en una prolongada fase recesiva que se refleja en la caída del PIB durante todos estos años. Las exportaciones fueron aún más afectadas debido al embargo comercial impuesto por los Estados Unidos, que obligó a la búsqueda de nuevos mercados en condiciones menos favorables. Es también en estos años cuando el presupuesto de defensa asciende a más de la mitad del presupuesto nacional. Sin embargo, el modelo anterior prosiguió en sus principales líneas. Se continuó la ejecución de los grandes proyectos agroindustriales (Sébaco, Timal, etc.) y se mantuvo todo el subsidio a la producción. El FSLN se resistió a reducir un aparato burocrático desproporcionado.

Los ajustes que se llevaron a cabo se limitaron, en 1985, a la reducción del subsidio al consumo en la canasta básica, el transporte urbano, la salud y la educación.

Pero en el contexto de presión creciente del gasto militar y de reproducción de la ayuda externa, estas acciones fueron insuficientes para que el modelo siguiera funcionando. El Estado se vio obligado a cubrir el déficit fiscal recurriendo cada vez más a la emisión inflacionaria que constituyó un verdadero impuesto que pagaba el conjunto de la sociedad.

La explosión de la inflación agudizó la crisis del sistema de administración de los precios y de asignación de los recursos. A la par de una economía formal golpeada se desarrolló un sector especulativo y también el fenómeno de la dolarización de toda la economía.

Además, la guerra forzó modificaciones en el modelo económico original incorporando a él una fracción de los sectores populares, especialmente en el campo.

La ampliación de la redistribución de tierra al campesinado que tiene lugar en este período es señal de este cambio. Pero éste se dio más por razones de alianzas políticas que como parte de una nueva estrategia económica. El desarrollo de un sector de cooperativas de producción, llamadas Cooperativas Agrícolas Sandinistas (CAS), fuertemente subsidiado, demuestra que el trasfondo de esta incorporación era transformar una parte del campesinado en un nuevo sujeto del desarrollo económico, según el mismo patrón tecnológico del APP y de la burguesía, utilizando para esto la palanca de la demanda de los campesinos pobres por la tierra.

En contraste, los sectores populares urbanos fueron aún más marginados, al entrar en crisis la pequeña industria y el sector artesanal por la escasez de materias primas, asignadas preferentemente al sector empresarial estatal y privado. El pequeño comercio urbano se convirtió en el principal refugio de estos sectores y el Estado enfrentó su desarrollo con políticas de contención policial. La migración a los Estados Unidos se volvió otra alternativa para escapar a la crisis.

El enorme sector improductivo de las ciudades no se potenció en todo este período. El Estado habría podido apoyar su incorporación a la pequeña producción de bienes y servicios de calidad (textil, calzado, alimentos, herramientas agrícolas, etc.), potenciando así un histórico capital técnico humano.

Un cambio de sujeto del desarrollo económico, en las ciudades y en el campo, iniciado a lo largo de este período, habría podido ampliar las capacidades de la economía, enfrentar de manera mucho más favorable el impacto de la "guerra de baja intensidad", y permitir un ajuste mucho más gradual y menos recesivo en las mismas condiciones de financiamiento externo. El movimiento de "innovadores" de la gran industria y a la producción campesina y pudo haber sido apoyado por el Estado.

En el transcurso del 87, la estrategia económica, basada en la administración del subsidio y financiada por flujos de recursos externos cada vez más bajos y un impuesto inflacionario cada vez más alto, mostró claros síntomas de agotamiento.

La ayuda externa bajó de 772 millones de dólares en 1984 a 384 en 1987, sin que se elevaran las exportaciones (menos de 300 millones de dólares por año). La inflación alcanzó niveles insostenibles con un 1,347% anual. La taza de cambio del mercado negro del dólar llegó a ser 100 veces mayor a la tasa oficial, con las implicaciones de florecimiento de la especulación y de escasez generalizada.

1988-1989: reactivación del modelo inicial bajo ajuste estructural

En este contexto, se implementó la reforma monetaria de febrero/88, que dio inicio al programa de estabilización y ajuste. Este programa significó una modificación del esquema de gestión económica a través de la reintegración económica nicaragüense al mercado mundial. El sector exportados se convirtió nuevamente en el eje del desarrollo económico. Las leyes del mercado pasaron a jugar un papel clave en la asignación de recursos y distribución del excedente y se redujo sustancialmente el papel del Estado.

Se replanteó entonces la alianza entre la burocracia estatal y la burguesía, cuyo eje fue la participación burguesa en la reactivación, incluyendo la repatriación de sus capitales, a cambio de la seguridad sobre la propiedad y la reprivatización silenciosa de ciertas áreas de la economía, por ejemplo, la flexibilización del monopolio estatal del comercio exterior para fomentar la exportación de productos no tradicionales y la devolución de algunas unidades de producción agrícolas e industriales.

Esta reformulación de la economía mixta se dio con el supuesto implícito de una búsqueda renovada de fuentes de financiamiento externo y del levantamiento del embargo. Asimismo, la reinserción de Nicaragua en el mercado centroamericano formó parte de la negociación política regional.

Sin embargo, la implementación del programa enfrentó serias restricciones externas e internas. En primer lugar, hubo una reducida captación de financiamiento externo en divisas frescas. En segundo lugar, la reducción del gasto fiscal no se pudo hacer al ritmo deseado debido a la resistencia de la burocracia estatal de las Fuerzas Armadas, a los riesgos de una recesión excesiva y al previsible costo social.

En tercer lugar, la fuerza de la anterior dinámica de la economía subsidiada se expresó en la capacidad de los oligopolios y/o monopolios estatales y privados de transferir los costos del ajuste al resto de la sociedad. El caso del azúcar, cuyo consumo interno subsidiaba a las exportaciones, constituyó un ejemplo claro de ello. También se expresó en el poder de negociación de los grupos de presión que fueron los beneficiarios históricos del subsidio. Los algodoneros lograron, por ejemplo, obtener un subsidio indiscriminado en la cosecha 88/89 y se creó el Fondo de Desarrollo Cooperativo para compensar los efectos del ajuste sobre la producción colectiva (CAS).

Como resultado de estos factores, la inflación, en vez de reducirse, explotó y alcanzó en el 88 más del 35 mil %, aunque lograra reducirse al 1,300% en el 89. El déficit fiscal, que se mantuvo todavía superior al 20% del PIB en 1988, tendió hacia niveles más aceptables el año siguiente, al bajar a sólo 7% del PIB. La actividad económica experimentó una fuerte contracción en ambos años (- 8% y -4% respectivamente).

Sin embargo, y por primera vez desde 1983, las exportaciones experimentaron un crecimiento positivo del 25% en 1989, estimuladas por la recomposición de los precios relativos. Asimismo, esta recomposición propició una mejor asignación de los recursos en la economía, reduciendo el derroche en el consumo de bienes importados y obligando a los agentes económicos a buscar una eficiencia más acorde con los intereses nacionales.

Estos avances se lograron a través de un trastocamiento de la estructura socioeconómica. Una evolución diferenciada de los sectores sociales constituyó el trasfondo de los efectos globales del programa de ajuste sobre el aparato productivo y sobre la reorganización institucional que lo acompañó.

Los que con menos recursos orientaban su producción hacia el mercado interno, sin posibilidades de aprovechar a corto plazo las ventajas de la exportación, se empobrecieron rápidamente. Entre ellos aumentó el desempleo y el subempleo, la descapitalización, la migración hacia Estados Unidos, la desnutrición, se dio un retorno a la mediaría en el campo. Fueron afectados los estratos pobres del campesinado, productores históricos de granos básicos, la pequeña industria que produce bienes de consumo popular, como ropa y calzadores -que no pudo competir con las importaciones centroamericanas - y el pequeño comercio urbano, que sufrió el éxodo de otros sectores y enfrentó la contracción de la demanda.

En contraste, los sectores de mayores recursos, orientados hacia el mercado externo y con posibilidad de adaptar sus sistemas de producción a la nueva estructura de precios relativos, dinamizaron su acumulación aprovechando la caída brutal del salario de la clase obrera. Es el caso de los grandes cafetaleros y ganaderos, que iniciaron la recuperación de sus fincas, así como de algunas industrias que pudieron reorientar su producción al mercado centroamericano. Hubo también una fracción de los sectores populares que pudieron adaptarse debido a que ya producían rubros de exportación y/o tenían capacidad de reorientarse. Por ejemplo, campesinos de Occidente, que en base a su experiencia productiva pudieron rápidamente producir ajonjolí.

En cambio, otros sectores burgueses enfrentaron fuertes dificultades para su reconversión, particularmente los que tenían estructuras productivas orientadas al mercado interno y con tecnologías muy dependientes de recursos importados, los arroceros, avicultores y sorgueros. También fueron afectados los agroexportadores tradicionales ineficientes, como los algodoneros y la corporación bananera.

En un contexto de diferenciación social creciente, la intervención estatal se limitó a entregar paquetes de subsidio de arroz, frijoles y azúcar (AFA) para complementar los bajos salarios de los empleados del Estado, a condonaciones de deudas campesinas de granos básicos y a la exención de impuestos para la pequeña industria.

El Estado jugó un rol muy parcial y desigual en la reconversión del aparato productivo porque resintió la inercia de una década de fomento de paquetes tecnológicos importados y subsidiados, al intentar la búsqueda de alternativas tecnológicas y de mercados sancionados por la rentabilidad económica. Era "un paquete sin pueblo", sin la mayoría de los pobres del campo y de la ciudad, y tampoco tenía condiciones para incorporarlos en el futuro.

Un proceso original e incompleto de democratización para enfrentar la crisis

Para entender la agresión imperialista, el FSLN no optó por cerrar los espacios democráticos. Más bien profundizó el pluralismo de la revolución. Otras revoluciones de este siglo han defendido su sobrevivencia frente al choque inevitable y esperable de una contrarrevolución construyendo una "dictadura del proletariado" o en general, un régimen de partido único con restricción de libertades cívicas. La Revolución Popular Sandinista no siguió esta ruta. Si la hubiera seguido, probablemente habría sido barrida de la historia y no sólo colocado en minoría electoral su partido dirigente. Lo que, en cambio, se decidió fue un camino democrático. La democracia sandinista se caracterizó por dos claves de naturaleza distinta: 1) la democracia participativa en el seno del movimiento popular, que plantea las relaciones entre pueblo, organizaciones de masa, y partido de vanguardia y 2) la democracia representativa, que define los espacios del pluripartidismo.

1979-1984: auge y decaimiento del movimiento popular y del pluralismo político

En los primeros años, el pluralismo se expresó en la participación de otros sectores políticos en el poder y en la organización masiva de los diferentes sectores populares. La concepción dominante del papel de los organismos de masas era la ser instrumento de las políticas del Estado y del FSLN. Si bien daban cauce a una serie de reivindicaciones propias, su autonomía se veía reducida por su función de apoyo político al FSLN y de intermediación del subsidio.

Sin embargo, el pluralismo político se erosionó con el avance del proyecto sandinista y las primeras señas del proyecto norteamericano de destrucción de la revolución. Las figuras de la burguesía no somocista y de los partidos políticos de oposición se retiraron sucesivamente del gobierno.

La organización de las elecciones de 1984 formó parte de una estrategia de recomposición de la unidad nacional de cara a la intensificación de la confrontación con el imperialismo. Se asentaron entonces los primeros elementos de la institucionalización de la democracia representativa y sus instrumentos, entre otros el Consejo Supremo Electoral y la Asamblea Nacional.

Por otro lado, el impacto creciente de la guerra y de la crisis económica, dio lugar a un desgaste del apoyo popular a la revolución, que se tradujo en un alejamiento gradual del pueblo de las organizaciones de masas.

1985-1988: renovación truncada en el movimiento popular

La democratización del movimiento popular, que arranca con un proceso de renovación en el período 85-87, no logró cambiar en profundidad la dinámica de la participación popular. En cambio, el desarrollo incipiente de los mecanismos de la democracia representativa a partir de 1984, le llevó a adquirir un papel político más acabado en el proceso de apertura política que culminó con las elecciones de 1990.

A partir de 1985, el FSLN desató un nuevo proceso de movilización y organización popular. Este proceso se dio primeramente en las regiones de la Costa Atlántica y del interior del país, donde el enfrentamiento militar con la contra agudizó más las contradicciones sociales.

El impulso de esta nueva dinámica descansó fundamentalmente en la importancia dada a las reivindicaciones propias de cada sector social, a la par de las grandes tareas nacionales, entre las cuales la más importante fue la defensa militar. Asimismo, se buscó mejorar la inserción de la organización de las masas en la estructura de poder local atrayendo a sus líderes históricos. Paralelamente, el Estado dio mayor participación a las dirigencias de los organismos de masas en la definición y modalidades de implementación de sus políticas.

En la Costa Atlántica se impulsó el proceso de autonomía, que partió del reconocimiento de la realidad multiétnica, y por lo tanto requirió de un tratamiento privilegiado. Este proceso implicó descentralización de ciertas áreas de poder y participación de los dirigentes locales con el FSLN. Pero dejó fuera de la negociación el control sobre la organización económica y el destino del excedente.

El movimiento de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG), se dio en dos direcciones. Se profundizó la línea de cooptación de la burguesía chapiolla por medio de la asignación de recursos y se reactivo la movilización por la tierra de los campesinos pobres -uno de los sectores de mayor peso en el campo-.

La reforma agraria avanzó más en estos años 85/86 que en los 6 años anteriores. A su vez, la política de colectivización basada en la entrega condicionada de tierra en forma de cooperativas de producción (CAS), se complementó parcialmente con la aceptación de la reivindicación campesina de la parcela individual, bloqueada en los primeros años, y la cooperativa se extendió al sector de los pequeños propietarios a través de formas nuevas como las Tiendas Campesinas.

Pero, por incorporar a un amplio abanico social, la UNAG, más que fomentar la lucha en torno a las reivindicaciones de los sectores mayoritarios del campo, buscó cómo mantener el estatus quo y representó, de hecho, con más fuerza a las capas acomodadas del agro - la burguesía criolla y en ciertos casos la gran burguesía patriótica-. Las cooperativas agrícolas, lejos de conformar un movimiento social clave del campesinado, siguieron fundamentalmente como organizaciones atomizadas, base de captación de subsidio, o sin mucha dinámica real de cooperación en el caso de las Cooperativas de Crédito y Servicios.

En las ciudades, en los años 86/87, se dio una reorientación del funcionamiento en los barrios de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), que tendieron a dejar su papel de correas de transmisión del Partido en función de la movilización política o de la administración del abastecimiento, para volverse estructuras locales organizadas también en función del desarrollo comunal. A nivel de los dirigentes de base se promovierón procesos electorales que sustituyeron su anterior nombramiento por parte del FSLN. Sin embargo, este proceso no logró romper suficientemente la "partidarización " de la organización, por lo que no se recuperaron los altos niveles de convocatoria de los primeros años.

La Asociación de Mujeres Nicaragüenses Luisa Amanda Espinoza (AMNLAE) comenzó, en 1987, a levantar banderas más ligadas a la condición de genero de su base, además de canalizar las reivindicaciones de las madres de los movilizados en la defensa militar.

La Asociación de Trabajadores del Campo (ATC) y la Central Sandinista de Trabajadores (CST), continuaron entre 1985 y 1987 enfatizando la lucha contra la descapitalización burguesa, la participación en la gestión de las empresas estatales y el mejoramiento del salario social de la clase obrera. Sin embargo, la CST priorizó el objetivo nacional de mantener funcionando las unidades de producción por encima de las reinvindicaciones salariales. Se produjo entonces un éxodo considerable de obreros hacia el sector informal urbano. Asimismo, la ATC enfatizó siempre su carácter de proletariado agrícola, a pesar de que, fuera de los enclaves agroindustriales de azúcar, banano y arroz, existían en el campo fuertes demandas por acceso a la tierra.

En conclusión, si bien este proceso de formación permitió en un primer momento dar un momento dar un segundo impulso a organizaciones de masa que sufrían una tendencia clara de decaimiento, no logró contrarrestar el progresivo desgaste de la dirigencia de base ni afectar las raíces estructurales de su estancamiento. En el auge de la economía de subsidio, el papel de intermediación entre pueblo y Estado que mantuvieron las organizaciones de masa en la asignación administrativa de los recursos, restó fuerza a una democratización a partir de la base en torno a las reividicaciones propias de cada sector.

Los cuestionamientos de las organizaciones populares frente al Estado o al Partido quedaron limitados a las élites sindicales o gremiales. Las organizaciones de masa no lograron alcanzar la autonomía suficiente y los intereses locales sectoriales continuaron subordinados a las tareas nacionales.

Un sector de la clase media, ubicado en la burocracia estatal y partidaria, consolidó su poder y tendió reiteradamente a frenar las opciones económicas y organizativas más autónomas y más populares.

1988-1989: un pluralismo político sin suficiente participación popular

Tras un prolongado período de vigencia del estado de emergencia, en el cual el pluralismo político se ubicó más en la Asamblea Nacional que en la libertad de prensa o en los derechos políticos, a partir de 1987, con los Acuerdos de Esquipulas, se abrieron nuevos espacios para la oposición.

El FSLN sometió a negociación las anteriores reglas de la democracia representativa simultáneamente al planteamiento de la concertación económica. Poco a poco se crearon, a nivel jurídico y en la práctica, las condiciones de un pluralismo renovado, simbolizado en el mismo proceso electoral.

En cuando a la participación popular, el poder de la burocracia de las organizaciones populares se debilitó como consecuencia de la sustitución de la administración burocrática de los recursos por los mecanismos del mercado. Sin embargo, el movimiento popular no aprovechó los nuevos espacios. La dirigencia de base y los cuadros profesionales prosiguieron a menudo con las pautas de su rol histórico, presionando por obtener nuevamente subsidios o intermediando recursos externos o internos.

En la nueva escena nacional, la democratización limitada del movimiento popular no logró convertirlo en una fuerza de negociación de importancia al momento de implementarse el plan de ajuste económico y de abrirse el espacio en la concertación con la burguesía. En cambio, la burguesía acepto participar en las instancias de concertación, como las Comisiones Nacionales por rubro, así como en las instancias consultivas de la industria y el comercio, y tuvo una capacidad mucho mayor de presionar por sus demandas.

La UNAG centró sus acciones en la obtención de medidas compensatorias de ajuste, las cuales correspondían a un ideal de retorno a la época anterior del subsidio. Luchó por políticas crediticias preferenciales: reestructuraciones o condonaciones de deudas y tasas de interés subsidiadas. Defendió una política de precios de granos básicos que favoreciera al grupo más "tecnificado" de sus afiliados (cooperativas CAS o medianos productores). Gracias a la cooperación nórdica logró mantener un subsidio a más de 90 mil familias a través de una cadena de tiendas campesinas que conforman su Empresa comercializadora de Productos Agropecuarios (ECODEPA). Pero dejó de impulsar otros tipos de descentralización para posibilitar una mayor participación campesina que se extendiera más allá de la cuestión del abastecimiento.

Paralelamente, y por primera vez en 10 años, la UNAG reivindicó plenamente al movimiento cooperativo, específicamente al sector de los CAS, y organizó en septiembre/89 la primera Asamblea Nacional del Movimiento Cooperativo. Esta movilización permitió a la burocracia de la organización ampliar su base de poder para sus negociaciones con el Estado, buscando cómo seguir defendiendo los intereses de la fracción hegemónica de los productores chapiollos. Pero la movilización obedeció también a una lógica de disputa de control del movimiento cooperativo con un sector de la burocracia estatal vinculado a la producción, que abogaba también por el retorno a una política de subsidio, con miras a proteger el modelo estatizante.

El sector cooperativo CAS quedó bloqueado en su democratización interna y en el reajuste de su sistema de producción, que las nuevas condiciones económicas imponían. La lucha por la parcelización, asociada a una actividad agropecuaria mas diversificada y que descansara más sobre la fuerza de trabajo familiar, quedó obstaculizada por no pocos dirigentes de base, apoyados por los profesionales de la UNAG, quienes siguieron levantando las viejas banderas del colectivismo y de la "tecnificación".

En cuanto a la ATC y la CST, la liberalización de la política salarial les obligó a reivindicar salarios que estaban cayendo drásticamente. Se impulsaron nuevas formas de lucha, que incluyeron la toma temporal de fincas y fábricas para presionar por la negociación de convenios colectivos, aunque sus resultados fueron muy limitados por la oposición de la burocracia estatal, que temió arriesgar la nueva concertación económica con la burguesía. Asimismo, y por las mismas razones, la lucha salarial se limitó a la defensa de una canasta básica que no dejaba de representar un mínimo apenas aceptable para la sobrevivencia familiar.

En este período, los CDS marcaron una etapa nueva en la democratización y "despartidarización", y se articularon con las alcaldías mediante la implementación de proyectos de desarrollo comunal. Sin embargo, el desarrollo comunal no constituye una base suficiente para el movimiento popular urbano, porque no integra los intereses económicos de clase de los pobres del sector informal urbano. AMNLAE no logró superar su falta de autonomía. Un sector de la dirigencia de AMNLAE intentó darle un perfil más radical a la organización, pero el FSLN frustró este proceso al imponer un cambio de sus dirigentes.

Dos hipótesis sobre los resultados electorales

Por un lado, el FSLN no pudo, con sus políticas hacia el campo, revertir la debilidad del apoyo campesino a la revolución, la cual se expresó en la ampliación del voto no sandinista entre 84 y 90 en el área rural del país. Por otro lado, una segunda hipótesis apunta a que fue en las ciudades del Pacífico, base social histórica del sandinismo, donde las reformas políticas parciales y la evolución de la política económica no permitieron revertir el lento desgaste ocasionado por la "guerra de baja intensidad".

En las regiones campesinas del interior (Matagalpa-Jinotega y Boaco-Chontales), donde la estrategia antisandinista consiguió base social para un alzamiento campesino contra la revolución, la alta abstención de la población rural (42% en el 84) y el fenómeno de no-inscripción, ocultaban ya una fuerte oposición al FSLN, la cual se expresó en gran medida en el 90. Todo indica que los nuevos inscritos, una gran parte de los abstencionistas del 84 y un pequeño bolsón de sandinistas, sumandon sus votos para dar a la UNO una victoria abrumadora en Boaco-Chontales y un triunfo notable en Matagalpa-Jinotega.

El patrón electoral en la otra región campesina del interior (Las Segovias), y aun en el Pacífico (León-Chinandega), donde en el 84 el voto rural -a diferencia de en las dos regiones anteriores- había sido mayoritariamente sandinista, evolucionó esta vez hacia un comportamiento similar al de aquellas. En estas regiones el voto rural en el 90 sufrió un descenso de apoyo al FSLN del 20%.

Es, por otro lado, la base popular urbana del FSLN, que había sido decisiva para el triunfo sandinista en el 84, la que sufrió un desgaste mayor que en el resto del país. Los datos electorales indican que el cambio de opción de una fracción de los que votaron por el FSLN en el 84 se dio principalmente en las ciudades del Pacífico y particularmente en Managua. Es aquí donde se produce el 70% del giro que se observó a nivel nacional. Visto desde otro ángulo, casi un 30% de los sandinistas de las ciudades cambiaron de opción. Estos resultados son suficientes para explicar los 185 mil votos que dieron la ventaja a la UNO.

Negociación entre cúpulas o ampliación de un espacio democrático popular

El proyecto económico de la UNO empalma con las tendencias predominantes del FSLN en los últimos años, que estaban impulsando la transición de un modelo económico estatizante, modernizante, o paternalista y subsidiado a otro modelo sin subsidio, de alianza con la burguesía agroexportadora y de privatización silenciosa, de búsqueda de nuevas fuentes de financiamiento (los nórdicos y las instituciones financieras multilaterales FMI-BM-BID) y con el supuesto implícito de un levantamiento del embargo y de la reinserción comercial en el área centroamericana.

En el fondo, el FSLN estaba ajustando su proyecto a una perspectiva mucho más ligada a las tendencias neoliberales que ocupaban el poder en Centroamérica. La negociación entre las cúpulas no tiene la forma personalizada y oportunista del tradicional "Kupia-Kumi" de la era somocista, sino que parte de las exigencias de la coyuntura económica y geopolítica en que hay pocas diferencias de fondo entre las salidas propuestas hasta 1990 por el FSLN y aquellas que el ala progresista de la UNO propone ahora.

En comparación con el período anterior, las principales ventajas del panorama económico que se le presentan a la UNO son el levantamiento del embargo y consecuentemente las mejoras de los precio de agroexportación (carne, azúcar, banano y tabaco), la apertura del mercado norteamericano a las exportaciones no tradicionales, y la reanudación de un apreciable financiamiento externo en divisas frescas. A su vez, la reducción del gasto militar, la compactación del Estado y los ingresos provenientes de las ventajas de la propiedad pública permitirán en gran medida cerrar la brecha interna y controlar la inflación.

Las tensiones principales de este proyecto son: la fragilidad de la reactivación agroexportadora basada en la recuperación de la producción algodonera sin los subsidios que hacían posible su sobrevivencia en los últimos años; el mantenimiento de una política pro-exportadora que tiene como contrapartida la contracción del mercado interno y con ello el estancamiento de la pequeña industria, el sector informal urbano y de una mayoría del campesinado; la contención de las reinvindicaciones salariales después de seis años de erosión del poder adquisitivo de la población asalariada; la absorción del desempleo, que se agudiza con la reproducción del aparato militar y la desmovilización de la contra.

Alternativa 1

Una primera alternativa se abriría en el marco de una negociación entre cúpulas y tendría como eje material la continuación de este proyecto de reactivación económica que margina a los sectores populares. La diferencia radica en que ahora es la burguesía la que negocia desde el poder estatal e intenta un gobierno de coalición, en los hechos aunque no en la forma. El proyecto burgués necesita del apoyo político del FSLN para su pacto social. Necesita a los tecnócratas y a los militares del FSLN y también su apoyo político para la negociación sindical o gremial con los sectores populares. A cambio, el FSLN accede a cuotas de poder estatal que permiten algunas inflexiones en el proyecto burgués de privatización del APP, de la Banca y del Comercio Exterior, y que protegen sectores considerados como claves de la economía con la lógica de un pronto retorno al poder.

De la misma manera que el sandinismo consideró las políticas de estabilización y ajuste económico de 1988-90 (la vuelta al mercado) como una simple postergación de su proyecto socialista, ahora podría pactar con la fracción más progresista de la UNO intentando ganar tiempo dentro de la misma lógica. El problema reside en el hecho de que el juego político no es todo; las opciones económicas no son neutrales y llevan en sí consecuencias políticas como lo demostraron las elecciones.

La continuación de la misma táctica de compás de espera podría indicar, sobre todo, la incapacidad del FSLN de trazar nuevas líneas en su proyecto de sociedad y en su estilo político. Podría tener consecuencias aún más graves en cuanto al desánimo y desmovilización tanto de militantes como de masas. La negociación entre las cúpulas significa que existen elementos de coincidencia. No se debe esperar de la fracción de la UNO, que ha sido capaz de negociar con el FSLN, una política conservadora trasnochada, especialmente por las presiones provenientes del Banco Mundial y de la AID para acolchonar los efectos discriminados del ajuste económico. Los sectores populares beneficiarían indirectamente de las mejoras de la economía nacional y eventualmente de estos programas especiales del Banco Mundial y de la AID, que servirán para crear clientelas políticas de la UNO a nivel de masas.

En esta alternativa, el FSLN puede convertirse en un intermediario que mediatice el movimiento popular, en nombre del interés nacional en torno a la paz y a la reconstrucción económica, legitimando esta alianza como un costo necesario a pagar, una simple postergación de opciones más revolucionarias.

El partido mantendría su control sobre las organizaciones populares sandinistas sin modificaciones de fondo en su conducción, impidiendo su desarrollo autónomo y democrático. La movilización popular en torno a la defensa de las conquistas de la revolución o a reinvidicaciones salariales se concebiría como una herramienta del FSLN en la negociación global, cuyo escenario público será la Asamblea Nacional.

La respuesta del FSLN consistiría en crear un "estado paralelo", en manos de una burocracia sindical o gremial, con los mismos patrones tecnológicos y organizativos que los oligopolios privados o estatales. Es el caso, por ejemplo, de la Federación de Cooperativas, creada más por una decisión burocrática que como resultado de un progresivo movimiento de organización en las cooperativas, y cuya función enfatiza la redistribución de recursos por medio de subsidios. Esta evolución significaría el fortalecimiento del clientelismo como forma de apoyo político y propiciaría el fraccionamiento de las organizaciones populares en un esquema bipartidista.

En el marco de la democracia representativa, en este escenario, el FSLN podría recuperar el poder en las elecciones de 1996 si se mantiene unido y conserva su papel del mayor partido del país. Pero esto no implicaría necesariamente un giro hacia un proyecto popular alternativo. Bien podría retornar al FSLN al poder, prolongando bajo nuevos términos su alianza con la misma fracción burguesa más "moderna".

Alternativa 2

Un segundo camino partiría de la reestructuración de la vinculación del FSLN con el pueblo, cuya base seria el inicio de la construcción de un modelo económico alternativo, la democratización en el seno de las organizaciones populares y del partido y la renovación ideológica del sandinismo.

En esta segunda alternativa el planteamiento de reivindicaciones populares partiría de un programa propio y viable en términos económicos, plataforma no sólo de oposición sino de su futuro programa de gobierno. La vuelta al pueblo obliga gobernar no sólo "desde abajo" sino desde el seno de la sociedad civil.

Un modelo económico alternativo y popular

El eje de este modelo económico alternativo serían los sectores productivos populares cuyas ventajas para el desarrollo económico nacional en relación a la gran empresa estatal o privada serían: el mayor uso de recursos nacionales en cuanto a fuerza de trabajo y a herramientas; la preservación de los recursos naturales del país; la mayor autonomía en cuanto a su financiamiento; la mejor redistribución del excedente nacional; y la posibilidad de incorporar a los sectores improductivos urbanos a la producción. Estas ventajas pueden aprovecharse mejor en el mediano plazo en la medida en que se potencia y amplía esta economía popular. Estas transformaciones, en vez de depender de iniciativas estatales o promesas electorales, irán desarrollándose sobre la propia eficiencia de los sectores populares como base de apoyo económico y político de un futuro gobierno de orientación socialista.

Se trata entonces de un proyecto de reactivación económica basado en: la capacidad productiva existente de café, ganado y granos básicos del campesinado del interior del país; la diversificación de la producción campesina del Pacífico hacia productos agrícolas no-tradicionales como ajonjolí, plátano, frutas y tubérculos que pueden ser exportados inicialmente al área centroamericana y caribeña y posteriormente al mercado norteamericano; el desarrollo de la pesca artesanal para la exportación en ambas costas del país; la reactivación de la pequeña industria orientada por un lado hacia la transformación de las materias primas nacionales (cuero, madera) que pueda competir en el mercado internacional y, por otro lado, hacia la producción de instrumentos para la agricultura campesina y bienes de consumo básico que sustituyan importaciones.

El punto de partida de este modelo es la situación actual del sector productivo popular que continúa enfrentando el reto de su reconversión y ajuste en el marco de una política de reactivación económica pro-exportadora y a favor de la burguesía, y en condiciones más desfavorables para acceder al subsidio.

Su viabilidad descansa en su capacidad de adecuar sus formas de producción y de organización de los servicios hacia: la incorporación de rubros y/o de calidades de exportación; la sustitución de paquetes tecnológicos importados por opciones técnicas basadas en mayor medida en instrumentos y capacidades locales mejoradas; una menor dependencia del crédito bancario y un mayor involucramiento en torno a instancias locales de ahorro y préstamo; un mayor dominio y participación en los procesos de abastecimiento, procesamiento agroindustrial, y comercialización interna y externa, hasta hoy en manos de otros sectores sociales.

El campesinado beneficiado por tierra constituye el ejemplo más genuino le desafío de la construcción del nuevo modelo. Su desarrollo será posible en la medida en que transite desde el colectivismo y la "tecnificación" subsidiados hacia una economía más familiar, más diversificada, menos mecanizada y menos consumidora de agro-químicos, donde la organización cooperativa juega funciones clave en un movimiento de innovación tecnológica y de participación directa en la intermediación comercial y crediticia.

La implementación de este proyecto enfrenta restricciones muy fuertes: un poder económico estatal adverso; un reducido acceso a los recursos, que pudiera ser ampliado mediante los ONGs y sobre todo, una burocracia sindical y gremial sandinista sin experiencia en este tipo de movilización. Este proceso parte entonces necesariamente de las capacidades técnicas y de los recursos de los cuales disponen en la actualidad los sectores populares. Esta participación apunta a superar los obstáculos concretos al desarrollo de la economía popular y descansa en la capacidad tecnológica y la creatividad organizativa del pueblo.

A su vez, el FSLN tiene que apoyar el movimiento popular en su lucha por reinvidicaciones propias ante el Estado: luchar por una mayor redistribución de los recursos hacia los sectores populares en vez de concentrarse en la defensa de la propiedad estatal; presionar por un aparato estatal al servicio de sus problemas tecnológicos, de mercadeo, de financiamiento y de capacitación; defender el papel del Estado en la economía nacional mediante la incorporación de los sectores populares en instancias descentralizadas de gestión de la Banca y las empresas estatales; y ampliar el proceso de reforma agraria en el campo.

Este proyecto implica una recomposición de las alianzas de clase del FSLN en la que los sectores populares mayoritarios sean hegemónicos. Esto significaría contradicciones con la alianza entre la burguesía y la vieja burocracia estatal. A la vez implicaría tensiones con las capas medias populares (comerciantes, finqueros) y enajenar una fracción de la pequeña burguesía sandinista (intelectuales y tecnócratas incapaces de entender y respetar la dinámica popular).

Esta recomposición de las alianzas de clase constituirá un giro profundo en la medida en que surja de un proceso de mediano plazo de disputa sobre recursos y espacios en la economía nacional, fruto de un trabajo cuidadoso y lento a nivel de terreno.

Por lo tanto, esta segunda alternativa, aunque no significará una dramática desestabilización del pacto entre el FSLN y los sectores progresistas de la UNO en el corto plazo, creará las bases reales para una ruptura hacia un modelo económico que subordinará la producción burguesa a los intereses populares en una forma mucho más radical que durante los diez años del gobierno sandinista. En el caso de una ruptura meramente política del protocolo y del espíritu de reconciliación nacional sin previa organización popular económica, el sandinismo tiene todas las de perder.

El paso impostergable: cambio político en el FSLN

Será imposible forjar un modelo económico alternativo sin cambios profundos y simultáneos en el FSLN. Se trata de abandonar la concepción y práctica del FSLN de utilizar las raíces populares de la base social sandinista para hacer funcionar eficazmente las organizaciones de masas como correas de transmisión del partido. Se trata de abandonar el cortoplacismo de la "línea bajada" por un programa con su horizonte en el mediano plazo y sus esperanzas puestas en la creatividad popular. En lugar del aparatismo cortoplacista, esta segunda alternativa buscará desarrollar una autonomía verdadera de las organizaciones populares y una nueva relación con el partido, en la cual la dinámica de base actúa como un fermento dentro del partido en vez de que la obediencia política siga matando las posibilidades de organización popular revolucionaria.

Más que una "depuración" del partido, la coyuntura exige un replantamiento fundamental de la línea de masas, estructura práctica partidaria para poder recuperar el espacio perdido en el seno del pueblo. Asimismo, esta segunda alternativa requiere de una renovación ideológica que parta de las propias tradiciones del sandinismo y abandone una cultura izquierdista fuertemente manchada de estalinismo económico, vencido en su contienda con el capitalismo.

Esto supone un cambio drástico en las concepciones ideológica que asocian el socialismo con la producción estatal directa y el control administrativo de la economía, con las supuestas economías de escala de la gran producción capitalizada, con el fomento de una cultura exclusivamente proletaria llegando a deformaciones de tipo "obrerista". La sustituiría favorablemente una ideología cuyos ejes serían la descentralización e intervención selectiva del Estado en la economía, la pluralidad en las tecnologías y en las formas de organización de los sectores populares, la revalorización de la cultura popular local en sus diferentes aspectos (cultura técnica, valores, formas de comunicación...).

En esta alternativa, la profundización del carácter popular del proyecto revolucionario alternativo sería la base real de negociación del FSLN para la ampliación del espacio de participación política y económica del movimiento popular. A la vez, el diseño de un programa político que dé cauces a sus reivindicaciones y que atraiga, por eso, su opción política, sería para el FSLN el modo de "pegarse al pueblo". Al servicio de este papel debería estar la cuota de poder estatal que el FSLN ha conseguido en las elecciones y la herencia constitucional que forjó y que le corresponde defender y manejar popularmente.

Una sociedad de orientación socialista sigue siendo una posibilidad para Nicaragua pero no de la manera en que la han pensado la mayoría de los dirigentes sandinistas. Cualquier negociación entre el FSLN y el gobierno de Violeta de Chamorro que se haga al margen del espacio democrático que el pueblo necesita para llevar a cabo esta segunda alternativa reniega de la búsqueda y la experimentación parecidas para forjar un programa revolucionario adecuado para Nicaragua.

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