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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 95 | Julio 1989
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Nicaragua

¿4 años más de guerra? ¿Se profundizará la revolución?

"¿Los yanquis ? Esos no van a cambiar nunca en la vida. Ya ve que los contras siguen atacando, matando gente, haciendo zanganadas. ¿Y no era ese Bush el segundo de Reagan? Ahora dicen que van a meter a la CIA en las elecciones... Yo soy sandinista, pero creo que aquí hace falta mano más dura, otra cosa, menos flojera con algunos de éstos que aunque sean nicaragüenses por nacimiento, son yanquis en su corazón".

Alejandro Bendaña

"Óigame: yo tengo un hijo que me mató la contra y a los dos más chiquitos los tengo enfermos un día sí y otro no y para mi no es que sean enfermedades sino hambre, porque con el salario que yo tengo, ¿cómo les voy a dar de harta? No alcanza. El plan de los economistas del gobierno es de faja apretada y a nosotros lo que nos dicen es que no hagas esto, que no hagas lo otro que moderate, que tené en cuenta... ¡Aquí lo único que va a contar es que el pueblo apriete a los que tienen más! Porque si el Frente no puede hacer la revolución si el COSEP ¡ahí sí que estamos listos! La cobija no da... Bueno, pues, no da... Eso se entiende, la guerra ha sido un clavo muy grande. Pero si no da, que las cosas sean más parejas para todo mundo y no que unos se gasten tres salarios míos oyendo cantar a ese Mijares y a mí no me alcanza ni para las baterías del radio... Más parejo todo, dijo yo, porque la revolución es para emparejarnos más, ¿o no? Yo le digo a mi señora que aquí sólo falta ya que algunas esposas de los del gobiernos, que andan siempre bien empericuetadas, se junten con las esposas de los burgueses y monten jugaderas de bingo y poker para hacernos caridades a nosotros los pobres. ¿sabe...? Todo tiene un límite." (Félix López, obrero textil afiliado a la Central Sandinista de Trabajadores)

La evaluación del Plan de junio: tensiones con el pueblo y con los productores

El estricto plan de ajustes económicos iniciado por el gobierno de Nicaragua en enero 89 ha ido teniendo éxitos significativos en dos de sus principales objetivos: frenar la hiperinflación e incentivar los cultivos de agro-exportación para aumentar así el ingreso e divisas al país. En cuanto al ritmo inflacionario - índice más visible y fácil de evaluar -, los resultados han sido evidentes, reduciéndose la inflación mes tras mes: diciembre/88: 126% enero/89: 91%, febrero: 45%, marzo:20%, abril 12%, y 15% en mayor. Este logro, palpable y esperanzador, hecho a costa de grandes recortes en el nivel de vida de las mayorías, sufrió una dramática alteración en el mes de junio, cuando tres devaluaciones del córdoba, dispararon sensiblemente la inflación.

El martes 6 de junio la devaluación de la moneda nacional fue del 62%, el jueves 8 de junio, del 25% y finalmente, el domingo 10 de junio se produjo una devaluación de 110%, llegando el precio del córdoba a la equivalencia de 20 mil por un dólar al cambio oficial (26 mil por un dólar al cambio oficial (26 mil por uno en el cambio paralelo autorizado).

El lunes 11 de junio Nicaragua entera amaneció alterada. Tan fuerte devaluación paralizó algunas actividades económicas y disparo de manera mecánica, a veces en más de un 100%, el precio de la mayoría de los productos básicos y no básicos. A la par de la parálisis y el descontrol, se generalizó al incertidumbre sobre la viabilidad del plan de concertación económica.

A las pocas horas el Presidente de la República hablaba en cadena radial para explicar a la nación que la drástica devaluación había sido la única medida correctiva capaz de enfrentar una situación iniciada semanas antes y provocada por un exceso de circulante en manos de los productores privados cafetaleros. El Presidente anunció otras medidas que disminuirían sus márgenes de ganancia y exaltó el sacrificio que los sectores populares venían haciendo para que el plan económico saliera adelante, señalando la falta de "colaboración" de los sectores más privilegiados por la concertación.

¿Qué había ocurrido realmente? Estructuralmente, y según el ciclo agrícola de Nicaragua, en los meses de mayo y junio se aumenta el circulante de moneda nacional porque el banco entrega créditos millonarios a los productores para que inicien las siembras y porque también en esos meses Nicaragua recibe el pago por sus exportaciones del ciclo anterior. Este año hubo una tercera vía de incremento del circulante: como parte del plan de concertación y para estimular a los productores de agroexportación, el gobierno se comprometió en el encuentro gobierno-productores, celebrando a comienzos de abril en el centro Olof Palme de Managua, a una serie de concesiones, entre ellas a entregarles a los cafetaleros pagos extra por el café que habían vendido meses antes a la empresa estatal que comercializa y exporta el grano.

Las reliquidaciones que se les prometieron eran una medida importante para incentivar a los productores, pero representaban la emisión de miles de millones de córdobas que pasarían sobre una masa de circulantes ya crecida. Al recibir en mayo estas fuertes sumas, los cafetaleros no las ingresaron en el banco o las re-invirtieron en sus propiedades sino que las emplearon fundamentalmente para "ahorrar en dólares", comprando en el mercado negro y a precio muy alto los escasos dólares de que dispone el país. En esos días, el precio oficial del dólar era de 9.500 y el del mercado negro llegó, por esta razón, a ser de 25.000.

Creada la situación de una repentina y gran demanda de dólares y una escasa oferta, fuera del control oficial, al gobierno no le quedó otro camino que una drástica devaluación para volver a captar el circulante en córdobas y parar en seco la eventualidad de una nueva hiper-inflación sin freno.

Las concesiones hechas a los cafetaleros las había hecho el gobierno a costa de su mismo programa antinflacionario, pues las reliquidaciones representaban en la realidad un fuerte subsidio. Este no fue suficientemente calculado en su monto y no hubo posibilidad de que el gobierno ejerciera control sobre el destino que le darían los beneficiados. La concesión fue interpretada por los productores como un cambio en la rígida política anti-subsidios iniciada en enero y mantenida con gran disciplina durante el primer trimestre del año. Interpretando que se daba una relajación, los productores actuaron relajadamente y provocaron una crisis que afectó a todo el país. La realidad final fue que este error de cálculo del gobierno en beneficio para los más grandes-, perjudicó seriamente el ya agujereado bolsillo de las mayorías.

El aumento del 100% en el precio de la gasolina significó aumentos adicionales en todos los productos, que hicieron descender aún más la capacidad adquisitiva de los trabajadores, a los que el gobierno había concedido para junio aumentos de un 50% Una vez más los precios dejaron totalmente rezagados a los salarios.

La crisis económica que vive Nicaragua, provocada fundamentalmente por 8 años de guerra "de baja intensidad. Desde 1981 el salario real de los trabajadores ha descendido en un 92% y el PIB per cápita en 88 se calculó en unos $500 anuales. Los niveles de vida han sufrido un deterioro dramático, atenuado en parte por la voluntad de una revolución en el poder que permanentemente intenta redistribuir más justamente cada vez más escasas riquezas del país. Esto, que pudo hacerlo más eficazmente en los primeros años, apenas lo consigue hoy. Los mecanismos de que dispone no son muchos y los cuellos de botella son bastante dentro del esquema económico implementado desde enero.

Por todo esto, la devaluación del 10 de junio no sólo tensionó las relaciones del gobierno con los sectores populares sino también la que mantenía con los mismos productores que la provocaron. Fueron sintomáticos el caso de los taxistas y el de los cafetaleros. En ambos, el gobierno actuó con una mano dura y cerrada y con otra tendida y negociadora.

Los taxistas de Managua y de las principales ciudades del país pararon sus actividades después de la devaluación. Era una "huelga" motivada por los altísimos precios que la gasolina alcanzó de un día para otro y por la contracción de la demanda de taxis entre una población, también golpeada duramente por las inesperadas alzas que hubo en todo. Los taxistas reclamaban al gobierno una salida que diera un mínimo de rentabilidad a su actividad. Era difícil hallar esta salida. El primer día de paro en Managua terminó mal: la policía rodeó a unos 200 taxistas que permanecían reunidos en el edificio de una cooperativa de taxis, rechazando por insuficientes los resultados de los primeros diálogos tenidos ese día con el gobierno.

El gobierno se había comprometido a dar a los taxistas créditos durante 15 días para la compra de la gasolina y durante un mes para la compra de llantas y repuestos. La policía actuó con dureza contra los que querían más: intimidó a los taxistas para que se disolvieran, amenazándolos con quitarles el permiso durante 6 meses. Policías anti-motines -casco, escudo y cachiporra-, terminaron empleando bombas lacrimógenas para desalojar el local. Aunque frente a las habituales escenas de los anti-motines que actúan en las ciudades de Estados Unidos o de otras democracias europeas, lo ocurrido esa noche parecía un juego de niños, era la primera vez que la policía sandinista actuaba así frente a los sectores populares .

Días después el gobierno tuvo que conceder más: 8 galones de gasolina durante 2 días al precio anterior a la devaluación para todos los taxistas (en Managua son 1.200) y la supresión de las tarifas, que hasta ese día fijaba el ministerio de transporte y que desde ahora quedan libres, a ser acordadas entre el taxista y el pasajero. Mano dura para controlar el desborde de la reivindicación y mano tendida para hallar salidas mínimas que también contribuyan a controlar la situación.

El paro de los taxistas ha sido el mayor alcance después de la huelga de los maestros en mayo. En otros sectores populares -obreros y asalariados estatales o no- este tipo de presiones reivindicativas está latente y la cada vez más difícil situación económica puede hacerlas estallar.

Pero no sólo hubo tensiones con los sectores mayoritarios. También se dieron con los productores cafetaleros. Al decidirse la devaluación del 10 de junio, el gobierno decidió también poner un freno a los créditos y mantener en depósitos bancario - sólo utilizable en inversiones productivas - las dos reliquidaciones prometidas que aún faltaban por entregar. Esto motivó una reunión de los cafetaleros de todo el país en Matagalpa, el 18 de junio. A la reunión asistieron grandes, medianos y pequeños productores. EL clima fue tenso. La mayoría de los cafetaleros demandaban una seria revisión de impuestos que les habían sido aplicados recientemente, mayores garantías bancarias, concesión de intereses similares a los que el banco da a otros ahorrantes, reliquidaciones pagadas en efectivo y no en cheques, etc.

A algunas de estas demandas, negociables dentro del esquema de concertación que busca el gobierno para reactivar la producción, se unieron otras que plantearon grandes cafetaleros que a la vez son altos dirigentes del COSEP: boicotear la próxima cosecha abandonando la Comisión Nacional del Café y llamar a algodoneros, ganaderos y otros productores afiliados a los gremios del COSEP a abandonar también las respectivas comisiones. Dentro de este maximalismo, convocaron también a los cafetaleros a apoyar un plan para un "gobierno de salvación nacional", uniéndose bajo una sola bandera opositora en las próximas elecciones. Estos planteamientos políticos, expresados con una beligerancia inesperada, no tuvieron el apoyo que habían tenido los reclamos económicos.

El gobierno actuó de inmediato y decidió expropiar las fincas de café de los tres directivos del COSEP que habían alentado estas posiciones provocadoras: Jaime Cuadra, Nicolás Bolaños y Arnoldo Alemán, declarando sus tierras "de utilidad pública e interés social." De palabra, el Ministro Jaime Wheelock dijo que eran expropiados "por fomentar la anarquía en la producción y el caos social". Después de la medida, los tres propietarios, acogiéndose a la ley, apelaron al Tribunal Agrario, que estudia su demanda.

Este golpe de mano dura -dirigido exclusivamente contra un sector de los grandes cafetaleros del COSEP sorprendió a los productores privados en su conjunto. Se habló de "fin de la concertación" y del clima de "gran incertidumbre". Paralelamente, el gobierno iniciaba diálogos con los productores cafetaleros -incluidos los del COSEP - para anularles los recientes impuestos y reconsiderar las tasas de interés que les daría el banco, iniciando también con ellos la concertación para una serie de planes que mejoren la producción en la próxima cosecha y garantizarles una liquidación beneficiosa por la producción que obtengan.

Si bien es cierto que el gobierno necesita de la producción privada para el desarrollo del país, es igualmente cierto que a la mayoría de los productores no les beneficia económicamente una posición política dura ni de aislamiento económico como la propuesta por la minoría ultraderechistas del COSEP. La concertación, que beneficia tanto a la política económica oficial como a la producción privada, beneficia en último término al conjunto de la nación, porque es la única salida posible de la crisis, la que garantiza el tránsito a una estabilización económica.

Estos acontecimientos (devaluación -crisis en los sectores populares - crisis en los sectores productivos) son centrales en la coyuntura por la que atraviesa Nicaragua. Este mes se reveló con gran claridad que ante las crisis que el modelo económico pueda ir generando, tanto entre las mayorías populares como entre los sectores de la producción privada, el gobierno sandinista ha decidido combinar flexibilidad y dureza, aunque en dosis variables y según los casos.

En el caso de los grandes productores privados - minoría privilegiadas-, los dirigentes sandinistas anunciaron que se seguirá concertando con ellos con la mayor flexibilidad, pero se actuará con dureza con los que no quieran producir e intenten con esa postura la desestabilización política, aprovechándose para ello de los espacios del actual esquema económico. Este mes pudo verse que estos productores no son ni siquiera todos los afiliados al COSEP sino una minoría bien definida de su cúpula directiva, ya conocida por su coherente trayectoria política pro-norteamericana en estos años de guerra. A todos los productores privados les recordó el Presidente Ortega- analizando la crisis del 10 de junio - que eran los trabajadores y asalariados los que estaban aportando los mayores sacrificios para sacar adelante el actual plan económico exhortándolos a que ellos también colaboraran.

En el caso de los sectores populares - sólo hemos detallado el caso de los taxistas -, el gobierno sigue llamando al sacrificio y a la conciencia para enfrentar la crisis. Sacrificio que significa desempleo, pérdida constante en el valor real de los salarios, recesión en la pequeña industria, pérdida constante en el valor real de los salarios, recesión en la pequeña industria, pérdida creciente de oportunidades en los sectores informales más pobres, recorte en los programas sociales, y en resumen, una seria incertidumbre ante le futuro. Para suavizar esa dureza, el gobierno hace pequeñas concesiones, como las señaladas en el caso de los taxistas, o como las que este mes se hicieron a pequeños industriales y artesanos (exoneración de impuestos por 2 años y sensibles reducción de impuestos para que importen maquinaria, herramientas y repuestos y reactiven su producción).

Son concesiones que no resuelven el problema de fondo de las mayorías, que con crecientes dificultades viven para sobrevivir, pero que expresan que aunque no es posible resolver a corto plazo, sí hay voluntad de paliar a corto plazo los más duros efectos de la crisis.

Un muy difícil equilibrio económico pone al gobierno en una tensa cuerda floja política

La crisis económica que Nicaragua enfrenta, compleja y profunda, y el plan decidido por los sandinista para enfrentarla y superarla, es central en la coyuntura de estos meses y está generando ya fuertes tensiones sociales, tanto en la burguesía y sectores medios como en el pueblo. El gobierno necesita de mucha habilidad para sortear con éxito estas tensiones. Sectores poderosos y minoritarios del COSEP tienen como objetivo político presionar para hacer fracasar un plan económico, difícil incluso sin estas presiones. Los sectores mayoritarios del pueblo han aportado ya grandes cuotas de sacrificio para que el plan logre ciertos éxitos, pero empiezan a darse justificados brotes de descontento cada vez más extendidos, más continuos y más organizados. ¿Podrá el gobierno salir adelante con la concertación, neutralizando a los desestabilizadores y mostrando con medidas económicas concretas el objetivo en definitiva revolucionario que a más largo plazo tiene el plan? ¿Serán necesarias nuevas medidas coercitivas -en la línea de las expropiaciones de este mes u otras equivalentes - para frenar drásticamente a la dirigencia del COSEP? ¿Serán necesarias crecientes concesiones a los sectores populares que afecten la disciplina del plan? Este difícil equilibrio económico lo tiene que jugar hoy la revolución sobre una tensa cuerda floja política.

El proceso electoral: entre el boicot de Estados Unidos y la presión popular

En medio de esta difícil situación económica, continuó avanzando el proceso electoral, que centra hoy toda la actividad política del país. Según el calendario electoral, el paso que había que dar en el mes de junio, pasos de mucha importancia, era la integración del Consejo Supremo Electoral (CSE), cuarto poder del Estado y máxima autoridad en materia electoral. Quiénes serían los cinco miembros que integrarían el CSE fue tema de todo tipo de especulaciones dada la importancia clave que tiene el CSE para la legitimación de todo el proceso. En los acuerdos de Esquipulas IV el gobierno de Nicaragua se había comprometido a que el CSE tuviera una composición "equilibrada" entre el partido en el poder y la oposición.

EL 7 de junio, la Asamblea Legislativa eligió, según la ley electoral, a los cinco magistrados del CSE, en base a las diferentes ternas que le fueron enviadas por el Ejecutivo y que fueron confeccionadas por el Presidente a partir de las listas que a su vez le habían enviado los partidos que quisieron hace sus sugerencias.

El CSE, con sus 5 miembros y su respectivos suplentes, quedó así: por parte del FSLN, Mariano Fiallos y Leonel Argüello, que fueron presidente y vicepresidente del CSE en las elecciones de 1984 cuyo proceso y cuyos resultados fueron avalados y legitimados por más de 400 observadores internacionales de 21 países. Fiallos y Argüello acumularon en el desempeño de estas responsabilidades una experiencia que no deja de ser significativa en un país que hasta aquellas elecciones no tenía ninguna tradición de comicios democráticos. Por parte de la oposición, dos miembros: Amán Sandino, del Partido Liberal Independiente (PLI), tercera fuerza (9% de los votos). Actualmente, el PCD tiende a integrarse en un bloque de partidos de centro, que en lo básico aceptan la revolución y se plantean reformarlas desde posiciones típicas de los sectores medios. El PLI permanece en la coalición de partidos que lidera el COSEP a través de la ultraderechista CDN, que se plantean el derrocamiento de la revolución y el retorno al esquema somocista de poder.

Sobre el quinto miembro del CSE, el llamado "notable", que debía contar con suficiente consenso de todas las partes, se tejieron la mayoría de las especulaciones. Resultó elegido Rodolfo Sandino Argüello, abogado, actual decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Centroamericana (católica) y sin militancia política. Durante el somocismo, Sandino sí la tuvo: fue miembro de la fracción del Partido Conservar que, junto con el Partido Liberal daba a la dictadura militar somocista la apariencia de legalidad y democracia. Por esta militancia con los únicos conservadores que reconocía el dictador y, más aún, por ser miembro de la Corte Suprema de Justicia durante años - cargo en el que le encontró el triunfo revolucionario el 19 de julio de 1979 Sandino Argüello puede ser identificado con propiedad como un somocista, aunque unánimente se le reconocía y se le reconoce una probada honestidad personal.

Como "notable" suplente fue elegido Ernesto Salazar, directivo de FAGANIC, gremio ganadero afiliado al COSEP, ex-vicepresidente del mismo, y hermano del empresario Jorge Salazar, muerto en 1980 en choque con miembros de la seguridad del Estado al estar implicado en una conspiración armada, siendo desde entonces venerado como un "mártir" de la empresa privada antisandinista. Para el cargo de presidente del CSE fue elegido Mariano Fiallos, por abrumadora mayoría de votos: 73 a favor y 3 en contra. (Sólo 61 de los 96 legisladores de la Asamblea pertenecen a la bancada del FSLN) .

La reacción inmediata de los partidos opositores fue en general positiva. Varios partidos agrupados en la coalición ultraderechista liderada por la CDN apoyaron pública y expresamente la composición del CSE. Los partidos del bloque de centro también lo hicieron. A esta primera reacción, de consenso y positiva, siguió, a los pocos días, una segunda, de rechazo al CSE. El bloque de ultraderecha liderado por la CDN hizo público un comunicado en el que afirmaba que en el CSE la proporción era de 4 a 1 a favor del FSLN -reconociendo únicamente imparcialidad al miembro de esta coalición ultraderechista, Guillermo Selva- y planteaba la necesidad de reestructurarlo "en forma verdaderamente equilibrada". Con este juicio tan parcializado y sectario, la ultraderecha demuestra su falta de democracia y de pluralismo.

Todo indica que este giro de 180 grados en el juicio de la CDN se dio porque unas horas antes el Departamento de Estados norteamericano había dicho exactamente lo mismo: que la proporción era de 4 a 1. Además, y según el gobierno Bush, los miembros del CSE "fueron impuestos de manera unilateral por los sandinistas", desconociendo al afirmar esto el hecho de que en las discusiones y votaciones de la Asamblea participaron activamente todos los diputados de la oposición.

La docilidad con que la CDN cambió su criterio para hacer suyo el del gobierno Bush contrastó con la posición de los partidos centristas, que mantuvieron su aceptación del CSE. Ya desde el inicio del proceso electoral se aprecia, pues, una clara distinción entre la posición boicoteadora de la ultraderecha, que acumula obstáculos de fondo en el camino y que es sumisa a la posición del centro, que participa desde una posición crítica y autónoma frente al FSLN, pero manteniendo también una autonomía nacionalista frente a los Estados Unidos.

En el siguiente paso del proceso electoral, los partidos políticos debían enviar al CSE sus listas de candidatos para integrar pluralistamente los Consejos Electorales Regionales, representantes máximos del CSE en cada una de las regiones del país. Los partidos de centro lo hicieron, los partidos del CDN se negaron en su mayoría a hacerlo y los partidos parlamentarios unidos a ellos, más coyuntural que ideológicamente, pidieron una prórroga para pensar si lo harían o no, con lo que se demostró claramente la frágil unidad de la UNO. El envío de estas listas expresa un paso más hacia la participación y una negativa al boicot. Cada nuevo paso es una nueva contradicción y los que dan el nuevo paso se alejan de la CDN y el COSEP, al menos en esta etapa inicial del proceso electoral.

Las coincidencias del bloque ultraderechista con la política norteamericana han sido constantes a lo largo del proceso revolucionario y tienen una gran coherencia. El COSEP, sector de la gran empresa privada, es el corazón, el núcleo vital de los partidos de la CDN. Más que cualquier otro sector social de Nicaragua, es el COSEP el que ha tenido siempre vínculos más estrechos y directos con la embajada americana. El COSEP es hoy la articulación de la clase burguesa que dominó Nicaragua hasta 1979 con el gobierno norteamericano y con los partidos políticos de la CDN, a los que domina totalmente .

Pero en esta etapa de la confrontación de Nicaragua con Estados Unidos, que se mueve en la línea político-electoral, al triunvirato COSEP-USA-CDN hay que unir a la contrarrevolución armada, a la que le toca jugar durante estos meses de campaña el papel de una especie de "partido armado" con actividad política y de propaganda en las zonas campesinas a las que jamás podrían llegar las débiles estructuras y los escasos militantes de los partidos de la CDN. Todo indica que, manteniendo uno 3 mil hombres armados dentro del territorio nicaragüense, los contras tienen la orden de entrar a Nicaragua en grupos de 700 hombres más o menos, si pasan un tiempo dentro y vuelven a salir hacia Honduras, relevándose en el desarrollo de lo que son las acciones básicas que se les han asignado para esta etapa: realizan un campaña adversa al proceso electoral propagandizando la idea de que "las elecciones no son solución", con lo que coinciden con la dinámica de la CDN; se encuentran campesinos - el promedio es de un secuestrado diario; y realizan sabotajes económicos y hostigamientos a las tropas sandinistas que les proyecten como fuerza viva y activa.

Estas actividades de "baja intensidad" -que han disminuido perfil a la guerra de agresión, pero no le han puesto fin- se pueden realizar con la ayuda "humanitaria" que el Congreso dio a la contra en marzo - uniformes, botas, buen alimento - y están totalmente orientadas hacia el futuro, hacia el "después" de las elecciones. Los secuestrados son reclutamientos para después, cuando la contra reactive. Los sabotajes económicos profundizan una crisis económica que garantiza que después de las elecciones los sandinistas no puedan lograr una mínima estabilidad, lo que podría favorecer la continuación de la guerra. Y la propaganda anti-elecciones apunta a legitimar la vía armada como única solución a la crisis nacional.

Naturalmente, la "baja intensidad" no lo es tanta. Este mes, en su programa de sabotaje a la economía, la contrarrevolución intentó destruir nada menos que la plan hidroeléctrica "Centroamérica", generadora del 25% de la energía que consume el país. La noche del 8 de junio, unos 100 contras, usando armamento nuevo, atacaron la planta, aunque no consiguieron causar más que daños de menor importancia y fácilmente reparables. Unos días después, la inteligencia del ejército de Nicaragua informó con detalle del plan que traían los contrarrevolucionarios, que salieron del Comando Estratégico ubicado en Arenales, suroeste de Honduras, y llevaban fotos aéreas que fueron elaboradas por los aviones de exploración norteamericano, que continúan volando sobre Nicaragua, para ser entregados a los atacantes . El ejército de Nicaragua incautó algunas de estas fotos al perseguirlo y enfrentarlos.

Tampoco es tan "baja", la intensidad de la guerra en cuanto al número de víctimas que provoca. Sumando civiles y militares -sandinistas y contrarrevolucionarios-, en los primeros 6 meses de este año han muerto 622 nicaragüenses, han sido heridos 278, han desaparecidos 32 y han sido secuestrados 181. Un total de 1.113 víctimas directas.

Este mes se conoció el proyecto que impulsará Estados Unidos a través de la alianza COSEP-CDN-CR, instrumentos de su política en lo económico, lo político y lo militar. Se trata del "Plan Azul y Blanco de Salvación Nacional". El diario "La Prensa" venía hablando de él desde hacía un tiempo, el principal cerebro del COSEP, Enrique Bolaños, había anunciado que era "muy bueno y capaz de entusiasmar a los nicaragüenses de dentro y a los de fuera (los exiliados) y a la comunidad internacional". Los cafetaleros cosepistas habían hecho alusión a él en la reunión de Matagalpa. Pero antes de que la UNO lo presentara en sociedad, la seguridad del Estado lo obtuvo y lo presento en rueda de prensa como un documento "confeccionado por la CIA", elaborado por el gobierno de Estados Unidos para que fuera levantado como bandera del COSEP y la Coordinadora.

La intervención del Viceministro del Interior de Nicaragua, Lenín Cerna, fue débil y poco convincente: no presentó pruebas sobre la procedencia norteamericana del documento y, sobre todo, no fue al centro de la cuestión. Porque lo de menos importancia no es dónde o quién elaboró el documento sino lo que este Plan propone. Más convincente que denunciar conspiraciones es debatir posiciones.

¿Qué dice el Plan Azul y Blanco? Tiene 71 páginas y 6 capítulos: 1) El reencuentro nacional, 2) Lo político, 3) Lo social, 4) Lo económico, 5) La reforma agraria y 6) La afectación de bienes. ¿Cuáles son los puntos claves del Plan, que demuestran que su pretensión no es otra que el retorno al somocismo?

En primer lugar, el Plan propone que el ejército, las fuerzas armadas construidas en estos 10 años de revolución, se sometan a un "desmantelamiento gradual y en etapas hasta que queden totalmente extintas y sustituidas por fuerzas de policía." Es obvio que la mayor garantía de que un poder popular podrá emprender cambios sociales revolucionarios en beneficio de las mayorías es que cuente con un ejército popular. La eliminación de las actuales fuerzas armadas es el paso decisivo para desmantelar la revolución y retornar al pasado.

Al pasado, porque también propone el plan una re-privatización generalizada de la economía y de los servicios sociales (educación, salud, transporte, etc.) que desmantelaría todas las conquistas sociales de estos años.

El documento está atravesando del liberalismo clásico de principios de siglo que en las relaciones Estados empresa privada privilegia a esta última hasta niveles casi totales: toda la actividad económica debe estar en manos privadas y moverse dentro del marco de una economía de mercado y el Estado deberá participar únicamente en las actividades que por su naturaleza o envergadura no puedan ser desarrolladas por particulares.

Un punto clave dentro de este programa económico es el fin de la reforma agraria impulsada pro la revolución y su retroceso casi total hasta los esquemas de tenencia de la tierra que existían antes de 1979. Si bien es cierto que en las proporciones sobre la reforma agraria se habla de proteger y garantizar los derechos adquiridos por los actuales ocupantes de tierras afectadas por la revolución, se señala igualmente que esto se hará siempre y cuando sean sujetos de una "reforma agraria revisada".

El énfasis está puesto en la "revisión", aclarando que el propósito de ésta es "hacer justicia a los legítimos dueños originales". De hecho se contempla, pues, la devolución de grandes extensiones agrícolas que hoy manejan empresas estatales, cooperativas campesinas o campesinos individuales a esos dueños "legítimos". El programa da a entender que sólo una muy reducida élite del somocismo -un pequeño grupo de chivos expiatorios- quedaría fuera de una recuperación de sus antiguas tierras o de una indemnización por las mismas.

Es también llamativo que el Plan Azul y Blanco no reconoce la actual Constitución de la República y en ningún momento hace la más mínima alusión a que el gobierno de Nicaragua exigirá al de Estados Unidos indemnización por los daños causados por la guerra contrarrevolucionaria, según lo ordenó n 1986 la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Esto supone el fin de la institucionalidad y legalidad vigentes y una relación "amistosa" con Estados Unidos, basada en la aprobación de su política de injerencia y agresión.

Articulando las propuestas aparecidas en ese programa de gobierno que es el Plan Azul y Blanco sobre las fuerzas armadas y sobre el retroceso de la reforma agraria no es difícil imaginar lo que sucedería realmente con las "nuevas" fuerzas armadas. Aunque los ultraderechistas proponen la devolución de las tierras "por medios pacíficos", es obvio que esto es una utopía, que ese proceso se encontraría con una fuerte resistencia y que necesariamente será violento.

Esto obligaría a los blanquiazules a imponerlo por medios militares. Como para ese momento el actual ejército estará desmantelado y las fuerzas policiales no tendrían un nivel de fuerza suficiente para revertir el esquema revolucionario sería necesario crear un nuevo ejército, y como no se podría organizar éste con llamados voluntarios o con un servicio militar -tan repudiado por la ultraderecha -, no habría otro camino que recurrir al ejército contrarrevolucionario, ya profesionalizado. Por eso, aunque el Plan Azul y Blanco no lo diga aún, el nuevo ejército del poder de la derecha no podrá ser otro que el ejército contrarrevolucionario, que siempre ha tenido su columna vertebral en la guardia somocista, aunque en el momento en el que lo hicieran regresar a Nicaragua tuvieran que limpiarlo de los guardias más connotados que hoy lo integran.

TEXTO DE ALGUNAS DE LAS PROPOSICIONES DEL PLAN AZUL Y BLANCO

LO POLÍTICO -Proposición 19
Los Derechos o Leyes emitidos en flagrante violación a los derechos humanos (para cuya observancia el Gobierno Sandinista comprometió el honor nacional) deberán ser perentoriamente derogados y los afectados con semejante injusticia deberán ser automáticamente resarcidos con la inmediata devolución de sus bienes, o en su defecto, ser compensados en su justo valor.


LO POLITICO -Proposición 70

Las fuerzas Armadas deben reducirse de inmediato a niveles acordes a la capacidad económica de la nación. Se deberá también comenzar su desmantelamiento gradual y en etapas hasta que queden totalmente extintas y sustituidas por fuerzas de policía que garanticen que "lo militar" jamás volverá a constituir el fiel de la balanza política en Nicaragua. Durante el período de su existencia transitoria, las fuerzas armadas deberán tener un carácter estrictamente nacional, ser apolíticas y quedar bajo autoridad civil.


LO POLITICO -Proposición 71

El Servicio Militar Obligatorio deberá ser eliminado de inmediato. Toda participación en las Fuerzas Armadas, durante su duración transitoria, así como las Fuerzas de Policía y/o de Defensa Civil, deberá ser totalmente voluntaria.


LO POLITICO -Proposición 72

Debe crearse una policía Nacional, apolítica, altamente técnica en cada una de sus ramas, las que deberán sólo bajo autoridad civil.


LO ECONOMICO -Proposición 1

El sistema de economía para alcanzar objetivos, estará fundamentado en los siguientes principios: 1 Libertad individual. 2. Eficiencia económica. 3. Compensación social. 4. Iniciativa y Propiedad privada; y libre empresa 5. Libre contratación. 6. Subsidiaridad del estado (lo que pueda hacer el individuo y las comunidades,, no lo haga el estado).


LA REFORMA AGRARIA-Proposición 1

La estatización de la tenencia de la tierra durante estos últimos diez año, hecha a nombre de una Reforma Agraria que ha convertido al campesinado en un simple aparcero del gobierno, es una realidad en Nicaragua. Los resultados han probado ser negativos con dramáticas consecuencias en todos los aspectos y sectores de la vida nacional y, por lo tanto, urge hacerle una revisión integral que contemple (...)

- Proteger y garantizar los derechos adquiridos de aquellos ocupantes actuales de las tierras afectadas y que reúnan las características de sujeto de reforma agraria, contempladas en las leyes (...)

- Hacer justicia a los legítimos dueños originales, de acuerdo a las leyes vigentes al momento de haber sido "afectados" (confiscados, expropiados, intervenidos, ocupados, invadidos, requisados, etc.) y que no han sido debida y legalmente compensados.

- Reconocer y confirmar a los sujetos de Reforma Agraria Revisada, el derecho real de propiedad de las tierras objeto de la misma

LA REFORMA AGRARIA -Proposición 3
"Justicia tardía no es justicia" Para poder proteger y garantizar con efectividad tanto los derechos de los actuales ocupantes de tierra, sujetos de la Reforma Agraria Revisada, así como los de los legítimos dueños originales, todo el proceso de revisión deberá hacerse con claridad y estar concluido en el término máximo de tres años. Esto contribuirá a lograr, con rapidez, la paz nacional y la recuperación económica.


LA REFORMA AGRARIA -Proposición 19

Si después de seguir todo el proceso contemplado en nuestras leyes, el Poder Judicial dicta firme sentencia a favor del dueño original, éste deberá presentarse con la Sentencia ante el Ente Autónomo de Reforma Agraria para que se proceda a la pacífica devolución de su propiedad, o en su defecto, para recibir la compensación correspondiente...


LA REFORMA AGRARIA -Proposición 20

Todas las tierras y bienes conexos afectados por razones de Reforma Agraria y que no han sido usados para adjudicarlos a los campesinos, sino que los administra el gobierno Sandinista por medio de Empresas Estatales, así como las tierras que han sido asignadas a extranjeros o empresas extranjeras, deberán ser restituidos a su legítimos dueño, confirmados como tales por firme sentencia del Poder Judicial.


El Plan Azul y Blanco representa los intereses de Estados Unidos

Ante todas estas propuestas y perspectivas, lo de menos es quién haya redactado el Plan o de qué oficina, nicaragüense o norteamericana, haya salido. Lo importante es que representa los intereses de los Estados Unidos y de sus aliados internos del COSEP -CDN-CR.

Pero en la cuerda floja de este ya agredido proceso electoral, al FSLN no sólo le tocará sortear las presiones y obstáculos de la corriente pro-norteamericana. También hay problemas para las elecciones de parte de los sectores populares. Aunque el pueblo mayoritario no tiene intención ni decisión de boicotear las elecciones, sí vive presionado por la dureza de una crisis económica que le puede llevar a protagonizar estallidos sociales - olas de huelgas, asaltos a centros de producción o supermercados -, desbordes populares incontrolados que fuercen al gobierno a decretar medidas de emergencia para recuperar el control y que podrían alterar de una forma u otra el curso normal de las elecciones, el clima necesario para su desarrollo.

Cerrar espacios de expresión, de manifestaciones o de participación podría abrir una nueva etapa en al que las elecciones tendrían que se diferentes o no ser. La revolución tiene voluntad y necesita de un proceso electoral abierto y diáfano no sólo para su legitimación sino para eventualmente alcanzar con él la paz normalizando relaciones con los Estados Unidos intentando poner así punto final a la opción militar. Si en la concertación económica el camino está plagado de contradicciones, estas contradicciones tienen una repercusión inmediata en el camino político, haciéndolo estrecho y sinuoso.

¿Podrá desarrollarse normalmente el proceso electoral?

La problemática económica es compleja, la política lo es también. El proceso electoral, tal como está concebido de aquí al 25 de febrero de 1990, difícilmente será un camino lineal. Estados Unidos y su aliados internos están decididos a torcerlo y a quebrarlo, a obstaculizar permanentemente su curso normal. El pueblo, que tiene su prioridad en la economía diaria, puede alterar también ese curso, urgido por la dinámica de su propia sobrevivencia. ¿Podrá desarrollarse normalmente el proceso electoral, al que tantos meses le faltan todavía, siendo ya tan fuerte la polarización?

¿Se repetirá la historia de 1984, cuando la ultraderecha se abstuvo ¿Irán a las elecciones esta vez e irá el bloque de centro, dilucidándose así en forma cuantitativa cúal es la voluntad popular enfrentada a estas tres grandes opciones? ¿Será la crisis económica y su evolución las que obligarán a cambiar la ruta electoral y exigirá del gobierno una radicalización política que altere el clima electoral? ¿Podrá articularse una concertación política que salve la normalidad de las elecciones? ¿Con quiénes? Falta aún mucho tiempo para llegar a la fecha electoral y estas preguntas son aún interrogantes demasiado abiertos. Si las elecciones fueran ya, sería más fácil responder, al menos, a la pregunta principal: quién les ganará.


Si las elecciones fueran hoy, ¿quién las ganaría?

Viendo la difícil situación económica y política que enfrenta el gobierno sandinista y previendo un auge del descontento del pueblo, cansado de la crisis económica, surge inmediatamente una pregunta: ¿por qué la oposición, en vez de lanzarse a la táctica del boicot no se organiza para participar activamente y disputa y gana limpiamente el poder al FSLN?

Es casi una ley social que el que realiza un proceso de boicot electoral, bajo cualquier forma que lo implemente, provoca rechazo, suspicacia o menos simpatía en el que observa el proceso que el que participa y acepta las reglas del juego, por más desfavorable que le sean. Participar tiene siempre mayor aceptación. Unas elecciones en las que se participa y en las que se gana ponen contra la pared a cualquier poder que se fundamenta o en un esquema totalitario o en fraudes electorales. Si el FSLN tiene intención de fraude, ningún camino más adecuado para poner esto en evidencia que participar limpiamente y ganarle. ¿Qué sentido tiene pues, tratar de deslegitimar las elecciones desde ahora?.

La respuesta a estas preguntas está en que el juicio mayoritario que se tiene ya -tanto entre el Partido Republicano de los Estados Unidos como entre los ultraderechistas nicaragüenses - es que el FSLN ganará las elecciones. Es sobre la base de este juicio que se ha decidido el boicot en su forma actual, que es hasta ahora deslegitimar, obstaculizar el camino, resistirse a dar cualquier paso rechazar la imparcialidad de los mecanismos.

Tal vez algunos partidos en Nicaragua y algunos políticos republicanos, fuera de la realidad a causa de su ideologización, puedan pensar en una limpia victoria opositora, pero la mayoría no piensa así.

La apreciación sobre la victoria sandinista se basa en el conocimiento de la realidad de Nicaragua y viene avalada por las encuestas hechas hasta el momento. Aunque no son muchas en Nicaragua no ha habido ninguna tradición en este práctica -, todas tienden a resultados similares. La más reciente la realizó el Itztani institución independiente de investigación social, a través de su organismo INOP (Instituto Nicaragüense de Opinión Pública). La encuesta se llevó a cabo el 13 y 14 de mayor en 15 cabeceras municipales de los departamentos de Managua, Granada y Masaya, sobre una muestra de 1.500 personas y fue publicada en el último número de junio del semanario "La Crónica", de la tendencia social cristiana que hoy está en alianza con el grupo ultraderechista de la CDN. Destacamos algunos de los resultados de la encuesta:

A la pregunta "¿Por cuál partido político votaría para la Presidencia de la República?" el 31% respondió que por el FSLN. Le sigue, en segundo lugar, el Partido Conservador -citado en general, aunque hoy existe 4 fracciones con 4 nombres diferentes con un 4%, y el Partido Social Cristiano con otro 4%. Un 20% afirma que no votará por ningún partido. Este anuncio de posible abstención -se espera una abstención mayor a la de 1984- se mantiene constante en las respuestas a otras preguntas y expresa el desgaste sufrido por el FSLN en estos años, desgaste que existe pero que no parece traducirse en una opción por otros partidos.

Todavía "no saben" por quién votarán un 29%, porción de población sobre la que se centrarán prioritariamente los esfuerzos de todos los partidos participantes. Basados en esta misma pregunta y reduciéndonos únicamente al universo de los que ya tienen definido su voto, el FSLN ganaría con el 63% de los votantes, mientras un 37% repartirían sus votos entre los partidos opositores que fueron mencionados en la encuesta.

Sumando los por cientos de preferencia que tiene todos los partidos que fueron mencionados por los encuestados -agrupándolos en el bloque ultraderechista y el bloque de centro - se obtiene este resultado: 31% para el FSLN y 18% para los dos bloques (aproximadamente la mitad para la ultraderecha y la mitad para el centro). Una mayor unidad, que multiplicaría su fuerza, deja a la oposición aún muy rezagada con respecto a los sandinistas.

A la pregunta sobre el candidato para Presidente, el mayor porcentaje (18%) lo obtuvo Daniel Ortega. Su más cercana contendiente, Violeta Chamorro, la candidata que más suena para competir por la Coordinadora, tiene un 4% de apoyo. La distancia entre uno y otra es también considerable

Finalmente, a la luz de la hipótesis de que toda la oposición se uniera -posibilidad que hoy todos descartan -, se hizo esta pregunta "Si la oposición se presenta a las elecciones en un solo bloque, ¿usted votaría por la oposición?", un 32% dijo que sí y un 49% dijo que no. Esta respuesta indica que entre los que declaran que no votarán por ningún candidato o no saben por quién hacerlo, una buena parte no lo harán por la oposición ni en el supuesto mejor de los casos para ésta, que es concurrir unidos todos los partidos en un solo bloque y con una sola candidatura y programa.

A la pregunta "¿Votaría usted en las próximas elecciones por candidatos de la Resistencia armada?", un 14% respondió que sí y un 71% que no. Es un indicativo de que del 32% de los que dijeron que apoyarían la candidatura de la oposición unida en un solo bloque tal vez habría que restar a los que dejarían de hacerlo si en esa candidatura parecen líderes contras de los que están retornando a Nicaragua o aún piensan hacerlo (Alfredo César, ¿Alfonso Robelo?...)

A la pregunta sobre si las elecciones serían honestas, un 52% dijo que sí lo serán y un 19% que no. La mayoría del pueblo nicaragüense no coincide, pues, con la apreciación que difunde insistentemente la propaganda norteamericana sobre el fraude que estarían preparando los sandinistas. Esta apreciación del pueblo nicaragüense contrasta con la que tenía el pueblo salvadoreño. Una encuesta realizada por la Universidad Centroamericana de El Salvador (católica), inmediatamente antes de las elecciones de marzo pasado, reveló que el 47% de los encuestados opinaba que habría fraude y el 16% que no. La encuesta, en la que aparecía como ganador Cristiani - como de hecho sucedió -, es una prueba más de la contradicción que existe entre las percepciones reales de los pueblos centroamericanos y las que difunden los órganos de propaganda norteamericanos.

Tendencia: triunfo del FSLN por amplio margen

El conjunto de los datos de la encuesta de Itztani muestra que la tendencia es a un triunfo del FSLN por amplio margen. Una buena campaña sandinista podría llevarlo a alcanzar la mayoría absoluta de los votos sobre el total de los votantes.

Si se piensa en que no son descartables las huelgas o desbordes populares de protesta motivados por la dura crisis económica que vive en Nicaragua, ¿cómo se compaginaría esto con estos resultados, favorables al partido en el gobierno, que es el que ha diseñado e implementa las actuales medidas económicas?

Una respuesta de fondo es que la crisis económica no se traduce mecánicamente en crisis política. Es claro que un estallido social -aunque sus formas fueran anárquicas o espontáneas - lo que buscaría es una solución directa a la crisis económica. Pero no buscaría actualmente un cambio del partido en el poder para dar paso a otro que supuestamente solucionaría la crisis.

Con esta apreciación no se niega que exista un real desgaste en la base social sandinista. Lo hay y la misma encuesta lo refleja en los índices de posible abstención o de indefinición política. pero para medir la realidad de este desgaste, hay que confrontarlo con otras realidades. En primer lugar, no se puede negar que el sandinismo conserva una amplia base social, que se ensancha aún más cuando levanta banderas nacionalistas - ideología más fuerte de la revolución-.

En segundo lugar, sin negar la cuota de responsabilidad económica por algunas políticas erradas y no rectificadas a tiempo-, gran parte del pueblo no ignora y señala a la agresión norteamericana como el principal responsable de la crisis. En tercer lugar, es también gran parte del pueblo la que no percibe que la contrarrevolución o los partidos opositores tengan la intención o la suficiente capacidad como para hacer que los sectores populares superen la crisis. Por el contrario, son muchos los que señalan que con el FSLN en la oposición -armada o cívica - no habría gobierno que pudiera controlar realmente la crisis económica, que tiene bases estructurales muy sólidas. En cuarto lugar, los dirigentes populares con mayor arraigo y autoridad moral están hoy al frente o vinculados a organizaciones sandinistas y sirven como permanentes amortiguadores del conflicto.

En último lugar, las respuestas populares a la crisis han tenido hasta el momento -y en gran medida por estas razones - características de solución individual: emigrar al extranjero en busca de mejor trabajo, sustracciones de bienes o recursos de las empresas productivas o comerciales, incremento de robos en los barrios o en las calles, creciente dependencias de las remesas en dólares que los familiares en el extranjero envían periódicamente y que no son contabilizadas por el gobierno, etc.

Es en el marco de estas realidades donde hay que considerar que el pueblo nicaragüense no le sorprendería el que el gobierno, al no lograr sacar adelante el actual plan económico y al producirse desbordes populares masivo, cambiara de posición. En ese caso, el mismo FSLN, agotadas las vías de persuasión y concertación con todos los sectores, encabezaría esa especie de "insurrección económica" que protagonizaría el pueblo. Ningún otro partido en Nicaragua tiene la capacidad de hacer eso ni la credibilidad para hacerlo.

Esto no significa que la insurrección económica fuera la mejor solución para los actuales problemas de la economía nacional ni tampoco quiere decir que los economistas sandinistas tendrían una cómoda tarea entre las manos, pero sí explica por qué puede darse un eventual desborde popular económico sin que esto deba previsiblemente traducirse ni mucho menos en una insurrección política anti-sandinista.

Los resultados de la encuesta explican, por un lado, por qué Estados Unidos y la alianza COSEP-CDN-CR se han lanzado tan prematuramente a deslegitimar: porque saben que no pueden ganar. Por otro lado, explican también por qué el FSLN no teme ni a la contienda ni a la más amplia observación internacional que avale la limpieza de la misma.

Viene una legión de observadores

Este mes se confirmó que entre 140 y 200 observadores de la OEA estarán presentes en los municipios de Nicaragua para verificar la limpieza del os registros y las votaciones y que desde julio estarán en el país 18 observadores permanentes de la OEA, que trabajarán durante todo el proceso electoral, desde una oficina fija en Managua. También la ONU participará en esta función de observación. Pérez de Cuéllar anunció este mes que enviaría a Nicaragua un grupo permanente de observadores, que colaborarán con los de la OEA. EL gobierno de Nicaragua se comprometió en Esquipulas IV a confiar la observación del proceso electoral a estas dos instancias internacionales.

¿Qué sentido tendría entonces la participación de la ultra-derecha pro-norteamericana en las elecciones? Una de las posibles respuestas se puede encontrar en la publicación de la contrarrevolución armada y de los somocistas de Miami, "La Estrella de Nicaragua", en el número 29, de junio/julio del 89, que criticando la actual fragmentación de la oposición y llamándola a la unidad con un único candidato "que se la juegue poniendo todo el empeño en desmantelar al sandinismo", plantea algo más real desde su punto de vista: sostienen que derrotar al sandinismo "por vía política" no es más que una "idea concebida en los elegantes salones políticos de Washington y Caracas" y dicen que para demostrar la falsedad de esa idea, hay que ir a las elecciones.

¿Por qué? "Porque -dicen_ los resultados, por muy desastrosos que sean en lo político, despejarán el camino de la lucha armada, legítima defensa del pueblo nicaragüense, que ejercerá su derecho de rebelión, con un corrosivo cáncer sandinista y no hay más remedio que erradicarlo, cauterizarlo y vigilar que no quede una sola célula enferma. Después de las elecciones -afirman- vendrá la "solución" en la que sí confían: "se volverá a escuchar de ese ejército inactivo pero intacto", quien es el ejército contrarrevolucionario. Ese parece ser también el fondo de toda la estrategia del Presidente Bush.

Bush: no al diálogo y sí a la guerra política

Con un FSLN perfilándose como seguro ganador de unas elecciones limpias, pero colocado sobre su terreno minado por una crisis económica que está tensionando cada vez más los polos de clase de la sociedad -burguesía y pueblo -, el gobierno de Bush ha optado no solamente por apoyar a un "partido", la Coordinadora Democrática Nicaragüense, sino que ha decidido impulsar la guerra política contra el FSLN por todos los medios, limpios y sucios, abiertos y encubiertos, haciendo caso omiso de la mala imagen que eso pueda dar a la democracia norteamericana. En este sentido, no cabe duda ya de que la era Reagan, en su objetivo, su impunidad y prepotencia hacia Nicaragua, se prolonga en el gobierno de Bush.

Nuevas actitudes y decisiones del gobierno norteamericano en este mes lo demuestran:

-Reiterada negativa al diálogo bilateral con Nicaragua. El 19 de junio el Presidente Ortega visitó al Cardenal Obando para solicitarle una doble medición: con el Presidente Bush para iniciar una normalización de relaciones por medio del diálogo bilateral, y con los sectores económicos y políticos más conflictivos para que colaboren y aporten constructiva y maduramente en la difícil crisis económica que vive el país. El Cardenal contestó que lo pensaría y tomaría una decisión "ponderada".

Al día siguiente, en un acto masivo, el Presidente explicó que había recurrido a esta mediación tan especial, "porque todavía es tiempo de salvar el proyecto de economía mixta y pluralismo político", dando a entender así que la polarización social y la crisis económica podrían llevar, independientemente de la voluntad del FSLN, a cambios radicales en el modelo. Al día siguiente, antes de que el Cardenal Obando dijera si aceptaba o no ser mediador, el Departamento de Estado negó todo diálogo, condicionando esa posibilidad al "cumplimiento por Nicaragua de los acuerdos de Esquipulas." Después de esta negativa, el Cardenal - que fue muy presionado por el COSEP y la CDN para que no aceptara - dijo que no podría mediar porque una de las partes - Estados Unidos - "había condicionado oficialmente el diálogo". Renunció así, tal vez demasiado rápidamente, a desempeñar una trascendental tarea en contribución a la paz. Podía, por ejemplo, haber escrito al Presidente Bush pidiéndole que, al menos, reconsiderara su negativa, acción que cabría perfectamente dentro de lo que es un proceso de mediación, aún cuando una de las partes se niegue a iniciarlo, porque toda mediación pasa por la persuasión, la insistencia, la búsqueda tenaz de cualquier camino de acercamiento entre las partes.

- Aprobación de un fondo millonario para apoyar a los partidos políticos ultraderechistas. Como parte de la guerra política declarada, el gobierno norteamericano -republicanos y demócratas - aprobó este mes la entrega de $3.5 millones para actividades relacionadas con el proceso electoral, que serían canalizados a través el National Endowment for Democracy (NED). En este paquete de ayuda, una parte sería directamente para los partidos, y otra para creación de centros de computación para el conteo de votos, monitoreo de las elecciones, atención a delegaciones y observadores, instrumental para estas tareas, elaboración de encuestas de opinión, organización y movilización de grupos juveniles y de mujeres, ayuda en el registro de electores, etc. pareciendo muchas de estas actividades que Estados Unidos se dispone a financiar una especie de "elecciones paralelas", pues se trata de tareas que corresponde desarrollar al CSE a través de sus instancias orgánica.

- Fuertes presiones sobre el Congreso para obtener -como de hecho se obtuvo el 29 de junio- la aprobaciones encubiertas" en Nicaragua para influir en el proceso electoral. La sola discusión de esta ayuda -sucia, por "encubierta" - constituye un acto de impudor político clamoroso: los que reclaman limpieza electoral y acusan por adelantado a los sandinistas de jugar sucio, y que invertirán en ello cantidades que ni el mismo Congreso norteamericano tendrá posibilidades de controlar. Los que descalifican un proceso por no limpio, deciden participar en él con actividades sucias. La participación de la CIA fue aprobada en la Cámara pro 298 votos contra 118. Así, el NED financiará abiertamente y actuará encubiertamente, con lo que se pueden esperar muchos dólares y muchas presiones para doblegar o comprar voluntades, a la par de encuestas amañadas, noticias falsas, propaganda al estilo artificioso de la democracia gringa, basada en el espectáculo, sin poder descartar atentados u otras formas de terror desestabilizador.

- Cadena, en la Cámara, de las leyes electorales nicaragüenses por "inadecuadas para asegurar unas elecciones justas" por 288 votos contra 117, lo que seguramente incidirá negativamente e en el camino electoral porque reforzará la actitud obstaculizadora de los partidos de ultraderecha. Esta votación y la actitud de los políticos norteamericanos contrasta con la de los europeos, que durante la gira del Presidente Ortega recibieron muy positivamente, en términos generales, la ley electoral nicaragüense, a la que envío dedicó un extenso artículo en su número de mayo.

- Sigue funcionando la llamada "Comisión Bipartidista pro-Elecciones Libres en Nicaragua", creada en mayo y dominada pro los republicanos, que es cerebro de estos movimientos burdamente injerencistas. Uno de los miembros de la Comisión, Peter Rodman, ayudante de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, declaró impúdicamente en una de las secciones del grupo: "Desde Manila, Estados Unidos ha comenzado a meterse en la elecciones como un nuevo instrumento que tenemos para sacudir con ellas a regímenes atrincherados en sus posiciones. Estamos aprendiendo a aplicar con eficacia estas técnicas y métodos".

Nicaragua no está de brazos cruzados

Es claro, pues, que el gobierno Bush no quiere ninguna salida política y negociada a este "conflicto regional" en su tradicional traspatio, sino que ha organizado toda una guerra política contra las elecciones y contra la legitimación y mayor estabilidad política y económica que pudieran derivarse de su normal desarrollo. EL gobierno Bush sigue considerando ilegítima y reversible la revolución y con los hechos declara sin pudor que la piensa revertir utilizando para ello, y como un medio más, el proceso electoral.

El gobierno de Nicaragua y el FSLN no se han quedado de brazos cruzados ante esta declaración de guerra política. Después de la expulsión en mayo de dos funcionarios norteamericanos, ha ido tomando una serie de medidas preventivas y de control.

- En un comunicado oficial, la Cancillería precisó que sólo podrán ser observadores en las elecciones los que fueran invitados para ese fin por la Presidencia, la misma Cancillería o el CSE y todos tendrían que ser acreditados pro el CSE, señalando que "ninguna" misión diplomática presente en Nicaragua podría ejercer esa función, refiriéndose naturalmente a la de los Estados Unidos, añadiendo por si quedara duda: "Es casi innecesario tener que señalar que los diplomáticos estadounidenses no han sido invitados por el gobierno de Nicaragua... Invitarlos equivaldría a confiar al zorro el cuido del gallinero", y dándoles implícitamente otro aviso: "Las elecciones no deben ser vistas como grandes ferias internacionales donde todo mundo se siente con derecho a inmiscuirse, autoproclamándose observador..."

- A partir del 1 d julio se exigirá visa a todos los ciudadanos norteamericanos que viajen a Nicaragua. Desde 1983 -cuando el gobierno sandinista expulsó a 3 funcionarios norteamericanos de la embajada en Managua y, en represalia, Reagan cerró los 7 consulados nicaragüenses en Estados Unidos y expulsó a 12 diplomáticos nicaragüenses - Nicaragua había suprimido el requisito de la visa para cualquier viajero norteamericano. Ahora ya no será así, con el fin de ejercer un mínimo filtro en la entrada al país.

- El FSLN, a través del Comandante Bayardo Arce, recordó tres cosas respecto a las "ayudas económica". Primero, que de cualquier partido político, y según lo establece la ley electoral, un 50% se destinará al financiamiento del proceso electoral en su conjunto,dada la precariedad de la economía nacional para afrontar estos gastos. Segundo, que cualquier ayuda del gobierno norteamericano que se destine a quien no sea partido político, es ilegal y será impedida, de acuerdo con la ley aprobada en octubre/88 en la Asamblea Nacional como una forma de rechazar la ayuda de un gobierno que está en guerra nos declarada contra Nicaragua. Tercero, que cualquier dinero del gobierno norteamericano, sea legal o ilegal, es, en definitiva, inmoral mientras Estados Unidos no acate el fallo de la Corte Internacional de Justicia e indemnice a Nicaragua por los $13 mil millones que ha costado al país la guerra contrarrevolucionaria.

- El gobierno de Nicaragua ha solicitado al de Estados Unidos -sin obtener respuesta aún - conversaciones encaminadas a reducir el abultado personal de la embajada norteamericana en Managua, ya que el personal diplomático de Nicaragua en Washington es extremadamente reducido. Esta desproporción es de importancia si se tiene en cuenta que siempre, y especialmente desde los tiempos de expulsado embajador Richard Melton, la embajada norteamericana en Managua juega el papel de directora de la orquesta opositora.

Estas conversaciones tratan de reducir, al menos en número, los agentes desestabilizadoras que viven permanentemente en Nicaragua.

Reagan-Bush: objetivos similares a Bush-Quayle

Durante los primeros meses del gobierno Bush, Nicaragua bajó el tono de la confrontación y alimentó expectativas sobre un cambio real en la política norteamericana, tan ferozmente agresiva durante ocho años. Bush, con habilidad, imagen interna. Pero la misma situación objetiva ha ido incrementando e incrementará aún más el clima de confrontación, al margen de la publicidad que esta confrontación tenga dentro de Estados Unidos o en el resto del mundo la guerra militar sigue, la guerra política ha sido ratificada, lo menos es que los medios de comunicación internacionales hablen o no de eso.

De la evidencia de que el tándem Reagan-Bush se continúa en el tándem Bush-Quayle y de que estamos ante la misma "guerra de baja intensidad" de siempre,, con sus mismas acciones abiertas y encubiertas, surgen también interrogantes. ¿Cómo incidirá sobre la tensión política y económica interna de Nicaragua este tensionamiento directo y creciente con los Estados Unidos? ¿Qué efectos tendrá este tensionamiento en los distintos actores políticos? El radicalismo norteamericano, ¿llevará al FSLN a profundizar la revolución como único medio de defenderla?

¿Radicalizará las actividades del COSEP-CDN-CR, en la confianza de que por más golpes que reciban del FSLN, la voluntad anti-sandinista de los Estados Unidos les hará "ganar" el poder de cualquier forma? El radicalismo de Bush, ¿hará surgir una menor autonomía nacionalista en los partidos de centro o los debilitará? ¿Qué efectos tendrá ese radicalismo y las tensiones, crecientes e inevitables mientras se mantenga la guerra política, en la mayoría del pueblo, que es profundamente nacionalista y anti-imperialista"?


¿Cuatro años más de guerra?

Tres posibles caminos

Cuando el mismo Secretario de Estado, George Shultz, se despidió de su cargo en la administración Reagan, reconoció que la política norteamericana hacia Centroamérica, especialmente hacia Nicaragua y El Salvador, había fracasado. Por su propio análisis, nicaragüenses y salvadoreños también pensaron que objetivamente estaría justificado un cambio significativo en la política de Bush hacia la región.

Esa convicción existía cuando a mediados de febrero se celebró en El Salvador la Cumbre de presidentes centroamericanos (Esquipulas IV). Para entonces la política de la nueva administración no estaba totalmente definida. Esa indefinición relativa y la expectativa de un cambio explican los resultados que salieron de la reunión: los presidentes centroamericanos aliados de Estados Unidos se sintieron con suficiente margen de autonomía como para comprometerse a elaborar un plan de desmantelamiento total de l contrarrevolución y a cambio, Nicaragua se comprometía a abrir más los espacios democratizadores de su sociedad, ya que las posibilidades de paz empezaban a vislumbrar más cercanas con el fin de la contrarrevolución. Esto facilitaría la normalización de relaciones con Estados Unidos y el desarrollo en paz del programa democrático de la revolución. Es claro que tan importantes compromisos fueron posibles porque había una esperanza real en el cambio que haría Bush, forzado por las realidades objetivas de la región y del mundo.

La audaz propuesta que el FMLN de El Salvador hizo a Duarte en enero (retraso de las elecciones, reestructuración de las mismas y compromisos del FMLN a participar en ellas y poner fin a la guerra) es también una clara expresión de la expectativa que existía en Centroamérica sobre un giro real y significativo en la política de Estados Unidos.

Las expectativas existían - y las iniciativas y compromisos centroamericanos los prueban-pero el cambio no se dio. Lo único que Bush ha hecho, con gran habilidad, es introducir cambios tácticos. Pero los objetivos son los mismos que tuvo Reagan: impedir el acceso del FMLN al poder negándose a cualquier salida política en El Salvador y derrocar a los sandinistas.

El compromiso asumido por los presidentes centroamericanos de desmantelar a los contras tenía que haberse empezado a cumplir a partir del 15 de mayo. Después de firmado fue desconocido en realidad y prácticamente anulado por el Acuerdo Bipartidista del Congreso norteamericano del 24 de marzo. Hoy, los contras no sólo no están desmovilizados sino que ni siquiera permanecen acantonados en Honduras financiados por los Estados Unidos: incursionan y atacan en Nicaragua, sigue muriendo y matando. La propuesta del FMLN fue rechazada, las elecciones se realizaron sin ninguna modificación y Bush se ha aliado firmemente a la fracción de ARENA que representa Cristiani.

A la apertura democrática en Nicaragua, Bush ha venido respondiendo con una auténtica guerra política, que no es sino una fase más en la continuación de la"guerra de baja intensidad", la fase que la posibilitará continuar ésta incrementando su modalidad militar después de terminado el proceso electoral.

Con respecto a Nicaragua, ya es claro que el proyecto de Bush - y hacia ese objetivo se está moviendo - no es otro que continuar la guerra de desgaste iniciada por Reagan, pero ahora con mayor inteligencia y, por lo tanto, con menos costos políticos para los Estados Unidos.

Alentado siempre por el serio deterioro de la economía nicaragüense, Bush ha optado por continuar durante cuatro años más con la agresión que eufemísticamente los yanquis bautizaron como "de baja intensidad" y de la que espera obtener, como lo esperó Reagan, el colapso del sandinismo, el fin de la revolución. Muchas condiciones parecen dadas para favorecer su opción.

En primer lugar, es claro que ni Washington ni el COSEP ni la CDN ni la contra reconocerán una victoria del FSLN en las urnas, aunque ésta se consiga como en 1984 con limpieza clara mayoría. En ese caso, la respuestas al "fraude o farsa sandinista" sería la continuación de la guerra.

En segundo lugar, Centroamérica ha retrocedido a los niveles de dependencia que existían en la región en 1982 y 1983. La mayor autonomía centroamericana surgida desde 1985 y que tuvo un punto culminante en el acuerdo de Esquipulas II, parece un capítulo ya cerrado.

A la convicción de los centroamericanos de que Bush es la prolongación de Reagan, se suman las dificultades económicas y políticas crecientes en cada uno de los países. Este mes, Vinicio Cerezo "gobernó" Guatemala desde una finca, protegiendo su vida de atentados que estarían impulsando sectores de la burguesía aliados al sector golpista del ejército.

Oscar Arias reconoció públicamente que la campaña electoral que lo llevó a la Presidencia - Y de ahí al Premio Nobel - fue financiada con dinero del narcotráfico internacional, con cada vez más publicadas redes en su "paraíso democrático". Esto lo concierte, en factor, en un "narco-presidente" y lo debilita notablemente en su gestión internacional. Honduras tiene relaciones cada vez más tensas con Nicaragua: este mes el gobierno hondureño habló hasta de romper relaciones a causa de unas declaraciones del Canciller D'Escoto en Caracas, donde afirmó que Honduras es hoy un "narco estado dócil a Estados Unidos".

En el Salvador, el poder en manos de ARENA hace más difícil cualquier salida a los conflictos de la región. No es probable, pues que los centroamericanos opongan mucha resistencia a la reanudación de la guerra de los contras.

En tercer lugar, el contexto internacional favorece a Bush. La crisis en el campo socialista -llena de matices y por circunstancia muy diversas - está política norteamericana. Polonia, con el corrupto partido comunista derrotado justamente en las elecciones; Hungría, con un positivo proceso de liberalización política aunque a corto plazo podría crear inestabilidad; China, sacudida por la salida violenta que se dio a justos reclamos estudiantiles; la URSS, con crecientes problemas con las nacionalidades y además, la muerte de Jomeini -que podría posibilitar un mayor acercamiento a Irán -; y la flexibilidad de la OLP - que acerca soluciones en el Oriente Medio -, hacen sentir al gobierno de Estados Unidos que puede pasar a la ofensiva en nuevos espacios internacionales que hasta hace poco no tenía ni soñaba tener. Tan amplio puede sentir Bush ese espacio internacional que se le ha abierto, que se siente inclinado a continuar atacando a Nicaragua por el bajo costo político y económico que esta guerra le supone ante un terreno internacional tan promisorio en ganancias.

En cuarto y último lugar, el Partido Demócrata de Estados Unidos, que podría estar anuente a reconocer el resultado electoral en base a los juicios que de él hagan observadores de la talla de los de la ONU y la OEA, está hoy muy debilitado, sin el liderazgo que ejerció Jim Wright, y, en el fondo, sin un proyecto nacional e internacional alternativo capaz de competir con el proyecto republicano y sacarle ventaja. Es posible, pues, que en febrero, Bush no encuentre en los demócratas resistencia suficiente ayuda militar a la contrarrevolución con la que continuaría la guerra contra Nicaragua.

Para el FSLN no hay más camino que un triunfo electoral legitimado internacionalmente

Ante esta línea de acción del gobierno de Estados Unidos (guerra política hoy para continuar mañana con la guerra militar), la línea del FSLN en estos meses no es otra que la de lograr un triunfo electoral legitimado internacionalmente por observadores y nacionalmente por la más amplia mayoría de votos.

Con una victoria así y contando con la sensatez y un mínimo de cohesión de los demócratas, el FSLN espera cerrarle el paso a Bush y obligarlo a que su giro táctico hacia la vía política se convierte, porque no le quede más remedio, en un viraje estratégico y tenga que terminar no sólo con ayuda militar sino también con la "humanitaria", con lo que la contrarrevolución sería desmantelada y se pondría punto final a la agresión militar.

En este caso, las posibilidades de continuar una guerra política en base a la crisis económica, se verían también debilitadas, porque Nicaragua, de acuerdo a sus calendarios electorales, no habrá otras elecciones en los años en que Bush esté en el poder. Con eso perdería también la posibilidad, al menos durante su mandato, de impulsar una desestabilización política significativa, como la que hoy le permite el proceso electoral. La pregunta sería entonces si el gobierno de Estados Unidos elegiría negociar por fin con el gobierno sandinista o se atrincheraría durante los restantes tres años de la presidencia Bush en una especie de guerra fría en la que no habría ningún diálogo negociador.

En cualquiera de los dos casos, Bush estaría en gran medida neutralizado en Nicaragua y el gobierno del FSLN tendría por delante 6 años para desarrollar en relativa paz su programa de transformaciones revolucionarias en lenta pero segura transición democrática hacia el socialismo. En este caso, la mayor legitimidad ganada en las urnas haría, tal vez, que la ayuda económica de las democracias occidentales fuera mayor de lo que es hoy y eso le daría a la paz un mayor realismo y una mayor concreción.

Hacia las elecciones de febrero de 1990 caminan, pues, con sus respectivos objetivos, ambos contendientes. Bush esperando la victoria sandinista, preparándose para desconocerla y deslegitimar este resultado como parte de la guerra de baja intensidad, para continuarla después con muchos más medios. El FSLN, esperando la victoria, buscando ya desde ahora la mayor legitimidad posible para el proceso electoral en la confianza de que eso bloqueará definitivamente el camino a la guerra. Esta es la primera posibilidad: que ambos contrincantes lleguen al día de las elecciones con sus tácticas ya que en base a lo que ese día suceda se defina el conflicto. Pero más allá de las intenciones de los dos grandes contrincantes que concurren a las elecciones Nicaragua y Estados Unidos - hay factores que podrían obligar a ambos a hacer variaciones en el camino que se han trazado.

Hay una segunda posibilidad. Si hoy, a varios meses de las elecciones, son ya tan fuertes las tensiones sociales que provoca el plan económico y tanta la polarización política, provocada en gran parte por la injerencia norteamericana en el proceso electoral, no puede descartarse el que no se pueda llegar a las elecciones. El gobierno de Nicaragua podría verse en la necesidad de decretarse medidas de emergencia o de excepción, bien para contener desbordes populares causados por la dureza de la crisis económica como para frenar la desestabilización de la ultraderecha pro-norteamericana ayudada encubiertamente por la CIA. En ese caso, las elecciones no serían posibles tal como hoy se están planificando.

¿Se pospondrían? ¿Se suspenderian? Nunca el FSLN reprimiría "al estilo Caracas" los estallidos populares provocados por la necesidad económica. No lo haría, fundamentalmente, por cuestión de principios, pero no lo haría tampoco porque sería su suicidio político. Enfrentado a un estallido incotrolable con raíces en la crisis económica, el FSLN se pondría al frente del mismo pueblo y trataría de encauzar el río desbordado, dando respuesta a los justos reclamos de las mayorías. Pero para ello le sería necesario establecer unas situación política de excepción.

Varias veces ha hablado ya el Presidente Ortega de que si el actual plan económico de concertación con todos los sectores no funciona, se implementaría una "economía de guerra no sería la de los modelos clásicos que se ha visto a lo largo de la historia de las guerras, sino que tendría que se una economía nicaragüense de guerra adaptada a las circunstancias reales y actuales de Nicaragua. En cualquier caso, el nuevo esquema económico sería duro y nivelaría igualitariamente a todos los sectores sociales, exigiendo necesariamente de un estado político de excepción, contrario en muchos aspectos a las libertades democráticas que se disfrutan en tiempos normales.

Una situación así plantea una serie de interrogantes, cuyas respuestas dependen en gran medida de cómo se haya llegado a ese eventual cierre o posposición del camino electoral. Un situación de excepción así, ¿facilitaría a Bush la reanudación inmediata de la guerra? ¿Nicaragua estaría, en ese caso, en capacidad de resistir a este asedio sin recurrir como mecanismo de defensa a articularse más con el FMLN? ¿Abasteciendo a los salvadoreños de armas tan estratégicas como son los cohetes tierra- aire, que afectarían significativamente los medios aéreos del ejército de Cristiani? ¿Y esto, no reabriría una vez más el peligro de una regionalización del conflicto, que afectaría a todos los países del área y América Latina?

Es obvio que Bush no quiere actuar en este escenario de guerra regional, sino que prefiere seguir con su mucho menos costosa y manejable guerra de baja intensidad. Es obvio también que Nicaragua no quiere este escenario difícil, sino que quiere celebrar normalmente las elecciones y jugar con la baraja de su victoria para conquistar la paz definitiva. Pero en la dinámica actual, ya muy tensionada, las rutas de ambos contendientes difícilmente podrán ser tan lineales como ellos desean.

Hay una tercera posibilidad. Sin llegar a medidas extremas, como serían una economía de guerra y un estado de emergencia, con el consiguiente aborto de las elecciones, el gobierno de Nicaragua podría verse obligado a profundizar la revolución sin negar el modelo básico en el que hasta viene moviéndose. ¿Por qué tendría que hacerlo? Porque Bush tendría que cortar alas a los aliados internos de esta política para que la revolución no se desgaste más y enfrente con éxito una guerra que por definición está diseñada para desgastar. Profundizar la revolución sería, en un caso así, neutralizar en el escenario económico a los más extremistas productores, los que se niegan boicoteadoramente a la concertación económica. En una dinámica de acciones y reacciones eso también podría sacar de juego a partidos ultraderechistas, sea porque ellos mismos lo decidan así o porque ejecutan acciones violatorias de las leyes del país y se les aplique justamente las sanciones legales correspondientes.

Esta tercera posibilidad supondría reforzar la concertación económica con medianos y pequeños productores y con aquellos grandes propietarios verdaderamente dispuestos a esta patriótica tarea. Políticamente los partidos que no son mercenarios de Estados unidos sino que observan una conducta nacional y apegada a las leyes, gozarían de todas la libertades que ésta les confiere.

Una profundización de este tipo sería calurosamente aplaudida por la inmensa mayoría del pueblo nicaragüense. Y esto es un dato de vital importancia. No puede pasar desapercibido ni para sandinistas, norteamericanos, europeos, soviéticos, etc. Ahora bien, ¿qué afectos directos tendría en el campo internacional? ¿comprenderían los europeos la dinámica de los partidos ultraderechistas que los podría llevar a una automarginación? ¿aceptarían el derecho de Nicaragua aplicara leyes justas?, los soviéticos ¿podrían incrementar en márgenes razonables su apoyo a Nicaragua?. En caso contrario ¿estarán segunda alternativa? Ninguna fuerza internacional puede olvidar que la falta de apoyo económico a Nicaragua en esta tercera opción llevaría fácilmente a la centroamericanización vietnamizada del conflicto.

Si, en cambio, la respuesta económica de los sectores más progresistas de la comunidad internacional fuera significativamente realista y comprensiva, Nicaragua tendría tal vez capacidad de resistir por cuatro años más los daños de alta intensidad de la guerra que dirigiría el heredero de Reagan, George Bush.

Después de diez años, nada ha sido fácil

Nicaragua cumple diez años de revolución. Son inevitables los balances, los análisis, los resúmenes de lo que ha sido este largo y también corto proceso. Denso proceso histórico que ha hecho crecer y madurar aceleradamente a todo un pueblo en el que durante muchos años tantos vigores permanecieron dispersos. Uniéndolos, Nicaragua ha resistido la agresión de la mayor potencia imperialista del mundo y se prepara a resistir la prolongación de esa guerra injusta que le fue impuesta porque decidió caminar hacia una sociedad más justa. El más importante legado de Nicaragua en estos diez años está en mostrar a todos que esa resistencia fue victoriosa. Esa es la herencia y el mensaje de los nicaragüenses a otros pueblos empobrecidos que luchan por su liberación: se puede ganar.

No ha sido una victoria fácil. Con una economía destrozada, con más víctimas -proporcionalmente - de las que tuvo Estados Unidos en sus cuatro grandes guerras de este siglo, con la tierra empapada en sangre y con 10 años de experiencia en la asignatura de la resistencia, Nicaragua puede heredar ya otros países hermanos la certeza de que las revoluciones no sólo son justas sino que son posibles. Se puede ganar.

Si Nicaragua, un pobre país de una región olvidada por siglos y traspatio del imperio, resistió y mantiene su voluntad de victoria, otros pueblos, en mejores condiciones y con más recursos, también lo pueden hacer. Reagan dijo un día que Estados Unidos perdería su credibilidad en el Tercer Mundo sino lograba vencer en Nicaragua. Tenía razón: perdió su credibilidad. Y perdió su legitimidad. Diez años de resistencia muestran que el imperialismo de nuestro tiempo no es invencible. Los pobres de Nicaragua siguen luchando contra él y esperan vencerlo definitivamente, seguros de que Dios está de su parte y de que su esperanza no quedará defraudada.


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