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  Número 469 | Abril 2021
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Nicaragua

Ante la falta de voluntad política del gobierno…

Pronunciamiento del 19 de abril rechazando la propuesta de reformas a la Ley Electoral presentada por el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo para su aprobación.

Precandidatos Presidenciales

Este 19 de abril, nuestro país cumplió tres años de enfrentar la más grave crisis sociopolítica que en tiempo de paz hemos vivido los nicaragüenses. Diferentes actores
y sectores de la vida política, sociedad civil, de la iglesia católica y gremios empresariales hemos hecho todos los esfuerzos para, por la vía cívica y pacífica, retornar a la senda de la democracia, justicia, seguridad y prosperidad que anhela nuestro pueblo.

Los nicaragüenses y la comunidad internacional hemos venido demandando reformas electorales que garanticen la realización de elecciones libres, transparentes, justas, competitivas y observadas, así como el restablecimiento de la institucionalidad democrática que permitan resolver la crisis.

También continuamos demandando la liberación de todos los presos políticos, se garantice en forma irrestricta la libertad de expresión, movilización y de prensa; la labor independiente de las organizaciones y defensores de derechos humanos; y el retorno seguro y de todas las personas en el exilio y se suspenda el Estado policial.

En medio de este contexto adverso la Asamblea Nacional convocó al nombramiento de Magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE)y la bancada oficialista ha presentado una iniciativa de reforma y adiciones a la Ley Electoral cuyo contenido evidencia la falta de voluntad para realizar reformas electorales significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables que apuntan a establecer un marco legal que le supongan ventajas ostensibles en la administración y control partidario del proceso electoral, en establecer restricciones legales para limitar la participación a los partidos y candidatos de la oposición, situando al partido de gobierno en una clara ventaja para el desarrollo de su campaña electoral con el objetivo de permanecer en el poder indefinidamente.

Ante esta situación tenemos la obligación ante el pueblo de Nicaragua y la comunidad internacional de rechazar categóricamente estas propuestas y poner en evidencia las maniobras del gobierno y la manipulación que pretende hacer en contra de la administración transparente, libre e imparcial, del próximo proceso electoral, por las razones siguientes:



- Se pretende reformar por la Ley Electoral, la Constitución Política, estableciendo nuevas inhibiciones para aplicarse a los candidatos de la oposición que se postulan para optar a cargos de elección popular; en una flagrante violación constitucional.

- Se pretende desconocer el mandato constitucional expreso de elegir magistrados electorales en consulta con las organizaciones civiles pertinentes.

- Se mantiene el sistema electoral de control bipartidista excluyente en los organismos electorales.

- Se elimina el concepto de observador electoral y se sustituye por uno más limitado como el de acompañante.

- Se mantiene el padrón activo y pasivo para limitar el ejercicio del sufragio de los ciudadanos.

- Se faculta atípicamente a la Policía Nacional y no al CSE, para autorizar manifestaciones partidarias durante la campaña electoral, convirtiendo al presidente de la República, como Jefe Supremo de la Policía Nacional, en juez y parte de este proceso electoral.

- Se amplía inconstitucionalmente la impugnabilidad de las resoluciones del CSE al extender la facultad del máximo órgano electoral de resolver sobre derechos, deberes y prerrogativas constitucionales de los ciudadanos y candidatos en materia electoral.

- Se restringe el derecho a la verificación ciudadana masiva que es fundamental para depurar el Padrón Electoral.

- No se establecen mecanismos para realizar una efectiva cedulación masiva.

- Se legaliza la figura del Coordinador de Centro de Votación nombrándolo sin tener ningún criterio técnico-jurídico para su designación y asignación de competencias; formalizando el rol de un operador político partidario con amplias facultades logísticas y administrativas en el Centro de Votación.

- Se institucionaliza un régimen represivo contra la oposición política al incorporarse en la legislación electoral leyes que violan la Constitución Política y derechos fundamentales de los nicaragüenses: Ley de Regulación de Agentes extranjeros y Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo, a la Independencia, la Soberanía y Autodeterminación para la Paz.

Los abajo suscritos, ante la evidente falta de voluntad política del gobierno, seguimos demandando reformas que realmente reestablezcan la confianza en el Sistema Electoral y garanticen la realización de elecciones libres, justas, competitivas, transparentes y observadas en noviembre de este año. Asimismo, reiteramos nuestro compromiso con la salida cívica, democrática y pacífica a la actual crisis política, social y económica y demandamos al gobierno que cumpla con los acuerdos firmados en marzo 2019 y la resolución de la Asamblea General de la OEA de octubre 2020.



Arturo Cruz - Cristiana Chamorro - Félix Maradiaga - George Henríquez –
Juan Sebastián Chamorro - Luis Fley - María Eugenia Alonzo - Medardo Mairena -Miguel Mora - Noel Vidaurre

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