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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 468 | Marzo 2021
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Nicaragua

“La protección del medioambiente atraviesa por su peor momento”

Víctor Campos, ingeniero y director del Centro Humboldt, institución integrada a redes ambientales nacionales e internacionales, compartió con Envío la grave crisis ambiental que vive Nicaragua y algunos de los principales desafíos que deberá enfrentar un nuevo gobierno, en una charla con Envío, que transcribimos.

Victor Campos

En abril, el Centro Humboldt cumple 30 años de trabajo por el medioambiente. Conmemorando esta fecha presentamos a nuestro país un balance sobre la situación ambiental de Nicaragua en la última década, 2010-2020, con la aspiración de ofrecer un panorama lo más completo posible de los desafíos que tenemos y en los que debemos trabajar “juntos por un ambiente sostenible” -nuestro lema-, cuando encontremos una salida a la crisis nacional en la que vivimos desde abril de 2018.

El balance contiene información sobre la situación en la que se encuentra cada uno de nuestros recursos naturales. Y de él derivamos lineamientos para una agenda ambiental hacia el año 2030.

GESTIÓN DE RIESGOS: OTRA MIRADA


Antes de referirme a los aspectos más relevantes, y preocupantes, del balance que el Centro Humboldt ha presentado, debo decir que, a partir de esta pandemia planetaria, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por los organismos internacionales tendrán que ser revisados en las metas que se plantearon, incluidas las que planteó el Acuerdo de París de 2015 sobre el cambio climático. Las condiciones internacionales que había entonces han cambiado… y siguen cambiando.

En el caso de Nicaragua esto es aún más claro. Tenemos que cambiar, por ejemplo, cómo conceptualizamos la gestión de riesgos. Muchos de quienes fundamos en 1990 el Centro Humboldt veníamos del INETER (Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales). Entendimos siempre la gestión de riesgos cómo las formas más adecuadas de gestionar y enfrentar las emergencias que provocan las amenazas naturales: terremotos, erupciones, inundaciones, huracanes, sequías… ¿Y lo que sucedió en abril de 2018? ¿No fue una emergencia? No estábamos preparados para gestionar ese terremoto social de carácter nacional. En el marco de referencia que teníamos no encontramos respuestas para algo de esa magnitud. Dos años después vino otra emergencia, la pandemia. Y nos confirmó que estábamos desenfocados en cómo entendíamos la gestión de riesgos.

Es una lección recientemente aprendida. Nadie estaba preparado para Abril, tampoco para la pandemia. Tuvimos que inventar planes de contingencia para la emergencia social que fue Abril y para la emergencia, también social, que fue la pandemia. Y fueron planes que no se corresponden con las respuestas que hay que dar ante los desastres naturales.

Cuando después de Abril nos hemos reunido con varias organizaciones de mujeres hemos escuchado de ellas que siempre han estado “gestionando” otros riesgos: la violencia en los hogares y en los espacios públicos, la salud, la seguridad… Nos explicaron sus esfuerzos para gestionar estas emergencias. Era otra mirada. Ellas tenían razón. Entendimos que en la institucionalidad pública, y hasta en la de Naciones Unidas, existe una conceptualización y un marco de referencia de lo que es la “gestión de riesgos” que no se corresponden con tantas otras realidades que también ponen en riesgo la vida. Por eso, en la propuesta que hacemos en nuestro balance estamos proponiendo hablar de “gestión social de riesgos”. No hay duda de que tenemos que seguir gestionando el riesgo que representan las amenazas naturales. Pero debemos trabajar en un nuevo marco de referencia para una gestión social de riesgos que integre nuevos elementos para cada institución pública e incluso para la empresa privada.

EL CRECIMIENTO ECONÓMICO
FUE A COSTA DE LA DESTRUCCIÓN AMBIENTAL


Para demostrar que la protección en la que se encuentran hoy nuestros recursos naturales está en su peor momento, debo partir de lo que sucedía antes de Abril.

Hasta abril de 2018 Nicaragua proyectaba una imagen de crecimiento económico que había permitido que la pobreza y la pobreza extrema comenzaran a disminuir con mejores oportunidades de empleo en varios sectores. De acuerdo a la CEPAL (Comisión Económica para América Latina), entre 2006 y 2016 tuvimos un crecimiento económico del 5% anual en promedio.

Como todos sabemos, a partir de 2009 nuestro crecimiento económico estuvo basado en un esquema de gobernabilidad que se sostenía en un acuerdo corporativo de las cúpulas empresariales con el gobierno. Este acuerdo condicionó la gestión de las políticas públicas en temas económicos, y éstas tuvieron su efecto en las políticas ambientales. Hoy vemos con claridad que tan positivas tasas de crecimiento se correspondieron con tasas de intensa destrucción ambiental.

MENOS BOSQUES, MENOS COBERTURA VEGETAL


Las cifras nos indican que la economía creció a costa de la desprotección del medioambiente nacional. Uno de los indicadores más inobjetables de esta afirmación es lo que ha ocurrido con la cobertura boscosa, con la cobertura vegetal del país.

Desde tacotales -bosques jóvenes muy intervenidos-, hasta bosques latifoliados cerrados -los de las dos grandes reservas, Bosawas e Indio Maíz- y bosques latifoliados abiertos, hasta los manglares, la destrucción ha sido alarmante. Veamos datos de 2011 a 2018. En 2011 teníamos en el país alrededor de 6 millones de hectáreas de cobertura vegetal. Eso significaba aproximadamente la mitad del territorio nacional. En 2018 ya eran sólo 2 millones 600 mil hectáreas, menos de la mitad. Pasamos del 50% al 28-29%. Se perdieron 3 millones 400 mil hectáreas. De acuerdo a la FAO, en 2011 teníamos una tasa de deforestación del 4%, actualmente es del 8.5%.

Desde 2011 hemos perdido el 50% de nuestros bosques de manglares, principalmente los de las costas del Pacífico, para instalar camaroneras. Aunque es una pérdida gravísima por la importante función ecológica que cumplen los manglares, esto ha estado totalmente fuera del radar de la opinión pública.

Los bosques del Caribe han sido y siguen siendo destruidos para destinar esas tierras a otros cultivos -primero maíz y frijoles y después pastizales para ganado-, lo que ha hecho avanzar aceleradamente la frontera agrícola en las dos regiones del Caribe. La intensidad de ese proceso en el Caribe Sur ha llevado la frontera agrícola casi hasta el mar y ya vemos en Laguna de Perlas y en Kukra Hill grandes extensiones de palma africana y pastizales.


CRECIENTE DEFORESTACIÓN
Y DECRECIENTE SECTOR MADERERO


Viendo estos niveles de deforestación podríamos pensar que al menos el sector forestal está generando recursos económicos. Con más de 150 mil hectáreas que se pierden por año pensaríamos que el país tiene un potente y activo sector forestal produciendo madera. Pero no es así. La madera de color escasea hoy en todo el país. Y no menos del 80% del plywood que consumimos viene de China, incluso hay alguno producido con madera africana. Estamos viendo también disminuir la producción de muebles. Uno va por Masatepe, por Masaya, por Granada y lo comprueba, aunque como en otros muchos asuntos de interés público no existe información oficial.

En la balanza comercial forestal existe un déficit de 8 millones de dólares en los productos forestales. En este sector la balanza fue positiva hasta 2008-2010 y ahora está en negativo. Ya desde 2018 el BID afirmaba que “la contribución del sector forestal al PIB nacional era decreciente: de representar el 3.8% del PIB en 1991 había pasado al 1.2% en 2016”. ¿Qué pasa? ¿Tasas crecientes de deforestación y tasas decrecientes en la participación del sector forestal en el PIB nacional?

¿A DÓNDE VA TANTA MADERA?


¿A dónde va la madera que se está extrayendo de tanto bosque desaparecido, sabiendo que no se extrae de plantaciones que todavía no han alcanzado suficiente desarrollo?

En Nicaragua hay aproximadamente 30 especies vegetales de valor comercial. De la gran cantidad de especies que tenemos en nuestro país, todas con un importante valor ecológico, sólo 30 son útiles para los madereros, porque en el mercado no lo es lo mismo la madera de cedro que la de guarumo. Pero cuando se le pega fuego al bosque para extender la frontera agrícola se va el cedro con el guarumo, se va todo…

El avance de la frontera agrícola es el principal responsable de la deforestación y en este avance la mayoría de los árboles se queman, en un indetenible derroche irresponsable que es cambiar bosques por granos básicos. Pero, ¿toda la madera se quema? No.

No está pasando nada que no sepamos. Las evidencias nos las dan las redes sociales, en las que pobladores de todo el país publican fotos de camiones sacando madera valiosa sin que nadie los detenga… Hay sospechas, aunque no tenemos pruebas para poder sustentar otras hipótesis con todas sus letras. Pero sabemos que hay actividades de algunos actores poderosos que realizan operaciones ilegales con la madera de los bosques que no se queman…

¿QUÉ HACE EL INAFOR?


Desde el año 2014 el INAFOR (Instituto Nacional Forestal) pasó a ser responsabilidad directa del Poder Ejecutivo. Antes dependió del MAGFOR (Ministerio Agropecuario y Forestal), después del MARENA (Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales), hasta que la Presidencia decidió ponerlo bajo su mando.

Basta valorar cómo se ha preservado y protegido la cobertura boscosa del país durante la gestión presidencial en los últimos seis años para juzgar si fue positiva o no. Evidencias sobran, no son necesarios muchos argumentos. Está más que claro que conservar nuestros bosques no ha sido prioridad de la Presidencia.

Durante la Presidencia del ingeniero Bolaños hubo un enorme despale en la zona de Kum Kum en el Caribe Sur y como consecuencia se declaró una veda para varias especies: caoba, cedro real, ceiba, pochote y pino. Sin embargo, desde que el INAFOR pasó a ser controlado por la Presidencia, una de las tareas de esta institución estatal ha sido renovar anualmente la suspensión de la veda. Es muy relevante la destrucción que está padeciendo la serranía Dipilto-Jalapa, donde están desapareciendo los bosques de pino, una tragedia ambiental documentada y denunciada por los pobladores de esa zona del norte del país, que están viendo cómo se secan sus fuentes de agua.

No habíamos estado nunca en una situación peor en cuanto a regulación y control de todo el sector ambiental, particularmente el sector forestal.

¿QUÉ HACE EL EJÉRCITO?


Un alto porcentaje de los bosques que se destruyen son los de nuestras dos reservas de la biosfera, Bosawas e Indio Maíz. Los medios han prestado más atención a Bosawas por ser la reserva más icónica del país, pero no debemos minimizar los índices de deforestación que se están dando en la Reserva Biológica Indio Maíz.

De las 185 mil hectáreas que destruimos anualmente, el 20-30% se destruye en las dos reservas. ¿Qué hace el Batallón Ecológico del Ejército de Nicaragua para evitarlo? Sus efectivos están desde hace ocho o diez años en Indio Maíz y en Bosawas con la misión de impedir la invasión de colonos en esos territorios protegidos en los que ingresan para destruir el bosque y sembrar granos básicos en esas tierras.

El Ejército sabe cuáles son los puntos de entrada de los colonos. Y sabe cuál es la época en que entran, siempre en verano, en la estación seca, porque en invierno, con las lluvias, no pueden abrir trochas y pegarle fuego al bosque para sembrar. Es siempre en época seca cuando avanza la frontera agrícola.

El Ejército lo sabe. Pero si uno lee los informes anuales del Ejército no verá ninguna acción concreta desarrollada por el Batallón Ecológico en las reservas. Sólo leerá discursos retóricos en defensa del medioambiente.

AUTORIDADES – SOCIEDAD: UN DIÁLOGO NECESARIO Y ROTO


En Nicaragua tenemos un sistema nacional de áreas protegidas. Durante mucho tiempo la “protección” estatal se quedó sólo en el papel. Ahora podemos afirmar que lo que hay es una desprotección promocionada. Actualmente, protección y conservación ambientales efectivas sólo existen en el sistema nacional de áreas silvestres privadas.

La ley de protección de la reserva de la biosfera Bosawas establece que esa tarea es responsabilidad de una comisión nacional en la que deben participar los alcaldes de todos los municipios comprendidos en el área de la reserva. Pero desde 2008 esa comisión no se ha vuelto a reunir nunca más. Igual sucede con la comisión encargada de proteger la reserva de la biosfera Indio Maíz.

De hecho, todas las comisiones nacionales establecidas por ley que tienen que ver con el cuidado del medioambiente dejaron de reunirse a partir de 2008-2009, excepto la comisión nacional del INAFOR, que sólo se reúne para suspender anualmente la veda de especies valiosas y protegidas.

Eliminando las comisiones nacionales se rompió el diálogo de las autoridades del gobierno nacional y local con las poblaciones locales y con las organizaciones de la sociedad civil. Desafortunadamente, este necesario intercambio ya no existe. Y es por eso que la protección del medioambiente atraviesa por su peor momento.

Conociendo que las instituciones estatales no han tenido capacidad de proteger nuestras dos reservas de la biosfera y las otras reservas del sistema nacional de áreas protegidas, podemos preguntarnos cómo será “protegida” la Reserva de Biosfera del Caribe, creada en 2021 por el gobierno en los 42 mil kilómetros de plataforma marina que le fue reincorporada a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia en 2012 en su litigio limítrofe con Colombia.

Si las áreas protegidas que están en nuestra zona continental están abandonadas, podemos imaginarnos cómo será el cuido de una reserva en el mar a decenas de kilómetros de nuestras costas. Los valores económicos que hay en esa zona son incalculables. Está ahí una parte importante de los arrecifes de coral del mar Caribe, entre los más importantes del mundo.

NI EL 1% DEL PRESUPUESTO NACIONAL


¿Qué capacidad de gestión tienen las instituciones nicaragüenses que velan por el medioambiente y los recursos naturales? La respuesta está en el presupuesto.

Si sumamos lo que el presupuesto general de la República le asigna a estas instituciones, al MARENA, al INAFOR, a INETER, a ANA (Autoridad Nacional del Agua), el monto no representa ni el 1% del presupuesto nacional.

El interés por el medioambiente no ha pasado de la retórica. Si en toda la institucionalidad pública que se ocupa del ambiente el gobierno está invirtiendo menos del 1% del presupuesto nacional, ¿qué prioridad tiene para el gobierno el cuido de nuestros recursos naturales?

Tampoco encontramos en los medios de comunicación que se aliente la preservación del ambiente o que se cuestione el extractivismo generalizado que domina en el modelo productivo del país. La voz beligerante en defensa del medioambiente es cada día más reducida, mientras la criminalización de las luchas ambientales sí ha sido una prioridad.


MÁS MONOCULTIVOS, MÁS AGROTÓXICOS


El crecimiento económico de los últimos años ha estado aparejado no sólo a la destrucción de los bosques, también a la extensión de monocultivos, especialmente de caña de azúcar y de palma africana.

Hasta 2018 el monocultivo que más crecía era el de caña de azúcar. Desde 2018 el que más ha crecido es el de palma africana. En los planes de desarrollo humano se estableció como meta la siembra de 180 mil hectáreas con palma africana. La caña se sigue expandiendo en terrenos del Pacífico en donde antes no se sembraba. También crece el monocultivo de maní, de tabaco y de arroz de riego.

Todos estos cultivos están industrializados y mecanizados y vienen acompañados de paquetes tecnológicos, que incluyen agrotóxicos. En 2018 en Nicaragua se importaron 221 millones de dólares en agrotóxicos, 120 en plaguicidas, herbicidas y madurantes y 100 en fertilizantes sintéticos, una cantidad nada despreciable. Todos esos productos contaminan los suelos y las aguas. En el caso de la caña, su cultivo está asociado a prácticas perjudiciales, como las quemas del terreno.

YA SOMOS UN ENORME POTRERO


También creció el pasto para el ganado. Entre 2011 y 2018 se incrementaron en el país 2 millones de hectáreas dedicadas a pasto. Nicaragua se está convirtiendo en un enorme potrero. Muchos de los nuevos pastizales surgieron en nuestras dos reservas de la biosfera, incluso en las zonas de amortiguamiento y en parte de las zonas núcleo.

La ganadería extensiva sigue creciendo asociada a la deforestación. Hoy, a los ganaderos más grandes, a los que exportan carne a Estados Unidos, les está generando alguna preocupación una reciente publicación en ese país que da datos de cómo una parte de la carne que se exporta desde Nicaragua, principalmente la que proviene de zonas de frontera agrícola en territorios indígenas, se produce es a un alto costo humano y ambiental. Ojalá la preocupación se mantenga, sea genuina y hagan algo. Y en la actividad ganadera más que políticas públicas lo que se necesita es cambiar las prácticas y no seguir haciendo lo mismo que han venido haciendo desde hace mucho tiempo.

UN MODELO PRODUCTIVO EXTRACTIVISTA


El crecimiento económico de los últimos años no logró cambiar el modelo productivo. La estructura productiva de Nicaragua sigue siendo la misma desde hace siglos: se basa en la extracción de los recursos naturales. La economía nacional no se ha diversificado. La matriz exportadora se mantiene, seguimos atados a los mismos seis o siete productos con que el modelo ha funcionado durante décadas.

Nuestro modelo económico está dominado, tanto en el sector privado como en el sector público, por una visión extractivista, que de no cambiar terminará agotando nuestros recursos naturales. En estos años de crecimiento económico se profundizó ese modelo, que nunca cambió y que viene acumulando problemas ambientales cada vez más graves.

No se apuntó a la transformación, se apuntó a seguir haciendo lo mismo con una mayor intensidad de inversión. En los años en los que crecimos en promedio anual al 5% se duplicó la inversión extranjera directa. Y esa inversión lo que trajo fue más extractivismo.

LA MINERÍA DE ORO NO DEJA DE CRECER


En el extractivismo dominante, la minería, específicamente la de oro, ha tenido el papel preponderante. En 2011 teníamos 11 mil 836 kilómetros cuadrados concesionados a minería de oro, lo que significaba aproximadamente el 8.3% de la superficie nacional. En 2018 ya eran 26 mil 890 kilómetros cuadrados, el 20.4% del territorio nacional.

Un hecho relevante, pero que pasó bastante desapercibido, fue la creación en 2017 de ENIMINAS (Empresa Nicaragüense de Minas), una empresa pública dedicada a administrar lo que el gobierno denominó, por decreto, “reservas mineras”, no contempladas en la Ley de Minas.

Las “reservas mineras” representan el 9.5% de la superficie del país. A ENIMINAS se le entregó esa extensión para que en ella el gobierno hiciera arreglos bilaterales con los inversionistas extranjeros, de mutuo acuerdo y sin tener que pasar por el proceso de consultas que exigía el Ministerio de Energía y Minas. Hasta hoy ENIMINAS ha tenido dos presidentes, Francisco López, tesorero del FSLN; e Iván Acosta, Ministro de Hacienda y Crédito Público.

EL ORO, PRIMER PRODUCTO DE EXPORTACIÓN


En 2020 la exportación de oro fue de más de 660 millones de dólares. Desde ese año el oro comenzó a ser el primer producto de exportación de nuestro país. Los precios del oro se dispararon con la pandemia y hoy quienes temen invertir en Bolsa se refugian en el oro, que en estos momentos tiene un precio que ronda los 2 mil dólares la onza.

En los últimos dos o tres años ha habido en nuestro país un proceso de concentración de la explotación minera y de las concesiones privilegiando a una sola empresa: hoy el 72% del área concesionada la tiene la Calibre Mining, de origen canadiense, que compró todas sus concesiones a la B2Gold, que operaba en La Libertad, en Santo Domingo y en El Limón.

Este oligopolio, por llamarlo de alguna manera, nos parece poco conveniente para nuestro país porque concentrar todas las inversiones en muy pocas manos aumenta su influencia en las decisiones de políticas públicas. El Centro Humboldt llevó este caso a Pro Competencia. Lo hicimos para no dejar de hacer el trámite. Nos recibieron y escucharon nuestra explicación: la concentración del sector en pocas empresas debía corregirse porque contradecía la libre competencia que debe regir el libre mercado. La institución, por supuesto, no hizo absolutamente nada. Hoy existen en el país 85 concesiones entregadas a 7 titulares, la principal la Calibre Mining.

¿MINERÍA PARA QUIÉN?


En La Libertad ya no hay más oro que extraer. En Santo Domingo ya queda poco. Para extraerlo, hicieron el tajo Jabalí, cerca de la zona poblada. El cerro que hay a la entrada del pueblo es el que la empresa se está “comiendo” ahora. Las reservas de oro ya se están agotando en esa zona de Chontales. Pero como la empresa mantiene un plantel en La Libertad tiene que traer el material en otra parte. Se lo están suministrando desde Rancho Grande, en Matagalpa.

Sabemos lo perjudicial que es para la salud la industria minera. Sabemos el daño que causa a las personas, al agua, a los suelos y al paisaje. Sin embargo, como sucede con muchos otros procesos industriales, la minería está tratando de lavarse la cara pintándosela en verde. Lo hace porque ahora la opinión pública, principalmente la de los países que reciben los productos del extractivismo en nuestros países, está comenzando a ser más sensible a los temas ambientales y a otros temas, al trabajo infantil, a la perspectiva de género y a otros, y mantiene exigencias mayores al mercado.

El lema de la Cámara Minera de Nicaragua es “Minería para todos”. En nuestros spots decimos: “¿Minería para quién?” La minería apenas emplea a un 1.2% de la fuerza laboral de nuestro país y en impuestos nos deja una cantidad irrisoria: en 2018, el último año del que tenemos referencia, la minería dejó a Nicaragua tan sólo 2 millones de dólares y exportó 500 millones.

Lo que en economía se conoce como el encadenamiento hacia abajo es muy débil en la industria minera. La mayoría de la riqueza que genera la minería se va del país. El empleo es muy poco en relación a las ventajas que obtiene la empresa por las concesiones que recibe. La lógica de estas empresas es conseguir la mayor utilidad posible en el menor plazo posible. Pero todas llegan a nuestro país presentándose como “minería verde”. El colmo fue una, que además de llamarse verde, puso la nómina de sus obreros como inversión en “responsabilidad social empresarial”.

PEQUEÑA MINERÍA: UN CRECIMIENTO ALARMANTE


Otro problema acuciante es el crecimiento de la pequeña minería. El alza en los precios del oro y la falta de empleo ha expandido la pequeña minería a niveles alarmantes por todo el país.

En más de 50 municipios, en una tercera parte de los municipios del país, hemos detectado actividades de pequeña minería. Mucha pequeña minería está instalada en la zona núcleo de las reservas Indio Maíz y Bosawas. De los más de 660 millones de dólares exportados en oro en el año 2020, el 30% procedía de la pequeña minería, unos 180 millones de dólares, cantidad nada despreciable.

Esta actividad se realiza en condiciones de total inseguridad. En 2020 la pequeña minería causó más muertes que los huracanes Eta y Iota juntos. 29 hombres quedaron sepultados por derrumbes y soterramientos provocados en huecos hechos de cualquier manera en el terreno. Y las instituciones públicas no hicieron mucho por rescatarlos. La búsqueda no duró ni siquiera 24 horas.

Hay que diferenciar la pequeña minería de la minería artesanal. La artesanal es la minería de pana, la que separa el oro en un cajón y lo logra por precipitación, revolviendo la broza con agua. De la minería artesanal ya va quedando poca.

MERCURIO Y CIANURO: VENENOS SIN CONTROL


La pequeña minería separa el oro usando mercurio o cianuro para amalgamar el material que extrae. El mercurio es uno de los contaminantes más poderosos que conocemos. Quienes trabajan en esto calientan el mercurio y esos vapores son fatales para la salud. Las primeras personas expuestas al mercurio son las que hacen la tarea de separar el oro. Y como el mercurio tiene la propiedad de ser bioasimilable pasa después a los suelos y a las aguas y de ahí a plantas, a animales y a personas, que lo asimilan, envenenándose poco a poco.

En los últimos años las rastras de la pequeña minería -una rueda con un motor y piedras que muelen el material- se han multiplicado por centenares en nuestro país. En el precipitado que van moliendo el mercurio separa el oro del resto. También lo separan con cianuro, que aunque no es bioasimilable, es también un veneno potente que acaba con la vida acuática y con la de las personas.

Rancho Grande, donde hace unos años hubo una lucha social tan importante, con participación de todos los sectores, incluida la iglesia católica, está ahora invadido por la pequeña minería. En la zona de Yaoska hay gran cantidad de rastras, que de allí sacan material que envían a los planteles de Limón y de La Libertad.

Por el río San Juan, otro de los iconos de nuestra identidad nacional, entre Santa Fe y La Esperanza, sobre la carretera que va a Sábalos, se encuentran cientos de planteles de pequeña minería. Se calcula que en 2019 depositaron en el río diez toneladas de mercurio, una tragedia de la que no se ha hablado mucho. En 2020 la actividad se incrementó, aunque no tenemos cifras.

Del lado costarricense del río hay una concesión minera, Las Crucitas, suspendida en 2010 por el gobierno tico. Hasta allí también ha llegado a instalarse la pequeña minería en cantidades importantes. La mayoría del material que se extrae allí se procesa del lado nicaragüense. Pero las aguas contaminadas con cianuro o con mercurio vuelven a entrar a Costa Rica por el río Colorado, zona con una importante infraestructura turística que requiere de aguas de calidad. Así que tenemos una tragedia compartida.

La pequeña minería también abunda en Villanueva y Somotillo, en Occidente. Allí la contaminación va al Estero Real y a los Llanos de Apacunca, zonas de granjas camaroneras. El mes pasado estuve por ahí y la gente nos decía que los peces se habían retirado de esas aguas, que los pescadores tienen que ir cada vez más lejos para pescar y que se ha disminuido sensiblemente la cantidad de alevines y camarones.

UN CONVENIO INTERNACIONAL QUE NO SE RESPETA


Nicaragua es firmante del Convenio de Minamata, una legislación internacional que el gobierno japonés propuso después de un desastre causado por mercurio en esa ciudad.

Se trata de un convenio global que entró en vigor en 2017, que busca proteger la salud humana y la del medioambiente de las emisiones causadas por actividades humanas que emplean mercurio y sus compuestos. Desde entonces, en Nicaragua está prohibida la importación de mercurio, pero donde hay pequeña minería cualquiera puede comprar en cualquier comercio cualquier cantidad de mercurio, sin saber de su prohibición porque sólo en algunos círculos se sabe de la vigencia de este convenio.

Cuando decimos “pequeña minería” no hay que llamarse a engaño. Hay en este negocio muchos que no son pequeños. Hay gente grande que se está enriqueciendo con la pequeña minería. Y esa gente no está entre los muertos, todos hombres pobres contratados como mano de obra barata.

La pequeña minería requiere de regulación. Hoy crece de manera asombrosa y no hay ley que la regule. Le correspondería hacerlo a la Asamblea Nacional aprobando una Ley de Pequeña Minería, que de conformidad a la Ley General de Minas del 2001 debió aprobarse seis meses después de su entrada en vigencia. Otro ente con competencia parcial para intervenir en la pequeña minería es ENIMINAS, pero hasta ahora no ha actuado.

SE ACABARON LAS CONSULTAS


En el tema institucional y de políticas públicas quiero referirme a las reformas que se hicieron al sistema de evaluación de impacto ambiental.

Hace tres-cuatro años un decreto ejecutivo reformó el sistema, flexibilizando los estándares ambientales y alterando el procedimiento para las consultas públicas con participación ciudadana. Las consultas siguen haciéndose, pero las autoridades llenan el local donde se hacen con trabajadores de las empresas mineras que defienden su empleo y no dejan entrar a nadie del territorio que sea crítico de la minería industrial.

No ha habido un solo caso en el que participe alguien con una posición crítica. Existe la determinación de privilegiar la inversión minera y de incrementarla. Ni en el tiempo más álgido de la crisis de 2018 se detuvieron las “consultas”. Incluso hubo una en el mismo día del paro nacional de aquel año.

Es marcado el interés del gobierno en facilitar la mayor cantidad de concesiones para la explotación minera. Después de una intensa lucha social, y a medio kilómetro de la histórica mina de San Albino, ya está instalada una planta industrial de procesamiento, una de las más modernas de Centroamérica. Pertenece a la empresa británica Nikoz Resources y empieza a operar en 2021.

LAS RESISTENCIAS EN DEFENSA DEL MEDIOAMBIENTE


Los grandes volúmenes de agua que se emplean en la minería, mayores en la minería industrial, están causando perjuicios serios a varias poblaciones.

En Santo Domingo la minería acabó con la excelente agua potable del Túnel Azul cuando la empresa minera construyó una presa a unos kilómetros del pueblo. Hoy, de tener servicio de agua potable siete días a la semana las 24 horas del día, los pobladores de Santo Domingo tienen agua solamente cuatro horas al día y dos días a la semana. La resistencia de los pobladores de Santo Domingo fue perseverante, pero al final, los intereses mineros se impusieron.

Las resistencias de las poblaciones a donde han llegado las empresas mineras han sido consistentes. La oposición a la minería ha alimentado grandes protestas en nuestro país. En las movilizaciones sociales previas a Abril los temas ambientales estuvieron muy presentes: la lucha en Rancho Grande, en Mina El Limón, en Santo Domingo, la protesta por el incendio en la reserva Indio Maíz… Sigue habiendo resistencia, pero cada vez es más difícil resistir.

LA IMPUNIDAD AMBIENTAL: EL CASO DE PUMA ENERGY


Un tema a destacar es el de la impunidad ambiental. ¿Han leído o escuchado en algún medio que alguien haya sido condenado por un delito ambiental? Y con las cifras tan negativas que he mostrado es imposible que nadie haya cometido delito. Y sin embargo, a nadie se le ha penalizado.

En 2016 ocurrió en Puerto Sandino un gran incendio en los tanques de almacenaje de petróleo de la empresa Puma Energy y hasta hoy nadie ha pagado por aquel desastre. No lo llamamos accidente, porque hay un accidente si vas a 20 kilómetros y alguien se te cruza y lo atropellas, pero si vas a 180 algo vas a provocar. En aquel incendio se quemaron y se derramaron 140 mil barriles de crudo sobre cientos de hectáreas.

Nosotros hicimos las valoraciones ambientales, aunque nunca pudimos obtener información oficial. Y como en varios otros casos de desastres ambientales en los que habíamos presentado recursos exigiendo responsabilidades, nos dijeron en el sistema judicial que el Centro Humboldt no tenía por qué recurrir porque “no son directamente afectados”, en ocasión de este incendio acudimos a los vecinos del lugar, que eran los directamente afectados, y recurrimos con ellos.

Como en un desastre de esa magnitud alguien tenía que asumir la responsabilidad, denunciamos como responsables al gerente de Puma, en ese momento un colombiano, y al gerente de la planta, un nicaragüense. Pusimos la denuncia en la Fiscalía en León. Dilataron horas en atendernos, esperando recibir la orden de Managua. La Fiscalía pasó la denuncia a la Policía. Cuando vimos que pasaba el tiempo, reclamamos y nos dieron la excusa de que quien había recibido el expediente se había jubilado y el expediente se había perdido. Sabiendo que algo así podía pasar, llevábamos una copia lista y la entregamos. Al poco tiempo sucedió Abril y se perdió toda posibilidad de que nos respondieran.

Simple y sencillamente no hubo interés en penalizar a nadie. Impunidad. Pero seguimos insistiendo y fuimos por la vía del CAFTA, porque con ese evento no se cumplió con la Ley Ambiental que exige el tratado de libre comercio con Estados Unidos a los países que integran el CAFTA. Fuimos a la secretaría ambiental del CAFTA en Guatemala a poner la denuncia. La secretaría pidió explicaciones a Nicaragua y el gobierno respondió que el Ministerio del Ambiente ya había hecho la investigación necesaria. Nadie fue responsabilizado, pero esa gestión nos sirvió porque vimos que la secretaría del CAFTA actuó. Y eso puede ser útil para que en otros casos haya un poco de justicia y menos impunidad.

¿PRIVATIZAR EL AGUA?


Otro tema sobre el que queremos llamar la atención es la reforma a la Ley General de Aguas Nacionales, aprobada en noviembre de 2020. En el marco institucional, la reforma desapareció el INAA (Instituto Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados) fusionándolo con la ANA (Autoridad Nacional del Agua), a la que le otorgaron facultades de ente regulador y le ampliaron facultades, entre ellas la posibilidad de administrar concesiones a actores privados.

Ante las preocupaciones, el discurso del gobierno fue: “No vamos a privatizar el agua”. Sin embargo, la reforma reconoce la participación privada en la captura del agua potable, en su almacenamiento y en su distribución. También se le reconoce participación en saneamiento y alcantarillados.

La fórmula que aplica el gobierno es la misma que hace años aplicó la OMC (Organización Mundial del Comercio) cuando dijo que ellos jamás habían propuesto la privatización del agua, aunque sí proponían la participación de capital privado en su captura, almacenamiento y distribución.

Algunos actores privados ya estaban actuando de hecho en nuevos residenciales en los que instalaron sus propios servicios de agua. Creemos que no habrá privatización en ciudades pequeñas porque ahí el negocio no resultaría rentable, pero la reforma a la ley si da paso a esa posibilidad y seguramente habrá privatización en Managua, León, Matagalpa, Estelí, Chinandega… donde ya hubo algunos intentos privatizadores a inicios de la década pasada.

Ante la reforma a la Ley de Aguas, la Ley 620, el Centro Humboldt expresó que estaba hecha “con un carácter meramente extractivo para asegurar una distribución del agua disponible, pero sin considerar la posibilidad de fomentar la producción de agua que asegure la sostenibilidad del consumo humano y otras actividades vinculadas a los medios de vida”.

También expresamos preocupación por la privatización prevista, por la falta de participación y consulta en la reforma, por la centralización en la toma de decisiones en algo de tan importante de interés colectivo, por el incremento en la burocracia de la gestión pública del agua y por la derogación que también hicieron de la Ley 626, con la que se garantizaba la integridad del lago Cocibolca, un recurso valiosísimo de interés nacional, la mayor reserva de agua de Nicaragua y de Centroamérica y una de las mayores de América Latina.

CAMBIO CLIMÁTICO: TEMPERATURA CADA VEZ MÁS ALTA


No me he referido a los problemas del cambio climático, porque creo que son más conocidos. Sólo decirles que acabamos de terminar un estudio sobre el comportamiento del clima en los últimos diez años y observamos que entre 2010 y 2020 la temperatura ha aumentado en nuestro país 1 grado. En Nicaragua calculamos que, de no cambiar las cosas, alcanzaremos entre 2.7 y 4 grados de incremento, lo que será realmente alarmante y las precipitaciones tenderán a la baja.

La crisis climática se agravará si no tomamos medidas correctivas en los espacios locales. Lo que hemos comprobado es que la gente se está adaptando al cambio climático y no deja de buscar soluciones. Le llamamos adaptación, la gente le llama sobrevivencia. Les falta agua… y buscan agua. No les funciona esa semilla… y buscan otra. La gente pobre vive siempre en un constante proceso de adaptación para sobrevivir. Ahora sus retos se han duplicado. Hasta ahora tenían el de superar la pobreza con sostenibilidad. Y ahora, además de ese reto, tienen el de adaptarse a las condiciones cambiantes del clima.

EN BUSCA DE RECURSOS INTERNACIONALES


Frente al cambio climático no existen hoy ni planes ni políticas públicas. De acuerdo a la Convención marco de Naciones Unidas frente al cambio climático deberíamos tener un plan nacional de adaptación al cambio climático. Tuvimos uno que terminó en 2015, que nadie conoció, al que nadie le puso mente y el que, por supuesto, no se cumplió. Ahora no existe ninguno, a pesar de que el gobierno de Nicaragua ha estado muy presente en las negociaciones internacionales buscando acceder a los recursos disponibles creados por organismos internacionales para enfrentar el cambio climático.

En términos generales, la cooperación internacional viene en descenso, pero muchos de los fondos que se mantienen en la actualidad están relacionados con el cambio climático. El gobierno tiene mucho interés en conseguir esos recursos.

En todo lo referente al cambio climático han cambiado las siglas: de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) estamos pasando a las NDC (Contribuciones Nacionalmente Determinadas, por sus siglas en inglés). Antes del Acuerdo de París se pretendía que los compromisos para reducir las emisiones que provoca el cambio climático fueran obligatorias para todos los países. Ahora, las metas y las contribuciones de cada país serán voluntarias. Nicaragua no firmó el Acuerdo de París en 2015. Después, en 2017 se adhirió al Acuerdo y ha sido el primer país en presentar sus NDC, sus contribuciones nacionalmente determinadas, completando simplemente una lista de requisitos para ser elegible y tener acceso al financiamiento de los organismos internacionales vinculados al clima.

En el Acuerdo de París se establecen fondos para los países con una estrategia nacional “para la deforestación evitada”. Es decir, para la disminución de emisiones de carbono, cuidando los bosques para que capturen carbono. El Banco Mundial le donó a Nicaragua unos 8 millones de dólares para que el gobierno elaborara su estrategia. El MARENA la elaboró. En ella propone incentivar el cuido de los bosques, especialmente en el Caribe. Todo lo contrario de lo que viene haciendo. En 2019 el gobierno presentó su estrategia al Programa de Reducción de Emisiones de Carbono del Banco Mundial, esperando del Banco un desembolso de 55 millones de dólares para ejecutar entre 2020 y 2025. Sectores nacionales opuestos a que se entregaran esos recursos al gobierno por la total falta de gobernanza ambiental en el país, propusieron al Banco que pospusiera la entrega del dinero hasta que “las condiciones de gobernabilidad sean restauradas” y en marzo de 2021 el Banco Mundial anunció que de común acuerdo con el gobierno de Nicaragua el desembolso de los 55 millones quedaba suspendido.

En otra iniciativa similar al del Fondo Verde del Clima, el gobierno solicitó recursos por unos 112 millones de dólares. Para entregarlos, el Fondo condicionó que el Relator de Pueblos Indígenas de Naciones Unidas y otra agencia especializada de la ONU dieran seguimiento a la ejecución de los recursos. Fue la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la que mostró interés en hacer esa tarea.

En otra iniciativa ante el fondo Verde del Clima se estableció la condicionalidad de que el seguimiento a la ejecución del proyecto lo hicieran el Relator de la ONU para Pueblos Indígenas -porque el proyecto tiene que ver con la Costa Caribe- y otra agencia de la ONU. Nuevamente, la OACNUDH manifestó interés en participar. No se ha avanzado en esta gestión por falta de interés del gobierno, explicable por la posible intervención de agencias de Naciones Unidas vinculadas a los derechos humanos.

Pasó algo similar con otro fondo del Banco Mundial, que era de 16 millones de dólares para un proyecto de geotermia que favorecía a una empresa privada. Y cuando las organizaciones de sociedad civil se comunicaron con el Banco y expresaron su posición, el gobierno resolvió retirarse. Queda claro que prefieren renunciar al dinero que estar bajo el escrutinio de organismos multilaterales de Naciones Unidas.

LO QUE ESPERAMOS


Todo lo que he compartido con ustedes demuestra que la gobernabilidad ambiental está en dependencia de la gobernabilidad general de nuestro país. Mientras no haya una solución a la crisis de derechos humanos que vivimos en Nicaragua desde hace ya tres años, difícilmente vamos a ver cambios en las políticas públicas ambientales, las que necesitamos cambiar con urgencia para comenzar a mejorar el desolador panorama ambiental en el que hoy nos encontramos.

Si los retos ambientales no estuvieron entre las prioridades de este gobierno, esperamos que lo estén entre las de una nueva administración de gobierno. Esperamos que sean también prioridad de todos los que queremos construir una Nicaragua más justa y más solidaria.

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