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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 468 | Marzo 2021
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Nicaragua

EN CAMINO AL 7 DE NOVIEMBRE El tablero está casi listo…

Ortega y Murillo saben desde abril de 2018 que con elecciones limpias pierden el gobierno. Y la oposición azul y blanco sabe que si no va unificada en una única opción no tiene ninguna posibilidad de derrotar a Ortega. A seis meses de las elecciones, ¿qué falta aún en el tablero electoral?

Equipo Envío

Nos acercamos al crucial mes de mayo. Desde octubre de 2020 el régimen de Ortega está emplazado por la OEA: “A más tardar en mayo” debe haber realizado “negociaciones incluyentes” con quienes “representan a la oposición nicaragüense” para establecer reformas electorales “significativas y coherentes con las normas internacionales” que garanticen unas elecciones generales “libres y justas”.

Avanzando hacia mayo el calendario, el 22 de marzo el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas se pronunció respaldando el plazo dado por la OEA al “instar” al gobierno a lo mismo: reformas electorales que “garanticen elecciones libres, justas, transparentes, equitativas y creíbles”, y que incluyan observación nacional e internacional. Unas elecciones así, afirma el Consejo “son esenciales para una solución pacífica y democrática a la crisis de derechos humanos en Nicaragua”, cuyas características la resolución del Consejo detalla en un extenso documento, que motivó a México y Argentina -hasta ahora pasivos en el tema de Nicaragua- a apoyarla.

Hay que notar que la sesión sobre Nicaragua en la ONU se realizó después que el gobierno de Estados Unidos se reintegró a ese foro, abandonado por la administración Trump. La administración Biden había anunciado que su participación en espacios multilaterales guiaría su política exterior.

FALTAN LAS REFORMAS ELECTORALES


Hace unos meses, una fuente vinculada al partido de gobierno confió a “Confidencial” que ya en octubre de 2020, al filo del ultimátum de la OEA, Ortega y Murillo se habían reunido con magistrados de la Corte Suprema de Justicia ordenándoles preparar una propuesta de reformas electorales de carácter técnico.

Ahora, en marzo, los encargados en la OEA del caso Nicaragua tuvieron una reunión virtual con miembros del Grupo Pro Reformas Electorales (GPRE), quienes han preparado desde hace tiempo una propuesta de reformas “significativas” con amplio consenso de la oposición. Los nicaragüenses querían conocer si en el diálogo de la OEA con el régimen hubo avances. “Nada relevante”, les dijeron.

Aunque hasta el último día de marzo, cuando ponemos punto final a este texto, nada relevante se conocía, el diputado sandinista Wilfredo Navarro anunció que las reformas ya están “listas”, que tratan temas “eminentemente técnicos y de procedimientos”, y que se harán “dentro del marco del Memorándum de Entendimiento con la OEA”.

Aquel memorándum, firmado por el régimen y la OEA en febrero de 2017, antes que la realidad política de Nicaragua diera un vuelco en abril de 2018, plantea 14 puntos para “perfeccionar” el sistema electoral. Dependería de su interpretación que alguno de estos temas condujera a alguna de las esperadas reformas “sustantivas”.

LOS PODERES DEL PODER ELECTORAL Y LAS CONDICIONES MÍNIMAS


El tiempo apremia y ante la falta de voluntad y de información del régimen sobre las reformas electorales, los juristas Bonifacio Miranda y Gabriel Álvarez -integrantes del GPRE- señalan como indispensable que se reestructure de alguna forma el Consejo Supremo Electoral, integrado hoy nada menos que por 16 magistrados, todos bajo control de Ortega, y con “demasiados poderes”. Miranda pone un ejemplo: no existe ningún recurso legal contra las resoluciones del CSE. “Entonces, si en noviembre hay impugnaciones sobre fraude electoral, será lo que ellos digan y se acabó”. Álvarez añade a eso como una reforma sustantiva actualizar, depurar, realizar auditorías al padrón electoral, ya que actualmente existen cuatro versiones del padrón decididas por el CSE.

José Antonio Peraza, también del GPRE, señala las dos condiciones que considera básicas, mínimas, para decidir si la oposición debe o no participar en las elecciones: “La número uno es la presencia de observadores nacionales e internacionales. La otra es la presencia de fiscales de la oposición en todos los centros de votación”.

Es el gobierno a través de la Cancillería el que debe invitar a los observadores internacionales al menos seis meses antes de los comicios. Y la invitación tiene que hacerla en mayo o junio. “Si después de junio no han llegado los observadores ya estamos en problemas”, dice Peraza. La Unión Europea ha dicho que espera ser invitada. La observación nacional la garantizará el experimentado equipo de Ética y Transparencia, que ya anunció que trabajará con donaciones nacionales, para así eludir el control de la recientemente aprobada ley de agentes extranjeros.

Ortega habría dicho en la reunión de octubre de 2020 con sus magistrados que “eso” -invitar a observadores internacionales- “se decidirá en otro momento”. En las elecciones presidenciales de noviembre de 2011 el gobierno los invitó, pero transformó el reglamento que normaba la actuación de los observadores: los consideró “acompañantes” y limitó sus funciones. Aquel año, la Unión Europea y la OEA llegaron después de una negociación en la que consiguieron que sus equipos pudieran observar algo, mientras al Centro Carter se le prohibió llegar. A pesar de las limitaciones, el informe de la misión de la UE -no pudo llegar hasta octubre, sólo un mes antes de las votaciones- permite entender el nivel del colapso del sistema electoral (ver su texto íntegro en Envío de noviembre de 2011). En 2016 Ortega llamó “sinvergüenzas” a los observadores internacionales, nadie llegó, sólo permitió “acompañantes”.


“NO VAMOS A BLANQUEAR UN FRAUDE”


La comunidad internacional -como lo demostró la resolución del Consejo de Derechos Humanos de la ONU-, comienza a estar alerta a las elecciones en Nicaragua. El 15 de marzo, una delegación de la oposición azul y blanco participó en una reunión virtual con una delegación de parlamentarios europeos que siguen de cerca la crisis de Nicaragua y comprobó que también el Parlamento Europeo mantiene la alerta.

“En Nicaragua lo que hay es un gran fraude en marcha ante una gran oportunidad para que los nicaragüenses podamos resolver pacíficamente la crisis política, que ya tiene tres años y que no se ha resuelto, sino que se ha agravado -dijo a los europeos Dora María Téllez, dirigente del partido socialdemócrata UNAMOS, que hasta enero se llamó MRS, y está integrado a la Coalición Nacional-. El fraude consiste en inhabilitar la capacidad de la oposición de organizarse, de movilizarse y de expresarse, y en restringir las posibilidades del pueblo nicaragüense de salir a la calle. Hay una oposición y un pueblo que están amarrados y el régimen utiliza este tiempo que gana para preparar sus fuerzas”.

Los parlamentarios europeos, de distintos colores políticos, escucharon con atención a varios dirigentes de la Coalición Nacional y prometieron apoyar al pueblo nicaragüense. “Nuestro mensaje es claro y nítido: No vamos a blanquear un fraude electoral si no se dan las condiciones para unas elecciones democráticas y libres, donde toda la oposición tenga todas las oportunidades para concurrir en libertad”, dijo la eurodiputada Soraya Rodríguez, del partido español de centro-derecha Ciudadanos. Todos dejaron también, clara y nítida, la recomendación de que la oposición participe unificada en las elecciones.

LAS “FUERZAS” DEL RÉGIMEN


Las “fuerzas” de Ortega y Murillo se basan en un incrementado aparato policial represivo, encargado del control de las calles, el asedio a opositores y el impedimento permanente de cualquier movimiento de los azul y blanco. Lo combinan con un activismo continuo de sus bases, organizadas en las UVE (Unidades de Victoria Electoral), que tienen vía libre para actuar en barrios y municipios, en coordinación con la Policía y los secretarios políticos, visitando familias, organizando actividades festivas o políticas, repartiendo regalías… En algunas comunidades, las UVE reciben también charlas de “historia democrática” para familiarizar a los más jóvenes con las acciones heroicas de los años 70 de la insurrección, de los años 80 de la revolución y de los años 90 del gobierno “desde abajo”, etapa de la que Ortega ha comenzado a hablar con frecuencia, amenazando así a quienes competirán con él en las urnas.

Y como fue tarea tradicional para los otrora llamados “comandos electorales” es también misión de las UVE caracterizar casa por casa a la población a la que corresponde votar en cada centro de votación de todo el país. Deben clasificarlos entre seguros, opuestos e indecisos, y dirigir sus esfuerzos a captar a este último grupo. A la actividad que en los barrios realizan los activistas, se une la presión que se ejerce sobre las decenas de miles de empleados públicos, incluidas sus familias, para que, con recursos de las instituciones estatales, participen también en la campaña a favor de la octava reelección de Ortega.

Con la erosión que desde abril de 2018 ha experimentado el FSLN, este frenético activismo tiene también carácter de intimidación, tanto hacia la población que no los respalda como hacia quienes fueron sandinistas, “se les voltearon” en abril, y hoy tratan de disimular porque ya no están en el grupo de los “seguros”.

FALTA EL CANDIDATO ÚNICO


Aunque falta la unificación de la oposición, desde que inició el año comenzaron a escucharse nombres de precandidatos. La cultura política nicaragüense tiende a requerir al “santo de la procesión” antes que conocer las condiciones en que saldrá la romería…

Aunque no aparecieron en este orden, hasta el momento, son ocho los precandidatos presidenciales. Dentro del bloque de la Coalición Nacional hay cinco: el economista Félix Maradiaga por la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB); el periodista Miguel Mora por el Partido de Restauración Democrática (PRD) de origen evangélico; el exdirigente de la Resistencia Nacional Luis Fley por el partido de la Resistencia FDN Fuerza Democrática Nicaragüense; el líder campesino Medardo Mairena por el Movimiento Campesino; y el experto en turismo y ciudadanías interculturales George Henríquez por el partido regional costeño YÁTAMA. Los cinco sólo disponen para presentarse en la casilla de un partido político legalizado con personería jurídica, el PRD.

Al bloque de la Alianza Ciudadana se han acercado dos pre-candidatos: el economista Juan Sebastián Chamorro, miembro de la Alianza Cívica y el catedrático Arturo Cruz. Este bloque cuenta con otro partido político con personería jurídica, Ciudadanos por la Libertad (CxL).

La única candidata es la periodista Cristiana Chamorro. No pertenece a ninguno de los dos bloques y ha reiterado que aspira a ser la candidata de los dos bloques unificados en lo que ella llama Alianza Nacional. Todos los precandidatos, menos Arturo Cruz, han firmado el documento “Unidad Nicaragua Primero” asumiendo dos compromisos: someterse a un proceso democrático para seleccionar a uno de ellos como candidato único, y apoyar todos al que sea seleccionado.

Este documento se los presentó la Comisión de Buena Voluntad, nacida en enero para trabajar por la unificación de la oposición. Presidida por dos personalidades sin ambiciones políticas y con prestigio nacional, el catedrático Carlos Tünnermann y el empresario radial Fabio Gadea, se sumó a ellos la gloria del deporte nacional, el pitcher estrella de Grandes Ligas, Dennis Martínez. Viviendo en Estados Unidos y cercano a la diáspora nicaragüense, sus aportes han sido un importante complemento.

En sus columnas de los lunes en “La Prensa” Martínez comentó que se han reunido con los dos bloques opositores, la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional. “He quedado con la sensación -escribe- que todos buscan lo mismo: liberar a la nación de forma democrática”. A la Alianza dice que la ve “bien estructurada” y en la Coalición “tuve la impresión de que hay más personas del pueblo involucradas”. Y concluye: “Serían una buena dupleta porque se complementan”.

QUÉ DICEN LAS ENCUESTAS


En febrero se conocieron los resultados de una encuesta de CID Gallup, realizada por teléfono del 10 al 25 de enero a 1,200 personas, muchas seguramente superando el temor a responder. El FSLN aparecía con un 25% de simpatías y un 62% dijo no simpatizar con ningún partido ni tampoco con ninguno de los dos bloques opositores.

Para demostrarlo, la encuesta midió la simpatía por CxL y por la Unidad Azul y Blanco (UNAB), en la que predominan los movimientos sociales y que son el motor de la Coalición Nacional. A CxL dijo respaldarlo el 3% y a la UNAB el 4%, prueba de que, aunque la oposición azul y blanco es mayoría social y tiene potencial de ser mayoría electoral, esa mayoría no se adscribe ni se siente representada por ninguno de los opositores organizados en partidos, movimientos o bloques.

Ya entrado el mes de marzo, el diario “La Prensa” informó que expertos internacionales de las encuestadoras Cid Gallup y Borge y Asociados estaban realizando macroencuestas sobre las preferencias por los precandidatos. El diario advierte que no se conoce quiénes financian esas encuestas. El 19 de marzo fueron filtrados a “La Prensa” los resultados de la tercera macroencuesta de Cid Gallup entre enero y febrero a más de 3 mil personas en 120 municipios, logrando sortear el control policial del régimen para realizarla presencialmente. En ella aparecía Cristiana Chamorro como la candidata con mayor opinión favorable y con la menor opinión desfavorable, aunque no había grandes diferencias entre sus números y los de los otros precandidatos.

UNA MAYORÍA SOCIAL ATRAVESADA POR GRANDES BRECHAS


Esa mayoría, ese 62% -puede ser aún mayor el porcentaje-, esas dos terceras partes de la población nicaragüense, no tiene preferencias políticas definidas y está a la espera de noviembre, unificada por el deseo, la urgencia, y hasta el hartazgo, de que las cosas cambien, tanto en la deprimida economía como en la represiva y abusiva institucionalidad política, que deja en la indefensión a quienes no respaldan a la dictadura.

Pero esa mayoría no es homogénea ni en su tradición política e ideológica ni en su visión de la vida y del país. De forma brusca y autoconvocada esa mayoría se lanzó a las calles en abril de 2018 sin otra bandera que la azul y blanco nacional. Y por la crueldad con que el régimen respondió a las protestas se manifestó dignamente unida durante aquellos meses porque el camino a la dignidad comienza siempre por la indignación. Y la matanza indignó a la mayoría de Nicaragua.

¿Y después de aquel estallido? ¿Ven el mismo país los empresarios agroexportadores que los campesinos y campesinas que a riesgo de sus vidas pusieron tranques en las zonas productivas del país? ¿Ven con los mismos ojos la vida los padres y madres que lo empeñaron todo para que sus hijos fueran universitarios en las universidades públicas que las madres y padres de quienes enviaron a los suyos a estudiar a Europa o a Estados Unidos? Y después de las movilizaciones y de los crímenes de la operación limpieza, ¿ven igual el futuro de Nicaragua las familias con hijos asesinados que las que aún los tienen vivos?

Nicaragua fue antes de Abril y siguió siendo después de Abril un país profundamente desigual, con hondas brechas entre quienes lo tienen casi todo y quienes aspiran a tener lo básico y aún no lo consiguen; entre aquellos a los que les sobra algo tan esencial como el agua y hasta piscina tienen y quienes caminan leguas para conseguir agua para beber…

En ese 62% la brecha es también generacional. Es también ideológica. Es también de género. Es también de experiencias. Es también digital. Ninguna de estas brechas se vio en las calles en 2018. Después, tenían que aparecer, hasta debían de aparecer, en la construcción de la oposición a la dictadura. Es imposible que no aparezcan en el complejo camino que hoy nos lleva a las urnas.

Y aunque el final del camino es incierto, el balance de tan caótica construcción de la oposición tiene mucho más de positivo que de negativo. Nadie podía imaginar antes del 18 de abril un cambio tan drástico como el que hemos vivido. No sin sangre y sin dolor. Por primera vez un campesino, Medardo Mairena, dice que es precandidato presidencial y hay que escucharlo. Por primera vez un costeño, un negro creole, George Henríquez, aparece en el espacio público a la par de políticos fogueados para afirmar que es candidato “para evidenciar el racismo que existe en Nicaragua”. Por enésima vez las mujeres organizadas, y las desorganizadas, porque han demostrado su capacidad de resistencia, de compromiso y de participación, exigen, y con derecho, el derecho a decidir sobre sus vidas y sobre el país.

En 2018 el proyecto dinástico de Ortega y Murillo fue derrotado en las calles con el esfuerzo y la determinación de la mayoría. En noviembre, la derrota en las urnas del proyecto dictatorial es otro tipo de esfuerzo, muchísimo más complejo.

Simplificando las cosas, el régimen -que cuenta con muchas armas y muchos recursos-, tiene delante de sí a la clase empresarial, a la clase política y a los movimientos sociales. La clase empresarial tiene los recursos y el “recuerdo” de un reciente y privilegiado acuerdo con el régimen. La clase política tiene las casillas electorales y el peso de los pactos y los acuerdos de la política tradicional. Y los movimientos sociales no tienen ni recursos ni casillas, pero sí experiencias de base, ideas y visiones para la construcción de un nuevo país no sólo en lo institucional, también en lo ambiental y en el mundo de las relaciones humanas.

Entre empresarios, políticos y activistas sociales también hay brechas generacionales, brechas ideológicas, y naturalmente intereses encontrados. Y hay, como en todo lo humano, emociones y experiencias muy diferentes, brechas existenciales, en las que se cumple aquello que decía Gandhi: que las actitudes violentas y descalificadoras, los discursos radicales y fundamentalistas, “nacen del miedo a los ideales de los demás”.

CRISTIANA CHAMORRO, UN SÍMBOLO ANTI-ABSTENCIÓN


Abril logró algo inédito: que las varias Nicaraguas, con todas sus brechas, se encontraran y se conocieran para empezar a entenderse. La meta de unificarse es ahora el enorme reto. Que un único candidato represente a cabalidad a esa mayoría diversa es un inédito desafío.

Hasta ahora, las encuestas publicadas y las que no se publican van midiendo que el “piso” con el que parte Cristiana Chamorro es el más sólido. Igualmente, el “techo” al que podría llegar parece ser el más alto. El 11 de enero, cuando Cristiana anunció su disposición de “servir a Nicaragua” como candidata a la Presidencia de la República, la noticia encendió de inmediato en sectores de los tres grupos las esperanzas apagadas por el desgaste que provoca el control policial y la lucha diaria por la sobrevivencia.

Fue mucha la gente que percibió que la hija de doña Violeta “garantizaba” un cambio. Sintieron que ella sería capaz de reeditar en 2021 la hazaña de su madre en 1990, cuando derrotó al poderoso gobierno del FSLN presidido por Daniel Ortega. Enseguida se convirtió en un potente símbolo anti-abstención. Mucha gente decía que saldría a votar en noviembre con el aliciente de que la historia se repetiría. Otros la vieron como un factor de unidad, por el legado de su padre, Pedro Joaquín, cuyo asesinato fue el detonante que selló el fin del somocismo. Otros aplaudían la decisión de Cristiana porque su participación aseguraba una “gran historia” para los medios globales, lo que se traduciría en un más acucioso escrutinio de la comunidad internacional sobre las maniobras fraudulentas que intentara Ortega, quien pagaría por ellas un costo mucho más alto que si las pretendiera contra cualquier otro candidato.

Las ofensas vertidas durante varios días por la Vicepresidenta contra Cristiana, contra el gobierno de su madre (“mediocre, miserable, vulgar, no tienen perdón de Dios”), contra su familia y su apellido (“infames, perversos, migajas insignificantes, miserables, asesinos, destructores”) evidenciaron que también la dictadura temía que con su candidatura se repitiera la historia de 1990.

¿Convencerá Cristiana Chamorro a la nueva generación, la que no vivió la hazaña realizada por su madre? ¿Convencerá a la generación que protagonizó esa otra hazaña que fue Abril? ¿Convencerá a quienes tienen en la lucha ambiental un ideal y saliendo a defender la reserva Indio Maíz precedieron la rebelión de abril? ¿Convencerá, por ejemplo, al chontaleño Ulises Rivas, activista del movimiento nacional contra la minería y líder de la comunidad de nicas gays y lesbianas en Costa Rica? Hay tantos expedientes similares a los de tantos otros y otras entre la juventud de Abril.

Hay que decir que Cristiana, a diferencia de otros tres candidatos (Mora, Maradiaga y Juan Sebastián), que quisieron agradar a ciertos sectores declarándose sin ambages “provida”, se refirió al tema de la restitución del aborto terapéutico y del matrimonio igualitario afirmando: “Son temas importantes que tienen que ser llevados a la conversación, al diálogo y al consenso. En este momento y en los primeros años nos tenemos que concentrar en los temas que nos unen y no en los que nos separan. Y no debemos hacer de estos temas un tema de campaña”.

LA COHABITACIÓN, EL REALISMO BRUTAL Y EL CANDIDATO DEL MOMENTO


Por su origen y por su historia, Cristiana está cerca de la clase empresarial y de algunos de sus valores tradicionales. ¿Era su candidata? Al aparecer en el tablero electoral y con posibilidades de imponerse, afloraron las fisuras que ha habido siempre entre los gremios empresariales y los “consejeros” del COSEP. Y la élite empresarial comenzó a abonar la idea de que no había más camino que aceptar que Ortega era el “malo conocido”, pero el que garantizaba estabilidad, el invencible… y que había que “arreglarse” con él.

El primero en mencionar esto fue el exgeneral del ejército Humberto Ortega. El 17 de febrero publicó en el diario “La Prensa” un texto que tituló “Cohabitación o caos”, en el que afirmaba que era “imprescindible” un “Acuerdo Nacional de cohabitación democrática”.

Aunque naturalmente menos elaborada, la opinión del exgeneral tenía en su trasfondo la que había externado días antes el académico demócrata Richard Feinberg, exfuncionario del Departamento de Estado, en un texto publicado en el programa latinoamericano del Wilson Center.

Feinberg señala que ante la eventualidad de una victoria de la oposición “Ortega temerá soltar el poder para enfrentarse -él, su familia y sus allegados más cercanos- a la cárcel y a la confiscación de sus riquezas adquiridas ilegítimamente”. Y añade: “Si Ortega llegase a exigir un paracaídas dorado, la comunidad internacional y los nicaragüenses tendrán que decidir hasta dónde mantener los principios de rendición de cuentas para garantizar una transición del poder que sea calma y sin conflictos”.

El 1 de marzo, Humberto Belli, exministro de Educación en el gobierno de doña Violeta retomó el tema y en un texto en “La Prensa”, que tituló “Realismo brutal” colocó al lector ante tres escenarios. O caer como Venezuela, en una generalizada situación “de penuria y aislamiento”. O volver a la guerra. O “un modus vivendi de coexistencia”. Belli nos conducía a la conclusión: hay que decidir con “realismo brutal” la salida menos mala: la
“coexistencia”.
Finalmente, el 2 de marzo, Arturo Cruz se presentó como precandidato presidencial, dando a entender, sin sutilezas, que él sería el artífice de la coexistencia con Ortega e impediría el caos. “Soy el candidato del momento -aseveró en una entrevista televisada al día siguiente-. Y en este momento lo que quieren los nicaragüenses es tranquilidad”.

Cruz, 58 años, historiador, fue embajador de Ortega en Washington los dos primeros años de su tercer gobierno, 2007 y 2008. Defendió hasta la rebelión de abril de 2018 al régimen de Ortega acuñando el contradictorio concepto de “populismo responsable”. Contradictoria también una idea en la que insistió durante años cuando se levantaban críticas al modelo de control orteguista: “Corremos el peligro de que por “forzar” la institucionalidad deseada, perdamos la gobernabilidad posible”. Cruz defendió también la construcción del Canal por Nicaragua. Más allá de una reducida élite es un desconocido para la mayoría de la población.

“NO SE TRATA DE UN SIMPLE BORRÓN Y CUENTA NUEVA”


Hasta la irrupción de Arturo Cruz en el tablero, la ruta de la clase empresarial parecía ser esforzarse por construir una plataforma unitaria con Cristiana Chamorro como candidata, lo que garantizaba la participación masiva en las votaciones y la derrota de Ortega y Murillo.

La unificación de la oposición en torno a su candidatura y la masividad de la población en las calles crearía en noviembre “un nuevo momento político”, y daría a la comunidad internacional que está a favor de la democracia en Nicaragua un potente argumento para impedir cualquier tentación de fraude. O para declarar ilegítimo a Ortega si lo hiciera.

¿Estaba todo el empresariado tras otra ruta, la encabezada por Cruz? Mario Arana, integrante del sector empresarial en la Alianza Cívica, habló así después de escucharlo: “En Nicaragua pasó algo grave que debemos enfrentar. No se trata de un simple borrón y cuenta nueva. Habrá que encontrar mecanismos de coexistencia, pero no a partir de la imposición de unos sobre otros, sino como producto de un proceso honesto de reconocer errores y enmendarlos”.

¿La inquietud ante las consecuencias de una derrota de Ortega había ahondado la fisura entre los gremios empresariales y los “consejeros” del COSEP, representantes del gran capital, por temor al gobierno “desde abajo” de Ortega? Con la candidatura de Cruz, ¿optaba este sector, con “realismo brutal”, por la cohabitación? ¿Y priorizando sus intereses, prefería a la derrota de la dictadura la posibilidad de acordar con los dictadores un nuevo acuerdo corporativo?

¿Cree la élite empresarial aún posible una reactivación de la economía con un país sin derechos ciudadanos y con un gobierno tan desacreditado internacionalmente? ¿Cree que aún tiene Ortega condiciones para “gobernar desde abajo” después de la rebelión ciudadana de abril? ¿No ha entendido que las bases, la mística y la fuerza del FSLN en los años 90 se han esfumado con el paso de los años y con el peso de los crímenes?

ORTEGUISMO SIN ORTEGA


Como táctica o como estrategia, la aparición de Cruz movió el tablero y sembró todo tipo suspicacias. El 16 de marzo, también en “La Prensa”, quien escribió fue Fabio Gadea, de la respetada trinidad que compone la Comisión de Buena Voluntad. Su texto fue leído íntegro en su popular Radio Corporación.

Gadea expresaba en público varias de las dudas que levantó la aparición de Cruz: “Un académico de grandes luces, un hombre muy inteligente, no va a participar en semejante aventura (aspirar y llegar a la Presidencia) sin tener su trompo enrollado”. El “trompo” con el que estaba dispuesto a jugar Cruz -afirmaba Gadea- es encabezar un “orteguismo sin Ortega”. Así tituló su escrito. Cruz sería “el candidato ideal para que el gobierno de Ortega Murillo siga funcionando igual con ligeros cambios”.

Cruz respondió a Gadea en una carta abierta. Dijo estar convencido de que “habrá unión de las fuerzas opositoras”. Y para que la haya, añadió, “se tiene que hacer a un lado la desconfianza y ese alacrán en la camisa que tanto daño nos ha hecho como sociedad. El único “trompo enrollado” al que debemos referirnos es al que tanto le teme este régimen autoritario, que es el pueblo nicaragüense votando masivamente el 7 de noviembre”.

En la disputa no hubo empate. Con la enorme influencia que tiene Gadea en los sectores liberales, en los sectores de la Resistencia y en la población rural, Cruz quedó prácticamente descalificado como candidato potable.

LA “SALIDA DIGNA”


Con su escrito, Gadea movió el tablero y la mesa. Su franco y desenfadado mensaje motivó, y forzó, acercamientos y diálogos entre desiguales y diversos. Y animó a hablar a otras voces. ¿Sobre qué? Sobre los obstáculos que hay a la indispensable, necesaria y urgente unificación de la oposición, anhelada por la mayoría azul y blanco y recomendada por todos los que en la comunidad internacional apoyan un cambio en Nicaragua.

En este mar de reacciones, Cristiana Chamorro también habló. Tendió puentes entre las dos plataformas, sugiriéndoles que iniciaran encuentros para conocer mejor las condiciones de unos y otros, aunque avaló a CxL, diciendo que tenía una “casilla clave”.

“Estoy segura -dijo- que juntos le vamos a ganar a Ortega”. Se refirió a su experiencia en el gobierno de su madre (1990-1996), en el que su esposo Antonio Lacayo, fallecido en 2015, fue ministro de la presidencia. “Ahí supimos lo que es ser estadistas… Fui parte de ese equipo, pudimos reconstruir Nicaragua y le pudimos dar al adversario una salida digna como lo volveríamos a hacer ahora”, frase ésta última que por su ambigüedad provocó rechazo y muchas preguntas sobre el alcance de su sentido.

“Dignidad no significa impunidad, nosotros no podemos actuar como Ortega porque si lo hacemos nos convertimos en él. Estoy segura que lograremos la unidad y la victoria en favor de la verdad y la justicia”, fue su respuesta al día siguiente en un twitter. Después, en una entrevista para “Divergentes”, declaró su respaldo al modelo de la justicia transicional.

En un país con más de 50 amnistías, con tendencia al “borrón y cuenta nueva” y al “perdón y olvido”, con tan fresca la sangre de Abril, lo de la salida “digna” para Ortega, dejó mal sabor en importantes sectores de la mayoría azul y blanco.

EL BAILE DE LAS SILLAS


Sin entrar a discutir si el plan de Arturo Cruz era o no un “orteguismo sin Ortega”, Juan Sebastián Chamorro, precandidato presidencial de la Alianza Cívica, resultó acertado al señalar que las pláticas por la unificación opositora se habían empantanado por quiénes entrarían a las listas de diputados a la Asamblea Nacional.

90 es el número total de diputados, 20 de ellos representando a Managua y 70 en representación de los catorce departamentos del país según su población. Además, están los 90 suplentes. Y además, los 10 diputados con sus suplentes que le corresponden a Nicaragua en el inútil y costoso Parlamento Centroamericano. Naturalmente, si las dos plataformas se unifican, el número de candidatos a diputados en las listas se reducirá.

Para explicar la desunión por esta causa, Juan Sebastián usó un magnífico ejemplo: “Cuando chavalos, en las piñatas jugábamos a la silla. Bailábamos con la música y cuando se detenía corríamos a sentarnos para dejar fuera al otro chavalo. Algo así nos está pasando. Hay demasiados aspirantes a las sillas de la Asamblea y no hay tantas sillas para tanta gente. Ésa es la esencia del problema que impide las conversaciones. Cada bloque quiere obtener un número de sillas mayor o igual al que conseguiría si participara solo”.

Juan Sebastián instaba a abandonar la danza de las sillas. Y concluía: “Debemos compartir la seguridad de que la unidad nos garantizará más escaños en la Asamblea Nacional”. De hecho, derrotar a Ortega significa ganar, además del Ejecutivo, el Legislativo, consiguiendo la mayoría cualificada en la Asamblea Nacional. Sólo así podría revertirse -y será poco a poco- la institucionalidad dictatorial que construyó Ortega en estos quince años.

“HABLEMOS DE UNA OPCIÓN Y ESPERAMOS SER NOSOTROS”


¿Son sólo “las sillas” las que impiden lograr la unidad? Aunque no son el único escollo, es ciertamente uno de los problemas con los cambios políticos que provocó la rebelión de Abril, es el crecimiento exponencial de opositores por todo el país, prácticamente todos por fuera de los partidos políticos.

No son sólo las sillas. Son las múltiples brechas, y la mochila de intereses que carga cada sector lo que hace compleja la unificación de las plataformas opositoras. Todos reconocen, con sus más y sus menos, que unificada, la oposición está mejor blindada frente a los caprichos dictatoriales de Ortega y de Murillo. Todos se van acercando cada vez más a la convicción de que sólo unificados se logrará derrotar a Ortega para después iniciar el difícil y prolongado proceso que será la transición política y la transición económica.

En el caso del partido CxL, casi segura casilla electoral en la que terminará unificada la oposición, su dirigente Kitty Monterrey se mostró conciliadora en entrevista con “Confidencial” el 21 de marzo: “No hablemos de dos grandes bloques, hablemos de una opción. Y esa opción se tiene que dar. Y esperamos ser nosotros”. Sobre la decisión de ir o no a las elecciones según sean las reformas electorales y las condiciones, también se mostró por la unidad: “No vamos a tomar decisiones solos. Ya llegó la hora: para tomar una decisión de país la tenemos que tomar todos los nicaragüenses”.

LA UNIDAD EN LAS ELECCIONES DE 1990


Sobre las elecciones del 7 de noviembre de 2021 ha pesado todo el tiempo el recuerdo de las del 25 de febrero de 1990, buscando semejanzas y diferencias. El exdiputado liberal y excanciller José Pallais, hoy dirigente en la Coalición Nacional y entonces jefe de la campaña electoral de doña Violeta en León y Chinandega, habló en el medio digital “Café con Voz” de cómo era la oposición al FSLN en 1990.

“La gente que para ese momento estaba organizada en partidos -recordó- era poquísima y ninguno de los 14 partidos de la UNO tenía estructuras para defender el voto. Pero cuando la gente nos vio unidos a todos llegó a ofrecerse y en menos de cuatro meses logramos conformar un gran tendido electoral, voluntario, disciplinado. Es falsa la discusión de “quién tiene más gente”. Lo que tenemos que tener es la capacidad de movilizar a la gente. Y con el ejemplo de la unidad, la movilizaremos”.

En esa entrevista, Pallais también señaló la diferencia más importante que encuentra entre lo que ocurría en 1990 y lo que ocurre hoy: “A todos nos unía el convencimiento de que no había futuro con Ortega, de que el país estaba en una situación de deterioro tal que no quedaba más que ganar para cambiar las cosas. Nadie pensaba, como ahora algunos piensan, que ganan más con Ortega continuando en el poder. Entonces nadie lo pensaba. Y no porque los políticos de aquella época fueran más puros o más éticos, sino porque Ortega había acabado con todos los negocios privados. Había empobrecido a todos. Había confiscado todo. Nadie tenía intereses que proteger. Y todos veían que sólo saliendo de Ortega había la oportunidad de que el país volviera a producir. Hoy, a pesar de tres años de recesión, hay algunos que desgraciadamente piensan que es riesgoso salir de Ortega. Piensan que Ortega gobernando “desde abajo” puede hacerles mucho daño. Y eso está llevando a pensar a algunos que es mejor que Ortega siga para que no haga daño. Lo piensa así una minoría, pero una minoría con influencia. Y todos los nicaragüenses de buena voluntad tenemos que saber identificar dónde está, apartarla y superar este obstáculo”.

Esta “minoría con influencia” quedo identificada. Es la que colocó en el tablero la ficha de Arturo Cruz.

¿Y WASHINGTON…?


Lo que no señaló José Pallais al evocar lo que ocurría en 1990 fue que en aquel momento nuestro país aún se desangraba en una cruenta guerra civil, en la que ninguno de los dos bandos tenía capacidad de vencer al otro y eran dos grandes los que los financiaban. Para 1990, la URSS se deshacía y no podía seguir sosteniendo al bando de la Revolución. Y Estados Unidos, envalentonado con el fin de la URSS, no veía sentido a seguir financiando al bando de la Contrarrevolución. Sin embargo, aunque dejando atrás la guerra, sí respaldó Washington, y abiertamente, a la candidata de la UNO, a doña Violeta.

Son éstos otros tiempos. Hoy, la administración Biden tiene enfrente los enormes desafíos internacionales y nacionales que le dejó en herencia la administración Trump y los que son consecuencia de los desastres humanos y económicos causados por la pandemia, como para ocuparse de este insignificante país que es Nicaragua.

En el texto en el que Feinberg menciona la necesidad de un “paracaídas de oro” para Ortega, es esto lo que da a entender cuando señala que Washington también tendrá que decidir qué hacer con Nicaragua. Y sugiere que podría relajar las sanciones económicas y eliminar las sanciones personales a los allegados de Ortega y a su familia con el fin de “alcanzar resultados subóptimos” en la crisis nicaragüense. “Mi corazonada -concluye- es que la mayoría de los nicaragüenses, conocedores como son de su propia historia política, estarán más que contentos de vivir con soluciones imperfectas”.

COMANDO SUR: PALABRAS “EN MAYÚSCULAS”


En este contexto de promoción de la “resignación” ante resultados subóptimos, llamó la atención la declaración que el 16 de marzo brindó el almirante Craig S. Faller, jefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, ante el Comité de Servicios Armados del Congreso.

Faller expuso, “con un increíble sentido de urgencia”, las amenazas que la seguridad nacional de Estados Unidos tiene en el hemisferio occidental. Identificó como amenazantes a actores regionales y extra-regionales. En la región señaló a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Fuera de ella, a China, Rusia e Irán, señalando que estos tres países “buscan activamente sacar ventajas de las nacientes y frágiles democracias de esta región, explotar sus recursos naturales y su proximidad con Estados Unidos”. ¿y qué amenaza representan Cuba, Venezuela y Nicaragua? Son “estados malignos que perpetúan la corrupción y desafían la libertad y la democracia al abrirle las puertas a actores estatales externos (China, Rusia,Irán) y también a organizaciones criminales transnacionales a expensas de sus propios pueblos”, mencionando entre sus actividades el narcotráfico y el lavado de dinero.

Sobre Nicaragua fue muy específico. Se refirió a la crisis que inició en abril de 2018. Dijo que “aún persiste” y que las políticas de Ortega “han acentuado los llamados a que renuncie”. Señaló los estrechos vínculos de Managua con Moscú y las formas de asistencia que Rusia brinda a Nicaragua como “estrategia para conquistar al gobierno de Ortega y contrarrestar los objetivos regionales de Estados Unidos”.

Lo que dijo Faller sobre Nicaragua no es nada nuevo. Lo han dicho y lo siguen diciendo congresistas y funcionarios del Departamento de Estado. El experto en temas militares y de seguridad Roberto Cajina, habló con Envío señalando cuál es la novedad: “Lo nuevo es que lo haya dicho tan claramente un militar de alto rango, porque en Estados Unidos ha privado habitualmente un principio: “los militares a lo militar y los políticos a la política”. Este cambio indica la coherencia de pensamiento entre el Departamento de Estado y el Departamento de Defensa, lo que indica que están actuando a una sola voz”. Cajina advierte que lo dicho por Faller es un mensaje político y no retórico dirigido al Departamento de Estado y al Congreso de Estados Unidos, las entidades que deciden la política exterior de Washington.

El discurso de Faller es una seria advertencia al régimen Ortega Murillo, que esperaba que Biden los tratara mejor que Trump, incluso que eliminara las sanciones que a la familia y a altos funcionarios, empresas e instituciones impuso Washington desde 2018. Todos saben que fue el Comando Sur el que en julio de 2020 evitó que el Ejército de Nicaragua fuera sancionado por Estados Unidos, logrando que la sanción sólo alcanzara al Jefe del Ejército, Julio César Avilés.

“En la declaración de Faller no hay “letra pequeña” -dice Cajina-. Todo está en mayúsculas. El régimen debería hacer al menos el intento de interpretarlo así”.

LA RENACER ACT: REFUERZO DE LA NICA ACT


Tan sólo unos días después de las palabras de Faller, el 25 de marzo senadores demócratas y republicanos presentaron al Senado una iniciativa de ley titulada “Reforzamiento del Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua” (RENACER, por sus siglas en inglés).

La Renacer Act refuerza en todos sus aspectos la Nica Act de 2018, propuesta bipartidistamente durante la administración demócrata de Barack Obama y pide presiones específicas para quienes obstaculicen las elecciones “libres y democráticas” en Nicaragua. Abarca temas sobre préstamos internacionales y sobre violaciones a derechos humanos, requiere informes sobre violaciones a derechos humanos de las fuerzas de seguridad en comunidades rurales e indígenas. La iniciativa llama a la administración Biden a poner atención especial a la crisis de Nicaragua, incluyendo a nuestro país en las preocupaciones de Washington por las crisis de los países del triángulo norte de Centroamérica.

“La Ley Renacer deja claro que Estados Unidos no tolerará el surgimiento de otro dictador en nuestro hemisferio”, dijo el senador demócrata Bob Menéndez al presentar la iniciativa. La presentación de la ley Renacer -sería aprobada por unanimidad y muy pronto-, fue la primera que llegó al Senado en esta nueva administración, después la audiencia celebrada en el Comité de Relaciones Internacionales del Senado sobre la democracia en la región, presidida por Menéndez.

En ella, el analista Ryan C. Berg recomendó sancionar al Ejército de Nicaragua por su participación en violaciones de derechos humanos. Mencionó el fondo de inversión “bastante lucrativo” que el Ejército tiene en la bolsa de valores de Nueva York indicando la posibilidad de afectarlo. Igualmente, sugirió revisar la participación de Nicaragua en el CAFTA, el tratado de libre comercio entre Centroamérica y Estados Unidos. En relación con el tratado, Berg también informó de las consecuencias “caóticas” que tendría para la economía nicaragüense la aplicación de la polémica reforma a la Ley de Defensa de los Consumidores, conocida popularmente como de “defensa de los sancionados”, con la que la dictadura expone a los bancos nacionales a perder sus corresponsalías con la banca mundial si, obedeciendo normas internacionales, se negaran a prestar servicios bancarios o a abrir cuentas a familiares de nicaragüenses sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

LO QUE NOS FALTA


Aún con muchas incertidumbres, el tablero electoral está casi listo, aunque falta aún mucho por ver y por soportar, por esperar y por celebrar. Falta aún

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