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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 467 | Febrero 2021
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Nicaragua

Noticias Nicaragua

PANDEMIA – REBROTE

Como estaba previsto, Nicaragua experimentó desde diciembre un rebrote de Covid-19 por las fiestas de fin de año y por las miles de aglomeraciones que el gobierno promovió y continúa promoviendo en todo el país: festivales, ferias, conciertos, hípicos, carnavales, eventos deportivos, concursos… A pesar de que los préstamos recibidos por el gobierno para responder a la pandemia exigen información detallada y diaria sobre contagios y muertes por sexo, edad y territorio, sobre hospitalizaciones, pruebas y resultados, el régimen no la ha dado, ni a la población ni a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que se informa por fuentes médicas no oficiales, las del Observatorio Ciudadano. Tampoco se sabe si el rebrote lo causa una mutación del virus. Desde septiembre, la inverosímil información oficial, que es semanal y brevísima, viene informando de una única persona fallecida cada semana. Pero, según los últimos informes epidemiológicos del gobierno, el porcentaje de muertes por neumonía pasó de 294 casos en septiembre de 2019 a 2,625 en septiembre de 2020. Y en esta pandemia toda neumonía es sospechosa de Covid, como han señalado los médicos independientes.

PANDEMIA - VACUNAS

Nicaragua está junto a Bolivia, Dominica, El Salvador, Granada, Guyana, Haití, Honduras, Santa Lucía y San Vicente y las Granadinas, entre los 10 países más pobres de América Latina y el Caribe, que recibirán gratuitamente de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) un lote de vacunas gratuitas contra el Covid-19. El 13 de diciembre, la Vicepresidencia informó que el gobierno dedicaría $115.7 millones a comprar tres tipos (la rusa y las de los laboratorios Moderna y Oxford-Astra Zeneca), por ser apropiadas para los equipos de refrigeración que hay en el país. El 1 de febrero anunció que la OPS enviaría 500 mil dosis como donación, sin precisar fechas. La Unión Médica Nicaragüense ha insistido en que la vacuna debe aplicarse de forma gratuita y siguiendo un protocolo que se haga público y siga criterios médicos. Desde el comienzo de la pandemia, el gobierno cobra las pruebas PCR. Cuestan $150, se aplican en un único lugar del país, provocando filas kilométricas y se exige a las personas ir a recoger personalmente el resultado, convirtiendo el lugar en un espacio de contagio.

UCA: RECORTES Y REPRESALIAS

A finales de diciembre se conoció que el Consejo Nacional de Universidades (CNU) redujo aún más los fondos del presupuesto nacional que la Constitución de Nicaragua le asigna a la Universidad Centroamericana (UCA) para desarrollar su misión, por ser la UCA fundadora del CNUy en cumplimiento de la Ley de Autonomía Universitaria. Desde 2018, los recortes de fondos ya sobrepasan el 60% de lo que por ley se le debía entregar. Los recortes afectan principalmente a los estudiantes becados y a los trabajadores de la Universidad. En un Mensaje a la Comunidad Universitaria y al Pueblo Nicaragüense, la Universidad dijo que el recorte tiene “el claro objetivo de obstaculizar el trabajo de la UCA y castigar su posición crítica”. Añadió haber sido, además, “objeto de múltiples descalificaciones, represalias y acoso desde distintas instancias gubernamentales y órganos estatales”, mencionando “vigilancia permanente y asedio policial al campus universitario, fallos judiciales ilegales, negación a atender gestiones de la UCA en instituciones del Estado y omisión o retrasos injustificados en la entrega de documentos que requerimos para operar legalmente”. El CNU también recortó 20 millones de córdobas, de los 30 de su presupuesto, a la UCATSE (Universidad Católica del Trópico Seco), bajo la administración de la diócesis de Estelí, en la que el obispo es Abelardo Mata, crítico del régimen.

EEUU – TRES SANCIONADOS MÁS

La ley “contra candidatos”, aprobada el 21 de diciembre, al concluir la legislatura anual, que inhibirá a candidatos a cargos de elección popular a quienes el gobierno considere “golpistas” -y así considera a todos los opositores- recibió la condena de la OEA y de organismos internacionales de derechos humanos. También, del gobierno saliente de Estados Unidos: mientras se aprobaba en la Asamblea Nacional de Nicaragua la ley, Washington informó de nuevas sanciones para tres funcionarios del régimen: el magistrado vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia, Marvin Aguilar, comisario político en la Corte -primera sanción de Washington a un funcionario judicial-; el comisionado de la Policía de León, Fidel Domínguez -destacado represor en la segunda ciudad más poblada del país-; y el diputado Wálmaro Gutiérrez, 20 años actuando como uno de los legisladores más confiables del régimen. Con estos tres son 27 los funcionarios del gobierno de Nicaragua sancionados por Estados Unidos.

INSEGURIDAD Y DELINCUENCIA

Al acercarse las fiestas de fin de año se esperaba que el gobierno excarcelaría a buena parte de los más de cien presos políticos que mantiene en las cárceles. Apenas fueron liberados tres, mientras se excarceló a más presos comunes. Entre 2019 y diciembre de 2020, con un indulto de facto “para promover la unidad familiar”, fueron excarceladas 24 mil 371 personas, la mayoría hombres, buena parte de ellos cumpliendo penas por delitos graves (femicidios, asesinatos y robos con fuerza)

SEGURIDAD A LA FAMILIA

Según información extraoficial obtenida por el diario “La Prensa”, más de 200 oficiales de la Policía y del Ejército se mantienen resguardando el complejo habitacional de la familia Ortega-Murillo en El Carmen (Managua), instalaciones que sirven también como casa presidencial y como oficinas del partido FSLN. Desde la insurrección ciudadana de abril de 2018 el perímetro de seguridad que rodea el complejo se amplió a varias calles más, en las que se han instalado retenes, hechos primeramente con vallas metálicas, a las que sumaron después piedras canteras alzadas como paredes y grandes dispositivos metálicos poncha-llantas. Las barricadas son custodiadas por varios policías portando armas de guerra.

SÍMBOLO DE LA REPRESIÓN

El caso del campesino de Ometepe, Justo Rodríguez, 68 años, ha sido conocido internacionalmente por ser uno de los más simbólicos de la saña con que el régimen trata a quienes captura y encarcela con la intención de controlar por el terror a la población. Don Justo no fue nunca a ninguna protesta. El 19 de abril de 2020 en la noche un grupo de jóvenes de la comunidad de Esquipulas, en la isla de Ometepe, celebraba el segundo aniversario de la Rebelión de Abril con una bandera y canciones azul y blanco. Al día siguiente, una patrulla policial recorría la misma zona en la que don Justo iba a ver sus siembros de yuca y fue arrestado, junto a otras cinco personas, sin ninguna explicación. En la estación de Policía lo patearon, lo golpearon y le lanzaron en el pecho una llanta. Esto le afectó las costillas y le dejó permanentes dolores en la cabeza. En julio, lo condenaron a tres años y dos meses de cárcel. Se quejaba de fuertes dolores en la cabeza, pero nunca lo atendieron. Hasta que tuvo una embolia cerebral. En agosto fue llevado al hospital donde lo operaron en tres ocasiones, permaneciendo custodiado en el cuarto por policías, mientras una hermana que lo cuidaba era vigilada. El 20 de diciembre fue excarcelado y entregado a su familia desnutrido, sin habla, sin movimiento, un cuerpo en el que nadie reconocía al hombre robusto que fue. “Me entregaron un montoncito de huesos”, dijo su hermana.

“OTRA” CONMEMORACIÓN

El 6 de enero, por decreto, Daniel Ortega declaró que, a partir de ahora, el 19 de abril se celebrará en Nicaragua el Día del Deportista, en reconocimiento del campeón mundial de boxeo Alexis Argüello, quien murió de forma aún no esclarecida por una autopsia independiente y cuyo deceso el régimen atribuyó a suicidio. El decreto pretende borrar la memoria colectiva de lo ocurrido el 19 de abril de 2018, cuando a la orden presidencial “¡Vamos con todo!” policías y paramilitares comenzaron a matar a quienes protestaban contra el gobierno. El día 19 cayeron los primeros de tres centenares de asesinados entre abril y agosto: Richard Pavón, de 17 años, en Tipitapa; y en Managua el trabajador Darwin Urbina y el policía Hilton Manzanares.

MOCHILAS CON PROPAGANDA

Para el inicio del curso escolar, el 1 de febrero, el gobierno entregó como donación a miles de hijas e hijos de efectivos de la Policía Nacional mochilas que llevan grabadas en la parte de atrás
el lema “Orgullosamente hijo de policía”.

PROPIEDADES CONFISCADAS

Las instalaciones de las ONG y medios de comunicación a quienes se les despojó de personería jurídica y fueron clausurados por el régimen en la ola de terror desatada en diciembre de 2018 fueron definitivamente confiscadas dos años después. El 23 de diciembre una gran valla amaneció en las instalaciones de la televisora 100% Noticias en la que se leía “Esta propiedad pertenece al Ministerio de Salud. Aquí se construirá el centro de atención para personas con adicción alcohólica y/o drogadicción”. Un rótulo similar colocaron en “Confidencial” y en el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), asignando sus edificios a Casas Maternas. Igual sucedió con las otras ONG intervenidas, Fundación Popol Na, CISAS e IPADE y con las oficinas del CENIDH en Matagalpa y Juigalpa. Los dueños de 100% Noticias dijeron que era un “robo descarado”. La presidenta del CENIDH lo calificó como un “vulgar asalto y un acto de cobardía”. Carlos Fernando Chamorro, director de “Confidencial”, dijo: “Ellos nunca han podido confiscar el periodismo y tampoco han podido matar la verdad”. Los gremios empresariales del COSEP señalaron la acción confiscatoria como un “irrespeto a principios básicos de un Estado democrático”. A inicios de enero comenzó la demolición y remodelación de los edificios del CENIDH y de “Confidencial”.


MRS CAMBIA DE NOMBRE

A lo largo de su novena convención nacional, celebrada del 10 al 17 de enero, el Movimiento Renovador Sandinista, con 25 años de presencia política en el país, decidió por votación de los dos tercios de sus convencionales, cambiar de nombre. Ahora se llama UNAMOS, Unión Democrática Renovadora. Desde hace años se venía generalizando entre los miembros del MRS la preocupación por el “apellido” sandinista de su nombre, por estar ese apelativo secuestrado desde hace años por el FSLN y sentido desde la insurrección ciudadana de abril de 2018 como un grupo político dirigido por un aparato criminal. Esto -se argumentaba-, alejaba a muchas personas de un partido con ese nombre. El MRS fue fundado en 1995 por disidentes del FSLN, encabezados por Sergio Ramírez -Vicepresidente de Ortega entre 1984 y 1990- y Dora María Téllez, figura destacada en la lucha guerrillera antisomocista de los años 70 y Ministra de Salud del gobierno revolucionario. El MRS, ahora UNAMOS, está integrado a la Unidad Azul y Blanco (UNAB) y es parte de la Coalición Nacional.


“TIEMPO DE RECAPACITAR”

El 1 de febrero, el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP) publicó un comunicado en el que afirma que el gobierno “está a tiempo de recapacitar”. “La sociedad nicaragüense y la comunidad internacional -añade- somos testigos cómo en la agenda del gobierno y sus funcionarios lo que prima es la aprobación de leyes, normativas y acciones destinadas a consolidar un Estado policial que tiene como función amenazar, reprimir y sancionar para eliminar toda eventual competencia electoral que le pueda disputar el poder… Es impostergable, y así lo debemos demandar todos, que el gobierno inicie a trabajar en función de los intereses de todos los nicaragüenses, y no de los de su partido. Nicaragua es de todos, y como tal, tenemos derecho a una sociedad donde impere la democracia, la justicia, el respeto de los derechos humanos y podamos trabajar unidos en generar bienestar y desarrollo para todos… El gobierno debe comprender que los nicaragüenses y la comunidad internacional no aceptaremos que Nicaragua vuelva otra vez a destruirse. Debe comprender que estamos en presencia de una nueva oportunidad histórica y que, si no la aprovechamos, estaremos condenando nuevamente a la confrontación, la pobreza y el atraso a nuestro país”.


REFORMA PENAL (1)

Antes de concluir diciembre, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, brindó un informe en el que afirma que entre abril de 2018 y mayo de 2020, fueron privadas de libertad “arbitrariamente” en Nicaragua 1,614 personas “por participar o apoyar” las protestas contrael gobierno de Nicaragua. En su informe, la CIDH señala que fueron recluidos en celdas en condiciones de hacinamiento, insalubridad, inadecuada ventilación, sin suficientes camas y en varios casos en aislamiento. A la mayoría de estas personas capturadas, las mantuvieron encarceladas sin respetar las 48 horas legales para presentarle una acusación formal. A inicios del año 2021, el régimen ordenó a sus diputados reformar el Código Procesal Penal, que extiende las 48 horas legales hasta entre 15 y 90 días. La reforma es un retroceso jurídico a un modelo represivo, negándole garantías al detenido y promoviendo la retardación de justicia.


REFORMA PENAL (2)

El 2 de febrero los 70 diputados orteguistas en la Asamblea Nacional aprobaron la reforma al Código Procesal Penal, que Ortega les ordenó. La reforma permite detener a una persona hasta por 90 días sin formularle acusación legal por varios delitos, entre ellos “delitos de relevancia social y trascendencia nacional”. La reforma legaliza así la práctica aplicada por la Policía contra opositores al régimen desde abril de 2018. Esta reforma se suma al “cuatridente” de leyes con que Ortega quiere unas elecciones sin competencia, ganadas de antemano. Con la reforma, cualquier opositor, candidato o no, periodista o no, fiscal de un partido político o no, cualquiera que suponga un peligro para el régimen por su liderazgo, por su capacidad de convocatoria, por su cargo en una institución política, podría permanecer detenido hasta tres meses si Ortega y Murillo así lo decidieran.

SECRETARÍA ULTRATERRESTRE

El último día de enero se conoció que el secretario privado para políticas nacionales, Paul Oquist, comunicó a la Asamblea Nacional, controlada por Daniel Ortega, la orden de crear una “Secretaría Nacional para Asuntos del Espacio Ultraterrestre, la Luna y otros Cuerpos Celestes”. El “Tratado y Principios de Naciones Unidas sobre el Espacio Ultraterrrestre” creó las bases del derecho internacional sobre el espacio y entró en vigor en octubre de 1967. Hasta ahora lo ratificaron 110 países. Nicaragua lo ratificó en 2017, pero hasta ahora nada se había concretado en el país sobre esto. Ahora, la nueva Secretaría “promoverá el desarrollo de actividades espaciales para ampliar las capacidades del país, en las ramas educativas, industrial, científica y tecnológica en esta materia”, siendo así que Nicaragua, el país más empobrecido de América Latina después de Haití, carece de cualquier capacidad en todas estas ramas. La Secretaría dependerá de la Presidencia, manejará un presupuesto propio y en ella participarán representantes del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, del Ejército, de la institución de Telecomunicaciones y de la Aeronáutica Civil. La noticia causó perplejidad en la comunidad científica nacional y burla e infinidad de memes en la población.

CRISTIANA CHAMORRO

En “La Prensa” del 2 de febrero, y con título “Sí a Nicaragua”, escribe Cristiana Chamorro: “Hoy nos toca lograr el consenso de todas las fuerzas sociales, políticas y económicas, junto a la gran mayoría de la población no organizada, para unir al país y derrotar a Ortega… En mi caso, lo hago teniendo el ejemplo de hija de una mujer, Violeta B. de Chamorro, que con valentía no dudó en decirle SÍ a Nicaragua, en el momento que más se necesitaba de ella para lograr la unidad de la oposición. Es un paso que doy pensando en miles de madres que sólo quieren lo mejor para el futuro de sus hijos e hijas. Digo SÍ a Nicaragua teniendo presente a los sectores más vulnerables que urgen de un trabajo digno y a las muchas víctimas de la violencia, las Madres de Abril, que sufren la impunidad del sistema de justicia, lo mismo que sufrió mi familia luego del asesinato de mi padre”.

ACUERDO DE ESCAZÚ

En abril entra en vigencia el llamado Acuerdo de Escazú, promovido por la CEPAL (Comisión Económica para América Latina). Se trata de un compromiso de los países con “el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos ambientales”. Nicaragua lo firmó en 2019 y lo ratificó en marzo de 2020. Víctor Campos, director del Centro Humboldt, señala que, aunque el gobierno lo haya firmado y ratificado, “sabemos que ninguno de los tres pilares del Acuerdo se cumplen en Nicaragua”. La firma -considera- “fue para la exportación, en búsqueda de los recursos y financiamientos que han solicitado al Fondo Verde del Clima, y que ya están aprobados”.

DENNIS MARTÍNEZ

“Se viene una temporada complicada y determinante para el presente y futuro de Nicaragua. No se consigue ganar una Serie Mundial sin preparación, tampoco cambiar un país de golpe e improvisando… En este 2021 el pueblo de Nicaragua no puede perder la perspectiva. Existen muchos baches en el camino por los que atravesar: la pandemia, la represión, los presos políticos, la crisis económica, la inseguridad...Los jóvenes se levantaron en 2018 exigiendo un cambio de sistema... A pesar que el contrincante no es justo y quiere evitar a toda costa la organización del pueblo, eso no significa que se deba tirar la toalla... Habrá que estar preparado para todo. Cualquier pestañeo puede significar la pérdida de nuestra Serie Mundial… En este año cuando se cante el “play ball” todos debemos estar unidos.

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