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  Número 465 | Diciembre 2020
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El Salvador

Una reconciliación que nunca llega y la amnistía que la enterró

En marzo de 1993 se publicó el informe de la Comisión de la Verdad. Días después los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Amnistía, sancionada inmediatamente por el Presidente Alfredo Cristiani. Fue una amnistía general, retroactiva y amplia, que enterró todos los esfuerzos de reconciliación y de memoria. En 2016 la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de aquella Amnistía. ¿Y ahora…?

Luis Antonio Monterrosa

En 1992, en los Acuerdos de Paz que pusieron fin a la guerra civil salvadoreña se acordaron una serie de medidas trascendentales: la desmovilización de los ejércitos de la Fuerza Armada y del FMLN, la reforma o la creación de instituciones clave, como una nueva Policía Nacional Civil, como un nuevo organismo rector de las elecciones y como la Procuraduría de Derechos Humanos. El proceso de paz salvadoreño fue visto como un gran logro y hasta de él se derivaron lecciones para otros procesos en otros conflictos del mundo, como fue el caso de Sudáfrica.

LOS DOS GRANDES VACÍOSDE LOS ACUERDOS DE PAZ


A pesar de los logros, dos de las cuestiones trascendentales que se concretaron en medidas acordadas nunca alcanzaron su cumplimiento: la transformación económica-social y la reconciliación.

Los Acuerdos de Paz estipularon la creación de un Foro Económico Social, un espacio en el que las diversas fuerzas económicas, sociales y políticas del país discutirían iniciativas transformadoras. Pero ese Foro jamás funcionó. Más bien, ARENA encontró el camino expedito para impulsar y consolidar las reformas neoliberales que tenía previstas. Ya nadie recuerda aquel Foro ni sus objetivos. Y ya nadie clama ni reclama porque se cree ese Foro. La otra cuestión que quedó pendiente, la reconciliación, también fue cayendo en el olvido y las heridas siguen abiertas.

Este año, cuatro acontecimientos han devuelto el tema de la reconciliación ¬a la primera línea del escenario político nacional. El juicio contra un exmilitar en España por su participación en la masacre de la UCA de 1989. Las negativas de la Corte Suprema de Justicia a reabrir ese caso. Los intentos por judicializar la masacre de El Mozote de 1981. Y la posibilidad de promulgar una nueva ley sobre justicia y reconciliación

EL JUICIO VS. MONTANOY EL CASO JESUITAS


La condena del excoronel Inocente Montano en un juicio realizado en España, después de haber sido extraditado desde Estados Unidos, donde residía, fue un acontecimiento que reavivó las posibilidades de juzgar a los hechores intelectuales de la masacre que la Fuerza Armada realizó en la UCA el 16 de noviembre de 1989, asesinando a seis jesuitas y a dos de sus colaboradoras.

El juicio contra Montano, por supuesto, agitó las ya de por sí turbulentas aguas políticas del país, puesto que recolocaba en la mira a personajes que siempre quisieron que se olvidara lo ocurrido aquella madrugada: el ex-Presidente Alfredo Cristiani y Rodolfo Parker, actual diputado del PDC.

Ante este acontecimiento, la Universidad Centroamericana quiso reabrir el caso para juzgar a los autores intelectuales de aquel crimen. Y como siempre, se encontró con todo tipo de obstáculos. El último ha sido la reciente negativa de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia para proseguir con el juicio con el argumento de que se trata de un crimen común que ya prescribió y no de un crimen de lesa humanidad y, por tanto, imprescriptible, tal y como la Sala de lo Constitucional de la misma Corte había establecido en julio de 2016. Ante esta flagrante contradicción, se estudia la posibilidad de acusar por prevaricato a la actual Sala de lo Penal.

EL CASO DE LA MASACRE DE EL MOZOTE


Otro acontecimiento ha sido el avance en la judicialización de la masacre de El Mozote, cuando fueron asesinadas 985 personas de tres cantones del departamento de Morazán en un operativo de contrainsurgencia del Ejército salvadoreño contra la población civil.

Este tema ha tenido mucha publicidad por las acciones llevadas a cabo por el juez a cargo, quien solicitó tener acceso a los archivos de la Fuerza Armada para encontrarevidencia vinculante. La negativa oficial para acceder a esos archivos no sólo tuvo una amplia cobertura mediática, incluso de medios escritos que históricamente han estado en contra de este proceso judicial.

ARENA y el FMLN se expresaron contra Bukele por no permitir el acceso a los archivos, una posición paradójica ya que durante los veinte años de gobierno de ARENA y los diez de gobierno del FMLN, ambos partidos nunca dieron un solo paso en el esclarecimiento de la masacre. En cambio, ahora, en el contexto de la batalla electoral, con el horizonte de las elecciones legislativas y municipales de marzo de 2021, no quisieron perder esta oportunidad de confrontar al Ejecutivo.

¿UNA NUEVA LEY?


Finalmente, otro acontecimiento ha sido la actividad en la Asamblea Legislativa, que lleva varios meses intentando cumplir una sentencia de la Corte Suprema de julio de 2016, cuando declaró inconstitucional la Ley de Amnistía decretada en 1993.

Si bien durante años la Asamblea intentó ignorar la sentencia, al iniciar 2020 organizó consultas y negociaciones y redactó la Ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación Nacional, que fue aprobada en sesión especial el 23 de febrero y al día siguiente fue vetada por el Ejecutivo, tal como había anunciado el Presidente Bukele que lo haría.

La Corte Suprema de Justicia ha realizado recientemente una sesión de seguimiento a este proceso legal. Más allá de lo que hagan o decidan las instituciones, el proceso porque haya justicia y se levante la Ley de Amnistía se mantiene vivo por los reclamos de las asociaciones de víctimas. El que se haya abierto el caso de la sangrienta masacre de El Mozote contribuye también a revitalizar esos reclamos.

LA POLARIZACIÓN Y LA APUESTA POR EL OLVIDO


Los altos niveles de una crónica polarización política -imposibilidad de respeto entre adversarios-, la imperante cultura de la violencia en las relaciones comunitarias y los persistentes índices de delincuencia -aun con la tendencia a la baja en 2020- son consecuencias del proceso fallido de una auténtica reconciliación nacional.

Casi tres décadas después de finalizada la guerra civil, no es sólo que la reconciliaciónno llega. Es que parece que hay importantes fuerzas interesadas en que haya olvido, que apuestan al colapso de la memoria, y eso es lo que obstaculiza cualquier camino o vereda hacia la reconciliación nacional.

IMPONER CASTIGO NO ES RECONCILIAR


Dos asuntos específicos en el horizonte de la reconciliación nacional deben ser resueltos pues determinan el “tipo” de reconciliación resultante: qué justicia y qué memoria. No son dos asuntos separados, pero las más de las veces se les ve así.

Podemos judicializar un caso, pero sin el por qué sucedió ese caso no habrá justicia, porque no habrá verdad. El porqué de la masacre del Mozote en 1981 contra campesinos o el porqué de la masacre del 30 de junio de 1975 contra estudiantes universitarios o el porqué de tantos otros hechos sangrientos, es trascendental para que haya en El Salvador verdadera justicia.

Y es ahí precisamente, en cómo se abordan los casos, donde se empaña el horizonte. La mera judicialización no conduce a la reconciliación, como se suele creer, pensando habitualmente los letrados que bastará con la judicialización y la condena del victimario.

Desde el punto de vista social y humano, no es así. En ninguna parte del mundo, imponerle un castigo al victimario ha traído alivio y satisfacción a las víctimas. Se cumple con la ley, pero quedan muchos cabos sueltos. De ahí la necesidad de dar más énfasis a la reconciliación como un complejo proceso social.

LA COMISIÓN DE LA VERDADY LA AMNISTÍA


Los Acuerdos de 1992 acertaron al abrir un proceso de reconciliación que comenzó por una investigación, que fue liderada por una Comisión de la Verdad integrada por notables, que tuvieron la tarea de analizar las atrocidades y violaciones de derechos humanos vinculados a la guerra civil.

El informe emitido por la Comisión, titulado “De la locura a la esperanza”, identificó a criminales prominentes, como el dirigente de ARENA y exmayor Roberto D’Aubuisson, principal implicado en el asesinato de Monseñor Romero. También recomendó restringir la participación política de los dirigentes políticos de la guerrilla que asumieran sus responsabilidades, como fue el caso de Joaquín Villalobos del ERP, que admitió su involucramiento en el asesinato de alcaldes durante la guerra.

Evidentemente, la Comisión tuvo límites. Ni se investigaron todos los casos, ni todos los dirigentes políticos asumieron sus responsabilidades. Aunque el FMLN acordó internamente colaborar con la Comisión, al parecer sólo Villalobos y alguno más se responsabilizó de sus actos. Otros comandantes prefirieron callar y con ello garantizarse participar en política después de la guerra.

Evidentemente también, la Comisión quería ir más allá. El informe detalló toda una serie de iniciativas que las partes, y más en concreto el Estado, se comprometían a cumplir en aras de la reconciliación nacional. Entre esas iniciativas estaban la proclamación de un día dedicado a la memoria de las víctimas; la transformación ideológica de la Fuerza Armada, a fin de impedir la glorificación de “sus héroes”, como el caso del teniente coronel Domingo Monterrosa; el resarcimiento económico de las víctimas; y la construcción de todo un sistema de memoriales que contribuyeran a la no repetición de las atrocidades de la guerra, y de la guerra misma.

Sin embargo, días después de la publicación del Informe de la Comisión de la Verdad, los partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa aprobaron la Ley de Amnistía de 1993, sancionada inmediatamente por el Presidente Alfredo Cristiani. Se decretó así una amnistía general, retroactiva y amplia, enterrando no sólo los esfuerzos de reconciliación y de memoria, sino toda posibilidad de judicializar los casos. Hasta que 23 años después, la Corte Suprema, en 2016, declaró la inconstitucionalidad de aquella Amnistía.

NO BASTA EL “OJO POR OJO”


Existen en El Salvador dos mentalidades ante el necesario proceso de reconciliación: la mentalidad jurídica y la mentalidad política. La mentalidad jurídica identifica la justicia con la imposición de un castigo. Y hablará de impunidad cuando no se haya impuesto una pena.

Para esa mentalidad, el proceso de reconciliación se reduce a juicios, pruebas, testigos y castigos. A veces incluye la participación de la víctima, el resarcimiento a la víctima o alguna otra medida, pero el culmen del proceso es la imposición de la pena. Se considera que basta con la imposición del castigo y que esa especie de “ojo por ojo” traerá sosiego y alivio a quienes fueron víctimas del crimen.

Naturalmente, los victimarios no quieren ser castigados, mucho menos si en su calidad de combatientes se les autorizó a ejercer la política por medios violentos. En cualquier caso, la mentalidad jurídica, la perspectiva punitiva, debería ser superada, puesto que no resuelve ni el dolor de la víctima ni enfrenta la responsabilidad que tuvo el victimario.

LA “NECESIDAD DE OLVIDAR”


¿En qué se sostienen los combatientes de ambos bandos enfrentados en la guerra civil salvadoreña para obstaculizar un proceso legítimo de reconciliación? Precisamente en la mentalidad política. Desde los años 80 el escenario político nacional ha estado controlado por el FMLN y ARENA, dos fuerzas que, aunque fueron antagónicas durante la guerra, coincidieron muy pronto en la “necesidad de olvidar”.

Creado el FMLN en octubre de 1980 y ARENA en septiembre de 1981, ambos grupos han dominado la política salvadoreña en los últimos treinta años, con veinte años de gobierno ARENA y diez el FMLN. Es ese escenario el que ha mantenido en las sombras la verdad y cualquier esfuerzo de reconciliación y justicia, porque los políticos de ambos bandos han protegido a sus combatientes, o más bien a sus dirigentes, con el tácito acuerdo de no tocar el tema.

Si alguna vez el FMLN quiso abordar el proceso de justicia y reconciliación y si en 2012 el Presidente Mauricio Funes llegó hasta El Mozote para pedir perdón en nombre del Estado por las atrocidades cometidas, la posibilidad de enjuiciar a militares implicaba también abrir casos para excomandantes guerrilleros. Finalmente, se consideró mejor mantener lo ocurrido en el silencio, con la esperanza que el olvido hiciese su trabajo.

Esto explica también por qué, a pesar de los ya casi cinco años de declaración de inconstitucionalidad de la Ley de Amnistía de 1993, el proceso para hacer realidad esta sentencia sigue entrampado. Y probablemente seguirá así. Teóricamente, si la Corte Suprema verifica que la Asamblea Legislativa no cumple con la orden de emitir una nueva ley de reconciliación, debería acusarlos de incumplimiento de deberes. Pero, parece improbable que esto importe a parlamentarios que saben que en unos meses habrá elecciones para elegir un nuevo Poder Legislativo.

LOS ARCHIVOS VEDADOS


Ante el desafío de la reconciliación, el nuevo gobierno presidido por Nayib Bukele pretendió inicialmente dar señales alternativas.

No sólo comprometió apoyo al proceso judicial sobre la masacre de El Mozote. También mandó a eliminar de la sede de la Tercera Brigada de San Miguel el nombre de Domingo Monterrosa, quien ordenó esa masacre y quien era uno de los nombres más preciados por la Fuerza Armada salvadoreña.

Sin embargo, con el tiempo se le ha vuelto complicada a Bukele la transparencia en el tema el brindar apoyo al proceso judicial de El Mozote. También complicada una posible transformación de la Fuerza Armada.

Esto quedó evidenciado cuando los militares no permitieron el acceso judicial a los archivos de la institución castrense en el caso de El Mozote. Y después que Bukele se había comprometido a entregar “lo que hay” en esos archivos, respaldó al Estado Mayor y vedó el acceso del juez a los archivos bajo el argumento de que ese acceso podría afectar operaciones militares secretas, pasadas o actuales, para las cuales no aplica la ley de acceso a la información.

LA RELACIÓN BUKELE – EJÉRCITO


En realidad, la veda fue una excusa. Al Ejecutivo no le quedó más que secundar a la Fuerza Armada, siendo como es aún un gobierno frágil y nuevo con un partido débil, sin representación legislativa, lo que le convierte en blanco fácil frente a la clase política, en guerra aún, y dominada todavía por ARENA y el FMLN, los grandes perdedores de las elecciones que ganó Bukele.

Los movimientos en la cúpula militar a la llegada de Bukele al gobierno supusieron cierta alteración del alto mando. Después, parece lógico que, a cambio del apoyo de la Fuerza Armada para garantizarse su lealtad en medio de la guerra política, le hiciese al fuero castrense concesiones específicas. Aunque, y por supuesto, el peligro de este intercambio es hacer de la Fuerza Armada un actor político relevante.

SIN BUENOS AUGURIOS


La sesión de seguimiento del proceso legal que conduzca a la promulgación de una nueva ley de reconciliación y justicia realizada por la Corte Suprema no anuncia buenos augurios.

La Asamblea Legislativa parece hacer lo que está mandatado, pero apenas hace lo que podría hacer. El Ejecutivo, a quien tocará sancionar esa ley, argumenta que la nueva ley que ya vetó no cumple ni con los requisitos de superación de la impunidad ni con los que garanticen la no repetición.

De hecho, aunque la nueva ley en discusión abona elementos favorables a la memoria histórica y al resarcimiento de las víctimas del conflicto, en materia de justicia coloca a la víctima en una especie de lugar opcional de participación y también concede al victimario un lugar preferencial con la oferta de reducirle las penas si la Fiscalía llegase a considerar judicializables los hechos y si se llegase a alguna condena.

Con todos estos límites, la ley vetada no es más que una forma maquillada de proponer una nueva amnistía, por lo que debería ser rechazada de plano. No aparecen en la ley caminos novedosos y alternativos más allá de los clásicos caminos punitivos. Por su parte, los exguerrilleros y los exmilitares saben que de abrirse las puertas punitivas, no habría dirigente político de ARENA y del FMLN que quedara sin ser demandado por violación de derechos humanos. De hecho, tanto el exPresidente Alfredo Cristiani como el exPresidente Salvador Sánchez Cerén siguen siendo considerados presas de caza mayor.

“NO ABRAMOS HERIDAS”


Es poco probable que en este terreno suceda algo trascendental. Los dos partidos políticos, que definen en el seno de la Asamblea el carácter de la ley, tienen demasiados compromisos con sus excombatientes y por eso no parece factible una ley justa que sea aprobada por ARENA y el FMLN. Tampoco el Ejecutivo va a promoverla mientras no disponga de otra fuerza en la que apoyarse para sostenerse que no sea la Fuerza Armada.

Y aun si se aprobase esa ley justa, es fácil adivinar que habría de inmediato un acuerdo implícito para no agitar las aguas basado en el “Si tú no procedes penalmente contra mí, yo tampoco procederé penalmente contra ti”. Ésa ha sido la canción que en voz baja ha estado sonando desde hace treinta años, y que no es más que una variante del “No abramos heridas”.

Y si acaso algún ciudadano o ciudadana pretendiera sanar esas heridas iniciando un proceso penal, su esfuerzo seguramente quedaría hundido en las movedizas arenas del sistema judicial o permanecería esperando eternamente una resolución favorable o incluso alguna resolución.

MIRAR A SUDÁFRICA


Cuando la Sudáfrica de Mandela lanzó en 1995 su Comisión para la Verdad y la Reconciliación, con el obispo Desmond Tutu a la cabeza, tomó en cuenta algo de la experiencia de la Comisión de la Verdad de El Salvador. Valdría la pena, ahora que intentamos un auténtico proceso de reconciliación para nuestro país, echar una mirada a la experiencia de Sudáfrica para lograr superar la limitada mentalidad jurídica y la dimensión punitiva de la reconciliación.

PROFESOR DEL DEPARTAMENTO DE SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA JOSÉ SIMEÓN CAÑAS DE EL SALVADOR.

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