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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 464 | Noviembre 2020
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Nicaragua

El régimen emplazado: ¿La última oportunidad?

La Asamblea General de la OEA le ha puesto al régimen de Nicaragua un ultimátum con el apelativo de “resolución”, para que seis meses antes de las elecciones de noviembre de 2021 garantice en el país un escenario político con libertades y un escenario electoral observado y con competencia real. La OEA emplaza a la dictadura en momentos en que, a su guion represivo, Ortega ha sumado tres leyes amenazantes, que le han ganado nuevas sanciones. Y la resolución llega cuando la oposición azul y blanca organizada debería cohesionarse y, en cambio, se fractura. ¿A qué negociaciones asistiremos en los próximos meses?

Equipo Envío

Con bastante anticipación a la Asamblea General de la OEA circularon varias versiones del proyecto de resolución sobre Nicaragua que discutirían los Cancilleres de todo el continente en su reunión virtual, por la pandemia, del 20 y 21 de octubre.

En Nicaragua algunos grupos exigían aplicarle a Ortega la Carta Democrática, expulsándolo de la OEA. Otros, declarar ilegítimo su gobierno. Era generalizada la aspiración a un texto contundente que lo colocara en una situación extrema. Lo que hubo fue una resolución, en lenguaje muy cuidadoso, que por primera vez le pone un plazo para cumplir. A pesar de que pudo ser más, la resolución es una clara derrota política para la dictadura y puede leerse como un ultimátum con que el organismo regional los emplaza a hallar una justa salida electoral a la crisis que su desatada represión ha provocado.

El texto pareciera la última oportunidad que la comunidad regional le da a Ortega para que acepte celebrar en Nicaragua unas elecciones “como Dios manda”.

QUÉ DICE LA RESOLUCIÓN


La resolución se titula “Restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto a los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas”. Fue copatrocinada por las delegaciones de Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Paraguay y Venezuela.

Recibió el voto favorable de 20 de los 34 países presentes. Hubo 12 abstenciones (dos países continentales, México y Argentina; tres centroamericanos, Honduras, Guatemala y Belice; y siete pequeñas islas caribeñas). Sólo dos votos en contra: Nicaragua y la islita de San Vicente y las Granadinas. La votación y las intervenciones que siguieron, sin que ninguna delegación defendiera al régimen de Ortega, mostraron el aislamiento al que ha llegado la dictadura.

En su prólogo, la resolución “recuerda la preocupación por el deterioro de las instituciones democráticas y los derechos humanos en Nicaragua”. “Reafirma” los principios de la Carta Democrática Interamericana, entre ellos la celebración de “elecciones libres y justas”. “Reitera” la preocupación porque el gobierno no ha cumplido con “medidas acordadas” (liberación de presos políticos, presencia de la CIDH, libertades civiles…). “Expresa gran preocupación” ante la situación actual (señala los abusos de “fuerzas policiales auxiliares y de milicias armadas del partido en el poder, que no han sido desmanteladas” y la falta de un “regreso seguro” de los exiliados). Y “observa con alarma” las tres nuevas leyes del régimen “para intimidar o amenazar” a la oposición y a los medios de comunicación.

LO CENTRAL EN LA RESOLUCIÓN


En su parte fundamental, la resolución “insta” al gobierno a “respetar plenamente el orden constitucional, los derechos humanos y las libertades fundamentales, y a celebrar elecciones nacionales, presidenciales y legislativas, libres y justas”. Y para esto, lo “insta a que acepte el despliegue amplio y efectivo de misiones de observación electoral integradas por observadores internacionales independientes”. Y a que solicite a la Secretaría General de la OEA apoyo para “negociaciones incluyentes y oportunas con los actores nacionales que representan a la oposición nicaragüense, en torno a medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales”.

En páginas siguientes, el exembajador ante la OEA en los años 80, Edgard Parrales, hace una valoración más detallada de la resolución y del contexto en el que se dio.

MAYO: PRIMER PLAZO
QUE A OEA LE PONE A ORTEGA


El texto de la resolución es específico en demandar al régimen siete reformas al colapsado sistema electoral. “Modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral para garantizar que funcione de forma totalmente independiente, transparente y responsable”. “Un proceso político pluralista… y registro abierto de nuevos partidos políticos”. “Actualización” y “auditoría independiente” del padrón electoral. “Observación electoral internacional independiente”. Transparencia en el padrón, en la entrega de cédulas y en “la gestión de los centros de votación”. “Recuento y consolidación transparentes de los resultados y su publicación en tiempo real”. Y procedimientos adecuados para resolver las quejas que haya sobre el proceso y sobre los resultados.

Después de varias reuniones e informes sobre la crisis de Nicaragua, por primera vez la OEA emplaza al régimen con una fecha precisa, especificando que los “compromisos concretos” para las reformas electorales deben darse “a más tardar en mayo de 2021”.

La resolución también “solicita” a la secretaría general de la OEA “que informe periódicamente sobre el estado de los acuerdos y calendarios para la aplicación de las reformas electorales que conduzcan a elecciones libres, justas, competitivas, observadas y legítimas”.

No aparece explícito en el texto si en mayo el gobierno deberá haber cumplido con todo lo que se le “recuerda” o con todo a lo que se le “insta” para garantizar el clima para esas elecciones.

Aprobada la resolución un miércoles, el jueves el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, en entrevista con medios nicaragüenses precisó: “Con la resolución hemos marcado los requisitos para estas elecciones. Lo que no está escrito son las consecuencias de no cumplirlos: si no se celebran elecciones legítimas y si los requisitos no se cumplen, esas elecciones no serán reconocidas”.

Y el viernes el secretario general de la OEA, Luis Almagro, en entrevista con la CNN, lo reiteró: “Habrá una eventual declaración de ilegitimidad si no se cumplen las condiciones que solicita la resolución”.

TRES LEYES AMENAZANTES: TÁCTICA Y ESTRATEGIA


Ortega y Murillo sabían de previo que la OEA les tendería un “puente de plata” para que abandonen de una vez su actitud negacionista y decidan arriesgarse a garantizar elecciones competitivas. Sabían que la OEA los emplazaría ofreciéndoles esta última oportunidad.

Decididos a mostrarse seguros y fuertes ante sus bases, el 19 de octubre, en la mera víspera de la Asamblea General, Ortega llamó a la OEA “organismo de muerte” y la Vicepresidenta dijo que era una institución “sacrílega, demoníaca y satánica”. Y decididos a quedarse en el poder cinco años más… y “siempre más allá”, como reza una de sus consignas, prepararon de previo un combo de leyes que les sirvan de blindaje pre-electoral.

Las tres leyes no se explican sin el claro propósito de intimidar al máximo a sus adversarios, y a toda la población, incluidos los empleados estatales, antes de la contienda electoral de noviembre de 2021.

No se explican sin el conocimiento que Ortega tiene de que si se viera obligado a fraguar un nuevo fraude, su gobierno sería declarado ilegítimo. No se explican sin el terco propósito de Ortega de participar sólo en elecciones a su medida donde no arriesgue su permanencia en el poder.

Las tres leyes cumplirán ese objetivo táctico de corto plazo: atemorizar, amenazar y penalizar para provocar desunión y abstención en las filas azul y blanco antes de las elecciones.

Pero no sólo. Son también estratégicas: como la apuesta es ganar esas elecciones, por las buenas o por las malas, las tres leyes garantizarán cinco años más de una dictadura institucional más “legal” en el país soñado por la pareja: un país de partido único, aunque no lo llamen así.

EL NUEVO ARSENAL LEGAL


En septiembre, cuando el régimen anunció sus tres nuevas leyes, se cumplía el primer año de haber impuesto el estado policial de facto. No hubo día en estos doce meses en que policías y paramilitares no reprimieran cualquier expresión opositora, capturando, encarcelando, asediando familias, viviendas y reuniones de los azul y blanco. Un año después, las leyes vienen a facilitar un arsenal jurídico para que a la violencia de las armas se añada la violencia legal.

El 15 de septiembre el propio Ortega anunció que establecería la pena de “cadena perpetua” para quienes cometan “crímenes de odio”, advirtiendo con vehemencia que ésos son los delitos que cometieron los azul y blanco en 2018 y los que siguen cometiendo. La ley los castigará con cárcel de por vida.

El 22 de septiembre la Asamblea Legislativa controlada por Ortega recibió del Ejecutivo un proyecto de ley para “regular a los agentes extranjeros”. Fue aprobada el 16 de octubre y entró en vigor el día 19. La ley va contra las organizaciones y personas que en ellas trabajan recibiendo cooperación o solidaridad de fondos del exterior. Si califican como “agentes” serán castigadas con multas, penas de cárcel y hasta confiscación de sus bienes.

El 28 de septiembre el Legislativo recibió la ley “contra ciberdelitos” y a la vez, Ortega publicó un decreto presidencial de Ciberseguridad. La ley fue aprobada el 26 de octubre y va contra quienes filtren información pública y contra quienes publiquen noticias “falsas” en las redes sociales. El decreto legaliza el espionaje cibernético.

¿QUÉ “NO LE GUSTA” A ORTEGA?


Si Ortega se preparó para el ultimátum con este paquete de leyes, en la OEA también evaluaron cómo llegaba Ortega a esta su posible última oportunidad.

En la transcripción de una reunión realizada el 5 de octubre, en la que participó el secretario general de la OEA, Luis Almagro y funcionarios del Departamento de Estado, del Partido Demócrata y del Diálogo Interamericano, se leen varias reflexiones de Almagro.

“Es muy difícil -dice- saber a qué teme Ortega. Entre los líderes de la región es quizás el de más sangre fría. No sabemos a lo que teme, sabemos lo que no le gusta. No le gustan las sanciones cuando caen sobre él y su familia. Tampoco le gusta la ilegitimidad. No le gustaría ser considerado como un gobierno ilegitimo. Eso es algo que no le gusta. No quisiera convertirse en un Maduro, que carga con ilegitimidad por todo el hemisferio… Para seguir al frente de un gobierno legítimo el reto es lograr que haga reformas electorales. Si quiere un mínimo de legitimidad sólo la puede tener con elecciones justas”.

En las conclusiones de esa reunión, Aimel Ríos, representante del National Endowment for Democracy, del Partido Demócrata, afirmó: “Necesitamos enviarle un mensaje claro que es dentro de la OEA, con la OEA y en la OEA, donde la crisis de Nicaragua debe ser resuelta. Es en ese escenario. Porque Ortega podría estar buscando un organismo alterno como el SICA (Sistema de Integración Centroamericano). La OEA debe empoderarse al máximo para lidiar con la situación de Nicaragua”.

Todas estas reflexiones se concretaron el 21 de octubre en la resolución con que la OEA emplazó a la dictadura. Conociéndose bien Ortega y la OEA, a partir de ahora Ortega pretenderá sortear lo más crucial de la resolución, haciendo el mínimo de reformas electorales, a la vez que amenaza a sus oponentes y a la población en una guerra de desgaste, que será real (represión) y también legal (combo de leyes).

LA PENA DE CADENA PERPETUA


La pena de “cadena perpetua” para ser legal requiere de una reforma constitucional, y esa reforma requiere de aprobación en dos legislaturas. El 23 de octubre se aprobó en la actual legislatura. Se tiene planteado volver a aprobarla en la próxima, ya en 2021, cuando entraría en vigencia.

Sólo se reformó el artículo 37 de la Constitución, que establece que la pena máxima no puede exceder de 30 años. La reforma le agrega un párrafo que dice que “excepcionalmente” se aplicará la cadena perpetua “por delitos graves cuando ocurran en circunstancias de odio, crueles, degradantes, humillantes e inhumanas, que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación y repugnancia en la comunidad nacional”. En la exposición de motivos de la reforma se justifica esta reforma afirmando que el Estado debe “instaurar una política criminal rigurosa”.

Esto, y todo lo referido a las tres leyes se está haciendo a la carrera, siguiendo los dictados y hasta los términos empleados por la Vicepresidenta en sus monólogos, en los que se ha ufanado de haber recogido más de 2 millones y medio de firmas respaldando la cadena perpetua. Todos los empleados públicos no suman esa cifra, así que se ha conocido que en barrios y comarcas los agentes del régimen recogieron firmas, aprovechando el temor a represalias contra quienes no firmaran.

Por la celeridad impuesta, la reforma contradice el artículo 39 de la Constitución, que como muchas legislaciones modernas y tratados internacionales firmados por Nicaragua, establece que el sistema penitenciario nicaragüense “tiene como objetivo fundamental la transformación del interno para reintegrarlo a la sociedad” y especifica que “las penas tienen un carácter reeducativo”. Está claro que quien esté en la cárcel toda su vida ni se reeduca y mucho menos se reintegra…

LA LEY CONTRA LOS “AGENTES EXTRANJEROS”


La ley de regulación de agentes extranjeros ya entró en vigencia. Fue llamada inmediatamente “ley Putin” por sus similitudes con la promovida y aprobada por Vladimir Putin en Rusia en julio de 2012. Es una ley violatoria de un sinnúmero de derechos laborales, económicos, políticos y sociales establecidos en la Constitución.

Además de amenazar a los azul y blanco, quiere abonar en las bases que aún le quedan al FSLN la creencia de que la oposición a Ortega y a Murillo nace, crece y se reproduce con dinero “del imperio”.

Esta ley legaliza la discriminación y promueve la estigmatización. Ordena que las personas naturales o jurídicas que reciban para su funcionamiento dinero del exterior deberán inscribirse como tales -lo que equivale a incriminarse- para que sus actividades sean analizadas y juzgadas mensualmente por el Ministerio de Gobernación, que decidirá sobre su condición y sobre su futuro. Si las personas inscritas son consideradas “agentes” serán multadas, encarceladas, podrían perder su personería jurídica y ser confiscadas sus cuentas y propiedades. Y si no se inscriben, tratando de evadir el escrutinio, les podría pasar lo mismo.

Quienes sean clasificados por el régimen como “agentes extranjeros” tendrán también muerte civil: no podrán ser candidatos a ningún cargo público de elección ni tampoco podrán ser funcionarios estatales de ningún nivel, incluso hasta un año después de que el Ministerio los hubiera sacado de la lista de “agentes”.

Es este aspecto de la ley el que evidencia su objetivo pre-electoral: Ortega se atribuye el poder legal de seleccionar a los contendientes a quienes se enfrentará en las urnas en noviembre de 2021. Y después, si se queda en el gobierno, esta ley le permitirá impedir el trabajo en el servicio público a quienes él quiera. Por esta razón, aun antes de haber aceptado Ortega una sola de las reformas electorales a las que se le “insta”, la ley contra “agentes extranjeros” profundiza la falta de garantías que tendrían las pró¬xi¬mas elecciones si llegan a celebrarse.¬

DÉCADAS DE “SOLIDARIDAD”
Y DE “COOPERACIÓN”


La “ley Putin” afectará a ONG que desarrollan tareas sociales, educativas, ambientales, culturales, de capacitación, de derechos humanos, universidades, fundaciones, medios de comunicación, gremios empresariales, iglesias… y a quienes trabajan en todos esos espacios porque sus salarios vienen “de fuera”.

La ley señala específicamente profesiones que serán directamente afectadas: consultores, asesores, diseñadores de publicidad, relacionistas públicos… incluyendo, naturalmente, a periodistas.

Esta ley, con potencial de mandar a la cárcel a tantos “agentes extranjeros”, y de hacer salir del país a las agencias que los financian, es una contradicción flagrante con lo que durante décadas hemos llamado en Nicaragua “solidaridad” y “cooperación” internacional, de la que tantísimo se ha beneficiado el FSLN y sus organizaciones.

En 2004, Sally O´Neill, directora regional de Trocaire, ONG católica de cooperación con los países del Sur, hablando con Envío explicaba: “Nicaragua ha sido el país más favorecido con la cooperación en toda América Latina. Ha sido, con Mozambique, el país más mimado y más priorizado por la cooperación multilateral, bilateral y privada durante muchos años. En 2003 el 28% del PIB de Nicaragua venía de estas tres formas de cooperación”.

Según los cálculos que O´Neill compartió -más precisos a partir del año 2000, cuando empezó a haber registros en Nicaragua-, desde 1979, cuando inició la Revolución hasta el año 2003, tanto los cuatro gobiernos que hubo en esos años en Nicaragua, como toda la sociedad nicaragüense, se habían beneficiado con 14 mil millones de dólares de la cooperación internacional y de la solidaridad internacional.

Es tal la cantidad de organizaciones internacionales de decenas de países que hasta hoy siguen financiando centenares de actividades de todo tipo en Nicaragua que es previsible que al comenzar a aplicarse la “ley Putin” veremos aparecer en nuestro país un número exponencial de “agentes extranjeros”.

¿Tendrá el régimen capacidad de aplicar plenamente una ley de tan inauditos alcances? Es precisamente esa amplitud, con las dificultades burocráticas que provocará su cumplimiento, lo que revela el propósito de esta arma legal: apuntar selectiva, antojadiza y discrecionalmente contra quienes el régimen priorice como enemigos de la permanencia de Ortega en el poder.

LA LEY CONTRA CIBERDELITOS


Si la “Ley Putin” prioriza la preparación de un escenario electoral favorable a Ortega, controlando y eventualmente cortando toda posibilidad de financiamiento a la oposición azul y blanco (organizaciones, medios de comunicación, partidos…) y hasta eliminando candidaturas que no sean del agrado de Ortega, la “Ley Mordaza”

-como se conoce a la Ley Especial contra los Ciberdelitos- configura un escenario electoral con un alto nivel de censura y espionaje, y por tanto, de intimidación de los electores, en el que las prioridades serán los medios de comunicación independientes y sus periodistas.

La ley contra los ciberdelitos llegó acompañada de un decreto presidencial: Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. Las fechas ya indican que se aplicará en el próximo quinquenio del reelecto Ortega...

LA LEGALIZACIÓN DEL ESPIONAJE


La ley y el decreto se complementan. Con el decreto, el régimen tendrá control sobre el flujo de informaciones que circulan en las empresas de telefonía móvil nacional. Y con la ley controlará y sancionará selectivamente a los medios y a la ciudadanía que se comunican en las redes sociales por telefonía móvil.

Para garantizar la “ciberseguridad”, el Ejército, la Policía, la empresa estatal de Telecomunicaciones (Telcor), la Unidad de Análisis Financiero y la Fiscalía tendrán facultades para intervenir los sistemas informáticos y las bases de datos de personas, medios, empresas y organizaciones cuando estén investigando un “ciberdelito”.

En la “consulta” realizada en la Asamblea sobre la ley contra los ciberdelitos participaron únicamente las instituciones estatales, todas controladas por el Ejecutivo. Una de las consultadas fue la Policía. Maximino Rodríguez, diputado del PLC, dijo a la prensa que en esa consulta el inspector general de la Policía, comisionado Jaime Vanegas, afirmó: “Tenemos la técnica, los especialistas en el laboratorio y en Auxilio Judicial (dependencia policial) para investigar y perseguir a los usuarios de las redes sociales”. Rodríguez concluyó: “Tienen listo el laboratorio de espionaje”.

LOS JUECES DE LA “LEY MORDAZA”


La “Ley Mordaza” establece penas que van desde uno hasta diez años de cárcel contra quienes “usando las tecnologías de la información y la comunicación publiquen o divulguen información falsa y/o tergiversada que produzca alarma, temor, zozobra en la población o en un grupo o sector, a una persona o a su familia… o la que perjudique el honor, prestigio o reputación de una persona o su familia”.

Resulta muy relevante que la ley eleva las penas de cárcel a quienes “transfieran información pública clasificada como reservada”, en clara referencia a funcionarios y empleados estatales inconformes con la gestión del régimen, que han filtrado desde hace tiempo, y siempre bajo anonimato, información pública a los periodistas independientes, rompiendo así el secretismo oficial y alimentando importantes piezas del periodismo investigativo, que han permitido a la ciudadanía conocer actos de corrupción, despilfarro de los bienes públicos y arbitrariedades en las instituciones del Estado.

Al igual que con la “Ley Putin”, las autoridades, que discrecionalmente etiquetarán y sancionarán al “agente extranjero” serán las mismas que decidirán qué hecho es falso, qué información es “fake” o tergiversada, cuál noticia o cuál denuncia causa temor o cuál produce zozobra y a quiénes atemoriza o perjudica...

“RESISTIREMOS INFORMANDO”


Ya en 2013, en su afán de controlarlo todo, el gobierno había hecho un primer intento de controlar el Internet, aun cuando en aquel momento las redes sociales no tenían aún en Nicaragua el alcance que hoy tienen.

En mayo de ese año la entidad estatal para las telecomunicaciones, dio a conocer una propuesta de ley que los gremios empresariales agrupados en el COSEP rechazaron porque le daba al gobierno derecho a acceder a información confidencial de instituciones estatales y de empresas privadas. Los empresarios, entonces estrechos aliados del gobierno, prometieron convertirse en “una pared” para evitar que se aprobara esa ley. Y lo consiguieron.


Nuevamente, en marzo de 2018, en las meras vísperas de la insurrección ciudadana de Abril, el régimen intentó censurar las redes sociales. Ese mes la Vicepresidenta anunció que pediría al Legislativo realizar un “gran debate nacional” porque “podemos estar siendo influenciados negativamente por las redes sociales”. La gravedad de lo ocurrido apenas un mes después canceló el ya iniciado “gran debate”.

Dos años después, la ley y el decreto tienen un claro sabor pre-electoral y hasta “anuncian” el nuevo quinquenio orteguista. El escenario ideal de Ortega no quiere ni sátiras ni denuncias ni memes ni caricaturas ni convocatorias a reuniones. Quiere una campaña electoral totalmente controlada. Quiere un flujo de información censurado. Y por su carácter intimidatorio, quiere tener desde ahora una sociedad autocensurada por atemorizada. Y silenciada por amenazada. Y quiere asegurarse cinco años de “silencio”.

En todo el gremio periodístico azul y blanco, hoy cohesionado como nunca lo había estado antes en nuestro país, se ha escuchado y reiterado la determinación de seguir haciendo periodismo de calidad y diciendo las verdades que el régimen oculta. Ha habido reuniones de periodistas en las que escuchamos esta decisión: “Si nosotros estamos resistiendo para informar, que la población se informe para resistir”.

“RECAPACITE, SEÑOR PRESIDENTE”


El anuncio de la ley de agentes extranjeros provocó inmediata preocupación en el gobierno de Estados Unidos y en el Parlamento Europeo, captando su principal propósito político: exterminar a la oposición.

Michael Kozak, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental -presente en la reunión en la que Almagro identificó lo que “no le gusta” a Ortega, alertó sobre la ley, calificándola de “una peligrosa afrenta a la democracia en Nicaragua”. (En la resolución de la OEA se la señala con “alarma”).

El 25 de septiembre, 21 eurodiputados escribieron a Ortega: “Esperamos que recapacite”, le decían “exhortándolo” a no aprobar la ley. Pero como el régimen ha dado suficientes pruebas de su obcecación en no rectificar y el proceso de aprobación continuaba veloz, el eurodiputado español José Ramón Bauzá pidió al Parlamento Europeo una reunión plenaria urgente sobre Nicaragua. En tiempo récord se dio la reunión el 8 de octubre, cuando, además de la “ley Putin” ya se había anunciado otra ley, la de los ciberdelitos.

Con el voto afirmativo de 609 de los 694 eurodiputados se aprobó una resolución que afirma: “En vista de los continuos y graves abusos y violaciones de los Derechos Humanos, si la propuesta Ley de Agentes Extranjeros, Ley Especial Contra los Ciberdelitos y la Ley Contra los Crímenes de Odio, son aprobadas, si el Gobierno de Nicaragua continúa demostrando falta de voluntad para entablar un diálogo nacional para una apropiada reforma electoral, y la represión contra la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua continúa, solicitamos que el Consejo, rápidamente amplíe la lista de individuos y entidades que serán sancionadas, incluyendo al presidente y la vicepresidenta, teniendo especial cuidado de no dañar al pueblo de Nicaragua”.

Relevante en la reunión fue el hecho de que ni uno solo de los eurodiputados que votaron en contra de la resolución o se abstuvieron tomó la palabra para defender el régimen de Ortega y Murillo.

MÁS SANCIONES…
¿FIN DEL ACUERDO COMERCIAL?


Desde diciembre de 2019 el Parlamento Europeo había condenado las violaciones de derechos humanos en Nicaragua, aprobando con 560 votos la aplicación de sanciones a altos cargos del régimen. Y ya desde entonces había contemplado otra sanción: suspender a Nicaragua del Acuerdo de Asociación de la UE con Centroamérica -firmado en 2012- si Ortega continuaba en su rumbo represivo y no respetaba el compromiso democrático que se incluye en el Acuerdo.

En la UE los procesos para aprobar sanciones son muy lentos. Implican que 27 países con diferentes intereses se pongan de acuerdo. Consensuar el “marco legal” para aplicar sanciones se prolongó y éstas se hicieron efectivas hasta seis meses después, en mayo de 2020, a cuatro altos jefes policiales y a dos funcionarios civiles del régimen con altos cargos. La posibilidad de sacar a Nicaragua del Acuerdo comercial volvió a retomarse ahora como una posibilidad. Sería una medida que restaría unos 300 millones de dólares a las exportaciones nicaragüenses que van a Europa y sí dañaría al pueblo de Nicaragua.

La aprobación de la “ley Putin” ocho días después de la resolución del Parlamento Europeo fue considerada por el eurodiputado José Ramón Bauzá un desafío de Ortega a la comunidad de naciones europeas. “No quedará impune”, dijo.

MÁS SANCIONES DE WASHINGTON


Al día siguiente de la reunión del Parlamento Europeo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos reaccionó ante el paquete de leyes represivas aplicando tres nuevas sanciones, dos a funcionarios del régimen -ya son 24 en la lista de sancionados- y otra a una institución financiera.

Esta vez tocaron por primera vez al Poder Judicial. La Fiscalía o Ministerio Público es la institución del Poder Judicial a la que corresponde la defensa jurídica de la ciudadanía. La sanción contra la Fiscal General Ana Julia Guido, indica que, estando ella al frente de una institución estratégica para la defensa de los derechos humanos, pervirtió su misión.

A Guido se la sanciona por ser responsable de organizar a un grupo de fiscales que trabajaron con la Policía “para fabricar casos contra presos políticos”.

Seguramente, le tocará a partir de ahora “fabricarlos” contra quienes sean castigados penalmente con cualquiera de las nuevas leyes represivas.

En Nicaragua, unas 2,000 personas han pasado más de un año, varios meses o varias semanas en las cárceles sufriendo maltrato y torturas, por los “casos” fabricados en la Fiscalía. A fines de octubre de 2020 había todavía 113 presos políticos encarcelados.

LA SANCIÓN CONTRA PAUL OQUIST


El otro personaje sancionado por el Departamento del Tesoro es el secretario privado de Ortega para políticas públicas, Paul Oquist.

Oquist es un estadounidense nacionalizado nicaragüense, que renunció a su ciudadanía de nacimiento, y que vive en Nicaragua desde los años 80, cuando vino a trabajar con el gobierno del FSLN. En los años de la Revolución se le consideraba el principal cuadro de administración pública con que contaba el gobierno.

Desde 2007, en el nuevo gobierno de Ortega, Oquist se convirtió en el cerebro gris del régimen para diseñar, elaborar y presentar por todo el mundo los planes de desarrollo nacional y de desarrollo humano del régimen que, aunque no se cumplían, sí respondían cabalmente a lo que los organismos internacionales demandan y hasta estaban escritos en el lenguaje que emplean. Por eso, las agencias de Naciones Unidas quedaban tan satisfechas con sus contenidos.

“POR DIFUNDIR DESINFORMACIÓN”


Oquist, autor de innumerables documentos estatales -uno de los más recientes el que explicaba la “singular” estrategia de Nicaragua para enfrentar la pandemia, emulando “el modelo sueco”-, que llegaban a embajadas de todo el mundo viajaba dando entrevistas en medios internacionales con un discurso que, para quienes no conocían mucho de la realidad de Nicaragua, era convincente y hasta atractivo.

Hoy se le sanciona por esa representación “en una variedad de roles, en los que juega el papel de difundir desinformación para encubrir los crímenes del régimen, sus fechorías y horribles abusos a los derechos humanos”.

Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, afirmó después de la aprobación de la resolución de la OEA del 21 de octubre que las sanciones de Estados Unidos continuarán y se aplicarán a más funcionarios del régimen, recordando lo que suponen: se les hace casi imposible salir del país, se les confiscan sus recursos en el exterior y no pueden abrir cuentas en ningún banco extranjero ni en los bancos de Nicaragua. “Esas personas son marcadas -dijo- para toda su vida, hasta el día en que se mueran”.

LA SANCIÓN CONTRA CARUNA


En la misma fecha en que Guido y Oquist fueron sancionados, la economía de la dictadura recibió una nueva sanción. Esta vez le tocó a la Caja Rural Nacional (CARUNA).

La sanción a CARUNA fue precedida por las sanciones del Departamento del Tesoro contra Albanisa (enero 2019), contra el Banco Corporativo (abril 2019) y contra la Distribuidora Nacional de Petróleo (diciembre 2019).

Sancionando a CARUNA Estados Unidos quiebra otra importante pieza del engranaje financiero en el que se han movido los dineros de la cooperación venezolana privatizados por la familia en el poder.

La historia de CARUNA (Caja Rural Nacional) revela una más de las metamorfosis experimentadas por el FSLN en su segunda etapa en el gobierno. CARUNA fue una caja de ahorro y crédito fundada en 1993 para contribuir al desarrollo de la “economía popular” que el FSLN se comprometió a promover después del fin de la Revolución en 1990.

Durante años CARUNA formó parte del entramado de las importantes organizaciones rurales que el FSLN fue reduciendo a la mínima expresión: la ATC (Asociación de Trabajadores del Campo), la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos), la FENA¬COOP (Federación Nacional de Cooperativas)…

CARUNA: UNA INSTITUCIÓN PERVERTIDA


En un contexto adverso y “con las uñas” trabajaba CARUNA en beneficio de todos estos sectores hasta que desde 2007, y a la par de su sección de préstamos, la Caja Rural abrió otra sección en la que Ortega decidió se administraran los voluminosos recursos de la cooperación petrolera venezolana, privatizada por la familia gobernante, capital con el que se creó Albanisa y su consorcio de empresas.

Desde entonces la misión original con la que nació CARUNA se fue difuminando, porque se priorizaron sus nuevas funciones. A la vez, los liderazgos intermedios del movimiento cooperativo fueron siendo anulados o cooptados.

Se impuso en este sector, como en tantos otros, un modelo de control absoluto y vertical, más vertical y absoluto que el que mantuvo el FSLN en los años 80.

Con la perversión de la institucionalidad creada originalmente, CARU¬NA fue durante varios años el brazo financiero de Albanisa hasta que ese papel lo asumió en 2015 el recién fundado Banco Corporativo (BanCorp), hasta que Estados Unidos sancionó al Bancorp.

Ahora, es CARUNA la sancionada” por haber asistido materialmente, patrocinado o proporcionado apoyo financiero, material o tecnológico o bienes o servicios al Bancorp, entidad cuya propiedad e intereses fueron bloqueados”.

En este trasiego de dinero de la cooperación venezolana de una a otra institución se han movido unos 2,500 millones de dólares.

CÓMO ESTARÁ LA ECONOMÍA EN EL AÑO ELECTORAL


A pesar de todas las sanciones, que han afectado la economía del régimen y a pesar de que la economía nacional concluye el 2020 con tres años seguidos de recesión, el régimen tiene reservas suficientes para responder al clientelismo pre-electoral y hasta para presentar alguna mejoría económica a lo largo del incierto año electoral 2021.

Según Standard and Poor (S&P), la agencia calificadora de riesgo más importante de Estados Unidos, en su más reciente evaluación de la economía de Nicaragua, el escenario para 2021 es de estabilidad macroeconómica y de un ligero crecimiento de la economía (0.5%), en un contexto de inestabilidad política.

PROLONGADA CONVALECENCIA


S&P considera que el gobierno tiene asegurados los recursos externos que necesita para mantener el nivel adecuado de reservas internacionales, aunque afirma que la estabilidad macroeconómica se podría ir al traste si hay fuga de los depósitos bancarios por razones de la previsible inestabilidad política.

El anémico crecimiento económico que pronostica la agencia dependerá del comportamiento de las remesas, del desempeño de las exportaciones tradicionales (carne, lácteos, oro, café y azúcar), y de la eventual reactivación de la maquila si mejora la economía de Estados Unidos.

A pesar de estas “buenas noticias”, S&P diagnostica que la debilidad de la enferma economía nicaragüense persistirá durante varios años por la caída “libre” de la inversión extranjera y nacional y porque los bancos y las microfinancieras han reducido drásticamente el crédito a las empresas grandes, medianas y pequeñas. Como resultado, la inversión y el financiamiento bancario experimentarán una prolongada convalecencia.

ENSEÑANZAS DE BOLIVIA


El ultimátum de la OEA, que coloca a Ortega ante su última oportunidad de resolver con elecciones justas la crisis que provocó en abril desencadenando una masacre, se produjo apenas tres días después de la repetición de las elecciones en Bolivia, en las que resultó vencedor el Movimiento al Socialismo (MAS) con la fórmula Luis Arce-David Choquehuanca.

Entre los variados factores que explican el triunfo del MAS, además del pésimo, impopular y elitista gobierno de transición post-Evo, del racismo histórico y exacerbado durante ese período, de la “nostalgia” que sintió una mayoría de bolivianos por los buenos tiempos económicos de los trece años de gobierno del MAS, tuvo también un importante peso la división de la oposición al MAS, en un paisaje de partidos y movimientos políticos desgastados, confrontados y rivalizando agriamente, pugnas que decidieron a la población mayoritariamente indígena a seguir con el MAS y que decepcionaron a buena parte de las clases medias.

En Nicaragua, la victoria del MAS ha sido para Ortega una buena noticia y así la celebró en el acto del 19 de octubre, en el que tronó contra la OEA.

Sin embargo, lo sucedido en Bolivia no es tan buena noticia. Porque el ultimátum de la OEA está pidiéndole a Ortega lo que le pidieron a Bolivia y el MAS aceptó para ser reconocido esta vez como ganador legítimo: elecciones realizadas bajo estándares internacionales, observadas y supervisadas y celebradas con un órgano electoral imparcial. Para la oposición azul y blanco organizada la lección más importante de lo ocurrido en Bolivia es la importancia que tiene el que la oposición se presente en un único bloque cohesionado.

UN PASO ANUNCIADO


La lección que para la oposición nicaragüense dejó la elección en Bolivia no fue escuchada por algunos. Y apenas una semana después de la resolución de la OEA, la mejor noticia se la dio a Ortega la decisión de la Alianza Cívica de separarse de la Coalición Nacional.

Salir de la Coalición fue un paso anunciado, precedido por semanas llenas de altibajos y de muchos rumores.

Muy adecuadamente cuestionó extensamente ese paso en el número anterior de Envío el académico Ernesto Medina. Él y otros 5 miembros de la Alianza, entre ellos el rector de la UCA, votaron el 26 de octubre en contra de la salida de la Alianza. Pero los votos de 15 miembros de la Alianza -primaron los de los 5 representantes del sector empresarial y los de los 5 del sector juvenil- avalaron la salida y siendo mayoría ganaron.

ALIANZA CÍVICA: DIVIDE PARA “UNIR”


A primera vista quien ganó en esta votación fue Ortega y así lo ha percibido el olfato político y el sentir de la mayoría azul y blanco, la organizada y la no organizada, en resistencia permanente soportando cárcel, asedio, desempleo y ansiedad.

En un innecesariamente extenso documento, la Alianza trata de explicar el paso que da con contradictorios argumentos, en los que da a entender que será capaz de lograr una nueva plataforma unitaria fracturando la que ya existía.

No deja de resultar también muy confuso y desalentador para la comunidad internacional que apoya la lucha del pueblo nicaragüense que cuando le ha puesto un plazo a Ortega, quienes lo enfrentarían en elecciones se dividen. ¿Cómo interpretará la OEA esta división? ¿Y el gobierno de Estados Unidos?

¿UN PASO EN FALSO?


¿Es éste un paso en falso o quienes están detrás -o delante o al lado- saben bien qué dirección lleva la fractura que la Alianza Cívica llama tan pomposamente “el reimpulso de la unidad”, “el salto cualitativo con la oposición unificada, con credibilidad y legitimidad, para que se pueda convertir en la alternativa que necesita Nicaragua frente a la dictadura”?

¿Quiénes están detrás son los mismos que ya están alentando a los liberales del PLC a abandonar también la Coalición Nacional, aduciendo sus directivos, como los de la Alianza, que están siendo “maltratados” en la Coalición?

En las próximas semanas habrá más claridad, más preguntas y tal vez más respuestas que aclaren esto. De momento, podemos ya hacernos la misma pregunta que nos hacíamos hace un mes: ¿Será posible que un sector del gran capital y un sector político, el partido Ciudadanos por la Libertad, se alíen fraccionando el voto azul y blanco, favoreciendo la abstención por confusión y garantizando así la permanencia de Ortega en el poder?

PREGUNTAS HASTA MAYO


Hay otras preguntas que nos hacemos al iniciar noviembre y que irán teniendo o no respuestas a lo largo de los próximos meses.

La más gruesa es ésta: Sin expresarlo explícitamente, la resolución de la OEA indica que si Ortega no cumple con todo aquello a lo que se le insta, las elecciones se celebrarán en su escenario, con sus reformas y con sus adversarios, pero no serán reconocidas y su régimen cargaría con la mancha de la ilegitimidad.

Pero, ¿será cierto que a Ortega “no le gusta” la ilegitimidad, según la hipótesis de Almagro? ¿O estarán Ortega, Murillo y su círculo dispuestos a pagar ese precio a pesar del alto costo de imagen y de aislamiento internacional, viendo cómo Cuba lleva 60 años aguantando y Maduro dura y perdura?

Otra: si Ortega decidiera cumplir con las reformas a las que se le insta, esto se notaría y en los meses de noviembre a mayo -el plazo del ultimátum- asistiríamos a una actividad febril de las instituciones estatales para lograr todo lo que hay que reformar en el colapsado sistema electoral.

Es mucho lo que hay que hacer ¿Comenzaremos a ver pronto cómo se enrumban las reformas? En la citada reunión en la que Almagro lanzó su hipótesis del “no le gusta”, Robert Drester, Vicesecretario para Democracia, Derechos y Humanos y Trabajo en el Departamento de Estado, señaló que la reforma del sistema electoral nicaragüense debe ser prácticamente total: “Deben empezar a reformar desde la A hasta la Zeta”. Esto supone un gran trabajo. Drester también expresó su desconfianza en los efectos de cualquier presión internacional sobre Ortega: “Si el embajador Kozak -presente también en la reunión- y yo le escribiéramos la más feroz carta, él usaría su papelera como canasta de basket para tirarla”, dijo.

¿Veremos a las instituciones del Estado, encabezadas por un renovado Poder Electoral, poniéndose las pilas para que en mayo el escenario electoral garantice elecciones justas? A eso han sido emplazadas. Y los expertos electorales consideran que de aquí a mayo es factible realizar todas estas reformas y garantizar un escenario electoral adecuado.

SIETE MESES DE NEGOCIACIONES


No hay una sola respuesta clara para ninguna de estas preguntas y para tantas otras que irán surgiendo. Pero si ésta es la última oportunidad que se le ha dado Ortega, si es de verdad un ultimátum, los próximos serán meses de negociaciones por encima y por debajo de la mesa. Para las de ambos tipos parecen alistarse ya los “negociadores”, que apenas han enseñado algunas de sus cartas.








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