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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 459 | Junio 2020
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Nicaragua

Noticias Nicaragua

HAMBRE Y POBREZA

Según un informe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la pandemia del coronavirus provocará más pobreza y hambre en América Latina. El informe señala los países de la región con mayor porcentaje de personas que sufren hambre: Haití (49.3%), Venezuela (21.2%), Bolivia (17.1%), Nicaragua (17%) y Guatemala (15.2%). Según el informe, 1 millón 700 mil nicaragüenses padecen de un insuficiente consumo de alimentos diarios, el 2.2% de los niños menores de 5 años sufren de aguda desnutrición y el 17% de malnutrición crónica. Además, el 40% de la población de los departamentos de Jinotega y Caribe Norte carecen de una significativa falta de alimentos. Según la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los efectos económicos de la pandemia dejarán al 52.7% de la población nicaragüense (3 millones 400 mil personas) en la pobreza y al 22.2% de ese porcentaje en pobreza extrema, en la miseria. La CEPAL señala que en la post-pandemia los mayores aumentos de pobreza extrema se darán en México, Nicaragua y Ecuador.

COMPENSACIÓN SOCIAL

Entre las medidas propuestas por la Alianza Cívica para proteger a la población más afectada por la crisis económica está una moratoria en el pago por los servicios públicos de agua y luz, y algo similar en los servicios privados de telefonía móvil e Internet. Se propone también una moratoria en el pago de los créditos, sin afectar el récord crediticio de los deudores. Sobre la moratoria en pago de agua y luz, no hay reacción alguna del régimen. Hay que tener en cuenta que Ortega y su círculo de poder tienen empresas en el área de combustibles y energía. “Él es el capitalista más grande del país”, dice el político liberal José Pallais, miembro de la Alianza Cívica. Sobre la moratoria en el pago de los créditos, son dos empresas públicas, la Superintendencia de Bancos y de Otras Instituciones Financieras (SIBOIF) y la Comisión Nacional de Microfinanzas (CONAMI), las que tendrían que autorizar a bancos y microfinancieras a dictar la moratoria.

ASESINATOS EN EL CAMPO

En mayo el dirigente campesino Medardo Mairena retó al Ejército a que permita a organismos internacionales de derechos humanos entrar en Nicaragua para verificar las denuncias que viene haciendo desde hace meses: los asesinatos de campesinos opositores en distintas zonas del país, algo que el Ejército siempre ha negado. En septiembre de 2019 el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca + presentó ante la CIDH un informe sobre la violación de derechos humanos “a la población campesina”. En él documentaban, con pruebas, el asesinato de 55 campesinos entre 2008 y 2019, treinta de ellos asesinados entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2019 y veinticinco en los años previos a la crisis de abril, vinculando estos crímenes a fuerzas de la Policía y del Ejército. El Colectivo calificaba los hechos de “asesinatos selectivos que ponen en evidencia una letalidad desmedida en la represión gubernamental, que es propia de tiempos de guerra”. En su momento, el Ejército desestimó este informe. Al reto de Mairena respondió diciendo que tras él había “intereses oscuros”.


REPRESIÓN: QUINTA FASE

Al cumplirse en mayo el segundo año de la llegada a Nicaragua de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), creado por primera vez para seguir la situación de derechos humanos de un país de la región, hizo público un mensaje en el que señala que Nicaragua está viviendo la quinta fase de la represión. La primera la caracterizó como “represión con uso desmedido de la fuerza policial contra los manifestantes”. La segunda fue la “operación limpieza” de los tranques con asesinatos y detenciones masivas. La tercera, la criminalización de las protestas y el secuestro de opositores. La cuarta, el silenciamiento e intimidación de las voces opositoras. Esta quinta fase es el mantenimiento del estado de excepción o estado policial de facto, con “derechos fundamentales, como la libertad de expresión y asociación suspendidos o severamente limitados, consolidándose así el más intenso y sistemático ataque a las libertades públicas ocurrido desde el inicio de la crisis, en abril de 2018”. En esta quinta fase, los nuevos secuestrados por la Policía son acusados de narcotráfico, juzgados por este delito y encarcelados como delincuentes comunes.

CENIDH – 30 AÑOS (1)

El 15 de mayo, y como un gesto simbólico para conmemorar sus 30 años de fundación, la Presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), Vilma Núñez, acompañada por la Directora del CEJIL (Centro por la Justicia y el Derecho Internacional), presentó en un encuentro virtual ante la primera Vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola, y varios de sus miembros, una “petición inicial” contra el Estado de Nicaragua por los hostigamientos, amenazas, estigmatización y ataques recibidos por grupos afines al gobierno, por la Policía y por altos funcionarios gubernamentales, contra los miembros del CENIDH, criminalizados como golpistas y terroristas, agresiones que “llegaron a su máxima expresión” con la cancelación arbitraria de la personalidad jurídica del CENIDH el 12 de diciembre de 2018 en la Asamblea Nacional y el día 13, cuando la Policía allanó con violencia las instalaciones del CENIDH en Managua y las de su filial en Juigalpa, apropiándose de ellas y de todos sus bienes.

CENIDH- 30 AÑOS (2)

La petición del CENIDH para que la CIDH abra el caso contra el Estado de Nicaragua menciona 14 artículos de la Constitución de Nicaragua violentados por el Estado en su ataque contra el CENIDH, que pide que la petición “se “evalúe, tramite y resuelva con la mayor celeridad”, ya que “los hechos denunciados han tenido lugar en un contexto de grave crisis de la democracia y los derechos humanos en el Estado de Nicaragua”. En su petición, el CENIDH concluye: “Tratar las violaciones de derechos humanos al CENIDH con prioridad por parte de la CIDH, en particular respecto de la cancelación de su personaría jurídica, también tendría implicaciones positivas para las otras ocho organizaciones de la sociedad civil nicaragüense a las que también de manera ilegal les fueron canceladas. Asimismo, la existencia de un pronunciamiento inequívoco por parte de la CIDH sobre el tema podría ayudar a evitar que el gobierno nicaragüense cancele la personalidad jurídica de otras organizaciones a futuro”. El CENIDH basa este temor en la nueva normativa hecha pública para las ONG en diciembre de 2019.

PRESOS POLÍTICOS

El 13 de mayo el régimen excarceló a 2,815 presos comunes (2,727 varones y 88 mujeres) de la cárcel Modelo y La Esperanza de Managua, de la cárcel de Tipitapa y de cárceles de otros seis departamentos del país, en ocasión del Día de las Madres, que se celebra el 30 de mayo. A todos se les concedió el beneficio de convivencia familiar. Ningún preso político fue excarcelado. Al terminar mayo, eran 83 los presos políticos en distintas cárceles del país y 38 de ellos, según sus familiares, presentaban síntomas del Covid-19. La liberación de los presos políticos ha sido una demanda reiterada por todos los organismos internacionales de derechos humanos.

PRUEBAS DEL COVID

Desde el inicio de la crisis sanitaria, el Ministerio de Salud (MINSA) estableció que las pruebas sobre la presencia del virus en las personas se realizarían únicamente en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), en donde está el laboratorio del MINSA. Ningún laboratorio privado puede hacerlas. Y todos los hospitales, públicos o privados, deben remitir las muestras al CNDR. A mediados de mayo, una fuente del CNDR informó bajo anonimato a “Confidencial” que allí se han hecho 5,900 pruebas y 1,600 dieron positivo, lo que significa una tasa de contagio del 27%. “Con esta tendencia -dijo la fuente- se deberían estar haciendo miles de pruebas diarias en todo el territorio nacional para conocer la verdadera dimensión de la pandemia y, sobre todo, la circulación de casos asintomáticos”. En el laboratorio del CNDR trabajan 110 personas. La fuente dijo que, por no usar equipos de protección, un 45% de directores del área científica y personal administrativo han dado positivo a las pruebas.


ESCUELAS ABIERTAS

Hasta finalizar mayo el régimen de Nicaragua, aunque había autorizado desde marzo a los colegios privados dar clases virtuales, no había ordenado cerrar las escuelas públicas a causa de la pandemia, aun cuando muchas familias no enviaban a sus hijos a las aulas para protegerlos del contagio. De acuerdo con la UNESCO, además de Nicaragua sólo otros tres países del mundo mantenían abiertas sus escuelas: Turkmenistan, Bielorrusia y Tajikistan. A finales de mayo se conoció extraoficialmente que el Ministerio de Educación había orientado a los directores de colegios públicos no ejercer presión sobre las familias para que enviaran a sus hijos, lo que hasta entonces venían haciendo. Sin embargo, a maestros y a profesores se les obliga a ir a las escuelas con amenazas de despido. A fines de mayo siete profesores de escuelas públicas habían fallecido con síntomas del Covid-19. Fulgencio Báez, pediatra oncólogo nicaragüense, quien fuera funcionario del Ministerio de Salud y es miembro del Comité Científico Multidisciplinario, creado en ocasión de la pandemia, abogó en mayo porque se cerraran las escuelas, ya que niños y adolescentes presentan, si los tienen, síntomas leves del coronavirus, pero son grandes transmisores de la enfermedad: “Está demostrado -dijo- que se puede reducir hasta en un 30% el contagio general si los niños no asisten a clases”.

FRACTURAS EN EL FSLN

“Ortega engañó a sus partidarios al decirles que no debían hacer nada y más bien propició el contagio del virus. La crisis de credibilidad de Ortega va a ser gravísima. Se va a presentar una fractura, porque él ha jugado con la vida de sus propios seguidores. El discurso de Ortega es criminal, ya no es simplemente negligencia, sino que es una acción deliberada que pone en riesgo la salud de la población. Cuando Ortega, que tiene una voz de autoridad, dice que no va a pasar nada, hay gente que dentro de su humildad, le cree. En abril de 2018 los muertos, para los orteguistas, eran muertos ajenos, incluso considerados sus enemigos. Ahora, cuando se les muera alguien dentro de la familia a estos seguidores de Ortega, y Ortega les ha estado diciendo que no pasa nada, que van a tener una atención bárbara en los hospitales, vamos a ver la fractura de la credibilidad. Es imposible que no se produzca”. (Dora María Téllez, dirigente del MRS, “Confidencial” 10 mayo).

LIBRO BLANCO

El 25 de mayo el régimen publicó un “libro blanco” de 75 páginas sobre cómo ha enfrentado la pandemia del Covid-19. Lo tituló “Una estrategia singular”. El texto fue presentado a organizaciones nacionales y extranjeras por Paul Oquist, asesor de Ortega para políticas públicas, y probablemente su diseñador. El contenido es, fundamentalmente, datos y estadísticas generales del sistema de salud nacional. Sobre la pandemia del coronavirus, mantiene las inverosímiles cifras que el régimen anunció el 19 de mayo: 63 contagios y 17 fallecidos. No hay ninguna referencia a la promoción de actos masivos cuando el virus estaba ya en el país. El texto afirma que Nicaragua lucha “vigorosamente” contra la COVID-19 “sin cerrar nuestra economía” y vincula las críticas a su “singular” estrategia a los “golpistas”. Lo más llamativo del texto es comparar lo que ha hecho Nicaragua con lo que hizo Suecia. Así se lee: “Nicaragua y Suecia representan alternativas al “lockdown” total en un país en desarrollo y un país desarrollado, respectivamente. El Dr. Ryan señaló: “Suecia representa un modelo futuro si queremos volver a una sociedad en que no tengamos lockdowns”. Esto es cada vez más importante dado el astronómico costo de los cierres. Nicaragua es el mismo ejemplo que Suecia, pero entre los países en desarrollo”. (El doctor Michael Ryan es el director ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS).

EX-MINISTRAS DE SALUD

El 10 de mayo, y viendo la reincidente negativa del gobierno a aceptar la crisis sanitaria, cuatro exministras de Salud de Nicaragua (Lea Guido, Dora María Téllez, Martha McCoy, Margarita Gurdián) y un exministro (Lombardo Martínez), funcionarios que ocuparon ese cargo entre 1980 y 2006, escribieron una carta al director de la OMS y a la directora de la OPS “preocupados por lo que acontece en nuestro país debido a la magnitud que está alcanzando la pandemia y a su inminente agravamiento por la carencia de acciones”. Alertaban también sobre “el grave riesgo para la región centroamericana” que representaba tan temeraria inacción. Ese día la OPS expresó su preocupación: “Estamos esperando que la información oficial de Nicaragua tenga un nivel de detalle que nos permita hacer un análisis adecuado de la situación”. Y se refirió a “múltiples informes” no oficiales que llegaban hasta la institución hablando del incremento de hospitalizados y fallecidos. Dos semanas después, la directora de la OPS dijo “compartir plenamente la preocupación expresada en la carta del 10 de mayo”.


NICARAGUA: ALTA PRIORIDAD

“La crisis de Nicaragua sigue siendo motivo de especial preocupación de la comunidad internacional. Lo es para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En el informe anual de 2019 que la Comisión acaba de publicar, a Nicaragua se le ubicó en el capítulo cuatro. Eso significa en el grupo de países donde existe un quebrantamiento del orden constitucional que está impidiendo el pleno disfrute de los derechos humanos. Nicaragua está dentro de las prioridades más altas que tiene la Comisión”. (Joel Hernández, presidente de la CIDH, “Confidencial”, 9 mayo 2020).

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