Envío Digital
 

Revista Envío
Edificio Nitlapán,
2do. piso
Universidad Centroamericana
UCA

Apartado A-194
Managua, Nicaragua

Teléfono:
(505) 22782557

Fax:
(505) 22781402

Email:
info@envio.org.ni

Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 453 | Diciembre 2019
Inicio Escribanos Archivo Suscribase

Anuncio

Nicaragua

Una mirada a las tomas de tierras en la crisis de 2018

¿Cuántas fueron las tierras tomadas durante la crisis nacional que inició en 2018? ¿Quiénes fueron los tomadores de tierra? ¿Qué los movía a hacer esas acciones? He aquí una investigación realizada por Techo Internacional sobre estos hechos. Nos permite una mirada más amplia a su complejidad.

Amaru Ruiz Alemán

En la mañana que me levanté, escuché que todo mundo andaba avisando casa por casa que fuéramos a ver porque había gente de afuera y de los alrededores del reparto, que andaban tomándose los terrenos de la Universidad Agraria... A partir de ahí, los trabajadores de la Agraria comenzaron a llegar a cuidar, y a hacer sus lotes para ser beneficiados de la toma de terrenos... Quienes no trabajaban en la Universidad fueron desalojados y los trabajadores quedaron con sus terrenos con un arreglo de pago. De ahí hubo otra toma en Los Sábalos. Igual se tomaron parte de las haciendas, pero a ésos sí los sacaron...”.

Es el relato de una mujer del reparto Telémaco Talavera, en terrenos de la Universidad Agraria, en mayo de 2018, en plena crisis nacional. Las tomas de tierras, una constante en la historia reciente de Nicaragua, no podían faltar en el escenario que abrió la rebelión ciudadana de abril.

UNA REALIDAD COMPLEJA


Aunque en sus informes la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (UPANIC) presentó las tomas de tierra que se dieron en todo el país como acciones dirigidas por agentes del gobierno en represalia contra el sector privado por sus posiciones políticas, la realidad de las tomas de tierra fue mucho más compleja y contradice esta única imagen.

En realidad, la cantidad de tierras tomadas que reportó UPANIC sólo representaron el 22% de la totalidad de los casos conocidos. Es una de las conclusiones de la investigación que realizamos para Techo Internacional y que consistió en la recopilación de toda la información brindada durante siete meses sobre esta realidad por los dos periódicos de circulación nacional y por dos medios digitales (Confidencial y Onda Local). Eso nos permitió elaborar una línea del tiempo que comprobaba la evolución del fenómeno de la toma de tierras. También realizamos seis visitas de campo (Chinandega, Managua, Masaya) a tierras ocupadas o a tierras en donde los ocupantes habían sido desalojados. En estas visitas realizamos diez entrevistas de casos que permiten ejemplificar los intereses y las demandas de quienes participaron en las tomas de tierra.

UNA EXPANSIÓN DE LAS CIUDADES


Las primeras tomas se dieron en terrenos de la Universidad Nacional Agraria y en terrenos de la alcaldía de Managua. También al comienzo fueron ocupadas tierras de funcionarios del gobierno, de ex-alcaldes y de proyectos de alcaldías gobernadas por el partido de gobierno. Estas ocupaciones fueron generalizadas, no dirigidas y afectaron a muy diversos propietarios, aunque por la coyuntura crítica que se vivía en esos meses, los casos más publicitados fueron los protagonizados por gente del partido de gobierno dirigidas a afectar a conocidos empresarios privados.

El resultado de nuestra investigación nos permite afirmar que lo que hubo fue un proceso vivo de expansión de las ciudades: desde el interior de los barrios marginales la gente se desplazó para ocupar zonas periféricas, también marginales, de la ciudad, o sitios dentro de las ciudades que se encontraban vacíos.

En América Latina las tomas de tierras están estrechamente relacionadas con el crecimiento de las ciudades. Tradicionalmente, se ocupaban terrenos públicos abandonados o se invadía la propiedad de algún terrateniente. Después, fue la emigración campo-ciudad. En Lima, los primeros tugurios aparecieron en la década de los años 60. Rodeaban la ciudad y servían para alquilar precarias viviendas a los trabajadores que llegaban del campo. En Caracas ya se veían “casas de cartón” desde la década de los años 70. En Brasil, la explosión de las favelas en varias ciudadades ocurrió a principios de la década de los 80.

UNA CONSTANTE EN TIEMPOS DE CONFLICTO


Las tomas de tierras no fueron un fenómeno nuevo en Nicaragua. Han sido una constante en la historia reciente del país y siempre por los mismos detonantes.

En momentos de conflicto y de caos social las familias más pobres sienten que hay oportunidades que no hay en otros momentos para lograr algo que para ellas es vital: tener tierra propia y en esa tierra, tener un techo. Según el sociólogo e historiador estadonunidense Mike Davis, “las caídas de las dictaduras crearon siempre en América Latina oportunidades pasajeras para la invasión de tierras. Las rivalidades entre partidos y la amenaza revolucionaria fueron oportunidades esporádicas para que emigrantes urbanos consiguieran tierras e infraestructuras a cambio de votos”.

Cuando se dieron las primeras tomas de tierras Nicaragua se encontraba en una insurrección cívica, con movilizaciones masivas continuas. Sólo en abril y mayo de 2018 se contabilizaron 810 movilizaciones. La población y los medios de comunicación estaban centrando su atención en las movilizaciones ciudadanas y en las respuestas represivas del gobierno. Y todas las instituciones estatales estaban monitoreando las acciones populares y organizando su respuesta. Eso favoreió las tomas.

La mayoría de las familias que participaron en las tomas vivían en hacinamiento o vivían alquilando, sin esperanza de tener algún día una vivienda propia. Conseguir un lote que les permitiera construir una casa era el máximo anhelo de muchas. El motor que aceleró la decisión de ir a ocupar tierras fueron “informaciones boca a boca” que les aseguraban que el gobierno iba a reconocer legalmente esas tierras y no iba a desalojar a nadie.

UNOS ACUERDOS DE POSTGUERRA
NO CUMPLIDOS


Pesaron también en la decisión de los tomadores de tierras acuerdos y compromisos firmados y no cumplidos desde los tiempos de la pacificación que puso fin a la guerra civil de los años 80.

Muchos de los ex-combatientes de ambos bandos no fueron recompensados por los diferentes gobiernos que siguieron al conflicto bélico. Empoderados por los acuerdos que no les habían cumplido, sintieron que tomando tierras planteaban las demandas que habían quedado en el olvido en la agenda pública.

El problema de la tenencia de la tierra no se ha resuelto en Nicaragua. Derrocada la dictadura somocista, la Revolución la cambió drásticamente, con las confiscaciones a los somocistas -o a quienes sospechaba lo eran- entre 1979 y 1982, y con la reforma agraria, fruto de las presiones de la población rural y de la intensificación de la guerra en el campo. El sector “reformado”, cooperativo y estatal ocupó la mayoría de las tierras del país.

Al terminar la Revolución y concluir la guerra entre el Sandinismo y la Resistencia, la tierra continuó siendo el factor económico que provocaba mayor conflictividad social, en un ambiente ya conflictivo por las privatizaciones en el sector público, el ajuste estructural y el proceso de pacificación que caracterizó los años 90. En aquellos años, sectores desmovilizados del Sandinismo y de la Resistencia volvieron a alzarse en armas tomando tierras, con la consigna “Tierra, Techo y Trabajo”.

Las tomas de tierras fueron una expresión predominante del conflicto social durante esa década. El momento pico se produjo en 1991 y 1992, recién terminada la guerra. Y después de años con menos actividad, a partir de 1997 volvieron a incrementarse las tomas de tierras.

“NOS JUGARON UNA MALA PASADA”


En nuestra investigación, escuchamos este testimonio de un ex-militar del ejército sandinista: “Nos dieron un solar a 66 personas que estuvimos en el Ministerio del Interior en los años 80. Después de abril llegaron muchas más personas buscando allí un lote para vivir. Imagínese que en ese lugar se creó hasta un mercado en un lugar que se llama La Placita. Nos dieron a entender que había que hacer rápido las cosas. Muchos nos apuramos, mucha gente llevó sus tablas, sus cuartones, hicieron champas”.

“Hasta después de la conmoción social que se dio me di cuenta que aquella era tierra de la empresa privada. Cuando nos sacaron de aquel terreno, yo no iba a ser de los que iba a pelear por esas tierras, porque como andan las cosas a uno se lo pueden llevar preso por cualquier cosa o lo desaparecen... Pensé que nos jugaron una mala pasada, una broma pesada, porque yo presté 10 mil pesos y lo perdimos todo, irrecuperables fueron”.

“¿Y DESPUÉS QUE NOS DESALOJARON...?”


“Cuando la policía llegó a desalojar -sigue relatando el ex-militar- yo no estaba presente, sólo mi esposa. Dicen que la policía dijo: Arranquen sus cosas, si no se las arrancamos nosotros. Primero dejaron que se metiera la gente, lo permitieron, y después nos sacaron... ¿Es una guerra entre la empresa privada y el Frente Sandinista? No lo sabemos. Pero a quienes usaron fue a nosotros, la clase pobre, la clase obrera, la clase trabajadora”.

“Nos usaron para hacer ese tipo de maniobras, no sólo a mí, porque ahí había como 30 mil personas. De Las Jagüitas hacia el sur a lo largo de unos ocho kilómetros todo eso estaba lleno de gente, ya había buses, ya había pulperías, había gente que ya había hecho paredes, ya la gente estaba buscando cómo meter agua y toda vaina. Era un proyecto que iba acelerado”.

“¿Y después que nos sacaron...? Dijeron que el gobierno estaba dando solares a módico plazo. Bismarck Martínez se llama el proyecto. Entonces, yo me fui a la alcaldía a pedir los requisitos y me pidieron una carta dirigida al Presidente de la República, documento que fui militar, fotocopias, carné de la militancia sandinista, cinco fotocopias, negativa de bienes... Primero fue el golpe del desalojo y luego lo sobaron a uno para que la gente no se levantara. Porque ese proyecto salió inmediatamente después del desalojo. Posterior a ese proyecto salió otro, llamado Monte Nebo, donde han hecho 150 casitas a pagar en 15 años. Yo ya fui, pero es muy cara. De prima hay que dar 500 dólares y 200 mensual y eso no es para un obrero que gana 5 mil pesos a la quincena y estamos alquilando. No resulta para nosotros eso”.

Por los incumplimientos de acuerdos que pusieron fin al conflicto armado de los años 80 y que beneficiarían a licencia¬dos y lisiados del Ejército y del Ministerio del Interior, y a desmovilizados de la ex-Resistencia Nicaragüense, no es coincidencia que 24 años después, hayan sido quienes no recibieron esos beneficios los que se tomaron tierras.

Quienes lo hicieron estaban viviendo en hacinamiento o pagando un alquiler. Por eso, inmediatamente después de invadir la tierra, construyeron champas y en algunos casos hasta instalaron electricidad y agua, de forma ilegal en la mayoría de los casos.

UNA REALIDAD FRECUENTE


Son muchas las familias en estas condiciones: sin tierra y sin techo. Durante la última década del siglo 20 las ciudades intermedias de Nicaragua sufrieron un crecimiento acelerado vinculado a la formación de asentamientos informales provocados por tomas de tierras, que en algunos casos terminaron en desalojos. Y en otros, en presión sobre las municipalidades para la provisión de servicios básicos y equipamiento.

Basados en el Censo de Asentamientos del Pacífico Urbano de Nicaragua, elaborado por Techo Nicaragua en 2015, “el mayor porcentaje de asentamientos de la región del Pacífico tiene menos de 25 años, el 45% fue conformado entre 1990 y 2006, y el 18% entre 2007 y 2012”.

Uno de los hallazgos que llama la atención en el Censo es que “desde las primeras apariciones de asentamientos informales en el Pacífico Urbano, la forma de acceso al suelo más utilizada por las familias ha sido la toma de tierra”.

El Censo refiere también que “7 de cada 10 asentamientos han iniciado como ocupaciones no autorizadas y 4 de cada 7 tomas de tierra para fines habitacionales se han generado de forma espontánea”. Actualmente, las últimas cifras oficiales indican que en todo el país existen aproximadamente unos 528 “asentamientos humanos espontáneos”, 300 de ellos en Managua.

LAS DOS PRIMERAS TOMAS


Era lógico que la situación de caos social generada por la rebelión de abril favoreciera las tomas de tierras. Cuarenta días después de iniciadas las protestas se reportaron las primeras dos tomas de tierra. Sucedieron el 24 y 25 de mayo en el municipio de Managua. Las primeras ocurrieron en terrenos de la Universidad Nacional Agraria, de la Alcaldía de Managua y en tierras de otros propietarios en la zona superior a la pista del aeropuerto. Las segundas sucedieron en el barrio 18 de Mayo, también en Managua, en una zona declarada inhabitable en octubre de 2014 cuando una intensa lluvia de varias horas desplomó el muro perimetral de un residencial cercano matando a nueve personas.

Entre el 18 de abril -cuando empezaron las protestas- hasta el 31 de diciembre -cuando ya la represión las había acallado y se había consolidado el estado policial- se contabilizaron 72 reportes periodísticos de tomas de tierras. El fenómeno se presentó en al menos 23 de los 153 municipios del país y en 12 de los 14 departamentos del país, la mayoría en la región del Pacífico, el más poblado. En los municipios afectados por tomas de tierra se concentra el 43% de la población del país y en ellos el 81% de la población es urbana.

LAS CIFRAS DE NUESTRA INVESTIGACIÓN


Las tomas de tierra iniciaron en Managua, continuaron en Chinandega y se extendieron después a municipios del Norte. Chinandega fue el departamento en donde se informó de más tomas de tierra (21). Extraoficialmente, conocimos que ocurrieron más: 42. Managua estuvo en segundo lugar: 17 tomas de tierra reportadas.

Aunque no hay mucho detalle, la mayoría de los tomadores de tierras eran del mismo municipio en donde estaba la propiedad tomada. No hubo flujos masivos de personas de un municipio a otro. En Managua y en Chinandega fueron familias de los barrios marginales de estas dos ciudades.

Las tomas comenzaron en mayo, al final de la primera fase de la represión estatal. En la segunda fase represiva -la “operación limpieza” de tranques y barricadas-, aumentaron las invasiones de tierras que eran propiedad de particulares vinculados al partido de gobierno y también en tierras de las municipalidades.

En esa fase, el 30 de junio, hubo el primer muerto como resultado de los conflictos generados por un desalojo fortuito. A partir del 23 de agosto -cuando ya empieza la tercera fa¬se, la de la represión selectiva- se produjo el primer desalojo y las tomas de tierras continuaba. Fue durante la imposición del estado policial, cuarta fase de la represión, cuando se dio la mayor cantidad de desalojos. En conjunto, las tomas de tierras dejaron 5 muertos y 16 heridos, todos en Managua y en distintas circunstancias. En base a la información periodística, el fenómeno representó la movilización de al menos unas 7,856 familias, que invadieron unas 3,466 manzanas de tierra. Los meses en los que hubo más actividad fueron junio, julio y agosto de 2018, siendo agosto el mes con mayores tomas, dato que coincide con los informes elaborados por UPANIC.

LAS CIFRAS DE UPANIC


UPANIC recibió denuncias de 65 propiedades ocupadas ilegalmente en 8 departamentos del país, para un total de 9,800 manzanas. El 71% de las propiedades tenían uso agrícola, el 20.5% uso pecuario, el 5.5% forestal, el 2% industrial y el 1% otros usos. Los afectados fueron 53 propietarios: 40 nicaragüenses, 11 estadounidenses, un mexicano y un canadiense. La solicitud formal y pública realizada por UPANIC para que el Ejército de Nicaragua interviniera para desalojar a los ocupantes de estas tierras pudo haber traído mayores niveles de conflictividad social.

Entre los tomadores de tierras, y en base a las informaciones periodísticas, hubo ex-militares del Ejército Popular Sandinista, ex-miembros de la Resistencia Nicaragüense, ex miembros del Ministerio del Interior, miembros de la Fundación de Combatientes de Nicaragua, seguidores de iglesias evangélicas y familias sin ninguna adscripción organizativa. Entre los afectados, hubo empresas, universidades, alcaldías, organizaciones, cooperativas y propietarios individuales.

UN TEMA DE DERECHOS HUMANOS


El censo de vivienda de 2005 mostró que a nivel nacional había un faltante de poco más de 66 mil viviendas: en Managua faltaban 30 mil y en segundo lugar estaba Chinandega, donde faltaban 5,900.

Tener una vivienda es un derecho humano. Nicaragua ha firmado y ratificado al menos 18 instrumentos internacionales entre tratados, convenios, declaraciones y protocolos en materia de Derechos Humanos dentro del sistema universal. También ha ratificado los dos principales instrumentos del sistema interamericano de Derechos Humanos, la Declaración y la Convención. En los instrumentos del sis¬tema universal y del interamericano ratificados por nuestro país, hay 12 artículos que tienen que ver directamente con los derechos humanos económicos y sociales a la vivienda, a la pro¬piedad y al acceso a la tierra.

El Estado de Nicaragua ha venido construyendo también un marco jurídico nacional en función de garantizar derechos y condiciones que permitan a sus ciudadanos alcanzar un nivel adecuado de vida y desarrollo. Las familias que invadieron tierras en ocasión de la crisis de abril buscaban ver realizados esos derechos.

El gobierno de Nicaragua no ha garantizado a todos sus ciudadanos el derecho a una vivienda digna y Nicaragua sigue siendo uno de los países con mayor déficit habitacional de la región, tanto cualitativo como cuantitativo. El país necesita unas 20 mil viviendas nuevas por año y en las que hay, más de la mitad necesitan mejoras.

Tampoco ha garantizado Nicaragua el acceso a la tierra a sus ciudadanos. Uno de los ejemplos más recientes y más dramáticos es el incumplimiento, por falta de fondos, de la Ley 717, Ley Creadora del Fondo para Compra de Tierras con Equidad de Género para Mujeres Rurales, aprobada en 2010 después de un proceso de años de incidencia y demandas… y que aún no se hace realidad.

En los últimos años, el país ha experimentado un proceso de reconcentración de la tierra y acaparamiento de tierras realizado por empresarios, inversionistas privados y extranjeros. Y es en la zona del Pacífico donde ha sido mayor la concentración de la tierra, precisamente en los lugares en que hubo mayor cantidad de toma de tierras.

Ciertamente, el gobierno ha realizado acciones ante la demanda de vivienda y de acceso a la tierra: la Ley 677, Ley Especial para el Fomento de la Construcción de Vivienda y de Acceso a la Vivienda de Interés Social en 2009 y sus reformas en 2017, el Plan Techo -entregando gratuita o subsidiadamente láminas de zinc para las viviendas más precarias-, subsidios a la tasa de interés de los préstamos hipotecarios, construcción -con el sector privado- de 57,859 entre viviendas nuevas y mejoradas entre 2014-2018. Sin embargo, a menudo estas acciones han favorecido a familias de simpatizantes del partido de gobierno.

UN DERECHO POCO CONOCIDO:
EL DERECHO A LA CIUDAD


Entre los derechos que defendían quienes se tomaban tierras por necesidad estaba el “derecho a la ciudad”. Poco conocido es este derecho, asumido también por el Estado de Nicaragua en Habitat 3, la conferencia de Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, celebrada en Quito en octubre de 2016.

La Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad define este derecho como “el usufructo equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad, democracia, equidad y justicia social. Es un derecho colectivo de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos vulnerables y des¬favorecidos, que les confiere legitimidad de acción y de organización, basadas en sus usos y costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a la libre autodeterminación y un nivel de vida adecuado”.

Aunque este nuevo paradigma urbano está en permanente discusión, la Organización de Naciones Unidas lo reconoce como “el derecho de todos los habitantes, presentes y futuros, a ocupar, utilizar y producir ciudades justas, inclusivas y sostenibles” y lo define como “un bien común esencial para la calidad de vida”.

Seguirán dándose en Nicaragua tomas de tierra. Las familias que las protagonizarán lo harán porque es su derecho. Porque necesitan tierra para levantar en ella una vivienda. Y porque, aunque no lo sepan, también tienen “derecho a la ciudad”.

INVESTIGADOR INDEPENDIENTE
Y PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN DEL RÍO.

RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN
“RELATORÍA INDEPENDIENTE SOBRE TOMAS
DE TIERRA EN EL MARCO DE LA CRISIS NICARAGÜENSE”
PARA TECHO INTERNACIONAL.

Imprimir texto   

Enviar texto

Arriba
 
 
<< Nro. anterior   Nro. siguiente >>

En este mismo numero:

Nicaragua
Los efectos del inesperado factor Evo

Nicaragua
Noticias Nicaragua

Nicaragua
“El narcotráfico está ya incrustado en la política y en la economía de América Latina”

Nicaragua
“Los periodistas hemos tomado partido”

Honduras
¿Hay caminos ante la narcodictadura?

México
La movilización ciudadana en democracias con “narcoviolencia”: el caso de México

Nicaragua
Una mirada a las tomas de tierras en la crisis de 2018
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
GüeGüe: Hospedaje y Desarrollo Web