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  Número 453 | Diciembre 2019
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Honduras

¿Hay caminos ante la narcodictadura?

Tras el fallo condenatorio contra Juan Antonio Hernández como narcotraficante, todos los dedos señalan a su hermano, Juan Orlando Hernández, de dirigir un narcoestado. El camino electoral, las elecciones de noviembre de 2021, ya en preparación, y la Coalición Opositora, organizada por el partido LIBRE, de Mel Zelaya, le han dado oxígeno a un régimen que estaba en estertores de muerte. ¿Hay posibilidades para emprender el camino de un nuevo pacto social?

Ismael Moreno, SJ

Desde que un jurado de la Corte de Nueva York dictó fallo condenatorio contra Tony Hernández, todos los caminos parecen haberse cerrado para su hermano, Juan Orlando Hernández. Sin embargo, el país que él controla aún no alcanza a descubrir el camino que conduzca a la recuperación del orden constitucional, del Estado de Derecho y de la democracia. No es fácil hallarlo, tampoco recorrerlo, porque desde hace una década Honduras no ha dejado de avanzar en la inexorable ruta que la mantiene atrapada en lo que podemos llamar el cártel de los Hernández.

UN NARCOPRESIDENTE


También acusado de saquear instituciones públicas, de proteger a delincuentes, de concentrar todos los poderes del Estado y, por ende, de presidir una dictadura, ninguna de esas credenciales identifica tan exactamente a Juan Orlando Hernández como el de manipulador del Estado para el narconegocio. Ser narcotraficante es su verdadera cédula de identidad.

Su responsabilidad directa en la construcción de una estructura narcocriminal en Honduras dejó de ser rumor tras el veredicto del 18 de octubre del jurado de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que declaró a su hermano Tony culpable de conspirar para importar droga a territorio estadounidense, de poseer armas de grueso calibre, de traficar ilegalmente armas, y de falso testimonio.

De acuerdo al conjunto de datos y testimonios que respaldaron el alegato del fiscal, Tony Hernández integraría una estructura criminal que comenzó a actuar al menos desde 2004 y bajo la directa responsabilidad de su hermano Juan Orlando. Así, durante más de una década, quien preside el Ejecutivo en Honduras habría convertido la institucionalidad estatal en un cártel del narcotráfico y de otros tráficos ilegales.

En las más de cien veces que el nombre de Juan Orlando salió en boca de los testigos en el juicio, celebrado entre el 2 y el 15 de octubre, éste quedó acreditado como narcopresidente de un Estado, estatus de poder que nunca lograron alcanzar los más grandes capos de la droga, desde Al Capone hasta Pablo Escobar, desde Amado Carrillo hasta el Chapo Guzmán.

JOH SEGUIRÁ EN EL CARGO


Que, a pesar de todo lo que se descubrió en el juicio, Juan Orlando Hernández seguirá en su cargo, muy poca gente lo pone en duda, aunque ocho de cada diez hondureños desearían que no fuese así. Que aunque su hermano Tony cumpla en Estados Unidos con una sentencia de cadena perpetua, Juan Orlando no perderá su investidura presidencial es más que posible porque Estados Unidos no cuenta con un reemplazo que le garantice una Honduras estable, y por eso prefiere seguir avalando a un “malo y antiguo conocido narcotraficante”.

No obstante su desprestigio y el de su partido, el Partido Nacional, Juan Orlando Hernández podrá seguir en control del país, un control de todas las instituciones que fue fraguando durante más de una década.

Cuenta aún con la lealtad de un importante sector de las Fuerzas Armadas, a pesar de que en el último semestre de este 2019 logró sofocar al menos tres intentos de golpe de Estado, según fuentes de Casa Presidencial y de las mismas Fuerzas Armadas.

Cuenta con la sumisión de la mayoría de diputados del Congreso Nacional, no sólo de los nacionalistas de su partido. Cuenta con acuerdos tácitos con sectores de la oposición, también con el Partido Liberal y el partido LIBRE (Libertad y Refundación) de Mel Zelaya, habiendo conseguido ya de todos ellos que la actual vorágine política y social desemboque y se “resuelva” en elecciones en noviembre de 2021.

Cuenta con una estrecha relación con grupos de “sociedad civil”, que han cogobernado con él, manteniendo en público el papel de auditores del desempeño de diversas instituciones del Estado. Cuenta con los éxitos de una estrategia de control de la información por su alianza con los propietarios de los más importantes medios de comunicación del país.

Cuenta con unas 300 mil familias, inmersas en la pobreza, beneficiarias de proyectos asistencialistas en el marco del programa “Vida mejor”, que recibe una inyección de fondos del BID y recursos de la Tasa de Seguridad, que el mandatario utiliza a discreción. Y finalmente, cuenta con el aval del Departamento de Estado y del Comando Sur de Estados Unidos.

EL OXÍGENO DE LA VÍA ELECTORAL


Cuando para muchos el orlandismo ya se encontraba en estertores de muerte, víctima de sus abusos de poder, de su insaciable corrupción y de sus mentiras, tres válvulas de oxígeno le han permitido recuperar aliento para sostenerse con vida. Si no fuese por ellas, Juan Orlando Hernández no hubiera terminado 2019 en Casa Presidencial y hubiera sido enjuiciado por tribunales de justicia que lo habrían sentenciado a muchos años de cárcel.

La primera válvula de oxígeno, la que le ha suministrado suficiente capacidad de reanimación es haber optado por un proceso electoral como salida a la crisis política, agudizada desde las fraudulentas elecciones de noviembre de 2017. Al optar por esa vía, Juan Orlando le concedió al partido LIBRE tener representantes en los órganos electorales.

La narcodictadura recibió una buena dosis de oxígeno al acordar con LIBRE la vía electoral como mecanismo para dirimir la crisis. La participación de LIBRE -el partido con más poder en esta coyuntura- ha sido decisiva para legitimar a la dictadura, aun cuando LIBRE no renuncie a su discurso y a sus consignas de “¡Fuera JOH!”.

EL OXÍGENO SE LO DIO EL PARTIDO LIBRE


LIBRE ha vendido su respaldo al próximo proceso electoral insistiendo en que es una herramienta central en la lucha por derrotar la dictadura. Sin embargo, ni JOH ni el presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, parecen sentirse amenazados por los cargos que LIBRE tendrá en los órganos electorales. No han manifestado ninguna preocupación por su presencia en esos espacios. Al contrario, Oliva declara que la participación de LIBRE evidencia el triunfo de la democracia y la publicita como un triunfo personal, obtenido por su cargo en el Congreso Nacional.

La señal más evidente de que la propia dirigencia de LIBRE reconoce que le han dado a la dictadura, o al menos a Juan Orlando Hernández, el oxígeno que requería para no morir políticamente, es la férrea e irracional defensa que hacen de la decisión que tomaron, y la intolerancia con la que responden a cualquier cuestionamiento o crítica por lo que han hecho.

Los voceros de LIBRE argumentan que quienes cuestionan el acuerdo no valoran los sacrificios que han hecho hasta conseguir estos cargos en los órganos electorales. Afirman que son espacios conseguidos tras una lucha que ha cobrado la vida de “mártires”… Dicen que quienes los critican le hacen el juego a la dictadura, tienen mentalidad de ONG y no reconocen el derecho de LIBRE, un partido mayoritario, a tener cargos en los entes electorales.

La dirigencia de LIBRE parte del convencimiento de que su presencia en los organismos electorales no sólo garantizará transparencia a las elecciones. También asegura que el triunfo en las urnas de su candidato presidencial y de los demás candidatos de LIBRE será reconocido por esos organismos.

Según el argot religioso, decir que LIBRE ha oxigenado al orlandismo es anatema y quien lo diga es un hereje. Sin embargo, que el acuerdo con LIBRE ha sido el principal respiradero del dictador lo ratifican los hechos. No sólo Juan Orlando Hernández ha sobrevivido y se ha repuesto, sino que consiguió que la administración Trump lo ratificara como el segundo socio en importancia que Washington tiene en Centroamérica, después del Presidente salvadoreño Nayib Bukele.

EL OXÍGENO DE TRUMP


La segunda válvula de oxígeno recibida por JOH viene de Washington, del gobierno de Estados Unidos. Eso quedó demostrado en el corto pero simbólico encuentro entre Trump y Juan Orlando durante las sesiones de la asamblea general anual de la ONU en Nueva York. No sólo hubo el habitual y efusivo apretón de manos, sino los elogios con los que Trump cubrió a JOH, a quien felicitó por conocer su amor a Honduras y a quien ratificó que seguirían caminando juntos.

Es cierto que en los meses previos al juicio a su hermano Tony en Nueva York, fue la justicia estadounidense la que definía el presente y el próximo futuro de Juan Orlando Hernández, por encima de las definiciones políticas del Departamento de Estado. Pero también es cierto que las instituciones que tienen puestos a diario ojos, oídos, pies y mentes en Honduras no es la Corte Suprema, sino el Departamento de Estado y el Comando Sur.

EL OXÍGENO DE MOVIMIENTOS SOCIALES


La tercera válvula que ha oxigenado a Hernández viene de los llamados movimientos sociales. En la última década han crecido a todo lo largo del país movimientos sociales ambientalistas, comunitarios y de base que defienden el agua, el territorio y las culturas que lo habitan, de las empresas extractivistas que explotan los recursos naturales. Muchas vidas han sido segadas en la lucha por los bienes comunes y el medioambiente, siendo la de Berta Cáceres la más emblemática.

Las luchas de estos movimientos tienen una doble dinámica. Por una parte, surgen como expresión de la conciencia que se despierta en las comunidades y en sus líderes. Por otra, nacen impulsados por las agendas ambientalistas de los organismos de la cooperación internacional. Y si la conciencia de la población es factor decisivo para que crezcan y se desarrollen, es la cooperación internacional la que decide la inversión financiera, y eso contribuye a encerrar a las comunidades y a las organizaciones en sus dinámicas locales perdiendo así la dimensión nacional de los problemas. Al subvencionar sus actividades, la cooperación internacional contribuye, activa o pasivamente, a que las luchas comunitarias y sociales pierdan su mordiente político y se debilite la mística organizativa y movilizadora de los pobres.

Con un lenguaje abstracto, muy propio de la cooperación, muchos líderes de estas organizaciones son radicalmente coherentes en su crítica al neoliberalismo y a los proyectos extractivistas, pero son reacios a vincularse con otros sectores nacionales que puedan restar fuerza a su protagonismo, o que los conduzcan a relaciones que vayan más allá de las que tienen con los donantes.

Existen centenares de organizaciones comunitarias defensoras del ambiente, con mucha conciencia de las amenazas que representa el extractivismo, pero sin capacidad ni disposición a sumarse a las luchas políticas nacionales, que también tienen que ver con el mal del extractivismo.

El excesivo criticismo que mantienen hacia los “políticos” acaba acentuando el encierro y la dispersión de estos movimientos y favorece el escepticismo y el pesimismo con que consideran a otros sectores que no son sus homólogos en la defensa del ambiente y en las agendas de los financiadores internacionales.

¿EL CAMINO A MÁS DE LO MISMO?


El primer camino abierto en esta coyuntura tormentosa e incierta trae más de lo mismo: es seguir con el continuismo de una institucionalidad autoritaria y delictiva. Es la continuidad del orlandismo, preferentemente con su liderazgo, aunque también podría ser sin él, siempre que esté garantizado el liderazgo de la estructura corrupta e impune que ha controlado la institucionalidad del Estado durante esta última década.

Este es un camino vinculado al liderazgo del Partido Nacional, específicamente del equipo estrechamente unido a la trayectoria de JOH. En la actual coyuntura este camino está muy vinculado al proceso electoral, lo que dará continuidad a la institucionalidad destruida por Juan Orlando.

Seguir en este camino supone un pacto en torno de la impunidad, al que estarían suscritos, además del anillo más cercano a JOH, la actual cúpula militar, la cúpula empresarial del empresariado aglutinada en el COHEP, las organizaciones de la sociedad civil progobiernista de la capital y los líderes de las centrales obreras. También quedarían adheridos a este pacto, aunque no registrados como sus adherentes, los liderazgos de los partidos de la oposición política oficial, incluyendo al partido LIBRE.

¿UN GOLPE DE ESTADO?


Un segundo camino es el del golpe de Estado, que es una variante del primer camino, con traslapes de los grupos de poder de extrema derecha. El liderazgo lo tendría el sector de las Fuerzas Armadas descontento con Juan Orlando Hernández, no por razones ideológicas, mucho menos patrióticas, sino por resentimientos y malestares al haber sido relegados en la sucesión algunos mandos, irrespetando ascensos y promociones.

En este camino las cabezas visibles del actual régimen serían desplazadas, y los más cercanos colaboradores de JOH serían purgados y puestos a la orden de los tribunales de justicia.

Este camino pudo tener viabilidad en la primera mitad de este 2019, pero progresivamente se fue enfriando, hasta quedar abortado a comienzos de octubre, cuando el régimen, a través del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, desarticuló la intentona golpista, dio de baja a algunos oficiales y colocó en estado de disponibilidad a una docena de coroneles.

Con esta jugada, Juan Orlando Hernández se quedó con los oficiales más sumisos, serviles y corruptos. Con ellos, y con su equipo de políticos aduladores en el Ejecutivo y en el Congreso Nacional, fue cuando decidió avanzar hacia las elecciones de noviembre de 2021 como mejor camino para estabilizar su proyecto autoritario.

¿UN NUEVO PACTO SOCIAL?


Un tercer camino sería un nuevo pacto social. Lograrlo supone un entramado de alianzas entre diversos sectores de oposición, algunos de los cuales, como LIBRE, ya están comprometidos, sin explicitarlo, con el primer camino: la continuidad institucional del orlandismo en el próximo proceso electoral.

Un nuevo pacto social y político sería el camino ideal para avanzar hacia la recuperación del Estado de Derecho. Es el camino más complejo y con menores posibilidades de hacerse realidad en un país atascado en la polarización y en las desconfianzas mutuas, que no sólo enfrentan a tradicionales adversarios políticos, también a los mismos sectores populares, que en teoría deberían estar hermanados por temáticas e intereses comunes.

Los escollos que enfrenta un camino así se evidenciaron el 19 de octubre, tan sólo al día siguiente del veredicto en Nueva York contra Tony Hernández, cuando los líderes de la oposición -Manuel Zelaya, Salvador Nasralla y Luis Zelaya- sorprendieron al país anunciando que conformaban una Coalición de Unidad Opositora con el único propósito de derrocar al titular del Ejecutivo. Ese día convocaron a todas las fuerzas sociales a respaldar la coalición. La inesperada decisión tuvo una fría respuesta popular.

¿POR QUÉ SURGE ESTA COALICIÓN OPOSITORA?


Manuel Zelaya explicó que la coalición surgió de manera espontánea ese mismo día, después que en la mañana unos helicópteros sobrevolaron la capital, y en no pocas ocasiones descendieron a baja altura cerca de su residencia. Entonces -dijo- decidió llamar a Salvador Nasralla y luego a Luis Zelaya, y ambos aceptaron de inmediato integrar la coalición unitaria y en apenas una hora ya la habían acordado.

Ese mismo día, los tres líderes unidos convocaron a la ciudadanía y a sus bases a movilizarse a partir del lunes siguiente, pero la respuesta popular, estuvo cargada de cautela y sospechas.

Quizás pesó mucho el miedo construido desde los aciagos acontecimientos represivos de 2017, los que siguieron al fraude electoral y a la “pacificación” oficial, que combinó exitosamente represión policial y militar, estigmatización de la protesta, captura, enjuiciamiento y encarcelamiento de decenas de opositores, asesinato de decenas de manifestantes y una campaña mediática de respaldo a la represión.

Todo esto desmovilizó a grandes contingentes de protestantes que, repudiando a Juan Orlando Hernández, decidieron guardar su rabia encerrándose en sus espacios domésticos desde donde lanzar improperios y hacer propuestas, ya no en las calles, sino a través de las redes sociales.

La gente no sólo no atendió a la convocatoria de la nueva coalición por temor a la represión. No respondió por el escepticismo que despiertan los líderes de la oposición.

Mucha gente que ha participado en largas jornadas de protesta y en movilizaciones, tuvo que aceptar, primero a regañadientes y luego abiertamente, que sus líderes -incluso después de que los llamaran a una insurrección-, se sentaran a dialogar con sus adversarios y llegaran a acuerdos de cúpula a espaldas de la población.

Por eso, son muchas las personas desencantadas que no están dispuestas a salir a las calles para atender la convocatoria de unos dirigentes a quienes después podrían ver sentados con representantes del narcogobierno pactando nuevos entendimientos.

UN ÚNICO CONSENSO: LA SALIDA DE JOH


Aunque entre los tres caminos tiende a imponerse el del continuismo, sectores sociales y políticos de oposición abrigan la esperanza de un despertar ciudadano que encienda de nuevo una chispa movilizadora, antes de que el ambiente social se vea cooptado por la campaña electoral que iniciará en 2020 y que lo saturará todo con su propaganda llena de promesas.

Un nuevo pacto social implicaría acuerdos de consenso entre quienes lideran la nueva Coalición de Unidad Opositora y los sectores sociales agrupados en la Plataforma para la Defensa de la Salud y la Educación, en la Convergencia contra el Continuismo y en tantos otros movimientos sociales dispersos, pero activos a todo lo largo del territorio nacional. En un primer momento, el único consenso que uniría a ese otro conjunto de fuerzas de oposición sería la lucha por la salida del gobierno de Juan Orlando Hernández. Cualquier otra discusión quedaría postergada y no sería prioridad.

¿UN PERÍODO DE TRANSICIÓN?


En el caso de que creciera la presión del Departamento de Estado, que el empresariado organizado resolviera retirar su respaldo a la dictadura, y que aumentara el malestar de un sector de oficiales de las Fuerzas Armadas hasta incidir en su fractura, habría que tener lista una propuesta para el período de transición.

Para la transición, habría al menos dos fórmulas. La primera, que la presión del gobierno de Estados Unidos obligara al Congreso Nacional a oficializar la renuncia de Juan Orlando Hernández y, en lugar de sustituirlo con un designado presidencial, o con el presidente del Congreso Nacional, se nombrara una junta de gobierno de transición.

La otra fórmula sería que el Congreso Nacional oficializara el triunfo que amplios sectores populares siguen dando a los resultados electorales de noviembre de 2017, y se aceptara la fórmula presidencial encabezada por Salvador Nasralla, el real ganador de esos comicios.

Para que algo como esto ocurra debería existir consenso entre quienes lideran la naciente Coalición de Unidad Opositora. Sin embargo, esta posibilidad no pasa de conjeturas y buenos deseos y hasta incluye escenas de política ficción mientras no se rompa la inmovilidad social y mientras el rechazo al dictador no se convierta en presión popular.

TIEMPOS DE EXTREMA TENSIÓN


La ausencia de movilizaciones masivas le brinda al régimen alguna tranquilidad y convierte la desmovilización en un argumento de peso para sostener que los opositores son grupos minoritarios.

La desmovilización de la gente conduce también a que se extremen las respuestas represivas contra quienes decidan salir a las calles a protestar y, al mismo tiempo, facilita que el régimen infiltre en cualquier protesta a elementos favorables a la dictadura para provocar actos de violencia que justifiquen la estigmatización de la protesta y respuestas aún más violentas de los cuerpos armados.

Pese a la aparente pasividad de la ciudadanía, el ambiente es de extrema tensión. Se nota en el rostro del mandatario, quien luce amenazante, agresivo e irritado, y también deprimido, con rasgos de agotamiento y prolongado desvelo. Sus colaboradores muestran el ceño fruncido y el rostro preocupado y displicente.

TIEMPOS DE DESFACHATEZ


Mientras Juan Orlando Hernández se mantiene a la defensiva, la plana mayor de su partido se esmera en deslindarlo de su hermano Tony.

Resaltan que quien ha sido declarado culpable es Juan Antonio, en tanto que Juan Orlando es inocente y víctima de narcotraficantes que buscan vengarse del hombre que logró desarticular sus sucios negocios y que seguirá firme en la lucha contra el narcotráfico.

Entre más graves son las acusaciones y las evidencias de sus vínculos con los grandes narcotraficantes, más se eleva la campaña que lo consagra como el gobernante que más ha combatido el narcotráfico en la historia nacional. Nadie de entre sus colaboradores, aduladores y empleados más cercanos, le reconoce ni una pizca de responsabilidad en la criminalidad organizada desde el Estado. Según el discurso oficial, criminales y narcotraficantes son otros, incluso hay que buscarlos en otros partidos y en LIBRE, desfachatez extrema que pretende hacer ver que no ha pasado nada, que todo sigue “normal”.

Óscar Nájera, diputado del Partido Nacional en el departamento de Colón -reiteradamente señalado como uno de los cercanos colaboradores del cártel de Los Cachiros y de otros cárteles-, se atrevió a declarar que en su vida nadie lo ha requerido siquiera para quitarle la licencia de conducir, que todo es una patraña de los enemigos de la democracia y de los enemigos de su fe católica, porque él reza en la mañana, al mediodía, en la tarde y en la noche…

TIEMPOS DE CINISMO


Los voceros de Juan Orlando Hernández atacan también a quienes lo acusan diciendo que integran un complot bolivariano interesado en conducir a Honduras a la vorágine comunista y a retomar el camino que los “demócratas hondureños” truncaron en junio de 2009 con el golpe de Estado.

El cinismo del Partido Nacional en esta coyuntura no ha conocido límites. En el ambiente de mayor desprestigio por el que ha atravesado esta agrupación política, dadas las abultadas pruebas de corrupción y de participación en el narcotráfico, los diputados del partido, que son mayoría en el Congreso, aprobaron dos decretos publicados enseguida en el diario oficial La Gaceta del 18 de octubre, el mismo día que en Nueva York se declaraba culpable a Tony Hernández.

El propósito de uno de los decretos es reactivar el muy cuestionado Fondo Departamental, que permite a los diputados disponer de fondos públicos a discreción para “obras sociales”. El otro, dispone que esos fondos sólo podrán ser auditados en tres años por el Tribunal Superior de Cuentas -desde siempre politizado y bajo su control-, con lo que buscan evadir cualquier acción del Ministerio Público.

TODO APUNTA A JOH


El sábado 26 de octubre, el privado de libertad Magdaleno Meza Fúnez -cuyo nombre oficial es Nery Orlando López Sanabria-, acusado de lavado de activos, tráfico de armas y drogas, fue asesinado en la cárcel de máxima seguridad conocida como El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara.

Este hombre era uno de los socios de mayor confianza de Tony Hernández. Antes de su captura, juicio y encarcelamiento, simuló su propia muerte para adoptar una nueva identidad. Según cuentan, lo hizo aconsejado por quienes recibían órdenes de Tony.

La libreta que el fiscal de Nueva York usó como prueba para incriminar a Tony Hernández, en la que estaban registradas transacciones y nombres relacionados con el narcotráfico, era propiedad de este hombre, quien tiempo atrás había escapado de una muerte segura después que se encontró -en el cuerpo del supuesto asesino- la granada de fragmentación destinada a asesinarlo a él. Entonces, corrió el rumor de que esa muerte había sido planificada en una oficina de Casa Presidencial.

Con tanta información comprometedora en su poder, no es de extrañar que todos los dedos apunten, ya no hacia Tony Hernández, quien ya no tiene nada que perder, sino a Juan Orlando Hernández, el único interesado en borrar huellas que servirían para probar su compromiso de años con el narconegocio.

TIEMPOS DE ALTA PELIGROSIDAD


En Honduras, la tranca de la confrontación y la polarización, respondida con venganza y represión, se ha abierto tras el fallo en Nueva York.

Juan Orlando Hernández ha decidido quedarse en Casa Presidencial contra viento y marea y ha estructurado una estrategia para mantenerse ahí. Tiene la Presidencia como escudo.

Pero, como opinan muchos, víctima de su ambición tiene el horizonte demasiado limitado: la cárcel o venganzas de personas o de grupos que lo consideran un traidor. Él lo sabe y por eso necesita la Casa Presidencial como escudo de protección desde donde atacar, sin escrúpulos ni límites, a sus enemigos.

No podría existir ambiente de más alta peligrosidad y riesgo para los opositores políticos y para todas las organizaciones y grupos que han demandado públicamente su salida del poder y su enjuiciamiento. Sólo una masiva presión popular, organizada y movilizada, podrá ser el escudo de protección para la amenazada sociedad hondureña.

CORRESPONSAL DE ENVÍO EN HONDURAS.

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