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  Número 453 | Diciembre 2019
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Nicaragua

Noticias Nicaragua

LULA – ORTEGA

El 8 de noviembre, en su discurso contra obispos y empresarios, Daniel Ortega celebró la salida del ex-Presidente de Brasil, Lula da Silva, de la cárcel, después de 580 días de prisión, augurando que Lula “barrería” en elecciones. Días después de salir de la cárcel, Lula brindó a “The Guardian” una entrevista. En ella afirma que el PT se prepara para regresar al gobierno, pero que él no será el candidato. “En 2022 -dijo- tendré ya 77 años y la iglesia católica, con dos mil años de experiencia, retira a sus obispos a los 75”. En otro momento de la entrevista dijo: “Mi amigo Evo cometió un error intentando un cuarto período presidencial”. (En 2021 Ortega tendrá 75 años y se presentaría a su cuarto período presidencial consecutivo, después de haber sido el candidato presidencial del FSLN en siete ocasiones seguidas,
el único candidato que ha tenido ese partido).

REGRESA CARLOS FERNANDO

El 25 de noviembre regresó a Nicaragua desde Costa Rica el periodista Carlos Fernando Chamorro, después de once meses de exilio en ese país. El director de “Confidencial” llegó con su esposa, Desirée Elizondo. En el mismo vuelo vinieron la periodista Jennifer Ortiz, directora de “Nicaragua Investiga”, el profesor Álvaro Gómez, padre del primer joven asesinado en Masaya, y cinco personas más. Al llegar al aeropuerto, Chamorro reconoció que, aunque no hay condiciones en el país, el retorno es “responsabilidad” propia. Se emocionó al comentar que iba a poder besar y abrazar a su madre, la ex-Presidenta Violeta Barrios, que padece de Alzheimer. En un escrito
en “Confidencial” escribió: “Durante estos 19 meses de dolor y esperanza de la Rebelión de Abril, en los momentos más duros de la represión, siempre he tenido presente el ejemplo de su integridad y los valores que representa, hermanados al legado democrático y el sacrificio de mi padre Pedro Joaquín Chamorro. Ellos son la reserva moral que alienta mi convicción de que ”Nicaragua volverá a ser República”. También escribió: “Regreso a mi patria, para continuar demandando la suspensión de la confiscación de facto contra Confidencial y 100% Noticias, que desde el 14 y el 21 de diciembre de 2018 se mantienen ocupados por efectivos armados de la Policía Nacional”.

NICAS EN COSTA RICA

Según Andrew Seele, presidente del Instituto de Políticas Migratorias en Washington, aunque el número no es exacto, porque muchos entran por vías irregulares, se calcula que desde la crisis de abril han salido de Nicaragua entre 80 y 100 mil nicaragüenses, la gran mayoría exiliados porque salen por causas políticas, porque son perseguidos. Considera Seele que Costa Rica los ha acogido, pero que las vías legales para su regularización y para obtener permisos temporales de trabajo deberían ser más rápidas. Mencionó que al exilio llegan profesionales y estudiantes, “gente con alto capital humano y que insertarlos en la economía formal sería ganancia para Costa Rica, pero muchos están en la economía informal”. Todos los que llegan acceden a la educación básica, pero es más difícil acceder a la Universidad. El acceso a la salud se les dificulta por no estar en la economía formal. El 80-90% de los nicaragüenses en Costa Rica quieren regresar y consideran temporal su estancia en ese país.

DENNIS MARTÍNEZ

Entrevistado el 28 de noviembre por el cronista deportivo Edgar Tijerino en su programa “Doble Play”, y desde Estados Unidos, la estrella del beisbol nicaragüense, Dennis Martínez, hizo varios comentarios sobre la situación de su patria. “Oigo que se quiere la paz, la reconciliación, la solidaridad y el cristianismo, pero a la misma vez escucho que salen amenazas de balazos, de guerra, de represión de matar… Yo le quiero pedir a la Policía que no se les olvide que son una institución pública, que ellos reciben pagode los impuestos de la ciudadanía. Ellos son para defender al pueblo, no para atacarlo. Es momento que reflexionen y recapaciten… Yo como católico me siento muy ofendido por la forma en que ha sido atacada la iglesia…En las elecciones hay que darle chance a todo el que tenga posibilidad de participar, y aceptar ese triunfo o esa derrota… En Nicaragua los jóvenes son los que tienen que tomar el liderazgo… Queremos una educación de calidad. Los jóvenes necesitan tener una buena preparación porque son los futuros políticos, los futuros profesores… Debemos respaldar a los jóvenes que salen a protestar, ellos son el futuro, son quienes nos van a representar en la sociedad… En mi país la política se ha usado como un modo de enriquecimiento y ahora hay una camada de millonarios...”

ESPAÑA – NICARAGUA

Después que Daniel Ortega prohibiera por tercera vez el ingreso a Nicaragua del secretario de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica de España, Juan Pablo de La iglesia, se tensionó como nunca antes la relación diplomática entre ambos países. El gobierno español solicitó información al embajador nicaragüense en Madrid, Carlos Midence, y llamó a su embajadora en Managua, María del Mar Fernández-Palacios. En un comunicado, el gobierno español afirma que en Nicaragua hay “un recrudecimiento de la represión”. Por su parte, De La iglesia, que viajaría de Cuba a Nicaragua, comentó: “Desde que el gobierno del presidente Pedro Sánchez tomó posesión he intentado ir a Nicaragua para presentar un apoyo y una aportación constructiva para la solución de la crisis que ese país atraviesa y esta vez, lamentablemente, tampoco voy a poder cumplir ese objetivo”. Recordó que “históricamente, España y Nicaragua hemos mantenido una relación de mucha profundidad y riqueza y que hoy Nicaragua sigue atravesando una crisis muy seria que afecta a la región”.

AVILÉS: CINCO AÑOS MÁS

El 18 de noviembre, con anticipación a las fechas establecidas en la ley, Daniel Ortega nombró nuevamente, por cinco años más en la jefatura del Ejército al general Julio César Avilés. En el número de noviembre de Envío, el experto en seguridad Roberto Cajina reflexionó ampliamente sobre las dos posibilidades que tenía ante sí el Consejo Militar del Ejército al hacer su propuesta a Ortega: proponer al mayor general Bayardo Rodríguez, al que le correspondía en la línea de sucesión o dejar cinco años más a Avilés. Al conocer la decisión de que Avilés continuaría en el cargo, en el que está desde hace diez años, Cajina comentó: “Pierde el país, el Ejército y Avilés”. El país porque se desinstitucionaliza aún más. El Ejército, porque se profundiza la crisis de institucionalidad en la que ya está. Y Avilés, porque el Consejo Militar, al proponerlo para un tercer período consecutivo, no tuvo en cuenta que su imagen ya estaba “bastante deteriorada” y podría deteriorarse más. Días después, el 20 de noviembre, el inspector general del Ejército, mayor general Marvin Corrales, al inaugurar un evento deportivo, dijo en su discurso que mantener a Avilés en su cargo había sido una decisión “unánime” del Consejo Militar del Ejército y una muestra de la “cohesión” que existe en la institución armada.

EJÉRCITO RECHAZA DENUNCIA

A finales de septiembre el Colectivo Nicaragua Nunca +, integrado por defensores de derechos humanos que pertenecieron al Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) y tuvieron que exiliarse en Costa Rica, entregó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un informe que habían elaborado sobre la violación de derechos humanos “a la población campesina”. En él documentan el asesinato de 55 campesinos entre 2008 y 2019, treinta de ellos asesinados entre el 1 de enero y el 22 de septiembre de 2019 y veinticinco en los años previos a la crisis de abril. La investigación del Colectivo vincula a fuerzas de la Policía y del Ejército a estos crímenes y califica los hechos de “asesinatos selectivos que ponen en evidencia una letalidad desmedida en la represión gubernamental, que es propia de tiempos de guerra”. A inicios de noviembre, el Ejército respondió al informe afirmando que “no ha tenido nada que ver” en esas muertes, muchas de las cuales atribuyeron en su momento las dos instituciones armadas del país a enfrentamientos con narcotraficantes y delincuentes. El Ejército desautorizó el informe diciendo que en él hay “evidencias de manipulación de información totalmente falsa”. Lo cierto es que todas estas muertes no fueron investigadas judicialmente y todas permanecen en la impunidad.


EJÉRCITO – DIÁLOGO Y “TODOS”

El 27 de noviembre, y con motivo del Día del Soldado de la Patria, el general Avilés habló por primera vez después de ser nombrado por cinco años más al frente del Ejército de Nicaragua. Señaló que la institución armada contribuye “a una Nicaragua donde todos tengamos la oportunidad de vivir en armonía, desarrollo y paz”. Días antes, el 24 de noviembre, el inspector general del Ejército, mayor general Marvin Corrales, afirmó que el Ejército había sentado desde abril su posición y es ésa “la posición institucional que hemos mantenido”. Se refería a la nota publicada por el Ejército el 21 de abril de 2018, recién iniciada la rebelión de abril y la masacre represiva. En ella, el Ejército afirmaba que la solución a la crisis debía ser “el diálogo para encontrar una respuesta consensuada”. En un siguiente comunicado del 12 de mayo repetía que el diálogo “es la única ruta que evitará afectaciones irreversibles a nuestro pueblo, a nuestra economía, al desarrollo nacional y a nuestra seguridad”. Pero, ni una Nicaragua “de todos” ni el “diálogo” son política de la dictadura de Ortega. Analistas de la realidad nacional señalaron que, tanto las palabras de Avilés como las de Corrales, van dirigidas a Estados Unidos y buscan evitar que las sanciones de Washington toquen a oficiales del Ejército.

EJECUCIONES SUMARIAS

El 22 de noviembre el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH) presentó un nuevo informe sobre las violaciones de derechos humanos en el país, cometidas por el régimen desde enero a octubre de 2019, centrando la información en lo ocurrido en los meses de septiembre y octubre. El informe, titulado“Así resiste Nicaragua la represión”, indica haber monitoreado 31 asesinatos en zonas rurales del Norte del país, especialmente en municipios de Jinotega, y 2 en la zona central. Doce de estos asesinatos ocurrieron en septiembre y octubre. A criterio del CENIDH, los 31 asesinatos fueron“ejecuciones sumarias, como las que históricamente el gobierno de Daniel Ortega empezó a ejecutar en el norte del país contra los desmovilizados de la Resistencia desde que llegó al poder en 2007”, en palabras de Vilma Núñez, presidenta del CENIDH-, quien señaló que el informe confirma también “la existencia de cárceles clandestinas a donde son llevados los presos políticos para ser sometidos a torturas sicológicas y físicas”.

CENIDH: LA MUERTE CIVIL

El informe presentado por el CENIDH el 22 de noviembre sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen en 2019 señala la “muerte civil” que está aplicando el régimen de Ortega a los presos políticos excarcelados como una forma de “represión prolongada”. La muerte civil significa la pérdida del derecho a trabajar: no se da trabajo a los excarcelados porque su récord policial no ha sido limpiado. Se les impide el derecho a estudiar: no pueden continuar sus estudios en ningún centro porque a los estudiantes que cayeron presos y fueron excarcelados o a quienes fueron expulsados de las universidades se les eliminó el registro de sus notas. Se les dificulta el derecho a la salud, porque si son conocidos no son atendidos en centros ¬¬de salud públicos. La “perversidad”-como la calificó Vilma Núñez, presidenta del CENIDH- de la muerte civil abarca también a familiares de los afectados.

LEÓN: OTRA FORMA DE TORTURA

El 25 de noviembre, la población pudo ver una nueva forma de tortura cuando, bajo la dirección de Fidel Domínguez, Comisionado de la Policía en León, un grupo de policías antimotines desbarataron a golpes de mandarria la verja del hogar de la familia Reyes Alonso, sin presentar orden de allanamiento. Cuando lograron entrar, golpearon a patadas al padre, a la madre -doctora en medicina- y a su hijo mayor, tanto en la calle como en la casa, frente a una anciana de 94 años, que lloraba viendo el atropello. Después de la golpiza, el Comisionado los ató a unas sillas y ordenó filmarlos mientras los obligaba a repetir lo que él les ordenaba: “Me comprometo a no joder a la militancia sandinista”, “Me comprometo a respetar a la Policía”, “No repetición”, “Con la paz no se juega”… Fue la Policía la que publicó los videos, como un castigo ejemplarizante y humillante para que la población deje de protestar. Días después, Diego Reyes y María Eugenia Alonso, los agraviados, participaron en el programa “Esta Semana”, con Carlos Fernando Chamorro, para relatar los hechos y reiteraron que seguirán protestando contra todas las injusticias que comete el régimen, como lo han hecho desde abril de 2018. Y señalaron que, cuando se fueron “los verdugos”, más de mil personas llegaron a su casa a expresarles solidaridad.

CARLOS TRUJILLO – DIÁLOGO

“Siempre pensamos que el diálogo es importante para salir de un conflicto. Pero el pueblo nicaragüense no se puede dejar llevar por un diálogo sin fin y un diálogo sin compromisos. Daniel Ortega controla hoy todas las instituciones y él puede parar las violaciones a los derechos humanos y liberar a todos los presos políticos que siguen en las cárceles... Él tiene todo el control. Entonces, yo no sé cómo se podría ir a un diálogo sin las condiciones más básicas que él controla hoy, que no ha respetado y que no se han cumplido. Ortega no tiene ningún interés en una solución. Hemos visto que no tiene ningún interés en retornar a la democracia y realizar elecciones libres y transparentes, no tiene interés en el respeto a los derechos humanos”. (Carlos Trujillo, embajador de Estados Unidos ante la OEA, uno de los cinco miembros de la Comisión especial de alto nivel de la OEA, que elaboró el informe que establece que en Nicaragua se “alteró el orden constitucional”).

MASAYA – ACCIÓN ARMADA

Entre el sábado 30 de noviembre y el domingo 1 de diciembre, la Policía, en persecución de José Isaías Ugarte, Chabelo para sus amigos, provocó dos enfrentamientos armados en Masaya y en el camino a Niquinohomo, en los que murieron dos policías y tres ciudadanos. Desde los hechos de 2018, es la primera acción armada conocida que deja bajas en la Policía y en la oposición azul y blanco. La información oficial de la Policía señaló que perseguía al líder de la “banda delincuencial Chabelo”, dedicada a robos. La familia de Chabelo y la población de Masaya desmintió esa información: Chabelo era un conocido militante sandinista que en abril se unió a la oposición azul y blanco y al que el régimen perseguía. “Mi esposo era un ciudadano honorable -dijo la viuda de Chabelo-, los delincuentes son ellos. Él vio con mucho dolor la matanza y la represión y es cuando decidió integrarse a la lucha cívica y a los tranques. Por eso no lo perdonan. Le pido a los jóvenes seguir luchando para que la sangre de cada asesinado haya tenido sentido”. Los otros dos muertos en el enfrentamiento también eran opositores azul y blanco, lo que fue manifiesto en sus velas y entierros.

TERRORISMO DE ESTADO

En el informe de coyuntura económica, política y social correspondiente a noviembre, elaborado por FUNIDES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), que encuestó a algo más de 1 mil personas a nivel nacional, sólo el 2.5% de los entrevistados afirmaron “confiar en sus vecinos” y el 83% afirmaron que no confiaban, confirmando los efectos del terrorismo de Estado instalado en la sociedad por la represión estatal. Con pagos y prebendas el régimen compra la delación de vecinos contra vecinos, los que después son capturados en las calles o en casas de seguridad, apresados y también asesinados. Aunque se calcula que el 80% de la población nicaragüense repudia al régimen, la desconfianza generalizada que expresa esta respuesta manifiesta la grave ruptura de los vínculos comunitarios.

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