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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 453 | Diciembre 2019
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Nicaragua

Los efectos del inesperado factor Evo

La renuncia de Evo Morales el 10 de noviembre provocó en la dictadura de Ortega una cadena de reacciones que revitalizaron la indignación y la resistencia de la oposición azul y blanco. Como fiera herida, y con total control de las instituciones, las leyes y las armas, el régimen ha respondido con mayor violencia, haciendo aún más incierta y dramática la crisis nacional.

Equipo Envío

Una cadena de acontecimientos -amotinamiento en varios cuarteles de la Policía, resultados del informe que él mismo solicitó a una empresa auditora, sugerencia del Jefe del Ejército para que renunciara y conclusiones del informe de la OEA sobre las irregularidades cometidas en los comicios del 20 de octubre- terminaron con el gobierno de Evo Morales, el que en el grupo ALBA tenía una mejor imagen mediática internacional.

El comerciante de El Alto, René Quenta Quispe, resumió así lo ocurrido: “Evo se equivocó cuando quiso ser rey, cuando la gente lo votó para presidente. Se hubiera ido hace cuatro años y se llevaba todos los aplausos. Ahora se fue echado por el pueblo”.

“DESGRACIADAMENTE CIERTO”


Ortega no esperaba la renuncia de Morales, mucho menos su huida del país. Tampoco esperaban eso los otros países del ALBA. Los vínculos políticos y económicos -lícitos e ilícitos- enhebrados durante más de una década entre Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, los cuatro países del ALBA -el resto son pequeñas islas del Caribe- debían revisarse a la luz de este fracaso.

El 14 de noviembre se desarrolló en Managua la octava reunión extraordinaria del consejo político de los países del ALBA. Ante ellos, un abrumado Ortega calificó los hechos que acompañaron la caída de Evo como algo “increíblemente tenebroso y desgraciadamente cierto”.

Como era de esperar, Ortega asumió que se trató, no de las consecuencias de un fraude inocultable de Morales para evitar someterse a una segunda¬ vuelta -en la que sabía que sin ordenar una serie de irregularidades, tenía todas las de perder-, sino de un golpe de Estado fraguado por “los imperialistas de la tierra”.

A ellos les advirtió ese día en su discurso que estaban “jugando con fuego”, porque a partir de lo que le habían hecho a Evo, los “revolucionarios” habían perdido “la mínima confianza” en “la vía electoral por la que hemos apostado” y, en consecuencia y a partir de lo ocurrido en Bolivia, “los pueblos se sentirán con todo el derecho y la obligación de buscar las armas para tomar el poder por la vía revolucionaria”, lo que resulta confuso por lo difícil de identificar qué “pueblos” harían eso y contra quiénes lo harían...

De las alteradas palabras de Ortega ese día puede deducirse que, aunque nunca ha aceptado ni aceptará elecciones adelantadas, insistiendo en que deben ser en noviembre de 2021, podría ahora, por el factor Evo, intentar alguna artimaña para suprimirlas o para controlar que las condiciones en que se desarrollen le sean favorables. El factor Evo podría provocar que aun en 2021 esas elecciones no sean... o si son, no sean realmente competitivas.

“¡ESTAMOS ALERTA ANTE CUALQUIER ACCIÓN GOLPISTA!”


El factor Evo no pudo menos que tener ecos en la oposición azul y blanco. “¡Cayó Bolivia, ahora le toca a Nicaragua!”, coreaban nicaragüenses de la diáspora esos días. La sorpresa en el régimen y la revitalización de las esperanzas de los azul y blanco avivaron amenazas que anunciaban “plomo”…

Fuentes territoriales de la Unidad Azul y Blanco, que monitorean las capturas, detenciones, hostigamientos y asedios, torturas, allanamiento de hogares y negocios, pintas agresivas en casas y otras muy variadas formas de represión e intimidación, denunciaron, al concluir el mes de noviembre que, desde la caída del régimen de Morales en Bolivia, el promedio de estas acciones represivas aumentó de 5 a 18 diarias…

El 12 de noviembre, el primero en salir al ruedo para amenazar a la oposición fue el presidente del Parlamento, Gustavo Porras, quien controla todos los sindicatos orteguistas. Reunió a los viejos líderes de esos inoperantes sindicatos e interrumpido por sus aplausos, lanzó un acalorado discurso: “¡Estamos reunidos para que sepan los peleles que estamos todos unidos y que no vamos a permitir que jueguen con nuestras conquistas!… ¡Hemos convocado a todas las fuerzas de la revolución a tensar al máximo nuestras fuerzas, a mantenernos movilizados, a estar pendientes de cualquier acción del enemigo!”

El 15 de noviembre, un grupo de paramilitares, encapuchados, con uniforme militar y con armamento de guerra del autollamado “Frente Norte Carlos Fonseca Amador Defensores de la Paz” apareció leyendo un comunicado: “Estamos alerta ante cualquier acción golpista para aniquilarlos totalmente. Si levantan la mano, ¡se las bajaremos!”

UNA AMENAZA MUY EXTRAÑA


Ese mismo día hubo otra amenaza con una puesta en escena muy extraña… Uno de los hijos de la pareja gobernante, Juan Carlos Ortega Murillo, se plantó en horas de la noche ante las instalaciones del COSEP, acompañado de nueve personas, leyendo un texto en el que responsabilizaba a los empresarios de la crisis nacional y les recordaba una frase de Sandino: “La libertad no se conquista con flores, sino a balazos”.

Dos días después, aparecería con el mismo grupo frente a la sede de la OEA, leyendo un comunicado en el que repudiaba al organismo y a su participación en la caída de Evo Morales. Llevaba una manta en la que decía: “¡Al¬ma¬gro fuera! ¡Pedrón aquí te espera!” (Pedrón fue un campesino que combatió en el ejército de Sandino y se hizo famoso por los reales o legendarios “cortes de chaleco” que hacía o prometía hacer a los marines que cayeran en sus manos: cortarles con machete brazos y cabeza).

UNA PARROQUIA SITIADA...


Antes de que cayera Evo Morales, las madres y esposas de presos políticos
-en ese momento unos 136, pronto más de 160- habían decidido lanzar a una campaña que llamaron “Navidad sin presos políticos”. El nerviosismo paranoico y amenazante desatado en el régimen con la caída de Evo no logró disuadirlas.¬

El jueves 14 de noviembre, diez mujeres -madres, esposas y hermanas de presos políticos- entraron a una iglesia de Masaya para iniciar una huelga de hambre reclamando la libertad de sus familiares y la de todos los presos políticos. Les dio acogida el párroco de la iglesia, el sacerdote Edwin Román, quien siempre recuerda con orgullo sus orígenes: es sobrino nieto del General Sandino. Ese día abrió las puertas de su parroquia a las mujeres y les aseguró que estaría a su lado.

Inmediatamente, decenas de policías antimotines rodearon la iglesia por sus cuatro costados, un asedio similar al que hacen a cualquier protesta. En sólo unas horas se amplió desmesuradamente el cerco policial. Nadie pudo acercarse a la parroquia y nadie podría salir. Eran rehenes. Y para “rendirlas” por incomunicación y sed, el régimen ordenó en la tarde cortarles el agua y la luz.

Esa misma noche, jóvenes azul y blanco llegaron hasta Masaya a llevarles agua. Se acercaron al templo, pero sólo pudieron entregarles dos botellas de agua por una ventana. Todo está filmado. A escasa distancia del templo, 16 de ellos -7 eran muchachas- fueron capturados. Los acusaron de llevar armas de fuego en los vehículos que les decomisaron.

...Y LA CATEDRAL PROFANADA


El domingo 18 de noviembre, siete madres de presos políticos iniciaron otra huelga de hambre en la Catedral de Managua. Las acompañaría un médico. El lunes, una turba de más de cien personas entró en la Catedral con el fin de sacarlas, golpeó a un sacerdote que las resguardaba y paramilitares armados ocuparon el templo.

Esta cadena de hechos causó gran indignación nacional y estupor y repudio internacional. Reacciones de gobiernos y de organismos de derechos humanos condenando al régimen de Ortega se multiplicaron.

La tragedia de Nicaragua volvió a ser noticia de primera plana después de estar silenciada durante meses. Las desatinadas e inhumanas reacciones del régimen fueron otro efecto del factor Evo.

PERDIDOS EN UN LABERINTO


Un recuento de lo ocurrido en noviembre antes y después de la convulsión en Bolivia con el fin del gobierno de Evo Morales, demuestra los errores en que puede caer un régimen como el que soporta hoy Nicaragua cuando se empecina en negar la realidad, ha renunciado a buscar de buena fe cualquier solución a la crisis y parece perdido en el laberinto de decisiones irracionales.

Durante 16 años la estrategia de Ortega -sacado del gobierno por la vía electoral en 1990- para poder volver al gobierno fue mejorar, hasta estrecharlas, las relaciones con la empresa privada, con la jerarquía de la iglesia católica y con el gobierno de Estados Unidos. Esto le funcionó y lo devolvió al gobierno en 2007, con relativos éxitos económicos y buenas relaciones con Washington, la gran empresa y la jerarquía católica, hasta el estallido de abril de 2018.

Lo ocurrido en este noviembre de 2019 demostró que, sin más estrategia que las armas y la represión, ha optado por desechar esas relaciones hasta hacerlas trizas. ¿Sin ponderar las consecuencias o asumiendo el costo?

OTROS TRES SANCIONADOS


El mes empezó negativo para Ortega en sus relaciones con el gobierno de Estados Unidos. El 6 de noviembre, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que había añadido a tres de sus funcionarios clave a la lista de sancionados: el comisionado general y subdirector de la Policía, Ramón Avellán; el presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Lumberto Campbell; y el presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), Roberto López. Con éstos son ya 14 los altos funcionarios del régimen sancionados por Washington.

Por su alto cargo en la Policía, a Avellán el gobierno de Estados Unidos le atribuye 107 muertes y cientos de heridos en las operaciones que policías y parapolicías, “herramientas esenciales para la represión del régimen”, desarrollaron haciendo un uso indiscriminado de fuerza letal en 2018 y por todo el país. A Campbell -quien en 2017 sustituyó al frente del CSE al primer sancionado, Roberto Rivas- se le sanciona por “manipulación electoral para garantizar que Ortega y sus aliados prevalezcan en las elecciones por medios fraudulentos”. A Roberto López se le sanciona por dirigir una institución, la Seguridad Social, considerada “uno de los principales vehículos que facilitan la corrupción”, señalando que “bajo la supervisión de López el INSS ha estado implicado en esquemas de lavado de dinero”.

Washington puso su dedo en tres llagas de la crisis nacional: los crímenes de lesa humanidad y la masiva violación de derechos humanos, la secuencia de fraudes electorales y la “corrupción desenfrenada” que existe en el régimen, como la vuelve a calificarla el texto de estas nuevas sanciones.

Y con el fin de poder seguir aplicando nuevas sanciones bajo la Ley Magnitsky-Nica Act contra funcionarios del régimen, el 25 de noviembre el gobierno de Estados Unidos renovó la orden ejecutiva 13851, firmada por el Presidente Trump hace un año, declarando que “la situación en Nicaragua sigue representando una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos”.

LA DEFICITARIA SEGURIDAD SOCIAL


La sanción más sensible para la economía, en situación crítica, es la que toca a López, ya que afecta al INSS, una institución que atraviesa graves problemas financieros desde hace siete años.

El déficit del INSS alcanzó en 2019 los 4 mil millones de córdobas y su futuro es cada vez más incierto. Los ingresos han disminuido sensiblemente por el cierre de miles de empresas, lo que ha provocado que ya no ingresen en el INSS las cotizaciones de miles de empleadores en quiebra ni las de los más de 150 mil trabajadores desempleados.

El dinero depositado en el INSS por los contribuyentes -se lee en la argumentación de la sanción- ha sido utilizado para fines políticos, para proyectos privados, para corrupción relacionada con contratos, para sobornos, también para lavar dinero… Señala así el Departamento del Tesoro varias de las razones estructurales que explican la crisis del INSS.

“¡NO QUIEREN PAGAR IMPUESTOS!”


El 8 de noviembre, cuando ya era muy crítico el futuro de Evo Morales por más de dos semanas de protestas ante el descarado fraude electoral con el que pretendía reelegirse por cuarta vez, pero aún sin imaginar el derrumbe de su gobierno, en un acto en plaza pública y con el habitual y estricto control de la asistencia, Ortega conmemoró el aniversario de la muerte de Carlos Fonseca, fundador del FSLN. Ese día atacó con virulencia a la jerarquía católica y a la empresa privada.

A obispos y sacerdotes les dijo, que eran “descendientes de los sumos sacerdotes que crucificaron a Cristo y que viven pidiendo que se crucifique a Nicaragua”. Los llamó “esquizofrénicos” y “sepulcros blanqueados que son parte de la conspiración”.

La más afinada batería la dirigió contra los empresarios privados. Molesto, afirmó que “quieren sembrar el terror con sus análisis económicos ¡porque lo que quieren es no pagar impuestos!”. Y añadió: “Dicen que están quebrando algunos, ¡pues que quiebren! ¡Están quebrando porque quieren ganar más de lo que ganaban antes de tratar de destruir al país y provocarle un enorme daño a la economía!… ¡Si dicen que no pueden, que se declaren en quiebra y vendrán otros a hacer el trabajo que hizo la empresa que quebró!”

Ya en otro tono, afirmó: “Las puertas están abiertas para los empresarios pequeños, medianos y grandes, que estén dispuestos a continuar trabajando con el gobierno”, pero inmediatamente rechazó a los empresarios que “ponen condicionantes políticos para sentarse… y vienen con el cuento de que tenemos que hacer un diálogo político, que hay que adelantar las elecciones, o que ya se vaya Daniel de la Presidencia”.

“EMPRESARIOS QUE PONEN
CONDICIONANTES POLÍTICOS”


El COSEP tardó varios días en responder. Lo hizo en un comunicado en el que rechaza “cada una de las expresiones de descalificación y amenaza hacia el sector privado” del discurso de Ortega, advirtiendo que “pierde una oportunidad más para enviar mensajes de esperanza y reconciliación a los nicaragüenses y nos transmite nuevamente zozobra e incertidumbre”.

Las múltiples diatribas anti-empresarios que Ortega lanzó ese día demostraron que no renuncia a atraer a su lado a la gran empresa privada. Que los necesita porque sabe que un entendimiento con ellos traería una mejoría económica que podría presentar como un logro político y que eso aliviaría algo su deteriorada imagen.

Pero sus improperios demostraron claramente que sabe que están también en resistencia cívica: firmes en la convicción de que para empezar a revertir la recesión económica son indispensables los “condicionantes políticos” que “ponen” y que Ortega rechaza.

“ANÁLISIS ECONÓMICOS QUE SIEMBRAN TERROR”


Los análisis económicos “que siembran el terror” según Ortega, llovieron en noviembre. Uno fue el de FUNI-DES (Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social), que para 2020 proyecta que el 31.9% de la población vivirá en pobreza y que el número de trabajadores que quedarán sin un salario y pasarán al desempleo desde los acontecimientos de abril llegará a 237 mil personas. Son muchísimas más las personas que se han quedado sin trabajo por la crisis económica. Se calculan en más de 400 mil.

Por su parte, la CEPAL (Comisión Económica para América Latina) pronosticó que la caída del PIB en 2019 será de –5%, con lo que Nicaragua será el país con mayor contracción económica en toda América Latina después de Venezuela y el único país de la región centroamericana con crecimiento negativo.

Las escasas cifras que publica el gobierno -las más sensibles las oculta- tampoco son alentadoras. El Banco Central informó que la inversión extranjera directa se redujo un 70% con relación a la que hubo en el mismo período de 2018. No llegó ni a 130 millones de dólares. Y el Ministerio de Hacienda informó sobre las dificultades que existen actualmente para el desembolso y ejecución de las limitadas donaciones. Los donantes presionan para que cese la represión.

21 gobiernos cooperaban con donaciones a Nicaragua en 2007, cuando Ortega asumió la presidencia. Hoy su régimen sólo cuenta con la ayuda en donaciones de 5 gobiernos.

EL INFORME DEL FMI:
NO HAY “RECUPERACIÓN”


El más “terrorista” de los análisis económicos fue el publicado el 20 de noviembre en Washington por la misión técnica del Fondo Monetario Internacional, que estuvo en Nicaragua desde el 27 de octubre y durante quince días, en su visita anual para evaluar el estado de la economía.

Aunque el FMI le reconoce al gobierno el buen manejo macroeconómico de la crisis en “muy difíciles circunstancias”, sus conclusiones desmienten la “recuperación” que recientemente el régimen anunció con optimismo. El FMI afirma que la contracción económica en 2019 será de –5.7%, mayor que la que había previsto: –5%. Para el 2020 pronostica una caída también mayor: no será de –0.8% sino de ­1.2%. Para 2021 la proyección del FMI es cero crecimiento. Esto significa cuatro años consecutivos de recesión y ya en depresión económica.

La tardanza de una semana en publicar su informe “sugiere que con el FMI hubo una negociación difícil sobre su contenido”, dice el economista y directivo de FUNIDES, Carlos G. Muñiz. Otras fuentes indican que el equipo económico del gobierno hizo grandes esfuerzos para que el comunicado con el informe final del FMI resultara positivo, o al menos no tan negativo. También, para conseguir un comunicado conjunto y de consenso que fuera leído en conferencia de prensa en Nicaragua o para que fuera publicado hasta pasadas las fiestas de fin de año, en enero de 2020.

Nada de esto aceptó el Fondo. “Al FMI no le pudieron ocultar las cifras que le ocultan a todo el país y el Fondo está confirmando la gran sospecha de que la situación económica no está tan bien como dice el gobierno”, dijo el economista y ex-director de la Dirección General de Ingresos, Róger Arteaga.

El informe del FMI crispó más al régimen, que ya llevaba más de una semana aturdido por la caída del régimen de Evo Morales en Bolivia y por sus consecuencias.

LAS “RECOMENDACIONES”
DE EDÉN PASTORA


Al terremoto provocado por el factor Evo se sumaron, el 12 de noviembre, las declaraciones de Edén Pastora, vinculado desde la crisis de abril al reclutamiento de paramilitares. Pastora apareció entrevistado por un periodista orteguista en un canal de televisión oficial para lanzar varios mensajes, en su estilo directo y franco.

Con palabras cuidadosamente calculadas, Pastora “recomendó” a Ortega “organizar científicamente el partido sandinista (desde el barrio hasta el nivel nacional)… Nos hace falta ese partido que existió en el 80…

Yo recomendaría estructurar ese gran partido… para que sea el gran Congreso Nacional quien nos diga quién va a ser nuestro próximo candidato, nuestro próximo dirigente, cuando a nuestro comandante Dios le mande cualquier fatalidad, un derrame cerebral, una enfermedad grave, una vejez de diez o doce años, una muerte segura… Ahora obedecemos a Daniel porque lo queremos, más que por disciplina partidaria, y eso me preocupa. Estamos dispuestos a dar la vida por lo que Daniel nos enseña, por lo que Daniel nos dicta. Debemos estar dispuestos a dar la vida por lo que el partido diga, por lo que el partido ordene”.

Implícitamente, el “Comandante Cero” reconocía que el partido FSLN no tiene hoy más estructura que la de la familia en el poder. No mencionó a Murillo como la sucesora de Ortega ni como candidata ni como dirigente del partido. Tocó el tema de la enfermedad y muerte de Ortega. Y admitió que si es sólo por cariño que se obedece a Ortega, debería ser diferente en un partido “científico”, como el que recomendaba ese día.

¿FISURAS EN EL RÉGIMEN?


Desde 2005 Daniel Ortega disolvió el Congreso Sandinista cuando Herty Lewites decidió desafiarlo, lanzándose como candidato presidencial del MRS en las elecciones de 2006. Los comicios de aquel año los ganó Ortega y Lewites no participó porque murió tres meses antes. Desde su regreso al gobierno en 2007 Ortega tomó el control absoluto del partido y, a partir de ese regreso decidió compartir cuotas de poder con su esposa.

Quienes conocen a Pastora desde hace años escucharon con atención sus pa¬labras y esta vez las tomaron en serio porque consideran que sólo una persona tan temeraria como él sería ca¬paz de decir todo eso en momentos tan críticos. Pero, como Pastora no es ni tonto ni suicida, señalaron que no lo haría por su cuenta y sin el respaldo de otros. Habló en representación de quienes piensan lo mismo. La intervención de Pastora reforzó la percepción de las fisuras, fracturas y hasta grietas que la crisis nacional y el desgaste del régimen han ido abriendo en el aparato del poder.

La iniciación política, días después de hablar Pastora, de Juan Carlos Ortega Murillo, amenazando un día a los empresarios, otro día a la OEA, y un tercer día “aconsejando” a la iglesia católica, presentándose como líder de un nuevo movimiento político (Movimiento 4 de Mayo) fue vista por los conocedores de esas grietas como una movida para contraponer al “plan Pastora” la sucesión familiar, el proyecto dinástico.

CRUZARON TODAS LAS LÍNEAS ROJAS


Los discursos de Ortega, las amenazas de paramilitares y sindicalistas, las declaraciones de Pastora, aunque tensaron el ambiente nacional, no tuvieron el eco, tanto nacional como internacional, que tuvo el sitio policial a la parroquia San Miguel de Masaya, donde diez mujeres cumplían con su huelga de hambre.

No tuvieron tanto eco nacional e internacional como el que despertó la detención de los jóvenes que les llevaban agua y la profanación el 18 de noviembre de la Catedral de Managua por paramilitares armados y turbas que lanzaban vivas a Evo Morales, mientras gritaban “¡La iglesia es de todos!”.

No alcanzaron la misma preocupación que causó el cerco policial tendido a veinte parroquias católicas en Masaya, Managua, Matagalpa, Carazo, Estelí, Chinandega y Rivas, para impedir que se convirtieran en espacios seguros para otras mujeres dispuestas a realizar huelgas de hambre en reclamo de una Navidad sin presos políticos.

No repercutieron tanto como el intento el 21 de noviembre de turbas fanatizadas que quisieron ingresar con violencia en otra parroquia de Masaya durante la celebración de una misa en solidaridad con las madres en huelga de hambre...

En un país tan religioso, este conjunto de hechos, esta auténtica “persecución religiosa” anti-católica, indignó a muchísima gente en el país y evidenció ante el mundo la anormalidad que se vive en Nicaragua y la decisión persistente del “vamos con todo” que ha sido característica de la actuación del régimen desde abril hasta hoy.

El 19 de noviembre, los obispos, a quienes la Vicepresidenta llamó esos días “lobos repugnantes que destilan odio”, publicaron un comunicado en el que afirmaban que la huelga de hambre de las madres en la parroquia San Miguel de Masaya merece respeto. “Es un grito de impotencia, de inseguridad, de tristeza, de indignación, es el resultado de muchos meses de sufrimiento”. En un texto cargado de urgencia, los obispos pedían a Dios que conceda a Nicaragua el “regalo” de tener “conciencia de nación”.

Las huelgas de hambre suelen merecer respeto en cualquier parte del mundo, los templos también, las autoridades religiosas también y el derecho al agua es un derecho humano “básico”, “condición para el ejercicio de los demás derechos humanos”, como afirmó el Papa Francisco en su encíclica “Laudato Si”. En este noviembre, y por efecto de la conmoción que provocó el factor Evo, el régimen decidió cruzar todas esas líneas rojas… ¿Sin medir las consecuencias?

LA “BANDA DE LOS AGUADORES”


Mientras la iglesia San Miguel permanecía sitiada, el padre Edwin Román carecía de la insulina que requiere a diario para controlar su diabetes y los antimotines y fanáticos del régimen -a ellos sí les permitían acercarse al templo- no dejaban de insultar a las madres en huelga de hambre gritándoles “¡ahí se van a morir!” “¡de ahí saldrán putrefactas!”, la OEA calificó el sitio a la parroquia de Masaya como “un acto flagrante de vulneración de los derechos de las personas que se expresan pacíficamente por la libertad de sus familiares” y reclamó “la inmediata liberación” de los 16 jóvenes apresados por llevar agua, a quienes cariñosa e inmediatamente los bautizaron en las redes sociales como “la banda de los aguadores”.

Banda porque tras su detención, la Policía los calificó de “terroristas”, tras “sembrar” en los vehículos que les decomisaron cocteles molotov, revólveres, municiones y una escopeta. (Al poner punto final a este texto, están en prisión tras un primer juicio totalmente irregular, reprogramado para el 30 de enero de 2020).

CONDENA INTERNACIONAL: “INCONCEBIBLE, INACEPTABLE”


La directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, declaró sobre los aguadores: “Es inconcebible que a un acto de humanidad se responda con represión”, exigiendo la liberación de los jóvenes.

La Unión Europea calificó los hechos contra la iglesia católica como “un serio revés que transmite una señal negativa sobre la voluntad del gobierno de trabajar para lograr una salida a la crisis” y reafirmó su compromiso “de continuar utilizando todos sus instrumentos para apoyar la justicia y la democracia en Nicaragua… Quienes socavan la democracia y el Estado de Derecho en Nicaragua deberán rendir cuentas”. El Grupo Socialista y Demócrata de la UE pidió sanciones específicas contra el régimen de Ortega.

“El asedio a un lugar de culto es inaceptable”, dijo la portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos. El Departamento de Estado afirmó que los policías en Nicaragua “no son los protectores del pueblo nicaragüense, sino sus represores”.

La indignación nacional se expresó a lo largo de noviembre en nutridas manifestaciones de estudiantes en varias universidades privadas (UCA, UAM, Thomas More), y en la estatal Universidad Agraria. En la UCA el grito de los estudiantes fue “¡La iglesia se respeta!”

También se hizo sentir la resistencia en las banderas azul y blanco que sobre los hombros de los estudiantes y en los escenarios acompañaron las promociones de bachillerato de colegios privados y religiosos de todo el país. En el Colegio Calasanz los bachilleres cambiaron la letra de la popular canción “Nicaragua Nicaragüita” y cantaron “…ay, Nicaragua, sos más dulcita que la mielita de tamagás y ahora que serás libre, yo te querré mucho más”.

TRAS NUEVE DÍAS DE SITIO


Las madres en huelga de hambre en la Catedral de Managua pasaron su primera noche en el templo resguardadas por los sacerdotes, que las defendieron de los paramilitares. En la tarde del 19 de noviembre fueron sacadas del templo con el médico que las acompañaba -José Luis Borgen, urólogo y presidente de la Unidad Médica Nicaragüense- por la Cruz Roja Nicaragüense.

Ese día el templo fue devuelto a las autoridades eclesiásticas de Managua tras una negociación entre iglesia y gobierno que no se hizo pública. Horas después, el doctor Borgen fue secuestrado en la calle por hombres encapuchados que lo mantuvieron bajo custodia en un lugar clandestino por 48 horas. “Tuvo mucha suerte -le dijeron al dejarlo en otro punto de Managua- porque hay desaparecidos que nunca van a aparecer”.

En la tarde del 22 de noviembre, tras nueve días de cerco, desgaste y terror en la parroquia de San Miguel, y cercado el régimen por las presiones internacionales, las mujeres, para salvar la vida del padre Román que llevaba dos días sin poder levantarse, pidieron una negociación que permitió que llegaran dos ambulancias a la iglesia y que la policía dejara salir al sacerdote, a las madres en huelga de hambre, junto a una abogada, un periodista y a otra mujer que quedaron atrapadas cuando se cercó la iglesia. Todos fueron trasladados a un hospital de Managua para valorar su estado. El padre Román fue el último en salir del hospital el 27 de noviembre.

INFORME DE LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA OEA


Todos estos hechos y el clima represivo que fomentó el factor Evo aceleraron la presentación del informe elaborado por la Comisión de alto nivel que la Asamblea General de la OEA ordenó crear a mitad de 2019 para conocer in situ la situación de Nicaragua en el marco de la aplicación de la Carta Democrática a Nicaragua, un proceso que el secretario general de la OEA Luis Almagro abrió en diciembre de 2018 y que podría culminar con la expulsión del gobierno de Ortega de la OEA. Para llegar a esa sanción hacen falta los votos de 24 de los 34 países que integran la OEA.

El informe -presentado el 25 de noviembre en sesión extraordinaria al Consejo Permanente de la OEA- recuerda que el gobierno de Nicaragua se negó a reunirse con la Comisión y hasta advirtió a las aerolíneas con destino a Nicaragua que no permitieran que ninguno de sus cinco miembros las abordara. También señala que “varios miembros de la Comisión procuraron conversar sobre la situación del país con los representantes de Nicaragua ante la OEA, pero los diplomáticos nicaragüenses rechazaron cualquier tipo de diálogo”.

Sin contacto con la parte oficial, la comisión se reunió con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), con expertos electorales, con miembros de la Alianza Cívica y de la Unidad Azul y Blanco, con representantes del Movimiento Campesino, con madres de víctimas y de presos políticos, con la organización de médicos exiliados en Costa Rica, con medios de comunicación, y con el obispo de Estelí, Juan Abelardo Mata.

“ES INVIABLE EL FUNCIONAMIENTO DEMOCRÁTICO”


Las conclusiones del informe son contundentes. Del gobierno dice que tiene “un patrón continuo de esfuerzos encaminados a coartar los derechos de sus ciudadanos” y que el país vive en “una crítica situación en materia de derechos humanos”.

Señala que en Nicaragua hay un “Estado subordinado al Poder Ejecutivo” y concluye que esto “hace inviable el funcionamiento democrático del país, transformándolo en un Estado incompatible con el Estado de derecho”. Afirma que “en vista de la negativa del gobierno de Nicaragua a colaborar con la Comisión, a regresar a la mesa de diálogo y a emprender cualquier medida que pueda restaurar los derechos humanos y la democracia, las gestiones diplomáticas de la Comisión han sido infructuosas”.

En base a todo lo escuchado y analizado, la Comisión recomienda al Con-
sejo Permanente que, en el marco del artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, declare que hay en Nicaragua “una alteración del orden constitucional que afecta gravemente el orden democrático en Nicaragua”. Recomienda también que “se convoque inmediatamente un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General para examinar esta cuestión”.

El informe fue leído ante el Consejo Permanente por la representante de Jamaica, uno de los cinco países que integró la Comisión. La mayoría de los países lo aprobó, diez países respaldaron explícitamente la convocatoria “inmediata” de la Asamblea General, la representante de Nicaragua calificó el informe de “inexistente”… pero no hubo ninguna votación que permitiera saber el respaldo que tendría la convocatoria “inmediata” a los Cancilleres de la región, un paso que haría avanzar los esfuerzos diplomáticos de alto nivel para solucionar la crisis nacional.

La lentitud de la diplomacia de la OEA significa más días de dolor y sufrimiento en Nicaragua. Se explica esa lentitud porque aún faltan los 24 votos necesarios para aplicarle a Ortega la Carta Democrática. El sistema de “cada país un voto” establecido en la OEA hace que las pequeñas islas-países del Caribe, beneficiadas por el petróleo venezolano desde tiempos de Chávez, impidan conseguirlos.

SIN CONTRAPESOS


En la sesión del Consejo Permanente de la OEA habló una madre de un joven asesinado, la esposa de un preso político, un líder estudiantil miembro de la Alianza Cívica, la relatora sobre Nicaragua en la CIDH, la activista de derechos humanos Bianca Jagger y la abogada de la directiva de la Asociación Madres de Abril, hermana de un joven asesinado.

Manuel Orozco, del Diálogo Interamericano, actualizó al Consejo sobre la realidad nicaragüense. Señalando que no existe hoy en nuestro país “ningún contrapeso frente al partido de gobierno”, que tiene el “monopolio de legislar sin oposición y también el monopolio de la fuerza”, advirtió que si el conflicto económico continúa, los daños en la economía serán “irreparables”.

Dijo que el 70% de la población “no confía en un proceso electoral en las actuales condiciones”, que las reformas electorales “deben negociarse con la Alianza Cívica y la Unidad Azul y Blanco”, que la fecha de las elecciones debe ser “consensuada”. Se refirió también a la necesidad de “acelerar el cambio político para reducir el uso de la violencia”. Detenerla, por la presencia de los paramilitares -dijo, aunque sin nombrarlos- “requiere de acompañamiento internacional”.

EL DESAFÍO DE LA SEGURIDAD
Y LOS PARAMILITARES


Sobre el problema de la violencia impune que representan los para¬mi¬litares, no sólo para un proceso electoral, sino para el futuro del país, el experto en seguridad y crimen organizado, Roberto Orozco, comentó en Envío: “Estemos claros que el principal problema que vamos a heredar de este gobierno va a ser el problema de la seguridad. Olvídense del desempleo y de los problemas económicos. Aquí lo más grave que este gobierno nos va a legar es un problema de seguridad ciudadana extremadamente complejo, que va a afectar la estabilidad y la tranquilidad de los hogares por la cantidad de para¬militares armados que van a quedar. Lamentablemente, será un problema que sólo podremos resolver con mano dura”.

“Al Ejército le corresponderá actuar y a un nuevo gobierno le tocará hacer un llamado a la comunidad internacional para garantizar la pacificación y la seguridad de Nicaragua: ¿Cascos azules de la ONU? ¿Una fuerza de pacificación centroamericana? ¿El Comando Sur? Resolver el problema de seguridad que vamos a tener provocará tensiones políticas y requerirá de un gobierno capaz de asumir los costos políticos de ejercer la mano dura”.

HASTA LLEGAR
A ELECCIONES CONFIABLES


En la sesión de la OEA, al experto en procesos electorales Roberto Courtney, director de Ética y Transparencia, le tocó exponer los cuatro consensos a los que todas las fuerzas de oposición han llegado en cuanto a las mínimas garantías para que un próximo proceso electoral genere confianza en la población.

Se refirió a una reforma en el arbitraje de las elecciones (elección de magistrados electorales independientes), a la despartidarización de las estructuras electorales, especialmente en las juntas receptoras de votos (eliminación en las juntas del control bipartidista FSLN-PLC), a una observación electoral “de calidad internacional y nacional” que garantice la transparencia de todo el proceso, y a un padrón electoral que dé “el derecho de votar a todos los nicaragüenses”.

Todo esto es indispensable para recuperar la confianza en el proceso, paso esencial para unas elecciones justas. Y todo esto debe hacerse dentro del Memorándum de Entendimiento sobre reformas electorales que en febrero de 2017 firmó la OEA con Ortega y que hoy se mantiene en “veremos”...

Courtney cerró su breve exposición con estas palabras: “Si Ortega conserva una representación parlamentaria suficiente tendríamos la receta para tener un Estado fallido en el centro de Centroamérica. Ortega tratará de conservar esa representación porque una derrota aplastante en el Parlamento es la que puede hacer realidad su cita con la justicia”.

DEMANDA DE UNA
GRAN COALICIÓN AZUL Y BLANCO


Un tema clave que Courtney también mencionó, afirmando que aún no tiene consenso en toda la oposición es el de la formación de nuevos partidos políticos.

Éste es un tema clave en unas próximas elecciones -siempre que logren celebrarse en un clima de libertades ciudadanas que hoy no existen- porque, así como las movilizaciones que iniciaron en abril de 2018 fueron masivas y autoconvocadas, sin el liderazgo de ninguno de los partidos políticos existentes, hoy es una demanda generalizada que haya un nuevo partido, una casilla nueva, una alianza nueva, una gran coalición azul y blanco que convoque y garantice que todos los autoconvocados de abril, de mayo, de junio…., independientemente de qué partido vengan, o no vengan de ninguno, se sientan representados.

Nada es tan importante hoy como una unidad que reúna todos los colores¬ del espectro político nacional en una gran coalición que enfrente en las urnas a la dictadura y la derrote.

Sin embargo, hay una insistente y pública resistencia de los dos partidos liberales que tienen casilla y personería jurídica -el PLC de Arnoldo Alemán y Ciudadanos por la Libertad (CxL)- para imposibilitar esa coalición. Ambos abogan por la “unidad”, pero ambos ofrecen sus estructuras y hablan de su gran organización para re¬clamar que la unidad se conforme bajo su dirección, su bandera y sus siglas.

DOS PARTIDOS
CONTRA LA GRAN COALICIÓN


El PLC existe desde 1968 y hoy participa en el Parlamento y en las estructuras electorales a la par del FSLN como “segunda fuerza”, por el esquema rígidamente bipartidista nacido del pacto entre Ortega y Alemán del año 2000.

CxL es muy reciente. Se formó en 2016 con liberales disidentes del control alemanista del PLC, que siguieron a Eduardo Montealegre en dos agrupaciones políticas hasta llegar al Partido Liberal Independiente (PLI), al que Ortega le arrebató su personería jurídica en 2016 con una artimaña jurídica. Kitty Monterrey, asesora durante años de Eduardo Montealegre y su representante, es quien preside CxL.

Desde 2016, CxL buscó la personería jurídica. La recibió del Poder Electoral, lo que levantó sospechas porque el Poder Electoral estaba férreamente controlado por Ortega.

En 2017 CxL participó en las elecciones municipales y ganó algunas alcaldías. Otras las perdió por el fraude que ejecutó el partido de gobierno. En 2018, después de la rebelión de abril y la masacre represiva del régimen, participó en las muy cuestionadas, y como era de esperar fraudulentas, elecciones caribeñas, por lo que recibió duras críticas de la oposición azul y blanco autoconvocada.

Miembros de estos dos partidos liberales han sufrido la represión de la dictadura de Ortega: han sido detenidos, capturados, hostigados, encarcelados y algunos también asesinados. Ambos tienen a miembros suyos en el exilio.

POR EL PACTO
Y POR ESE RECHAZO


¿Representan el PLC y CxL a toda la población nicaragüense de tradición liberal? No lo parece. ¿Representan las posiciones excluyentes de CxL a toda la población azul y blanco? Tampoco lo parece.

En el caso del PLC, la presencia activa de Arnoldo Alemán al frente del partido y las justas suspicacias que provoca su pasado pactista con Ortega, y otros intereses, sumado esto a la renuencia previsible de Ortega a autorizar la gran coalición, han hecho que algunos opositores vean una mejor posibilidad en que CxL sea el vehículo para que la oposición azul y blanco enfrente al FSLN, por tener ya personería jurídica.

Después de un discurso en ese mismo sentido, escuchado en la Cámara de Comercio Americana-Nicaragüense, Kitty Monterrey anunció que el partido CxL incorporaba a varias personas, entre ellas al ex-ministro de Educación Humberto Belli y al ex-diplomático Bosco Matamoros, como asesores “que nos guiarán en la búsqueda de esa gran unidad que requerimos para derrocar al sandinismo”.

Así como el pasado de Alemán no es bien visto por la Unidad Azul y Blanco que trabaja por la gran coalición, ese persistente rechazo “al sandinismo” de Monterrey tampoco les resulta aceptable.

En una entrevista con Carlos Fernando Chamorro, Kitty Monterrey reiteró que “pone a disposición” de toda la oposición su casilla en la boleta electoral como vehículo legal para participar en las elecciones.

Sin embargo, socavando la unidad, reiteró que CxL desea aliarse a la Alianza Cívica, pero no aceptaría en la coalición opositora a la Unidad Azul y Blanco, a pesar de que son líderes de la UNAB quienes, durante el estado de sitio de facto que padece el país desde hace un año, están dando la cara por todos en las protestas públicas.

Son miembros de la UNAB los jóvenes de la “banda de los aguadores” y hemos visto el papel de algunos de sus más brillantes miembros participar en importantes esfuerzos nacionales e internacionales a favor de una salida cívica de la crisis nacional.

“Nosotros -dijo en esa entrevista Monterrey- vamos a seguir siendo aliados de la Alianza Cívica con la esperanza de que a través de esa alianza podamos ir formando esa gran unidad”. Y no perdió la ocasión para descalificar una vez más a la UNAB, volviendo a su excluyente antisandinismo, mencionando para ello las siglas del MRS.

“ES ILÓGICO Y FANTASIOSO”


Yaritza Rostrán, líder estudiantil, quien estuvo siete meses presa, después de sobrevivir al despiadado ataque del 13 de julio de 2018 contra la UNAN, y es hoy miembro del consejo político de la UNAB.

En una entrevista con “Trinchera de la Noticia” comenta: “Lo del control del MRS en la Unidad Azul y Blanco es bastante fantasioso, ellos están integrados a la UNAB y tienen personas muy capaces para desarrollar un trabajo”.

“En la UNAB han tenido un puesto de liderazgo por su operatividad, pero no necesariamente eso significa que controlen a la Unidad. La UNAB es una plataforma con 92 organizaciones. Cuando elegimos el consejo político hubo dos grandes asambleas ciudadanas. Ahí están los registros de cómo se toman las decisiones, quién votó, con nombre y apellido, por su organización. Entonces, es ilógico pensar que una sola organización va a tener tanto poder como para manipular al resto”.

“UNA PLATAFORMA
EN LA QUE QUEPAMOS TODOS”


También cuestiona el antisandinismo de Monterrey el político liberal Eliseo Núñez Morales, quien vivió en directo lo que ocurrió en junio de 2016, cuando Ortega le arrebató la personería jurídica al PLI y Monte¬alegre y Monterrey crearon CxL, con esa excluyente visión.

Lo explicó Núñez Morales en una charla con Envío en enero de 2018, poco antes del estallido ciudadano de abril, cuando ya la oposición a Ortega trabajaba construyendo una plataforma unitaria de la que surgieran nuevos liderazgos y en la que estuvieran representados todos los colores del espectro político nacional.

Esa plataforma era ya en ese momento el FAD (Frente Amplio por la Democracia), espacio en el que desde 2016 empezaron a converger lide¬razgos y bases de distintas vertientes políticas: liberales que pertenecieron al PLC y al PLI, conservadores, ex-miembros de la Resistencia, el MRS, el PAC y descontentos que nunca habían tenido ninguna afiliación partidaria. El FAD fue dirigido por Violeta Granera, de tradición liberal, y hoy está integrado a la UNAB.

“NO ES LA DERECHA
CONTRA LA IZQUIERDA”


Reflexionó así Eliseo Núñez en Envío: “Un grupo de políticos estamos concentrados en construir una plataforma unitaria en la que quepamos todos. En ese grupo está el FUL, la Fuerza Unida Liberal, un grupo de liberales que quedamos dispersos cuando en 2016 Ortega liquidó al PLI y CxL excluyó al MRS de esa alianza. Fue en esa crisis que decidimos no seguir haciendo esfuerzos individuales y juntarnos. Como FUL somos parte de un esfuerzo más plural -dijo Núñez Morales-, el Frente Amplio por la Democracia, que es como esas plataformas “lego” para acoger a todos, incluyendo las piezas liberales, las del sandinismo del MRS, las de la sociedad civil. Si el MRS no estuviera en el FAD, Ortega convertiría rápidamente la lucha de la oposición en un enfrentamiento entre derecha e izquierda”.

“Quienes nos oponemos a su régimen seríamos la derecha y Ortega sería la izquierda que defiende a los pobres. Pero con el MRS a bordo del FAD la lucha es entre democracia y dictadura. De un lado estamos liberales y sandinistas y del otro lado está Ortega y su autoritarismo. El MRS nos da identidad como demócratas y eso lo apreciamos mucho”.

¿Qué visión pesará más, la excluyente de Kitty Monterrey y CxL o la incluyente que tuvo el FAD y que hoy tiene la oposición azul y blanco? Y aún más importante, ¿habrá oportunidad de hacernos esa pregunta? ¿Habrá elec¬ciones en 2021? ¿En qué condicio¬nes?¬

Son preguntas de respuestas totalmente inciertas y válidas ante el estrés que genera un régimen que sólo ataca y que, por su aislamiento internacional y por el repudio nacional, lo hace ya como una fiera herida…

Y AHORA...
¿EL CACIQUE NICARAO?


Son tantas las nuevas incertidumbres con las que termina 2019… El viernes 29, casi al final de un mes lleno de sismos en el tablero político nacional por los errores del régimen y por la revitalización de los azul y blanco, la junta directiva de la Asamblea, en control total de Ortega, activó el proceso de reforma parcial de la Constitución designando una comisión dominada por el orteguismo para discutir una extemporánea propuesta del Ejecutivo: introducir en el preámbulo de la Carta Magna los nombres de cuatro “héroes nacionales”: los caciques Diriangén y Nicarao, el sacerdote independentista Tomás Ruiz y Blanca Aráuz, esposa de Sandino.

Cualquier reforma a la Constitución requiere de aprobación en dos legislaturas: una sería la que harían a finales de 2019 y la otra la harían en 2020, un año que diputados y voceros de la dictadura llaman ya “año pre-electoral”.

Esta sorpresiva propuesta que se saca de la manga Ortega, y su trivialidad dada la gravedad de la crisis nacional y, sobre todo, dado el momento en el que se encuentra el régimen por el factor Evo, permiten aplicar la sabiduría de la sospecha.

¿No aprovechará Ortega el proceso que ha activado para hacerle a la Constitución otras reformas de mayores consecuencias para el país, que signifiquen ventajas políticas y/o electorales para él? Por ejemplo, que se restrinjan constitucionalmente derechos políticos a un sector de la población calificado de determinada manera… O que se anule por vía constitucional la posibilidad de formar una gran coalición azul y blanco que rete con éxito a Ortega en las urnas…

Fue a través de reformas constitucionales impuestas por Ortega y aprobadas por la mayoría que obtuvo por fraude en el Parlamento, que estableció la reelección indefinida, que eliminó la segunda vuelta electoral, que llevó al mínimo la cantidad de votos necesarios para ser elegido presidente… El factor Evo y todo lo ocurrido en noviembre da validez a cualquier recelo.

LA MORAL CONTRA LAS ARMAS


¿Quiere Daniel Ortega someterse a la principal regla de la democracia, que es aceptar la posibilidad de una derrota? No. Nunca ha querido aceptar esa regla, y por eso la cadena de fraudes que organizó desde 2008. Más teme aceptarla ahora, después de abril de 2018 y tras el “increíblemente tenebroso y desgraciadamente cierto” factor Evo.

Pero el futuro de Nicaragua no sólo depende de Ortega, quien conoce mucho mejor que la oposición azul y blanco las fisuras internas que agrietan su círculo de poder, quien sabe mejor que los economistas el declive imparable de la economía, quien sabe cómo crece la indignación y la resistencia azul y blanco entre la población que lo rechaza y quien ha tenido que recurrir a las turbas para aumentar el terror…

En Nicaragua, un país en donde hasta el agua se ha convertido en un “arma” temida por el poder, es cada vez más cierto lo que dijo Tamara Zamora, la madre de Amaya Coopens, una de las jóvenes de la banda de las aguadoras: “Ellos tienen las armas, pero nosotros tenemos la moral”. De esa moral, de la moral de muchísima gente, también depende el futuro.

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