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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 81 | Marzo 1988
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Nicaragua

Pasos en el camino hacia la paz: en el fin de la era Reagan

El año 1987 se divide muy claramente en dos etapas: antes y después de Esquipulas II. Esquipulas II resulta el centro del año. ¿Qué factores llevaron en esta primera parte del año hacia la firma del Acta de Paz? .

Equipo Envío

La desigual confrontación entre la revolución sandinista y la administración Reagan, ha pasado por dos períodos. De 1981 a 1984, el gobierno norteamericano estuvo a la ofensiva en diferentes terrenos: la contrarrevolución armada tuvo su máxima ascenso; el problema étnico en el sector atlántico se tiñó de marcado antisandinismo y la oposición política con componentes religiosos buscó formar un frente interno en las grandes ciudades. Pero, desde 1985 hasta 1988, las tendencias mencionadas fueron poco a poco revertidas por la revolución nicaragüenses: el declive militar estratégico de la contrarrevolución; el impulso e implementación del proyecto de autonomía para la Costa Atlántica, la Institucionalización de la revolución por las elecciones, la promulgación de la Constitución, y la mejoría de las relaciones entre las Iglesias y el Estado son algunos de los indicadores mas importantes del cambio.

Cara y cruz : declive contrarrevolucionario y deterioro económico

La contrarrevolución, impulsada por el gobierno de Reagan desde 1981, tuvo su mayor fuerza en 1983-84 en la franja norte y central del país (Nueva Segovia, Matagalpa, Jinotega). Logró crecer de unos 5 mil hombres en 1982 a 12 mil en 1983 y a 15 mil en 1984. Incluso llegó a formar 6 Comandos Regionales como unidades básicas de operaciones. Coordinando en algunas ocasiones sus actividades con ARDE, logró transformar la guerra inicialmente fronteriza, penetrando a la profundidad del terreno nicaragüense. Como consecuencia, en 1984 se reportaron 1.500 encuentros armados (unos 4 diarios). MISURA y MISURASATA, parte de la FDN y ARDE, incidían también con sus acciones en la Costa Atlántica. Esta actividad creciente fue posible porque los contrarrevolucionarios contaron con cierta base social (campesina a causa de errores del gobierno en la política de reforma agraria y a causa también de la manipulación religiosa y reclutamiento forzoso usado por ellos.

A partir de 1985, la revolución respondió con cohesión a las ofensiva contrarrevolucionarias implementando un plan integral. Este plan tenía 3 aspectos: pegarse al campesino, pegarse al terreno y pegarse a la contrarrevolución. La revolución "se pegó al campesino" de las zonas de guerra con una nueva política de reforma agraria. Se entregaron tierras en forma individual y en forma colectiva. En 1986 450 mil manzanas de tierra fueron entregados a los campesinos de las Regiones I, VI y V. En 1987, fueron 176 mil manzanas. Las estructuras militares de la revolución "se pegaron al terreno" con la formación de compañías permanentes territoriales, asegurando una presencia constante del ejército sandinista, reforzando esta presencia con las milicias territoriales y de autodefensa. Esto permitió también que una serie de servicios sociales llegaran a las zonas de guerra. El ejército además, "se pegó a la contrarrevolución". Es decir, los contrarrevolucionarios fueron puestos a la defensiva, obligados a buscar sus bases en Honduras y, por lo tanto, perseguidos permanentemente por las fuerzas revolucionarias. Esto se logró aumentando el numero de efectivos militares y mejorando la capacidad tecnológica de esas fuerzas.

La conjugación de esos factores políticos y militares -de gran importancia en el segundo y tercer factor es la implementación del Servicio Militar Patriótico permitieron golpear fuertemente a las fuerzas contrarrevolucionarias. Más tarde, la implementación del Servicio Militar de Reserva para la defensa de los ciudadanos de las ciudades ante una eventual intervención norteamericana contribuyó también a consolidar la defensa general de la revolución. Estos avances militares en alianza con los campesinos, con una mejor cobertura territorial y con el incremento del volumen de fuego y mejoras en la técnica aérea (helicópteros MI-17 y MI-25) y en la artillería reactiva (BM-21), iniciaron en 1985 el declive estratégico de la contrarrevolución y, en consecuencia, la reducción de sus hombres, que de los 15 mil que eran en 1984, eran 10 mil a finales del 85 y 6.500 a finales del 86.

En 1987, la contrarrevolución sufrió 6.322 bajas, de las que 4.813 fueron muertos. Pero la contrrarrevolución no desapareció del escenario de la guerra debido a 4 factores. Primero: el reclutamiento -voluntario o forzoso de cierta población campesina, lo que le permitió mantener la fuerza actual, de alrededor de 6 mil hombres. El "sobre -esfuerzo" en el reclutamiento para reponer sus muchas bajas se ha revelado en los combates de 1987, en los que han muerto contrarrevolucionarios adolescentes -entre 12 y 15 años-, lo que significa que ya están sacando -voluntaria o forzadamente los últimos recursos humanos de que disponen en su campamentos. Segundo: el mejoramiento tecnológico de la contrarrevolución, con la entrega masiva de misiles portátiles tierra-aire. A principios del 87, recibieron, por ejemplo, 300 de estos cohetes (Red-Eye) grupos pequeños de incluso 20 ó 30 hombres.

Los cohetes son un arma estratégica contra los helicópteros artillados, a su vez una arma estratégica para "pegarse" a los contrarrevolucionarios. En 1987 la contrarrevolución derribó 5 helicópteros sandinistas (9 durante toda la guerra). Tercero: el mejoramiento de la cantidad y calidad y calidad del abastecimiento aéreo que reciben unidades tácticas y destacamientos de la contrarrevolución, con el aumento de los vuelos nocturnos y el aprovisionamiento por paracaídas, y el contar las unidades tácticas contrarrevolucionarias con aparatos especiales que permiten que los aviones abastecedores la localicen más fácilmente. Cuarto: un mejor sistema de comunicación, que hace la información de los aviones espía norteamericanos proveen a la contrarrevolución llegue más exactamente, lo que les permite movilizarse mejor.

Todos estos factores frenaron algo el declive contrarrevolucionario en este año 87. Pero como no lograron recuperar plenamente sus bajas, el declive se ha mantenido. Si en 1988 tuvieran bajas similares alas de 1987, sería un golpe casi definitivo a sus fuerzas. 1987 demuestra que los recursos tecnológicos no son suficientes para revertir el declive contrarrevolucionario. Hay que añadir, además, el mejoramiento de la técnica del ejército de Nicaragua en 1987, para poder combatir adecuadamente a las pequeñas unidades con las que la contrarrevolución se movió. Si a estas realidades militares añadimos los efectos de una negativa del Congreso de los Estados Unidos a continuar financiando la guerra contrarrevolucionaria, algunos de estos recursos tecnológicos podrían disminuir sustantivamente, afectando además la moral de los contrarrevolucionarios.

Para Nicaragua, el costo de mantener el declive de la contrarrevolución ha sido un creciente deterioro en la economía. Un indicador económico que muestra este deterioro es la tasa de inflación: en 1984 fue del 33%, en 1985 del 220%, en 1986 del 657% y en 1987 de u 1.200% aproximadamente. Otro índice de la crisis económica está en el descenso de divisas por exportaciones; en 1984 fueron 385 millones de dólares; en 1985, 294; en 1986, 218; y en 1987, sólo 260 millones. Como consecuencia de la crisis, del descenso en la producción y de otros factores, se calcula que el 50% de la población económica activa pasó a engrosar el sector informal de la economía.

Sin divisas para importar insumos productivos y con dificultades para mejorar la estabilidad laboral, se abren perspectivas de una más aguda espiral de escasez y de inflación. A estas realidades que reflejan la crisis, se suman los efectos directos de la guerra contrarrevolucionaria sobre la economía. En 1987, el impacto económico de la destrucción causada por la guerra fue de 376.7 millones de dólares. En abril/87 el gobierno de los Estados Unidos a Nicaragua desde mayo/85, y continúo ejerciendo contante presión sobre los organismos internacionales para que no concedieran préstamos a Nicaragua.

Los ajustes financieros estructurales que el gobierno de Nicaragua decidió en 1988 tienen este trasfondo. Un reajuste as, sin reservas internacionales y divisas líquidas -como las que brindan el FMI a países en crisis aún menos agudas- es como practicar una cirugía sin anestesia. Sin embargo, un tan grave deterioro económico no ha provocado, mecánicamente, una crisis la administración Reagan ha pretendido que el deterioro de la economía nicaragüense sirviera para multiplicar los efectos de la agresión militar y así conseguir concesiones políticas de principios. Sin embargo, la crisis económica no ha podido ser aprovechada por la contrarrevolución. Esto no niega el progresivo desgaste del gobierno sandinista en sus años de gestión, pero ese desgaste significa que se haya llegado a un deterioro tal que amenace el poder sandinistas. La inconformidad y reclamos unánimes de los nicaragüense ante las limitaciones económicas coexistente con la conciencia que tiene el 75% de la población de que es la guerra y/o la política norteamericana la causa fundamental de estas limitaciones.

El pueblo no olvida las reformas urbanas que entre 1979 y 1983 beneficiaron a un tercio de la población urbana permitiéndole el acceso a viviendas propias. Por otra parte, la reforma agraria ha beneficiado, de una u otra forma al 51% de la población rural. La campaña en salud fueron logradas, en gran medida, antes de que se desatara la agresión directa de la administración Reagan. Todas esas mejoras dejaron huella en la conciencia popular. Esto contribuye a que subjetivamente la población vea la causa de la crisis económica en el gobierno norteamericano, no en el sandinista. Por eso, la aguda crisis económica no genera mecánicamente una la crisis política-ideológica.

La estabilización política: una conquista

La realidad de una crisis económica que no llega a ser catalizada por las fuerzas de oposición contrarrevolucionaria produjo la estabilidad, durante 1987, del sistema pluralista, el mejoramiento de las relaciones entre el gobierno y la jerarquía católica y progresiva desmilitarización. de la Costa Atlántica.

Después de aprobada la Constitución, los partidos políticos de oposición representados en la Asamblea Nacional, se pusieron con tarea, a partir de 1987, le reformar el Estatuto de la Asamblea y su reglamento funcionamiento, la ley de amparo, las leyes sobre el estado de emergencia y la ley electoral, y el discutir aprobar la ley de inversiones extranjeras, la ley de autonomía para la Costa Atlántica y la ley que regule los procedimientos de divorcio. A pesar de la guerra de agresión y de su alto costo económico y humano, la institucionalización de la revolución ha seguido profundizándose.

Mientras, la reaganista Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), distanciada del proceso de institucionalización al no participar en las elecciones celebradas en noviembre/84, estaba abocándose a su desaparición de la vida política nacional. Es decir, se daban dos dinámicas entre los partidos políticos: grupos envuelto en la dinámica institucionalizante; y el otro, fuera de ese proceso crecientemente autodescalificado. En conjunto, se mantenía una estabilidad política en el área de las luchas de los partidos políticos.

En otro ángulo político, los pobladores de la Costa Atlántica culminaron el proceso de discusión del Proyecto de Autonomía, iniciado en diciembre/84, aprobado en una Asamblea Multiétnica (abril/87) y convertido en ley por la Asamblea Nacional en septiembre/87. El proyecto recoge la legalidad histórica de los derechos de las etnias de la Costa Atlántica, expresa la lógica que le da origen y reafirma la unidad en al diversidad del Atlántico con el Pacífico en la forja de una nueva Nicaragua. Propone la instalación de dos Gobiernos Regionales con sus respectivos parlamentos autónomos y un Consejo Regional regido por un Coordinador y con la representavidad de todas las etnias.

Ellos serán los encargados de administrar las empresas de la región y el acceso a su beneficios, con apoyo del Gobierno Central. El reconocimiento de las reivindicaciones indígenas en al Ley de Autonomía fue causa de que la lucha armada fuera perdiendo su sentido, haciendo que miles de mískitos -con la colaboración de ACNUR- retornasen a Nicaragua desde Honduras. El 8o. aniversario de la Reforma Agraria se celebró en el poblado costeño de Kukra Hill, en julio/87, con la entrega de 11 mil manzanas a 1.200 familias y a 5 cooperativas que cultivan la palma africana de Río Kama (Bluefields).

Finalmente, a la creciente estabilidad del sistema pluripartidista y a la aprobación de la ley de Autonomía, hay que añadir la mejoría en las relaciones entre el gobierno y la jerarquía católica. A las tensas relaciones que había después de la expulsiones que habían después de la expulsión de Mons. Vega. (julio/86), siguió el reinicio del diálogo Iglesia-Estado (septiembre/86), con las gestiones del nuevo Nuncio Mons. Paolo Giglio. En 1987, este proceso continuó con reuniones en febrero, marzo y abril, discutiéndose las propuestas presentadas por cada parte dialogante.

En este proceso de diálogo se presentaron ciertos escollos cuando la revista Newsweek vinculó al Cardenal Obando con el escándalo Irán/Contragate. Pese a esto y otras dificultades, el diálogo Iglesia-Estado no se llegó a romper. Y Esquipulas II le vino a dar un nuevo impulso bajo otra perspectiva.

Con la estabilidad política pluripartidista, la autonomía costeña y la mejoría en las relaciones con la jerarquía católica, la revolución se armó de un sólido escudo político. Por el declive militar de la contrarrevolución hubo que pagar el precio de la crisis económica, pero ésta no logró la desestabilización política. Sobre estas bases de fortaleza política, Nicaragua continuó proponiendo una salida política al conflicto a través de la negociación bilateral con el gobierno de los Estados Unidos.

Reagan, debilitado pero persistente

Mientras en Nicaragua la política Reagan afrontaba dificultades con el declive militar estratégico de la contrarrevolución y con el hábil manejo que de la situación política hacía la revolución, en los Estados Unidos Reagan padecía de serias debilidades al revelarse en plenitud la ilegalidad de su política. El escándalo Irán-Contras y las crecientes dificultades de la política bipartidista después de la derrota electoral de los republicanos en noviembre/86 fueron decisivas. Constituyeron un declive político de importantes proporciones para la administración Reagan, declive que se correspondía con el declive militar en Nicaragua de sus "combatientes de la libertad".

Pero pese a esta debilidad, Reagan no cejó en su opción por la alternativa militar. Una propuesta de ello fue que a pesar de las dificultades que afrontó en el Congreso, impulsó la entrega de otros 40 millones de dólares a los contrarrevolucionarios -el resto de los 100 aprobados en julio/86- y reorganizó a la UNO (Unión Nicaragüense Opositora), que pasó a llamarse directorio de 7 miembros y una Asamblea Plenaria de 54 Delegados. Como prueba de fuerza, en abril y mayo realizó las más grandes maniobras en la zona, las Solid Shield (Escudo Sólido), con la participación de 50 mil soldados norteamericanos. El 21 de abril, Reagan renovó el embargo económico -iniciado en mayo/85- contra Nicaragua. "Algunos en este Congreso pueden elegir apartarse del compromiso histórico para impedir la propagación del comunismo en el hemisferio occidental, pero yo no lo haré. Los combatientes de la libertad jamás nos pidieron que pelearemos sus batallas, pero yo voy a pelear contra cualquier esfuerzo por cortar su vital suministro que los condenaría a la muerte, a la derrota o a una vida sin libertad". Fue la posición mantenida durante todo el año por el Presidente Reagan, como la manifestó en su discurso sobre el estado de la Nación de enero/87.

De Contadora a Esquipulas II: un mismo camino

Ante el conflicto regional y particularmente ante la confrontación Estados Unidos -Nicaragua, los Grupos de Contadora y Apoyo -que representan al 90% de la población latinoamericana- han sido tenaces en la búsqueda de una salida militar que Reagan se empecina en apoyar. En enero/87, los Grupos de Contadora y de Apoyo y los Secretarios Generales de la ONU y la OEA -Pérez de Cuéllar y Baena Soares- realizaron una gira por los países centroamericanos buscando contribuir a la paz en la región. En febrero/87, la III Conferencia Ministerial, que contó con la participación de la Comunidad Económica Europea (CEE), los países centroamericanos y el Grupo de Contadora, concluyeron, a pesar de Tegucigalpa (Costa Rica, Honduras y El Salvador) que el Grupo de Contadora seguía siendo "la única instancia viable para acceder a una solución política" para la región. Pero pese a todos los esfuerzos de Contadora, las presiones de Reagan y la posición de algunos países centroamericanos obstaculizaban o limitaban el pleno desarrollo de su labor.

Un sector de los demócratas, captando la solidez de la hegemonía sandinista en Nicaragua, viendo la debilidad de Reagan y sabiéndose en camino ya hacia las elecciones estadounidenses del 88, aprovecharon el ascenso de Arias y de Cerezo a la presidencia sus países para iniciar una política alternativa a la de Reagan en la región centroamericana que, salvaguardando los intereses del imperio, no estuviera basada principalmente en la fuerza militar.

El Presidente Arias, que accedió el gobierno de Costa Rica en 1986 con la promesa de la paz, tenía que cambiar ese anhelo del pueblo costarricense con las presiones estadounidenses para cambiar la estructura de poder en Nicaragua. Por eso al inicio de su mandato, buscó unir a los 4 gobiernos centroamericanos en contra de Nicaragua, recogiendo los objetivos norteamericanos señalados en el Plan de Paz de Reagan de 1985, que buscaba doblegar políticamente a la revolución sandinista. Después, debido al impasse en el que se encontraba la negociación de Contadora, el Presidente Arias decidió retomarla y afines de noviembre/86 diseño la primera versión de su Plan, que contó con el apoyo de Honduras, El Salvador y de los Estados Unidos. Arias señaló en aquella ocasión que el obstáculo para la paz era Nicaragua y que los cuatro países restantes podían llegar a un acuerdo que forzara las negociaciones regionales estancadas según los intereses norteamericanos o justificara el aislamiento definitivo de Nicaragua con eventual derrocamiento del gobierno sandinista.

Posteriormente, Arias consideró conveniente cambiar su Plan. La política de la administración Reagan hacia Nicaragua se hallaba resquebrajada por el escándalo Irán/Contragrate y en lo militar por el declive estratégico de la contrarrevolución. Por otro lado, los demócratas iban en ascenso y planteaban una política distinta. Este fue el mensaje del Senador Chiritopher Dodd a Arias en su visita a San José el 13 de abril/87. El Presidente Arias comprendió entonces la necesidad de no apostar más al "caballo perdedor" (Reagan) y decidió enmarcarse dentro del espíritu de Contadora, que contaba con unánime respaldo internacional.

En esta misma línea se entiende el papel jugado por Cerezo dando su respaldo al nuevo Plan Arias y aceptando asistir a la cumbre de San José. En su segunda y definitiva versión, el Plan Arias no contó ya con el apoyo de los Presidentes de El Salvador y de Honduras, mucho menos con el de la administración Reagan. El gobierno de Guatemala, Reagan. El gobierno de Guatemala, consciente de que la nueva versión no comprometía su proclamada neutralidad, también lo respaldó. En realidad, el Plan Arias se había transformado, de variante del plan Reagan en una variante de la posición de Contadora.

Esquipulas II: esperanza de paz para la región

"Sabemos que habrá muchos reclamos, que este acuerdo ya a desatar presiones y desacuerdos, pero nosotros reclamamos respeto a nuestra voluntad de construir la paz". expresó en su discurso de clausura de la reunión de mandatarios centroamericanos el Presidente de Guatemala, Vinicio Cerezo, el 7 de agosto/87. Los Acuerdos de paz fueron firmados en plena "era Reagan". El nacionalismo bolivariano que había enarbolado el Grupo de Contadora y de Apoyo durante más de 4 años había recibido finalmente el apoyo centroamericano con base en la versión modificada del Plan Arias. El proceso de paz de Contadora, nacido en 1983 al plantear una salida política como alternativa a las opciones bélicas implantadas por la administración Reagan, había llegado a su culminación al firmar todos los presidentes centroamericanos -aunque por distintas razones- el "Procedimiento para establecer la paz firme y duradera en Centroamérica". El hecho fue una expresión de unidad centroamericana sin precedentes en el presente siglo. Para Nicaragua, constituyó la legitimación y el reconocimiento de los presidentes centroamericanos a la institucionalización de la revolución.

El documento de Esquipulas II constituye un todo armónico e indivisible, que comenzaría a regir simultáneamente 90 días después de la firma, es decir el 5 de noviembre/87. Y en enero/88, los presidentes centroamericanos se volverían a reunir en San José para evaluar los 150 días posteriores a la Cumbre de Guatemala.

Los acuerdos de Esquipulas II, firmados el 7 de agosto en Guatemala tienen como objetivo que las fuerzas sociales que luchan en Centroamérica, sean éstas regionales o extrarregionales, consigan por medios políticos lo que han buscado alcanzar mediante mecanismos militares. Para los alzados en armas y quienes los apoyan, implica el abandono de la guerra como forma de lucha. Como contrapartida, los gobiernos centroamericanos tienen que ampliar sus espacios políticos internos para propiciar la gestión democrática. Por eso los acuerdos de la cumbre Guatemala son esencial y simultáneamente acuerdos por la paz y por la democracia. Los presidentes centroamericanos determinaron que sus acciones por la paz y la democracia se ejecutarían dentro del marco constitucional de cada país; fijaron plazos para el cumplimiento simultáneo de los compromisos; decidieron crear en cada país una Comisión Nacional de Reconciliación para certificar el cumplimiento del gobierno en materia de amnistía, democratización, cese del fuego y elecciones libres; constituyeron a los cancilleres centroamericanos en Comisión Ejecutiva y nombraron una Comisión Internacional para que verificara y diera seguimiento a los acuerdos suscritos.

La realización de la Cumbre enfrentó múltiples obstáculos colocados en el camino por la administración Reagan, la que, al momento de iniciarse la Cumbre, presentó un nuevo plan escrito por Reagan y el representante demócrata Wright, pretendiendo con él sustituir el Plan Arias o introducirlo como documento de discusión paralelo. La inmediata respuesta de Nicaragua proponiendo un diálogo bilateral con los Estados Unidos para discutir dicho plan y el rechazo de Guatemala y Costa Rica a considerarlo como documento de discusión en al Cumbre, sellaron el fracaso del Plan Reagan-Wright. Por eso, la firma de Esquipulas II se produjo sin el permiso y con la oposición de la Casa Blanca y es por ello una expresión de cierta autonomía regional.


El Plan Reagan-Wright, contra, los propósitos norteamericanos, resultó u auténtico boomerang. Los ultraconservadores norteamericanos, que se oponían a él, compararon sus resultados al fracaso militar de Playa Giron en Cuba, en abril/61. Los congresistas liberales, por su parte, calificaron el Plan Reagan-Wright como un esfuerzo por rehabilitar una política fracasada". El mismo Wright terminó apoyando el plan de Esquipulas II y olvidando el que días antes había firmado con Reagan. Habib intentó persistir el Plan Reagan-Wright, incluyendo a Nicaragua en sus próximas negociaciones, pero ante la intransigencia de Reagan, renunció.

Abrams retomó la iniciativa y replanteo la táctica norteamericana en la region: romper la unidad centroamericana presionado sobre todo a Honduras y El Salvador dificultar la democratización de Nicaragua impulso a ciertos partidos políticas a desafiar el marco constitucional y obtener el apoyo del Congreso para seguir dando asistencia militar a la contrarrevolución. Después de un difícil reacomodo, ésa fue la respuesta de la administración republicana a la voluntad de paz de los gobiernos centroamericanos expresada en Esquipulas II.

Nicaragua y su cumplimiento del Acta de Paz

La respuesta de Nicaragua, según los acuerdos firmados en Guatemala, se movió en dos direcciones complementarias: medidas que fueran buscando el fortalecimiento de la democracia y otras que, paralelamente, fueron buscando el cese de la guerra. Analizaremos los principales pasos que se dieron tanto antes de los 90 días como después de los 90 días.

Cuatro días después de la cumbre, el gobierno invitó al Cardenal Obando y a los partidos de oposición a que nombraron sus respectivas ternas para conformar la Comisión Nacional de Reconciliación (CNR y los participantes al diálogo nacional. La CNR estaría encargada de la verificación del cumplimiento de los compromisos en materia de amnistía, cese al fuego, democratización y elecciones libres. El 25 de agosto, el gobierno, de acuerdo a las ternas presentadas, nombró a la CNR: por la Conferencia Episcopal, al Cardenal Obando; por los partidos de oposición, a Mauricio Díaz, dirigente del Partido Popular Social Cristiano; como ciudadano notable, al Rdo. Gustavo Parajón, Presidente del CEPAD; y por el gobierno, al Vice-presidente Sergio Ramírez. Como presidente de la CNR fue nombrado el Cardenal Obando.

Para avanzar en la vía de la democracia, en septiembre/87 se reabrió el diario "La Prensa" y la Radio Católica. Se suprimió también la censura previa a todo los medios de comunicación del país; se autorizó el reingreso a Nicaragua del obispo Pablo Vega (expulsado en julio/86) y de los sacerdotes Bismark Carballo y Benito Pitito; se derogó la "Ley de los ausentes"; se liberó a 17 centroamericanos involucrados en actividades contrarrevolucionarias; y se ratificó la ley de amnistía -vigente desde 1984 para todos los nicaragüenses; se indultó a 985 prisioneros. Estas medidas de mayor apertura política y libertad de expresión, contribuyen profundizar la democracia y posibilitan aún más la instauración de la paz, según la letra y el espíritu de Esquipulas II.

Para profundizar la democracia pluralista, el gobierno instaló el Diálogo Nacional (octubre/87) con los partidos de oposición. Un foro que contaba con la participación de 15 partidos de oposición, con sus respectivos representantes y asesores. La propuesta del gobierno era la discusión sobre las próximas elecciones municipales, según la Constitución.

Sobre cese al fuego, en un primer momento, el gobierno decretó un cese al fuego unilateral por 30 días (del 7 de octubre al 7 de noviembre) en una extensión de 1.450 kilómetros cuadrados de la región central del país y 400 kilómetros cuadrados del Atlántico Norte. Se estableció además que las Comisiones de Paz locales fueran a estas zonas de cese al fuego a fin de comunicarse en el terreno con los contrarrevolucionarios y lograr que se acogieran a la amnistía. Para facilitar este desalzamiento de los contrarrevolucionarios, se habían formado en las zonas de guerra Comisiones de Paz Locales, Departamentales y Regionales ligadas orgánicamente a la CRN-, entre cuyos dirigentes y miembros figuraban sacerdotes católicos -incluyendo Obispos, como Mons. Pedro Lisímaco Vílchez de Jinotega y Carlos Santi de Matagalpa-, pastores evangélicos, miembros de la Cruz Roja, políticos opositores o ciudadanos notables de lugar. En los 90 días posteriores a Esquipulas II, 600 contras se acogieron a ley de amnistía, entre los Emilio Ramírez Medina, "Caín" jefe de un destacamento del Comando Regional Quilalí y Denis Loáisiga, "El Coral", segundo jefe del Comando Jorge Salazar. En la Costa Atlántica se llegó a concertar el cese al fuego con un Comando Operacional de 400 hombres -de la agrupación mískita "Yatama"- dirigidos por Uriel Vanegas.

En un segundo momento, el 5 de noviembre/87, el gobierno anunció su disposición de iniciar un diálogo con la dirigencia contrarrevolucionaria, a través de un intermediario, para concertar el cese al fuego. La "concertación del cese al fugo", según Esquipulas II, trata los aspectos técnicos -tiempos, procedimientos, garantías del desarme de los contrarrevolucionarios y su reintegración al proceso de reconciliación nacional. El "diálogo político" es otra cosa: implicaría negociar el actual poder de Nicaragua, lo cual no está exigido por Esquipulas II.

El gobierno solicitó al Cardenal Obando como intermediario para la concertación de un cese al fuego con la contrarrevolución. Este, previa consulta con la Conferencia Episcopal y con el aval de la contrarrevolución, aceptó. El 11 de noviembre, el gobierno entregó la propuesta de concertación del cese al fuego al Cardenal Obando en Washington, quien a su vez la remitió a la contrarrevolución el 13 de noviembre en Miami. Posteriormente se realizaron dos rondas de conversaciones con la dirigencia contrarrevolucionaria en República Dominicana. En la primera ronda (3 y 4 de diciembre), los contrarrevolucionarios presentaron una contra-propuesta donde condicionaban el cese al fuego a un virtual desmantelamiento de las instituciones, organizaciones, leyes y conquistas establecidas tras el triunfo revolucionario. En la segunda ronda, los contrarrevolucionarios rechazaron discutir con los asesores del gobierno sandinista (el alemán Hans Jurgen Wischnewski y los norteamericanos Paul Reichler, Roger Fisher y Max Gordon), aduciendo razones "nacionalistas".

En el contexto de estas negociaciones y para un cumplimiento total de los cuerdos de Esquipulas II, con el pleno desarrollo democrático y el logro de la paz, el gobierno de Nicaragua decretó el levantamiento del estado de emergencia y una amnistía para todos los involucrados en actividades contrarrevolucionarias detenidos desde enero/81, fecha en que Reagan asumió la presidencia e inició su política de agresión contra Nicaragua. Estos dos decretos entrarían en vigor inmediatamente después de la certificación de la CIVS sobre el cumplimiento de los acuerdos referidos al cese a la agresión militar contra Nicaragua, según lo establecido en Esquipulas II.

Nicaragua buscó también, además de las medidas señaladas, un diálogo, un diálogo directo con los Estados Unidos como un complemento clave al documento de Esquipulas II; lo hizo activamente desde el mismo momento de la firma de Esquipulas II (agosto/87) y lo buscó de nuevo al hablar Daniel Ortega en la ONU (octubre/87) y en la OEA (noviembre/87). En esta ocasión, se hicieron también gestiones en forma directa en Washington.

Al evaluar estas acciones la CIVS poco antes de la nueva cumbre presidencial, expresa: "En el caso de Nicaragua la CIVS ha podido comprobar que, pese a la gravedad del hostigamiento bélico que el país sufre, se ha dado pasos concretos para la puesta en marcha de un proceso democrático."

El sabotaje a Esquipulas II

Las medidas que tomó el gobierno nicaragüense para la democracia y la paz, enmarcadas en el acuerdo de Esquipulas II, no lograron que la Administración Reagan diera una sola señal que significara un cambio real en su política de agresión. Siendo el proyecto Abrams terminar con los acuerdos de paz, impedir el proceso de democratización en Nicaragua y obtener la continuación del financiamiento a la contrarrevolución, el Presidente Reagan insistió en solicitar al Congreso otros 270 millones de dólares para los contrarrevolucionarios, llegando a expresar ante la OEA el 7 de octubre: "Yo me he comprometido personalmente con ellos y no les daré la espalda. Están combatiendo en las selvas de Nicaragua no sólo por su propia libertad, sino también por la libertad de ustedes y por la mía. Les prometo solemnemente que, en tanto tenga un hálito de vida en el cuerpo, defenderé, trabajaré, me esforzaré y lucharé por la causa de los combatientes por la libertad nicaragüense" .

La alternativa de paz firmada por los centroamericanos fue rechazada con esta "solemnidad". Igualmente fue rechazada el clamor del Presidente Daniel Ortega en la ONU unos días antes: "Los pueblos no quieren Rambos, los pueblos quieren hombres de paz. Antes de responder a mi propuesta de diálogo bilateral, no se precipite, Presidente Reagan, reflexione. Y que Dios lo ilumine para que tome el camino de la paz y deje de hacer daño al pueblo de Nicaragua".

Lejos de apoyar la paz, los Estados Unidos siguieron apoyando la guerra antes de la discusión definitiva sobre los $270 millones al Congreso aprobó 3 sumas menores de emergencia por 3.5 y 8.1 millones de dólares para los contrarrevolucionarios, y 250 mil dólares para los partidos oposición al interior de Nicaragua. En los 90 días posteriores a la firma de los acuerdos de Esquipulas II, la administración Reagan incrementó también los vuelos de abastecimiento logístico y militar a los contrarrevolucionarios, intensificándose también los vuelos espías sobre Nicaragua para brindar con ellos información sobre los movimientos del ejército de Nicaragua a los contrarrevolucionarios. Según The Miami Herald, los contrarrevolucionarios recibieron 250 mil libras mensuales en abastecimiento (antes de la Cumbre, el promedio era 130 mil libras). A esto hay que sumar la continuación de maniobras militares de Estados Unidos en Honduras, con la participación de 15 mil militares de Estados Unidos en Honduras.

Consecuentes con esta decisión de continuar la guerra, los contrarrevolucionarios, orientados por Estados Unidos, presentaron "demandas imposibles" desmantelamiento de las instituciones, organizaciones, leyes y conquistas logradas a partir del triunfo revolucionario con el obvio propósito de boicotear el cese al fuego, a la vez que con el objetivo de deslegitimar al gobierno nicaragüense, punto de partida de Esquipulas II.

Como parte de esa misma política de sabotaje a Esquipulas II, el diálogo nacional del gobierno con los partidos de oposición se desarrolló en medio de amenazas de ruptura, de reticencias y ultimátums ejercidos por los partidos. Las reaganista Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), "resucitada" con los acuerdos de Esquipulas II y desde los inicios del "diálogo nacional", buscó obstaculizarlo, pretendiendo que las 14 organizaciones que agrupa -partidos, gremios y centrales sindicales tuvieran una representación individual, es decir, 14 representantes. Era obvio que esta demanda no buscaba otra cosa que obstaculizar la apertura democrática que se vivía en Nicaragua para así poder justificar un mayor financiamiento a la contrarrevolución.

El diálogo nacional se inició con 3 sesiones para discutir quiénes serían los principiantes, 4 para discutir y aprobar el reglamento y 5 más para lograr el consenso de los 15 partidos participantes en la agenda a discutir. Por fin iniciado, el 4 de diciembre, 14 de los 15 partidos presentaron un ultimátum al gobierno pidiendo la reforma de 17 artículos de la Constitución. Todo esto, en medio de importantes fricciones, tanto entre los partidos como al interior de las estructuras de algunos de ellos -liberales, conservadores, socialcristiano-. La posición reaganista de la extra-parlamentaria CDN logró boicotear -en gran medida- el proceso de diálogo con la oposición parlamentaria. A la par, la CDN realizó provocaciones en la vía pública con manifestaciones de las denominadas madres del "Movimiento 22 de enero" y movilizaciones partidarias y sindicales encabezadas por congresistas norteamericanos, exigían la amnistía de las guardias somocistas y alteraban el orden. Estas actividades eran necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto Abrams.

En el ámbito regional, las mayores presiones norteamericanas fueron dirigida sobre El Salvador y Honduras -países más dependientes de los Estados Unidos- y en menor grados sobre Costa Rica y Guatemala, tratando así de boicotear los avances hacia la paz. Signos de esas presiones se percibieron en el hecho de que en Honduras, en El Salvador y en Costa Rica no cesara el apoyo a las fuerzas contrarrevolucionaria que atacan a Nicaragua. Honduras se negó a que la CIVS hiciera una inspección in situ para garantizar el cumplimiento de los acuerdos de Esquipulas II en este punto. Paralelamente, los presidentes Azcona y Duarte, dirigieron constantes acusaciones en contra de Nicaragua, pretendiendo constituirse en jueces, olvidando que ese papel correspondía por la firma de ellos mismos, a la CIVS. La posición que llevaron a Esquipulas III (enero/88) fue de exigencias unilaterales a Nicaragua, con el objetivo de terminar con la simultaneidad y de eliminar al Grupo de Contadora y de Apoyo de las funciones de verificación como parte de la CIVS.

En síntesis, los compromisos firmados por los presidentes centroamericanos en Guatemala constituían ante todo acuerdo por la paz y por la democracia; por alternativas políticas y no militaristas. La administración Reagan respondió con el Proyecto Abrams, que buscaba romper la unidad centroamericana, obstaculizar la democratización en Nicaragua y seguir apoyando a la contrarrevolución. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua asumió Esquipulas II como programa político inmediato y dio todos los pasos señalados en el Acta: nombramiento de la CNR, apertura de los medios de comunicación, levantamiento del estado de emergencia, amnistía y diálogo nacional con los partidos de oposición; cese al fuego unilateral y diálogo con la contrarrevolución para la concertación del cese al fuego.

Además, la petición permanente de un diálogo directo con la administración norteamericana. Los Estado Unidos, por su lado, se mantuvieron intransigentes, continuando con el financiamiento a la contrarrevolución, dificultando la democratización en Nicaragua mediante ultimátums imposibles política y jurídicamente las 17 reformas a la Constitución a través de los partidos de oposición; saboteando el diálogo con la contrarrevolución mediante propuestas "provocadoras" -desmantelamiento de todas las conquistas de la revolución- y condicionando constantemente la constitución de ese diálogo. Rechazando, finalmente todo diálogo directo con el gobierno de Nicaragua.

Un diálogo tripartito en el marco de Esquipulas II

La necesidad de un diálogo bilateral entre los Estados Unidos y Nicaragua, se ve desde hace muchos años y este diálogo fue impulsado siempre por el Grupo de Contadora. Un intento se dio en 1984, en Manzanillo (México), motivado por intereses electorales de la administración Reagan, lo que se demostró al terminar abruptamente las pláticas cuando terminó el proceso electoral en Estado Unidos. Al realizarse la Cumbre de Guatemala, al lanzar los Estados Unidos el Plan Reagan-Wright y Nicaragua responder positivamente proponiendo discutirlo en un diálogo bilateral, se vio la factibilidad real y esperanzadora de que el diálogo se reanudara, como un complemento necesario a los acuerdos de Esquipulas II. La administración Reagan no aceptó la respuesta nicaragüense y se negó, al sumarse Wright a los acuerdos de Esquipulas II se inició de hecho un diálogo indirecto entre Nicaragua y demócrata y republicanos.

El diálogo tripartito Nicaragua de hecho en el marco de Esquipulas II, presupone, en primer lugar, que cualquier exigencia hecha al gobierno legítimo de Nicaragua tendría que respetar el marco de la Constitución del país. En segundo lugar, el diálogo tripartito es posible dado el cambio en la correlación de fuerzas en los Estados Unidos, ya que los demócratas han ido teniendo mayor peso ante la administración republicana que el que tenían desde que Reagan subió al poder en 1981 y en los años siguientes. De esta manera, dado que Reagan y Wright suscribieron un Plan como alternativa de solución al conflicto regional, donde expresan sus principios con respecto a Nicaragua, y dado que Nicaragua puede llegar a acuerdos concretos sobre tales principios, el camino para el diálogo indirecto y tripartito ha quedado abierto.

Los principios en que se basa el Plan Reagan-Wright podrían servir eventualmente de base en el diálogo. El primer principio del Plan es "que no haya bases soviéticas, cubanas o del bloque comunista establecidas en Nicaragua que puedan plantear una amenaza a los Estados Unidos y los otros gobiernos democrático del hemisferio". Nicaragua, como país no alineado, ha planteado desde 1983 al Grupo de Contadora y al gobierno norteamericano que conforme al derecho internacional, "el ejercicio de sus derechos soberanos no constituye amenaza alguna a la seguridad de los Estados Unidos y que no permitirá que el territorio de Nicaragua pueda ser utilizado para afectar o amenazar la seguridad de los Estados Unidos ni para agredir a ningún otro Estado". En la misma línea, Nicaragua exige a los Estados Unidos que en cumplimiento del derecho internacional respete su independencia y autodeterminación como país soberano.`

El segundo principio plantea que Nicaragua no constituya una "amenaza militar para sus países vecinos ni constituya o la desestabilización de los gobiernos del hemisferio". Este principio está incluido en los acuerdos firmados por los presidentes centroamericanos. Además, el gobierno de Nicaragua ya había manifestado al Grupo de Contadora en mayo/86 su disposición de negociar todo armamento de carácter ofensivo para regular, limitar y hasta prescindir de él, mantenimiento el armamento de carácter defensivo como garantía de la defensa de la soberanía nacional.

En el tercer principio se plantea que el gobierno de Nicaragua "respete los derechos fundamentales de su pueblo, incluidos los derechos políticos garantizados en la Constitución nicaragüense y las promesas hechas a la OEA -libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de religión y un sistema regularmente establecido de elecciones libres y ordenadas". Aunque Nicaragua no piensa negociar asuntos internos con Estados Unidos, estos puntos forman parte de la Constitución nicaragüense y fueron ratificados en el documento de Esquipulas II. Por lo tanto, no representan un problema para Nicaragua.

La expresión histórica del diálogo tripartito e indirecto se dio en el viaje a Washington del Presidente Ortega y el Cardenal Obando, donde el gobierno nicaragüense hizo entrega de la propuesta para el cese al fuego al intermediario Cardenal Obando. Dicha propuesta fue discutida también por el congresista Jim Wright avalando de esa manera la concertación para el cese al fuego entre el gobierno de Nicaragua y la contrarrevolución. La participación de Wright evidenció su decisión de buscar una salida política, contradiciendo así los planes de la administración Reagan. Los comentarios de "preocupación" que la Casa Blanca hizo llevar a Wright y la respuesta de éste -"Quiero pensar que el Presidente y el Secretario de Estado quieren la paz en Centroamérica tanto como yo"- evidenciaron a su vez que se había iniciado una nueva etapa política.

Cuando el Congreso norteamericano, casi a la par de estos acontecimientos, aprobó una enmienda donde se establecían los criterios de lo que debe ser un "democratización" de Nicaragua, rechazando a la vez que esos mismos criterios fuesen aplicados a los restantes países centroamericanos, se empezaron a mostrar las dificultades inherentes a este diálogo tripartito mientras prevalezcan criterios imperialistas e injerencistas entre los políticos norteamericanos.

La cumbre de San José en enero/88, Esquipulas III, pese a los intentos de Honduras y El Salvador y la debilidad del Presidente Arias al no mantener posiciones suficientemente firmes en ocasiones, logró salir adelante gracias a la flexibilidad del gobierno de Nicaragua, ratificándose el Acata de Esquipulas II, aunque con modificaciones sustanciales. Eso fue ya una contribución para hacer avanzar el diálogo tripartito. Una respuesta a ese diálogo se dio unos días después, el 3 de febrero, con la votación sobre la ayuda a "la contra" en el Congreso norteamericano. Reagan perdió, aunque el margen de sólo 8 votos indicaban que todavía no estaba allanado, ni siquiera con el peso de los demócratas, el camino para un entendimiento. El paquete de ayuda "humanitaria" preparado después por los demócratas para los contrarrevolucionarios es una violación de los acuerdos de Esquipulas II. En el fondo, la sola discusión de este financiamiento independientemente de los resultados de la votación es ilegal. A pesar de todo, un nuevo camino de diálogo sigue abierto y éste sigue avanzando.

El camino hacia la paz recorrido por Nicaragua en el terreno nacional e internacional explica importantes factores que hicieron posible los acuerdos de paz de Esquipulas II. Este acontecimiento central, sin precedentes en la historia centroamericana contemporánea, relanzó la posibilidad de una paz con dignidad con mayor fuerza, especialmente al propiciar el marco de un diálogo tripartito. Diálogo que con Esquipulas III se ha reforzado y continúa de hecho. Diálogo que avanza con grandes dificultades pero que irá forzando poco a poco el que se abran por fin las puertas de la paz.

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En este mismo numero:

Centroamérica
Introducción: La irrupción de Esquipulas II

Guatemala
La política, continuación de la guerra - Modernización y Militarismo

El Salvador
La crisis de la solución militar

Honduras
El máximo obstáculo para Esquipulas II: dependencia nacional y negocio militar

Nicaragua
Pasos en el camino hacia la paz: en el fin de la era Reagan

Costa Rica
La paz entre la dignidad y el sometimiento

Centroamérica
¿Hacia dónde va Centroamérica?
Envío Revista mensual de análisis de Nicaragua y Centroamérica
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