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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 78 | Diciembre 1987
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Nicaragua

Diálogo indirecto con republicanos y demócratas

Los acuerdos de Esquipulas II han sido un paso importantísimo en el camino hacia la paz en Nicaragua. Desde que se firmaron, abrieron preguntas sobre las posibilidades de cumplimiento en cada uno de los países del istmo A nadie se le escapa que la pregunta clave tiene que ver con las posiciones que adopte Estados Unidos ante los acuerdos.

Equipo Envío

Desde el 5 de noviembre, fecha en que los acuerdos comenzaron a ser obligatorios para todos los países de manera simultánea, la pregunta sobre las posiciones de Estados Unidos se ha ido haciendo más y más apremiante.

Las medidas tomadas por Nicaragua para cumplir Esquipulas II impactaron en Estados Unidos, forzando a la Administración Reagan a posponer la petición de otros 270 millones de dólares para la contrarrevolución, pero todavía no aceptar un diálogo directo con Nicaragua, condición necesaria para que la paz se materialice. En este contexto, el Partido Demócrata ha comenzado a distanciarse significativamente de los proyectos bélicos de los republicanos.

Al aceptar iniciar un diálogo para concertar el cese al fuego con los contrarrevolucionarios, Nicaragua ha forzado, de hecho, el inicio de un diálogo indirecto con los republicanos y los demócratas de Estados Unidos. La actual correlación de fuerzas abiertas por la Cumbre de Guatemala en la región y la actual correlación interna en Estados Unidos, explica el que se haya podido llegar a este diálogo indirecto y tripartito que se esconde tras la concertación del cese al fuego.

Esquipulas II entra en una fase más compleja y más decisiva. La guerra en Nicaragua sigue pidiendo espacios mientras la paz busca todos posibles resquicios para alcanzar una victoria definitiva.

Cese al fuego: puente entre la guerra y la paz

El 5 de noviembre, en la Plaza de la Revolución de Managua y ante más de 100 mil personas, el Presidente de Nicaragua Daniel Ortega anunció nuevas medidas en el marco de los acuerdos de Esquipulas II. Ese día comenzaba a ser obligatorios en estos acuerdos para cinco Estados centroamericanos.

Atrás quedaban 90 días en los que Nicaragua había implementado varias e importantes medidas orientadas a la búsqueda de la paz. Por adelante estaban 60 días en los que los cinco gobiernos deben dar cumplimiento, de manera simultánea a todos los compromisos que firmaron en Guatemala. Al término de estos 60 días, el 15 de enero, una nueva cumbre de los presidentes del istmo evaluará los resultados del proceso que busca "una paz firma y duradera" en la región.

En su discurso, el Presidente Ortega anunció el indulto de 985 prisioneros, como un gesto de buena voluntad y también como la continuación de una práctica de indultos que se ha venido llevando a cabo desde hace algunos años, aunque el número de los indultos haya sido en anteriores ocasiones bastante menor.

Anunció también una amnistía que beneficiará a todos los involucrados en actividades contrarrevolucionarias que se encuentran detenidos desde enero/81, fecha en la que Ronald Reagan asumió la presidencia de los Estados Unidos e inició su política de guerra contra Nicaragua. Ortega aclaró que en esta amnistía no se incluyen los guardias somocistas que fueron juzgados y condenados los crímenes cometidos durante la dictadura militar somocista. El 18 de noviembre la amnistía anunciada el día 5 fue convertida en ley, al aprobarla la Asamblea Nacional. Pero -como lo anunció Ortega- la ley de amnistía no entrará en vigencia hasta que la CIVS, la Comisión Internacional de Verificación y Seguimiento de los acuerdos de Guatemala, no certifique el cumplimiento de todos los acuerdos en los que se concreta el de la agresión militar a Nicaragua. Además de esta nueva ley de amnistía, continúa en vigor la amnistía promulgada desde 1985, válida para todos los alzados en armas -dirigentes o tropa que entreguen sus armas y deseen incorporarse a la vida civil, garantizándoseles todos sus derechos ciudadanos .*

También el día 5, el Presidente de Nicaragua anunció el levantamiento total del estado de emergencia, condicionando también esta medida a que la CIVS certifique que ha cesado la agresión contra Nicaragua desde países vecinos, según los criterios establecidos en los acuerdos de Esquipulas II. Estos prohiben el uso del territorio centroamericano para agredir a cualquiera de las naciones del área y exigen el cese de la ayuda militar y del apoyo logístico a las fuerzas irregulares, señalando que estos compromisos deben ser cumplidos por todos los países de forma simultánea. De esta manera, la democratización plena que supone el fin de la emergencia y que está ya garantizada por la Constitución de Nicaragua, sería realidad en el momento en que cese la agresión desde el exterior. La democracia necesita de la paz.

El siguiente paso que correspondía dar a Nicaragua para lograr esa paz era la concertación de un cese al fuego con las fuerzas irregulares la contrarrevolución. Hasta el 5 de noviembre, Nicaragua había manifestado reiteradamente su voluntad de buscar esta concertación por medio de negociaciones directas con el gobierno del Presidente Reagan, por ser éste el jefe de la contrarrevolución. El 5 de noviembre, Nicaragua anunció un cambio en esta posición: por primera vez, el gobierno sandinista se mostró dispuesto a iniciar un diálogo para concertar el cese al fuego con la dirigencia contrarrevolucionaria a través de un intermediario. El Presidente de Nicaragua quiso remarcar la diferencia entre "concertación de cese al fuego" y "diálogo político". La primera es una discusión sobre los aspectos técnicos -tiempos, procedimientos, garantías- del desarme de las fuerzas irregulares y de su incorporación al proceso de reconciliación nacional en marcha, mientras que un diálogo político implicaría discutir y negociar el actual poder de Nicaragua. En esta ocasión, el gobierno de Nicaragua volvió a llamar al de los Estados Unidos a un diálogo bilateral directo, no para discutir los asuntos políticos internos de Nicaragua sino los asuntos de seguridad nacional de los dos países, según las legítimas preocupaciones de ambos.

De todas las medidas que había tomado Nicaragua en los 90 primeros días los acuerdos de Esquipulas, sólo una quedó anulada el 5 de noviembre y así lo anunció el Presidente nicaragüense: el cese al fuego unilateral decretado el 7 de octubre -que duraría hasta el 7 de noviembre, pero que podía ser prorrogable- y que abarca 1,450 kilómetros cuadrados del territorio nicaragüense. El gobierno de Nicaragua consideró que no era conveniente continuar implementando esa medida que, aunque facilitó algunos desalzamientos y la actividad de las Comisiones de Paz locales, tuvo como contrapartida un mayor abastecimiento y posibilidades de descanso para los contrarrevolucionarios. Mientras se esté en el proceso de concertar un cese al fuego total con la dirigencia contrarrevolucionaria, no habrán más ceses al fuego parciales y unilaterales y la política con los contrarrevolucionarios será "palo y plomo", según expresión del Presidente Ortega.

Al término del acto masivo en la Plaza de la Revolución, quedaron abiertos muchos interrogantes sobre el futuro de Esquipulas II. Habiendo cumplido Nicaragua todos los compromisos -fin de la emergencia y amplia amnistía dependientes del dictamen de la CIVS-, faltando únicamente el desenlace de la concertación de cese al fuego, ¿rechazarían la contrarrevolución está propuesta-oportunidad que le daban los sandinistas? De ser así, ¿cuál sería la viabilidad del plan de paz en este punto crucial, si tanto en El Salvador como en Guatemala había fracasado ya la posibilidad de concertar un cese al fuego? ¿Tendría por esto el Presidente Reagan las manos libres para lograr del Congreso su próxima meta para continuar la guerra, los 270 millones para la contrarrevolución? Y con la continuación de la guerra, ¿habría que esperar ya a otra Administración norteamericana para ver llegar la paz? Contestación afirmativas a estas preguntas anunciaban el pronto agotamiento del proyecto de paz de Esquipulas II.

Pero en una línea divergente de pensamiento: ¿aceptaría la Administración Reagan un diálogo con Nicaragua, paralelo al del gobierno sandinista con la contrarrevolución con el fin de lograr una salida airosa a su desprestigiada y fracasada de guerra? ¿habría llegado ya la hora de iniciar una solución del conflicto Nicaragua Estados Unidos, con la aceptación del gobierno norteamericano de su incapacidad para destruir la revolución nicaragüense y como un signo del cambio de poder en Estados Unidos en 1989? ¿Se abriría así el camino hacia la paz y con ello se vigorizaría el espíritu de Esquipulas II, desatándose otras dinámicas de paz en los otros países de la región? O, en definitiva, ¿la solución sería una vez más un camino intermedio e incierto?.

Cualquiera que fueran las respuestas, de los que no cabía duda en aquella noche calurosa era que se vivían horas decisivas para un posible desenlace de la guerra prolongada durante 7 años por el gobierno norteamericano.

Según sea este desenlace, quedan en definitiva dos posibles escenario para los próximos años. El escenario de la guerra o el de la paz. El de una guerra regional o el de la paz en Nicaragua y, en consecuencia, de una mayor pacificación en toda la región. Estos escenarios han sido visualizados por el economista Xabier Gorostiaga -"guiones", los llamó-. En el escenario de la guerra, la dinámica bélica implica el boicot efectivo de la Administración Reagan a los acuerdos de Guatemala. Por la lógica de los acontecimientos, un año después Estados Unidos invade Nicaragua e impone un nuevo gobierno en Managua, encabezado nominalmente por civiles, pero dominado por los contras. Este gobierno no puede controlar el país, no puede gobernar, pues un ejército guerrillero de decenas de miles de personas, organizado por el FSLN, combate por todo el país contra los norteamericanos. Los revolucionarios nicaragüenses hacen una alianza regional con los guerrilleros salvadoreños y guatemaltecos, decidiendo Estados Unidos la intervención de esos dos países y, en consecuencia, la necesaria militarización de Honduras y Costa Rica.

Brigadas latinoamericanas se unen a la resistencia centroamericana, ahondándose la crisis entre Estados Unidos y América Latina. El Pentágono se percata de que sus cálculos sobre el costo de la intervención -15 mil soldados norteamericanos muertos y 16 mil millones de dólares- se quedan cortos para solucionar el conflicto. Las muertes de centroamericanos se elevan de los 200 mil contabilizados hasta 1987 a un millón cinco años después. Más de 3 millones de refugiados que huyen de la guerra llegan a Estados Unidos y a otros países latinoamericanos. Este y otros conflictos previsibles en otros países del Tercer Mundo, continúan amenazando la paz mundial.

El otro escenario es el de la paz. En él, y como mínimo, Estados Unidos garantizaría sus genuinos intereses de seguridad en la región. La disposición de Nicaragua de no establecer bases extranjeras en su suelo y de no tener asesores militares extranjeros en su territorio consta en una comunicación oficial dirigida al Grupo de Contadora desde 1983. En el escenario de la paz , los países centroamericanos, en cuya defensa Estados Unidos ha justificado la multifacética guerra que desencadenó contra Nicaragua, acuerdan que Nicaragua no proporcionaría suministros militares ni logísticos a las fuerzas revolucionarias regionales, a la vez que Nicaragua les exige que respeten su propia seguridad nacional. Todo esto estaría implicando el reconocimiento de la realidad de una Centroamérica pluralista.

Como máximo, un Presidente más lúcido que Ronald Reagan podría aprovechar este momento para dar una forma nueva y mutuamente provechosa a las relaciones de Estados de ser el "patio trasero" para convertirse en un lugar donde se experimenta un modelo económico y político válido para otras zonas conflictivas del mundo con historias de hegemonías impuestas. "Los 8" de Contadora y el Grupo de Apoyo estan exigiendo ya esta nueva relación, siendo el grave problemas de la deuda externa el que da el tono más urgente a sus reclamos.

Todos estos aspectos de la problemática y muchas más están en juego en torno al desenlace fatal o al desarrollo positivo que tengan los acuerdos de Esquipulas II. Todas estas opciones quedaron flotando en la Plaza de la Revolución de Managua al terminar la concentración popular del 5 de noviembre.

Diálogo tripartito para lograr el cese al fuego

La reacción inicial de Estado Unidos a los anuncios del 5 de noviembre en Managua no fue alentadora. Ese mismo día, la Cámara de Representantes aprobó la entrega de 3.2 millones de dólares para los contrarrevolucionarios. El dinero se destinará al abastecimiento de equipo logístico en el período comprendido entre el 10 de noviembre y el 16 de diciembre. A fines del mes de septiembre los congresistas habían aprobado una cantidad parecida: 3.5 millones para cubrir el lapso de mes y medio.

Aunque en cualquier circunstancia es criticable esa ayuda para prolongar la guerra porque viola las cartas de la ONU y la OEA, lo es más ahora, cuando están en marcha los acuerdos de paz avalados por todos los presidentes centroamericanos y precisamente en el día en que estos acuerdos comenzaban a ser obligatorios. Aunque el hecho fue justificado por los demócratas como necesario para evitar u mayor desembolso de fondos para la contrarrevolución acorto plazo, esta aprobación demuestra una vez más la incapacidad del Partido Demócrata de sostener una política coherente hacia Centroamérica.

Pero el problema no es sólo el dinero que se aprueba y cuyas cifras son públicas. Según datos facilitados por el Presidente Daniel Ortega en su discurso ante la OEA el 11 de noviembre, durante los 90 días posteriores a la firma de los acuerdos de Guatemala, la Administración Reagan invirtió millones de dólares en 540 vuelos de abastecimiento logístico y militar a la contrarrevolución que violaron el espacio aéreo nicaragüense. En ese mismo período se intensificaron los vuelos espía sobre Nicaragua, a partir de los cuales se brinda a los contrarrevolucionarios información detallada sobre todos los movimientos del ejército de Nicaragua. Desde 1981 hasta noviembre de 1987, estos costosos vuelos suman ya 1.740. El diario norteamericano "The Miami Herald", citando fuentes del Departamento de Estados, informó recientemente que los contrrevolucionarios están recibiendo más de 250 mil libras mensuales en abastecimiento. Según esta misma fuente, su promedio mensual hasta hace poco era de 130 mil libras.

Complementariamente, han continuado las maniobras militares, de Estados Unidos en Honduras. El 16 de noviembre se inició la cuarta fase de las "Blazing Trail", con la participación de 15 mil militares. Unos días antes el ejército hondureño anunció nuevas maniobras conjuntas para el primer semestre de 1988.

A pesar de todos estos inmensos gastos de guerra y a la incoherencia política del Partido Demócrata en el Congreso estadounidense, la posición de Ronald Reagan no es nada fácil. Todas las medidas tomadas por el gobierno nicaragüense en los 90 días posteriores a la firma de los acuerdos, han impactado a la opinión norteamericana, obligando al Presidente a posponer su pedido de 270 millones para contrarrevolución, pues había sufrido una segura derrota. Por otra parte, el 9 de noviembre, hablando ante la Organización de Estados Americanos, aunque Reagan rechazó implícitamente, una vez más, un diálogo bilateral con Nicaragua, abrió una mínima brecha al mencionar la posibilidad de reuniones con Nicaragua en le contexto de discusiones multilaterales con todos los cancilleres centroamericanos, condicionando esto al avance del diálogo sandinista-contras para la concertación del cese al fuego.

A la vez, para cerrar el camino a cualquier falsa expectativa, declaró en esa misma ocasión que Nicaragua estaba lejos de cumplir con el plan de paz y que había que evitar que el proceso de paz "se convierte en otra ronda de negociaciones inútiles e interminables". Los sectores más liberales del Partido Demócrata, como Chirstopher Dodd, señalaban ese día que era ya " el momento de que la Casa Blanca demuestre su buena fe, terminando su programa de ayuda a los contras".

Fue en este contexto que le Presidente de Nicaragua viajó a Washington. El día 11, en la OEA, Daniel Ortega refutó las permanentes acusaciones norteamericanas de que el gobierno sandinista ha traicionado las "promesas" que debía hecho ante ese mismo organismo en julio de 1979, poco antes del triunfo revolucionario. No lo hizo con su propia argumentación, sino leyendo textualmente el fallo que sobre este punto específico de las promesas traicionadas emitió el Tribunal Internacional de la Haya. En síntesis, la Corte dictaminó que estas acusaciones contra Nicaragua carecían de cualquier asidero jurídico.

Pero la etapa más importante del viaje a Washington no era la comparecencia en la sede de la OEA. El 13vde noviembre, en la Nunciatura de la Santa Sede en la capital estadounidense, el presidente Ortega se reunió con el líder de la Cámara de Representantes, el demócrata Jim Wright, y con el Cardenal Miguel Obando para entregar a éste la propuesta del gobierno nicaragüense para concertación del cese al fuego con la dirigencia con contrarrevolucionaria. El día 6 en Managua, Ortega había solicitado a Obando que ejerciera la función de intermediario en la delicada negociación. Para esta tarde el Cardenal recibió posteriormente el aval de la contrarrevolución y el apoyo de la Conferencia Episcopal de Nicaragua.

La propuesta nicaragüense contiene 11 puntos. Se propone un cese al fuego total en todo el país a partir del 5 de diciembre, señalándose tres zonas que en total suman 10.800 kilómetros cuadrados. a donde los grupos contrarrevolucionarios podrán dirigirse libremente, desde cualquier punto del país en que se encuentren, para allí desarmarse y acogerse a la amnistía bajo la supervisión de la CIVS y de la Comisión Nacional de Reconciliación. Los contrarrevolucionarios que lo deseen tendrán después el derecho de integrarse a cualquiera de los partidos políticos que participan en el diálogo nacional o a formar un nuevo grupo político, que tendría representación en diálogo. Los que lo deseen, podrán abandonar el país, garantizándoseles los medios para hacerlo y la reubicación en otros países. En síntesis, la propuesta del gobierno de Nicaragua es un puente de transición para que las fuerzas irregulares y armadas se transformen en grupos políticos legales, incorporándose así a la vida ciudadana.

El mismo 13 de noviembre, en Miami, el Cardenal Obando entregó la propuesta a miembros de la dirigencia contrarrevolucionaria. El Presidente Ortega insistió desde el primer momento en que se trataba de "un ultimátum" y en que el Cardenal podría formar un equipo de apoyo para su labor de mediación. Como miembro de ese equipo se mencionó desde el comienzo a Paul Warnke- a sugerencia de Jim Wright-, quien fue negociador del Tratado Salt II durante la presidencia de Carter.

La activa participación de Wright en la preparación de la iniciativa de paz provocó una gran polvoreada política en Washington, llegando alguno comentaristas a llamar a la propuesta nicaragüense, el plan Ortega-Wright. Tanto Reagan como Shultz expresaron a Wright su "preocupación" por su intervención, contestando Wright con juicios tan hábiles como firmes. Quiero pensar -dijo entre otras cosas- que el presidente y el Secretario de Estado quieren la paz en Centroamérica tanto como yo".

La posición de Wright es explicable teniendo en cuenta la profunda crisis de la Administración Reagan, asediada ahora por serios problemas económicos internos e internacionales y a punto de entrar en el año electoral. A estas alturas, aunque los demócratas no fueron capaces de elaborar un plan centroamericano alternativo al de Reagan, es ya bastante claro el fracaso de la "doctrina Reagan" para Centroamérica. No sólo porque no logró derrocar al gobierno sandinista, sino porque tampoco logró acreditar a El Salvador de Duarte como el modelo regional de democracia y porque aisló a Estados Unidos de sus más importante aliados europeos, uniendo más a América Latina y polarizando a la sociedad norteamericana. No es extraño que en esta situación de crisis generalizada, los demócratas busquen obtener el mayor provecho posible de los acuerdos de Guatemala . Y Wright se ha puesto a la cabeza de esta búsqueda.

Los acontecimientos desarrollados en Washington a raíz de la visista del Presidente Ortega arrojan una importante luz sobre las preguntas que sobre la guerra y la paz quedaron abiertas el 5 de noviembre. Después de esta iniciativa, se hace más difícil que la contrarrevolución, y tras ella la Administración Reagan, puedan boicotear impunemente las propuestas sandinistas y deslegitimar todo el conjunto de las medidas adoptadas por el gobierno de Nicaragua. D hacerlo, estarían arriesgando las probabilidades que aún puedan tener de recibir más ayuda, y, más en concreto, los 270 millones.

Eso, si los demócratas, aunque sea por su propia conveniencia política, se mantienen coherentes con la alternativa planteada por los acuerdos de Guatemala. Por otra parte, las acciones y declaraciones de Reagan en favor de sus "Paladines de la libertad", con exigencias que desbordan el marco de Esquipulas II y su persistencia negativa a un diálogo directo con Nicaragua, no presagian la inminencia de la paz. En consecuencia: la opción bélica se va debilitando y Reagan afronta crecientes dificultades para continuar la guerra contrarrevolucionaria según sus deseos, pero la opción de la paz tiene aún que sortear innumerables obstáculos. A corto plazo, lo que está es una opción intermedia: una negociación indirecta del gobierno sandinista con los demócratas y republicanos -no coincidentes en su posiciones- bajo la forma de una concertación de un cese al fuego con la contrarrevolución. Esa es, de hecho, la dinámica que se inició en el mes de noviembre.

Las bases de un diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua

El diálogo tripartito entre Nicaragua, la Administración republicana y el Partido Demócrata, tiene puntos de partida previos. Poco antes de la cumbre de las presidentes centroamericanos en agosto, los Estados Unidos dieron a conocer el Plan Reagan Wright, en el que se fijaban los tres objetivos que Estados Unidos desea alcanzar respecto a Nicaragua. Al mismo tiempo se proponía un mecanismo para lograr esos objetivos. Cuando los centroamericanos dejaron de lado el Plan Reagan-Wright, modificaron el Plan Arias y dieron a luz los documentos de Esquipulas II, Wright apoyó inmediatamente el plan elaborado por los cambio disgustó a la Administración Reagan, pero Wright no se amilanó por eso. Su lógica era clara: los acuerdos de Equipulas II podían lograr, aunque fuera con contenidos y procedimientos distintos, los objetivos específicos que él compartía con Reagan. Si, por otra parte, Nicaragua había firmado los acuerdos considerando que no afectaban principios, esto indicaban que la negociación era viable.

Nicaragua y los soviéticos

El primero de los objetivos del Plan Reagan-Wright era "que no haya bases soviéticas, cubana o del bloque comunista establecidas en Nicaragua, que puedan plantear una amenaza para los Estados Unidos y los otros gobiernos democráticos del hemisferio".

El gobierno sandinista, al no tener ese tipo de planes en el proyecto de país no alineado que intenta construir, no tiene ningún problema en garantizar este objetivo. Desde el 15 de octubre de 1983, Nicaragua presentó el grupo de Contadora y a Estados Unidos un proyecto de acuerdo que en su parte medular dice: "La República de Nicaragua declara que el ejercicio de sus derechos soberanos no constituye amenaza alguna a la seguridad de los Estados Unidos y que no permitirá que el territorio de Nicaragua pueda ser utilizado para afectar o amenazar la seguridad de los Estados Unidos ni para agredir a ningún otro Estado, asegurado, además, el tránsito de los buques mercantes y aeronaves comerciales con bandera de Estados Unidos en sus aguas territoriales y espacios aéreos, de conformidad con las leyes internacionales y el derecho interno de Nicaragua".

Como contrapartida, y según esta misma propuesta de 1983: "Estados Unidos de América reconoce el derecho inalienable de la República de Nicaragua a su independencia y autodeterminación, en su condición de Estados soberano. Reconoce asimismo, que la República de Nicaragua no constituye reserva estratégica o aérea de influencia de ninguna potencia extranjera por ser estos conceptos, u otros similares, atentatorios e incompatibles con la soberanía e independencia de Nicaragua".

En 1987 Nicaragua sigue manteniendo esta misma posición. Un acuerdo como éste podría ser uno de los resultados de un diálogo bilateral directo entre el gobierno sandinista y la Administración Reagan. Pero, obviamente, la ausencia en Nicaragua de bases militares soviéticos -o del bloque socialista- no se confunde, ni debe confundirse, con la ausencia de una relación amistosa a todos los niveles entre la URSS y Nicaragua.

En este mes, el Presidente de Nicaragua asistió en Moscú a las celebraciones del 70 aniversario de la revolución soviética. Allí, ante los delegados de todos los países, declaró que "a pesar de las presiones, agresiones y chantajes", Nicaragua "no renunciará jamás a esas relaciones". Según el Comandante Bayardo Arce, de la Dirección Nacional del FSLN, la colaboración soviética con la revolución sandinista, sumando donaciones y créditos en el área energética, alimentaria, médica, etc. -y sin incluir la cooperación para la defensa militar-, suma alrededor de 2 mil millones de dólares desde el comienzo de la revolución: aproximadamente 250 millones de dólares por año.

El Plan Reagan-Wright no cuestiona el derecho de Nicaragua a mantener relaciones con la Unión Soviética. Esquipulas II tampoco lo hace. Si los norteamericanos quisieran que Nicaragua disminuyera el volumen proporcional de ayuda que recibe de los soviéticos podrían lograrlo levantando el embargo económico y desarrollando un plan de ayuda acorto y largo plazo parte, la ayuda militar que el bloque socialista brinda a Nicaragua, disminuiría drásticamente en el momento en que cesara la guerra contrarrevolucionaria, finalizaran las maniobras militares en Honduras y se desmantelaran las bases militares construidas allí por Estados Unidos.

Durante todos estos años Nicaragua ha buscado mantener y fortalecer una política de auténtico no alineamiento. El 8 de octubre, aniversario de la caída en combate de Carlos Fonseca y de la fundación del FSLN, el Comandante Tomás Borge lo recordaba una vez más:

"Para los apologistas del fatalismo pareciera que ningún país pequeño del mundo puede aspirar al derecho a ser libre, soberano e independiente. ¡Qué clase de lógica es ésa: se dependen de la Unión Soviética! Esta lógica condena a muerte a los pueblos, porque ser dependientes significa algo peor que la muerte. En Nicaragua, los aciertos y los errores son nuestros. Consultamos a los amigos y muchas veces hasta a a los enemigos, ¡pero las decisiones las tomamos nosotros!"

Nicaragua: ¿amenaza a los vecinos?

El segundo de los objetivos del Plan Reagan -Wright es "que Nicaragua no plantee una amenaza militar para sus países vecinos ni constituya una plataforma para la subversión o la desestabilización de los gobiernos del hemisferio".

Este objetivo tiene dos aspectos. Uno de ellos -el que tiene que ver con una eventual desestabilización de los gobiernos del área, fue abordado explícitamente en la cumbre de Guatemala. Los gobiernos centroamericanos -incluido el de Nicaragua- se comprometieron allí a "impedir el uso de su propio territorio, y no prestar ni permitir apoyo militar y logístico, a personas, organizaciones o grupos, que intenten desestabilizar a los gobiernos de los países de Centroamérica".

El segundo de ellos -la posibilidad de una aventura militar directa de Nicaragua contra sus vecinos- fue abordado por Nicaragua en comunicación oficial dirigida al Grupo de Contadora en mayo/86. Pero para dimensionar adecuadamente una amenaza de esta naturaleza es necesario recordar una vez más las condiciones económicas y materiales de Nicaragua, que le impiden cualquier acción ofensiva expansionista contra los países del área. El petróleo, vital en cualquier aventura bélica, es totalmente importado y el único puerto de importancia capaz de recibirlo puede ser fácilmente inutilizado. Además, el transporte terrestre del ejército sandinista se realiza utilizando en un 25% civiles.

Las limitaciones del transporte aéreo,civil o militar, son aún mayores. Eso, aunado a la debilidad de la fuerza aérea sandinista -los helicópteros soviéticos son apropiados para combatir a fuerzas irregulares, pero no para atacar a otro país que cuente con fuerza aérea-, determinaría que las fuerzas nicaragüenses quedaría muy pronto sin el apoyo logístico necesario para el desarrollo de eventuales acciones fuera de su territorio. Los alimentos, pertrechos militares y avituallamiento para la tropa invasora nicaragüense tendrían que ser totalmente importados. Nicaragua alimenticia es insuficiente incluso en circunstancias normales y en caso de una guerra expansionista necesitaría gran cantidad de materias primas que no existen en el país.

Un simple bloqueo a los puertos obstaculizaría el sostener materialmente cualquier eventual invasión a cualquier país del área. Prescindiendo de sus intenciones, las limitaciones estructurales de Nicaragua impiden al gobierno sandinista sostener una doctrina militar ofensiva. Pero no habría limitaciones para una prolongada confrontación guerrillera defensiva frente a los marines norteamericanos.

Esta realidad permite comprender mejor la propuesta que Nicaragua hizo a Contadora cuando se discutían en el foro negociador los aspectos de seguridad del Acta de Paz. En aquella ocasión, en Panamá, a mediados de 1986, Nicaragua propuso que los acuerdos se hicieran distinguiendo entre armamentos ofensivos. Los caracterizados como ofensivos deberían ser objeto de negociación entre los países para limitarlos, regularlos o incluso eliminarlos. Por otra parte, cada país debería informar a sus vecinos cuáles y cuántos eran sus armamentos defensivos, negociándose entre todos los países los límites para este tipo de armamento. Todo lo acordado estaría sujeto a la verificación internacional.

Yendo más allá, Nicaragua planteó cuáles armas consideraba como ofensivas: aviones y helicópteros militares tanques de guerra, morteros de más de 120 mm, cañones antiaéreos autopropulsados, artillería de más de 160 mm, etc. Así estructuró Nicaragua, con el mayor detalle posible, el punto de partida para la negociación. Nicaragua sigue manteniendo esta posición y estos planteamientos. Y los acuerdos de Esquipulas II tomaron en cuenta estas negociaciones interrumpidas sobre el tema de la seguridad: "Los gobiernos de los Estados centroamericanos, con la participación del Grupo de Contadora en ejercicio de su posición mediadora" se comprometieron en Guatemala a proseguir "las negociaciones sobre los puntos pendientes de acuerdo en materia de seguridad, verificación en materia de seguridad, verificación y control". De esta manera, los dos aspectos de comprende el segundo de los objetivos del Plan Reagan-Wright están ya explícitamente considerados en los acuerdos de Guatemala.

Un régimen democrático en Nicaragua

El tercer objetivo del Plan Reagan Wright es "que el gobierno nicaragüense respete los derechos fundamentales de su pueblo, incluídos los derechos políticos garantizados en la Constitución nicaragüense y las promesas hechas a la OEA -libertad de palabra, libertad de prensa, libertad de religión y un sistema regular establecido de elecciones libres y ordenadas"-.

El gobierno nicaragüense ha manifestado reiteradamente que, en ejercicio de su soberanía, no discutirá sobre sus asuntos políticos internos con los Estados Unidos. Nicaragua no ha exigido a los Estados Unidos, por ejemplo, que respete realmente los derechos de la población negra o hispana, que suprima la pena de muerte o la cadena perpetua y se abra a la posibilidad de cambio que hay en todo ser humano, que transforme sus injustas leyes migratorias. etc.

En el tercer objetivo del Plan aparece, en principio, una repetición, ya que "los derechos humanos fundamentales" del pueblo de Nicaragua están incluidos en la Constitución nicaragüenses y "las promesas hechas a la OEA" -que como dictaminó la Corte de La Haya no tiene carácter jurídicamente obligante- están también incluidas, por la propia dinámica de la revolución, en esa Constitución. El tercer objetivo del Plan Reagan-Wright apunta, aunque no lo formulan así quizá para no reconocer legitimidad al gobierno sandinistas- al cumplimiento de la Constitución nicaragüense, especialmente en aquellos puntos que suponen un régimen democrático.

Planteado así el problema, el gobierno sandinista está obligado a construir un régimen democrático, no por exigencias norteamericanas sino por la exigencia de su propio pueblo. Y el modelo de esta democracia está señalando en la Constitución. En la Carta Magna nicaragüense se subraya la democracia participativa por sobre la representativa, pero no por eso se niegan los rasgos específicos de los democracias representativas (elecciones, periódicas, libertad de prensa, etc.).

Esta preocupación del Plan Reagan-Wright aparece también plasmada en los acuerdos de Guatemala en tres puntos específicos: en la "reconciliación nacional" -que incluye decretos de amnistía y diálogo con la oposición política interna-, en la "democratización" -que implica libertad proselitista para los partidos opositores, libertad en los medios de comunicación social y derogación de los estados de emergencia- y en la celebración de "elecciones libres" -presidenciales, legislativas, municipales y para el Parlamento centroamericano, de acuerdo con los plazos constitucionales e invitando a los observadores internacionales.- Los presidentes centroamericanos se comprometieron a todo esto, en la medida en que en sus respectivos países cese, simultáneamente, cualquier forma de agresión externa.

El gobierno de Nicaragua, electo en 1984 con el 63% de los votos ante numerosos y variados observadores internacionales y reconocido como legítimo por los presidentes centroamericanos reunidos en Esquipulas II, ha ido avanzando en la dirección que señalan los compromisos de Guatemala. Cuando se derogue el estado de emergencia -sujeta esta decisión al fin de la agresión- la Constitución tendría vigencia plena y se habrían cumplido todos los compromisos en este sentido. La ley sobre el Parlamento Centroamericano también fue aprobada este mes por el Presidente de Nicaragua y pronto será discutida en la Asamblea Nacional para su aprobación final.


El diálogo con la oposición política interna continúa desarrollándose. 15 partidos o grupos políticos buscan llegar a acuerdos con el gobierno, aunque esta búsqueda se ha hecho particularmente lenta hasta el momento. Tres tipos de conflictos han dificultado los avances: el mismo entre el gobierno y la posición, las contradicciones entre los partidos opositores dadas sus divergencias ideológicas y las pugnas al interior de varios partidos opositores.

Pese al cumulo de contradicciones inter e intrapartidarias -que Envío deberá analizar en próximos números-, el 24 de noviembre gobierno y oposición llegaron a acuerdos respecto a la agenda discutir. Los 8 puntos ya aprobados se refieren específicamente al proceso de democratización del país, quedando los temas referidos a la guerra y la paz en manos de comisiones técnicas.

Los 8 puntos de agenda acordados por el gobierno y la posición en la segunda quincena de noviembre fueron:

1) Reformas a la Constitución propuesta por la oposición;
2) Ley de municipalidades (carácter, delimitaciones territoriales etc.)
3) Ley electoral (elecciones municipales, elecciones en la Costa Atlántica, sistema electoral, etc.);
4) Ley de partidos políticos (criterios para la constitución de partidos, derechos de los partidos, etc.);
5) Parlamento Centroamericano (sistema para elegir a los 20 representantes nicaragüenses);
6) Fecha de elecciones municipales y el Parlamento Centroamericano;
7) Mecanismo para que los partidos extra-parlamentarios participen en la institucional del país;
8) Leyes para la aplicación de la Constitución: elaboración y promulgación.

El Plan Reagan-Wright: ¿un plan unívoco?

Desde todas estas perspectivas aparecen reales posibilidades para la paz en la región centroamericana y para una normalización de las relaciones Estados Unidos-Nicaragua.

El problema de eventuales bases soviéticas y todos los temas de seguridad corresponden a un diálogo bilateral Washington-Managua, mientras que los problemas de una Nicaragua vista como amenaza asus vecinos y los de la democratización interna tienen su solución en base a los acuerdos de Esquipulas II.

Después de formular sus objetivos preocupaciones, el Plan Reagan-Wright afirmaba que "aparte de esto los Estados Unidos no tienen derecho a determinar o influir en la identidad de los dirigentes políticos de Nicaragua ni en el sistema socioeconómico del país. El Pueblo de Nicaragua tiene pleno derecho sobre estas cuestiones. Los Estados Unidos afirman su apoyo al derecho del pueblo nicaragüense a la autodeterminación pacífica y democrática, libre de intervención extranjera de cualquier procedencia".

En esta formulación hay un gran paso de avance en un planteamiento que es un fondo. Porque la Administración Reagan no ha querido escuchar los justos reclamos de los gobiernos de los más importantes países de América Latina, que, después de atravesar sus países períodos con dictaduras militares necesitan una base económica que los haga gobiernos con democracias viables. Y esta sordera tiene la misma raíz que la aplicaba con Nicaragua cuando reclama una nueva forma de relación. La raíz común es el neo-monroísmo reaganista. Teniendo la certeza los latinoamericanos de que un eventual triunfo de la doctrina Reagan en Nicaragua fortalecería en todo el continente esta tendencia interventora neo-monroísta, los problemas de Centroamérica y los del resto de América Latina se han interconectado como nunca antes.

La prueba más reciente se vio este mes en la reunión de "Los 8" en Acapulco (México). Si la labor de Contadora y del Grupo de Apoyo están en al raíz de los acuerdos de Esquipulas II, éstos a su vez han alentado a los 8 países latinoamericanos en su nacionalismo. Acapulco es la primera cumbre autónoma que América Latina realiza en su historia. Autónoma de la convocatoria y de los intereses de los Estados Unidos. Los 8 países reunidos en Acapulco representan el 90% de la población latinoamericana y son los deudores del 80% de la deuda externa de América Latina. Los puntos del Documento de Acapulco, más allá de su misma letra, muestran la imperiosa urgencia que hoy siente América Latina de buscar una salida negociada y conjunta a sus problemas políticos y económicos.

Este mes de noviembre el Presidente Ortega se reunió con el Presidente de la Madrid en México y, en Nicaragua, con los presidentes Sanguinetti (Uruguay) y Alan García (Perú). Este último, fue delegado por "los 8" para llevar a cada uno de los países centroamericanos la solidaridad de América Latina. Al hacerlo en Nicaragua, García impuso a Daniel Ortega la máxima distinción que otorga su gobierno, el Sol del Perú, y en nombre de los 8 reiteró el "profundo respeto por la causa este pueblo" y "el pleno convencimiento de la sinceridad de Nicaragua en el cumplimiento de Esquipulas II".

Es desde esta perspectiva latinoamericana que debe también Estado Unidos entender la necesidad de normalizar sus relaciones con Nicaragua. Pero el Plan Reagan-Wright no es un plan unívoco. Los procedimientos concretos que señala para avanzar hacia la paz no se desprenden necesariamente de la línea de objetivo explícitamente planteados. Por ejemplo, en los procedimientos se dice que se procederá rápidamente a nuevas elecciones en Nicaragua. Esto supone no aceptar la legitimidad del gobierno nicaragüense conquistada en la lucha insurreccional contra Somoza y refrenada en las elecciones de 1984. Esa legitimidad ha sido reconocida por la comunidad internacional de múltiples maneras a lo largo de estos años y los acuerdos de Guatemala señalan claramente que las elecciones serán de acuerdo a los calendarios electorales fijados por la Constitución de cada país.

Al mismo tiempo, el Plan Reagan-Wright presupone que debe haber unan desmovilización de las fuerzas militares sandinistas paralela a la de las de la contrarrevolución. Al plantear esto, deja de lado algo esencial: que conflicto militar de Nicaragua no es fundamental con los contrarrevolucionarios sino con el mismo gobierno de los Estados Unidos. Las fuerzas armadas sandinistas, con su capacidad para convertirse de ejército convencional en ejército guerrillero en el caso de una intervención norteamericana, constituyéndose así en la más formidable fuerza de este estilo en toda la historia latinoamericana, han sido de hecho el factor disuasivo fundamental para detener los planes de invasión de la Administración Reagan. Hay que señalar la falta de reciprocidad que hay en el Plan Reagan-Wright, pues mientras se pide explícitamente la desmovilización de las fuerzas sandinistas, ni siquiera se promete el desmantelamiento de las bases militares norteamericanas en Honduras. Otro elemento similar es que el plan exige a Nicaragua que deje de recibir ayuda militar de los países socialistas a cambio de que Estados Unidos deje de dársela a la contrarrevolución.

Todo esto indica que el verdadero objetivo del Plan es derrocar al gobierno de Nicaragua o, en palabras de Reagan, "sustituir la estructura actual del gobierno sandinista". Esto explica, incluso, el que el Plan haya sido lanzado inmediatamente antes de la Cumbre presidencial de Guatemala, con el fin de obstaculizarla, sentando así de forma contundente la posición norteamericana. Esta interpretación del propósito del Plan es coherente con la posición que le Presidente Reagan ha demostrado antes durante y después de firmados los acuerdos de Guatemala.

Pero ¿cómo interpretar entonces la posición de Jim Wrigght al apoyarlo? El hecho de que Wright diera una cálida bienvenida a los acuerdos de Esquipulas II inmediatamente después de que fueron firmados, indica, que, firmados, indican que, más allá del error que cometió al firmar un plan con Reagan -decisión que fue muy criticada por los liberales de su partido-, consideraba que los principios que él había incluido en el Plan firmado con Reagan podrían cumplirse a través del plan firmado por los centroamericanos. Sin renunciar a principios que considera vitales para su país, Wright busca verdaderamente una solución negociada, una salida política, busca la paz. Para Reagan, por el contrario, no parece haber otra salida que la militar. Esta seria contradicción entre el Ejecutivo y el Legislativo de Estados Unidos es importante en la actual coyuntura.

Los demócratas tienen por fin en las manos, gracias al esfuerzo de los latinoamericanos, un plazo coherente y alternativo con que enfrentarse a Reagan. Tres casi 7 años de conflicto entre Nicaragua y Estados Unidos se materializa una propuesta que respetando los intereses de ambas naciones puede resolver el conflicto. Así se comprende más claramente por que participó Wright en la reunión con Ortega y Obando en Washington y por qué su participación provocó tanto disgusto en la Casa Blanca. La puerta por la que Nicaragua puede entregar para forzar a la Administración Reagan a un diálogo bilateral está en el Congreso norteamericano. Los republicanos no pueden ignorar esta realidad, como ignoraron durante años la propuesta latinoamericana de Contadora. Por todo esto, tras el diálogo sandinista contras para la concertación de un cese al fuego, lo que está en juego es el diálogo tripartito entre Nicaragua, los demócratas y los republicanos.

El reto que tiene ahora Nicaragua es mantener esa puerta abierta y ampliar ese espacio, tanto en la negociación para el cese al fuego con los contrarrevolucionarios como en el diálogo político con los partidos de oposición interna. Manteniendo estas dos dinámicas de diálogo es como puede desencadenar, de manera irresistible e irreversible, una negociación directa con los Estados Unidos. El bloqueo a la petición de los 270 millones no es un fin en sí mismo sino el mecanismo concreto que podría ser el último gran empujón para forzar ese diálogo directo en el último año de la presidencia de Reagan.

El reto que tiene Wright es el de mantener suficientemente cohesionado a su Partido Demócrata para que, superando la incapacidad e incoherencia que ha mostrado hasta ahora, pueda enfrentar a los republicanos y fortalecer, en este año electoral, una alternativa nueva hacia Centroamérica y América Latina.

Los republicanos, por su parte, pueden persistir en sus posiciones bélicas -con el riesgo que esto tiene- o variarlas algo. Funcionarios republicanos consultados por "The Miami Herald" informaron que el Secretario de Estado Shultz desearía cambios graduales que, sosteniendo un nivel reducido de apoyo a los contras- lo suficiente para mantenerlos vivos, permitieron una mayor y real apertura diplomática. Un sector republicano está ingresado en resolver la cuestión Nicaragua antes del final del mandato de Reagan para evitar que se les acuse después de dejar al nuevo Presidente la herencia de una política fracasada. Ese sector republicano presentaría cualquier cambio de postura que adopten no como una consecuencia de su fracaso, sino como un triunfo de las presiones militares a través de los contras, que habrían obligado por fin a los sandinistas a negociar. Está por ver cuál corriente es la que se impone finalmente entre los republicanos. Los que ya es evidente es que el diálogo indirecto tripartito plantea desafíos importantes a los tres interlocutores.

Dura negociación por la guerra o por la paz

Las respuestas iniciales que el gobierno de Nicaragua ha recibido de parte de sus interlocutores directos en los dos diálogos que lleva adelante -con la opción interna en Managua y con la contrarrevolución, inicialmente en Santo Domingo- no son muy alentadores.

La contrapropuesta de la dirigencia contrarrevolucionaria, que tardó 16 días en responder oficialmente a la propuesta entregada al Cardenal Obando en Washington, condicionó el cese al fuego a un virtual desmantelamiento de organizaciones, instituciones, leyes y conquistas establecidas tras el triunfo revolucionario. Según los contrarrevolucionarios, los pre-requisitos para una concertación de cese al fuego son entre otros, el desmantelamiento de las empresas confiscadas y hoy propiedad estatal, la suspensión del servicio militar, la disolución de los órganos de la seguridad del Estado y otras medidas que culminaría en un desarme del ejército sandinista. En su contrapropuesta, los contrarrevolucionarios parten de la premisa de que ellos "controlan" 68 mil kilómetros cuadrados del territorio nacional. (La extensión total de Nicaragua es de 130 mil kilómetros cuadrados). En caso de concertación un cese al fuego, el ejército sandinista, tendría que salir de esta extensa área.

En el diálogo nacional que se lleva a cabo en Managua, los partidos políticos opositores que siempre han mantenido posiciones pro-norteamericanas luchan por hacer reformas sustanciales al marco constitucional vigente en Nicaragua como punto de partida para la discusión del resto de la agenda acordada con el gobierno.

Si como hemos querido demostrar, en el fondo de estos dos diálogos está en juego la posibilidad del verdadero y necesario diálogo bilateral con los Estados Unidos, las propuestas iniciales de los contras y los partidos indicarían que en este primer momento se está imponiendo la línea dura de los republicanos, que representa fundamentalmente Elliot Abrams. Al gobierno de Nicaragua le corresponde navegar entre estas primeras oleadas provocadoras para evitar que se rompa cualquier diálogo y se cierre cualquier espacio negociador. Si lo logra, será el turno de Wright y los demócratas que, bloqueando la petición de los 270 millones, estarían sentando las bases para una negociación directa Estados Unidos -Nicaragua. ¿Qué harían entonces los republicano, al acrecentarse necesariamente las tensiones intrapartidarias entre "duros" y "pragmáticos" en un año electoral?

Nunca ha estado tan cerca la posibilidad de la paz, pero el retorno a situaciones cercanas en el tiempo de recrudecimiento de la guerra es posible. Si los demócratas no son capaces de detener la aprobación de los 270 millones, los acuerdos de Esquipulas II habrían fracasado en uno de sus aspectos más esenciales. En este supuesto, al verse obligada Nicaragua a enfrentar una nueva embestida militar, ¿podrá resistir su deteriorada economía? ¿o tendrá que hacerlo en esta nueva fase aliándose y apoyando a la guerrilla salvadoreña y a la guatemalteca, como una firme respuesta a la guerra que se le impone? ¿Qué consecuencias tendría para el ejército de Duarte el que Nicaragua, entre consecuencias tendría para el ejército de Duarte el que Nicaragua, entre otras cosas, cediera al FMLN los cohetes portátiles anti-aéreos con los que Estados Unidos está abasteciendo a la contrarrevolución, muchos de los cuales han sido recuperados por los sandinistas? La crisis salvadoreña entraría en una nueva fase. La nicaragüense también. La intervención norteamericana dispondrían a resistirla con una prolongada guerra de guerrillas. ¿Es esto lo que conviene a los Estados Unidos o prefieren una negociación política? Tras el diálogo indirecto tripartido se esconde la respuesta.

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