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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 73 | Julio 1987
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Nicaragua

Más cerca de la paz: 3 mil días de Revolución

El conflicto entre el reaganismo y el sandinismo es un test. En tres mil días de revolución la lucha ha sido a muerte, y ya son más de 42 mil las víctimas que, por ambos bandos, ha causado la agresión reaganiana.

Equipo Envío

Los tres mil días de revolución sandinista han estado llenos de episodios de la confrontación entre Estados Unidos -el mayor poder imperial de nuestro tiempo- y Nicaragua -un pequeño país tercermundista en el que el 50% de la población no tiene más de quince años de edad-.

El conflicto entre el reaganismo y el sandinismo es un test. Washington busca derrotar a la revolución nicaragüense para revalidar el monroísmo en América Latina y mostrar así al mundo el resurgimiento de la nueva hegemonía estadounidense. Nicaragua resiste y busca consolidarse par mostrar, por un lado, a América Latina la viabilidad de la posición bolivariana y, por otro, al mundo -incluidos los mismos Estados Unidos- la posibilidad de cambios sociales que, respetuosos del orden jurídico internacional, contribuyen a la paz en un mundo multipolar que vive bajo el peligro de una guerra nuclear.

La lucha ha sido a muerte. En 3 mil días de revolución son más de 42 mil las víctimas que, por ambos bandos, ha causado la agresión reaganiana. La guerra ha sido total, abarcando los campos políticos, militar, diplomático, económico e ideológico. En cada uno de éstos, y en al combinación de todos, los contendientes han pretendido imponerse estratégicamente. Bajo una permanente amenaza de intervención, la guerra irregular de la contrarrevolución ha buscado alcanzar objetivos específicos en la región Central, Atlántica y del Pacífico de Nicaragua. La revolución sandinista ha tratado de revertir los avances contrarrevolucionarios y consolidar sus posiciones dentro del país, en esas tres regiones. En el ámbito internacional, el Grupo de Contadora, principal expresión de la voluntad bolivariana de América Latina, se ha visto también bajo el fuego cruzado de los dos contendientes.

Tres posibilidades de solución

Al desarrollarse, el conflicto ha ido abriendo tres posibilidades de solución.

La primera, que el actual proceso de lucha culmine en una intervención directa de Estados Unidos en Nicaragua.

La segunda, que mediante la negociación ambos países coexistan pacíficamente sin renunciar a sus derechos.

La tercera, que la intervención y el resultado de la negociación queden supeditados a una mayor prolongación del conflicto, dejando así abierto los resultados finales del mismo.

Evaluando ocho años de revolución

Al evaluar ocho años de revolución en Nicaragua, pretendemos analizar la dinámica del conflicto y su tendencia.

En la primera parte hacemos una breve caracterización del proyecto monroísta de Reagan en contraposición al proyecto bolivariano del sandinismo. Ambos proyectos contienen un test para la comunidad internacional.

En la segunda parte analizamos los tres mil días del conflicto, examinando sintéticamente la lógica interna que han tenido los conflictos político-militares, ideológico y económicos al interior del país y las tendencias que de estas lógicas se derivan en vinculación con la dimensión internacional del conflicto.

En la tercera parte analizamos las posibilidades de implementación que tienen las opciones por la intervención, por la negociación o por la prolongación del conflicto, a corto y mediano plazo. El análisis muestra la creciente dificultad que tienen la opción interventora y la que apuesta por la prolongación del conflicto, tanto para Nicaragua como par Estados Unidos y hace ver la tendencia que, a lo largo de ocho años de conflicto se va abriendo paso posibilitando una solución negociada que haga la paz entre el sandinismo y los conservadores pragmáticos o los liberales estadounidenses.

El conflicto nicaragüense: un caso test Nicaragua en la mira del monroísmo

Desde 1979, a partir de la invasión soviética a Afganistán en apoyo al régimen de Kabul, las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entraron en un período de especial frialdad, desconfianza y roces mutuos. Al triunfar Ronald Reagan en las elecciones de 1980 y en las de 1984, Estados Unidos impulsó y consolidó la llamada "óptica estratégica" para justificar el enfrentamiento bipolar y el retorno a la guerra fría entre las dos grandes potencias mundiales.

La administración Reagan tomó como punto de partida la afirmación de una superioridad militar soviética en armas estratégicas y convencionales, alcanzada en el período de distensión. A juicio de la Administración, republicana, la superioridad soviética se puede detectar, entre otras cosas, en la voluntad política de la URSS de impulsar eventuales conflictos convencionales en distintos puntos del Tercero Mundo, con el fin de extender su influencia. "Si no fuera por ellos -declaró Reagan al comienzo de su primer mandato- no habría puntos calientes en el mundo". Aunque con el correr de los años la Administración Reagan ha concedido cierto peso a los factores internos en los conflictos regionales, la interpretación inicial no ha variado en su sustancia.

Partiendo de esta lectura del mundo, los republicanos plantean que el enfrentamiento con la URSS tiene como objetivo cerrar la brecha militar de los Estados Unidos, abierta con la distensión, y alcanzar eventualmente la superioridad militar de los Estados Unidos. Esa política de confrontación no sólo tendrá un efecto directo sobre el bloque socialista, sino que además permitiría contener -e incluso revertir- el avance soviético en el Tercer Mundo.

Para la Administración Reagan, así como existió una determinada visión geopolítica al iniciarse en el siglo pasado la expansión imperial de los Estados Unidos y otra en la época de la plenitud de esa expansión, los tiempos actuales exigen una nueva geopolítica. Esta debe caracterizarse por encarar con audacia los riesgos de un declive norteamericano en el plano internacional restableciendo en el plano internacional restableciendo la hegemonía mundial de Washington. Entre 1974 y 1981, Estados Unidos se opuso sin éxito a la llegada al poder de catorce gobiernos tercermundistas divergentes de su política. Angola, Mozambique, Grenada, Irán, Vietnam, Guinea-Bissau, etc. escaparon de la tutela norteamericana.

América Latina fue vista con ojos monroistas por la Administración Reagan que la definió como un "escudo de la seguridad" y como una "espada de la proyección del poder global de Estados Unidos" (Comité de Santa Fe). Nicaragua, por su ubicación geopolítica, fue considerada -junto con El Salvador- como caso test par demostrar al mundo la voluntad norteamericana de restablecer una nueva hegemonía imperial.

Aunque los objetivos de la Administración Reagan hacia la región estaban claramente definidos, la estrategia a seguir con relación a Nicaragua fue objeto de debate al interior del gobierno estadounidense. La opción por una intervención militar directa -combinando preferentemente tropas norteamericanas con fuerzas latinoamericanas o centroamericanas- y la opción por el apoyo a una guerrilla contrarrevolucionaria fueron las dos opciones básicas. Conforme avanzaba el mandato de Reagan el énfasis se fue trasladando paulatinamente desde la opción interventora a la de apoyo a la guerrilla contrarrevolucionaria. Esta vía parecía la más adecuada para llegar con éxito a la meta: "sustituir la estructura de poder sandinista", usando la misma expresión empleada por Reagan.

Con base en el accionar militar, a la guerrilla contrarrevolucionaria -bajo la dirección y con el apoyo de Washington-, se le encomendó la generación de dinámicas políticas, diplomáticas y económicas que condujeran -mediante caminos políticos o militares- al derrocamiento del gobierno de Managua.

Complementariamente, Estados Unidos, directamente, se encargaría de montar una infraestructura militar en toda la región, especialmente en Honduras, tanto para potenciar la presión contrarrevolucionaria sobre Nicaragua como par disponer de un terreno listo para la intervención directa si ésta llegaba a juzgarse necesaria.

El tránsito paulatino desde la opción por la intervención directa a la opción por la guerra contrarrevolucionaria, se debió, en gran medida, a la actividad político-militar que el gobierno de Nicaragua fue creando para defender la revolución. Nicaragua cavó fosos de diplomacia, construyó trincheras políticas y alzó bastiones militares con los que disuadir los norteamericanos. Los costos que Estados Unidos tendría que pagar por una intervención directa aparecían cada vez más altos y Estados Unidos entendió el mensaje. Esta realidad objetiva en Nicaragua coincidió con una situación novedosa en el ámbito internacional, que provocó cambios en la estrategia militar norteamericana.

A comienzos de los 80, en Vietnam, Kampuchea, Angola, Mozambique, Nicaragua y otros países estaban en el poder movimientos a los que el gobierno de Estados Unidos había combatido en décadas anteriores, pero varios de los movimientos triunfantes enfrentaban dificultades. El Khmer Rojo, los seguidores de Sihanouk, la UNITA, la RENAMO, la Guardia somocista, por ejemplo, no habían muerto y los hostigaban. Además, la invasión soviética a Afganistán genero un amplio movimiento de resistencia armada, y el apoyo soviético al régimen de Etiopía chocó con las guerrillas étnicas de Eritrea y Tigré.

A pesar de los distintos problemas específicos que planteaba cada caso, la Administración Reagan decidió apoyar, como nueva estrategia en el Tercer Mundo, a todos estos grupos insurgentes. Al hacerlo pretendió homogenizar una serie de conflicto,s en los que la Unión Soviética ha mostrado voluntad geopolítica de dominio, con auténticos movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo.

En 1985, el Congreso de Estados Unidos derrogó la prohibición de ayudar a la contrarrevolución angolana, apoyó pública y económicamente a la resistencia en Kampuchea y Afganistán y aprobó la "ayuda humanitaria" a la contrarrevolución nicaragüense.

Por ser el caso test, cercano a las fronteras norteamericanas, a la revolución sandinista le tocó enfrentar especial la nueva estrategia insurgente elaborada por Washington para revertir el avance de los movimientos de liberación nacional en el Tercer Mundo. En la misma región, los revolucionarios del FMLN enfrentan la estrategia contrainsurgente de Washington, contrapartida dialéctica de una misma doctrina.

Para la Administración Reagan, si Playa Girón mostró la necesidad de apoyar a fondo a la insurgencia, Vietnam enseñó la necesidad de apoyar a la contrainsurgencia. Esta lectura centroamericana de Reagan se completa con la caracterización de Cuba como "estado vasallo de los soviéticos", "agresor extra-continental" y "organizador de la subversión en la región".

La lucha en Centroamérica se convierte así en un decisivo capitulo de la lucha contra la Unión Soviética, que ha logrado hacer a Nicaragua, a través de Cuba, su primer enclave en territorio continental americano.

El bolivarismo renace en Nicaragua

Los sandinistas han declarado reiteradamente que no se reconocen en la presentación que de ellos hace la Administración Reagan.

La revolución nicaragüense triunfa en 1979, en el contexto general de una crisis económica mundial, que agudiza el proceso de transformaciones sociales que necesita el Tercer Mundo. Como parte de este proceso e incorporando sustancialmente los condicionamientos geopolíticos de la región en que se produce, el sandinismo se concibe a sí mismo como un movimiento en el que convergen, en la lucha por la autodeterminación nacional y la emancipación social, tres grandes corrientes: el nacionalismo, representado por las luchas tradicionales del pueblo nicaragüense y en especial por la de Augusto C. Sandino; el cristianismo liberador presente en la cultura insurreccionada del pueblo y el marxismo, leído críticamente desde las experiencias revolucionarias de otros pueblos. Esta síntesis se mueve en función de "la lógica de las mayorías", que en una sociedad extraordinariamente subdesarrollada como la nicaragüense es la que define las prioridades y ritmos que debe tener un proceso autóctono que quiere crear estructuras más justas en la sociedad.

Bajo esos fundamentos, que se han ido conformando y sintetizando a través de un largo y complejo proceso político-ideológico, el sandinismo busca materializar en la realidad nicaragüense un proyecto de economía mixta, pluralismo político, democracia participativa y genuino no alineamiento internacional.

Los márgenes de un proyecto así han sido necesariamente amplios, para poder responder adecuadamente, y sin negar los principios, a coyunturas tan cambiantes y dramáticas como las que vive Nicaragua y Centroamérica. El resultado es una historia ágil y zigzagueante, donde no faltan errores y aciertos. La flexibilidad que posibilita este zigzagueo, lejos de representar una dificultad para la comprensión del proceso revolucionario en Nicaragua, es parte de la definición y la peculiaridad del sandinismo. Desde esta perspectiva -señalan los sandinistas-, la rígida ideología reaganiana no puede comprender la flexible ideología sandinista.

Pero la revolución sandinista no es sólo una revolución social y nacional. El hecho de haberse producido en el área que Estados Unidos ha considerado tradicionalmente como su traspatio le confiere una dimensión regional e internacional. Tiene que surgir como expresión de un nuevo bolivarismo. Los sandinistas saben que Nicaragua es "una metáfora de la historia de nuestro tiempo", un caso-test sobre la justicia social y la autodeterminación nacional en el Tercer Mundo.

Nicaragua ha vivido en carne propia, y por eso pueden enseñar al mundo, que ese nuevo hegemonismo no es solamente peligroso para Nicaragua sino también para el desarrollo económico y la soberanía de América Latina y del Tercer Mundo. Tampoco Europa puede ser ajena a esta realidad, porque en la era nuclear no se puede construir la paz internacional si no se resuelven de raíz las guerras regionales. Además, los recursos naturales y los mercados de la extensas periferia mundial ofrecen hoy una oportunidad a esa Europa. Puede haber una convergencia de intereses que impulsen a la vez el desarrollo tercermundista y la recomposición europea. Nicaragua y Centroamérica son una prueba para evaluar esta posibilidad. Son un nuevo término de referencia, un caso test para el futuro de las relaciones internacionales. La Unión Soviética y los países socialistas desarrollados tiene también en la región un test para mostrar su solidaridad internacional sin pretender dirigismo e imposición de modelos que no se corresponden con la actual correlación de fuerzas mundial ni con la situación geopolítica centroamericana.

Por todo esto, trascendiendo el conflicto militar entre Estados Unidos y Nicaragua, se levanta una confrontación más amplia, un conflicto histórico: el que enfrenta al monroísmo imperial con el nacionalismo bolivariano.

Tres mil días de lucha desigual

Tanto la agresión estadounidense como la defensa nicaragüense han sido acciones-reacciones totalizadoras. La agresión y la defensa han abarcado aspectos diplomáticos, políticos, económicos y ideológicos. Pero es el factor militar el dominante, el que sirve como columna vertebral si se quiere hacer un balance global de los resultados de la confrontación y de la dinámica que ésta ha tenido, aunada a otros factores no militares en los terrenos diplomático, político, ideológico y económico.

La defensa sandinista

Inmediatamente después de la toma del poder, la revolución sandinista se dedicó a transformar sus fuerzas guerrilleras en un ejército regular. Considerando que, por hipótesis lógica, la principal fuerza que se opondría a esta revolución sería la del gobierno de los Estados Unidos, la doctrina militar nicaragüense tenía que ser necesariamente defensiva. El poderío del agresor potencial no dejaba espacio para ninguna duda.

La experiencia insurreccional y la difícil situación económica heredada del somocismo aconsejaban que se conformara un núcleo básico de nuevas fuerzas armadas, eficientes y profesionales, en torno a las cuales podría articularse una participación masiva del pueblo en las tareas armadas si la revolución era atacada militarmente.

Consolidar y desarrollar estas fuerzas, protagonistas en una guerra de resistencia patriótica y popular, era un elemento clave: con él se iban elevando más y más los costos de una eventual intervención militar directa. Desde el ascenso de Reagan al poder ésta era una posibilidad real.

Por eso, mientras Reagan montaba en Honduras a lo largo de mas de siete años una infraestructura militar para la intervención, y realizaban maniobras casi permanentes por tierra, mar y aire, familiarizando a más de 75 mil soldados norteamericanos en el terreno, clima y condiciones del área, los sandinistas lograban armar organizadamente a más de 200 mil nicaragüenses para desarrollar a la par una guerra de movimientos y una guerra de guerrillas rural y urbana, en caso de darse la intervención. Esta fuerza, para la que no habría fronteras en caso de una invasión, sumaría sus actividades militares a las de la sólida guerrilla salvadoreña, complicando así a los norteamericanos la situación de una Centroamerica en guerra. Expertos militares norteamericanos calculan que las tropas estadounidenses tardarían al menos cuatro años en poder salir de la región, mientras revolucionarios centroamericanos consideran que Estados Unidos se vería envuelto en una situación regional "libanizada", en el sentido de que no podría implanta un orden estable.

La capacidad militar de Nicaragua, orientada básicamente a la defensa ante una intervención militar de Estados Unidos, fue usada propagandísticamente por la Administración Reagan, que afirmó que la revolución nicaragüense tenía intenciones expansionistas en Centroamérica.

Pero el poder militar sandinista es meramente defensivo. No puede ser de otra manera. Además de que esa es la voluntad política del gobierno de Nicaragua, las condiciones económicas y materiales del país impiden cualquier acción ofensiva de tipo expansionista o invasora hacia los restantes países del área. El petróleo, vital en cualquier aventura bélica, es totalmente importado y el único puerto de importancia para recibirlo puede ser fácilmente neutralizado.

El ejército sandinista tiene actualmente que emplear un 25% del transporte civil para sus movilizaciones, limitación que afectaría avances invasionistas significativos. Por otra parte, las grandes limitaciones de transporte quedaran pronto sin apoyo logístico para el desarrollo de eventuales acciones fuera de su territorio. Los alimentos, pertrechos militares y avituallamiento para la tropa invasora tendrían que ser todos importados. Nicaragua no tienen una industria militar, su industria alimenticia es insuficiente incluso en circunstancia normales y se necesitaría gran cantidad de materias primas que no existen en el país. Un bloqueo a los puertos impediría sostener materialmente cualquier aventura invasora...

Nicaragua, tiene pues, limitaciones estructurales para sustentar, aún sí así lo deseara, una doctrina militar ofensiva. Sin embargo, todas estas limitaciones no serían obstáculo si se tratara de una confrontación guerrillera de carácter defensivo frente a los marines norteamericanos.

Consciente de las limitaciones, pero también de las posibilidades de un ejército defensivo como el estructurado por la revolución nicaragüense, la Administración Reagan se fue alejando poco a poco de la probabilidad de la invasión. La disuasión construida por los nicaragüenses frenó esa posibilidad. Sin embargo, Reagan ha mantenido la posibilidad de la intervención, tanto por tenerla a mano si las circunstancias le fuera eventualmente propicias, como por reforzar con esta posibilidad la misma guerra contrarrevolucionaria, verdadera protagonista de su estrategia de agresión.

Mantener la amenaza de intervención, además de permitirle chantajes diplomáticos en la arena internacional, de facilitarle presiones al Congreso, de fortalecer la guerra sicológica contra los nicaragüenses, etc., ha obligado al gobierno revolucionario a mantener una estructura militar anti-interventora y disuasiva, que limita los recursos materiales y humanos que son necesarios para enfrentar las tácticas irregulares de los contrarrevolucionarios.

El desafío ha sido enorme. Nicaragua lo aceptó, y como balance puede afirmarse que la revolución sandinista logró sostener a la par la organización militar anti-interventora, basada principalmente en la combinación de un ejército regular y un servicio militar de reserva, al mismo tiempo que fue fortaleciendo su ofensiva contra las fuerzas irregulares de la FDN y de ARDE, en la medida en que éstas fueron revelándose como la punta de lanza de la agresión norteamericana.

El plan contrarrevolucionario

Hacia 1983, la FDN, fuerza hegemónica antisandinista dirigida por guardias somocistas, buscó implementar una estrategia capaz de conseguir bases sociales en zonas campesinas y, con ellas, asegurarse una retaguardia dentro del país. Estas bases sociales le permitirían profundizar y ampliar su accionar bélico, a la vez que legitimarse y fortalecerse como alternativa de poder, tanto interna como internacionalmente.

Su principal marco de acción sería la región central del país, montañosa, con base campesina, y puente forzoso entre el Pacífico y el Atlántico.

El campesinado de esta faja central, especialmente el que habita en las zonas más aisladas de los centros urbanos, podría ser captado, fomentando en él resentimientos por un pasado inmediato o temores por un futuro incierto. Resentimientos ante la forma en que se había llevado o no se había llevado a cabo la esperada reforma agraria. Y resentimientos ante problemas económicos derivados de las deficientes redes de servicios, comercialización y abastecimiento. Temores ante el "comunismo", alimentado una ideología religiosa tradicional que encontraba en los errores reales o ficticios del gobierno y en sus choques con las jerarquías religiosas, un fundamento básico. Estas acciones, impulsadas desde la frontera norte, se verían reforzadas en el sur por ARDE, que proporcionaría adicionalmente una imagen democrática.

En la Costa Atlántica, una conciencia étnica emergente despertó entre los indígenas como fruto de la misma revolución. Pero la revolución sandinista no supo interpretar las nacientes reivindicaciones étnicas y, con una óptica puramente economicista, trasladó al Atlántico pautas culturales y organizativas del Pacifico. Este error fundamental fue aprovechado contrarrevolucionariamente por MISURA, aliada de la FDN en el norte, y por MISURASATA, aliada de ARDE en el sur.

En las zonas urbanas del Pacifico,el principal frente de guerra fue inicialmente de carácter político-ideológico, con base en los partidos de la Coordinadora Democrática, en sectores de la Jerarquía de la Iglesia Católica y en el diario La Prensa como altavoz de todos estos grupos y del desorganizado descontento popular que surgiera. Al madurar las condiciones, cohesionar con un frente interno urbano, también de carácter militar.

Si la probabilidad-posibilidad de una intervención directa fue el eje de la campaña de agresión de los Estados Unidos, la guerrilla contrarrevolucionaria fue al esencia misma de la agresión. Y si el accionar militar contrarrevolucionario estaba destinado a catalizar las fuerzas políticas opositoras, la agresión económica debía crear la base material para multiplicar y potenciar esas fuerzas.

Toda esta ofensiva de la contrarrevolución se completaba con acciones diplomáticas, políticas, económicas e ideológicas, realizadas directamente por Washington. El resultado al que se apuntaba era la sustitución de la estructura de poder sandinista.

Para lograrlo, la Administración norteamericana ha tenido abierto un abanico de posibilidades: desde la vía militar -incluyendo una intervención directa si el desgaste global del sandinismo llegara a ser tal que Estados Unidos no tuviera que pagar los costos de una "libanización"- hasta el doblegamiento político-diplomático de los sandinistas, camino éste más preferible por menos costoso.

Esta posibilidad del doblegamiento ha estado siempre en el trasfondo del diálogo propuesto permanentemente por Estados Unidos entre la contrarrevolución y el sandinismo.

La contrarrevolución en acción

Tras un difícil comienzo, la FDN tuvo un significado repunte en 1983 y 1984. Logró una incipiente base social campesina en zonas alejadas de la región central. Esto, unido a sus tácticas de reclutamiento forzoso de campesinos, le permitió crecer de unos 5 mil hombres en 1982 a 12 mil en 1983 y a 15 mil en 1984.

Aunque el abastecimiento de estos grupos armados infiltrados en el interior de Nicaragua provenía principalmente, por vía aérea, de sus retaguardias operativas en Honduras y Costa Rica, poco a poco ampliaron su capacidad de abastecimiento interno. La información conseguida por sus propias redes fue también en aumento, aunque siempre dependieron fundamentalmente de la que les suministraba la aviación norteamericana. Paulatinamente, iban ampliando su retaguardia táctica en el país y montando campos de instrucción, hospitales, etc. Esto les permitió llegar a contar hasta con 6 Comandos Regionales como unidades básicas de operación. Con una composición del orden de los mil hombres en cada Comando, éstos podían desdoblarse para acciones específicas en Fuerzas de Tarea, Unidades Tácticas y Destacamentos, gracias a un eficiente sistema de comunicaciones.

Lograron así superar la guerra fronteriza y penetrar y actuar en la profundidad del territorio nacional, coordinándose en la práctica, en ocasiones, con las fuerzas de ARDE, que operaban desde el sur. Como consecuencia de estos avances contrarrevolucionarios, los costos económicos de la agresión militar directa se incrementaron en 1983 y 1984, en un 400% y 600% respectivamente, en relación a los de 1982. En 1984, año cumbre del accionar antisandinista, la contrarrevolución ocasionó daños materiales equivalentes al 70% de las exportaciones de Nicaragua y se llegaron a reportar 1.500 encuentros armados, un equivalente a 4 diarios, con gran iniciativa de estas fuerzas, a diferencia de los combates actuales, en donde la iniciativa siempre es del ejército sandinista. Los enfrentamientos de MISURA y de MISURASATA con el ejército sandinista en la Costa Atlántica fueron parte de una misma ofensiva.

A la par, y siempre en 1984, el frente político-ideológico buscaba abrirse paso en la región del Pacifico y en las principales ciudades, como un paso previo a la realización de acciones militares en estos lugares. La Coordinadora Democrática Nicaragüense (CDN), coalición de partidos de orientación reaganista, aprovechó la campaña electoral para fustigar fuertemente al FSLN y llamar al diálogo del gobierno con la contrarrevolución. La Jerarquía católica se pronunció también por un "diálogo de reconciliación nacional", revistiendo su propuesta de argumentaciones cristianas. El año anterior los obispos habían deslegitimado al gobierno al implementar éste el servicio militar obligatorio, instrumento estratégico para poder enfrentar la agresión.

Como reverso de una misma moneda, la CDN se pronunció por la abstención electoral como medio para evitar la legitimación del sandinismo, mientras que la Jerarquía católica emitió un nuevo documento -éste similar al que lanzó en las últimas elecciones del somocismo (1974), cuando la consigna opositora fue "No hay por quien votar"-. Durante todo el período pre-electoral, el diario "La Prensa" actuó como el vocero de la CDN y de la Jerarquía eclesiástica.

De esta manera se complementaba el accionar político-militar en la región central y atlántica del país con el accionar político-ideológico en el Pacifico. Mientras, Reagan mantenía en alto la amenaza de una intervención directa. La búsqueda del doblegamiento político-diplomático de la revolución por la vía de un diálogo con la contrarrevolución la hacía también el llamado "triángulo de Tegucigalpa" -Honduras, El Salvador, Costa Rica-, como una forma de presión en el contexto de las negociaciones del Grupo de Contadora.

Por todos los frentes, la revolución nicaragüense estaba acosada por Reagan y los aliados del monroismo reaganiano.

La respuesta militar sandinista

Nicaragua respondió en todos los frentes a la agresión estadounidense. Especialmente, en el militar. Hasta 1983, la defensa militar contra las fuerzas irregulares contrarrevolucionarias había estado a cargo, primeramente, de las unidades de Lucha contra las Bandas Somocistas (LCBS) y, posteriormente, de los Batallones de Infantería de Reserva (BIR).

Las primeras eran pequeñas unidades, adecuadas a las características iniciales que tuvo la contrarrevolución: bandas dedicadas al robo, a asesinatos políticos, etc. Al crecer el asedio en 1982, las LCBS fueron sustituidas por los BIR. Estos estaban conformados por milicianos voluntarios, movilizados por un período de 4 a 8 meses. Los milicianos -generalmente, jóvenes de las ciudades- contaban con una limitada preparación e insuficiente experiencia en las tareas militares y en el conocimiento del mundo rural. Pese a que los BIR lograron neutralizar significativos planes de la FDN, la contrarrevolución comenzaba ya a tener la iniciativa de la guerra.

En 1983 la escalada militar amenazaba con rebasar a los BIR. En ese momento, Nicaragua, que había desatinado sus mejores fuerzas militares a la preparación frente a una eventual invasión norteamericana, tuvo que fortalecer su estrategia militar para enfrentar adecuadamente a la guerrilla contrarrevolucionaria. Era la contrapartida, en el campo de batalla, del progresivo esclarecimiento que se producía en las oficinas de Washington, en parte, como un grupo de la disuasión nicaragüense. Si la Casa Blanca sustituía la estrategia de una intervención directa por la de una guerra irregular manteniendo siempre en el trasfondo la amenaza interventora, Nicaragua debía también reacomodar su estrategia.

La nueva etapa militar iniciada por los sandinistas a fines de 1983 buscó combinar factores políticos y militares. La revolución sandinista comenzó a socavar la incipiente base social que la contrarrevolución había ganado en el campo y a fortalecer la propia. Para ello reorganizó sus propias estructuras, facilitando la implementación coordinada de diversas medidas en un único plan de acción. Buscó fortalecer, de manera especial, la alianza con el campesinado sin tierra, un tanto descuidada por efecto de la política de unidad nacional, que quiso respetar a los grandes empresarios productivos.

La reforma agraria avanzó significativamente en la entrega de tierras, al mismo tiempo que se ofrecía garantías jurídicas para que los pequeños parceleros sintieran aseguradas sus propiedades. En 1983 y 1984 se incrementó la entrega de títulos a familias campesinas en un 100% y un 500% respectivamente, en comparación con lo entregado en 1982. Al mismo tiempo, se fue haciendo un esfuerzo para reanudar una serie de servicios económicos y sociales en el área rural, sirviéndose de las base militares de apoyo operacional que el ejército sandinista iba estableciendo en la medida en que incrementada su presencia territorial. En otros casos, de más difícil manejo político, se prefirió el reasentamiento de algunas poblaciones. Todas estas medidas, aunadas al efecto negativo que causaban entre los campesinos las tácticas de asesinato indiscriminado de civiles, fueron debilitando sustancialmente a la FDN.

Cuadro 1


Al mismo tiempo, los sandinistas buscaron ampliar cualitativamente su capacidad operativa militar. En octubre/83 se aprobó la Ley del Servicio Militar Patriótico, obligatorio por dos años para los jóvenes entre 18 y 25 años. El incremento numérico de efectivos jóvenes y el intensivo entrenamiento permitieron mejorar sustancialmente el poder de fuego sandinista. Los Batallones de Lucha Irregular (BIR), formados con los jóvenes reclutas, se convirtieron en las principales unidades militares en la guerra de contrainsurgencia.

Complementariamente, se fueron conformando base de apoyo operacional del ejército, que permitieron controlar mayores extensiones de terreno. La organización territorial de las milicias -con base en su lugar de vivienda o de trabajo- vino a completar el incremento del área bajo control permanente d las fuerzas militares de la revolución (cuadro 1).

Con los avances en la alianza con los campesinos, con una mejor cobertura territorial y con el incremento del volumen de fuego, a lo que hay que añadir mejoras en la técnica aérea (los helicópteros MI-17 y MI-25) y en la artillería (BM-21), la contrarrevolución comenzó a entrar, desde 1985, en un declive estratégico. La FDN vio reducirse su tropa, de aproximadamente 15 mil hombres en 1984, a 10 mil en 1985 y a 6.500 a finales de 1986.

Los costos económicos de la agresión militar directa disminuyeron en 1985 en un 30% y en 1986 en un 50%, en relación a los de 1984. En 1986, en el 90% de los choques armados entre la contrarrevolución y los sandinistas éstos últimos tuvieron la iniciativa persiguiendo a la contrarrevolución en terrenos en que antes resultaban impunes. Hay que señalar que en todo el proceso de la guerra, las fuerzas de la FDN -aún en sus mejores momentos- no pudieron nunca tomar ciudades o poblaciones de importancia. 1987 ha seguido confirmando la tendencia al declive estratégico de la contrarrevolución.

La contraofensiva política

Entre tanto, en la Costa Atlántica, los grupos de MISURA y MISURASATA sintieron también el impacto de la nueva ofensiva militar. Actualmente, se les puede considerar ya en fase de extinción. Un nuevo y pequeño grupo, KISAN guerrerista, ha tratado de reagruparlos para mantener en la Costa la presencia armada contrarrevolucionaria. En la Costa ha sido el factor político el que más ha debilitado a los grupos étnicos armados. El sandinismo fue asimilando la importancia del factor étnico en esa región y modificando, en consecuencia, su política.

Desde finales de 1983 se declaró una amnistía general para cualquier costeño involucrado en cualquier actividad contrarrevolucionaria. En 1984 se iniciaron conversaciones entre los sandinistas y los alzados en armas y - más decisiva que ninguna otra medida desde finales de 1984 se inició el proceso que recogería en una ley las legítimas demandas de las étnicas costeñas, que en conjunto se expresan en la autonomía regional. Un largo y complejo proceso de discusión en las bases precedió la aprobación del proyecto en la Asamblea Multiétnica celebrada en abril de 1987.

La Ley de Autonomía de la Costa Atlántica

1.- Se establecerán dos Regiones autonómas, una en el norte y otra en el sur. Otras zonas que tradicionalmente han formado parte de la Costa Atlántica se incorporarán a su respectiva Región autonóma.

2.- Las Comunidades de la Costa gozarán de un régimen de autonomía que garantizará sus derechos históricos: uso oficial de sus lenguas, preservación de su religión y cultura, formas de propiedad y transmisión de tierra, educación bilingüe-bicultural, beneficios de recursos naturales, etc.

3.- Las Comunidades de la Costa forman parte del Estado de Nicaragua con todos los derechos y deberes correspondientes.

4.- Las autoridades superiores de las regiones autónomas serán, en sus respectivas esferas, el Consejo Regional y el Coordinador Regional.

5.- El Consejo Regional, formado por un número de 30 a 50 representantes de todas las étnicas, será escogido popularmente en elecciones convocadas y dirigidas por el Consejo Supremo Electoral para un período de cuatro años.

6.- El Consejo Regional elegirá de su seno al Coordinador Regional, cargo compatible con el de Representante Presidencial con funciones ejecutivas.

7.- El Consejo Regional administrará un presupuesto que consistirá en impuestos regionales, transferencias del presupuesto nacional y un Fondo Especial de Desarrollo proveniente de recursos internos y externos.

La revolución asume las demandas indígenas

Al asumir la revolución las reivindicaciones indígenas, la lucha armada ha ido perdiendo su sentido. En estos años, 1.200 hombres, alentados por sus familiares, se han acogido a la amnistía, sobre un total de aproximadamente 3 mil que en 1985 estaban enrolados en las diversas organizaciones indígenas armadas. Otros 500 se han integrado en KISAN por la paz, que funciona como milicia territorial revolucionaria. Así, la población costeña ha entrado en una fase lenta pero de creciente estabilidad (ver recuadro).

Combinando lo político y lo militar, los sandinistas han defendido la región central y atlántica de Nicaragua, logrando revertir de esta manera los planes de Washington. A su vez, la gestación y desarrollo de todos estos avances del sandinismo tuvieron un impacto sobre la región del Pacífico, donde el plan contrarrevolucionario era inicialmente político. Pero en la medida en que la opción militar contrarrevolucionaria entraba en un declive, las posibilidades de formar un frente político coordinado con los grupos armados se dificultaba. La contrarrevolución ha tenido siempre dificultades para presentarse como una alternativa política viable.

En su accionar militar defensivo el sandinismo fue tomando, de una forma casi necesaria, la ofensiva política. En la región central del país reencontró al campesinado y lo fortaleció como una de las clases estratégicas del proceso revolucionario. En el Atlántico se abrió el mundo étnico, apuntalándolo como factor motriz de la región. Aunque ambas alianzas tendrán que ser paulatinamente consolidadas, es claro que la iniciativa política la han tenido los sandinistas. En el Pacifico -y en las principales ciudades del país- el sandinismo buscó neutralizar el plan político reaganiano fortaleciendo la democracia participativa y la representantiva.

Los sandinistas han sido siempre críticos de aquellos regímenes políticos que absolutizan la democracia representantiva e intentan imponerla en Nicaragua. A cambio, piensan que es necesario avanzar en una democratización económica de la sociedad, que implica, especialmente en sociedades subdesarrolladas como la nicaragüense, la democracia participativa. La lucha por la democracia económica en el país requiere de una amplia participación popular.

Esta forma primaria de democracia no niega -para los sandinistas- la democracia representativa, sino que contribuye a ella, especialmente -aunque no exclusivamente- si se realiza entre fuerzas políticas divergentes, pero que compartan el objetivo global de la nueva sociedad que se va a construir, en el caso de Nicaragua basada en el antisomocismo y el antiimperialismo. El sistema de partido único -predominante hasta ahora en los proceso de transición al socialismo- ha sido fuente directa de burocratización y un obstáculo importante para la democracia efectiva.

En la ofensiva política contra el reaganismo, Nicaragua ha buscado articular ambas formas de democracia orientándolas al beneficio de las mayorías. Después de la insurrección, se han producido importantes movilizaciones con participación popular masiva en campañas de alfabetización y de salud, integración a las milicias, cortes anuales de café, preparación militar ante las amenazas de invasión directa -especialmente en marzo/82 y noviembre/83- y ante la campaña electoral de 1984.

En esta última, el FSLN tuvo que enfrentar la pretensión y la posibilidad real de que la oposición reaganista -la CDN- montara un frente interno de carácter político, articulado con la contrarrevolución armada, que atravesaba aquel año por su mejor momento. Fue la democracia participativa la que decidió el éxito sandinista en los resultados electorales de la democracia representativa. Viendo venir estos resultados adversos, Washington y la CDN optaron por boicotear las elecciones, proclamando la abstención y tratando de deslegitimar por todos los medios los comicios. Pretendiendo ganar en el terreno internacional lo que veían perdido en el terreno interno. Pero la realización y los resultados de las elecciones fortalecieron internacionalmente a la revolución e internacionalmente hicieron perder espacio político a la CDN.

El FSLN ganó las elecciones con el 63% de los votos depositados. Los partidos de oposición obtuvieron en conjunto el 31% de los votos. Un 27% de estos votos correspondieron a los 3 partidos de centro-derecha y el restante 4% a los 3 partidos de izquierda que se oponen al FSLN. Los resultados mostraron la hegemonía del sandinismo en el proceso revolucionario nicaragüense, a la vez que un peso pluralista significativo de los partidos opositores (ver cuadro 2). Asistió a las urnas un 75.4% de los ciudadanos inscritos, lo que, además de desbaratar la acusación de que serían unas "elecciones plebiscitarias" -en este tipo de elecciones hay un 95% de asistencia a los comicios y un por ciento similar que vota por el partido de gobierno-, mostró una participación ciudadana comparable al promedio de la que sea da en las democracia tradicionales. (En Estados Unidos, en 1960, votó el 60% de los ciudadanos inscritos y es porcentaje no ha subido en ninguna de las elecciones posteriores).

Numerosas organizaciones internacionales -delegaciones del Parlamento Europeo, de la Internacional Socialista, de Iglesias europeas y de Norteamérica, etc.-, con los más diversos matices ideológicos, coincidieron en la honestidad del proceso electoral.

De esta manera, el espacio político opositor fue ganado y ocupado por los partidos que aceptaron participar en las elecciones y oponerse así, en las urnas, al sandinismo. Con el golpe electoral se inició el declive estratégico de la contrarrevolución política.

Cuadro 2


El conflicto religioso en la política

Contradiciendo las previsiones de Washington, la Jerarquía católica no llenó consistentemente el espacio político que los partidos reaganianos fueron incapaces de forzar. La razón principal fuer que la Jerarquía no logró cohesión política entre los fieles católicos a causa de la presencia entre ellos de una vital corriente de pensamiento y de organización conocida como "Iglesia de los Pobres".

De haberse logrado esta cohesión política, la dinámica de confrontación Jerarquía-Estado se habría agudizado y las medidas gubernamentales para frenar las intenciones políticas de la Jerarquía tendrían que haber sido más fuertes y, pro eso, mayores los costos políticos internos o internacionales que el sandinismo hubiera tenido que pagar.

La Iglesia de los Pobres, sustentada en la teología de la liberación, ya había sido señalada por Reagan como un peligro desde el inicio de su primera mandato. "La política exterior de Estados Unidos -decía el Documento de Santa Fe- debe empezar a contrarrestar, y no sólo a reaccionar en contra, la teología de la liberación, tal como es utilizada en América Latina por el clero a ella vinculado".

A pesar de que en su visita a Managua, el Papa Juan Pablo II atacó duramente a lo que él llamo "Iglesia Popular", la Iglesia de los Pobres de Nicaragua no se reconoció en la caracterización hecha por el Papa y, por tanto, no asumió las consecuencias críticas del mensaje papal. La Iglesia de los Pobres logró resistir la fuerte ofensiva lanzada desde la Iglesia jerárquica contra ella en el período 82-84 y, a partir de 1985, con el Ayuno por la paz convocado por el Padre Miguel D'Escoto, consolidó su estructura orgánica e incrementó su presencia. A la vez, la misma Jerarquía Católica fue mostrando durante esos años -pese al intento de mantener una unidad formal- significativas diferencias entre un sector moderado y otro radicalmente conservador.

El sandinismo fijó su posición oficial ante el hecho religioso en 1980. En aquel documento reconocía el "derecho inalienable" de las personas para profesar una fe religiosa. Pero fue más allá, al afirmar que, aunque algunos autores -Marx, Lenin...- han afirmado que la religión es un "mecanismo de alienación que sirve para justificar la explotación de una clase sobre otra", la experiencia sandinista demuestra que "cuando los cristianos, apoyándose en su fe, son capaces de responder a las necesidades del pueblo y de la historia, sus mismas creencias los impulsan a la militancia revolucionaria".

Desde entonces, los sandinistas, en contrapartida a las posiciones de Reagan, buscaron tomar la ofensiva en un campo que, en los proceso de transición, ha sido tradicionalmente hegemonizado por la contrarrevolución. Conscientes de este riesgo avalado por la historia, la misma declaración oficial de 1980 señalaba que si "actividades religiosas populares" trataban de ser transformadas en "actos políticos contrarios a la Revolución", ésta se reservaba el derecho de defenderse políticamente de estos ataques políticos.

Sobre estos lineamentos básicos -aunque cometiendo a veces incoherencias y errores- el sandinismo ha tratado de enfrentar a lo largo de ocho años el complejo fenómeno socio-religioso nicaragüense.

La dinámica intra-eclesial entre los dos modelos de Iglesia, el tratamiento sandinista al hecho religioso y la tendencia general -desde 1985- al declive estratégico de la contrarrevolución armada, parecen haber provocado un reciente cambio en las posiciones vaticanas hacia Nicaragua. La política de confrontación abierta, simbolizada solemnemente en la visita del Papa a Managua en marzo/83, parece haber sido sustituida por un diálogo negociador. Esto empezó a materializarse con la llegada al país del nuevo Nuncio Apostólico en julio de 1986 y con el inicio de sesiones de diálogo entre la Jerarquía y el Gobierno desde fines de 1986.

Aunque los resultados de ese diálogo pueden ser muy importantes los factores que lo hicieron posible -la vitalidad de la Iglesia de los Pobres, el creativo tratamiento sandinista al hecho religioso y el declive contrarrevolucionario- son los que marcan las tendencias estratégicas en el tema religioso.

Declaración del FSLN sobre la Religión (octubre 1980)

1.- Los cristianos revolucionarios son parte de la historia revolucionaria y de la Revolución Sandinista desde hace muchos años.

2.- La profesión de la fe religiosa es un derecho inalienable de las personas y está garantizada por el gobierno revolucionario.

3.- La experiencia sandinista demuestra que es posible ser creyente y revolucionario a la vez, sin contradicción : entre ambas prácticas.

4.- La militancia sandinista es un derecho reconocido sin discriminación religiosa.

5.- El proselitismo religioso no cabe dentro del marco partidario. Fuera de ese marco, todos tienen la libertad de expresión pública sin menoscabar esto su militancia sandinista.

6.- Existe respeto por las celebraciones religiosas y tradiciones religiosas del pueblo. Por tal razón, se alerta sobre la utilización de las mismas con fines políticos o comerciales.

7.- La interpretación de los aspectos religiosos sólo incumbe y compete a las distintas Iglesias y a los cristianos.

8.- Las divisiones en el seno de la Iglesia no son provocadas por el FSLN, sino que deben buscarse sus causas en los mismos cristianos, dentro de las mismas Iglesias y en la historia de la Iglesia en su conjunto.

9.- La participación en la conducción de los asuntos políticos del país es un derecho de todos los ciudadanos nicaragüenses, independientemente de su credo.

10.- El Estado revolucionario es un Estado laico, que representa a todo el pueblo, creyente o no creyente.

La nueva Constitución ha ratificado el espacio religioso

El espacio religioso, abierto y consolidado en la revolución con ratificación constitucional ("vital para el concepto de libertad política", según el Documento de Santa Fe) se conjuga entonces con los proceso de democracia participativa y representatividad, abiertos por la revolución nicaragüense, fortaleciéndose así en conjunto la democracia real (ver recuadro).

Toda forma de pluralismo encuentra límites. Y en Nicaragua estos vienen dados por la agresión estructural a que es sometido el país. Los tiempos de guerra no son los más propicios para el desarrollo pleno de la democracia. Las tareas de la defensa militar, aunque han madurado la conciencia política de la población, han dificultado -por el drenaje de cantidad y calidad de recursos humanos, porque se justifican errores con el hecho de la guerra, etc.- la calidad de la participación popular en áreas tan estratégicas como la sindical, la cooperativa, etc. Anthony Quainton, ex-embajador norteamericano en Nicaragua, declaró que "si participación es democracia, en Nicaragua hay mucha democracia". sin embargo, desde una perspectiva popular, la democracia participativa tiene aún mucho terreno por delante, especialmente en la medida en que la paz se vaya imponiendo sobre la guerra.

Lo mismo puede decirse de la democracia formal. Pese a errores reales cometidos en ese campo por los sandinistas, la causa fundamental de las limitaciones impuestas a los medios escritos y hablados, a la movilización de ciertos partidos, a las actividades de los jerarcas eclesiásticos, etc., ha de buscarse en la lógica de la guerra.

La dinámica tendencial de la democracia revolucionaria en Nicaragua muestra que, más que una concesión hecha a sectores internacionales o nacionales, más que una táctica, la democracia ha sido condición necesaria para la sobrevivencia y para la misma profundización de la revolución. Las movilizaciones populares urbanas -con el arma o con el voto-, el acercamiento al campesinado, la incorporación de las realidades étnicas y la incorporación de los elementos cristianos a la Revolución, se han combinado dialécticamente con el incremento del poder de fuego y con los avances militares que iniciaron y consolidaron el declive estratégico de la contrarrevolución reaganiana en losa tres teatros de la guerra: el Atlántico, el Pacifico y la zona central de Nicaragua.

La consolidación institucional

La Asamblea Nacional Constituyente, electa el 4 de noviembre 84, finalizó el 19 de noviembre de 86 la redacción de la Constitución. En ella se sientan las base jurídicas sobre las que se seguirá construyendo la nueva Nicaragua. La aspiración a la consolidación de la soberanía nacional, a la democracia real, a un orden internacional justo que engendre la paz y a una transformación social en favor de las mayorías constituyen la expresión jurídica más alta de los nuevos fundamentos sociales. La economía mixta, la democracia participativa y representativa y el no alineamiento son cauces, consagrados institucionalmente, para ir creando el modelo revolucionario nicaragüense.

La lucha militar política e ideológica librada dentro de Nicaragua entre el reaganismo y el sandinismo muestra, según lo que hemos analizado, dos claros períodos de
confrontación.

En el primero (1981-1984), la contrarrevolución logró avances significativos. Avanzó la guerrilla contrarrevolucionaria en la faja central del país, el complejo problema étnico fue una cuña antisandinista en el Atlántico y la contrarrevolución política y religiosa buscó avances significativos en el pacífico y en las principales ciudades del país.

En el segundo período (1984-1987), la revolución sandinista fue capaz de revertir todas estas tendencias. Apoyándose en el campesinado y adaptándose militarmente a formas irregulares de lucha, inició y fortaleció el declive estratégico de la contrarrevolución. Retomando las reivindicaciones étnicas, desmovilizó la insurgencia costeña e inició el fortalecimiento del poder popular en el Atlántico. Con la realización de las elecciones y la promulgación posterior de la Constitución, consolidó la hegemonía política sandinista, particularmente en el Pacífico y en las ciudades más importantes y, en general, en todo el país. La presencia de la Iglesia de los Pobres y su mayor organicidad a partir de 1985, unidad al tratamiento sandinista al hecho religioso y a la tendencia global del proceso de derrota de la contrarrevolución, logró neutralizar a la reacción eclesiástica, fortaleciendo así los valores culturales propuestos por el sandinismo y la nación.

El desgaste económico

Esta fuerte lucha, esta larga confrontación, ha desgastado en varios aspectos a los dos contendientes. Para el reaganismo, la intervención directa es ahora más costosa que al comienzo de la confrontación a causa de la consolidación de la revolución, del declive de la opción por la guerra irregular y del contra-reloj que supone el fin del segundo mandato de Reagan. El sandinismo ha resentido los costos de su victoria en el terreno económico. La agresión de Estados Unidos ha sido también una agresión económica. Y esta agresión se ha dado en el contexto de una crisis económica internacional que, ya de por sí, incide sobre la frágil y subdesarrollada base material heredada por la revolución. A esto hay que añadir, en menor medida, los errores en la conducción económica de los sandinistas.

Algunos indicadores de la crisis económica que vive Nicaragua fueron en 1986 una tasa de inflación del 657% (1*) (en 1985 fue de un 22% y en 1984 de un 35%); una gran inestabilidad laboral en el sector productivo, causada por la reducción del valor adquisitivo del salario que recibe la clase obrera (de 12.896 trabajadores industriales que había en el país 7.689 cambiaron de trabajo antes de finalizar el año); una captación de solamente 218 millones de dólares por exportaciones (en 1985 fueron 294 y en 1984, 385 millones); una fuga de sectores populares sector informal de la economía (más del 50% de la PEA se encuentra actualmente en este sector) y una creciente fuga del sector técnico-procesional hacia el extranjero. Sin divisas para importar insumos productivos y con dificultades para mejorar la inestabilidad laboral, se abren perspectivas de una más aguda espiral de escasez y de inflación.

La revolución sandinista considera que no es posible aspirar a la normalización económica mientras dure la agresión. El objetivo inmediato es únicamente contener el deterioro económico generalizado y obtener una mejora relativa en algunos aspectos. Este objetivo se conseguirá, según la dirección económica sandinista, con una mayor racionalización en el uso de los escasos recursos materiales, con la elevación del rendimiento productivo de los trabajadores -vinculado ésta a estímulos materiales- y con una mejor organización de la producción y los servicios.

Esta salida a la crisis no busca afectar la estructura básica de la economía mixta, en la que el sector privado participa con un 57% del PIB nacional (26% es de la gran producción empresarial capitalista y 31%, de la pequeña producción). El sector estatal genera un 43% del PIB (10% en la administración central y 33% en la producción de bienes y servicios). Administrando con coherencia los propios recursos y optimizando la cooperación de pueblos y gobiernos solidarios, se espera estar en capacidad de contener el deterioro económico hasta un nivel suficiente como para poder sostener y profundizar más aún el declive integral de la contrarrevolución. Este es el actual reto.

Para la agresión reaganista, el deterioro económico no es un fin en sí mismo. Es el medio con el que se espera obtener la desestabilización política y un debilitamiento del régimen sandinista tal que provoque su fin (ver recuadro).

Las organizaciones militares, religiosas, étnicas y políticas contrarrevolucionarias -como hemos visto- no han sido capaces de aprovechar hábilmente, para sus fines, las dificultades económicas. La razón principal parece estar en que, si bien la población nicaragüense protesta permanentemente por la situación económica e incluso culpa al gobierno sandinista por las limitaciones económicas, señalando sin cesar errores, carencias o corrupciones -a veces sin suficiente discernimiento entre la denuncia de la pobreza o del error culpable- (tres radios estatales dan cauce a esas críticas durante unas 15 horas diarias), encuestas representativas muestran que mas del 75% de la población ve en la guerra la causa fundamental de la crisis. Ese grado de claridad política estratégica, envuelta en una "cultura de la queja airada" es la que Washington ha interpretado erróneamente o no termina nunca de descifrar.

La conciencia popular tiene como asidero material para seguir apoyando a la revolución toda una serie de mejoras conseguidas por reformas urbanas y por la reforma agraria. Después del triunfo revolucionario, grandes áreas urbanas fueron invadidas por familias que presionaban por conseguirles donde edificar sus viviendas. Aunque estas movilizaciones no estaban planificadas, el sandinismo apoyó las iniciativas populares con programas de servicios: agua, luz y otras infraestructuras urbanas. En otros casos -proporcionalmente menores- limitaciones objetivas impidieron brindar ese apoyo institucional, pero se legitimó el acceso a los lotes de tierra.

Si unos mejoraron su vida con una vivienda nueva, otros vieron agilizar toda una serie de mecanismos jurídicos que habían sido entorpecidos por la corrupción somocista, y que les permitían ser dueños de las casas que habitaban.

Este acceso a una vivienda, pobre peor propia, que se produjo básicamente entre 1979 y 1983, benefició aproximadamente a un tercio de la población urbana. En el campo, la reforma agraria, al entregar y/o titular 2 millones 748 mil 609 manzanas, benefició a 92 mil 843 familias campesinas, el 51.6% de la población rural.


Cuadro 3



Cuadro 4


En los primeros años de la revolución se vieron también mejoras sustanciales en el campo de la educación, con el descenso del analfabetismo del 50.3% al 12.9% (sobre la población mayor de 10 años) y con la masificación de los servicios educativos, especialmente en zonas rurales.

En el terreno sanitario, se erradicaron enfermedades endémicas como la poliomielitis. Estos avances, conseguidos antes de que la agresión norteamericana recrudeciera en 1983 y en 1984 -excepto los grandes avances en la reforma agraria- han quedado grabados en la conciencia popular. Las dificultades y retrocesos vinieron después con la guerra. Por eso, hay una utopía incubada en el corazón del pueblo nicaragüense que concibe la guerra como un duro paréntesis que, cuando se cierre, permitirá el resurgimiento y el logro de todas las reivindicaciones. Es por eso que el descontento por la crisis económica no se ha transformado en ningún momento, de una manera mecánica, en una crisis política, ni siquiera en una seria desestabilización. Si el sandinismo lograr, no mejorar sino tan solo contener el deterioro económico, el país podría resistir, por varios años más, una eventual prolongación del conflicto (ver cuadros 3 y 4).

América Latina y Centroamérica ante el test de Nicaragua:
Contadora y el Grupo de Apoyo

El resultado de la confrontación Estados Unidos-Nicaragua librada dentro de Nicaragua se ha conjugado con la misma confrontación, pero en una dimensión internacional. La gestión de Contadora, iniciada en 1983 y apoyada desde 1985 por el grupo de Lima, es la principal expresión internacional de mediación en el conflicto buscando una solución negociada y pacifica. Contadora es posiblemente la experiencia negociadora que mas apoyo ha conseguido internacionalmente (ONU, Países No Alineados, Europa, países socialistas, América Latina y, formalmente, Estados Unidos).

Contadora reúne a un grupo de países latinoamericanos amigos y aliados de Estados Unidos pero que, al mismo tiempo, representa una renovada conciencia latinoamericana. Esa doble característica del grupo y la diversidad ideológica de los países que en todo el mundo apoyan esta iniciativa la ha convertido necesariamente en otro campo de batalla en la confrontación entre el sandinismo y el reaganismo.

México y Venezuela son los principales países que, con el apoyo de Colombia y Panamá conformaron inicialmente el grupo mediador. México lo hizo partiendo de su tradicional apoyo a las luchas por la autodeterminación nacional y la justicia social, y Venezuela, por su respaldo a los sectores políticos demócratas-cristianos envueltos en el conflicto centroamericano. El gobierno de México es opuesto al intervencionismo norteamericano y a la interpretación de conflicto Este-Oeste que la Administración Reagan asigna al conflicto. Venezuela está en contra de las opciones de cambio social. Opuesta también a la intervención norteamericana, aunque afín a las preocupaciones estratégicas de Washington. La convergencia fundamental de Contadora se encuentra en el principio de no intervención.

Contadora nace como un instrumento de consensos básicos. Inicialmente, se declara ajena a la discusión sobre el papel de Estados Unidos en los conflictos regionales, limitando su agenda al conflicto entre los diversos Estados centroamericanos. Si no hubiera sido así al comienzo, no hubiera sido posible el nacimiento de un proyecto diplomático común. Estados Unidos se hará presente a través de las posiciones de los gobiernos centroamericanos aliados a su política. Y por medio de ellos podrá ejercer presiones sobre Nicaragua, mientras que Nicaragua no podrá ejercer presiones directas sobre los Estados Unidos.

La trayectoria de Contadora ha discurrido entre presiones monroístas e iniciativas bolivarianas. En movimientos pendulares, Contadora preparó en 1983 un borrador de Acta que exigía el diálogo de Nicaragua con la contrarrevolución. Después, elaboró la primera versión del "Acta" para la Paz y la Cooperación en Centroamérica" en septiembre/84. Nicaragua aceptó ese texto, pero los restantes países centroamericanos lo rechazaron. Después en septiembre/85, propuso una segunda versión del Acta, que ni Nicaragua ni el resto de los países aceptó, aunque éstos culparon a Nicaragua por intransigente. En medio de fuertes presiones y tras 30 meses de iniciada la gestión, Contadora entró en ese momento en su más aguda crisis.

Hasta ese momento, Contadora fue un elemento clave para dificultar una eventual intervención de Estados Unidos en Nicaragua. Sin embargo, no pudo resistir con el mismo éxito la opción alternativa aún vigente de Washington: la guerra de los contrarrevolucionarios. Los países centroamericanos, aliados de esta opción, han buscado doblegar políticamente con ella a Nicaragua.

En el acta de 1984, aprovechando el diálogo abierto en Manzanillo ente Estados Unidos y Nicaragua iniciado por conveniencias electorales de Reagan, Contadora buscó comprometer a Washington en la firma de un protocolo adicional al Acta. En él, Estados Unidos se comprometía a actuar en armonía con el acuerdo de paz que se consiguiera entre los centroamericanos. Después de la reelección de Reagan y tras la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de 27 millones de dólares para la contrarrevolución, el Acta de 1985 no contenía ya exigencia ninguna concreta para el gobierno de Estados Unidos.

Nicaragua se vio desafiada a revertir la ofensiva reaganiana en el ámbito internacional como lo estaba haciendo en el ámbito interno. Negándose a firmar el Acta de 1985, obligaba a Contadora a elegir: a definirse como un instrumento de presión unilateral contra Nicaragua o a reafirmarse en un neuvo etilo de negociación. "El sueño de Bolívar, Hidalgo, Martí, Sandino, una América Latina unidad en defensa de la autodeterminación, la independencia y la paz, exige hoy más que nunca la hidalguía de sus gobernantes -afirmó entonces el Presidente Daniel Ortega-. Si los Estados Unidos están agrediendo con nombre y apellido a Nicaragua ¿por qué América Latina no se va a atrever a demandar a Estados Unidos, con nombres y apellidos, para que cese su política contra Nicaragua?". Nicaragua apeló al bolivarismo latinoamericano.

En ese momento, pese al desgaste que sufría el presionado grupo de Contadora, existían condiciones materiales para un nuevo resurgir de la conciencia latinoamericanista a causa del grave problema de la deuda externa y por el hecho político del proceso de redemocratización en el subcontinente. La Administración Reagan, concentrada en sofocar las reivindicaciones de los pueblos centroamericanos desatendía importantes reinvidicaciones de los gobiernos latinoamericanos. La presión social se ha agudizado en países verdaderamente estratégicos como Brasil, México, Argentina y Perú, debido a la pesada carga que les impone el servicio de sus gigantescas deudas, la fluctuación a niveles muy elevados de las tasas de interés y la crisis mundial.

En muchos de esos países han recuperado recientemente el poder gobiernos democráticos, en sustitución de dictaduras militares. La crisis económica pone en peligro a esos nuevos gobiernos. Eso explica que países como Argentina, Brasil, Uruguay, Colombia, Venezuela y México hayan formulado llamados al gobierno estadounidense para que encuentre formulas de entendimiento para una mejoría económica. Peor la Administración Reagan ha permanecido sorda a esas reivindicaciones, de la misma manera que no ha atendido a las demandas populares en Centroamérica y Nicaragua. La causa común de ambas sorderas es el monroísmo reaganiano. Es evidente que una eventual victoria de la Administración Reagan en Nicaragua fortalecería esa tendencia, dificultando aún más la situación en América Latina. De ahí la necesidad de fortalecer la alternativa negociadora entre Managua y Washington, que indudablemente repercutiría en la búsqueda más global de una nueva relación entre "las Américas".

Es en este contexto que Nicaragua se niega a firmar el Acta de 1985, obligando al Grupo de Contadora a redefinirse. Los cuatro países que componían el Grupo se habían visto apoyados desde agosto/85 por el Grupo de Lima, compuesto por Perú, Uruguay, Brasil y Argentina. Los ocho gobiernos envueltos ahora en la mediación representan al 90% de la población latinoamericana. El Grupo de Limay oxigenó a Contadora y en enero/86, se firmó el "Mensaje de Caraballeda para la Paz, la Seguridad y la democracia en América Latina".

El Mensaje de Caraballeda insiste en una solución latinoamericana a los conflictos, en el respeto a la autodeterminación de los pueblos, en el impulso de la democracia y a la desmilitarización del área centroamericana y en la necesidad de que todos los países del continente americano apoyen el proceso de paz sobre esas bases. Los países de Contadora y Lima ofrecían sus buenos oficios para "impulsar la reanudación de las conversaciones entre los gobiernos de Estados Unidos y Nicaragua, con el fin de dirimir sus diferencias e identificar posibles entendimientos". Caraballeda marca el fin de una etapa y el comienzo de otra -no exenta de tensiones y fracasos parciales- en la conciencia del grupo de Contadora. La ofensiva monroísta que marcó el primer período fue claramente sustituida por la posición bolivariana, que caracteriza el segundo. Nicaragua, forzando la redefinición de Contadora buscó empalmar tendencialmente el proceso internacional de búsqueda de la paz con el proceso interno de declive de la contrarrevolución militar y política.

Tras Caraballeda, Contadora y el Grupo de Lima se atreven a enfrentar diplomáticamente a la Administración Reagan. Los cancilleres de América Latina se reúnen con Shultz, Secretario de Estado norteamericano, pidiendo el cese de la ayuda a la contrarrevolución, y un sector del Partido Demócrata, encabezado por Thomas O'Neill, se acerca a la opción de Contadora par enfrentar con ella en el Congreso a la Opción Reagan. Ninguna de esas dos acciones fructifican.

Contadora, buscando arrancar algunas concesiones a Nicaragua, entrega a la ONU y a la OEA, en junio de 1986, una tercera versión del Acta de Paz que incorpora los principios de Caraballeda. Aunque posteriormente la acción de Contadora se vio obstaculizada al aprobar el Congreso norteamericano 100 millones para la contrarrevolución, también en junio/86, ésta volvió a la carga en enero/87. En esa ocasión, aprovechando la debilidad relativa de Reagan causada por la crisis del Irán/Contragate, Contadora buscó seguir avanzando hacia la paz en medio de las presiones. En abril/86 Contadora y el Grupo de Lima apoyaron la Cumbre de presidentes centroamericanos en Guatemala considerándolo parte del proceso de negociación que ellos auspician y actualmente realizan consultas para elaborar e implementar un plan de apoyo económico a Nicaragua.

Centroamérica diversifica su posición

Así como en América Latina se produjo en estos ocho años una creciente conciencia y una unidad latinoamericana para buscar la solución política en el conflicto centroamericano, en la misma Centroamérica, con ritmos distintos y por causas muy distintas ocurrió algo que, tendencialmente, fue ligándose con los planteamientos negociadores de la gestión de Contadora y del Grupo de Limay.

Tras su ascenso al poder, Ronald Reagan fue regionalizando el conflicto, dándole a cada país de Centroamérica un papel a jugar dentro de su estrategia general de guerra. A Honduras le asignó el rol de peón militar y a Costa Rica le fueron asignadas tareas políticas en el marco de las presiones sobre Nicaragua. Conforme avanzaba el tiempo, la Administración Reagan iba doblegando cada vez más la voluntad de los gobiernos centroamericanos, que de por sí no era ya muy fuerte, dada la tradicional dependencia que estos países han mantenido de la tutela de los Estados Unidos.

Vinieron entones inyecciones económicas, militares, presiones políticas, etc. Centroamérica, a excepción de Nicaragua naturalmente, se fue configurando, de alguna forma, como un solo bloque -Guatemala, por razones internas escapaba en algunas ocasiones de él-. Y este bloque llegó a tener incluso expresiones concretas como el Foro pro Paz y Democracia y la Comunidad Democrática Centroamericana, que se quisieron crear en Costa Rica. Todas ellas, expresiones de debilidad centroamericana ante esta creciente ofensiva de Reagan. La unidad en la docilidad se hacía patente, además, en las presiones que los países centroamericanos en bloque hacían dentro del Grupo de Contadora, presiones que coincidían con las posiciones de la Administración Reagan. El ejemplo más claro fue la presión que ejercieron para que Contadora asumiera en el texto de su Acta el diálogo del gobierno de Nicaragua con la contrarrevolución armada. Otras presiones en el campo militar o e el de la "democracia" fueron hechas por estos países dentro de la negociación de Contadora.

Cuando Contadora logró resistir a esas presiones centroamericanas, para poder desarrollar una mediación adecuada, los países centroamericanos, también unidos en bloque -excepto en algunas ocasiones Guatemala-, trataron de boicotear todo el proceso de Contadora, en consonancia con las posiciones de la Administración Reagan, que prefería la muerte de Contadora a un mal arreglo para sus intereses. Hay que llegar a 1986 para que surjan una serie de factores que provocarán cambios significativos en las posiciones centroamericanas. El factor predominante fue la derrota estratégica que la contrarrevolución estaba sufriendo en Nicaragua.

Esto creó problemas inmediatos en los países vecinos a Nicaragua, Honduras y Costa Rica. La contrarrevolución golpeada, causaba cada vez mayores problemas en las zonas fronterizas y eso repercutía en el conjunto de las sociedades vecinas. Al mismo tiempo, la posición de estos países quedaba más y más en entredicho por servir de base de apoyo a fuerzas irregulares descalificadas internacionalmente. Esto se hizo aún más evidente después del fallo de la Corte Internacional, cuando Nicaragua, como un segundo momento de su demanda, acusó a Honduras y a Costa Rica de apoyar la política norteamericana, juzgada como ilegal por la Corte.

Siendo cada vez más insostenible militarmente la opción contrarrevolucionaria, los gobiernos centroamericanos comenzaron a ver que no sería ese el camino viable par derrocar al sandinismo. Paralelamente, veían que la opción alternativa -una eventual intervención militar norteamericana- tendría costos significativos para todos los países centroamericanos. El anhelo de paz fue el factor fundamental que hizo que el Presidente Arias triunfara en las elecciones de Costa Rica en 1985 sobre su rival, Calderón Fournier.

El presidente Vinicio Cerezo buscó también reconstruir, mediante la imagen de un liderazgo centroamericano basado en la paz, la deteriorada imagen que los gobiernos militares antecedentes habían proyectado en el mundo de Guatemala. Honduras, por su parte, había dejado ya atrás las posiciones intervencionista y ultra-militaristas del General Gustavo Alvarez, sustituyéndolas por posiciones menos radicales de otros militares. La economía de Centroamérica, ya golpeada por al crisis económica y las tensiones políticas, veía en una guerra regional la destrucción definitiva de los lazos económicos intrarregionales. Es evidente que las tensiones que se crearon con la contrarrevolución en derrota fueron un factor que propició variaciones importantes en Centroamérica.

Un segundo factor fue la victoria de los demócratas en las elecciones de Estados Unidos de noviembre de 1986. El hecho de que alcanzaran la mayoría en el Senado y la incrementaran en la Cámara de Representantes, fue el primer signo de declive político de la Administración republicana. Todo esto se vio fortalecido cuando a finales de 1986 estalló la ilegalidad con el escándalo Irán/Contragate, poniendo aún en mayores dificultades a la administración republicana.

Debilitada en los mismos Estados Unidos la opción de Reagan y fortalecido el Partido Demócrata en su oposición, se abrían posibilidades para una nueva política estadounidense hacia la región. Un sector del Partido Demócrata, encabezado por Christopher Dodd, comenzó a impulsar esas nuevas políticas. Hasta el momento una de las más grandes debilidades en Estados Unidos había sido la impotencia de los demócratas para plantear un plan alternativo para Centroamérica que salvaguardar los legítimos intereses de Estados Unidos a la vez que promoviera la coexistencia con formas de gobierno distintas a las impulsadas tradicionalmente por los Estados Unidos en el área.

Estos factores -la derrota de la contrarrevolución, el triunfo demócrata en Estados Unidos, el escándalo Irán/Contragate y el hecho de que los demócratas, o al menos un sector del partido, comenzara a articular un nuevo y posible plan alternativo al de Reagan- posibilitaron el emerger de nuevas posiciones en Centroamérica, tras las elecciones que llevaron al poder a Arias y a Cerezo. Estas nuevas posiciones se expresan de la manera más clara en las variaciones del Presidente Arias, que inicialmente buscó los mismos objetivos que Reagan aunque por caminos distintos -no presiones militares, sino presiones diplomáticas y políticas- pero que impulsado por estas cuatro factores varió más aún. Y de ser su Plan una mera variante del plan Reagan comenzó a ser en la segunda versión una variante -conservadora, si se quiere- del plan Contadora. Todo esto ha supuesto un significativo cambio en Centroamérica.

El presidente Arias fue apoyado en su plan por el Presidente Cerezo. El gobierno de Guatemala, considerando que poco podía salir ganando en una guerra regional -donde seguramente resurgiría con fuerza la guerrilla de la URNG y la economía del país entraría en una profunda crisis- aunó esa percepción al deseo de proyectarse ante el mundo como líder de la paz en el área. Un conjunto de factores permitió que las voluntades de Arias y de Cerezo se coincidiera, planteando ambos una nueva alternativa centroamericana y rompiendo -y eso es lo más importante- la tradición unitaria de Centroamérica que es la primera etapa se había venido conformando.

Honduras, con posiciones cada vez más matizadas por las presiones del pueblo hondureño, contrario a la presencia contrarrevolucionaria en su territorio no logró sin embargo el margen de autonomía mínimo para poder apoyar estos esfuerzos.

El presidente Duarte, en El Salvador, con un FMLN readaptado a nuevas tácticas, difícil de vencer y en proceso de crecimiento y fortalecimiento, tampoco podía lograr un mínimo de independencia en relación a Estados Unidos, que sostiene la guerra que su gobierno libra contra la guerrilla.

Así, Costa Rica y Guatemala se separaron de El Salvador y Honduras y esto obstaculizó las posibilidades de una salida regional e inmediata al conflicto que fuera contraria a los intereses de Nicaragua. Tendencialmente, Centroamérica ya no esta unida en torno a Reagan. Incluso, las posiciones de Reagan tiende a estar en desventaja en Centroamérica. De cinco países, sólo dos los apoyan incondicionalmente. Independientemente, del futuro inmediato que pueda tener el Plan Arias, su trasfondo fundamental es la opción por una salida política. Y por eso empalma con la gestión de Contadora. Todo este proceso de reacomodos significa, en su base, un debilitamiento de las posiciones de guerra de Reagan.

De esta forma, pues, con matices muy diversos a los de la América Latina que integra Contadora y Apoyo, Centroamérica ha evolucionado hacia nuevas posiciones. Las posibilidades de mediación de Contadora y las fisuras que para apoyar su gestión se han abierto en Centroamérica, tenderán a fortalecerse a mediano plazo si en Estados Unidos la política Reagan hacia Centroamérica continúa debilitándose por el escándalo Irán/Contragate.

Si el presidente Reagan no logra derrocar al gobierno de Nicaragua en los meses que le faltan de mandato, un nuevo gobierno de Estados Unidos podría emprender la revisión de la política Reagan hacia Nicaragua. Esto pudiera hacerse desde dos perspectivas: tanto si el gobierno sucesor de Reagan fuera un gobierno de orientación liberal, como si fuera un gobierno conservador, pero pragmático. En ambos casos, la negociación como un mecanismo para cambiar el rumbo irracional que para Estados Unidos ha representado la Administración Reagan parecería ser el mejor camino de solución a la prolongada crisis centroamericana.

Más cerca de la paz

Las tendencias generales que muestra el proceso nicaragüense a los 3 mil días de revolución coinciden en los resultados que en el ámbito interno y en el internacional ha tenido la desigual lucha sostenida por Nicaragua.

Tanto en uno como en otro ámbito hay un primer período, que abarca desde 1981 hasta 1984-85, en el que la Administración Reagan mantuvo la ofensiva en ambos terrenos. Pero, desde fines de 1984, y ya más claramente en 1985, esas tendencias lograron ser revertidas: dos de las tres salidas que están planteadas para resolver el conflicto de Estados Unidos con Nicaragua tienen ya serias dificultades par su implementación.

La intervención militar directa de Estados Unidos en Nicaragua, la prolongación del conflicto en forma de guerra irregular y la negociación que respete los derechos, tanto de Nicaragua como de Estados Unidos, son tres opciones, tres salidas, que no tienen en este momento igual grado de viabilidad o de racionalidad política.

Tras 3 mil días de revolución sandinista, la opción de la intervención militar directa se ha vuelto más y más difícil. Hay que tener en cuenta que Nicaragua, con el ejército sandinista y con la población armada y organizada para su autodefensa, lograría poner, en caso de esa intervención, a no menos de 200 mil hombres sobre las armas para enfrentarlas y resistirla. Algunos altos dirigentes sandinistas hablan incluso de que habría capacidad para movilizar hasta a 300 mil personas armadas. Esta perspectiva crea particulares dificultades a los Estados Unidos.

Porque después de una primera respuesta de resistencia, que se haría bajo formas convencionales y en los centros urbanos del Pacifico, la principal y fundamental forma de defensa de Nicaragua sería una guerra irregular de guerrillas y movimientos, que abarcaría tanto a los espacios urbanos como las montañas y llanos rurales. Nicaragua entera se convertiría en un inmenso campo de batalla. Expertos militares norteamericanos -cuya opinión recoge, por ejemplo, el mismo Informe Kissinger-, estiman que para poder vencer a cualquier fuerza guerrillera, la relación en favor de las fuerzas anti-guerrilleras debe de ser de 10 a 1. Esta correlación puede bajar si las fuerzas anti-guerrilleras tiene un grado de tecnología tal que permita suplir en parte la acción humana. Ciertamente, los norteamericanos tienen esa tecnología y podrían reducir por eso la relación de 10 a 1. Pero aún así, y suponiendo que sólo fueran 150 mil los nicaragüenses que resistieran armadamente en forma de guerrilla a la invasión, el número de hombres que tendría que emplear Estados Unidos sería muy grande.

Si Estados Unidos no pudiera aportar ese gran numero de efectivos -dados sus múltiples compromisos de defensa en tantos puntos del mundo- el conflicto, naturalmente, se prolongaría, lo que supondría el empatanamiento de las tropas norteamericanas en Nicaragua. Este empatanamiento tendría elevados costos políticos y sociales dentro de Estados Unidos para el gobierno que decidiera la invasión. La llegada constante de militares norteamericanos muertos en combate en tierras nicaragüenses sería un permanente elemento desestabilizador para la sociedad norteamericana.

Nicaragua tiene excelentes montañas para sostener una guerra de guerrillas. La gesta de Sandino lo demostró hace 50 años. Tiene también una población urbana, que sabe desenvolverse en situaciones de guerra y que ha tenido experiencia de varios insurrecciones armadas: septiembre/78, junio y julio de 1979... Además, con el paso de los años revolucionarios, al calidad para el combate de estas potenciales fuerzas anti-interventoras se ha elevado.

Se ha ido haciendo también mayor el número de los miembros regulares del ejército de Nicaragua y el número de jóvenes entre 18 y 25 años, que habiendo cumplido su servicio militar, tiene una capacidad militar que va más allá de la que tendrían si fueran parte del pueblo no preparado específicamente. Todos estos avances, en cantidad y en calidad, de las fuerzas que enfrentarían en Nicaragua a los invasores norteamericanos no existían en 1982 y en 1983. Estados Unidos conoce, pues, perfectamente los importantes costos militares y políticos que le traería decidirse por la intervención.

A estos factores habría que añadir la centroamericanización del conflicto. En los últimos años, la guerrilla salvadoreña ha mostrado su capacidad de golpear eficazmente, tanto en guerra de guerrillas como en guerra de movimientos. Su accionar, en el contexto de una intervención, tendría repercusiones inmediatas para la evolución de la guerra en El Salvador. Contener la insurgencia salvadoreña sería entonces más difícil que ahora, tanto para el gobierno de Duarte como para los norteamericanos. Esto provocaría un aumento en el número de efectivos estadounidenses interventores y en la calidad de los armamentos a ser empleados.

Los costos políticos que tendría que pagar cualquier gobierno de Estados Unidos que se metiera en una aventura de esta naturaleza aumentarían mucho mas con la regionalización. Adicionalmente, América Latina -golpeada por el problema de la deuda externa y en esta actual fase de re-democratización- enfriaría de una forma notable sus relaciones con Estados Unidos, teniendo este enfriamiento consecuencias imprevisibles. La América Latina de 1987 tiene una conciencia bolivariana que no había tenido nunca en su historia. Su tradicional grado de sumisión a los Estados Unidos se ha ido transformando en una mayor conciencia de dignidad.

En el trasfondo está el problema de la deuda externa. Los gobiernos de Contadora y Grupo de Apoyo reaccionarían, reaccionarían los pueblos latinoamericanos y Estados Unidos cosecharía un desprestigio internacional en nada comparable al que provocaron sus anteriores intervenciones en otros países latinoamericanos hace años. En momentos en que Mijail Gorbachov proyecta una imagen de gran respeto hacia las experiencias políticas del Tercer Mundo, este desprestigio norteamericano tendría también implicaciones para las relaciones Este-Oeste.

La segunda alternativa es la prolongación del conflicto. Después de ocho años de revolución esta opción tiene también serias dificultades para sostenerse con eficacia. En primer lugar, la vía fundamental para poder impulsar una mayor prolongación del conflicto son las fuerzas contrarrevolucionarias. Y estas fuerzas han entrado en un evidente declive estratégico. Su capacidad de combate tiende a disminuir a medida que avanza el tiempo.

Si se examinan los factores que han producido este declive estratégico, se puede observar que son, en cierta medida, factores estructurales. Es decir, están basados en el acierto de la revolución sandinista para recuperar el apoyo y la confianza de las bases campesinas en la región central del país y en la apertura de un futuro nuevo para las etnias del Atlántico. Se trata de factores políticos, que difícilmente pueden ser revertidos, aunque se dote a la contrarrevolución de mejor y mayor tecnología militar.

Al fin y al cabo, las posibilidades de avance militar de cualquier fuerza irregular -como es la contrarrevolución- se basan en un mayor o menor apoyo de la población donde se mueve. En ese sentido, si Estados Unidos quiere mantener la presencia contrarrevolucionaria como forma de presión prolongada sobre el gobierno de Nicaragua, la capacidad de presión de estos grupos tenderá a ser cada vez más débil.

De igual manera, la contrarrevolución política -Coordinadora Democrática Nicaragüense, empresa privada reaganiana, etc.-, ha perdido cada vez mayo espacio interno, tratando de resarcirse de esa pérdida en su exilio. Pero desde el exilio no se derroca a los sandinistas. Un frente político antisandinista, al interior de Nicaragua y suficientemente consolidado, es una posibilidad prácticamente liquidada.

El papel de ciertas jerarquías de la Iglesia Católica para suplir esa limitación de las fuerzas políticas internas se ha visto neutralizado a medida que ha ido avanzando el proceso de cambios. La Iglesia de los Pobres es hoy más fuerte que al comienzo de la revolución y ha sido capaz, en términos objetivos, de neutralizar el mensaje contrarrevolucionario de un sector de la jerarquía, entre la que no hay ni siquiera unidad interna.

Las fuerzas que no lograron articularse y consolidarse en 1983 o en 1984 son hoy más difícilmente organizables. El tiempo aumentará estas dificultades, por el desgaste interno a que están sometidas todas estas fuerzas.

Es, pues, cada día más difícil revertir la tendencia al declive contrarrevolucionario en el campo militar, en el político, en el religioso y en el étnico, como lo demuestran ya tres mil días de revolución sandinista.

Para facilitar un prolongado accionar contra Nicaragua en forma de guerra irregular, tendría que alterarse también sustancialmente la actual correlación de fuerzas en América Latina. Habría que revertir la conciencia bolivariana que viene surgiendo desde hace unos años y que se alimenta en al crisis de la deuda externa y en la redemocratización de estos países. Incluso habría que revertir los más débiles, pero no menos significativos procesos de distanciamiento de la política de guerra planteada por Reagan en Centroamérica.

Habría que neutralizar de forma eficaz la dinámica hacia una solución pacífica que impulsan hoy, tanto Costa Rica como Guatemala. El gobierno -republicano o demócrata- que quisieron seguir adelante con "la guerra de los contras" tendría que desarrollar un intenso trabajo diplomático en América Latina y en Centroamérica, que consumiría grandes energías de la política exterior de Estados Unidos. Esto, sin contar con el trabajo interno, en Estados Unidos, que requeriría esta opción y el trabajo diplomático con los aliados europeos o con los "enemigos" socialistas.

Un problema adicional que se le plantearía a Estados Unidos en el ámbito centroamericano sería el de un FMLN cada vez más capaz de enfrentar cualquier ofensiva del ejército salvadoreño que han planteado los asesores norteamericanos. Los cada vez más frecuentes ataques a bases militares importantes son una muestra de esta capacidad. La prolongación del conflicto en Nicaragua implicaría -de seguirse las actuales dinámicas de la guerrilla salvadoreña- el fortalecimiento del FMLN, causando con esto serias dificultades a Estados Unidos a la vuelta de dos o tres años. Mas que agudizar la situación nicaragüense, se agudizaría la situación salvadoreña. Prolongar el conflicto, además de tensionar a toda Centroamérica, no resolvería el conflicto para Estados Unidos.

Pensar que los planes sandinistas para contener el deterioro económico resulten totalmente fallidos, que las medidas económicas internas resulten un fracaso y que Nicaragua no sea capaz de administrar bien el apoyo solidario que le sigue llegando de otros pueblos y gobiernos -tanto de economía de mercado como de economía planificada- es mucho pensar.

Lo más probable es que Nicaragua mantenga los actuales niveles de apertura política -y es razonable pensarlo porque la agresión militar de los contrarrevolucionarios es cada vez menos desestabilizadora- y que, por ello, siga recibiendo apoyo de muchos países, apoyo que pude incluso incrementarse, también del lado socialista, si Nicaragua sigue haciendo resistencia exitosa a los Estados Unidos. Los norteamericanos tendrían que conseguir el deterioro absoluto de la economía nicaragüense para hacer viable la prolongación del conflicto. Si esto no sucede -y todo parece indicar que no sucederá-, en la medida en que el conflicto se prolongue el peso en las eventuales negociaciones será menor para Estados Unidos.

Por todo esto, lo que parece más razonable políticamente es la solución del conflicto -tercera opción- por vía de la negociación. Y esto es razonable, tanto si quienes triunfan en las próximas elecciones estadounidenses son conservadores pragmáticos como si son liberales. No es necesario el triunfo de los liberales en los Estados Unidos, para que pueda darse una solución negociada con Nicaragua.

Conservadores que sean realmente pragmáticos tendrían que tender a esa solución. Nicaragua no representaría ninguna amenaza para Estados Unidos. Y esto se ha visto ya a lo largo de ocho años de este proceso. No representaría ningún peligroso en el sentido de que pudieran instalarse bases soviéticas en el país. Esta posibilidad no ha sido nunca ni planteada ni deseada por Nicaragua, cuyo compromiso a no establecer esas base sería parte de la negociación con Estados Unidos. Incluso, Nicaragua ha aceptado ya ese punto dentro del proceso de negociación de Contadora.

Nicaragua no representaría tampoco una amenaza militar para sus vecinos centroamericanos. Anteriormente hemos analizado por qué un ejército como el sandinista, sin fuentes propias de petróleo, sin instalaciones adecuadas para una gran logística, no podría sostener una campaña invasora contra ningún país centroamericano. Ni contra Estados Unidos por bases militares soviéticas ni contra los países vecinos por las limitaciones objetivas de su ejército, Nicaragua tiene real capacidad ofensiva.

Los peligros que Reagan ha querido ver en Nicaragua se demuestran falsos a lo largo de 3 mil días de revolución. En cambio, negociadores pragmáticos estadounidenses podrían ver en el modelo sandinista un modelo de cambio social en beneficio de las mayorías, surgen en el Tercer Mundo, con significativos niveles de democracia participativa y representativa. En esta última, el modelo electoral gestado en la revolución -con las elecciones en 1984 y con la Constitución en 1986- tiende a consolidarse. Un ambiente de paz lo consolidaría aún mas.

El reto que plantea esta Nicaragua revolucionaria a Estados Unidos es el reto a que todos los gobiernos de Centroamérica logren un mayor nivel de justicia social para sus pueblos como el que Nicaragua podría lograr si se respetara su derecho a la paz. Ese es el único reto que Nicaragua propone a Estados Unidos. Un reto legítimo, un reto que no subvierte el orden jurídico internacional, ni amenaza los intereses más profundos de Estados Unidos, un reto que no le obliga a ser un delincuente internacional como ha llegado a serlo hoy al mantener su política de guerra en la región.

El balance de la confrontación Estados Unidos-Nicaragua en estos tres mil días de revolución sandinista han sido juzgados internacionalmente en la máxima instancia jurídica del mundo, la Corte de la Haya. En este conflicto entre Estados Unidos y Nicaragua ya existe un dictamen: Estados Unidos aparece como culpable de una política ilegal e inmoral. La razón ha sido concedida a Nicaragua. Durante ocho años Nicaragua ha defendido esa razón. Y aspira a una salida negociada. Porque es lo más justo y lo más racional. Este es el reto que tiene ante sí la Administración de Estados Unidos que asuma el poder en 1989.

Mientras llega esa hora, Nicaragua está decidida a resistir los últimos 18 meses de la Administración Reagan, que serán necesariamente muy duros y muy costosos en sangre. Aunque Reagan no pueda revertir en esos 18 meses la revolución sandinista, seguirá intentándolo, a causa de la obsesión de patología política que lo posee. Naturalmente, esta situación de irracionalidad deja abierta la dramática posibilidad de la intervención. Si esto sucediera, los fusiles están listos y nadie se va a rendir. Nicaragua espera, sin embargo, que la razón y la lógica se impongan para que esto no suceda y se entreabran ya las puertas de una negociación, para que se llegue la hora de la paz. A tres mil días, con esperanza, podemos decir que estamos más cerca de la paz.

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