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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 69 | Marzo 1987
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Honduras

Grietas en el plan norteamericano

Del plan USA sólo queda la firme pata de la militarización creciente. Sin embargo, no hay ningún taburete que se mantenga en una sola pata. Si durante 1987 prosigue desarrollándose la conciencia del pueblo y se dan pasos coherentes en la organización popular, la situación hondureña puede iniciar un cambio que quizá podría ser vertiginoso.

Alvaro Argüello

Enmarcada en la guerra de baja intensidad, la política estadounidenses para Honduras ha estado dominada desde comienzos de los 80 por los tres siguientes lineamientos:

-Prioritariamente, la conversión del territorio hondureño en base de la actividad militar norteamericana en la región, especialmente en base de la actividad contra Nicaragua, sin olvidar el apoyo logístico al ejército salvadoreño en su lucha anti-guerrillera.

-En segundo lugar, se impulsa lo que podríamos denominar una reforma política sin contenido social -mucho menos, nacional-. Se trata de mantener una imagen democrática, procurando mas administrar y capear la crisis que buscar una verdadera salida a los graves problemas del país, salida que implicaría necesariamente una mayor participación popular en la gestión del poder.

-Finalmente, se relanza una campaña ideológica tendiente a distorsionar la realidad hondureña. Manipulación de la información, fomento de consumo, invasión y financiamiento de sectas religiosas son algunos de los elementos clave para el sostenimiento de la campaña.

El diseño contrainsurgente

La ayuda económica norteamericana enmarcada en un plan contrainsurgente regional posibilita la realización de estos tres lineamientos básicos del diseño político para Honduras. Pero este diseño ha ido creando al interior del país una profunda y generalizada división.

El final del período del presidente Suazo Córdova (1984), estuvo caracterizado por esa división, enconada en casi todos los sectores sociales. Tanto el partido de gobierno como la oposición legal estaban divididas. En el sindicalismo de derecha, predominante en el país, se acentuaban las tradicionales divisiones internas. La unidad del ejército se resquebrajaba por ambiciones de poder y de riqueza; ambiciones, por parte, siempre presentes entre las Fuerzas Armadas hondureñas y expresadas ya sea en personalidades concretas o en generaciones de militares.

La empresa privada se dividía entre la tendencia que buscaba aprovecharse del río revuelto y los que temían el creciente caos. Los medios de comunicación se manifestaban indecisos, abriendo la puerta a un llamativo pluralismo en medio del desorden. Finalmente, la Iglesia Católica adquiría una fuerza moral que, de algún modo, comenzaba a ser peligrosa para el sistema. Los comunicados episcopales de octubre/82 y de julio/83 y la creciente participación de la jerarquía católica en las crisis nacionales la convertían en una fuerza a tener en cuenta.

Era evidente que el plan norteamericano estaba atravesado de contradicciones. Sobre todo, lo deterioraban el afán de lucro, la incapacidad administrativa y el gangsterismo de quienes debían sacarlo adelante. La mayor contradicción, sin embargo, estaba en el mismo plan, con el que no se daban ni siquiera los primeros pasos para aportar soluciones a los tradicionales problemas hondureños.

1986 marca el inicio del intento norteamericano de recomponer el cuadro de los años anteriores. Dos nuevos embajadores en sólo un año son una muestra clara de que las cosas no iban bien. A la par, diversos sectores del conjunto político hondureño intentaron también plantear nuevas alternativas para la descompuesta situación. Analizar estos intentos de recomposición y estas alternativas son la base misma del análisis de la coyuntura hondureña en 1986.

Baile de la Contra y recomposición del Ejército

Las mayores repercusiones políticas del diseño militarista norteamericano para Honduras tienen que ver con la contrarrevolución nicaragüense. Aun cuando el diseño tiene aspectos más trascendentales, "la contra" se ha ido convirtiendo en el aspecto más débil y conflictivo de toda la estrategia norteamericana. Son varios los factores que contribuyeron a ello.

En primer lugar, la ayuda norteamericana a la contra beneficia económicamente a la cúpula castrense hondureña. Se calcula que un 20% de toda esa ayuda ha ido a parar a los bolsillos particulares de los más importantes militares del país. El escándalo del diputado suplente Santos Zelaya -más conocido ene l bajo mundo de los negocios ilícitos como "Noche Clara"- fue fruto de la ambición de algunos militares de participación en tan jugoso negocio. Pero el suceso reflejó, más que ambiciones personales concretas, las pugnas entre los grupos de poder dentro de las Fuerzas Armadas, y no sólo por el control de los dólares de la contrarrevolución, sino por la hegemonía dentro del mismo ejército. Lo de "Noche Clara" fue el primer acto de una sucesión de hechos que culminarían en la caída del Coronel Truman Cordón, máximo aspirante a la Jefatura de las Fuerzas Armadas, y en la destitución de los principales cargos de la estructura militar del Coronel Said Speeer, hombre fuerte de la 5a. Promoción de la Academia Militar. Todos estos hechos jugarían a favor de los oficiales de la ascendente 6a. Promoción.

En segundo lugar, la contrarrevolución se ha ido convirtiendo en el símbolo más evidente para la conciencia popular de lo que podemos llamar la desnacionalización de Honduras. Los contras caminan por Honduras como por territorio propio, son causa del desplazamiento forzoso de miles de hondureños que vivían en zonas cercanas a la frontera con Nicaragua, dañan la economía de importantes sectores cafetaleros del fronterizo departamento de El Paraíso y provocan al interior del país un creciente anticomunismo bajo la forma de cacería de brujas. Exiliados nicaragüenses vinculados con la contrarrevolución, han participado ya en numerosos hechos delictivos. Entre éstos destacan los asesinatos de un sacerdote y del Mayor retirado Ricardo Zuñiga, perteneciente a una de las familias con tradición política más arraigada en el país. La presencia en Honduras de un ejército extranjero en el que participan facinerosos y delincuentes se ha ido haciendo cada vez más molesta para todos los sectores nacionales.

La contrarrevolución ha comenzado poco a poco a dejar de ser negocio para los militares hondureños. La pensión del Partido Democráta de Estados Unidos, opuesto no sólo a la ayuda a la contrarrevolución, sino sobre todo, a la corrupción que provoca esta ayuda, ha forzado a la Administración Reagan a imponer controles que impidan el desvío de esa ayuda hacia bolsillos particulares. El nombramiento en 1986 de Crescencio Arias como administrador de los fondos para la contrarrevolución marcó en Honduras el comienzo de un mayor control de los militares reaganianos. Arias, hombre cercano a la CIA, es un oscuro funcionario de la Embajada de Estados Unidos en Tegucigalpa, pero representaba al ex-embajador Negroponte siempre que éste se ausentaba del país. Según opinión confiable, es quien mejor conoce en la Embajada el mundo político y militar hondureño.

Paralelamente a la discusión entre los militares sobre las tajadas que puedan arrebatarles a la contra, se ha ido entablando entre ellos un debate de carácter más geopolítico. Frente el sector de las Fuerzas Armadas que es partidario de medrar y de conservar posiciones de poder con una obediencia incondicional a la estrategia norteamericana, ha ido surgiendo un nuevo modo de pensar que lidera la 6a. Promoción de la Academia Militar "Francisco Morazán". Según este sector, de cualquiera de las formas, en una guerra con Nicaragua el perdedor sería siempre el ejército hondureño.

Esto resulta evidente si en una guerra provocada por la presencia de los contras en Hondura, Estados Unidos dejara solo o con ayuda limitada y no masiva al ejército hondureño frente al nicaragüense. Es también claro en el caso de que se diera una guerra más larga, en la que a Honduras le tocaría poner los muertos sin conseguir a cambio ninguna ventaja política. Y lo que es más interesante en el pensamiento de estos militares: el ejercito hondureño sería también perdedor aún cuando su participación el conflicto derivara en un victoria de la contrarrevolución. En un caso así, es claro que una buena parte de la ayuda norteamericana para la región se desviaría hacia la Nicaragua contrarrevolucionaria y el ejército hondureño quedaría en medio de un sandwich de ejércitos más fuertes y con mayor ayuda norteamericana: el salvadoreño, el guatemalteco y el contrarrevolucionario nicaragüense. Todo esto, unido al recuerdo todavía muy presente de la derrota en la guerra con El Salvador de 1969 y a la conciencia, más lejana pero viva, de la disputa con Nicaragua por la Mosquitia en los años 50 hacen que la posibilidad de una guerra se convierta en una honda fuente preocupación para los militares hondureños.

El hilo conductos de la recomposición del ejército hondureño en torno a la 6a. Promoción de la Academia Militar tiene que ver con todas estas consideraciones sobre la contrarrevolución y una guerra provocada por su presencia en Honduras. Desde que el General Alvarez salió del Ejército en 1984 la pugna por el poder entre los militares ha sido permanente. La estrategia norteamericana de controlar a los ejércitos amigos a través de "hombres fuertes" fracasó con la caída de Alvarez. La modernización del ejército hondureño implicaba la necesidad de un mando más colectivo. Dada la tradición de enriquecimientos personales que caracteriza a los altos mandos hondureños, el liderazgo colectivo -más exactamente, el liderazgo generacional, dadas las características del ejército hondureño podría remediar este problema.

Las "generaciones" de militares hondureños se expresan a través de las diversas promociones de la Academia Militar. En medio de las más recientes pugnas, la 6a. Promoción era la que tenía mayores liderazgo colectivo. Forjados en una cierta disidencia interna dentro del ejército en los tiempos de los generales Melgar y Policarpo Paz, estos oficiales fueron "castigados" con tareas de servicio diplomático. Con un fuerte sentido de grupo y con una clara capacidad negociadora -se reconciliaron con la cúpula militar en tiempos de Alvarez-, este grupo tiene además una concepción geopolítica que rebasa el burdo anticomunismo de muchos de sus colegas. Estos militares no están tampoco viciados por el insaciable afán de enriquecimiento personal. Incluso, hay entre ellos un pequeño grupo que estaría dispuesto a buscar mecanismos para lograr una paz estable con Nicaragua. El conflicto con la contrarrevolución y todas las contradicciones económicas y de concepción geopolítica antes señaladas sirvieron para que en 1986 esta Promoción llegara a acaparar los principales puestos de mando en el país y, en consecuencia la hegemonía en el seno de las Fuerzas Armadas.

Este cambio de hegemonía entre los militares tiene consecuencias. En primer lugar, es muy posible que el ejército hondureño continúe a marchas forzadas su proceso de modernización y de sofisticación de su armamento. Las negociaciones para la compra de aviones F-5E norteamericanos -o los israelíes Kfir- y la apertura de un nuevo regimiento de caballería blindada en las cercanías del Golfo de Fonseca, en un punto casi equidistante de las fronteras con Nicaragua y El Salvador, equipado con tanques de asalto de avanzada tecnología, muestran que las divergencias internas en las Fuerzas Armadas no impidieron que avanzaran en su profesionalización y rearme. El ascenso del poder de la 6a. Promoción hace prever mayores esfuerzos en este sentido, dada la especial sensibilidad geopolítica de estos militares.

De fondo hay que tener siempre en cuenta que toda la estrategia militar hondureña está marcada por la "dialéctica del sandwich". Por un lado, el conflicto centroamericano ha supuesto una modernización profunda del ejército salvadoreño, enemigo histórico del ejercito hondureño después de la guerra del fútbol. Además la necesidad de ampliar su territorio que tienen los salvadoreños perfila al ejército de El Salvador como una amenaza militar real frente al ejército de Honduras. Por el otro lado, está la "amenaza" ideológica que el ejército hondureño siente venir desde Nicaragua. Frente a esto, la opción de los militares hondureños, sea cual sea su Promoción, será manipular la crisis para conseguir en primer lugar la máxima modernización de su ejército.

En segundo lugar, se puede prever una mayor injerencia de las Fuerzas Armadas en la política. De hecho, las presiones para que Azcona -partidario del servilismo ante los Estados Unidos- pida a Reagan la salida de los contras de territorio hondureño, vienen directamente de esta nueva generación del ejército catracho. Los líderes de la 6a. Promoción -Amaya, Romero, Sánchez...- están convencidos, según la más clara tradición de la doctrina de seguridad nacional, de que el ejército es la única institución capaz de sacar a Honduras del caos social en que se encuentra.

En tercer lugar, nada hace prever que la relación hacia Nicaragua vaya a cambiar demasiado. Aunque la contrarrevolución ya no es negocio -al menos, en las proporciones en que lo era antes- y la guerra con Nicaragua no reportaría ninguna ventaja, la 6a. Promoción continúa juzgando al régimen sandinista como un problema de seguridad nacional para Honduras, sólo resoluble por la vía militar. Por otra parte, los militares hondureños necesitan, en su proceso de profesionalización y rearmamentismo, de la presencia norteamericana en el país. Esta, a su vez, es una pieza del plan contrainsurgente regional, que tiene en el derrocamiento del gobierno de Nicaragua su principal objetivo. Todo esto podría llevar a la actual cúpula castrense a una reconciliación con la contra sobre bases más discretas, en las que se les exija, por supuesto, el desalojo de los campamentos en Honduras y su infiltración en Nicaragua, a cambio del total apoyo logístico de una parte de las Fuerzas Armadas a cualquier plan desestabilizador anti-nicaragüense.

Impedir el desarrollo de los nuevos dinamismos que la revolución sandinista ha generado en la región, e impedirlo por mecanismos militares, es el primer objetivo de la estrategia de los militares. El segundo es prolongar lo más posible el conflicto, sin comprometerse en una guerra total, ganando así tiempo y recursos para la profesionalización y avituallamiento de un ejército que tiene el complejo de ser el más débil de los cuatro que hay en la región.

Previsiblemente, sólo una presión muy fuerte de los Estados Unidos, que incluyera una participación activa y directa del ejército norteamericano en la guerra y que garantizara al mismo tiempo que el ejército norteamericano en la guerra y que garantizara al mismo tiempo que el ejército hondureño quedara al final del conflicto con una cierta hegemonía militar sobre sus vecinos, podría cambiar la actual política militar. Esto no excluye que se den algunos cambios en la mentalidad de la dirección castrense, bien sea por la vía de la tentación del poder político, bien por el camino más rápido de la corrupción.

La coyuntura militar varió vertiginosamente a lo largo de 1986 en nombres y hombres fuertes y las líneas políticas militaristas parecen haberse endurecido. Endurecidas con respecto a Washington, del que se intentara sacar el mejor partido posible en ayuda militar a cambio de los "servicios" prestados. Endurecidas con respecto a la contra, a la que ya no se le va a permitir campar por sus respetos por el territorio hondureño sino que se le exigirá el sometimiento a condiciones que puedan ser tanto económicas como políticas. Endurecidas respecto a Nicaragua, que sigue siendo vista como energía ideológica y política, al mismo tiempo que causante del crecimiento del ejército. Endurecidas, finalmente, frente a la misma realidad hondureña. Es bien significativo que elementos de pésima calaña, como Juan López Grijalba o Alexander Hernández, hombres del general Alvarez, que fueron remitidos durante algún tiempo al ostracismo, hayan reaparecido de nuevo en posiciones importantes dentro de la estructura militar.

A quien menos afectan todos estos endurecimientos es a la Administración Reagan, con quien los militares coinciden al ver a Nicaragua como un problema de seguridad nacional. En el fondo, las divergencias con la anterior generación castrense nacen tan sólo porque se quiere poner un precio más alto a los servicios que presta el país a la política de guerra norteamericana.

En lo político: regreso a la tradición

Cuando al sector político se le reduce a mera pantalla de la verdadera política -en este caso, de la estrategia militar- los políticos sólo administran la crisis sin más posibilidad que la de ir poniendo parches allí por donde revientan los problemas.

Al prohibirse cualquier iniciativa que vaya en contra de la política exterior norteamericana o de los intereses de una empresa privada corrupta y a veces parasitaria o de las concepciones que sobre seguridad nacional tiene el ejército, se producen automáticamente fenómenos en cadena. Primero, el auge de las trampas y las mañas. Después, comienza a imponerse una concepción de la política como simple mecanismo de ascenso social. Finalmente, toda actividad de representación política termina convirtiéndose en la negación de los intereses nacionales.

La historia de Honduras, tan sujeta a lo largo de este siglo a los intereses de las transnacionales bananeras ha hecho de este deterioro en cadena algo tradicional. Contra esta tradición se hacen esfuerzos desde el movimiento popular y desde los mismos sectores políticos. Entre estos esfuerzos estuvo el reformismo villedista de los años 50 -por primera vez se hablaba en Honduras de la importancia de las relaciones Norte-Sur sobra las Este-Oeste impuestas por la guerra fría-. Estuvo, sobre todo, el reformismo militar de comienzos de los 70, rápidamente cooptado por la presión conjunta de las empresas privas, de las compañías bananeras y de la Embajada norteamericana.

De aquellas presiones surgió el nuevo esquema político inaugurado por el régimen Suazo Córdova, que tanta división genero incluso dentro del propio partido liberal gobernante. El problema llegó a ahondarse tanto que en 1986 se presentaba como un tiempo oportuno para la recomposición del mundo político de Honduras.

En 1985 con las elecciones, se había logrado una formula que permitía al mismo tiempo una diversidad de candidatos en un mismo partido y un resultado unitario en la elección presidencial. Así fue posible que Azcona ganara la presidencia con sólo el 27.5% de los votos emitidos -los otros candidatos liberales completaron hasta el 51% de los votos- frente al 42.6% de los votos ganados por Rafael Callejas, candidato del opositor Partido Nacional, de tendencia más conservadora. La embajada norteamericana intervino rápidamente para evitar la crisis que hacia prever tan especial situación y se logró así lo que después se llamaría el PUN (Pacto de Unidad Nacional) entre callejistas y azconistas. Los callejistas controlarían la Corte Suprema de Justicia, dos ministerios y la mitad de los puestos en juzgados, administración de agencias estatales y cargos en el exterior, a cambio del apoyo a Azcona de los diputados de Callejas en el Congreso. Si bien esto dio una estabilidad inmediata al nuevo gobierno -al menos, en comparación con la etapa anterior- lo cierto es que provocó un creciente cansancio político, extendido durante todo 1986.

Los liberales todavía divididos, tienden a mirar al actual gobierno como si fuera de transición. Nuevas divisiones han surgido ya en el seno de la facción gobernante y en 1986 sonaron ya los nombres de los candidatos presidenciales de unas elecciones que no se celebrarán hasta fines de 1989... El clientelismo y la corrupción estuvieron a la orden del día mientras el Presidente Azcona vio cada vez más reducido su papel al de comparsa de la política norteamericana y administrador impotente de una crisis que crece a todos los niveles. Con su propio partido dividido en facciones, con su propia facción en proceso de división interna, con una herencia de desprestigio internacional que no ha variado y sin apenas fuerza interna, Azcona se mantienen en el poder más por la necesidad que tiene la propaganda norteamericana de decir que existe en Honduras estabilidad interna que por algún mérito propio. La amenaza callejista de abandonar el PUN da un tono más trágico a la situación y no es aventurado pensar que de seguir así las cosas en los próximos años la administración civil volverá a tener los rasgos caóticos que tuvo en los últimos tiempos del régimen de Suazo Córdova.

La esperanza de una recomposición en lo político que de una cierta estabilidad hay que relegarla hasta 1990, si es que Callejas consigue mantener su cierta aureola de líder joven y fuerte y el apoyo de un buen sector de la empresa privada, del ejército y de la Embajada americana. Esto, si antes de esta fecha la arbitrariedad clientelista, la ineficacia administrativa, la corrupción y el caos no se imponen nuevamente.

Frente a esta situación, la oposición que podríamos llamar reformista y que participa en el juego político, no acaba de perfilarse con alternativas realistas. La tendencia socialdemócrata -facción liberal M-Líder y PINU- se ha visto envuelta en un exceso de negociaciones politiqueras. La Democracia Cristiana, con un crecimiento muy lento, es la única que presenta un rostro de real oposición. Sin embargo, la fuerza del clientelismo electoral, la ligazón a un movimiento obrero con características cada vez más conservadoras y la fuerte tradición que los partidos laicos tienen en Honduras hacen que la DC quede relegada al valor testimonial de algunos políticos honestos que son excepción dentro de la corrupción nacional. Las presiones de la DC internacional, que trata de identificar a su homónima hondureña con las políticas de Duarte y con el Partido Social Cristiano derechista de Nicaragua, hacen aún más difícil que este partido pueda tener la imagen de vía factible para una salida democrática y reformista a la honda crisis del país.

Crisis económica, crisis de la ideología

Es evidente que una política orientada hacia la guerra -aunque ésta sea, como la actual, "de baja intensidad"- tiene contradicciones con el crecimiento económico, sobre todo si éste busca un auténtico desarrollo social. Este es el dilema al que se enfrentan los artífices de esta política guerrerista: un pueblo en creciente empobrecimiento puede rebelarse contra ellos, pero un pueblo que creciera en desarrollo y bienestar sería más difícilmente manipulable para apoyar una guerra como la actual. La política económica hondureña, diseñada en la Embajada norteamericana, según los lineamientos llamados "reagonomics", trata de sortear estos dos escollos y Honduras recibe una ayuda económica que es parte del proyecto contrainsurgente característico de la guerra de baja intensidad.

Como tal, esta ayuda será siempre una ayuda de emergencia. Más que iniciar procesos de desarrollo tratará de impedir crisis incontrolables. Como tal, será canalizada preferentemente a través de la empresa privada, que en Honduras tiene un componente de capital extranjero superior a la media regional. Tratará de mantener el esquema tradicional capitalista y no de generar el desarrollo de una economía al servicio de los intereses populares. En este aspecto, es interesante señalar que la parte de la ayuda que llega a las cooperativas y grupos campesinos trata sistemáticamente de involucrar a esos grupos en un esquema de endeudamiento, dependencia y consumo que automáticamente identifica a los grupos -o al menos a sus dirigencias- con los intereses del capital hondureño.

Finalmente, la ayuda irá acompañada de una sistemática propaganda que identifica régimen de propiedad privada con democracia y libertad. Los responsables de una propaganda así son los propietarios hondureños, que se benefician con el financiamiento norteamericano, y las sectas protestantes, que ven en este camino la posibilidad de adquirir una relevancia social y una legitimación ante los poderes fácticos y los sectores sociales que dependen de los mismos.

Olvidando todas estas debilidades, se puede afirmar que el plan económico norteamericano ha tenido un éxito relativo en 1986 y en el terreno político obtiene una absoluta fidelidad de los gobernantes del país.

La economía hondureña no se ha venido aún abajo. Y aunque desde 1980 -año del inicio de la ayuda económica y militar norteamericana- la población ha crecido a un ritmo porcentual superior al del crecimiento económico, las aguas se mantienen en este campo relativamente -increíblemente- tranquilas. No parece importar que se comiencen a tocar los techos del endeudamiento -el 44% de las exportaciones es para el pago de los intereses de la deuda-, que la población sea cada año más miserable y que se profundice la brecha entre ricos y pobres. La represión selectiva, la confusión ideológica y la cooptación económica de grupos minoritarios del campesinado basta para mantener en los cauces tradicionales una situación de pobreza y de empobrecimiento que objetivamente tendría que ser explosiva. Y si un embajador -como fue el caso de John Ferch en 1986- comete el error de preocuparse más de la economía en crisis que de temas como la asistencia a los contras, su dimisión no tarda en llegar.

Con un crecimiento del producto interno bruto muy inferior, en términos reales, al crecimiento poblacional, con un déficit fiscal creciente, con una inversión total decreciente, sin planificación económica, con una fuga de capitales que casi triplica el presupuesto nacional promedio de todo el último quinquenio (se calcula en $3.500 millones el escape de capitales, incluida la brecha externa y la fuga misma), con un crecimiento de la deuda externa y de sus intereses superior al 80%, con más del 75% de las familias que no tienen lo suficiente para la canasta básica, la amenaza de un caos pareciera estar muy cerca. La Administración Reagan sigue pensando que la amenaza de ese caos, generadora de miedo y de mayor dependencia, puede seguir siendo utilizada dentro del plan contrainsurgente. Se confía en que el factor militar y el ideológico -medios de comunicación, consumismo y sectas- se encargarán permanentemente de encauzar las fuerzas que se desborden y conduzcan al caos.

Renace la rebeldía

Tres factores pesan fuertemente en la coyuntura hondureña de 1986. Primero, la ocupación norteamericana y la incrementada desnacionalización del país provocada por la prolongación del conflicto. El segundo, una creciente militarización de las funciones del gobierno civil y la incapacidad de las estructuras políticas para enfrentar la crisis. El tercero, un dramático descenso en el nivel de vida de las mayorías, que incluye brotes de hambruna. Es una crisis económica provocada por la crisis internacional pero también por la impotencia del gobierno hondureño para emprender reformas sociales.

Por primera vez en los últimos años estos tres factores conjugados están generando una rebeldía popular creciente contra el proyecto impuesto por los Estados Unidos. Si algunos de los signos de esta rebeldía no ofrecen aún perspectivas de traducirse en una oposición firme a corto plazo, sí indican que el esquema militar-político-ideológico impuesto por la Administración Reagan tiene las suficientes grietas como par que esta conciencia popular de rechazo pueda ir evolucionando hasta convertirse en una respuesta popular organizada.

El empobrecimiento de los sectores obreros y de las capas medias, la proletarización creciente del campesinado en las empresas -privadas o cooperativas- dedicadas a la agroexportación y los cinturones de miseria y desempleo que rodean las dos grandes ciudades del país, especialmente Tegucigalpa, son mundos cada vez menos controlables. La CONOCH, coordinadora obrero-campesina de Honduras, es fruto no tanto del esfuerzo por cooptar el movimiento popular, cuanto el resultado de la exigencia de las bases que piden cada vez con mayor claridad una presencia popular en el caótico panorama político, económico y social del país.

Es evidente que, hasta el momento, los dirigentes han podido controlar, mediante el avance unitario, las inquietudes. De la base, e incluso han conseguido excluir de la CONOCH a la FUTH (Federación Unitaria de Trabajadores de Honduras, la federación obrera de línea más progresista). Pero lo más interesante es que las bases están forzando a dirigencias más o menos corruptas a comprometerse con una mayor beligerancia ante los problemas nacionales. Esto, aunque hasta ahora ha sido controlable, no deja de ser un arma de doble filo. Campesinos sin tierra, pobladores suburbanos, obreros con un salario mínimo cada vez con menos poder adquisitivo, comienzan a juzgar a sus líderes no sólo por la capacidad de arrancar conquistas económicas a su patrones, sino también por la capacidad de imponer a las instituciones del Estado líneas de acción en beneficio de los trabajadores. El triunfo reciente de la huelga del SITRATERCO, el sindicato de la transnacional bananera United-Brands -antes United Fruit-, en la que el Congreso Nacional apoyó sin vacilación a la organización obrera contra el claro dictamen adverso del Ministerio del Trabajo, es un ejemplo entre varios.

Al mismo tiempo, se puede detectar en las bases de organización popular un claro deseo de poner en sus directivas a gentes honestas. Durante 1986 fue sintomática la conquista por sectores progresistas de COAPALMA y FECOHRA en Bajo Aguán. Aunque en muy poco tiempo ambas directivas fueron descabezadas por la vía de la represión, el caso muestra a las claras que con un trabajo inteligente se pueden conseguir triunfos impensables, sobre todo si se tiene en cuenta que tras COAPALMA se esconde uno de los más fuertes entramados de la corrupción militar y del ventajismo monopólico de las compañías fruteras que operan en el país. El hecho de que la represión haya acabado con los esfuerzos realizados no es tanto un argumento que demuestra la imposibilidad del "trabajo legal" cuando un acicate para dar los próximos pasos con mayor seguridad y respaldo de las bases.

En este mismo nivel de la conciencia popular crece cada vez más el sentimiento de un nacionalismo ultrajado. La presencia norteamericana a pesar de la sistemática propaganda en torno a las supuestas ventajas que ofrece, es cada vez vista con mayor desconfianza por el pueblo hondureño. Los contrarrevolucionarios son identificados unánimemente como indeseables. La humillación que produce la ocupación del país por contrarrevolucionarios y norteamericanos es el caldo donde se está cultivando un fuerte elemento de concientización sobre la realidad nacional. Los mismos medios de comunicación de masas no resultan ajenos a estos temas, no sólo por lo trascendentales que son sino por la fuerte división que generan en las familias políticas que controlan los medios. Para ellas la presencia norteamericana y contrarrevolucionaria es una permanente arma arrojadiza que lanzan contra sus rivales en el poder.

Instituciones como los Comités de Derechos Humanos y, sobre todo, la Iglesia Católica, tiene actualmente la opción de aclarar la conciencia popular sobre estos temas. Por ejemplo, la actividad de la diócesis de Choluteca ante la sequía y la hambruna en el sur de Honduras terminó no sólo por imponerse a un gobierno que no quería abrir los ojos ante estas realidades, sino que dio inicio al mismo tiempo a un vasto proyecto en el que van de la mano cooperación económica, concientización e indicios de organización. Este hecho puede ser catalogado como uno de los acontecimientos punteros de la actividad eclesial en 1986 y es un signo de que la Iglesia hondureña ha hecho una clara opción por trabajar en el desarrollo de la conciencia popular. Que los obispos no se atrevan aún a enfrentarse públicamente con la presencia norteamericana o con el abuso de los contrarrevolucionarios no significa que la Iglesia como tal no haya contribuido a esclarecer la conciencia del pueblo en torno a estos temas capitales.

Por su parte, las vanguardias revolucionarias han mantenido un crecimiento constante a lo largo de 1986 e incluso hubo presencia guerrillera constante de dos grupos -"Cinchoneros" y "Lenchos"- en la montaña durante largos períodos de este año.

Todos estos signos de rebeldía popular -que incluyen brotes de rebelión armada- tendrán aún que acumularse durante un tiempo -quizá varios años- hasta poder encontrar un cauce más organizado. Pero estos indicios de rebelión no dejan de ser llamativos en un pueblo tan pasivo durante años. La rebelión no ha sido un producto de exportación de la revolución sandinista ni de la guerrilla salvadoreña. Esta rebelión es en primer lugar un producto de importación: la del modelo norteamericano de contrainsurgencia.

Honduras entra en 1987 con dos de las tres patas del diseño norteamericano seriamente dañadas. La reforma política sin reforma social no ha podido lograr una recomposición duradera, a pesar de todos los esfuerzos de la Embajada de los Estados Unidos. Una pata dañada y sin visos de arreglo. La cobertura ideológica del proyecto ha sido en más de un 50% ineficaz para una conciencia popular golpeada por la dura cotidanidad del hambre y el desempleo. Otra pata dañada y con avisos de mayor deterioro.

Sólo queda la firme pata de la militarización creciente y de los éxitos obtenidos por sectores duros del ejército en sus esfuerzos de recomposición interna. Sin embargo, no hay ningún taburete que se mantenga en una sola pata. Si durante 1987 prosigue desarrollándose la conciencia del pueblo y se dan pasos coherentes en la organización popular, la situación hondureña puede iniciar un cambio que quizá podría ser vertiginoso.

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