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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 69 | Marzo 1987
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El Salvador

Movimiento popular: una nueva situación

En el conflicto salvadoreño, tres factores que han ido determinando la coyuntura político-militar en 1986: la profundización de la crisis económica, el terremoto de octubre con sus consecuencias sociales y políticas, y el papel cada vez más determinante de la política de Estados Unidos sobre el país.

Equipo Envío

El primero es la crisis económica, que se ha ido profundizando más y más a lo largo de todo el año.
Los mecanismos "clásicos" de reproducción de la economía salvadoreña empiezan ya a paralizarse, aunque éstos quedan encubiertos por la ingente ayuda norteamericana al régimen - calculada en unos 2 millones de dólares diarios-. Mientras, por otra parte, estos mismos mecanismos parecen encontrar formas inéditas y masivas de sobrevivencia, como demuestran las remesas de dólares que los salvadoreños en el exterior envían a sus familias. Cuando se analizan los indicadores productivos del país, esta realidad aparece en toda su crudeza. La producción de café en 1986 fue algo menor de la mitad de 1979, mientras la producción de algodón -cuya área de siembra se ha reducido drásticamente, debido en el mercado internacional- sólo alcanzo la quinta parte de lo que solía sembrar en los años 70. Además, por primera vez en los últimos 12 años, El Salvador dejó de ser exportador neto de granos básicos.

En medio de esta situación, un cálculo de las remesas procedentes de Estados Unidos -más de tres millones de dólares diarios- indica que éstas superan ya todas las exportaciones de El Salvador. En otras palabras, la economía de El Salvador se sostiene artificialmente, ya no sólo dentro del desarrollo mismo del plan contrainsurgente de estos años, sino crecientemente por mecanismos de sobrevivencia económica popular que han ido adquiriendo características nuevas en la coyuntura políticos-económicos y que plantean un serio interrogante a la política de desgaste económico del régimen seguida hasta hoy por los frentes guerrilleros. Abren también nuevos espacios para una redefinición del trabajo político-ideológico, sobre todo en las ciudades. Un éxito en este campo podría ser decisivo en el futuro para ambas partes en conflicto.

El segundo factor que ha venido a incidir en la coyuntura es el terremoto del 10 de octubre pasado. Lo que la catástrofe ha puesto al descubierto y los efectos económicos, sociales y políticos que ha tenido y va a tener la convierten ya en un factor "estructural" de la actual coyuntura salvadoreña.

El tercer elemento es la política norteamericana. Se ha vuelto tan determinante el papel de los Estados Unidos que es imposible entender nada de lo que está sucediendo en la sociedad salvadoreña en estos momentos si no se toma muy en serio este factor.

Teniendo de fondo estos tres factores intentaremos un análisis de la correlación de fuerzas entre el bloque en el poder y el movimiento popular durante 1986.

El bloque en el poder

Primer elemento de ese bloque es la burguesía salvadoreña, que ha sufrido un considerable proceso de modificación en los últimos años. La fracción agroexportadora ha perdido peso relativo al interior del conjunto de esta clase y nuevas fracciones más vinculadas a los servicios, al comercio, y especialmente las vinculadas a la ayuda norteamericana, son las que han ido logrando un mayor peso en la vida del país.

También la burguesía ha experimentado modificaciones significativas en el ámbito político, al intentar realizar un cambio en sus formas de representación política. Históricamente, la burguesía salvadoreña se ha representado políticamente a través de sus organizaciones gremiales (ASI, ANEP, etc). El proceso de modificación se ha ido desarrollando en los últimos años. La burguesía empezó a generar partidos políticos que respondieran más claramente a sus intereses. Sin embargo, en la actualidad, la tendencia parece ser la de volver de nuevo a ampararse en los gremios para hacer sentir su fuerza.

Este ir y venir de los gremios a los partidos evidencia la contradicción central que experimenta la burguesía salvadoreña y que hizo crisis en 1986. Por una parte, es consciente de su necesidad de depender del imperialismo para poder salvaguardar sus intereses. Pero, por otra, el proyecto contrainsurgente de los Estados Unidos entra en contradicción con sus intereses inmediatos, tanto económicamente -por las reformas que implican- como políticamente, por ser el partido democristiano el instrumento seleccionado por Estados Unidos para ejercer el poder. A la burguesía salvadoreña se le hace difícil aceptar las reformas seudo-democratizante que Estados Unidos propone como recta para salvaguardar su rol histórico, pero necesita de los Estados Unidos para sobrevivir.

De esta contradicción surgen las ambigüedades del comportamiento político de la burguesía en su conjunto. Ambigüedades que fueron muy evidentes en 1986. Por un lado, los sectores parecen querer continuar en el juego electoral aceptando éste como instrumento para el ejercicio del poder, pero, por otro lado, han llegado a momentos "insurreccionales" de claro corte golpista.

Esta contradicción entre la burguesía y el gobierno democristiano se agudizó con el terremoto. En el primer momento de la catástrofe hubo un entendimiento entre ambos sectores en aras de la unidad nacional. Pero muy pronto empezó un proceso de ruptura que condujo nada menos que a un paro nacional convocado por la empresa privada. En el fondo, lo que la empresa privada está buscando es redefinir los términos del proyecto norteamericano para El Salvador para que en esa redefinición sean mayores sus cuotas de poder.

El segundo elemento en el bloque en el poder es la Fuerza Armada, que también ha experimentado cambios importantes en los últimos años. El más trascendental ha sido el desarrollo de una conciencia "moderna" de contrainsurgencia, tanto en el pensamiento como en la actitud de la oficialidad. En el actual esquema contrainsurgente impuesto por Estados Unidos, corresponde a los militares retirarse del manejo directo del Estado entregando éste a un partido político, la Democracia Cristiana. Según este esquema, los militares se reservan, junto con los norteamericanos, las decisiones políticas fundamentales.

Si bien ésta es la formulación global de esta política, durante 1986 empezó a observarse una tendencia en otra dirección. El retiro de los militares se ha ido transformando en injerencia directa en la medida en que el desgaste y la debilidad política del gobierno de Duarte se ha ido haciendo cada vez más evidente. En este sentido, las Fuerzas Armadas están llamadas a jugar un papel compensador de esta debilidad. Donde esto se ha podido apreciar con más claridad es en la implementación y manejo del Plan "Unidos para Reconstruir". De hecho, es la Fuerza Armada como institución la que asumió el Plan, la que lo lanzó y propuso a los diversos sectores sociales y quien lo está implementando, dejando al margen de esta actividad a los sectores civiles del gobierno.

En la medida en que la contradicción entre burguesía y Democracia Cristiana tienda a profundizarse, los militares comenzaran a ganar más protagonismo en la vida política salvadoreña para reforzar a Duarte.

El tercer elemento del bloque en el poder es la misma Democracia Cristiana. Durante 1986 lo más característico ha sido el desgaste político de este partido. Es un desgaste que se expresa no sólo en la incapacidad o corrupción de sus políticos sino que tiene que ver con algo más profundo, con el papel que le toca jugar al partido como instrumento clave del proyecto contrainsurgente.

Al gobierno de Duarte se le ha asignado un papel muy específico en este proyecto. A causa de él se ve obligado a tomar una serie de medidas impopulares, como son los llamados "paquetes económicos". Es evidente que tanto el primer paquete de principios del año 86 como el segundo paquete de fines de año no son iniciativas democristianas, sino que son fruto de la imposición norteamericana para que se cumpla su diseño político contrainsurgente, en el que el pueblo salvadoreño y en particular la burguesía empiece a costear la guerra.

Peor a la vez que se obliga a la Democracia Cristiana a tomar medidas como estas, se le veta el tomar otras que quizá debería tomar. Un ejemplo está en el tema de los derechos humanos. Todos los intentos de Duarte por llevar a juicio a algunos militares han fracasado.

Esta necesidad de llevar a cabo medidas impopulares y la imposibilidad de realizar otras que ganarían popularidad a su gestión produce una seria erosión en la base social del partido. Y así, empieza a perder legitimidad y a depender más y más del apoyo de los Estados Unidos. De esta manera la Democracia Cristiana ha entrado en una especie de círculo vicioso: a mayor impopularidad, mayor dependencia y a mayor dependencia, más necesidad de actuar impopularmente. El episodio del frustrado encuentro de dialogo con el FDR-FMLN en Sesori, en septiembre de 1986, es quizá el más claro ejemplo del callejón sin salida en que se encuentra Napoleón Duarte.

Suyas fueron las promesas electorales de empezar un proceso de diálogo con los frentes guerrilleros, pero a lo largo del camino el presidente salvadoreño ha tendido que ceder paulatinamente a las posiciones de los militares que se oponen al diálogo. Esta debilidad ha llevado a Duarte a asumir actitudes demagógicas y hasta ridículas, como la de "convocar" al diálogo al FDR-FMLN sin respetar los mecanismos acordados en las anteriores reuniones de La Palma y Ayagualo, y en fin, a lanzar en solitario su proclama desde el poblado de Sesori, ocupado y militarizado por el ejército.

En síntesis, el bloque en el poder presenta en 1986 una clara reducción de los márgenes de poder del presidente Duarte frente al ejército y a la burguesía. Se ha profundizado la tendencia al reacomodo del gobierno civil en función de ceder poder a los militares y a la empresa privada. Para describir podríamos utilizar esta imagen: parece que el destino de José Napoleón Duarte es el de llegar a ser como la Reina de Inglaterra que reina, pero no gobierna.

El movimiento popular: cambios importantes

En el otro polo de la contradicción esta el movimiento popular, que al igual que otras fuerzas ha sufrido en los últimos tres años cambios importantes. La fase actual de removilización y de realineamiento de las fuerzas opuestas al bloque en el poder es quizá el dato más nuevo de la coyuntura salvadoreña y el que mas requiere de una atenta evaluación.

La removilización es evidente si uno compra la actual situación con la que existía en 1980-83, tiempos de repliegue para el movimiento popular como fruto de la brutal represión, poner al mismo tiempo de ascenso de las organizaciones guerrilleras en respuesta al ataque anti-popular. Todos los indicadores: huelgas, manifestaciones, número de organizaciones y afiliados... demuestran un salto cuantitativo importante.

Si lo de la removilización es claro, lo del realineamiento es menos evidente, pues con facilidad se tiende a tomar los indicadores cuantitativos que hablan de la removilización para concluir que el movimiento de masas está en una fase de claro avance revolucionario. No es propiamente así, o por lo menos no lo es de manera uniforme. Porque este movimiento de masas y en particular su actual dirección política está aún por definirse en un sentido revolucionario.

Para un análisis correcto, hay que tener en cuenta que la removilización no empezó en el lado revolucionario sino más bien en sectores vinculados al proyecto contrainsurgente democristiano. Los primeros grupos que se removilizaron fueron precisamente sindicatos y organizaciones de masa derechistas. el momento más importante al comienzo de este proceso se dio con el pacto social entre la Democracia Cristiana y la UPD (Unión Popular Democrática). A partir de este acuerdo, se fue evidenciando la incapacidad de Duarte para cumplirlo y empezaron así a salirse de la UPD sindicatos y organizaciones hasta entonces vinculadas al gobierno.

Al mismo tiempo, el movimiento de masas de orientación más progresista e inclusive con connotaciones revolucionarias empezaba a tener una expresión propia y definida. La crisis del bloque en el poder favoreció el movimiento hacia este polo de importantes organizaciones ligadas en el pasado a la DC y a la AID y ahora opuestas a Duarte. Así, la CTS abandonó su pacto con Duarte y se integró a la UNTS (Unión Nacional de Trabajadores Salvadoreños). UPD hizo lo mismo. Este movimiento fue observado con atención y simpatía por las fuerzas insurgentes.

El polo más progresista del movimiento de masas empezó a crecer, a desarrollarse y a movilizarse más y más. Establecieron, por ejemplo, relaciones con organizaciones
gremiales no obreras como la FENATES, que agrupa a medianos empresarios. Sin embargo, debido precisamente a las debilidades estratégicas en la conducción política, a la fuerte presión del gobierno de Duarte y a los intentos divisionistas en base a dólares del Instituto Americano para el Sindicalismo Libre, se produjo en la UNTS un cierto fenómeno de descomposición. La CTS, la UPD y finalmente la FENATES la abandonaron.

Todos estos fenómenos de idas y de venidas permiten interpretar que, hasta el momento, en este movimiento de realineamiento, aún sin definiciones políticas y con previsibles oscilaciones y vacilaciones en las diferentes organizaciones, queda abierto el interrogante sobre el sentido de la conducción política. En este marco, las perspectivas políticas de una posible alianza de estas fuerzas con el movimiento revolucionario, que sepa combinar el respeto a los tiempos de maduración de cada fuera y sepa sortear tentaciones demasiado coyunturales, puede resultar decisiva.

El otro elemento del movimiento popular es la alianza democrático revolucionaria de los frentes FDR-FMLN. En ella se pueden detectar dos procesos principales a lo largo de 1986. En primer lugar, el desarrollo del proceso de unidad al interior del FMLN ha ido asentándose y teniendo un ritmo más estable y sostenido respectivo a 1985, no sólo ya a nivel militar sino también a nivel político y orgánico, el segundo proceso es la redefinición de los términos de la misma alianza entre el FDR y el FMLN. En noviembre de 1986, se suscribió un pacto en el que, sustancialmente, se establece la naturaleza de esta alianza, dejando fijada la autonomía del FDR y la del FMLN.

Una y otra vez, el FDR ha intentado infructuosamente entrar "legalmente" al país. Siempre Duarte se lo ha prohibido y ha amenazado con encarcelar a los dirigentes que se presentaran en el aeropuerto. La ausencia de un polo político "legal" al interior del país capaz de concentrar el alto potencial de las fuerzas opositoras a Duarte, se convierte en un tema decisivo para la estrategia del proyecto popular. Hasta hoy, no hay duda que el proyecto contrainsurgente norteamericano no está dispuesto a permitir la apertura de espacios políticos reales e internos que puedan desestabilizar al gobierno de Duarte.

La guerra popular y el diálogo-negociación

Este sintético análisis nos lleva a la evaluación de los dos principales instrumentos de lucha que tratan de poner fin al conflicto salvadoreño y obtener un resultado favorable al cambio social: la guerra popular revolucionaria y el diálogo-negociación.

Respecto a la guerra, si se compara para 1985 con 1986 se registra en 1986 una disminución de las operaciones militares de mediana y de gran envergadura del FMLN. Al mismo tiempo, se da una mayor capacidad de la Fuerza Armada de sostener y ampliar sus grandes operativos en varios teatros de guerra simultáneamente. Sin embargo, analizando otros indicadores más precisos, la ventaja que para las Fuerzas Armadas del gobierno se deduciría de esto no resulta tan clara.

En primer lugar, aunque las operaciones de grande y mediana envergadura del FMLN disminuyeron cuantitativamente, sí se elevó en términos cualitativos la relevancia estratégica de las mismas, como demuestra, entre otros, el fulminante y exitoso ataque al cuartel de la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, segunda ciudad del país, donde el FMLN causó al ejército gubernamental unas 250 bajas y logró destruir parcialmente las instalaciones.

A lo largo de 1986, el FMLN fue poniendo a prueba la combinación de su táctica de concentración - desconcentración de fuerzas, elaborada a partir de la necesidad de dar una respuesta estratégica al creciente desarrollo de las unidades guerrilleras, tanto en tamaño como en capacidad combativa. A esta táctica que se ha mostrado muy eficaz, se añadió también en 1986 otra modalidad ofensiva: el ataque nocturno.

Al mismo tiempo, la desconcentración de fuerzas han permitido al FMLN extender el radio de su accionar, aunque episódicamente, a casi todos los departamentos del país y a aumentar las posibilidades de reclutamiento. El éxito obtenido por los frentes guerrilleros en su nueva estrategia de dispersión por todo el país permite al FMLN realizar ataques como el de San Miguel y utilizar los paros de transporte como mecanismos para presionar al gobierno y para distraer al ejército en las coyunturas en que necesita un reabastecimiento militar. El manejo político e ideológico que hace el FMLN de los paros es un gran reto en un conflicto que se prolonga.

También en el desgaste causado por el FMLN a las fuerzas gubernamentales se elevó algo: el promedio de bajas mensuales en 1986 fue de alrededor de 600.

Por otra parte, es evidente que el plan militar estratégico diseñado por los norteamericanos a fines de 1983 se puede dar ya por definitivamente fracasado. Los planes contrainsurgentes, como el operativo Fénix en Guazapa y el Plan "Unidos para Reconstruir", por todo el país, no ha tenido los efectos deseados por el gobierno y las fuerzas armadas.

Es preciso señalar en este marco un hecho significativo. Hace tres años, el traslado de los refugiados salvadoreños ubicados en Colomoncagua, en la frontera hondureña, era considerado una medida prioritaria para los norteamericanos, que llegaron inclusive a cercar a los refugiados. En 1986 la presión para lograr esta movilización ha sido prácticamente desaparecido y parece que ya no hay interés en desplazarlos hacia el interior de Honduras. Esto sólo se puede explicar por el fracaso del objeto estratégico de 1983 de arrinconar y aislar al FMLN en la franja norteña de El Salvador, para lo cual era necesario limpiar también el lado hondureño de cualquier eventual apoyo logístico que los salvadoreños refugiado pudieran ofrecer a la guerrilla. Poner, como el ejército de Duarte no logró empujar al FMLN hacia el norte de El Salvador ni menos arrinconarlo allí, la estrategia norteamericana decidió abandonar este conflicto tema del desplazamiento de los refugiados, que tanto eco internacional había suscitado.

En segundo lugar, existen serias dificultades y limitaciones para que el ejército gubernamental crezca numéricamente, tal como se lo propone. Las Fuerzas Armadas salvadoreñas no han logrado completar la meta de crecimiento que se plantearon para finales de 1985, establecida en 60 mil hombres en armas. A principios de 1987 siguen estancados en 52-54 mil. Para lograr aquella meta, deberían ser capaces de reclutar anualmente a unos 30 mil hombres. Pero, si se toma en cuenta que el ejército de Duarte registra unas 6 mil bajas al año y además una deserción de 10 hombres al día - es decir, 3.600 al año -, y se considera el recambio que tienen cada 18 meses, los reclutas dle servicio militar, las perspectivas militares del ejército parecen destinadas a un estancamiento.

Esta situación de carencia de hombres explica en gran medida la nueva ley de reclutamiento militar promulgada por el gobierno. Para el ejército gubernamental es preciso modificar la relación que existe actualmente entre personal de apoyo y combatientes. En la actualidad, esta relación es de dos de apoyo por cada combatiente, lo que es evidentemente una proporción inadecuada para el tipo de guerra contrainsurgente que se desarrolla en el país.

Esta relación tiene origen ene el reclutamiento forzoso que se ha hecho, hasta ahora, sólo entre campesinos con bajos nivel culturales y, por lo tanto, menos capacitados para las labores de apoyo logístico. Con la nueva ley de servicio militar, el gobierno pretendía reclutar también a sectores medios cultos y preparados técnicamente. Esto permitiría ubicar a los nuevos reclutas en los servicios de apoyo, bajando de esta forma la relación apoyo/combatiente a uno-por-uno, y liberando a la vez a más campesinos para que sean ellos los que combatan en los campos de batalla.

El hecho de que la Democracia Cristiana haya tenido que implementar una ley de servicio militar a la que la burguesía y las clases medias se oponen frontalmente, indica, por un lado, la imperiosa necesidad de crecimiento que experimenta el ejército salvadoreño y, por el otro, la contradicción en que se debate la burguesía, que quisiera ganar la guerra sin que sus hijos combatan. Si en 1981-82 el cuello de botella del ejército estaba en la deficiente preparación de la oficialidad, ahora este problema se da a nivel de tropa. Con la diferencia que este obstáculo, parece hoy mucho más difícil de superar sin crear mayores problemas políticos para el régimen.

En síntesis, en 1986 el desarrollo en la correlación de fuerzas entre los dos polos en conflicto en El Salvador no tiene características homogéneas en los diferentes planos de la confrontación.

En el terreno de la movilización social la correlación podría resultar favorable al movimiento revolucionario si éste sabe interpretar correctamente el actual fenómeno de removilización y respetar pacientemente el fenómeno del realineamiento. Es evidente que el gobierno democristiano le resulta muy difícil captar o volver a ganar a estas fuerzas cuando su propia base social disminuye y se cuartea.

Las cosas han cambiado mucho. Si en 1980, a la fuerza del movimiento de masas no se correspondía un desarrollo de las fuerzas revolucionarias en el plano político-militar, y en 1983, a la creciente fuerza guerrillera sólo se correspondía el silencio de un movimiento popular diezmado por la represión, en 1986 se ha abierto por primera vez un espacio en el que pueden combinarse las fuerzas militares del FMLN acumuladas durante largos años de guerra con las fuerzas sociales del movimiento popular acumuladas durante largos años de sufrimiento y experiencia.

En el terreno estrictamente político, el régimen de Duarte ha sufrido un fuerte desgaste en su credibilidad interna e internacional. Desgaste que quizá aún no se aprecia internacionalmente en toda su magnitud. El FDR-FMLN no ha sabido aún capitalizar ese desgaste ni lograr una presencia más abierta en el interior del país.

Militarmente, la correlación de fuerzas se ha mantenido relativamente estabilizada. Ambos bandos han tenido un desarrollo mayor de sus fuerzas y capacidades. Pero, al contrario de lo que sucede en el terreno político, ambos contendientes han perdido espacios frente a un movimiento social en alza que, si por un lado parece haber abandonado el proyecto duartista, por el otro no se articula por el momento con el proyecto popular.

Para 1987 las perspectivas son de prolongación del conflicto. Desde el punto de vista de un proyecto revolucionario, el nuevo año se presenta con situaciones nuevas. Si el FMLN logra incrementar su accionar militar tanto en el campo como en la ciudades, este incremento estará por primera vez complementado con el espacio social y político que pueda ganar entre las masas removilizadas.

El reto político de saber canalizar estas movilizaciones y de saber expresarlas, tanto en términos orgánicos como en la elaboración de una plataforma programática viable queda abierto para el futuro.

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