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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 69 | Marzo 1987
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Nicaragua

Sigue el acoso: victorias y nuevos desafíos

1986 fue un año de intensa confrontación entre Reagan y la Nicaragua sandinista. Nicaragua obtuvo victorias importantes. Las principales: siguió ganando la guerra a la contrarrevolución en el terreno militar y obtuvo una victoria diplomática histórica con el fallo favorable de la Corte Internacional de Justicia de la Haya.

Equipo Envío

A pesar de la agresividad norteamericana y de la virtual declaración de guerra del Congreso de Estados Unidos contra Nicaragua, el balance del año es positivo y esperanzador. Más aún si a este balance se añade el debilitamiento que para la política militarista del Presidente Reagan ha representado el escándalo Irán/Contragate. En este contexto de efectiva resistencia militar y diplomática, la crisis económica nicaragüense adquiere cada vez mayor importancia en la coyuntura nacional.

La campaña por los cien millones

Desde las primeras semanas del año, el Presidente norteamericano inició su ofensiva contra Nicaragua pidiendo al Congreso $100 millones para los contrarrevolucionarios. Su retórica fue tan dura que su Discurso sobre el Estado de Nación del 16 de marzo de 1986 fue calificado por el demócrata Thomas O'Neill como "la virtual declaración de guerra" contra Nicaragua.

Parte de la campaña antisandinista de Reagan pretendía identificar a Nicaragua con Libia y a Daniel Ortega con Khadafi, y cuando en abril Reagan bombardeó las ciudades libias de Trípoli y Bengasi declaró que los sandinistas estaban "edificando una Libia en el umbral de Estados Unidos". En los momentos más serios de la pugna entre el Congreso y el Ejecutivo norteamericano, Reagan llegó a decir en una reunión con Cruz, Robelo y Calero: 'Yo soy un contra".

Esta campaña tenía una clara continuidad con la del año anterior, en el que Reagan inició su segundo período presidencial. En 1985, en su primera conferencia de prensa, el Presidente reafirmó las propuestas del Informe Kissinger como su línea estratégica para Centroamérica durante su segundo mandato. Este Informe es la expresión centroamericana de la doctrina militar norteamericana, que propugna la guerra de baja intensidad contra las revoluciones del Tercer Mundo. el 21 de febrero de 1985, en base a estas opciones, Reagan declaró con claridad que su objetivo era "sustituir la estructura actual del gobierno sandinista". La guerra de baja intensidad podría abrir distintas opciones para lograr este objetivo y eso fue, justamente, lo que al día siguiente, el 22 de febrero, declaró Shultz, al afirmar que el medio de esa "sustitución" de los sandinistas podía ser el grupo de Contadora con sus presiones o las acciones unilaterales de los sandinistas o el dialogo con la oposición o el "colapso" del régimen por medio de una intervención militar directa.

La Administración buscaba, pues, apoyar una guerra de guerrillas contrarrevolucionarias haciendo uso de todos los medios diplomáticos, económicos, políticos, etc. para lograr su objetivo: hacer rendirse al gobierno sandinista, hacerle "pedir cacao"

Desde esta perspectiva, la intervención militar directa no es la vía prioritaria. Pero eso no significa que esté descartada si en el transcurso de la confrontación revolución-contrarrevolución se crean condiciones favorables para su implementación. Esta perspectiva estratégica planteada en el Informe Kissinger de 1983, que tiene como eje las acciones militares contrarrevolucionarias, se encontraba favorecida por un desarrollo significativo de la contrarrevolución desde la segunda parte de 1983 y durante todo el año 1984. (En 1984 la contrarrevolución causó daños materiales equivalentes al 70% de las exportaciones de Nicaragua en ese año y se llegaron a reportar 1500 encuentros armados, un equivalente a cuatro diarios).

Es importante señalar también que la opción de guerra de baja intensidad contra Nicaragua no se debe a una iniciativa o decisión del gobierno norteamericano sino que es la opción que Nicaragua le obligó a tomar con el crecimiento políticos, económico y diplomático de la revolución, crecimiento y consolidación que hacían entender a la Administración Reagan que pagaría muy altos costos si intervenía directamente en Nicaragua. Ese trasfondo nos permite comprende que la campaña de Reagan por los $100 millones en 1986, además de un neuvo apoyo militar a los contrarrevolucionarios, buscaba sobre todo el aval político del consenso bipartidista para este proyecto militar.

Ya en 1985, al romper las pláticas de Manzanillo y retirarse del Tribunal de La Haya, Reagan había unificado las posturas en su gobierno, aislando cualquier posición que abogara por una salida negociada con Nicaragua. Sin embargo, el resultado en 1986 de esta intensa y prolongada campaña de Reagan fue la derrota de sus posiciones en la Cámara de Representantes el 20 de marzo por 222 votos en contra, 210 a favor y 3 abstenciones, mientras en el Senado triunfaba por 53 votos contra 47. Los números indican que no hubo grandes márgenes de diferencia ni en la victoria ni en la derrota, presagiándose con ello que la lucha iba a continuar.

El resultado obligaba a la Cámara de Representantes y especialmente a los demócratas a estructurar una alternativa a la propuesta de Reagan. Sólo así podrían dar consistencia y continuidad al debate. Los demócratas de la Cámara habían dicho no al plan de Reagan pero aún no habían dicho que sí a un proyecto concreto para abordar el conflicto con Nicaragua y esto era necesario para poder, posteriormente, confrontar este proyecto con el que el Senado había aprobado.

En esta situación, un sector de los demócratas encabezado por Thomas O'Neill buscó en América Latina, y concretamente en el Grupo de Contadora, un asidero par forjar esta posición alternativa. El hecho de buscar a Contadora fue un paso nuevo. el Informe Kissinger, y la Administración Reagan tras él, considera que los objetivos de Contadora, como expresión latinoamericana, no coinciden con los de Estados Unidos, sin que con ello se niegue la posibilidad de poder utilizar a Contadora como medio de presión contra Nicaragua. Pero, el hecho de que Contadora propugne una solución negociada al conflicto contradice la opción militar de la Administración norteamericana. Hasta este momento había sido Nicaragua quien había considerado a Contadora como la mejor solución al conflicto.

En 1985 se habían dado dos grandes propuestas para resolver la crisis centroamericana y especialmente la nicaragüense. Reagan propuso su llamado Plan de Paz y Nicaragua le opuso la propuesta de Contadora. El Plan de Paz de Reagan buscaba que Nicaragua dialogara con la contrarrevolución, que se disolviera la Asamblea Nacional y que se convocara a nuevas elecciones. En fin que se sustituyera la actual estructura dle gobierno revolucionario. Contadora, por el contrario, respetaba las elecciones realizadas en 1984, no presionaba al gobierno nicaragüense a un dialogo con la contrarrevolución y buscaba seguridades internacionales para los países que de una u otra forma se estaban viendo involucrados en el conflicto centroamericano. En 1985, Nicaragua opuso Contadora al Plan de Paz de Reagan. En 1986, algo se avanzó: eran los mismos demócratas los que tomaban la opción de Contadora para oponerla a la opción militar de Reagan.

Sin embargo, cuando el sector demócrata liderado por O'Neill buscó a Contadora, esta se encontraba en un momento de relativa debilidad. Ya en noviembre de 1985, Nicaragua se había negado a firmar la segunda versión del Acta de Paz e incluso había reforzado el Estado de Emergencia, como un medio para resistir presiones tanto en el orden internacional como en el interno. La situación de Contadora fue tan difícil entonces que tuvo que acordar un receso de cuatro meses.

Gracias al impulso que le dio el Grupo de Apoyo, formado en Lima en 1985, surgió de Contadora la propuesta de Caraballeda en enero de 1986. Caraballeda, en sustancia, responsabilizaba a Estados Unidos por su falta de voluntad política para solucionar la crisis centroamericana. En realidad, la posición de Nicaragua había obligado a los países de Contadora y del Grupo de Lima a plantearse como alternativas la muerte del proceso negociador latinoamericano o el dar entrada, en cierta medida, a las tesis nicaragüenses que insistían en que no podía haber una solución a la crisis centroamericana sin la participación de Estados Unidos.

Con la propuesta de Caraballeda en las manos, los cancilleres del Grupo de Contadora viajaron a Washington, pero Shultz se opuso a ella, y en especial, a cesar el apoyo a la contrarrevolución. Reagan, por su parte, se negó a recibir a los ocho cancilleres, reuniéndose esos mismos días con los líderes contrarrevolucionarios. Contadora volvió a encontrarse, entonces, en una situación embarazosa. Su segunda Acta era rechazada por Nicaragua y su propuesta de Caraballeda, como alternativa, era rechazada por Estados Unidos.

En esta situación, buscando forzar situaciones, Contadora propuso la firma de una nueva acta revisada para el 6 de junio, sin que en ella existiera una petición explícita sobre el cese del apoyo estadounidense a la contrarrevolución. Es decir, optaron por presionar al mas débil como una salida al impasse en el que se encontraban. Es en esta situación cuando O'Neill y el sector demócrata que lidera invocan a Contadora y al Grupo de Apoyo como un alternativa a la propuesta de Reagan. Mientras, Contadora, paralelamente, invoca al Congreso norteamericano. Significativamente, sin embargo, tanto Reagan como Nicaragua, se muestran en desacuerdo con este tipo de solución. Reagan, porque cualquier tipo de transación dificultaría sus planes militares contra Nicaragua. Y Nicaragua, porque en la medida en que no hay un compromiso explícito de Estados Unidos no tendría garantías suficientes para el desarrollo futuro de la revolución.

Una contrarrevolución derrotada

En medio de esa contradicción diplomática se iba desarrollando en el interior de Nicaragua el factor clave para el desarrollo del conflicto: el factor militar. Desde 1985 comenzó a perfilarse la tendencia y apuntaba hacia el declive estratégico de la contrarrevolución. En 1986 esta tendencia se confirmó. Los sandinistas ganaban la guerra.

El balance del conflicto militar es ciertamente importantísimo a la hora de manejar alternativas diplomáticas a la crisis de la región. Mientras las esferas diplomáticas se planteaban diversas posiciones y posibilidades, en la segunda quincena de marzo de 1986 se dieron los combates que con los de noviembre de ese mismo año, son probablemente los más fuertes de toda la guerra. En ese mes de marzo, el ejército nicaragüense anuncio haber causado 600 bajas a la contrarrevolución, de las cuales no menos de 350 eran muertos. Al mismo tiempo, se anunció la destrucción de varios campamentos contrarrevolucionarios y de su más importante base de entrenamiento en el borde fronterizo con Honduras. El ejército nicaragüense se reportó 40 muertos y 116 heridos.

A principios del mes de marzo la contrarrevolución había lanzado una ofensiva y éstos fueron los resultados. Los combates se desarrollaron en territorio fronterizo hondureño-nicaragüense. Ante esto, la Administración Reagan declaró que el ejército sandinista estaba violando el territorio de Honduras. Los hondureños aducían falta de información. Después de muchas presiones, el gobierno de Honduras, finalmente, se plegó a los norteamericanos. Llegó el Jefe del Comando Sur de Estados Unidos, John Galvin, y miembros de las Fuerzas Armadas hondureñas fueron enviados en helicópteros hacia las zonas fronterizas, pero aunque los norteamericanos hablaban de un grave peligro para Honduras por la supuesta invasión del ejército sandinista, el Presidente Azcona, aprovechando las vacaciones de semana santa, se fue a descansar al mar. Finalmente, el conflicto finalizó sin ningún encuentro entre tropas sandinistas y tropas hondureñas.

Los acontecimientos militares de marzo/86 muestran, principalmente, dos realidades. La primera, la valoración que el gobierno de Honduras hace de la contrarrevolución. Y la segunda, el declive estratégico en que ésta estaría entrando al ser golpeada fuertemente en su retaguardia. La valoración que hace de la contrarrevolución. Y la segunda, el declive estratégico en que esta estaría entrando al ser golpeada fuertemente en su retaguardia. La valoración que hace de la contrarrevolución Honduras se asemeja a la que también hace el otro país limítrofe con Nicaragua: Costa Rica.

Tres factores que han llevado al declive estratégico de la contrarrevolución

Interesa ahondar en los tres factores que han llevado al declive estratégico de la contrarrevolución desde 1985 y a todo lo largo de 1986.

El primero es el hecho de que la revolución se ha pegado cada vez más campesinado. El FSLN había venido perdiendo ciertas bases en regiones campesinas relativamente aisladas de la Región, I, VI y V (zonas noroccidental, norcentral y central). El principal factor que influyó en esto fue el no haber respondido suficientemente a las demandas campesinas por la tierra, sumándose a ello otros errores políticos del gobierno. En 1985 el gobierno de Nicaragua dio un giro en el reconocimiento al mundo campesino. Hasta ese momento, la Reforma Agraria se había centrado en las empresas estatales, entendidas como futuros focos de modernidad tecnológica y proletarización socializante. Posteriormente, se había impulsado la cooperativización avanzada, pero en ninguna de estas dos fases se había dado respuestas a la sentida demanda del campesinado que quería recibir tierras propias en forma individual pudiendo organizarse después en cooperativas de crédito y servicios.

Las elecciones de noviembre de 1984 mostraron un menor apoyo del campesinado al programa de gobierno sandinista del que hubo en las ciudades. A partir de entonces se atendió la demanda campesina por la tierra, otorgándola en forma de parcelas individuales. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) incorporó la tierra en sus demandas y movilizaciones y en 1986 se entregaron alrededor de 450 mil manzanas de tierra. Todo esto incidió en un mayor acercamiento del gobierno y el FSLN al campesinado de las Regiones I, VI y V, y paralelamente hubo esfuerzos para mejorar el abastecimiento en el campo. Y poco a poco fueron llegando productos esenciales para la sobrevivencia campesina. Un factor importante para lograrlo fue el proceso de compactación estatal que se implantó de forma especial en estas difíciles zonas de guerra. Al mismo tiempo, cuadros seleccionados del FSLN fueron a trabajar en estas zonas conflictivas.

El segundo factor fue pegarse al terreno. Uno de los problemas más serios de la guerra en años anteriores había sido que el ejército sandinista desalojaba a los contrarrevolucionarios de algunos lugares, pero al irse el ejército, está regresaba. El campesino ubicado en esas zonas debía sobrevivir, en el mejor de los casos, entre dos fuegos. Tratando de darle más seguridad y, en consecuencia, de fortalecer su grado de conciencia, comenzaron a formarse compañías permanentes territoriales que aseguraban una presencia permanente del ejército sandinista. Esta presencia se reforzaba con milicias territoriales y de autodefensa.

Esa nueva estructuración militar permitió que pudieran llegar a las zonas de guerra una serie de servicios sociales -salud, educación, abastecimiento- antes de muy difícil acceso, entre otras cosas por las amenazas de los contrarrevolucionarios a los que se comprometían en estas tareas.

El tercer factor fue pegarse a la contrarrevolución. En la medida que se avanzaba en cercanía a la población campesina y se cubría mayor terreno, la contrarrevolución era puesta cada vez más a la defensiva y por eso, buscada y perseguida. Incluso, un factor fue inicialmente se había considerado muy importante para iniciar el declive estratégico de la contrarrevolución -los reasentamientos campesinos- sólo tuvieron que realizarse en la primera de sus fases planificadas. No hubo necesidad de implementar las siguientes fases, evitándose así fuertes gastos económicos y de recursos humanos.

Puesta la contrarrevolución a la defensiva, los Batallones de Lucha Irregular y los Batallones Ligero Cazadores del ejército de Nicaragua, apoyados por los helicópteros de combate, permitieron a los sandinistas llevar la iniciativa en el 90% de los combates que se llevaron a cabo en 1986, consiguiendo reducir las fuerzas contrarrevolucionarias de 15 mil hombres que aproximadamente tenían a fines de 1984 a 6.500, que es el número que se calcula podrían tener ahora. En este número se expresan no sólo los golpes militares propinados a la contrarrevolución sino también su actual incapacidad para reclutar nuevos hombres.

Los factores estrictamente militares se conjugaron en 1986 con los factores políticos para dar un único resultado: la concepción de la guerra se ha vuelto más integral. El servicio militar, pese a su costos, permitió elevar las posibilidad militares del ejército sandinista. La nueva fase de la Reforma Agraria posibilitó restar las nacientes bases que la contrarrevolución empezó a formar en el campo. Al debilitarse estratégicamente la contrarrevolución, aumentaron las deserciones gracias a la amnistía, que en Nicaragua está vigente desde 1983 para todos aquellos que se aparten de las filas contrarrevolucionarias, sea cual haya sido su papel dentro de ellas.

Paralelamente, se lograron detectar diversas redes de apoyo a la contrarrevolución, tanto en el campo como en las cabeceras departamentales. Por otra parte, mientas se perfeccionaban y complementaban los mecanismos que fueron llevando al declive estratégico de la contrarrevolución, se implemento el Servicio Militar de Reserva para los varones de 25 a 40 años. El ser vicio de reserva pretende organizar a este sector de la población en la defensa de las ciudades, especialmente de Managua, en previsión no de la guerra de la contrarrevolución sino de una eventual intervención norteamericana. De esta manera, el aparato militar actual tiene capacidad para responder a cualquiera de las dos variantes del plan militar de Reagan.

Las tensiones del Presidente Arias

La tendencia a la derrota estratégica de la contrarrevolución provocó ciertas variaciones en la posición hacia la misma de los países fronterizos con Nicaragua. En octubre siguió creciendo el descontento de ciertos sectores hondureños ante la ocupación permanente de zonas del país por los contrarrevolucionarios y ante la forma de relacionarse éstos con la población hondureña. En la frontera sur, como efecto de la actividad del ejército sandinista y de la falta de apoyo del gobierno de Estados Unidos, las fuerzas de Edén Pastora abandonaron en 1986 la lucha armada. Oscar Arias, que asumió en 1986 la presidencia, reformuló la política costarricense, hacia Nicaragua. Por una parte, tiene que cumplir la promesa de paz que le llevó a la presidencia. Cumplirla le es necesario si quiere mantener el estatus de la sociedad costarricense. Sin embargo, deben combinar este objetivo con el de dar respuesta a las presiones estadounidenses que pretenden una mayor militarización de Costa Rica y su creciente involucramiento en la guerra antisandinista.

Arias busca ambas tendencias en una sola línea política. Coincidiendo con los objetivos de Reagan, quiere conseguirlos dando prioridad a las presiones políticas sobre las militares. Una buena muestra de esta tensión fueron los hechos que se dieron con ocasión de su toma presidencial. Por una parte, declaró no estar de acuerdo con la entrega de los $100 millones a la contrarrevolución pero por otra, al reunirse en su toma de posesión varios de los presidentes del Grupo de Contadora y de Apoyo, Arias intentó que firmaron un documento que contenía prácticamente las peticiones que Reagan formulara en su Plan de Paz de 1985. A pesar de que Arias fracasó en su intento, es significativa una cierta variación del gobierno costarricense frente a los contras. En 1986, esto se observó también en el gobierno hondureño. Pero son variaciones que no logran avanzar porque las presiones norteamericanas lo impiden.

Contadora resucitó una vez más

Nicaragua logró articular una respuesta ante las presiones que había tenido en el Grupo de Contadora respecto a la firma de una nueva Acta el 6 de junio, fecha que se planteó como "plazo fatal". A la petición de Contadora, Nicaragua respondió que firmaría siempre y cuando Estados Unidos se comprometiera a cesar la agresión. Es decir, Nicaragua aceptaba una serie de limitaciones importantes que el Acta proponía, pero con la condición de que esas concesiones fueran un paso hacia una paz real en Centroamérica.

De firmar esa segunda Acta, los restantes gobiernos del área tendrían que hacer, igual que el de Nicaragua, concesiones significativas. Lo más importante de la respuesta de Nicaragua es la propuesta que hace sobre una parte del Acta, aún sin elaborar: la referida a seguridad y armamentos. Nicaragua propone distinguir entre armamentos ofensivos y armamentos defensivos, con el objetivo de que se permita a todos los países del área tener todos los armamentos que se considera defensivos, y a la par someter los ofensivos a una negociación, pudiéndose llegar a través de ella a limitarlos significativamente o incluso a eliminarlos. Sería objeto de la negociación el distinguir cuáles son ofensivos y cuáles defensivos. Contadora acepta en al medida en que esa propuesta, de ser implementada, fortalecería la paz del área. Así se disuelva la fatalidad de la fecha del 6 de junio.

La propuesta nicaragüense fue tomada en cuenta por Contadora en la nueva Acta, la tercera Acta de Paz. De una u otra forma, se hace manifiesto así que las negociaciones continuaran. No hubo en esta ocasión un desenlace final del proceso de Contadora, sino que éste entró en una nueva fase o, más exactamente, que continuó el difícil proceso negociador.

Mientras Contadora avanzaba, no sucedió lo mismo con los demócratas de la Cámara de Representantes. Estos habían retrasado su votación sobre los $100 millones en espera de los resultados de Contadora, pero en la medida en que Contadora no plasmó un resultado final sino que solamente avanzó más en su proceso, los demócratas que habían visto en esta opción una alternativa coyuntural a la opción de Reagan, se vieron en dificultades. Por otra parte, estaban sometidos a una fuerte presión del mismo Presidente y eran víctimas de falta de cohesión interna.

En la medida en que se sigue su curso, la alternativa de Contadora no ofrece aún la suficiente solidez para contraponerla exitosamente a una propuesta totalmente elaborada ya por la Administración Reagan. Además, la tercera Acta, que tomó en cuenta las propuestas de Nicaragua, al resultar menos presionante para Nicaragua que la segunda abría una brecha mayor con las posiciones de Reagan.

Todo esto, estando por delante períodos electorales, podía abrir a los demócratas un flanco sensible ya que podían ser acusados por Reagan como "blandos ante el comunismo". En este contexto, se llevó a cabo la votación en la Corte de Representantes. En ella se enfrentaron dos propuestas antagónicas. Una, de fondo, buscaba la solución política al conflicto: era la propuesta Hamilton. La otra proponía la solución militar: era la propuesta Skelton-Edwards. La propuesta Hamilton perdió por 245 votos contra 183. Esto hace ver que no se logró plasmar una política antireaganiana coherente hacia Centroamérica y especialmente hacia Nicaragua. La propuesta Skelton-Edwards ganó por 221 contra 209 votos. Aunque sin lograr un amplio margen, Reagan logró sacar adelante su plan de apoyo político con consenso bipartidista. Al mismo tiempo se le volvieron a liberar las manos a la CIA, que supuestamente habían estado sujetas desde 1984, tras el escándalo del minado de los puertos y del manual terrorista de la CIA.

Como una ironía, el mismo día que el Congreso norteamericano aprobaba los $100 millones, el Grupo de Contadora entregaba la tercera Acta de Paz a los secretarios generales de la ONU y la OEA. Esa Acta incluía los acuerdos de Caraballeda. Es decir, exigía un compromiso de paz de Estados Unidos hacia Nicaragua. Un día después de la votación en la Cámara de Representantes, la Corte de La Haya fallaba en favor de Nicaragua y en contra de Estados Unidos en el histórico juicio que este pequeño país presentó contra la Administración norteamericana. Pero nada, ni la nueva Acta de Paz ni el fallo de la Corte, impidió que los factores de política interna de Estados Unidos variaran. La opinión pública mundial y el derecho internacional tuvieron menos peso para los demócratas que sus propios juegos políticos partidistas.

En definitiva, el sector democrático liderado por O'Neill y el Grupo de Contadora no lograron hacer, al menos en ese momento, una alianza. Queda por ver si la posición latinoamericanista de Contadora, que entre otros principios aboga por la autodeterminación y la soberanía de cada nación del continente, podrá en otro momento encontrarse con una postura más abierta entre los demócratas. No hay que olvidar que los demócratas buscaron a Contadora cuando ésta, en cierto modo, atravesaba por un momento de mucha debilidad en sus posiciones latinoamericanistas. ¿Podrán los demócratas estructurar en el futuro un plan sólido y consistente para la región que tome en cuenta la posición latinoamericana de Contadora? ¿Estarán dispuestos a aceptar acuerdos que, además de garantizar la seguridad de las naciones del área y la de Estados Unidos mediante procesos de democratización y desmilitarización, permitan la autodeterminación nacional de las mayorías pobres de estos países? O por el contrario, ¿esperarán solamente de Contadora un eventual aliado para presionar a Nicaragua en puntos que implicarían de facto una rendición en los principios nacionales?

Distensión en las relaciones Iglesia-Estado

Tras la votación de la Cámara de Representantes, en junio de 1986, el Senado la ratificó en agosto y, después de algunos pequeños retrasos, Reagan firmó en septiembre la ley por la que se entregan los $100 millones a la contrarrevolución.

La aprobación de los $100 millones fue justamente considerada en Nicaragua como una declaración de guerra. Era el triunfo de la opción militar bajo la modalidad de guerra de baja intensidad que la Administración había venido buscando legitimar. Como consecuencia de esta situación, el gobierno de Nicaragua fortaleció las medidas para controlar a aquellos que habían estado defendiendo dentro de Nicaragua las posiciones de la Administración. En consecuencia, el diario La Prensa, fue suspendido indefinidamente en espera de que varíe la situación de guerra o de que el periódico rectifique en su línea política pro-reaganiana. Por otra parte, a raíz de unas declaraciones de Monseñor Pablo Antonio Vega, obispo de Juigalpa, legitimando la aprobación de los $100 millones y la acción de la contra y descalificando la sentencia de La Haya, éste fue expulsado del país.

A pesar de ello, las relaciones Iglesia-Estado experimentaron cambios significativos, en 1986. En años anteriores la expulsión de Monseñor Vega hubiera provocado una agudización extrema en estas relaciones. Esta vez, aunque no dejó de haber una serie de protestas formales del episcopado nicaragüense y de otros episcopados y del mismo Papa, el resultado fue otro. Tres semanas después de la expulsión de Vega, llegó a Nicaragua un nuevo Nuncio, Paolo Giglio, con planteamientos conciliadores. A su llegada a Nicaragua declaró que "la misión de la Iglesia esa hacer buenos ciudadanos, enseñar a nuestros católicos a amar a su país. ¿Qué hace un buen cristiano? -dijo- Cumplir su deber, obedecer las leyes del país, amar a Dios, amar a su patria, amar a su prójimo, abrir su corazón al trabajo y su conciencia para aceptar los mandamientos de Dios y de su patria".

Dos meses después se reiniciaba el diálogo entre la Conferencia Episcopal de Nicaragua y el Estado revolucionario, con la participación del nuevo Nuncio. Este diálogo, pese a que avanza lentamente, ha producido una notable distensión en las relaciones Iglesia-Estado. La mejor muestra de ello se vio en el Congreso Eucarístico que se celebró en Nicaragua del 16 al 23 de noviembre. La celebración tuvo como lema "Unidad y Reconciliación", asistiendo diversos obispos extranjeros invitados y el delegado del Papa, Cardenal Opilio Rossi. El Congreso se mantuvo en gran medida, en una dimensión religiosa, hecha poco frecuente dado el comportamiento de la jerarquía nicaragüense. Los medios de comunicación del gobierno de Nicaragua -prensa, radio y TV- informaron diariamente de las actividades del Congreso. Y así, mientras el Presidente Daniel Ortega se entrevistaba con la mayoría de los obispos extranjeros que llegaron, el Papa Juan Pablo II, en carta enviada al Congreso Eucarístico, no hacía ningún tipo de referencia critica implícita o explícita, como en otras ocasiones, ni al gobierno revolucionario ni a la Iglesia de los Pobres.

Un hecho significativo fue la presencia de mas de 40 sacerdotes que apoyan el proceso revolucionario entre los concelebrantes de la Misa de la Clausura del Congreso. La distensión Iglesia-Estado podría incidir en la distensión entre las dos posiciones políticas que dividen a la Iglesia nicaragüense.

El diálogo Iglesia-Estado avanzó por medio de comisiones del Estado y de la Iglesia que se reunieron en septiembre y en octubre de 1986. Las primeras reuniones estuvieron centradas en asuntos de procedimiento. El gobierno pretende buscar un marco general de entendimiento que permita posteriormente solucionar problemas puntuales. Un sector de la jerarquía parece priorizar la discusión de problemas puntuales y que la Iglesia reciba del gobierno signos de buena voluntad que posteriormente permitan llegar a ese marco general de entendimiento. La dinámica del dialogo irá llevando a una cierta conjugación de ambas posiciones.

Este diálogo, pese a sus buenos comienzos, no deja de encontrar dificultades en su camino. Son muchas las fuerzas e intereses que tratan de obstaculizarlo.

Este cambio en las posiciones del Vaticano podría encontrar también ciertas resistencias en los sectores de la Iglesia nicaragüense que venían propugnando una política de abierta confrontación con el gobierno revolucionario. Queda por ver, pues, el desarrollo de este complejo diálogo entre la Iglesia y el Estado, pero, por el momento la distensión que se inició en 1986 ha ganado terreno.

La institucionalización del proceso revolucionario

También en 1986 fue discutida y aprobada la nueva Constitución de la República de Nicaragua. La discutieron 7 partidos que participaron en las elecciones presidenciales de 1984 y que cubren todo el espectro ideológico como quedó demostrado en los mismos, debates constitucionales. Sandinistas, conservadores, liberales, popular-social cristianos, socialistas, comunistas y marxistas-leninistas -con 61, 14, 6, 2, 2, y 2 representantes respectivamente en la Asamblea Nacional-, que compitieron en unas elecciones en las que se inscribió el 93% de los electores y votó el 75% de los inscritos, hicieron esta Constitución, que se alimentó de la experiencia adquirida en 7 años y medio de proceso revolucionario. Esto hace que la Constitución, sin dejar de tener una base teórica refleje con gran realismo la realidad nicaragüense en la actualidad del proceso y en su proyección actualmente previsible.

La Constitución consta de 202 artículos. De ellos, 48 fueron aprobados por unanimidad, 127 con el 80% de los votos, 19 con el 70% y 18 con el 60%. La experiencia de la discusión y elaboración de la nueva Constitución ha supuesto un importante aprendizaje para la conformación de la democracia nicaragüense. Como contrapartida, ha mostrado el error de aquellos partidos que por presiones de la Administración Reagan no quisieron concurrir a las elecciones de 1984. Estos partidos pro-norteamericanos, que nunca tuvieron en Nicaragua una fuerza política significativa, prácticamente han desaparecido ya de la memoria popular. Su única fuerza es la que deriva del apoyo que exteriormente les brinda la Administración Reagan.

El diálogo en curso entre la Iglesia y el Estado y la experiencia pluralista que ha dejado la nueva Constitución de Nicaragua en el contexto de la derrota militar de la contrarrevolución armada, ha permitido la creciente consolidación democrática de la revolución sandinista y una mayor institucionalización de la revolución. Esta se conjuga perfectamente con las propuestas sobre reducción de armamentos hechas por Nicaragua al Grupo de Contadora.

La agresión que no cesa

La Administración Reagan, después de conseguir la aprobación de los $100 millones, pasó inmediatamente al ataque. Pero la estrategia de la guerra de baja intensidad va fallando. En el aspecto militar, porque la contrarrevolución está en un declive estratégico. Y en la política interna de Nicaragua, porque ha habido una creciente distensión con la Iglesia y una experiencia de fortalecimiento democrático con los partidos participativos en las elecciones. Pese a las difíciles condiciones económicas, la victoria diplomática en La Haya y la anuencia de Nicaragua a firmar la última acta de Contadora, proporcionan aún mayor espacio político a la revolución. En los diversos campos de batalla que abarca la guerra de baja intensidad no hay, en términos generales, un resultado exitoso para la Administración. Pero ante esa realidad evidente, la vía escogida para continuar la guerra contra Nicaragua no parece otra que la intensificación de esta guerra de baja intensidad.

Existe toda una serie de posibilidades para esa intensificación. Por ejemplo bombardeos aéreos con aviones procedentes de Honduras o de Estados Unidos contra objetivos económicos o militares nicaragüenses, acciones terroristas de sabotaje contra estos mismos objetivos, etc. Obviamente, cualquier intensificación de acciones militares podría creer eventualmente situaciones que justificaran una intervención militar norteamericana, aunque ésta no sea necesariamente la opción preferida ni prioritaria de la Administración. En cualquier caso, Reagan tendría a forzar la situación, dado que la actual correlación de fuerzas le es adversa.

Es por eso que en noviembre de 1986 Elliot Abrams y Philip Habib visitaron los países de Contadora, del Grupo de Apoyo a Centroamérica haciendo ver a sus gobiernos que para la Administración Reagan la sobrevivencia de la revolución nicaragüense es inaceptable, que está decidida a acabar con ella por los medios que sea y que a ninguno de estos países latinoamericanos le conviene oponerse. Paralelamente a esta retórica, volvieron a apostarse barcos de guerra estadounidense en los océanos nicaragüenses, especialmente frente a los principales puertos del país. Se incrementaron también en vuelos de espionaje y en Costa Rica y Honduras se comenzaron a limpiar zonas fronterizas en previsión de incidentes bélicos.

William Walker, funcionario del Departamento de Estado, llamó al embajador nicaragüense en Estados Unidos, Carlos Tünnermann, para decirle que Estados Unidos estaba al tanto de supuestos planes nicaragüenses para atacar a diplomáticos norteamericanos en Centroamérica y el Caribe. Ya en julio de 1985, cuando Reagan había conseguido los $27 millones que buscaba en aquel año, incluyó a Nicaragua entre los cinco países que formaban una red terrorista mundial y envió una carta en la que culpaba a Nicaragua por eventuales ataques que contra Estados Unidos se dieran en cualquier parte del mundo. En aquella ocasión, diversos factores parecen haber atenuado las consecuencias de una posición tan irracional. Tras la visita de Abrams y Habib, los gobernantes centroamericanos aumentaron su retórica antinicaragüense, mientras que Contadora y su Grupo de Apoyo iniciaban una nueva campaña para evitar la escalada militar. Todo apuntaba a que dicha escalada se produciría tras las elecciones legislativas de Estados Unidos en noviembre.

Estas le fueron adversas a la Administración republicana. Posteriormente, estallan los sucesos conocidos como Contragate o Irán/gate. En Nicaragua, este escándalo había sido precedido por el caso Hasenfus, el cual reveló los nombres de los altos personajes de la política estadounidense que después protagonizarían el Contragate. Tanto el caso de Hasenfus como la captura de Sam Hall, otro agente norteamericano, subrayaron en la conciencia nacional el involucramiento cada vez más directo de Estados Unidos en el plan de desestabilización en Nicaragua.

El Contragate marca un hito y vuelve incierto el camino que la Administración Reagan tomará. Aunque es posible que el actual escándalo limite las posibilidades agresivas del Ejecutivo norteamericano, las declaraciones de los más altos funcionarios norteamericanos en los mismos momentos críticos del Contragate hacen ver que no es intención de la Administración cesar en sus ataques contra la revolución. Queda por ver cuáles son sus posibilidades reales en el marco de la actual política interna estadounidense.

Mientras el Contragate detenía la escalada que con toda claridad se venía tras las elecciones para el Congreso norteamericano, los avances hacia la paz en la región centroamericana se veían dificultados por algunos factores. En el ámbito diplomático, Costa Rica y Honduras comenzaron a boicotear nuevamente al Grupo de Contadora. Esta vez, pusieron como pretexto la acusación que Nicaragua había presentado contar estos dos países en el Tribunal de la Haya. Costa Rica y Honduras declararon que no asistirían más a ninguna reunión de Contadora mientras Nicaragua no reiterara esta demanda en el tribunal internacional.

Nicaragua respondió argumentando que dicho recurso era pacífico y era legítimo, y que no entraba en contradicción con los esfuerzos negociadores de Contadora, precisando que reiteraría estas demandas en el momento en que cesara el apoyo de estos dos países a las fuerzas contrarrevolucionarias. La acción de boicot de Honduras y Costa Rica limita las posibilidades de Contadora.

En el campo militar, la contrarrevolución lanzó en noviembre, su segunda ofensiva del año. Nuevamente, ésta fue rechazada y el ejército sandinista golpeó a las fuerzas de la FDN en los territorios fronterizos con Honduras. Los suceso de marzo se repitieron en noviembre de manera muy similar. Nuevamente, Estados Unidos resultó el más preocupado por la "soberanía" de Honduras ante los supuestos ataques sandinistas. Y como ya habían sucedido en marzo, Honduras inicialmente negó la presencia nicaragüense en su territorio y posteriormente, bajo presión, protesto contra ella.

La variante respecto a lo ocurrido en marzo fue que Honduras atacó por vía aérea como represalia dos poblados campesinos de Nicaragua. Aunque los incidentes no pasaron a más, la actual situación pudiera estar allanando el camino para eventuales bombardeos hondureños, con las mismas razones ahora esgrimidas, a puntos estratégicos, económicos o militares, de Nicaragua. Es decir, una forma de intensificar la guerra de baja intensidad. En otras palabras, reeditar el plan que Reagan pensaba implementar tras las elecciones de noviembre. Este factor, aunado al bloqueo de Contadora, con el pretexto de la acusación de Nicaragua a Costa Rica y Honduras en la Haya, dejaría abierta la posibilidad de continuar la ofensiva contra Nicaragua. En ella, Honduras seguiría siendo el peón militar y Costa Rica, coincidiendo con las posiciones del Presidente Arias, sería el peón político, el que jugaría con las presiones políticas por la "democratización" de Nicaragua.

Llegamos pues al final de 1986 sin que parezca fácil encontrar a corto plazo una solución negociada de paz, pero también haciéndose cada vez más difícil una intervención militar directa norteamericana. En 1987 Nicaragua buscará fortalecer el proceso de Contadora y, eventualmente, los demócratas norteamericanos podrían buscar lo mismo, una alternativa justa para la región, que coincidiera al menos en algo con las posiciones de Contadora. Por su parte, la Administración Reagan buscará seguir implementando su guerra de baja intensidad contra Nicaragua, intensificando esa intensidad si es posible y utilizando a Honduras y a Costa Rica como los mediadores de esta intensificación.

El conflicto y el tenaz forcejeo de ambos contendientes caracterizará, con toda probabilidad, la coyuntura de este año. Y los avances o retrocesos en una mayor consolidación económica de la revolución sandinista empezarán a ser más y más determinantes.

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