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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 63 | Septiembre 1986
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Nicaragua

Crisis económica: lenta transición a un modelo de sobrevivencia popular

"A siete años de Revolución, Nicaragua vive los momentos más críticos en el orden económico". Esta fue la conclusión central de la V Reunión Ordinaria de la Asamblea Sandinista, máximo órgano de consulta de la Dirección Nacional del FSLN el 27 de agosto.

Equipo Envío

Un sondeo de opinión pública sobre la crisis económica

Todo el mundo sabe que la guerra es la causa principal de la crisis económica de Nicaragua. Y estas alturas nadie duda ya que esta guerra de desgaste será prolongada y que, por eso, el gobierno tiene que empezar a incluir el desgaste de la guerra como un componente estable de la economía del país. Un reciente sondeo de opinión pública reveló eso que todos saben: más de las tres cuartas partes de los encuestados veían en la guerra la causa principal de la crisis económica. Lo más interesante del sondeo era la madurez económica que el pueblo reflejaba en sus respuestas.

Una inmensa mayoría de los encuestados respondieron que la solución a la crisis económica estaba en ellos mismos: en el aumento de la producción. El hecho de que la Dirección Nacional decidiera interrumpir la V Asamblea Sandinista, iniciada en julio, con un receso para ampliar así la discusión sobre la crisis económica, y el hecho de que esta V Asamblea dedicara mas tiempo a sus reuniones que cualquiera de las otras cuatro reuniones anteriores, subrayan la importancia que el FSLN da a la necesidad de estructurar una economía de sobrevivencia.

Según el Ministro de la Secretaría de Planificación y Presupuesto, Dionisio Marenco, las medidas económicas de 1985 (suspensión de subsidios devaluación de la moneda ajustes en los tipos de cambios de divisas, reajustes salariales) "ya no responden a las necesidades que enfrenta la nación, por lo cual se requiere de una tercera etapa, que sería una economía de guerra".

Ha llegado, pues el momento de forjar un nuevo modelo económico de sobrevivencia popular frente a la guerra. El problema de fondo es que el gobierno no ha logrado formularlo. Lo que se ha hecho es ponerle una nueva etiqueta al antiguo modelo. Mientras, el nuevo modelo no se perfila aún. Una economía de resistencia y sobrevivencia involucrará cambios muchos más profundos que los llamados a la clase obrera y al campesinado para que trabaje con más disciplina; necesitará de medidas mucho más radicales que simples recortes en el presupuesto estatal.

ENVIO pretende analizar los obstáculos que han impedido la adaptación de la economía de reconstrucción, iniciada con el derrocamiento de la dictadura somocista, a una economía de sobrevivencia. Y señalan también la formas con las que un pueblo cada vez más maduro en la comprensión de los problemas económicos va enfrentando la tarea del aumento de la producción en tiempos de guerra.

Los costos económicos de la derrota estratégica de la contrarrevolución

A todo lo largo de 1985 el ejército sandinista causó serios golpes estratégicos a las fuerzas contrarrevolucionarias de la FDN. Estos avances militares estratégicos de la revolución no significan que la contrarrevolución va a desaparecer, sino que ha perdido por completo la ofensiva frente al creciente dominio de las estructuras militares nicaragüenses. Y no se descarta que para 1987 se abren perspectivas de una nueva y aún más aguda espiral de escasez e inflación.

Existen, sin embargo, una serie de reacciones populares a la crisis que neutralizan su desarrollo.

Tres preguntas de fondo son las que nos hacemos en este análisis.

¿Qué está pasando en los cimientos de la economía? ¿Ha perdido el control de la economía el Estado revolucionario? ¿A qué se debe la actual espiral inflacionaria?

¿Cómo se logra sobrevivir económicamente en la Nicaragua de hoy? ¿Cómo el pueblo supera la crisis? ¿Con qué iniciativas está recomponiendo una economía tan golpeada por la guerra?

¿Por qué ha sido tan lenta la reorientación de la economía desde una economía de reconstrucción y reactivación hacia una economía de sobrevivencia en tiempos de guerra? ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el modelo económico nicaragüense?

¿El Estado revolucionario ha perdido el control de la economía?

La verdad es que nunca lo tuvo. Las estructuras heredadas, la inserción de Nicaragua en el mercado internacional de trabajo, el modelo de economía mixta y las mismas transformaciones sociales de la revolución determinaron que el Estado revolucionario no pudiera lograr un control efectivo sobre la economía.

Creer que el Estado revolucionario tuvo ese control sobre la economía entre 1979 y 1983, cuando el proyecto de reactivación económica producía expansión del PIB, es subestimar el peso de los factores objetivos.

En primer lugar, el gobierno de un pequeño país de la periferia capitalista nunca puede controlar las oscilaciones en los precios internacionales de sus materias primas. Son estas oscilaciones las que determinan los niveles de crecimiento en la periferia capitalista y no las políticas gubernamentales. Esto es aun mas verdad en países tan pequeños y vulnerables como Nicaragua. Por ejemplo, en 1983 Nicaragua tuvo que exportar un 31% mas de café, algodón, carne y azúcar que en 1980 para poder importar las mismas cosas. Entre 1983 y 1985 hubo más deterioro, aunque no fue tan drástico: sólo de un 2%. Entre 1985 y 1986 la situación ha empeorado sensiblemente. En 1985 Nicaragua podía comprar un jeep con 128 quintales de algodón, 58 quintales de café o con 3.4 toneladas de carne. En 1986 necesitaba ya, para comprar ese mismo jeep, 295 quintales de algodón, 80 quintales de café y 7.3 toneladas de carne.

Frente a este tipo de evolución de los precios en el mercado internacional, ni el gobierno más eficiente del Tercer Mundo podría haber ejercido un control efectivo sobre su economía sin tener que recurrir a la eliminación de todos los subsidios, al corte de todos sus programas sociales, a la disminución drástica de los empleados públicos y al incremento de la represión contra la clase obrera. Obviamente, el espacio de poder conquistado por las masas en la nueva Nicaragua y sus demandan determinan que medias antipopulares de este tipo sean "recetas imposibles" en cualquier programa económico del gobierno revolucionario.

En segundo lugar, un gobierno que administra sólo un 30% de la producción industrial y un 20% de la agropecuaria obviamente no puede controlar el desarrollo económico con un sistema clásico de planificación centralizada. Con semejante correlación de fuerzas, con ese peso del sector privado, la única opción es utilizar las fuerzas del mercado y las fuerzas sociales rumbo del desarrollo económico. En la transición nicaragüense, sin embargo, este tipo de influjo económico estatal sobre el sector privado fue muy limitado por el choque de intereses de clase, porque se intentó crear un "clima económico" de bienestar social para las mayorías, que cuestionó las prerrogativas no solamente de los capitalistas sino también de los artesanos y campesinos, y por estar Nicaragua enfrentada al país mas poderoso del planeta, que quiere deslegitimar y poner en jaque el intento sandinista de lograr la soberanía económica y política para tan pequeño país.

El mismo proceso de transformación social dificultaba enormemente cualquier tipo de control gubernamental sobre la economía. En el contexto histórico de la Nicaragua de 1979, ningún modelo de intervención estatal podía haber garantizado un control por parte del gobierno sobre la evolución económica. Un modelo de eliminación del sector privado, como sugerían los grupos de la ultraizquierda, hubiera producido una máxima inestabilidad económica unida a la posibilidad de una intervención norteamericana.

Las contradicciones de un modelo de economía mixta

Un modelo de economía mixta que privilegiara a los campesinos artesanos y pequeños comerciantes sobre los grupos empresariales hubiera producido una reforma agraria más radical, tomas de tierras y una desarticulación significativa del sector agropecuario. En vez de experimentar una reactivación de la economía y ritmos de crecimiento rápido en el agro, Nicaragua hubiera sufrido las duras contradicciones de la lucha de clases: campesinos, artesanos, pequeños empresarios y comerciantes empobrecidos contra el sector empresarial. El camino escogido fue un modelo de economía mixta, que intentó proteger e incentivar la producción del sector empresarial, controlar la movilización, tanto de la clase obrera como de los campesinos, contra sus patrones, y constituir un sector estatal capaz de pasar los excedentes de la exportación hacia el pueblo en forma de escuela, centros de salud y subsidios a la alimentación básica y a todos los servicios urbanos.

En este tercer modelo, el conflicto de clases estuvo velado por la mediatización del Estado, pero no fue por eso menos real. El crecimiento de un sector público que promocionó un rápido incremento de los beneficios sociales hacia toda la población y un auge enorme de toda la organización popular no propiciaba el clima económico que exigían los sectores patronales. El conflicto de clase empezó a registrarse en la descapitalización de esos sectores y en el incremento, tanto del déficit externo como del interno.

De hecho, hay que tener en cuenta que cualquier modelo iba a producir una situación económica altamente inestable y de difícil manejo. Esto es propio de una situación revolucionaria. Tras las insurrecciones masivas de 1978-79 no había un contexto idóneo para que el Estado ejerciera un control administrativo racional.

Las capas medias y los sectores acomodados

Son dos los grupos en Nicaragua que creían que existía la posibilidad de un tipo de control de planificación centralizada del gobierno revolucionario sobre la economía. En primer lugar, las capas medias progresistas y los tecnócratas empleados en el mismo aparato estatal y en segundo lugar, los sectores acomodados a los que les fue conveniente alentar la imagen que proyecta la administración Reagan sobre "el gobierno sandinista totalitario, controlador total de la vida del país".

La clase obrera y el sector informal urbano no creían en el control del Estado sobre la economía pero si presionaron al principio del proceso para aumentar el flujo de beneficios del Estado hacia ellos, entendiendo que este era un derecho ganado como pueblo revolucionario en la insurrección.

Por su misma profesión, los tecnócratas y capas medias progresistas están siempre dispuestos a confiar en los esquemas de control racional, en la eficiencia administrativa y en la capacidad de la políticas gubernamentales de cambiar el rumbo de la historia. Esta perspectiva es mucho menos objetiva que la perspectiva del sentido común que piensa que los funcionarios gubernamentales no sirven mucho, o que la perspectiva de la ciencia social, que cree que las políticas gubernamentales son mas un producto de la lucha de clase y de las tensiones internacionales que una causa de ellas.

En períodos de intensa lucha social entre las distintas clases, las vanguardias políticas y los gobiernos que intentan una auténtica transformación social tienen una autonomía relativa real y un alto potencial de influencia en el rumbo de la economía a través de la movilización de las fuerzas sociales, pero no a través de sistemas de control planificado. Los procesos revolucionarios no son el contexto más idóneo para programas de orden burocrático.

¿Cuál fue el carácter de la nueva política económica de 1985?

La nueva política económica que el Estado revolucionario inició a principios de 1985 no fue una iniciativa para fortalecer ni la planificación ni el control del gobierno sobre la economía, sino un reconocimiento de la naturaleza de la sociedad nicaragüense como país de campesinos, artesanos, comerciantes y no sólo de obreros y técnicos.

La nueva política económica de 1985 coincidió con un momento de la lucha de clases en el que se registró el principio de un profundo ajuste en el carácter de la economía mixta, en que los campesinos, artesanos y comerciantes empobrecidos empiezan a tomar posiciones hegemónicas dentro del sector privado. Las nuevas políticas gubernamentales no intentaron proyectar un nuevo modelo de economía mixta sino que cedieron a las demandas de este sector productivo. La nueva política de 1985 fue un reconocimiento de la necesidad de utilizar la ley del valor y las fuerzas del mercado tanto para estimular la producción estatal como para movilizar las iniciativas privadas del pueblo. La eliminación de los subsidios a los productos de consumo básico y las dos devaluaciones de la moneda nacional efectuadas en febrero y marzo de 1985 tuvieron como fin estimular la oferta de bienes de consumo nacional e incentivar la exportación ofreciendo mejores precios a su producción.

Es importante recordar que un conjunto de artesanos, pequeños y medianos productores agrícolas y comerciantes empobrecidos constituye le grueso del sector privado en Nicaragua y que ellos manejan mucho más poder económico -aunque sea en forma dispersa y desconcentrada- que el COSEP (Consejo Superior de la Empresa Privada), que aglutina a los muy grandes productores.

Las medidas de comienzos de 1985 fueron una concesión a la ley del valor y las iniciativas del propio pueblo, de la misma manera que un barco de vela, que no enfrenta el viento directamente sino que cede a la fuerza del viento para así navegar y llegar a su meta. Si en los primeros meses de 1985 se reconoció la fuerza y la dirección del viento, las medidas de la Asamblea Sandinista en agosto de ese mismo año permitieron al FSLN movilizar a sus militantes para que fueran capaces de guiar el barco.

El cambio de política económica en 1985 fue necesario para mantener el mínimo funcionamiento económico indispensable para sostener el frente militar y para procurar el abastecimiento básico de la población.

Las concesiones de 1985 respecto a la producción golpearon fuertemente a los asalariados con familias no involucradas en el comercio o en la pequeña producción mercantil. A principios de 1985 las alzas oficiales en los precios de productos esenciales como el azúcar, maíz, arroz, pollo y aceite fueron casi de un 400%, mientras que las alzas salariales ni alcanzaron la mitad de esa cifra. La situación de los empleados públicos empeoró respecto a la de los obreros industriales. Mientras que los obreros industriales tuvieron alzas entre un 160 y un 180% los empleados públicos recibieron incrementos de sólo un 120%. Esta situación tan deteriorada del salario de los empleados públicos explica la actual preocupación, la conciencia coyuntural sobre la incapacidad del Estado para controlar la economía. Explica también las presiones que hubo a lo largo de 1985 y en este año para obtener nuevas alzas salariales e incrementos en las distintas variantes del salario social.

Para entender la montaña rusa de la economía en esta coyuntura es indispensable no caer en el mito tecnocrático acerca de las posibilidades de la planificación estatal ni en el pesimismo generado por el golpe sufrido en los bolsillos de las capas medias progresistas.

Existen ajustes económicos y movimientos entre los sectores populares no asociados con las iniciativas estatales que son positivos para ir creando una economía de sobrevivencia más estable. Pero antes de examinar las tendencias de recomposición popular de la economía, es preciso analizar con más detalle los resultados del paquete económico de 1985.

Cuadro 1


El paquete económico de enero de 1985, ¿fue la causa de la espiral inflacionaria?

Como se puede apreciar en el Cuadro 1, la tasa de inflación fue estable hasta las medidas de 1985. Es por eso que surge la interpretación de que las medidas gubernamentales causaron la actual espiral inflacionaria. En realidad, la causa e la inflación fue el arrastre de una serie de problemas que estaban socavando los cimientos de la economía sin que la población se diera cuenta de ellos, especialmente el problema de mantener durante años fuertes subsidios tanto para los consumidores como para los productores.

Cuando el gobierno eliminó los subsidios para los productos más básicos del consumo popular y devaluó la moneda nacional quitando el subsidio a los productores, los problemas provocados por un creciente déficit externo cayeron con toda su fuerza sobre la población.

Las medidas de 1985 fueron un detonante, no fueron la causa de la espiral inflacionaria que experimenta la economía nicaragüense.

En realidad fue la combinación de tres factores la que desató la inflación:
1)
2) los antiguos problemas arrastrados y no resueltos
3) las medidas de ajuste para estimular la producción
4) el nuevo incremento del presupuesto militar, que subió de un tercio a casi la mitad del presupuesto nacional entre 1984 y 1985.

El intento del gobierno de salvar a la clase obrera de este golpe inflacionario a través de las alzas salariales sólo agravó la inflación, porque el Estado no fue capaz de transferir un poder adquisitivo real a los obreros sino solamente un poder nominal. Podía la revolución sandinista haber realizado una transferencia real de poder adquisitivo a los obreros productivos, pero no pudo resistir la presión política ejercida por sus propios militantes que representaban a los sectores no productivos y que ante el alza de los precios reivindicaban incrementos en su salario social. Es decir, los subsidios que el gobierno eliminó por un lado los iba reintroduciendo por otro lado.

El plan de dar prioridad a los sectores productivos, tanto en los salarios como en los subsidios, se derrumbó ante la presión popular. La historia de las tarjetas CAT (Centros de Abastecimiento de los Trabajadores), supermercados donde, según el plan, solo podían comprar los trabajadores vinculados a la producción, ejemplificar cómo la presión política subvirtió la medida estatal. Al principio hubo 100 mil tarjetas CAT. El 20 de agosto de 1986, momento en el que se empezó a reducir la población beneficiada por la CAT, había 350 mil tarjetas. Debido a este tipo de política expansiva y no definida por clase obrera sufría un nuevo deterioro en su nivel de vida. Después de la tercera alza, los trabajadores empezaron a criticar los nuevos planes de incremento de sus salarios. Este rechazo, sorprendente aparentemente, fue una reacción natural contra una enorme expansión de la masa monetaria, que únicamente canalizaba más ingreso hacia los especuladores del sector comercial y en menor grado, hacia los productores.

Es claro que estas circunstancias, ninguna política de control gubernamental sobre la comercialización y distribución de productos puede ser eficaz, si falta la firmeza en mantener una política clara de priorización del sector productivo y si no están consolidadas las nuevas formas de acceso y control de los campesinos y los obreros productivos sobre los insumos productivos y bienes de consumo. Sin esta firmeza, cualquier política de control artificial sobre los comerciantes ejecutada por el Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) sólo servirá para aumentar aún más el poder del capital especulativo sobre el pueblo trabajador. Sin la base real de una política que incentive audazmente a todos los sectores productivos, incluyendo a gran parte del sector informal nuevas iniciativas de control comercial de MICOIN sólo servirán para desprestigiar más la dirección económica de la revolución.

El reajuste ciudad-campo: un paso positivo en el paquete de 1985

El paquete de 1985 no fue un rotundo fracaso como algunos pueden pensar. Tuvo éxito al empezar a reajustar los términos de intercambio entre la ciudad y el campo y al distribuir mas insumos productivos entre el campesinado.

Durante el congreso de la UNAG (Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos) de abril de 1986, el Comandante Jaime Wheelock, Ministro de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, señaló: "Los campesinos no sólo se han incorporado vivamente a la revolución, sino que constituyen ya una infaltable palanca dinámica, un verdadero poder, uno de los pilares de la revolución".

Gráfico


No fue siempre así. De hecho, hasta principios de 1985 la política económica de la revolución perjudicó a todos los productores y trabajadores del agro, beneficiando a la población urbana. Como se e en el gráfico, los precios de los productos agropecuarios subieron con respecto a los precios de los bienes industriales y a la remuneración de los servicios en los últimos años del somocismo, debido al incremento en los precios de las materias primas en el mercado internacional en esos mismos años. El gráfico demuestra también cómo la revolución revirtió los términos de intercambio, bajando drásticamente los precios de los productos del campo respecto a los precios de los productos industriales. Sólo hasta 1984 los precios de los productos agropecuarios empezaron a subir de nuevo a causa de la escasez de alimentos que las ciudades empezaron a experimentar.

¿Cómo fue posible que un país esencialmente agrícola desestimulara así a su sector agropecuario? En primer lugar, la revolución fue primordialmente una insurrección de los pobres de la ciudad, que después del triunfo, y durante los primeros años, imprimieron el peso de sus intereses en la marcha del proceso revolucionario. (Ver CIERA, "Managua es Nicaragua", para un análisis del peso de los sectores urbanos y de la hiperurbanzación de Nicaragua con respecto a los otros países centroamericanos). Por otro lado, los cuadros tecnocráticos del Estado se lanzaron durante los primeros años a una dramática campaña de modernización e industrialización del sector agropecuario. Su interés principal no fueron los balances finales de costos e ingresos del sector sino el enorme proyecto de inversión de capital y tecnología que, según sus cálculos, rendiría en el porvenir grandes excedentes.

El campesinado no logró ser "uno de los pilares de la revolución" en los años después del triunfo porque no fue incluido en ese proyecto de modernización.

Las capas de cuadros técnicos que impulsaron la política agraria de la revolución en los primeros años después del triunfo tuvieron poca confianza en el campesino. Caracterizaron al campesinado como dispersos, atrasado y poco capaz de incorporar tecnología moderna y aumentar la producción. Esta capa tecnocrática orientó sus esfuerzos entre 1979-82 a impulsar la modernización del sector estatal de la agricultura, done pudieron controlar una rápida infusión de capital y de nueva tecnología en las fincas confiscadas a los somocistas.

A partir de 1983 los mismos patrones de modernización fueron aplicados en las cooperativas de producción, donde los técnicos controlaron los planes de producción y garantizaron una modernización de la producción. No hubo apoyo eficaz para que la gran mayoría de los campesinos pudiera conseguir los insumos tradicionales que necesitaba para producir. Más bien, el proyecto del Ministerio de Comercio Interior en el campo logró eliminar a los pequeños comerciantes que explotaban al campesinado pero no logró sustituir a esos comerciantes por canales estatales o cooperativizados.

El resultado de esto fue que el campesino sufrió, aun con más fuerza que los productores más acomodados, la ya mencionada reversión de los términos y de intercambio. La producción de algodón y azúcar está fundamentalmente en manos de los grandes productores y del Estado. En 1984 recibieron 19 y 20 córdobas respectivamente por cada dólar conseguido con la exportación de su producto. En el cultivo de café y ajonjolí, por el contrario, el paso se inclina mayoritariamente hacia la pequeña y mediana producción campesina: respectivamente, un 42% y 95% del área cultivada. En 1984 los productores campesinos de café y ajonjolí recibieron sólo 15 y 10 córdobas respectivamente por cada dólar obtenido con sus cosechas. (Información del Banco Central y del Ministerio de Comercio Exterior elaborado por CIERA).

En cuanto a la producción de granos para el consumo interno, los precios fueron igualmente bajos. En 1975 un campesino podía vender un quintal de maíz y comprar con eso 13 baterías para su radio. En 1984, con el mismo quintal no pudo ni comprar 2 de esas baterías.

La nueva política económica de 1985 tuvo como finalidad central corregir estos problemas de la política de precios en el campo. Quitó los subsidios a los granos básicos para el consumidor urbano y permitió una cierta liberalización en la comercialización de los granos básicos en el campo. Fueron medidas correctas para beneficiar al campesinado mejorando así los precios de sus productos. Sin embargo, las medidas no beneficiaron a los campesinos desde el principio.

Al contrario, lo perjudicaron más que antes, por el simple hecho de que la medida fue implementada y los precios subieron justamente después de que toda la producción estaba ya en manos de los comerciantes, dejando al sector improductivo con enormes ganancias como inesperado fruto de una política diseñada precisamente para transferir ingresos del sector improductivo al sector productivo. La demora de esta medida se debió a la falta de agilidad en la formulación de la política económica. Pero su implementación en un momento tan inoportuno se debió a la falta de sensibilidad y de posibilidad del Estado para actuar eficazmente en lo económico.

Es por todo esto que a finales de 1984 y a principios de 1985 el campesinado no era "un pilar de la revolución" sino una fuerza social poco comunicada con las capas tecnocráticas que dirigían la política económica. Por eso fue tan lento el arranque del plan. En las siguientes cosechas ya los campesinos empezaron a beneficiarse de la nueva política y de los nuevos términos de intercambio entre la ciudad y el campo, que mejoraron sustancialmente.

El inicio de este reajuste entre ciudad y campo no ha dado todavía todos sus frutos, pero es una pieza clave para el abastecimiento de las ciudades y para huir de la espiral inflacionaria. Sin el apoyo de la producción campesina y una oferta adecuada, la revolución jamás será capaz de controlar la especulación comercial.

En condiciones de escasez como las que experimenta Nicaragua, los especuladores no son un grupo pequeño de gente acomodada sino un enorme sector de comerciantes informales. Sin oferta adecuada se crea un circulo vicioso en el que los obreros que producen bienes industriales abandonan su trabajo productivo y se integran a actividades especulativas, en las que ganan para poder comprar alimentos que están cada vez más caros. El gobierno intentó romper este circulo vicioso aumentando los salarios de los obreros, pero como no hay una adecuada oferta del alimentos, con esto sólo echa leña a la hoguera de la inflación aumentando la masa monetaria sin aumentar a la par la oferta de bienes.

La nueva política económica de 1985 fue demasiado ingenua al aumentar los salarios sin poder garantizar el acceso de la clase trabajadora a los productos superbásicos y sin poder controlar las demandas políticas provenientes de los sectores populares. La consigna de igualdad entre la población urbana enterró la consigna más necesaria de priorizar la producción. Al Estado le faltó audacia para priorizar realmente la producción en su política económica. En momentos de transición, la contradicción entre justicia social y producción de mercancías no desaparece e incluso puede agudizarse, especialmente cuando un país sufre los embates de una guerra de agresión. Por otro lado, el reajuste que se inició entre la ciudad y el campo fue positivo, pero también en esto le faltó al Estado la audacia necesaria para incentivar la producción campesina en el grado que el país necesita.

Aunque el paquete económico de 1985-86 no logró detener la crisis económica generada por la guerra, tampoco fue la causa de la espiral inflacionaria que sufre el pueblo actualmente. El paquete ha tenido inclusive impactos positivos en los cimientos de la economía reajustando los términos de intercambio entre ciudad y campo. Por otra parte, la falta de audacia del gobierno en la priorización de los sectores productivos se debe a la imposibilidad del gobierno de crear un nuevo modelo económico para la sobrevivencia en tiempo de guerra. Es la ausencia de tal modelo y no unos errores en políticas aisladas la que ha generado los problemas económicos desde 1982, cuando la coyuntura ya estaba exigiendo una transición a un nuevo modelo. Hasta que se constituya ese modelo de sobrevivencia, el pueblo se ve obligado a defenderse como puede ante la marea de la crisis económica. Y se ha defendido en muchos casos con gran creatividad.

¿Cómo se está recomponiendo la economía por las iniciativas del pueblo?

Los sectores populares han tenido tres reacciones bien marcadas ante la conducción económica del Estado revolucionario.

1) Entre 1979 y 1982, el pueblo vivió la ilusión de que el Estado revolucionario iba a sr una inagotable fuente de beneficios. Fue un período en el que Nicaragua tuvo acceso a suficientes divisas líquidas -no atadas a proyectos o a créditos comerciales- y no sufría tanto el peso de la agresión militar y de los exorbitantes presupuestos militares. El modelo económico de reconstrucción nacional y de unidad nacional se fundamentó en fuertes gastos públicos estimuladores de una reactivación que benefició a múltiples sectores, dentro de una alianza de clases muy amplia.

2) Con la agresión militar y la crisis económica en el período de 1983-85, la ilusión popular se convirtió en frustración y en fuertes reclamos al Estado revolucionario para que solucionara los problemas.

3) La incapacidad del Estado para dirigir y compatibilizar las demandas de los diversos sectores populares ha ido provocando a lo largo de 1985 y 1986 la respuesta popular de prescindir del Estado para buscar soluciones eficaces con las que enfrentar la sobrevivencia económica.

Aunque un reciente sondeo de opinión pública demostró que el apoyo político al FSLN se mantenía e incluso subía, la mima encuesta reveló una aguda crítica a la conducción económica del gobierno revolucionario. El sondeo reveló de nuevo que en Nicaragua no existe una correlación directa entre la crítica económicas que se hace al gobierno y el apoyo político que tiene el FSLN. Aunque la Administración Reagan sueña en Nicaragua con la posibilidad de otro Chile, el modelo de desgaste económico-desgaste político que antecedió al derrumbe del gobierno de Salvador Allende no se repite en Nicaragua. A diferencia de Chile las armas están en Nicaragua en manos del pueblo y no existe ninguna fuerza política gremial significativa que cuestione este poder popular o sea capaz de concretizar el descontento popular en un movimiento político antisandinista. Por eso, el pueblo en vez de politizar en sentido contrarrevolucionario de crisis, ha ido buscando sus propias soluciones para superarla.

Estos cambios en las actitudes populares han sido determinantes en la recomposición no planificada de la economía que el pueblo empieza a llevar a cabo. Esta recomposición no representa tanto una movilización política para defender la revolución en su flanco económico sino un conglomerado de iniciativas individuales y locales para poder satisfacer las necesidades vitales. la recomposición popular de la economía es un acontecimiento mucho más extendido que los ejemplos de conciencia obrera que llenan las páginas de los diarios dando testimonio de la superación de la jornada laboral de ocho horas, de la creatividad de los innovadores al fabricar piezas de repuesto con las que se ahorran divisas, de la duplicación de las normas de trabajo agrícola en Jalapa para abastecer el pueblo con arroz... Toda esta creciente conciencia obrera es un componente integral del esfuerzo popular, pero aquí queremos señalar otras respuestas populares menos políticas y menos conocidas.

Frente a la inflación: el trueque

Mientras que a lo largo de 1985-86 el Estado hablaba de sus planes para recortar el déficit fiscal y para controlar la inflación, se expandía enormemente, de hecho, la masa monetaria en circulación. Como respuesta a este fenómeno, el pueblo empezó sencillamente a desmonetarizar la economía en la medida en que podía.

Un creciente número de transacciones funciona en los barrios populares en base al trueque. Muchas veces la gente no vende productos si el comprador no tiene otros productos que ofrecerle a cambio. En la economía de Managua, donde más de un 45% de la población económicamente activa trabaja en el sector informal de la producción, en el sector servicio o en el comercio, una mitad de la población tiene productos para intercambiar. Para asegurar su abastecimiento, las familias con acceso a un tipo de mercancía contratan simplemente un intercambio regular con productores o vendedores de otros productos escasos. Quienes encuentran más dificultades en este mecanismo son obviamente los empleados públicos y los obreros con familia no vinculada al sector informal.

Pero aún en estas circunstancias hay salidas. Por ejemplo, la señora de una casa proletaria ha logrado defenderse construyendo su propia red de abastecimiento con una serie de vendedoras compasivas en base a un largo trabajo de amistad, pláticas y ruegos. Otra ama de casa de un barrio pobre de Managua había desarrollado un plan de compra en varios y distintos mercados con "sus marchantas". Con gran orgullo nos explicó cómo había calculado los horarios de los distintos buses que comunican tres mercados de la capital. Para ella los problemas de abastecimiento se habían convertido en un desafío a su capacidad de conquistar amigas y de volver a la casa en menos de 2 horas y media. Los mercados de Managua, que muestran un aspecto tan impersonal a los ojos del inspector que viene de fuera, están atravesados por múltiples redes familiares y amistosas. La crisis económica acentúa más este "carácter personal" que está en la base de una cierta desmonetarización de la economía. Por otra parte, esta base de desmonetarización popular de la economía suaviza el impacto de la inflación pero no salva a las familias proletarias. La misma señora a la que nos referimos anteriormente tenía en la casa un sobre para cada uno de sus niños, donde iba guardando plata para comprarles ropa. En el mes de junio la inflación pudo más que su decisión de ahorro.

Frente a la rigidez de la distribución estatal: agilidad popular

Un segundo rasgo de la recomposición popular de la economía es una serie de nuevas formas de control popular sobre la comercialización y distribución de los productos.

El sistema de comercialización y distribución de productos en Nicaragua se caracteriza por múltiples intervenciones del Estado, de las organizaciones populares y, sobre todo, de los comerciantes y negociantes. Los últimos llevan gran ventaja al Estado, porque el tamaño de sus operaciones les permite un control integral del negocio y una mayor agilidad. Por otro lado, el sistema estatal sigue siendo tan inflexible y burocrático que no puede aprovechar el poder comercial que le daría su gran escala.

La acción estatal carece de agilidad comercial por dos razones: 1) una centralización de decisiones en os ministerios tal que impide respuestas adecuadas a las condiciones locales en el mercado y 2) una exagerada desarticulación de las múltiples funciones comerciales entre los distintos ministerios. En muchos casos el sistema estatal sólo sirve para pasar lo subsidios a los comerciantes que compran a precios oficiales para luego revender al pueblo a precios altísimos.

Existe una amplia crítica del pueblo, que culpa de corrupción a los funcionarios de MICOIN por cada acceso deshonesto que logran los comerciantes a los canales estatales de distribución. Pero este tipo de corrupción influye mucho menos en las deficiencias del abastecimiento que la falta de agilidad del sistema estatal de distribución. "Los ineficientes, los burócratas, los sinvergüenzas" son el producto de un sistema ineficiente y burocrático. Son las estructuras del sistema estatal y sobre todo, la escasez de productos las que generan la micro-especulación con los alimentos que produce el pueblo. Los casos de corrupción y fraude de los funcionarios de MICOIN son insignificantes a la masividad de la micro-especulación.

Sobre todo, han sido los campesinos y los obreros los que han empujado más para enfrentar la rigidez del sistema estatal y para aumentar su participación y control sobre los canales de distribución.

Por ejemplo, UNAG ha creado una serie de Tiendas Campesinas para la distribución de insumos agrícolas a los campesinos y para la captación de su cosecha. Estas tiendas reemplazan los esfuerzos poco integrados de diversas instituciones estatales (BND, ENAAS, PROAGRO, MICOIN) en el abastecimiento y comercialización en el campo. El servicio integral ofrecido por las Tiendas Campesinas en la V y la VI Región ha permitido un aumento de la producción campesina y mejor comercialización del maíz y del frijol hacia las ciudades a través de los canales oficiales.

UNAG desarrolló todo este sistema al margen de los esfuerzos estatales, urgido por dar respuestas a necesidades campesinas no satisfechas por el Estado durante los últimos siete años. Con apoyo financiero de Suecia, UNAG ha podido crear el tipo de sistema integrado de abastecimiento y comercialización que ue recomendado en los primeros documentos y programas estatales del PAN (Programa Alimentario Nacional). El Estado nunca pudo superar la desintegración de los varios "feudos" ministeriales involucrados en la distribución de los productos y, por eso, el programa original del PAN nunca pudo llevarse a la práctica.

Las Tiendas Campesinas están montadas sobre un dinamismo popular que realmente se dirige a un control territorial de todo el movimiento comercial. En algunos lugares como San Dionisio (Matagalpa), las Tiendas Campesinas están empujando para que los canales de abastecimiento de MICOIN llamados PAR (Polos de Abastecimiento Rural) se incorporen a la organización de la UNAG para evitar la duplicación tan costosa de servicios como el transporte y el almacenaje y para asegurar que los productos de consumo en los PAR lleguen directamente al campesino en vez de canalizarse a través de los múltiples circuitos del pequeño comercio rural.

A fines de agosto, cooperativas que producen hortalizas en la Meseta de Carazo empezaron a promover reuniones entre ellos y con otros campesinos hortaliceros de Jinotega y Matagalpa y con detallistas de Managua, León, Chinandega, Granada, Matagalpa y Jinotega en una ofensiva por racionalizar la comercialización de las hortalizas. Este tipo de esfuerzo popular nace de las bases, prescinde del Estado y busca la solución a los problemas a través de contactos de pueblo a pueblo, con militantes sandinistas de base -campesinos y detallistas- que hacen el papel de mediadores en vez del de funcionarios públicos.

En Matiguás, una organización de Delegados de la Palabra ha consolidado una organización de abastecimiento y comercialización en su municipio. Como en el caso de la UNAG, los campesinos levantaron su organización utilizando fondos externos. Cuando ENVIO preguntó a los dirigentes de este proyecto -que integra a más de 8,000 personas- si sus miembros querían precios más altos por sus frijoles a fin de incentivar la producción, la respuesta fue: "Hacemos contratos con las fábricas para conseguir ropa a cambio de frijol. No queremos pesos. Queremos productos".

La economía en su conjunto no puede funcionar en base al trueque, pero en esta coyuntura el trueque constituye uno de los mecanismos básicos de la recomposición de la economía.

Particularmente, cuando el trueque se monta sobre la organización popular y aparecen lazos eficientes de transacción entre ciudad y campo, estas nuevas expresiones de participación popular son pasos positivos en la lucha por lograr un nuevo equilibrio de la economía nicaragüense.

La demanda de los obreros industriales por recibir parte de sus salarios en especie es otra muestra de esta misma tendencia de las bases de exigir un control más directo sobre el proceso de abastecimiento. El Estado respondió a esta presión porque quiere incentivar el trabajo productivo directo y para frenar la estampida de la clase obrera hacia el sector informal de la economía. Aunque los mismos obreros revenden los productos que se les dan como salario, el salario en especie es un mecanismo para que el salario real de los obreros no se deteriore tan rápidamente. Se trata de un paso hacia la recomposición de las condiciones mínimas para la asalarización del trabajo. La eficacia de esta política fue en parte socavada porque se extendió rápidamente hacia otros sectores no directamente productivos, siempre en nombre de la igualdad, disminuyéndose así la deseada priorización del trabajo productivo.

La ATC (Asociación de Trabajadores del Campo) está ensayando otros mecanismos de control popular sobre la distribución de los insumos. Por ejemplo, cuando hay demora en sacar insumos agrícolas de la aduana del puerto de Corinto y con ese retraso por trabas burocráticas se pone en juego la producción, la ATC manda una comisión a Corinto para presionar a los funcionarios de la aduana y luego moviliza sus cuadros a lo largo de toda la cadena de distribución, desde el puerto hasta la finca -estatal o privada-, asegurando así que los insumos lleguen a tiempo.

Frente a la escasez de divisas: dolarización de la economía

La aguda escasez de divisas para importar insumos productivos y bienes de consumo ha producido en Nicaragua un mercado negro de dólares en el cual la tasa de cambio del dólar actuar como motor de la inflación. Con tanta escasez de divisas, los comerciantes buhoneros compiten en un mercado estrecho para conseguir dólares, sin los que pierden su negocio de importación. Luego pasan los precios inflados de dólar a productores y comerciantes, cobrando por los insumos importados una cantidad suficiente que les permita poder volver a competir por el mismo dólar, ya a precios aún más inflados. Por su parte, los productores y comerciantes cargas sus gastos exorbitantes en la obtención de estos insumos o bienes en el bolsillo del consumidor, que paga un precio final desproporcionado. La expansión de la masa monetaria a lo largo de 1985 y 1986 provocó que los precios del dólar y de los bienes importados continuaran en un espiral ascendente.

En este contexto se ha desarrollado un proceso de dolarización de la economía, es decir un proceso en el que un creciente número de transacciones se efectúan en dólares. Por un lado, el Estado ha empezado a comercializar ciertos productos en dólares dentro del país para disminuir el alcance del mercado negro. Por el otro lado, el pueblo busca su sobrevivencia comprando a los buhoneros directamente en dólares los insumos productivos necesarios para mantener la pequeña producción o el comercio informal y vendiendo dólares a los buhoneros en el mercado negro para complementar así su nivel e ingresos. Es cada vez más frecuente la compra en dólares de una serie de productos. Una esfera económica en la que la dolarización domina es el mercado de bienes raíces y de casas. Las transacciones de compra-venta de casas, tanto en barrios residenciales como en barrios populares, se hacen casi totalmente en dólares. Con la tasa de inflación actual la venta de una casa en córdobas es prohibitiva, porque durante los tres o cuatro meses que exigen algunas transacciones, el córdoba puede devaluarse en un 70%.

El Estado busca reducir el flujo de dólares fuera de los canales estatales. La sobrevivencia de grandes sectores del pueblo depende precisamente de ese flujo de dólares.

Son dos las medidas que el Estado ha intentado para rebajar el movimiento de dólares en el mercado negro: 1) la compra-venta de dólares en la Casa de Cambios oficial y 2) la venta en dólares de ciertos bienes de lujo.

La Casa de Cambios es una agencia oficial que intenta competir por los dólares que van al mercado negro ofreciendo una tasa de cambio muy superior a la tasa oficial del gobierno.

Recientemente la Casa de Cambios incrementó su tasa de 1 dólar = 900 córdobas a 1 dólar = 1,400 córdobas. Aunque la nueva tasa esté muy por debajo del precio del mercado negro (1 dólar = 2,300 córdobas), el reajuste ha disminuido algo el flujo de dólares en el mercado negro. La Casa de Cambios capta anualmente unos 12 millones de dólares.

Un segundo mecanismo del gobierno para reducir el mercado negro es la venta en dólares de ciertos bienes de consumo de lujo. La más conocida agencia gubernamental que opera en este tipo de actividad es la Tienda Diplomática de Managua, donde los extranjeros pueden comprar en dólares artículos importados de todo tipo, desde un electrodoméstico y baterías para autos hasta todo tipo de productos alimenticios norteamericanos. La Tienda Diplomática vende también en dólares productos nacionales, como huevos o verduras, a los compradores que no quieren perder tiempo rebuscando en los mercados. De hecho, la Tienda Diplomática atiende a muchos nicaragüenses que manejan dólares que les mandan sus amigos extranjeros.

Existe mucha crítica popular hacia esta Tienda por ser símbolo de la existencia de una capa privilegiada de consumidores, pero de hecho la Tienda juega una función positiva en la economía reduciendo cada año el volumen de dólares en el mercado negro en unos 6 millones de dólares. En sus operaciones en la Tienda diplomática el Estado tiene ganancias de casi un millón de dólares. De hecho, estas ganancias son una especie de impuesto que el Estado cobra a esta capa de consumidores privilegiados en vez de permitir que sean los buhoneros (pequeños comerciantes importadores) los que se aprovechen de los hábitos de consumo de este sector. Además, la facilidad de compra en la Tienda Diplomática y sus precios competitivos ha obligado a bastantes buhoneros a retirarse del mercado de bienes de lujo y a dedicarse a abastecer a la pequeña industria con insumos productivos o a importar bienes de consumo popular.

Estos esfuerzos del gobierno, aunque han sido positivos, no logran captar todos juntos ni una cuarta parte de los dólares que circulan en el mercado negro.

Para evitar falsos moralismo en esta cuestión de la dolarización de la economía es importante destacar que los montos de dólares manejados por las clases acomodadas y por los diplomáticos no pesan tanto sobre la economía como los dólares que manejan los propios sectores populares. Los envíos de dólares a Nicaragua, por vía de las remesas privadas en dólares de familiares que residen en el extranjero, constituyen una apreciable cantidad. Algunas estimaciones de las remesas privadas indican que el movimiento podría ser del orden de los 50 millones de dólares. Miles de nicaragüenses se asentaron en Estados Unidos antes del triunfo. La guerra y la crisis económica han provocado la migración de otros muchos miles de personas de todas las clases sociales.

Hoy en Nicaragua, los 25 dólares que una empleada doméstica recibe mensualmente de su tía en Los Angeles es la "reserva vital" que permite la sobrevivencia de toda su familia. Ella gana 20 mil córdobas por mes como empleada y los 25 dólares los convierte en más de 50 mil córdobas. Con un salario mínimo de $4 por hora, un día de trabajo de un familiar en los Estados Unidos produce el salario mensual de un Ministro en Nicaragua.

Aunque estos montos de dolarización no son comparables a los 250/300 millones de dólares que entra en El Salvador por iguales remesas familiares, sí hay que tener en cuenta que están bastante extendidos. Una gran parte de la importación de los insumos que utiliza el sector informal depende de este flujo de divisas por vía de remesas familiares. Sin este tipo de dolarización de la economía, un eslabón en la producción de miles de artículos y servicios hubiera desaparecido hace tiempo, dada la aguda escasez de divisas registrada desde 1983. El sector informal juega en la economía un papel complementario de cierta importancia. No es simplemente un sector de especulación, como se imaginan ciertos sectores del aparato del Estado. En el grado en que Nicaragua ha ido perdiendo su capacidad de exportación, este sector informal ha buscado una solución en medio de la crisis, exportando a sus familiares y obteniendo así las divisas que les permitan mantener su actividad productiva y comercial.

A fin de cuentas, la dolarización de la economía no es un mal en sí mismo sino un ajuste normal en una situación en que la guerra, el déficit externo y el déficit del gobierno central fomentan una espiral de inflación que ha aumentado en proporción geométrica desde los primeros meses de 1985.

Más preocuparte que la dolarización de la economía es la lentitud del gobierno en caminar desde una economía de sobrevivencia. Ciertamente, el pueblo ha adelantado al Estado en los pasos necesarios para ir construyendo esa economía de sobrevivencia, para recomponer los precios relativos y para orientar otros mecanismos económicos fundamentales.

Nuevas iniciativas del FSLN y del Estado

El Estado no ha sido completamente pasivo en el proceso de configurar una economía de sobrevivencia popular. Además del reajuste entre la ciudad y el campo, existen otras experiencias en las que el estado ha podido apoyar y potenciar nuevas formas de movilización económica que surgen entre obreros y campesinos.

En estas experiencias, la acción gubernamental ha nacido, de hecho, menos como una iniciativa del estado que como una respuesta a proyectos lanzados antes por militantes de base del FSLN. En la práctica, los militantes del Partido que han vivido más de cerca los problemas de obreros y campesinos logran entusiasmar y captar el apoyo de otros militantes del Partido que trabajan en dependencias locales de los distintos ministerios del Estado. En estas experiencias, la autoridad moral de los dirigentes de base del FSLN logra romper el burocratismo de los distintos "feudos" ministeriales y cataliza el desarrollo de programas de acción estatal que coordinan los esfuerzos de los distintos ministerios.

Antes de que se consolidara la coordinación de la acción estatal desde la Presidencia de la República, estas iniciativas de base mostraban una tendencia a chocar con las distintas instancias estatales. Ahora, la nueva coordinación del Estado desde la Presidencia permite más flexibilidad y creatividad al nivel local, que es donde imprescindiblemente se tiene que elaborar la coordinación concreta de los servicios gubernamentales.

Un ejemplo de la coordinación de programas estatales a nivel de base es la llamada Empresa Territorial. Esta forma de administración pública ha surgido en distintos lugares como en el valle de Pueblo Nuevo en Estelí, donde militantes del FSLN desarrollaron programas de atención a la ganadería. O en la Meseta de Carazo, donde dirigieron el apoyo estatal a la producción cafetalera. Lo característico de estas experiencias ha sido la promoción de una atención sistemática para todos los obreros y productores de un territorio determinado. En Pueblo Nuevo, por ejemplo, los obreros de las empresas estatales, los cooperativistas, los pequeños empresarios y los campesinos independientes gozan todos por igual de la empresa de servicios para la ganadería.

Este servicio dirigido a todos los sectores productivos es algo nuevo para el estado, cuyo programa hasta ahora ha sido de carácter de "enclave". Es decir, el Estado ha tenido a invertir mucho en unos pocos enclaves de producción estatal o en cooperativas de producción donde podía ejecutar una planificación centra. Como resultado de este programa y de sus priorizaciones, el estado solo afectó a un 30% de la producción. La gran masa de productores -artesanos, campesinos independientes, pequeños empresarios o trabajadores de las fincas y fabricas de la burguesía- no fueron incluidos en el programa estatal por falta de una planificación indicativa y de una canalización por parte del estado de las iniciativas privadas.

Lo que distingue a la Empresa Territorial del Café en la Meseta de Carazo es que cubre a todos los productores de café con servicios de abastecimiento de insumos de producción, con alimentos y ropa para los obreros y sus familias, y con asistencia técnica para el acopio y comercialización del café. El objetivo principal de esta Empresa Territorial fue reconstruir las condiciones mínimas para que el trabajo asalariado fuera una opción real de sobrevivencia para la

familia rural. Los sindicatos de obreros presionaron mucho para el abastecimiento de aceite, azúcar, arroz y ropa, como también para el acceso a un pequeño lote de tierra para la producción de maíz y frijol para su familia. Por su parte, los obreros se comprometieron a aumentar la jornada de trabajo y la calidad de sus labores de cultivo.

Asimismo, la Empresa Territorial incluyó en su programa a los campesinos, empresarios y cooperativistas para que tuvieran posibilidades de expandir su producción de café. Luego, los mimos servicios de la empresa se extendieron a los productores de frutas, hortalizas y granos básicos en el mismo territorio de la Meseta. Sólo durante 1984-85, las plantaciones de frutales se expandieron en 1,200 manzanas.

Cabe subrayar que este tipo de acción no nació en las oficinas del Estado sino que fue el fruto de largos años de trabajo con las bases obreras y campesinas de la Meseta. Hace un año, ENVIO describió todas las tensiones y conflictos involucrados en ese proceso de movilización popular, tanto en la Meseta como en Masaya (Ver "Los Campesinos dan un giro a la Reforma Agraria". Septiembre de 1985). Aquella movilización por el acceso a la tierra y a los recursos de crédito y asistencia técnica estatales que llevaron a cabo los campesinos pobres es la base material y organizativa de la Empresa Territorial de la Meseta. A su vez, aquella movilización no cayó del cielo sino que surgió de largos años de trabajo escuchando paciente y atentamente las reivindicaciones de las bases y conociendo a fondo las redes de amistad comarcales. A diferencia del modelo de enclave, donde la consigna fue "No levantar las expectativas. Su conocimiento de esas expectativas nacida de su amistad con los obreros y campesinos, su conocimiento de las condiciones del mercado y de las posibilidades reales de organización, permitió dar respuestas adecuadas a la movilización. Hubo en la Meseta toda una política de masas que hizo posible tanto la movilización popular como la coordinación de los servicios estatales.

A mediados de 1986, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) empezó a impulsar programas pilotos de Empresa Territorial en todas las regiones del país. Es obvio que no existen recursos materiales suficientes para que el modelo se aplique a toda la economía. Además, es importante reconocer que son quizás los recursos humanos, los cuadros capaces de hacer un trabajo de masas cualificado política y técnicamente, los que más escasean. Y son ellos las piezas claves, para la implementación de este tipo de Empresa Territorial. A pesar de estas limitaciones, los actuales modelos pilotos permitirán un espacio de aprendizaje para nuevos cuadros y expandirán e incrementarán la producción, exponiendo así la oferta de recursos para poder perder el modelo.

Todas estas son experiencias semillas que justifican la esperanza de que se avanzará en el desarrollo de un modelo de sobrevivencia popular en tiempos de guerra.

Los nuevos experimentos de gestión estatal surgidos desde las bases del movimiento sandinista no han logrado su potencial impacto por la falta de un modelo económico de sobrevivencia que podría encajarlos entro de una dinámica nacional. Aún más desperdiciadas están siendo las iniciativas populares, creativas pero muy dispersas. Falta un modelo capaz de canalizarlas y sumar esfuerzos para la sobrevivencia. Urge analizar a fondo los obstáculos que impiden la transición al nuevo modelo de sobrevivencia popular y las medidas coyunturales que podrían contribuir a esa transición en vez de retrasarla aún más. Esto es fundamental si se tiene en cuenta que la actual guerra de agresión contra Nicaragua es una estrategia prolongada de guerra de desgaste con alcance regional y que en Nicaragua el énfasis está puesto más en el desgaste económico que en el desgaste militar que puedan causar los contrarrevolucionarios.

¿Por qué es tan lenta la transición?

¿Por qué ha sido tan difícil transformar la economía de reconstrucción ensayada en 1979-82 en una economía de resistencia para enfrentar la tarea principal de la defensa de la patria? En vez de implementar un plan económico más austero y caracterizado por la resistencia popular, la economía de reconstrucción siguió su rumbo inicial anterior, priorizando proyectos estatales de "enclave" y llevando al pueblo a acrecientes dosis de austeridad sin darle, a la par, un papel claro en el plan económico del gobierno.

¿Cuáles han sido las trabas para la configuración de una economía de resistencia y para el abandono de los estilos de administración aprendidos en los primeros años del proceso? Las respuestas a estos interrogantes son cruciales, dados los nuevos retos económicos que enfrenta el proceso revolucionario.

El más reciente comunicado de la Asamblea Sandinista señala así las tareas de esta coyuntura:

"La defensa del poder revolucionario exige dar todos aquellos pasos necesarios para enfrentar y controlar la crisis a partir de nuestros propios recursos y la optimización del uso de los recursos externos.

La racionalización en la distribución y uso de los recursos; las medidas de orden organizativo en la dirección de la economía, en la gestión gubernamental, en la dirección política y en la gestión productiva, en la disciplina, en el ahorro, en la eficiencia, en la unidad y la coherencia en la ejecución de las líneas, son las acciones que la defensa del proceso revolucionario nos demandan".

Cuadro 2


Como la Asamblea Sandinista reconoce en esta lista de tareas, existe un amplio espacio para maniobrar al interior de la economía nicaragüense, a pesar de que los problemas fundamentales -empezando con la guerra- son de origen externo. Es crucial reconocer que el proceso revolucionario sólo puede enfrentar directamente los problemas internos de la economía y no los problemas de una economía de sobrevivencia popular, sino que más bien exigen y dan pie para su articulación.

La escasez de divisas líquidas es en el fondo una presión para que el país mejore la administración de sus recursos internos y maximalice los recursos externos conseguidos. Algunos observadores piensan que la economía nicaragüense tiene suficiente estabilidad para poder cortar los altos niveles de subsidio externa de que goza. Pero cortar los apoyos externos en este momento para forzar el surgimiento de un nuevo modelo económico sólo producirá un desastre económico mayor. Debe ser posible ajustar el modelo actual optimizando el uso de los recursos externos, como sugiere la Asamblea Sandinista, sin restringir aún más el movimiento económico.

Como se ve en el Cuadro 2, el flujo de recursos externos ha sido desde 1980 de unos 600 millones de dólares anuales como promedio, sin altibajos, exceptuando 1985, cuando la cifra subió a 722 millones de dólares. Naturalmente, la calidad de estas divisas ha variado: han aumentado las divisas atadas a ciertos proyectos que no se adecuan a la coyuntura económica o atadas a importaciones fijadas por el país que presta a Nicaragua. También es verdad que el deterioro de los términos de intercambio internacional señalado en el Cuadro 2 ha ido reduciendo sistemáticamente el poder real de compra con cada dólar de divisas.

Aunque el gobierno norteamericano ha logrado interrumpir el flujo de divisas líquidas a Nicaragua, ha fracasado rotundamente en su empeño de aislar a Nicaragua económicamente dentro de la región. La reunión que este mes tuvieron los Ministros de Economía de Centroamérica, en la que firmaron contratos con Nicaragua para renegociar la deuda nicaragüense en sus respectivos Bancos Centrales y así facilitar la continuación del intercambio comercial entre todos los países del área, sin excluir a Nicaragua, es uno entre muchos ejemplos del fracaso norteamericano en el aislamiento de Nicaragua (ver más datos en el Análisis de Coyuntura, en este ENVIO).

A pesar de todos los esfuerzos de los Estados Unidos por destruir la economía nicaragüense, Nicaragua como país que sufre una guerra y dedica la mitad de su presupuesto a la defensa, ha tenido cierto éxito en mantener el movimiento fundamental de su economía. Esto se debe, sobre todo, a la solidaridad económica recibida y a la capacidad del pueblo de ir recomponiendo y ajustando la economía a las exigencias de la guerra.

Hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial no se podían encontrar cigarrillos ni papel higiénico en Inglaterra y que en ese país hubo racionamiento de leche hasta 1955. En Estados Unidos se usaba en ese tiempo sal o bicarbonato en vez de pasta de dientes, dada la escasez de ese producto.

Por otra parte, en comparación con la situación en otros países latinoamericanos, la evolución económica de Nicaragua no ha sido del todo negativa, teniendo en cuenta la recesión internacional y la deuda externa que agobia a todo el Tercer Mundo. cuando la prensa transnacional empezó a proclamar hace un año que Nicaragua sufría una tasa de inflación de un 250% debido a la "incompetencia sandinista", los mismos medios no mencionaban que la tasa e inflación en Argentina era de un 1,500%, en Brasil de un 400$, en el Perú de un 600% y en Bolivia de un 14,000%, siendo así que Nicaragua era el único de estos países que además de la recesión internacional padecía una guerra.

Recientemente, las medidas de austeridad impuestas en Brasil han aprobado huelgas, un estado de sitio y, una vez más, una profunda inestabilidad política. La revista "Time" señalaba hace poco que el programa de austeridad impuesto en Egipto podría provocar rebeliones populares "que aún un ejército tan profesional como el de Egipto no podría controlar". Ninguna de estas expresiones de rebelión popular se han visto en Nicaragua en todos estos años.

En este contexto, se puede captar que la lucha por crear una economía de sobrevivencia popular no es un acto desesperado del gobierno sino, más bien, parte de la contraofensiva nicaragüense a la estrategia de la "guerra de baja intensidad" con que le ataca Estados Unidos. Más que nada, lo que hace falta en esta respuesta económica nicaragüense a la guerra de desgaste es un nuevo marco de referencia y la coherencia en la dirección económica para actuar contra los factores que obstaculizan la transición a una economía de sobrevivencia popular.

La economía de sobrevivencia popular propuesta en el Programa Económico para 1986 sigue siendo un ideal sin traducción en un modelo nuevo y en programas concretos. ¿Cuáles son los factores que han determinado que la transición a este nuevo modelo económico sea tan lenta?

FSLN: zapatero-remendón de las estructuras y modelos heredados

El FSLN ha tenido que enfrentar serias trabas en su intento de desarrollar una economía de sobrevivencia. Ha tenido que enfrentar la inflexibilidad no sólo de las estructuras sociales heredades del somocismo sino también de los modelos ideológicos consolidados durante aquel régimen.

El nuevo gobierno de Nicaragua tuvo que empezar la reconstrucción de la economía nacional con los técnicos producidos bajo el somocismo. Los modelos económicos que se encontraron a mano fueron más un reflejo de las aspiraciones negadas a esas capas tecnocráticas en el pasado que expresiones de las necesidades de transformación estructural de la economía. Así, los planes de cambio estructural y de participación popular por parte de la dirigencia revolucionaria se transformaron vez tras vez en repeticiones del antiguo modelo económico de modernización, urbanización y tecnología de punta.

Las trabas estructurales

Al derrocar la dictadura somocista, el movimiento revolucionario heredó una sociedad con un profundo desequilibrio entre la ciudad y el campo. El desarrollo del esquema somocista de agroexportación y agroindustrialización había marginado a las fuerzas productivas del campesinado, concentrando el desarrollo en modernos enclaves, principalmente en la costa del Pacífico. La explotación del campesinado y la transferencia de recursos desde el exterior -vía endeudamiento- dio paso a un proceso e hiperubanización, que fue uno de los más fuertes de todo el hemisferio. El modelo de desarrollo tuvo un carácter modernizante y urbano. Esta rápida transferencia de recursos a las ciudades creó otro desequilibrio entre los sectores productivos e improductivos de las ciudades.

Tras la revolución, el FSLN respondió generosamente a las demandas de su principal base social, los pobres de las ciudades, que hicieron las insurrecciones que dieron fin no solamente a la dictadura somocista sino a la estrategia de dominación norteamericana por medio de dictaduras militares en todo el Istmo. Responder a las demandas de esta fuerza social sólo aumentó el desequilibrio entre los sectores productivos e improductivos en las ciudades.

Por otro lado, las necesidades políticas de una alianza nacional obligaron a un ritmo muy lento en la reforma agraria durante los tres primeros años del proceso. La inmensa mayoría de los activistas sandinistas se foguearon en la experiencia de la guerrilla urbana. Sólo una minoría tuvo experiencia de trabajo entre el campesinado. El cuerpo técnico del sector agropecuario tenía aún menos conocimiento del campesinado y estaba preparado para trabajar en los modelos de enclave somocistas. En los primeros años los esfuerzos se orientaron hacia un proyecto de grandes inversiones en las antiguas fincas somocistas, que habían sido reestructuradas como Area Propiedad del Pueblo. Educados como fueron en los sistemáticos prejuicios anti-campesinistas que fomentó la dictadura somocista, era dudoso que hubieran podido hacer otros proyectos. Uno de los resultados de este tipo de política agraria fue un incremento de la migración del campo a la ciudad, agravando aún más los problemas y desequilibrios heredados.

Una economía de sobrevivencia significa, sobre todo, la capacidad de movilizar un flujo de alimentos hacia el ejército y hacia las ciudades sin grandes gastos en insumos importados. Significa consolidar la alianza con el campesinado. Las estructuras heredadas de la antigua sociedad, cuya máquina e ideología estaba estructurada contra el campesino y a favor del agroexportador y la población urbana, constituyen la principal barrera a la creación de una economía de sobrevivencia. El reto de superar esta barrera involucra una profunda transformación de la estructura de poder económico, tal como está pasando en la Meseta de Carazo, donde la nueva organización popular y los nuevos diseños de organización han ido permitiendo el desplazamiento de las clases acomodadas sin una pérdida del nivel de producción.

Las trabas del modelo modernizante

El modelo de desarrollo que la revolución heredó fue un modelo de modernización e base productiva y de desarrollo de las fuerzas productivas por la incorporación de tecnologías avanzadas. En este modelo, las fuertes inversiones de capital productivo potenciarían la productividad de la mano de obra y aumentarían los rendimientos por manzana y por hora de trabajo. El ideal del modelo fue: "Producir la mayor cantidad posible de producto con el menor número posible de obreros utilizando la menor cantidad de tierra posible". La revolución heredó esta consigna a través de sus técnicos y la aplicó con una compulsión inversionista jamás vista en el Istmo. La inversión agropecuaria en bienes de capital de Nicaragua ha sobrepasado con mucho la de economías más desarrolladas, como las de El Salvador y Guatemala.

A estas alturas hay plena conciencia de que el esfuerzo inversionista excedió las capacidades de la economía. El crecimiento productivo no ha sido suficiente para sostener una política inversionista tan expansionista. El programa de inversiones eliminaba la reposición de capital necesario para mantener el movimiento normal de la economía. Año tras año iba creciendo una demanda cada vez más fuerte para todo tipo de insumos productivos y para la reposición de maquinaria, no solamente en el sector de la pequeña y mediana producción industrial sino en el de la gran industria nacional, cuya planta se deterioraba por la prioridad dada a los nuevos proyectos de inversión. Esta demanda acumulada ha sido uno de los principales motores de la inflación.

En el interior del país, donde el deterioro de la economía campesina constituía el punto principal de la ideología contrarrevolucionaria, el modelo de modernización impedía el desarrollo de inversiones que hubieran potenciado mano de obra campesina dentro de proyectos diseñados para incorporar nuevas tierras a la producción de granos y otros alimentos, intensificando el uso de la mano de obra en vez del capital importado. Un 76% de las inversiones fueron realizadas en la costa del Pacífico.

El modelo modernizante heredado tenía una cierta atracción para los guerrilleros sandinistas porque fue superficialmente compatible con los grandes ideales del socialismo: el desarrollo de las fuerzas productivas y la creación de una clase obrera de alta sofisticación técnica y política.

Aunque el movimiento sandinista tiene rasgos profundamente originales en términos de sus estrategias políticas, ideológicas y culturales, los guerrilleros o bajaron de las montañas ni salieron de la guerrilla urbana con una estrategia económica muy original. Más bien, tuvieron que trabajar por un lado con el modelo que las capas teocráticas habían absorbido del somocismo y de la dependencia con los Estados Unidos, y por otro con los grandes ideales socialistas de desarrollo de las fuerzas productivas y de capacitación de la clase obrera, que habían visto en sus visitas a Cuba. En términos estratégicos, los sandinistas no tuvieron al principio una concepción económica original.

Justamente por eso se ha notado muchas veces una cierta contradicción de la revolución sandinista entre las concepciones estratégicas y la realización táctica en el campo económico.

El FSLN ha obrado creativamente, como un zapatero remendón que se vio obligado a ir recomponiendo un par de zapatos viejos. Vez tras vez ha vuelto a tratar de reajustar el viejo modelo de modernización y proletarización a las necesidades del proceso histórico. El proceder del FSLN no ha sido cartesiano: no tiene un interés dogmático en los viejos paradigmas y modelos sino que, como le pasa aun zapatero remendón, todavía o encuentra los materiales y el diseño para hacer un par de zapatos. Además, el cortoplacismo al que obliga la guerra actúa claramente en contra de cualquier proyecto audaz de desechar los zapatos viejos con la esperanza de que pronto se va a conseguir un nuevo par.

Ese nuevo par de zapatos que el pueblo necesita es el modelo de economía de sobrevivencia. La falta de una concepción estratégica distinta a la de los antiguos modelos y la escasez de técnicos capaces de incorporar ha sido una de las trabas principales para lograr una transición más rápida hacia esa economía de sobrevivencia popular. A pesar de que los planes de 1985 y 1986 reconocieron la necesidad de priorizar la inversión en repuestos, mantenimiento de equipo e insumos productivos para el campesinado, más del 80% del programa de inversión estatal era para proyectos de alta sofisticación y a largo plazo. La lentitud del gobierno de Nicaragua en adecuar su programa de inversiones a las nuevas condiciones producidas por la guerra tiene dos causas:

1) Muchas de las divisas ya están asignadas dentro del viejo modelo de inversión y se precisará de una campaña de diplomacia económica internacional para poder transformar proyectos financiados según el antiguo modelo en proyectos de resistencia económica para los tiempos de guerra.

2) Aunque los dirigentes sandinistas -de dirección y de base- están conscientes de la necesidad de una nueva estrategia de resistencia económica con una mayor movilización popular, el cuerpo técnico-administrativo del estado ha sido más lento en aprender de la crítica de las masas. En sus manos, el nuevo proyecto de resistencia para tiempos de guerra termina siendo una fotocopia e los antiguos modelos con soluciones modernizantes, costosas y enclavistas.

El FSLN ha ido remendando el antiguo modelo de acción estatal, pero o ha logrado socializar aún el nuevo modelo que ha ido desarrollándose en algunos lugares aislados, donde los militantes sandinistas han podido forjar nuevos estilos y programas de acción.

Los retos económicos del proceso

Los retos económicos del proceso revolucionario en esta coyuntura son de dos tipos:

1) un programa para estructurar el gasto público y así poder financiar la guerra sin incrementar aún más el déficit

2) un programa de rearticulación de la economía en una nueva clave de resistencia y de sobrevivencia popular. Los dos programas son de carácter altamente político.

En el primer caso, cualquier proyecto de reestructuración del gasto público significa afectar a alguien, a alguna clase, a algún grupo social o a algún sector del gobierno. Significa que el gobierno tendrá que pasar una cuota más alta de los costos de la guerra a alguien. La reestructuración del gasto público requerida para mantener la defensa no puede ser un simple ajuste sino una nueva relación entre el Estado y el pueblo que se esfuerza en recomponer la economía, un nuevo modelo de sobrevivencia popular.

Es preciso reducir el déficit fiscal eliminado aún más subsidios, recortando gastos públicos o eliminando programas de inversiones. Solo así se podrá reducir la emisión de nuevos córdobas y controlar la expansión de la masa monetaria. Sólo así se podrá reducir la inflación que golpea tan fuertemente al sector productivo. En términos técnicos, es posible reducir sustancialmente el déficit y empezar a combatir realmente la inflación. Los problemas para efectuar estas reducciones son, en el fondo, obstáculos políticos.

Hay varias opciones para los recortes. La primera sería restringir el nivel de las inversiones, especialmente el de las inversiones a largo plazo. La presión inversionista total sobre la economía es muy alta:un 17% del PIB. Un corte de un tercio en las inversiones tendrá un impacto enorme (6% del PIB) para conseguir reducir el déficit fiscal. Aún después del recorte, el país gozaría de una tasa de inversión muy alta: del 13%.

Pendiente de los acuerdos con gobiernos que apoyen el proyecto de inversión pública, los recursos podrían pasar a usarse para la reposición de plantas o de insumos necesarios en el sector productivo o inclusive para las importaciones de bienes de consumo que incentiven y mantengan el salario real de la clase obrera. Recortar proyectos de inversión significa recortar el tamaño del aparto estatal y el gasto de recursos en el diseño y preparación de estos grandes proyectos de inversión. El reto es poder reducir el déficit fiscal y mantener la defensa militar, sin recortar aún más el consumo del pueblo.

La crítica popular hacia los funcionarios estatales, señalándolos como privilegiados o como una nueva clase, tiene una base mas objetiva en la medida en que se mantienen altos niveles de inversión a costa del consumo popular. Las alzas salariales han sido una respuesta del gobierno para no recortar los niveles de inversión y, a su vez, no recortar el consumo popular. Como se ha visto, la inflación producida por la política de no recortar a nadie termina afectando aún más negativamente el nivel de vida de todo el pueblo.

Otra opción de recorte que el gobierno planifica es el proyecto de que el ejército empiece a ser autosuficiente para abastecerse en alimentos básicos. Este proyecto podría reducir el presupuesto militar en un 10% (un 5% del presupuesto global del gobierno). Significaría no solamente una fuerte desmonetarización de la economía sino una media política importante, pues indicaría que el ejército sandinista no sólo es del pueblo sino que quiere dejar de ser una carga demasiado fuerte para el pueblo.

Todavía existen subsidios muy fuertes para el azúcar, la leche, el algodón, etc. En varios casos, como el del azúcar, los subsidios son más una protección para los productores en un mercado internacional hostil que una defensa real del consumidor. Actualmente, producir una libra de azúcar cuesta 12 centavos de dólar. El pueblo compra esa libra a 4 centavos y el Estado paga el subsidio de 8 centavos, no tanto para proteger al consumidor -porque se podría importar el mismo azúcar a 5 centavos la libra- sino para incentivar la producción. También hay aquí un problema de falta de agilidad para poder ajustarse a los cambios en los precios del mercado internacional. El azúcar ha bajado, pero el ajonjolí tiene actualmente buen precio. Con más agilidad, se podría utilizar la capacidad instalada y la mano de obra en las empresas azucareras para producir y exportar ajonjolí y luego importar el azúcar. La guerra de desgaste de los Estados Unidos contra Nicaragua no permite la comodidad de mantener estructuras de producción ineficientes en términos internacionales al costo de subsidios que solo estimulan más inflación.

Existe una amplia reflexión sobre la administración más integral de sistemas de producción, como el azucarero o el algodonero. La actividad estaría administrada como una empresa, para impedir la desarticulación del proceso productivo-comercial por la injerencia de varios ministerios. Sólo este tipo de administración permitiría que Nicaragua lograra la agilidad necesaria para, como pequeño país periférico, sobrevivir aún en tiempos de paz.

El segundo reto de la coyuntura económica es tan importante como el primero. Recortes del gasto público para pasar esos recursos al sector productivo que puede responder en el corto plazo con producción rentable no es otra cosa que el programa básico del FMI para la recomposición de las economías del Tercer Mundo. Es decir, pedir al pueblo trabajador que aguante hambre hasta que los productores incrementen sus ganancias y los niveles de producción suban.

Para superar esta receta antipopular, el reto quizás más importante es la socialización de un nuevo modelo en el que el pueblo trabajador sea el agente que moviliza los recursos transferidos del sector improductivo e ineficiente dentro del Estado hacia programas de producción de bienes básicos que permitan sobrevivir en una guerra de desgaste. Lo que es necesario es la movilización del pueblo para su propia sobrevivencia. Nada menos que eso. Hasta ahora el esfuerzo popular para sobrevivir a la crisis económica ha ido por un carril, mientras que el programa gubernamental ha ido en la misma dirección, pero por otro carril. El reto económico para el Estado revolucionario es saber ponerse al frente de todos los esfuerzos dispersos del pueblo en su intento de recomponer una economía tan afectada por la guerra.

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