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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 57 | Marzo 1986
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Nicaragua

Contadora y crisis económica: Nicaragua va abriendo nuevos espacios y maniobras

A finales de 1985 Nicaragua se negó a seguir en la espiral que estaba llevando la iniciativa de Contadora a su fracaso, y pidió que el mismo grupo reconociera a Estados Unidos como factor causante de la crisis y como elemento de cualquier solución posible.

Equipo Envío

La audacia de los sandinistas de "poner el dedo en la llaga" que torpedeaba el proceso de Contadora ha abierto una nueva coyuntura internacional en que Nicaragua vuelve a llevar la clara iniciativa frente al agresor norteamericano. Aunque el número especial de ENVIO de enero-febrero 86 preveía que la solidaridad internacional no iba a poder contrarrestar la política norteamericana en forma efectiva, ha surgido una nueva ola de solidaridad latinoamericana hacia Nicaragua que culmina con un enfrentamiento en Washington entre ocho países latinoamericanos y la administración Reagan.

Estados Unidos: constante acoso

Si puede señalarse una constante en la política estadounidense hacia Nicaragua, ésta es el acoso continuo desde todos los frentes posibles. En el discurso del Presiente Reagan el objetivo de este acoso es conseguir que los sandinistas accedan a negociar; pero el objetivo real cada vez más manifiesto, es el derrocamiento del poder revolucionario.

Los intentos de la Administración Reagan para ahogar la Revolución y al mismo tiempo, ir desgastando la legitimidad interna y externa del sandinismo han sido permanentes en los últimos cuatro años. Todo tipo de instrumentos, políticos, diplomáticos, económico, etc. han sido puestos en juego para ese fin. Al iniciarse 1986, el balance para Estados Unidos no era todo lo brillante que hubiera deseado. El proyecto revolucionario ha sufrido con los ataques de la política estadounidense y se resiente de los golpes recibidos, pero Reagan no puede ofrecer ni a la opinión pública local ni a la internacional una imagen débil del proyecto revolucionario ni un régimen claudicante a sus intereses. Por el contrario, la derrota estratégica militar de las fuerzas contrarrevolucionarias es un hecho palpable y reconocido por la mayoría de los protagonistas que intervienen en el conflicto centroamericano. Por otra parte, a pesar de las enormes dificultades, Nicaragua es capaz de enfrentar con creatividad y eficacia los retos decisivos que se le presentan este año en su foro nacional.

Ante este panorama, la decisión del Presidente Reagan de solicitar al Congreso 100 millones de dólares para ayudar a la contrarrevolución, de los cuales 70 irían destinados para fines militares, es una reafirmación de su estrategia de acoso al régimen nicaragüense. La presión por medio de la fuerza ha sido uno de los principios básicos de la política estadounidense. La debilidad manifiesta de la contrarrevolución le restaba toda eficacia para seguir cumpliendo el papel de brazo armado. El pedido de Reagan es la única manera de poder revitalizar el acoso militar y de no reconocer la derrota en un punto básico de su plan.

Las reacciones al anuncio de la medida presidencial no se han hecho esperar. Prácticamente ningún líder norteamericano se ha pronunciado dando su apoyo al Presidente Reagan. Más aún, como en estas situaciones el silencio implica, de alguna manera, consentimiento y aceptación de las vías de fuerza por encima del diálogo, los anuncios de oposición y crítica se han expresado más de lo que le hubiera gustado al mandatario norteamericano. Las repercusiones no se han limitado a declaraciones. La iniciativa latinoamericana de Caraballeda es el arranque de una respuesta abiertamente contrapuesta y enfrentada a la norteamericana.

Caraballeda: la reapertura de las negociaciones

La Declaración de Caraballeda, el 11 de enero de 1986 suscrita por los cancilleres del Grupo de Contadora y del Grupo de Apoyo, rompió el punto muerto a que se había llegado en el proceso negociador de Contadora cuando, a mediados de diciembre de 1985, se había acordado la suspensión de las reuniones por un período de cuatro meses. La ratificación del Documento de Caraballeda por los países centroamericanos, pocos días después, con ocasión de la toma de posesión del Presidente guatemalteco Vinicio Cerezo, confirmaba el reinicio o el comienzo de una nueva fase en la difícil búsqueda de una solución negociada.

Conviene destacar algunos aspectos de esta iniciativa de Caraballeda para comprender la novedad que aporta y las perspectivas que abre. A lo largo de las negociaciones de Contadora, uno de los límites más importantes que arrastraba era la ausencia de Estados Unidos en el seno de ese proceso. Esta ausencia de los EEUU, tanto como factor de la crisis como elemento de cualquier solución posible, fue una de las razones principales esgrimida por Nicaragua para oponerse a continuar avanzando en la discusión del Acta revisada de Contadora. Nicaragua no podía seguir ofreciendo con ellas, Estados Unidos, no sólo no correspondía con una actitud similar sino que incrementaba su política agresiva. De haberse seguido en esa dinámica se hubiera cumplido el objetivo de la política estadounidense, en la que Contadora jugaba el papel del instrumento político-diplomático encargado de arrancar a Nicaragua las concesiones que la administración pretendía conseguir a través de su agresión militar.

La negativa nicaragüense implicaba, también, una declaración de principios sobre el marco en el que debía desarrollarse el proceso negociador. No se podía llegar a ninguna solución negociada si no se partía de tomar en cuenta la realidad conflictiva de la región. Y esa realidad se había agravado últimamente, sin que Contadora introdujera para nada los nuevos acontecimientos que se venían desarrollando.

Por otra parte, en el momento de la suspensión, otros países, como Colombia y Costa Rica, por diversas razones, consideraron que tampoco se daban las condiciones necesarias para poder garantizar un mínimo avance en el resultado de las negociaciones. Pasado apenas un mes de esta visión pesimista sobre Contadora, se produce la aclaración de Caraballeda y su ratificación por los países centroamericanos.

Contadora se enfrentaba a una disyuntiva: abandonar la negociación o reacomodar su planeamiento dando entrada a la tesis nicaragüense, es decir, reconocer que es imprescindible la presencia de Estados Unidos como elemento clave para una solución real. El punto 2 de la Declaración de Caraballeda recoge esta preocupación al señalar: "Se reconoce la necesidad de triangular la negociación. La negociación tiene que pasar por Washington y no basta con que se pongan de acuerdo entre sí los cinco países centroamericanos".

Caraballeda, en última instancia, es una nueva propuesta que, además de continuar con la negociación del Acta revisada de Contadora plantea iniciar pasos simultáneos en otros frentes. De alguna manera es un plan de acción más global, en el que la actitud de Estados Unidos será decisiva para el avance del mismo. Este aspecto es realmente novedoso y puede decirse, atrevido, en relación a los esquemas anteriores.

Sin embargo se producen tras Caraballeda los primeros signos de una tensión entre los países centroamericanos y la administración Reagan. Es prematuro juzgar la evolución de estas tensiones. Caraballeda introduce una tesis directamente enfrentada a la estrategia de Estados Unidos, que siempre pretendió mantenerse al margen y defender sus intereses a través de sus aliados más cercanos, El Salvador, Costa Rica y Honduras. Aunque estos tres países han vuelto para a favor de la posición norteamericana en Contadora, dos de ellos, Costa Rica y Honduras, han dado claros signos de estar en contra de la propuesta de Reagan de expandir la ayuda militar a los contrarrevolucionarios en Nicaragua. Ahora, presionado por la iniciativa latinoamericana, Estados Unidos no puede rehuir el reto, bajo pena de deslegitimar totalmente su plan al negar la plataforma de diálogo con más credibilidad internacional, y debe asumir su papel de protagonista del conflicto.

La latinoamericanización de Contadora

Otro aspecto importante es la dimensión Latinoamericana que toma a partir de Caraballeda el proceso de negociación. La visita de los ocho cancilleres latinoamericanos -cuatro del Grupo de Contadora y cuatro del Grupo de Apoyo- a Washington para entrevistarse con el Secretario de Estado Shultz, era una iniciativa impensable hace unos meses. Con esta acción, los países latinoamericanos se confrontan directamente con Estados Unidos. E este sentido, hay que resaltar lo insólito del procedimiento, -primera vez en la historia de las relaciones continentales con el norte- y la claridad del planteo presentado.

Los cancilleres abordaron abiertamente el punto más sensible de la Administración Reagan: el apoyo a la contrarrevolución nicaragüense. La solicitud latinoamericana fue rotunda al solicitar el cese de ese apoyo como una de las condiciones para la paz en la región. La respuesta de Shultz fue igualmente categórica negando toda concesión al respecto. Sin exagerar las consecuencias que este hecho puede tener, algunas de ellas pueden ser especialmente significativas.

La negativa estadounidense es una negativa a Latinoamérica. Si hasta ahora el conflicto centroamericano era asumido por sus vecinos y hermanos latinoamericanos como algo propio, pero siempre considerado en la distancia, a partir de aquí existe un conflicto directo.

No es Latinoamérica quien se opone a Estados Unidos en favor de los intereses de Nicaragua, sino que los propios intereses latinoamericanos están en juego. Es la defensa de su concepción de las relaciones que deben imperar entre el Norte y el Sur. Del mismo modo, las pretendidas dimensiones Este-Oeste con que Reagan quiere analizar el problema centroamericano caen por tierra, o se diluyen, al aparecer esta confrontación Norte-Sur de manera abierta y clara.

Un plan de acción en varios frentes

Caraballeda no ha sido, ni es, una pura Declaración programática. Aún cuando no haya ideas claras para traducir en un plan concreto todo lo que supone la nueva propuesta, el paso dado por los cancilleres evidencia la existencia de una voluntad política y de una convicción de la operatividad de la misma. La posterior reunión en Punta del este, Uruguay, los días 28, y 1 de marzo, de los mismos cancilleres para analizar el proceso de negociación de Contadora, supone una muestra de lo afirmado. El rechazo estadounidense no modificó los planteamientos originales, y la respuesta latinoamericana se condensa en el comunicado final, llamado "Comunicado de Punta del Este", donde se reafirma la Declaración de Caraballeda, al tiempo que se anuncia la creación de la Comisión Civil de Observación, Prevención e Inspección en la frontera de Costa Rica y Nicaragua. Se reitera la necesidad de emprender las acciones simultáneas previstas y el cese del apoyo a todas las fuerzas irregulares, como un imperativo para el restablecimiento del orden jurídico internacional.

Cualquier evaluación que se haga de Caraballeda, dentro de un abanico de matices en torno a sus posibilidades reales, es directamente positiva. Se abren nuevos espacios al introducir ese elemento realista de la presencia de Estados Unidos en el proceso de negociación. Nicaragua encuentra un ambiente más propicio para defender sus intereses y, sobre todo, se aumentan las posibilidades de que los acuerdos a que se llegue incidan en los graves problemas que afectan a la región. La consideración global de los diversos frentes que propone Caraballeda desahoga a Nicaragua de la presión norteamericana permite un replanteamiento más equitativo de las diferentes posiciones.

La situación centroamericana sigue siendo compleja. Ninguna línea se perfila nítida en el horizonte. Junto a la apertura de Caraballeda, o puede olvidarse la capacidad de reacción estadounidense. Ciertamente, la diplomacia norteamericana se ha visto sorprendida, o superada, incapaz de controlar las iniciativas latinoamericanas y también centroamericanas. Ya en la primera reunión de Contadora, celebrada después de Caraballeda, El Salvador, Costa Rica y Honduras volvieron a plantear las tesis norteamericanas de continuar con la negociación del Acta revisada de Contadora, sin tomar en consideración la nueva propuesta con lo que implica de plan de acción global y simultáneo.

¿Por qué, a pesar de las presiones, se produce en los países centroamericanos la necesidad de revisar planteamientos anteriores y aceptar posiciones críticas de la administración estadounidense? Hay un dato que puede explicar algo de esta actitud: la convicción de que la contrarrevolución ha sido derrotada. Este dato que en Washington provoca la intensificación del acoso a Nicaragua, en Centroamérica obliga a examinar con realismo político su convivencia con Nicaragua.

Honduras queda en una desairada posición en el debate sobre la ayuda norteamericana a la "Contra". Su papel como plataforma para la distribución de los materiales -bélicos o no- que implique esa ayuda le obliga a reconocer su vinculación con las fuerzas antisandinistas. No se prevén cambios sustanciales en la actitud hondureña, pero el acceso al poder en las fuerzas armadas y de generaciones más jóvenes de oficiales plantea la necesidad de revisar el precio que se paga por ese sometimiento. Los reacomodos internos producidos en el último mes no cuestionan la presencia de las tropas norteamericanas, pero sí la exigencia de compensaciones mayores por el papel que juega Honduras en la estrategia antinicaragüense de Estados Unidos. La contra no es ya una carta valiosa que hay que jugar, sino un mal inevitable que hay que soportar.

Muchos analistas consideran que la desilusión del campesinado nicaragüense con la contrarrevolución es tan profunda que ni los 100 millones de dólares son capaces de resucitar las fuerzas contrarrevolucionarias. Por la misma razón, se consideran que estos millones de dólares serán destinados para un proyecto de agresión cada vez más intensivo en armamentos sofisticados y cada vez menos intensivo en acciones guerrilleras en territorio nicaragüense. Lógicamente tal perspectiva preocupa no solamente a los gobiernos centroamericanos sino a toda América Latina.

En el caso de Costa Rica, las reacciones han sido más significativas. Las declaraciones del Presidente electo, Oscar Arias, ratificadas en varias ocasiones, en las que criticaba la ayuda de Estados Unidos a la contrarrevolución y proponía una mejor utilización de esos fondos destinándolos a programas sociales de otros países necesitados de la región, sólo son explicables desde esa convicción de la muerte política de la contra, más que desde una hipotética reivindicación nacionalista. Del mismo modo, muestra su coherencia con esa constatación cuando formuló la necesidad de expulsar a los grupos armados antisandinistas del territorio costarricense.

No ha sido sólo el Presidente electo quien se ha animado a presentar una visión más realista de las relaciones con Nicaragua y plantear acciones para asentar una convivencia pacífica. Una vez finalizadas las elecciones, el Presidente Monge no ha querido pasar a la historia sin limpiar su imagen en el tema nicaragüense y ha acelerado la adopción de medidas para normalizar las relaciones entre los dos países. En primer lugar, el reconocimiento simultáneo de los embajadores de amos países después de un intercambio de otras de los presidentes con las que se saldan viejos incidentes fronterizos -especialmente el ocurrido en Las Crucitas, donde murieron dos guaridas rurales ticos- ponían fin a un largo período de congelamiento de las relaciones. En segundo lugar, la buena disposición de Costa Rica para negociar la observación, prevención e inspección de la frontera con Nicaragua, que se llevó en el seno de Contadora en una primera reunión de los vice-cancilleres que se celebró en Managua el día 24 de febrero.

La posición guatemalteca no ha variado con la llegada al poder de Cerezo, aunque se sabe de las presiones que ejerce la Democracia Cristiana Internacional, tanto latinoamericana -Venezuela e concreto- como europea -especialmente Italia y República Federal Alemana-, para ejercer su protagonismo en la región, donde cuenta con el gobierno de Duarte como otro peón para su juego. De hecho, Guatemala mantiene una actitud independiente de Estados Unidos y no ha mostrado intenciones de adherirse al bloque centroamericano conformado por El Salvador, Honduras y Costa Rica, que suelen presentar puntos de vista conscientes en Contadora. El Presidente Cerezo ha ratificado su deseo de que se celebre en territorio guatemalteco en Esquipulas, la reunión prevista para mayo de los presidentes centroamericanos, no dejando que la pretensión hondureña de convertirse en sede del encuentro pudiera empañar el éxito al provocar dificultades contra Nicaragua. La negativa de Guatemala a participar en las maniobras programadas en el Golfo de Fonseca por Estados Unidos, es un ejemplo mas de esta identidad guatemalteca en la visión del conflicto regional.

En El Salvador no se ha producido acontecimientos en los últimos meses que permitan extraer consecuencias para nuevas actitudes de ese país ante Nicaragua. La propuesta reciente del Presidente Duarte de querer condicionar e interrelacionar la celebración de conversaciones entre el FMLN-FDR y el gobierno salvadoreño a la paralela celebración entre el gobierno sandinista y las fueras contrarrevolucionarias no ha tenido mayores repercusiones. Ni tampoco tiene probabilidades de éxito, tanto por la pérdida de legitimidad interna y externa de Duarte, como por ser una descarada maniobra en favor de las tésis del Departamento de Estado Norteamericano.

A pesar del acoso norteamericano, la región misma tiene su propia capacidad de respuesta. Sus intereses de sobrevivencia no pasan necesariamente por los de Washington, y ello crea un campo de frenos y dificultades al plan de Reagan. La emergencia de estas actitudes centroamericanas distiende el panorama y ayuda a pensar que Caraballeda puede encontrar un terreno mucho más apto para ser operativo que el de hace un par de meses.

Por un lado la debilidad de la contrarrevolución nicaragüense y la consistencia de la guerrilla salvadoreña, hacen que los países centroamericanos empiecen a dar mas atención al planeamiento de negociación surgida de las democracia burguesas latinoamericanas que a las promesas incumplidas del éxito rápido de la política militar norteamericana. Por otro lado, el nuevo espacio que Nicaragua ha ganado en el campo internacional, en este hemisferio le permite dedicar más de sus energías a la solución de los problemas nacionales que la agresión norteamericana ha producido.

La estrategia del acoso estadounidense pretende erosionar la capacidad de convocatoria del Frente Sandinista y la legitimidad alcanzada con un proyecto que, integrando en el marco de economía mixta diversos intereses, se rige en sus programas por la lógica de las mayorías y no por la lógica del capital. Ante este acoso, el gobierno de Nicaragua enfrenta ahora la elaboración de la Constitución, el conflicto con la Jerarquía Eclesiástica y el grabe reto de una economía gravemente deficitaria.

El camino a la nueva Constitución

El año 1986 va a ser un año decisivo en la materialización de ese proyecto nacional. El debate y aprobación de la Constitución se presentan como el banco de pruebas para medir el éxito sandinista en la empresa. El mes de febrero fue escenario del cumplimiento de una importante etapa en el largo camino hasta proclamar la vigencia de la nueva Carta Magna: la aprobación del primer proyecto de Constitución, que fue solemnemente presentado ante la Asamblea por el Presidente Daniel Ortega el día 21 de febrero.

Los trabajadores preparatorios en el seno de la Subcomisión correspondiente y de la Comisión Especial Constitucional fueron compartidos por la mayoría de los partidos políticos y el clima de tensión y debate en que se desarrollaron fueron una muestra práctica de auténtico pluralismo. las maniobras, ensayadas en diversas ocasiones, para entorpecer a boicotear la culminación de esta etapa no tuvieron éxito y el proyecto pudo salir adelante con un amplio consenso.

La posterior fase abre la discusión pública del proyecto constitucional por medio de los Cabildos Abiertos, donde los distintos sectores de la sociedad nicaragüense no sólo conocerán detalladamente el contenido de la Constitución sino que tienen una plataforma desde la que formular sus opiniones y hacer llegar sus planteamientos. A pesar de las dificultades, el reto del consenso está lanzado y ese es el primero paso para conseguir que la Constitución sea realmente una institucionalización de un proyecto nacional.

El conflicto Iglesia-Estado

La religiosidad del pueblo nicaragüense es una dimensión constitutiva de su configuración como sociedad civil. Cualquier proyecto que pretenda ordenar esa sociedad tiene que saber cómo integrar y hacer jugar positivamente los valores y creencias religiosas. No es, pues, una casualidad el interés por contraponer al cristianismo con la revolución ya que ello implica obstaculizar decisivamente un proyecto de amplia convocatoria nacional.

En la carta dirigida por el Presidente Reagan al Presidente del Congreso Thomas O'Neill en la que justificaba su petición de ayuda militar a la contrarrevolución nicaragüense no faltaba el argumento religioso. Frases como que los sandinistas habían incrementado el hostigamiento y la intimidación a la Iglesia Católica y a la Comunidad Evangélica Protestante, o que se había producido una escalada en los ataques de los medios de comunicación al Cardenal Obando y al Papa Juan Pablo II formaban parte de su discurso.

Las visitas del Cardenal Obando y del Obispo de Juigalpa Monseñor Vega, a Estados Unidos, denunciando supuestas persecuciones religiosas, además de colaborar -consciente o inconscientemente- con la campaña del Presidente Reagan por conseguir su propósito, demuestran su propósito de enfrentamiento directo con la Revolución Sandinista y negarle abiertamente su colaboración en el proyecto nacional.

En definitiva, son nuevas tácticas de acoso que afectan a puntos bien sensibles. La reacción, ante las maniobras de una parte de la jerarquía católica nicaragüense, ha sido prudente y moderada por parte del gobierno. No se ha caído en la trampa de contestar a la provocación con polémicas y campañas públicas que, aunque justificadas por la gravedad y trascendencia de los acontecimientos, pudieran revertir en perjuicio suyo al ser aprovechadas para atizar el ambiente y manipular el sentimiento religioso popular por parte de determinadas autoridades religiosas.

En cambio, desde dentro de la misma comunidad creyente católica ha surgido la respuesta. El 14 de febrero comenzaba el Vía Crucis en Jalapa, con el Padre Miguel D'Escoto al frente continuando la campaña de insurrección evangélica iniciada con su ayuno en el mes de julio del año pasado. La participación popular, especialmente de sectores campesinos, fue masiva en los primeros días de recorrido, a pie, al atravesar las castigadas zonas por la acción de la contra del norte del país. Los peregrinos recorrieron a pie el camino de Jalapa a Managua, realizando una medida de 25 a 30 kms. por día. A su paso por las comunidades la adhesión de los pobladores fue espontanea. El Obispo de Estelí en un gesto significativo y poco frecuente en el episcopado, salió a recibir al Vía Crucis, abrazó al Padre D'Escoto y juntos dirigieron una oración comunitaria. La conversación privada entre ambos religiosos sirvió sin lugar a dudas para acercar las posiciones y aliviar los enfrentamientos. El llamamiento del Padre D'Escoto para un encuentro con otros dignatarios, sobre todo con el Cardenal Obando, no tuvo eco.

Mejorar la economía: reto fundamental

La crisis económica es quizás el reto fundamental que la revolución sandinista tiene que enfrentar en 1986.

A principios del año 1985, el Gobierno dictó una serie de medidas económicas con las que se daba un giro a la política económica mantenida hasta ese momento. Las nuevas disposiciones pretendían poner fin a las distorsiones que se venían produciendo y que hacían cada vez más inmanejable la actividad económica. La situación de guerra del país, especialmente intensificada a partir de 1983, había incidido directamente sobre la economía del país, desequilibrándola al tener que dedicar los escasos recursos a gastos de defensa además de sus consecuencias graves, que afectaron a la capacidad productiva del país.

Los objetivos que se planteaba el Gobierno con las nuevas medidas fueron formulados claramente: había que asegurar la cobertura de las necesidades de la defensa, controlar los desequilibrios financieros existentes en relación con la producción material, atacar la estructura del sector informal favoreciendo, en cambio, a los sectores productivos del campo y la ciudad e implementar una política de abastecimiento para garantizar el mantenimiento del nivel de vida de los sectores populares. Para ello, se pretendía el incremento de la eficiencia y productividad en el trabajo y una dirección económica única y coherente.

No es posible entrar en un detalle de las diferentes medidas puestas en práctica, que en la mayoría de los casos, no produjeron el fruto esperado. Los resultados globales del año 1985 no presentan un saldo muy favorable. El PIB descendió en un 2.7% respecto al año anterior; también experimentaron tasas negativas de crecimiento la inversión, que cayó en un 17% las exportaciones que se produjeron (en sus volúmenes) en un 13.8% y el déficit fiscal supuso un 23.1% del PIB, alcanzando la suma de 26.486 millones de córdobas. Aunque el comportamiento económico en 1985 parezca desastroso en las cifras señaladas, cabe indicar que Nicaragua logra resistir y producirse minimamente en este tipo de economía (véase ENVIO No. 52-Octubre 1985). Obviamente los problemas principales son la distorsión por la guerra y los enormes déficits fiscales.

¿Cómo reactivar la producción?

Los niveles de producción alcanzados no sólo no respetaron lo programado para el año sino que, en algunos casos, fueron inferiores a los del año 1984. En general, el sector agropecuario mantuvo la producción (un logro notable en una economía de guerra). La producción industrial en cambio, arrojó una caída del 7.8%. En la actividad agrícola, problemas de índole agroclimática, la falta de medios de transporte y repuestos, así como algunas causas específicas en determinados cultivos (semillas, plagas, etc.) fueron factores que incidieron en esta falta de recuperación de los niveles de producción. Los resultados más críticos se dieron en los cultivos del algodón y ajonjolí, ambos productos de exportación, que descendieron en términos absolutos sobre el año anterior.

En el sector industrial manufacturero ya se ha indicado que la caída fue significativa. El problema de la escasez de materias primas y repuestos, general para todos los sectores de la economía, afectó de manera especial a este sector por la suma de los obstáculos originados con el bloqueo económico dictado por Estados Unidos que incidió en el mantenimiento y renovación de la infraestructura de producción, en su mayoría tecnología de origen norteamericano. No hay que olvidar la importancia que en ese descenso tuvo la baja de la productividad del trabajo, resultado de la inestabilidad laboral y de la indisciplina, originadas por la falta de estímulos reales que ofrecía el régimen asalariado frente a las ganancias mucho mayores de cualquier otra actividad en el campo de los servicios.

Sector externo: muy poco positivo

También en este caso el panorama fue poco positivo. El déficit comercial, ya crónico en los últimos años, alcanzó la cifra de 522.8 millones de dólares, superando en 83 millones al del año anterior. El incremento del déficit se debió a una baja del valor de la exportaciones, ya que el nivel de las importaciones se mantuvo prácticamente similar al del año 1984. Una parte importante del descenso de la s exportaciones fue debido a la baja en las ventas de los productos agropecuarios, que disminuyeron en 53.2 millones, de los cuales 31.6 millones fueron por un descenso de la producción y 21.6 millones por el descenso de los precios internacionales.

El poder de compra de las exportaciones de Nicaragua disminuyó en un 22% en 1985. Un índice de la situación difícil que origina este comportamiento del sector externo, es que sólo en pago de servicios de la deuda externa, Nicaragua tuvo que desembolsar más de la mitad del volumen total de sus exportaciones. Sólo este deterioro en los términos de intercambio internacional y el peso del servicio a la deuda son suficientes para explicar los resultados económicos de 1985. Al agregar todos los problemas del bloqueo económico, guerra de agresión e inestabilidad producida por las transformaciones sociales, se empieza a poder visualizar los esfuerzos heroicos que los nicaragüenses están haciendo para mantener su nivel de vida.

Los sectores populares afectados negativamente

A pesar de que las medidas trataban de defender el ingreso rural y el de los asalariados, ambos sectores fueron afectados negativamente. La inflación alcanzó una tasa del 210% en los precios al consumidor, lo que ocasionó un deterioro del poder adquisitivo de los salarios de un 36%. En su conjunto, el consumo básico experimentó una caída del 3.6% que lógicamente afectó más a los sectores populares. En este campo es donde la agresión norteamericana ha cobrado sus costos políticos más altos. Aquí nacen los problemas de indisciplina laboral mencionados porque los asalariados están obligados a entrar en actividades informales en el sector privado de la economía para su sobrevivencia. La indisciplina laboral y la feroz competición en el sector informal crean un ambiente de caos económico que debilita los programas correctivos del gobierno.

Paradójicamente, fueron las empresas estatales y el sector privado quienes salieron ganando de los reajustes. Las primeras porque consiguieron reducir sus déficits de años anteriores y el segundo porque alcanzó, en agricultura e industria, rentabilidades altas, especialmente en los rubros de exportación.

El sector informal siguió creciendo y se convirtió en uno de los puntos más difíciles de resolver para las instancias encargadas de implementar el plan económico. Más de la mitad de la población económicamente activa no se halla integrada en trabajos que respondan a una estructura salarial formal. El desarrollo del sector informal entorpece la racionalización de los recursos y favorece la aparición de fenómenos especulativos, muchas veces injustificados, que repercuten sobre las economías precisamente de los sectores productivos.

Nueva propuesta económica para 1986

Los objetivos del Plan Técnico-Económico de 1986 son los mismos que los formulados para 1985. La reestructuración de la economía nicaragüense sigue siendo el objetivo estratégico y requiere de un proceso lento que no puede ni debe sufrir virajes pro coyunturas desfavorables. La experiencia de 1985, demasiado corta, por otra parte, para poder producir los profundos reacomodos necesarios, ha servido para diseñar más eficazmente las nuevas medidas.

A nadie se engaña con las pretensiones del plan. El Presidente Daniel Ortega cuando anunciaba a los trabajadores en un programa "De Cara al Pueblo" al alcance de las medidas, recalcaba que no tenemos la fórmula para resolver los problemas, pero sí tenemos que encontrar formas para enfrentarlos... Hay que controlar esta crisis porque no está en nuestras manos hacerla desaparecer... las medidas las tomamos para enfrentar la crisis, no para resolverla, para que la crisis no nos arrolle, para controlarla y separarla". En la misma línea, el Ministro Secretario de Planificación y Presupuestos manifestaba por la televisión que los problemas de fondo de la economía nicaragüense no se podrían resolver hasta que pudieran dedicarse los recursos a tareas productivas en vez de destinarlos a la defensa. En otras palabras, hasta que finalice la guerra.

Los presupuestos de los que se parte al mirar con realismo no son muy halagüeños, lo que agranda los retos. Se es consciente de que espera un año bien difícil. La tasa de inflación va a ser alta y no va a ser suficiente para combatirla establecer un mayor control de precios. La raíz última es que no hay producción suficiente para abastecer a las necesidades de consumo de la población y de las instancias productivas. En un primer momento la inflación esconde esa realidad, pero a la larga se impondrá la realidad de la escasez como raíz última.

¿Cómo enfrentar la situación? Priorizar objetivos es un problema fundamental, pero, al mismo tiempo, de muy difícil manejo. La lógica económica se contradice, en muchos casos, con la lógica política. En un proyecto como el nicaragüense el dilema es decisivo, ¿cómo conseguir avanzar en los objetivos políticos cuando las exigencias de la economía van en sentido contrario? Renunciar a la pretensión política es renunciar a la revolución; desconocer el realismo económico puede condenar a la muerte al proceso.

Los ejemplos donde se plasma este dilema son múltiples: en base a la lógica económica, el racionamiento de los bienes sería forzosamente desigual por perjudicar más a los sectores populares; la lógica política lleva a considerar globalmente los intereses en juego de todo los sectores y procurar un reparto equitativo.

Mantener el movimiento económico con apoyo a la lógica de mercado o responder a las demandas populares paradójicamente con racionamientos mucho más estrictos (políticamente inadecuados) es la opción que se presentaría hoy día en Nicaragua si fuera viable la segunda alternativa. El nuevo espacio que Nicaragua ha conquistado en el campo internacional permite la postergación de una opción definitiva en este dilema y permite el intento de sobrevivir económicamente manteniendo a medidas el modelo de economía mixta.

El FSLN ha basado su hegemonía política en un amplio consenso de clases sociales, entre las cuales no son siempre coincidentes los intereses. El esquema de unidad nacional, fundamental en el proyecto sandinista, fuerza a una lógica económica. Pero el respeto a ese objetivo de unidad es decisivo para la propia supervivencia del proyecto. La situación económica hay que manejarla, pues, en un tanteo continuo de posibilidades, sopesando aquellas medidas que, incidiendo realmente en los problemas que se pretende resolver, tengan el menor efecto político negativo.

En este contexto hay que entender las medidas económicas y la singular lógica que se esconde detrás de ellas. El objetivo de unidad nacional que en principio disturba el planteo de la política económica, al mimo tiempo abre nuevas posibilidades de encarar con instrumentos originales la crisis, haciendo colaborar al pueblo en su solución. Los enormes retos de este año 1986 no serían superables de no contar el gobierno sandinista con el decidido apoyo de una mayoría sustantiva de su pueblo en el esfuerzo de controlar y superar la crisis.

Retos económicos de 1986: elevar la producción

Aquí radica una de las dificultades mayores. No es pensable que a corto plazo pueda conseguirse un aumento sustantivo de la producción. Sin embargo, es uno de los objetivos básico para el éxito del plan. "El conjunto de medidas tiene que manifestarse en una elevación de la producción, porque es desarrollando la producción, elevando la economía que vamos a ir teniendo los instrumentos para controlar totalmente la crisis", decía el Presidente Ortega.

Las dificultades para un arreglo rápido están en que las dos principales causas no tienen perspectiva de mejora en los próximos meses. La escasez de recursos externos es uno de los limitantes más fuertes. La adquisición de materias primas, suministros, repuestos, etc. exige fuertes sumas de divisas que no van a estar disponibles en el presente año. La otra limitante se encuentra en el deterioro del parque productivo que lo hace ineficiente y sujeto a múltiples averías. La solución vuelve a plantear la disponibilidad de divisas como la salida más rápida, pero sin posibilidades reales de materializarse. Algunas medidas pueden ayudar a paliar esta escasez de recursos externos y se puede conseguir una mejor racionalización del comercio de repuestos. El alza del precio del café y la disminución del precio del petróleo son factores que ayudarán a la economía nicaragüense en 1986.

Controlar el déficit público

El déficit público en 1985 fue considerable y el control del gasto público se convierte en un objetivo necesario para reordenar la economía y contener la inflación. La preocupación la expresaba así el Presidente Daniel Ortega: "Las medidas también las hemos venido tomando de acuerdo al presupuesto de 86; midiéndolo centavo a centavo, para que la diferencia entre lo que son nuestros gastos y lo que podemos captar no sea tan grande... Y a pesar del gran esfuerzo, el déficit fiscal es grande".

¿Cómo reducir al gasto público? ¿Qué sectores o proyectos deben ser afectados por los recortes? No hay voluntad política de recortar significativamente los programas de salud y educación, aunque haya que priorizar los sectores beneficiados. "Quisiéramos construir escuelas por todos lados, pero hay una diferencia ya grande en el presupuesto... por ello afectamos un poco los servicios en la salud y educación en algunos lugares. Y a qué conclusión llegamos, bueno, si vamos a construir más centros de salud este año, vamos a construirlos en las áreas rurales".

Los gastos de defensa no parece que puedan sufrir tampoco mayores rebajas. Ya en 1985 se redujo hasta lo posible el presupuesto de defensa y no es previsible un cambio sustancia en la situación militar que permita una distensión que se traduzca en menor asignación de recursos.

Tal vez sea en la política de inversiones donde se ha seguido una línea de mayor control y reducción de los recursos previstos. La política actual en este campo tiende a quedarse con los proyectos pequeños manteniendo únicamente los tres o cuatro grandes proyectos cuya paralización ocasionaría mayores perjuicios. La inversión prevista va a ir dirigida más al mantenimiento de la capacidad instalada en el país que a la creación de nuevas plantas. La situación económica del país no permite embarcarse en estos momentos en proyectos de nueva creación.

La participación popular: necesidad para el éxito de las medidas

"Todas estas medidas si no se expresan en una elevación de los rendimientos de la producción, de la productividad, entonces serían medidas que estarían fracasando; si nosotros tenemos la confianza, la seguridad de que estas medidas van a reflejarse en más productividad, en más eficiencia, por lo tanto necesitamos disciplina..." era el llamado Presidente a los trabajadores nicaragüenses cuando explicaba las características de las medidas. La participación de los trabajadores será un elemento importante para alcanzar las metas, participación que o se reduce a su colaboración beligerante en el proceso productivo, sino que se pide una actitud activa en el abastecimiento. Lógicamente, este llamado debe acompañarse de medidas que estimulen a los trabajadores a desarrollar sus capacidades productivas mejor, y en concreto resolver las causas que originan la inestabilidad laboral, y la indisciplina.

Pero si la elevación de la productividad es esencial para lograr los objetivos, la participación solicitada al pueblo alcanza dimensiones mucho más globales. En el anuncio del plan, las distintas autoridades han insistido en explicar las razones últimas de las medidas, los objetivos perseguidos, los sacrificios previsibles. No es fácil aceptar una situación en la que los llamados a la colaboración van a ser, de alguna manera perjudicados.

El buen desempeño del plan va a estar determinado por el mismo contexto nuevo que todo paquete de medidas crea. Puede ocurrir que, a pesar de las medidas, los productores perciban aún poca rentabilidad y retraigan su inversión o su producción; el efecto de una nueva ayuda militar a la contrarrevolución o la percepción que en los empresarios surja sobre las posibilidades de sobrevivencia de la Revolución frente a la escalada en la decisión reaganiana de bloquearla y aun destruirla, pueden interferir con la confianza en las medidas. En definitiva, la capacidad de crear confianza y sentido nacional alrededor del paquete de medidas gubernamentales y las capacidades de sectores cruciales de la población para asimilarlas, están en la base del posible éxito o fracaso del paquete.

Mejorar cualitativamente el abastecimiento

Es uno de los temas más complejos y donde está en juego la legitimidad del gobierno ante los sectores asalariados y campesinos en su capacidad de gestión eficaz. Pero es uno de los temas más complejos, ya que implica actuar sobre los dos mercados, el formal y el informal. Cuando la producción no es suficiente y no hay recursos externos para suplir esas deficiencias, los fenómenos especulativos y, consiguiente, la expansión del sector informal, son inevitables.

El reto es uno de los más complejos pero de los más urgentes y necesarios de solucionar. La experiencia del año 1985 fue negativa y repercutió en un descontento generalizado que reconocía el Presidente Ortega: "había mucha irritación y con toda justicia". El reto está en garantizar que lleguen los productos básicos a los trabajadores de la ciudad y del campo y que lleguen a un precio justo. Especialmente en el caso de los campesinos se impone dar un salto en el abastecimiento.

Medidas económicas para 1986

1. REAJUSTE SALARIAL 1 DE ENERO

Objetivo: defender el poder adquisitivo de los trabajadores.

Alcance: incremento del 80 al 100% según niveles.

2. LEY DEL INSPECTOR POPULAR
LEY CREADORA DEL REGISTRO DE CONSUMIDORES

Objetivo: garantizar una mejor distribución de productos básicos y control de precios.

3. POLÍTICA CAMBIARIA

Objetivo: adecuar los tipos de cambio.

4. POLITICA CREDITICIA

Objetivo: racionalizar distorsiones financieras particularmente en el sector público.

5. POLITICA DE PRECIOS

Objetivo: estimular la producción garantizando una rentabilidad mínima a los productores.

6. NUEVOS PRECIOS OFICIALES

Objetivo: actualizar los precios a los costos reales de producción.

7. REAJUSTE SALARIAL 9 DE MARZO

Objetivo: defender el nivel de vida de los trabajadores ante los nuevos precios oficiales con un incremento medio de 50%.

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