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Universidad Centroamericana - UCA  
  Número 42 | Diciembre 1984
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Nicaragua

El desafío del abastecimiento

"En Nicaragua hay hambre" "Managua es una ciudad hambrienta, en donde los ciudadanos van de una fila a otra para conseguir los escasos alimentos que les da la tarjeta de racionamiento" "En los mercados se oye la misma frase: no hay".

Equipo Envío

"La Nicaragua sandinista es sin duda más sombría que la Nicaragua somocista; no sólo hay una militarización y una represión crecientes, sino que los estómagos de los nicaragüenses están más vacíos que nunca".

Decenas de "objetivos" periodistas dan en sus países imágenes de Nicaragua parecidas a éstas. Algunas mienten conscientemente. Otros, en sus visitas relámpagos, no saben interpretar las razones o los ritmos de la escasez de algunos productos ni saben tampoco traducir para sus lectores lo que realmente ocurre en Nicaragua, en donde no hay una crisis económica, en el sentido en que ésta se entiende, como "un fracaso", sino en donde se juntan la positiva situación crítica que produce la transición de un injusto y agotamiento desarrollo otro más justo y prometedor con la negativa situación crítica que produce la inmoral guerra de agresión que promueve Estados Unidos.

En septiembre de 1983 Envío examinó algunas de las causas básicas de la escasez determinados alimentos y de otros productos de uso doméstico. Un año después caeremos analizar una de las iniciativas lanzadas por el gobierno revolucionario para responder a esta situación: la Ley de Protección al consumidor. A través de una serie de medidas, el gobierno ha intensificado sus esfuerzos para favorecer el acceso del pueblo a los productos básicos a bajos precios. En el primer momento, muchas de estas medidas desataron una tormenta de críticas de los consumidores, fueran o no sandinistas. En este momento ya se ve su impacto positivo. Antes de analizar la nueva Ley, se hace necesario un breve repaso del contexto en el que surgió la iniciativa.

La recesión internacional, la guerra y los dolores de parto de un nuevo sistema

La continua escalada de la guerra de agresión que financia Estados Unidos contra Nicaragua y que ha destruido significativamente infraestructuras productivas y comerciales en el país es sin duda, el obstáculo más serio para garantizar el abastecimiento de alimentos a toda la población. Actualmente, la defensa nacional consume, por lo menos, el 4......presupuesto nacional, absorbe una porción sustancial de las escasas divisas y exige incontables recursos humanos y materiales que podrían estar dedicados a las actividades productivas.

Pero aun cuando no enfrentara esta costosa guerra de agresión, Nicaragua, como todas las restantes naciones latinoamericanas, tendría serias dificultades estructurales para abastecer de una adecuada cantidad de alimentos a su población. El reverso de la medalla de la recuperación económica en los Estados Unidos es, para los países del Tercer Mundo, las más severas recesión padecida desde la crisis de los años 30. Mientras el dólar sube a costa de las altas tasas de interés, las frágiles monedas de todos los países latinoamericanos bajan su poder adquisitivo y fluyen hacia los bancos norteamericanos sin lograr enjugar nunca las abultadas deudas contraidas con ellos. No es sólo en Nicaragua. Durante muchos años los pobres de México han hecho largas colas para comprar leche a precios altos y - según una agencia francesa de prensa - en el pasado agosto no se encontraban frijoles en ningún mercado de Caracas.

En Nicaragua, sin embargo, los "dolores" de la actual escasez revelan también un hecho positivo. Ahora, algunos tienen mucho menos porque muchos tienen un poco más. Los nicaragüenses tienen hoy un consumo per capita de algunos productos alimenticios - mucho mayor que el que nunca antes tuvieron... Hoy son muchos más los nicaragüenses que comen arroz, pollo, huevos y aceite, muchos más los que toman leche y consumen jabón.

Los esfuerzos del gobierno para "democratizar la demanda" han logrado este notable incremento. El masivo esfuerzo de la revolución para aumentar el consumo de las mayorías pobres a través de mejoras en los salarios y de una política de ampliación de los créditos y las oportunidades de empleo por un lado y el también masivo esfuerzo para controlar los precios, subsidiar algunos productos y fijar cuotas de abastecimiento por otro lado, han significado una seria ruptura con el antiguo sistema de distribución, basado únicamente en las leyes del mercado y en el juego de la oferta y la demanda. La situación actual - aun cuando haya escasez - representa la primera etapa hacia un sistema en el que las necesidades de las mayorías tengan prioridad y las violentas desigualdades que fueron el motor del viejo sistema empiecen a desaparecer.

Pero, a pesar de todos los mecanismos impuestos para la regulación de la producción y la distribución con criterios de racionalidad e igualdad, Nicaragua sigue siendo aun un país capitalistas, con una economía afectada no solamente por las leyes de su propio mercado interno en fase de transición, sino con fronteras abiertas a la vulnerable área centroamericana y al mercado internacional. A pesar de los esfuerzos del gobierno por borrar las desigualdades entre Managua y el resto del país y entre las clases medias y los obreros y campesino, existen todavía grandes desigualdades salarios y en los beneficios de los empresarios privados y, por tanto, grandes desigualdades en la capacidad adquisitiva.

Estas desigualdades alimentan las actividades del mercado negro, que a su vez acentúan real o artificialmente la escasez de algunos productos. Continuamente, las mercancías más escasas son acaparadas por pequeños o grandes comerciantes, provocando así un alza en los precios. Cuando ésta se produce, las mercancías "reaparecer" en el mercado y son las clases altas y medias - por sus ingresos superiores - las que pueden adquirirlas, llenando a veces sus despensas cuando los rumores acerca de la escasez de tal o cual producto comienzan a circular. Esta especie de círculo vicioso del mercado tradicional, basado en la especulación y el acaparamiento, ha sido un gran obstáculo a los esfuerzos del gobierno para lograr una mejor distribución.

Las dos opciones del gobierno revolucionario

En medio de los dolores de parto hacia una sociedad más justa, el gobierno tiene solamente dos opciones para mantener el programa de seguridad alimentaria que ha ofrecido a las mayorías pobres de Nicaragua: 1) incrementar el abastecimiento de alimentos a través de una mayor producción y de un incremento en las importaciones o 2) incrementar el control sobre al distribución de los productos existentes, que son limitados.

Incrementar el abastecimiento de los alimentos ha sido posible con muchos productos pero con algunos resulta bastante difícil. Por ejemplo, la producción de carne y de leche no ha logrado aún recuperarse - y no lo logrará en mucho tiempo- de las pérdidas sufridas en el hato ganadero en lo dos últimos años de luchas contra la dictadura. (Entre 1977 y 1979 se perdió el 25% del hato nacional). En otro rubro básico, la producción de maíz y de frijoles, también hay problemas. Primeramente los ocasionaron las nuevas oportunidades que ofreció la revolución a los campesinos pobres, que abandonaron estos cultivos para dedicarse a otros más rentables - verduras, frutas, cerdo, pollo y huevos -. Después, el maíz y el frijol sufrieron un rudo golpe a causa de la guerra de agresión promovida por los Estados Unidos, que ha afectado especialmente las zonas en las que tradicionalmente se han cultivado ambos granos básicos. La guerra es el telón de fondo de todas las dificultades.

Las bandas contrarrevolucionarias han desatado sus campañas de terror contra los campesinos privados que cooperan con los proyectos agrícolas del gobierno y han destruido hasta el momento mas de 100 cooperativas campesinas. Los desplazamientos masivos de familias campesinas desde las zonas de guerra a otras más seguras y la gran participación campesina en las milicias y el ejército han reducido tanto la tierra productiva como la mano de obra. En las zonas de guerra los campesinos tienen temor a transportar sus cosechas hasta los centros de acopio. Sólo el año pasado la actividad contrarrevolucionaria destruyó el 8% de los silos de almacenamiento que a nivel nacional tiene ENABAS, empresa estatal para el acopio y mercadeo de los granos básicos.

El minado de los caminos de acceso a las zonas de cultivo o los ataques y emboscadas a los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) y del Ministerio de Comercio Interior (MICOIN) dificultaron grandemente el acopio y la distribución de granos en la pasada cosecha. Previsiblemente algo similar ocurrirá en los próximos meses. A esta situación hay que añadir la escasez de piezas de repuesto, que afecta a un 30% de los vehículos de ENABAS y que provoca que muchos granos se pierdan sin llegar a ser almacenados o consumidos.

Con la necesidad de una creciente importación de maíz, frijoles aceite y leche, en momentos en los que las exportaciones nicaragüenses producen menos divisas - por la caída internacional de los precios - y las importaciones se hacen más necesarias y más costosas, el gobierno ha implementado un programa de emergencia basado en tres puntos. Primeramente, un incremento en los precios pagados por el Estado a los campesinos con el fin de que incentiven la producción. Los frijoles se pagan este año a 800 córdobas el quinta. (Antes, a 400).

En segundo lugar, el gobierno tomará parte en la producción de granos básicos a través de un plan de producción estratégica, el llamado Plan de Contingencia. Para este proyecto, el Estado dedicará unas 14 mil manzanas de tierras algodoneras a la producción de maíz utilizando un nuevo sistema de irrigación por pivotes. El MIDINRA proyecta incorporar otras 10 mil manzanas anuales durante 10 años a este Plan. Existen proyectos similares para la producción estatal de frijoles. Se localizarán así los granos básicos en áreas fácilmente defendibles de los sabotajes o ataques contrarrevolucionarios. En tercer lugar, el gobierno implementa un programa de control masivo de la distribución a través de la Ley de Protección al Consumidor.

La búsqueda de canales seguros para una distribución más justa: Ley de Protección al Consumidor

En mayo de 1984, cuando la situación económica empezó a deteriorarse y tuvieron que incrementar las penas contra especuladores y acaparadores, el gobierno propuso extender, clarificar e institucionalizar nuevas medidas de distribución. Después de consultar con los representantes nacionales de los Comités de Defensa Sandinista (CDS), que habían recibido muchas quejas y demandas, el gobierno anunció la nueva Ley de Protección al Consumidor, que sería implementada en los meses de junio, julio y agosto. MICOIN y los CDS se dedicaron desde entonces a una amplia campaña de educación ciudadana que incluyó folletos, visitas casa por casa, comics en los periódicos y reuniones especiales en los barrios destinadas a explicara las distintas causas de la escasez y a discutir con el pueblo las nuevas medidas, preparándolo para ellas.

La pieza central de la nueva política de distribución fue el compromiso del Estado de garantizar realmente a todas las familias el abastecimiento a precios controlados de los 8 productos básicos que estaban consignados ya en la tarjeta de abastecimiento: sal, azúcar, frijoles, aceite, maíz, arroz, sorgo y jabón. Hasta ese momento sólo se garantizaba el abastecimiento de azúcar y de sal.

Se crearon comisiones para determinar las cantidades que sería necesario garantizar para abastecer adecuadamente a cada una de las regiones y a la capital. Los canales de distribución par todos estos ocho productos - excepto el frijol y el maíz - se nacionalizaron totalmente, imponiéndose multas a los vehículos que no tuvieran licencia para transportarlos. A nivel de mercado mayorista la medida no supuso mayor problema, porque la producción de los seis productos controlados está altamente concentrada en pocos centros de procesamiento industrial o en algunas grandes y modernas fincas, como es el caso del sorgo y del arroz. No sucede lo mismo con el maíz y los frijoles, producidos por miles de campesinos dispersos en amplias zonas, inaccesibles muchas veces a los vehículos de ENABAS, que es virtualmente incapaz de controlar el acopio de estos dos granos básicos.

Otro elemento clave de la nueva estrategia fue el incorporar 15 productos "sensibles" en el sistema de distribución nacionalizado. Estos productos son generalmente muy dependientes de materias primas de importación y están sujetos con más facilidad que otros altibajos en la producción y a las fluctuaciones semanales de las divisas disponibles. Entre estos 15 productos están: huevos, pollos, bujías eléctricas, baterías, fósforos, papel higiénico, pasta de dientes, desodorante, leche en polvo, cuchillas de afeitar, detergente contraceptivo, etc. El abastecimiento de estos productos no quedó garantizado, aunque se trataría de distribuir las cantidades disponibles de la manera más equitativa posible y a los precios fijados por el Estado.

Así, mientras los ocho productos serían distribuidos únicamente por canales oficiales y "seguros" los otros 15 productos seguirían estando disponibles en los comisariatos de los centros de trabajo, según se dio a conocer después, se priorizaría su distribución entre los trabajadores del campo y los combatientes de las milicias y el ejército. Nunca se anunció, sin embargo, cómo se controlaría la compra y venta de estos productos fuera de los canales oficiales.

Las nuevas medidas de distribución incluía también las eliminación del subsidio estatal para los granos básicos. Hasta entonces este subsidio cubría el 50% del precio al consumidor. El Estado compraba los frijoles a altos precios a los pequeños productores, cubriéndoles todos los costos de transporte y almacenamiento, para venderlos después a los consumidores ala mitad del precio que les correspondían. Aunque podía parecer que todos estaban beneficiándose con esta disposición, se estaba creando con ella tres problemas básicos. EN primer lugar cubriendo las pérdidas ocasionadas por el subsidio, el Estado acumulaba un creciente "déficit de gasto" y, con el incremento anual de los costos de producción, estaba colocando cada vez más córdobas en circulación, creando así más presión inflacionaria.

En segundo lugar, tanto campesinos como productores privados de café, algodón, y azúcar, que dedicaban algunas de sus tierras sembrar maíz y frijoles para alimentar a bajo precio a sus familias o a sus trabajadores durante la temporada de cosecha, encontraban más rentable comprar estos alimentos a los precios estatales subsidiados que cosecharlos ellos mismos. La eliminación del subsidio estaba destinada a evitar esta práctica y a estimular al máximo el potencial nacional de estos productos. En tercer lugar, los subsidios estaban aumentando los problemas de la especulación, porque ampliaban el margen de beneficio de los que los compraban en los puestos de ventas estatales, para revenderlos después a altos precios en el mercado negro en momentos de escasez .

A pesar de que los precios fijos que por los frijoles pagan ahora el consumidor no cubren aún el 100% del precio que el Estado paga al productor, la reducción en los subsidios tiene y seguirá teniendo como consecuencia una elevación en los precios del frijol y del maíz para los sectores urbanos. Los funcionarios de MICOIN responden que el aumento en el precio de estos productos está más que compensado con el abaratamiento en el de los otros productos garantizados. Ciertamente, este aspecto de la nueva ley tiene un carácter de claro apoyo al campesino y puede ser interpretado políticamente como un fortalecimiento del compromiso del FSLN en la alianza obrero-campesina. La reducción de los subsidios en los granos inclina la balanza en favor del campo y carga el alza de los precios en las espaldas del consumidor urbano, mientras que el Estado continúa beneficiando al campesino al cubrir los gastos del almacenamiento y de transporte.

En el momento político pre-electoral esta alza en los precios de productos básicos y la escasez de otros productos en el mercado, podía haber costado al FSLN los votos de los trabajadores urbanos. Sin embargo, el FSLN vio con claridad que aunque una política así tenía sus riesgos, era necesaria para apoyar a los campesinos en la actual situación e guerra y para convencerles de ue merece la pena producir alimentos con los que abastecer a la población urbana.

Los subsidios para la leche -en Nicaragua cuesta una décima parte de lo que cuesta en Costa Rica-, para la comida que se sirve en las escuelas, en las empresas estatales y en los ministerios, no fueron afectados por la nueva ley y las madres de niños lactantes continuaron teniendo un acceso garantizado a la leche en polvo.

En las ciudades, MICOIN iba a continuar vendiendo los productos garantizados a precios fijos a pequeños vendedores, vendedores ambulantes, comedores populares, pequeños mercados de Managua y otros lugares de venta. Pero la nueva política designó únicamente a las pequeñas pulperías y ventas de los barrios como fuentes de abastecimiento de los productos garantizados por la tarjeta. Esto supuso un cambio. Con anterioridad, las cuotas de azúcar y algunos productos, informal y eventualmente racionados, llegaban al consumidor a través de los comisariatos de las fábricas y otros centros de trabajo y de los supermercados -que tienen una mayoritaria clientela de clase media-. Ahora, para evitar confusiones y el riesgo de corrupción en los supermercados o el de la "doble ración" en los comisariatos -que sólo sirven a un 15% de la población de Managua- MICOIN, en estrecha consulta con los CDS, decidió que sería más fácil lograr un control efectivo en una estrecha coordinación con los pequeños expendios de los barrios.

Los miembros de los CDS realizaron censos casa por casa en sus barrios y MICOIN designó una serie de "redes territoriales" de pulperías, que serían el canal de abastecimiento en cada cuadra o sector barrial. La Asociación Nacional de Pulpero fue alentada a incrementar sus actividades organizativas para articular las nuevas necesidades del gremio y para facilitar y hacer fluido el funcionamiento de la red territorial, dejando abiertos canales de comunicación, consultando a los CDS y corrigiendo los "cuellos de botella" y otros obstáculos que surgieran al aplicar las nuevas formas de distribución en cada barrio.

Las dificultades de la nueva estrategia en una ciudad llena de vendedores

En sus esfuerzos para romper con la lógica de la distribución basada en las leyes del mercadeo, el gobierno ha tenido que buscar vías que reemplacen la función que desempeñan en esta lógica los mercados. Es evidente que el Estado revolucionario apenas tiene capacidad para cumplir con sus responsabilidades en la fase del acopio. Es inimaginable, pues, que intentara asumir todas las tareas de la distribución directa, más aún, teniendo en cuenta que la sociedad nicaragüense padece de un exceso de infraestructura comercial. Como sucede en todas las sociedades tercermundistas, en las que el mercado internacional ha penetrado en el campo y ha desarraigado al campesino, las ciudades nicaragüenses, y especialmente Managua, soportan un enorme sector informal, compuesto por pequeños vendedores, pequeños comerciantes, vendedores ambulantes y la más amplia gama de trabajadores de servicios, limpiadores y cuidadores de carros, lustrabotas, pulperos, dueños de comiderías y mujeres vendedoras en los mercados -en Nicaragua se les conoce con el galicismo de vivanderas-. Este sector, que abarca más del 45% de la población económicamente activa de las ciudades, tiene su origen en el carácter estacional de la estructura agrícola capitalista, que no proporcionaba a las familias campesinas sin tierra suficientes ingresos para sobrevivir durante todo el año y que las forzaba por esto a emigrar a la ciudad en busca de trabajo. Por un lado, el Estado no desea orientar sus recursos de manera que se aumente aun mas este sector improductivo ya tan agigantado. Por otro lado, este sector es tan amplio y políticamente tan sensible que no pude intentar ni marginarlo ni reducirlo de forma radical.

Para evitar una confrontación directa con el sector informal, las restricciones de la nueva política de distribución están dirigidas primariamente a limitar la incidencia que los grandes comerciantes mayoristas tienen sobre el abastecimiento. Sin embargo, muchos pequeños comerciantes, particularmente del gran mercado de Managua, el Oriental, comenzaron a temer, influidos por la propaganda de los grupos de derecha, pensando que el plan del gobierno no era otro que terminar con sus fuentes de trabajo. Pasado el primer momento de especulaciones y rumores, los CDS que existen en los mercados desarrollaron una serie de reuniones para esclarecer el sentido de las nuevas medidas y frenar los temores. Consiguieron calmarlos. Los CS tuvieron también éxito en la búsqueda de nuevas mercancías para que los vendedores cuyos ingresos dependían de la venta de los productos controlados por MICOIN no quedaran sin trabajo.

El gobierno centró primeramente sus nuevos controles sobre los transportistas de los productos asumidos por MICOIN. Los que no tuvieran licencia, se arriesgaban a que sus vehículos y mercancías les fueran confiscadas y a ser multados. Pero cuando las mercancías logran ya pasar a los comerciantes detallistas para que las vendan a precios altos, los funcionarios de MICOIN no pueden más que hacerse la vista gorda. Por más furia que estos precios produzcan en el pobre consumidor, es evidente que no existe ninguna posibilidad de que el gobierno pueda llegar a controla a todos los detallistas de Managua. De todas formas, son generalmente los grandes mayoristas y los intermediarios los que, en primer lugar, imponen altos precios a estos vendedores detallistas.

Históricamente, existían sólo unos 300 grandes vendedores que abastecían a toda Managua con los productos que llegaban del campo a la capital. A través de vínculos personales, e la usura, del monopolio sobre el mercado, estos grandes mayoristas terminaban siempre aventajando a los pequeños productores campesinos, débilmente organizados y dispersos. Y aun cuando el campesino era el que perdía siempre en el trato comercial con el mayorista, éste tenía un considerable y oligopólico control sobre los pequeños comerciantes y los vendedores de los mercados. Además de que la nueva Ley permite ahora al Estado competir directamente con estos mayoristas, el Estado ha hecho otros esfuerzos adicionales para quebrar ese modelo tradicional de intercambio. Agrupando a todos los mayoristas en un sólo mercado y separándolos de los mercados minoristas, por ejemplo, se ha frenado la influencia individual que los mayoristas ejercen sobre los pequeños vendedores y detallistas y se ha logrado que los pequeños vendedores tengan mayor libertad de maniobra cuando actúan como compradores.

De manera similar, la creación o expansión y de cinco nuevos mercados alrededor de Managua, que sirven como subcentros comerciales y descongestionan al gran Mercado Oriental deteniendo su crecimiento, ha sido una iniciativa estatal que ha facilitado, tanto el flujo de las mercancías controladas por el Estado a través de acuerdos con los pulperos y pequeños vendedores, como una mayor capacidad para la regulación de los precios de reventa de algunos productos.

Estos esfuerzos no han tenido pleno éxito, pues muchas de las vivanderas prefieren instalar sus puestos de venta en el Oriental y no en los nuevos mercados, pues dicen que sus beneficios siempre son mayores en el Oriental, lugar de tanto arraigo en la cultura de Managua. Otras vendedoras se trasladas eventualmente con algunos productos especiales desde los mercados periféricos hasta el Oriental para obtener allí mayores beneficios.

Frente a esta situación no siempre controlable la solución de fondo para el gobierno no es convocar a una nueva actividad a las masas organizadas a través de la UNAG en el campo (Unión Nacional de pequeños y medianos Agricultores y Ganaderos) y a través de los CDS de los barrios urbanos para que asuman las tareas del autoabastecimiento y de la coordinación -más que de la confrontación- con el sector comercial. Se trata de sustituir las ambiguas fuerzas del mercado con las de la actividad humana consciente sin marginar a los responsables de la actividad mercantil.

Inicialmente, los CDS se responsabilizaron de seleccionar los puestos de venta de cada vecindario con dueños más capaces para cooperar en el nuevo sistema de distribución. La elección debía basarse prioritariamente en la trayectoria de estos vendedores: si eran o no especuladores en tiempos de escasez, si mostraban favoritismo con algunas personas, si daban crédito o vendían fiado...

Entre los vendedores de Managua -más de 180 mil detallistas o pulperos- fueron elegidos unos 6 mil. A lo largo del país se eligió un pulpero por cada mil familias y se designaron estas pulperías seleccionadas con el título de "expendio popular" o "tienda popular". Estos puestos de venta hicieron acuerdos especiales con MICOIN para vender a los precios fijados y en las cantidades establecidas por el sistema de tarjeta los productos controlados, pudiendo seguir con la venta usual de otros productos. El Estado se comprometía a proporcionarles los productos garantizados en el volumen necesario.

En la práctica, el nuevo sistema de distribución no ha encontrado mayores problemas. Pero a la nueva política le falta todavía mucho para estar plenamente implementada. Aun cuando los periódicos están llenos cada cierto tiempo de noticias de masivas confiscaciones de productos transportados clandestinamente, estas confiscaciones son aun pocas proporcionalmente y los productos controlados continúan "apareciendo" en el Mercado Oriental a altos precios. Y sobre todo, aun cuando por los "canales seguros" circulan ya los productos garantizados, no lo hacen todavía con la regularidad prevista en la ley.

Los problemas de transporte y la demanda de muchos productos en los frentes de guerra explican parcialmente este fenómeno, pero también es una realidad la debilidad en la aplicación de la ley a los mayoristas. Se trata probablemente de una decisión política destinada a no perder el apoyo político de la pequeña clase mercantil. por otra parte, la capacidad de actuación del Estado es limitada. Sería sencillo expropiar o confiscar a los mayoristas si éstos fueran pocos. Pero son numerosos y tienen vínculos estrechos con su sector de clientes entre los pequeños vendedores. Se trata de relaciones personales y arraigadas. Y así, cuando se logra frenar la actividad de los acaparadores mayoristas del sector privado, los pequeños intermediarios vinculados a ellos encuentran los más variados caminos para retener los productos que deben ir por los canales seguros, convirtiéndose entonces ellos en acaparadores de los mismos. Si el gobierno ejerciera una continua represión para que los canales de abastecimiento funcionaran perfectamente, marginando a estos astutos comerciantes, la oposición política se aprovecharía rápidamente de la situación.

En el ambiente pre-electoral, esto hubiera servido para aumentar las críticas contra el conjunto del proyecto revolucionario. Y se trató por eso, de evitar mayores confrontaciones. Es claro que durante la campaña electoral no se quiso implementar estrictamente la ley y los controles y sanciones que ésta contempla.

Una mezcla de precaución y de respeto hacia los hondureños comerciantes ha demostrado tener éxito y el gobierno ha conseguido incluso motivarlos a organizarse colectivamente para actuar. Este fue el caso de las vivanderas de los mercados de Managua, que decidieron boicotear a su tradicional abastecedor mayorista de carne, comprando el producto al precio controlado y más barato de los canales estatales. Ahora pueden venderlo más barato al consumidor, ganando ellas más.

Aunque durante un tiempo pareció que la interferencia del Estado en el importante y abultado sector informal podría ser perjudicial, los esfuerzos organizativos y educativos desarrollados en torno a la nueva ley, se están traduciendo ya en la creación de una importante e inesperada base de apoyo a la revolución en este difícil sector social. Los pequeños comerciantes del Mercado Oriental llegaron incluso a tener su propia candidata a representante en la Asamblea Nacional que fe elegida el 4 de noviembre: Auxiliadora Martínez, "la Chilo". Desde su escaño, esta vivandera, líder en su gremio, continuará siendo la voz de este sector en los debates que seguirán desarrollándose sobre un tema tan vital, que implica prácticamente a toda la población, ya sea como vendedora o como consumidora.

Por último, hay que tener en cuenta que los pobrísimos barrios de Managua tienen problemas prácticos para la aplicación de la nueva política distributiva. Muchos son barrios nuevos o tan pobres o tan aislados, que no existen en ellos pulperías ni ventas con suficientes capacidad como para que puedan ser consideradas como un expendio adecuado para almacenar los productos garantizados. MICOIN ha provisto de un servicio móvil a estas áreas, enviando semanalmente a estos barrios camiones con los productos de precios controlados. Como, según la ley, para que un pulpero pueda ser considerado como propietario de una venta con carácter de "Expendio popular" tiene que tener un capital inicial de 7 mil córdobas, el banco nacional está ahora extendiendo créditos que faciliten este proceso de adaptación a las nuevas medidas.

Mercado negro, supermercados y pequeña burguesía

Otro elemento importante de la estrategia de la nueva Ley fue el usar los 7 grandes supermercados de Managua para ofrecer productos de la gama de los 15 denominados "sensibles" y algunos otros a precios más altos que los fijados oficialmente, pero más bajos que los que tienen cuando "aparecen" en el Mercado Oriental. Este reducido mercado paralelo destinado principalmente a combatir el mercado negro, levantó en un primer momento fuertes criticas entre los consumidores.

La medida fue sentida como un golpe a la creciente participación popular en las tareas de control de la distribución y por eso, la decisión del Estado de vender productos escasos a precios no oficiales ni haberlo consulado suficientemente con los CDS pareció injusta. Sobre todo, teniendo en cuenta que en los últimos cinco años la política del gobierno revolucionario y las actividades desarrolladas por los CDS han capacitado a la población para desarrollar una creciente y directa participación en la elaboración de las decisiones económicas y particularmente en lo referente a la distribución de los alimentos. Los barrios habían llegado a asumir importantes responsabilidades para dar respuesta a sus propias necesidades de abastecimiento y para ello se había coordinado con el gobierno y los propietarios locales de los expendios. Más aun, la nueva Ley había ofrecido a los miembros de los CDS talleres especiales sobre contabilidad comercial elemental y sobre cómo llevar libros de cuentas como un medio de entrenamiento para los 3 mil miembros de los CDS que se transformaron en inspectores populares.

A ellos corresponde responsabilizarse de que los expendios populares cumplan sus contratos con MICOIN y vendan las cantidades fijadas oficialmente y a los precios establecidos, y de que por parte de MICOIN se cumpla el que a los expendios lleguen a tiempo las cantidades establecidas. Estos inspectores deben ser capaces también de responder a todas las inquietudes que surjan ante cualquier irregularidad del sistema.

El pueblo, acostumbrado a jugar un papel tan activo en la política de distribución, tenía que reaccionar con molestia cuando el 1 de septiembre vio que los estantes de los supermercados estaban llenos de productos que raramente se habían listo desde hacia meses en las tiendas populares y sólo se encontraban en el Mercado Oriental a precios astronómicos. Los supermercados empezaban a ofrecer cantidades limitadas de productos garantizados o considerados "sensibles" (leche en polvo, pasta de diente, etc.).

Al día siguiente, La Prensa apareció llena de quejas, acusando al Estado de haberse comportado como el gran especulador. Pero también Barricada y El Nuevo Diario -diario oficial del FSLN y diario pro-gubernamental aparecían llenos críticas populares a esta inesperada y aparentemente contradictoria medida de MICOIN. Esta situación contribuyó en el primer momento a disminuir la confianza popular en las declaraciones que el gobierno había hecho previamente acerca de la ley. En algunos sectores había alegría al ver tantos productos en los supermercados, pero la queja se centraba en la falta de dinero para comprarlos a unos precios tan altos.

Los funcionarios de MICOIN respondieron a todas las quejas con distintos argumentos. En primer lugar, los productos que se estaban vendiendo en los supermercados representaban únicamente una pequeñísima porción del total de productos que estaban circulando en los canales oficiales: un 5% Por lo tanto, esta cantidad no representaba un desvío significativo del compromiso de abastecer a los expendios populares. En segundo lugar, MICOIN explicó que esta medida estaba dirigida hacia las clases medias, de por no tener CDS bien organizados en sus áreas vecinales, tenían menor acceso a la red de expendios controlados y tenían que comprar los productos que necesitaban a los especuladores del Oriental.

Siendo las clases medias las más habituadas a comprar en los supermercados, los precios de los productos -aunque altos- les resultaban más baratos que los del Oriental, además de la ventaja de poder comprarlos en un lugar más cercano y cómodo. Por otra parte, la media iba a permitir que los córdobas pagados por estos productos fueran recuperados por el Estado, sacándolos de la circulación y disminuyendo así el exceso de circulante que la actual escasez produce en el país. Este dinero engrosaría los presupuestos de MICOIN y no los bolsillos de los especuladores del Oriental, pudiéndolo destinar el Estado a mejorar el sistema de transporte y almacenamiento y los gastos de subsidio, a la par que se contribuía a disminuir el déficit fiscal y la presión inflacionaria. En tercer lugar, MICOIN argumentó que al entrar el Estado en competencia con los especuladores del Oriental, esto les presionaría a reducir sus altos precios beneficiándose así el salario de todos. De hecho, la competitividad del Estado con el "mercado negro" a través de este reducido "mercado paralelo" de los supermercados ha contribuido al descenso de los precios de algunos productos e incluso ha permitido bajar los precios "paralelos".

Cuadro 1


El cuadro muestra cómo la competencia del "mercado paralelo" de los supermercados hizo descender bien pronto los precios del mercado negro. Además, de lograr este objetivo, el gobierno piensa llenar también su segundo objetivo: retirar hasta el mes de diciembre de 185 mil millones de córdobas de la circulación. (De hecho, entre el 1 de septiembre y el 15 de octubre de 1984 ya habían retirado 100 millones).

La medida pues, parece haber sido útil y MICOIN parece tener suficientes productos como para seguir luchando con los especuladores y como para administrarlo confundiendo sus esperanzas de acapararlos para provocar escasez y la consiguiente alza de los precios. También parece que puede mantener los precios lo suficientemente bajos como para competir con los del mercado negro, pero suficientemente altos como para que las reventas en ese mercado negro no sean beneficiosas para nadie. De hecho, algunos de los productos del nuevo mercado paralelo permanecen aun sin vender en los estantes de los supermercados.

Son precisamente esas cantidades de productos no vendidos los que provocan aun cuestionamientos críticos de los CDS frente a la política ministerial. Dicen que si estos productos se hubieran vendido a los precios oficiales en los canales seguros, hubieran podido comprarlos los que por ser tan pobres no entran en los supermercados o no pueden pagar los precios del mercado negro. Después de varios encuentros con funcionarios de MICOIN y de discusiones abiertas a nivel de las estructuras de los CDS, la dirigencia de los CDS envió un comunicado oficial a MICOIN, cuyo texto fue reproducido en "El Nuevo Diario" el 29 de octubre. Reconociendo la racionalidad y las potenciales ventajas de los nuevos mercados paralelos, el comunicado criticaba a MICOIN por haber tomado..

En Nicaragua, la sensibilidad revolucionaria hacia las necesidades de los distintos sectores sociales del país -incluyendo a los empresarios, a pesar de que continúan aprovechándose en gran medida de la escasez mientras la mayoría soporta la crisis- y la dependencia que el gobierno tiene de la participación popular llevar adelante iniciativas como la Ley de Protección al Consumidor son dos fuertes frenos contra las deformaciones mencionadas. Los organismos de masa como los CDS han probado en estos años su capacidad de comportarse como genuinos órganos de poder popular que aseguren que esta sensibilidad no se pierda.

La gran prensa norteamericana y la de otros países ha creado la imagen de que los CDS, como brazo fuerte del totalitarismo sandinista, son la suprema expresión del aparato represivo del Estado. Esto no es cierto. Los CDS y otros organismos de masa han cargo sobre sus espaldas todas las tareas con las que se va construyendo la nueva sociedad, tareas que un Estado, nada sofisticado como el sandinista, no puede asumir por sí mismo: campañas de salud, vacunaciones masivas, alfabetización, distribución de los alimentos, higiene ambiental, proceso electoral etc. El peligro real no esta en las tendencias represivas de estas organizaciones sino más bien en las nuevas libertades populares que podrían facilitar que el oportunismo y la corrupción se mezclaran en ellas y que impidieran en definitiva que los CDS puedan cumplir con su importante misión: canalizar la mística organizativa hacia las tareas del desarrollo social.

Como en los días de a clandestinidad y de la difícil lucha guerrillera en las montañas, como durante la final insurrección de las ciudades, como en las recientes elecciones, los sandinistas no tienen otra alternativa que confiar en el pueblo de Nicaragua como única fuerza capaz de resolver la difícil situación económica de escasez y enfrentar con alegría y sacrificio de mecanismos de distribución más justos.

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